Por: Lizeth Serrato Contreras Vas en un viaje por carretera, eres apenas un infante y ves grandes campos con palmas y caña, ¿Quién pensaría que esa escena que en su momento era un paisaje, hoy es la promesa del futuro de la Transición Energética? Y es que cuando hablamos de TEJ no solo nos referimos a paneles y grandes molinos de viento para descarbonizar al país, sino que también mencionamos el preciado líquido grasoso que mueve grandes maquinarias: los combustibles, pero en este caso, siendo verdes y renovables: los biocombustibles. A propósito de la V Conferencia Internacional de Biocombustibles realizada esta semana en Santa Marta, Colombia, se vuelve necesario que es este componente y por qué se vuelve fundamental para los discursos verdes.  La Transición Energética se ha consolidado como una prioridad global para combatir el cambio climático y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. En este contexto, los biocombustibles emergen como una alternativa clave para avanzar hacia un modelo energético más sostenible en Colombia; extraídos de recursos renovables como la caña de azúcar, la palma de aceite y otros cultivos energéticos, los biocombustibles no solo contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también fortalecen el desarrollo económico y social en regiones rurales del país. Colombia, gracias a su riqueza agroindustrial, cuenta con un gran potencial para liderar la producción de biocombustibles en América Latina, la caña de azúcar, cultivada principalmente en el Valle del Cauca, es una de las materias primas más importantes para la producción de etanol. Este biocombustible se mezcla con gasolina para reducir su impacto ambiental, disminuyendo la emisión de material particulado y otros contaminantes que afectan la calidad del aire en las principales ciudades del país. Además, el biodiésel, obtenido a partir de la palma de aceite, ha demostrado ser una alternativa eficaz para reemplazar el diésel fósil, con menores emisiones de dióxido de carbono y una combustión más limpia. El uso de biocombustibles en el transporte colombiano no solo tiene implicaciones ambientales, sino también económicas y sociales. La industria vinculada a su producción genera miles de empleos directos e indirectos, fortaleciendo cadenas productivas en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado y la pobreza. Este desarrollo rural impulsa la economía local, permitiendo que comunidades campesinas participen activamente en un sector que promueve la sostenibilidad y la seguridad energética del país. El uso de biocombustibles contribuye a reducir la dependencia de combustibles fósiles importados, lo que disminuye la vulnerabilidad del país frente a fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo, lo que representa un avance hacia la soberanía energética, permitiendo que Colombia aproveche sus recursos naturales de manera sostenible y diversifique su matriz energética. Además, iniciativas como el aprovechamiento del biometano, un gas renovable que se obtiene a partir de residuos orgánicos, están abriendo nuevas oportunidades para fortalecer la Transición Energética en el sector industrial y de transporte pesado. Finalmente, se puede entender que los biocombustibles representan una oportunidad estratégica para Colombia en su camino hacia una Transición Energética Justa y sostenible; su capacidad para reducir emisiones, generar empleo y fortalecer la seguridad energética los posiciona como un componente esencial en la construcción de un futuro más limpio y equitativo. Aprovechar el potencial agroindustrial del país, sumado a políticas públicas que promuevan su desarrollo, permitirá que Colombia avance de manera firme hacia una matriz energética más diversificada y sostenible.

Por :Juan Guillermo Sepúlveda Arroyave [2] “Estoy de acuerdo con bombardear a Medellín y Apoyaría invasión de E.U. a Medellín ” [3] Edward Koch, Alcalde de Nueva York, 1988   “Ahí les quedan 500 bandas y 10.000 muchachos armados pa´las que sean:   pa´lo bueno o pa´lo malo” Pablo Escobar desde la Catedral, 1991   En Medellín es más fácil pactar la vida, que negociar la paz   J.G.Sepúlveda El Presidente Gustavo Petro afirmó en su última alocución, que lo sucedido en Medellín en 1990 era un caso de estudio mundial, para aplicar en contextos de violencia, porque son profundamente exitosos, y una de las preguntas qué debemos hacer, es en qué consiste ese éxito… [4]   El presente artículo pretende darle respuesta al Presidente Petro y al país en general, en relación a su pregunta de qué fue lo que se hizo en la ciudad a la que el Alcalde de Nueva York de 1988, propuso fuese bombardeada por los índices de violencia que sufría, y que hoy día se muestra como modelo de seguridad en Colombia, superando a Bogotá. Lo que a continuación se presenta no fue lo único que se hizo en ese entonces, pues fueron muchas las instituciones públicas y privadas y líderes sociales que apostaron por la paz en esos momentos de dolor y muerte, pero lo que es cierto, es que lo que a continuación se presenta tienen sus particularidades en lo interinstitucional, incluyente, participativo y alternativo, que iba de lo micro a lo macro. Medellín de los años 90ª era una ciudad en guerra, tomada por el narcoterrorismo, que produjo 358.8 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 1990, superando los índices de una guerra como la de Vietnam, donde los muertos del lado americano fueron 33 por cada 100.000 habitantes; y también, los de la Segunda Guerra Mundial, cuya tasa de muertos en combate fue, para Estados Unidos, de 300 por cada 100.000 habitantes. [5] El corolario es simple, nuestra violencia cotidiana, adobado por un conflicto deshumanizado y cruel, deja más muertos que una guerra convencional” [6] Desgraciadamente, Medellín cumplía con la definición de  “conflicto armado” [7]  y creo que iba más allá, pues además de la cifra de homicidios tenía estadísticas altas en secuestros, masacres, terrorismo, tráfico de drogas, violación de derechos humanos, desplazamientos interurbanos forzados y el sicariato estaban al orden del día. Lo anterior se le presentó al gobierno nacional de la época, para que reconociera la situación de conflicto-urbano-armado que vivía la ciudad y muchos municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que ameritaba una salida pacífica, representada en una negociación urbana o algo similar, pero el gobierno hizo caso omiso aduciendo que en Medellín no había conflicto armado que ameritara una negociación con los grupos en conflicto,  perdiendo así la posibilidad de hacer un proceso de paz urbano como existe hoy en día con el gobierno actual, 30 años después [8] . En lo local, los alcaldes quedaron solos con el problema del conflicto urbano-armado, debiendo escoger entre la seguridad pública como sinónimo de orden público o de servicio público; la seguridad pública dependiendo solo de los organismos de seguridad o también de la participación y cohesión social. Ante esta dicotomía, las administraciones municipales de la época de Luis Alfredo Ramos y Sergio Naranjo Pérez, echaron pa´lante con las segundas opciones, representada en la convivencia ciudadana   dirigida a proteger la vida,  con una visión integral que cubriera el gobierno local,   los medios de comunicación,   el sector educativo,   la cárcel  y el barrio, y de todo ello quedó una metodología para atender el conflicto urbano, denominada  Espiral de Paz.   Ver diagrama de paz urbana Fuente: Vivencias Urbanas de Paz, Medellín década de los 90a [9] La Seguridad se escribe con C de convivencia                                                            El centro del programa fue la convivencia ciudadana, pues se partió de la premisa que, al lado de los Planes de Seguridad clásicos, representados en la policía, dotación y equipos de vigilancia, también debían estar los programas de convivencia ciudadana. El concejo de la ciudad por primera vez aprobó un Plan Integral de seguridad y convivencia ciudadana. La convivencia es la savia que alimenta todas las seguridades , sin ésta, no hay seguridad que permanezca en el tiempo, por la falta de reconocimiento y legitimidad comunitaria. Producto de lo anterior, se creó la Asesoría de Paz y Convivencia (APC) , que tenía como finalidad atender los conflictos barriales de las comunidades en compañía del sector privado como la Cámara de Comercio de Medellín, la Iglesia católica, fundación y corporaciones comunitarias. La APC, estaba conformada por un equipo interdisciplinario, con aptitud, actitud y compromiso. Desde lo local, se acompañaron los procesos de paz que se llevaban a cabo en el gobierno nacional con el M-19, la Corriente de Liberación Nacional (CRS), grupo disidente del Ejército de Liberación Nacional, ELN; el Ejército Popular de Liberación, EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, las Milicias Populares, entre otros. En dicho contexto, la administración local se enfrenta con la experiencia agridulce que dejó la negociación adelantada con la Milicias Populares y con la herencia nefasta que le dejó el Cartel de Medellín a la ciudad después de su entrega en 1991: 500 bandas la mayoría armadas, integradas por 16.270 jóvenes, enfrentados en los barrios por guerras territoriales . Este es el origen de los Pactos de Convivencia , promovidos por la Alcaldía  y pactados por los jóvenes que tenían voluntad de paz [10] , que no pertenecían a ningún grupo guerrillero. Los Pactos de Convivencia fueron herramientas en caliente, ofrecidas por los Gobierno locales de Medellín y Bello, que tenían como prioridad proteger la vida, que sirvieron de válvula de escape, permitiendo que los jóvenes aprendieran de las bondades del diálogo, el acatamiento de los acuerdos y ante todo el respeto por la vida. Los Pactos de Convivencia atendían a los jóvenes en conflicto con la ley penal, que estaba al margen de la ley, pero la gran mayoría eran adolescentes al “margen del Estado”, sin estudio, trabajo y proyecto de vida. En este nivel, entraban las otras instancias de la alcaldía a atenderlos en educación, oportunidades de trabajo, etc. Como consecuencia de lo anterior quedó la enseñanza que en Medellín es más fácil pactar la vida que negociar la paz.                                                            El logo de la Asesoría de Paz y Convivencia que representa, a diferencia del apretón de manos tradicional luego de un acuerdo donde cada uno sigue su camino, este abrazo de costado, significa que hombro a hombro dos jóvenes después de realizar un Pacto de Convivencia, siguen caminando juntos haciendo posible lo pactado. “Ey, Willington, tenemos que seguirnos viendo para que no se nos olvide que somos amigos .  Lo que le dijo Cesar Augusto Sanmartín (el Tino), a Willinton después de cerrar un Pacto de Convivencia. La definición más original de convivencia salida de las entrañas de los jóvenes.   Lo anterior, dio origen a una definición más elaborada: La convivencia como utopía que es, debe ser practicada con gran regularidad para que se convierta en un hecho social normal .     ¡La Comunicación se escribe con P de Paz!   Conscientes de la importancia de la comunicación para construir paz, se le solicitó a los periódicos El Colombiano y El Mundo vincularse con periodistas que cubrieran desde la APC, el conflicto urbano, solicitud a la que accedieron. Las ejecutorias fueron varias: -        El Seminario Taller “La comunicación como estrategia de paz”, hecho formativo que marcó un punto de reflexión significativo en la vivencia profesional de los profesionales de la comunicación que asistieron a las sesiones semanales de estudio y debate. -        Congreso Internacional “El Papel de los medios de comunicación, en la resolución pacífica de los conflictos”, efectuado en diciembre de 1995. [11] -          El desafío era inmenso. La poca experiencia para realizar un programa de televisión de dos horas, en vivo, vía satélite, y sincronizar voluntades y recursos, se superó de entrada ante el solemne compromiso de mostrarle al mundo las lecciones de convivencia de Medellín. Víctor León Zuluaga, del periódico el Colombiano   Este foro mediático, con voces como los premios Nobel de La Paz Rigoberta Menchú y Óscar Arias y del escritor Ernesto Sábato, unidas a las de académicos, líderes gremiales y periodistas, de América y de Europa, Por Colombia estuvo el maestro, Javier Darío Restrepo, Ana Mercedes Gómez Martínez, Ana Cristina Navarro, Jorge Alberto Velásquez y otros más, quienes abrieron las puertas a dos asuntos para la discusión: el inicio del cambio de la visión estigmatizada de Medellín y la decisión de crear un currículo con lecciones de periodismo y convivencia para los comunicadores de la ciudad . [12]                                                                                                                                                                    El logo del programa de la asesoría de Paz y Convivencia, de la Alcaldía de Medellín “Los medios son el lugar de la palabra. No son las armas, ni el dinero, ni los altares, ni forma de poder alguno lo que tiene la fuerza suficiente para que un hombre se sienta con derechos iguales a los demás. Es la palabra, ese instrumento, al parecer frágil, ese sonido que dura un segundo y después desaparece, la que establece esa igualdad sobre la que se fundamenta la democracia ” Javier Darío Restrepo   Carlos Alberto Giraldo, el coordinador del Seminario-Taller “La Comunicación como Estrategia de Paz”, editó dos videos documentales y tres cuadernillos académicos denominados PAZ-TA , donde se recogieron las conferencias e intervenciones de los invitados a las diferentes sesiones. Los tres números se titularon : i) La Violencia de las ideas. ii) Medios y realidad social, iii) Ciudad, violencia y medios de comunicación.           “Es necesario pensar que la “democratización de la sociedad pasa por la democratización de la información y viceversa” [13] , en la tarea de crear un ambiente favorable a la paz.  Prologó el primer cuadernillo PAZ-TA en los siguientes términos: [14]                                                                                                            Declaración de compromiso por la paz de Medellín. Al término del Seminario-Taller “La Comunicación como Estrategia de Paz”, las entidades patrocinadoras y los alumnos asistentes, suscribieron un documento de varios puntos en el que resalta que el papel primordial de los medios de comunicación consiste en promover el compromiso de la sociedad civil en el reconocimiento y manejo del conflicto, con miras a desarrollar y potenciar así las alternativas de crecimiento social que éste conlleva. [15]   El Seminario Taller La Comunicación como Estrategia de Paz, le dejo a Medellín propuestas interesantes para consolidar: - Crear un Centro de Resolución de Conflictos, que trabajara conjuntamente con la Universidad de la Paz de Costa Rica; - Realizar una Maestría en Cultura de Paz entre la Universidad San Buenaventura y el Instituto Popular de Capacitación, IPC y - Promover una Asociación antioqueña de Periodistas por la Paz, que impulse la reforma y actualización de las leyes vigentes en materia de prensa en Colombia. [1]  Los artículos que a continuación se presentan, están basados en el documento trabajado: “ VIVENCIA  URBANAS DE PAZ, MEDELLÍN DÉCADA  DE LOS NOVENTA”, publicado por el Centro de Investigación de Relaciones Internacionales de Barcelona, CIDOB   de Barcelona, España (2010). [2]  Sepúlveda, fue Procurador Regional de Antioquia (1991), consejero de Paz y Convivencia de la Alcaldía de Medellín entre 1994 y 1997. Creador y director de la oficina de paz y convivencia de las alcaldías de Medellín de Ramos Botero y Naranjo Pérez. Por problemas de seguridad se fue del país en el 2001 y regresó en el 2012. Abogado, criminólogo, con experiencia en victimología y Justicia Restaurativa. Reconocido por la Organización de Estados Americanos como generador de confianza en América Latina. Creador y director general de la Fundación Colombia Restaurativa. www.colombiarestaurativa.com      juanguillermo.sepulveda@gmail.com   [3]  Juan Fernando Ramírez Arango. Bombardear a Medellín. https://www.universocentro.com/NUMERO110/Bombardear-a-Medellin.aspx   [4]  Alocución del presidente Gustavo Petro.  https://www.youtube.com/watch?v=8izjyH2L2OQ   [5]  El Colombiano, Medellín, martes 23 de enero de 2001. [6]  Idem [7]  Acnur. Se entiende por conflicto armado   todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o disrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciables de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a: • demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; • la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; • o al control de los recursos o del territorio. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2008/6694.pdf [8] Treinta años después, las condiciones y los actores han cambiado, lo que significa que la paz negociada en Medellín, requieres de una lectura actualizada de la ciudad y sus actores. Para mayor información consultar el artículo “Porqué es tal difícil conseguir la paz en Medellín”. https://www.pares.com.co/post/por-qu%C3%A9-es-tan-dif%C3%ADcil-conseguir-la-paz-en-medell%C3%ADn   [9]  Sepúlveda, Juan Guillermo, Vivencias Urbanas de Paz, Medellín década de los 90ª, 2010. [10]   Jóvenes con voluntad de paz , fue la figura que la Asesoría de Paz y Convivencia, creó para evadir aquel requisito excluyente, consistente, en que solo se podía llegar a acuerdos de paz con la subversión, y no con los jóvenes de los barrios populares que no eran guerrilleros. Por ello, se les abrió la puerta a todos los jóvenes en conflicto, con la condición que tuvieran voluntad de paz. [11]  Evento dirigido por Víctor León Zuluaga, desde Teleconferencia con un plató en Medellín y otro en Madrid. El panel de expertos en temas de periodismo y conflicto estuvo moderado en los estudios de TVE por Ana Cristina Navarro y en Teleantioquia por Jorge Melguizo Posada, actual Secretario de Cultura Ciudadana de Medellín. [12]  Sepúlveda, Juan Guillermo, Vivencias Urbanas de Paz, Medellín década de los 90ª, 2010. [13]  Suárez, Luis. En ―Los grandes desafíos de los medios de comunicación y democracia en América Latina y el Caribe‖. Ediciones UNESCO, 1995. [14]  Cuadernillo Académico No 1 Seminario – Taller, ―La Comunicación como Estrategia de Paz‖. Edición La Asesoría de Paz y Convivencia. Medellín Julio de 1996, Pags. 10-13 [15]  Sepúlveda, Juan Guillermo, Vivencias Urbanas de Paz, Medellín década de los 90ª, 2010.

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad En algún momento se ha dicho que l a oposición venezolana tiene momentos cíclicos, en los que la coyuntura política los une y los disgrega cada cierto tiempo . De esa última disgregación que se tiene noticia (con la formación de los bloques que apoyaban a Juan Guaidó y al gobierno interino y los que estaban en contra del mismo) se conoce que hubo negociaciones para acabar con aquel experimento, luego de las acusaciones de corrupción sobre Guaidó y otros funcionarios, y posteriormente un diálogo con el oficialismo que llevó a los Acuerdos de Barbados, de octubre de 2023, y a la proposición de María Corina Machado como futura candidata de una oposición que parecía haber resuelto sus diferencias. Luego, vino un bloqueo total por parte del gobierno oficialista que impidieron la participación de Machado y de su sucesora, Corina Yoris, que terminaron con una inscripción de último minuto de Edmundo González por la boleta de la extinta Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y al mismo tiempo con la inscripción de Manuel Rosales por el partido Un Nuevo Tiempo como los candidatos de aquel bloque para las presidenciales del 28 de julio de 2024. La inscripción de Rosales (no acordada con el resto de los partidos de la oposición, según Machado) dejó entrever las primeras grietas de esta nueva oposición post-Guaidó, que a la final se resolvieron bajo conversaciones y en las que Rosales decidió desistir de su candidatura y sumarse a la de González. Tras ello, vinieron las elecciones el 28 de julio. La oposición hizo auditoría de las actas de escrutinio y proclamó a González ganador, mientras que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela hizo silencio, demoró los resultados hasta bien entrada la madrugada, para proclamar a Nicolás Maduro como presidente en su tercera ocasión. Los llamados de fraude llevaron a una reacción social espontánea que terminó con un saldo de 25 muertos, según Human Rights Watch ; y 2229 personas detenidas, según las cifras de la Fiscalía General de Venezuela, de las cuales 23 luego fueron reportadas como desaparecidas, según la ONG Foro Penal. De aquellas detenciones, el mismo Ministerio Público señaló que más de 2000 personas ya fueron liberadas, aunque algunas de estas denunciaron que fueron obligadas a firmar documentos donde tiene prohibido revelar información de su tiempo detenidos, y obligadas a grabar vídeos señalando que les fueron respetados sus derechos humanos. Sin embargo, desde el día después de conocerse los resultados electorales, ya al interior de la oposición se estaban discutiendo los siguientes pasos a seguir tras la derrota . En medio de este interregno, Edmundo González se vio obligado a salir del país luego de que una jueza ordenara su captura por corrupción y usurpación de funciones, que terminaron llevando a la salida del líder opositor hacia España, como lo reseñamos en este artículo que analiza esta época, en septiembre de 2024 . González, en ese momento, comenzó una campaña de presión internacional que giraba alrededor de su potencial regreso a Caracas para posesionarse el 10 de enero como presidente, que al final no se cumplió por los riesgos de seguridad y por la recompensa de 100.000 dólares que Maduro había puesto por dar con su paradero para aquellos días. Del mismo modo, el llamado “método venezolano” (que ya explicamos aquí en varios análisis desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad) ha seguido funcionando con la retención de varios líderes opositores , entre ellos María Corina Machado —retenida y liberada el 9 de enero de 2025—, Freddy Superlano, Américo De Grazia y Enrique Márquez, excandidato presidencial de 2024. Es en este escenario donde la discusión por participar en las llamadas “megaelecciones” regionales, locales y parlamentarias nacionales de Venezuela el próximo 25 de mayo de 2025 ha vuelto a disgregar a una oposición bastante golpeada tanto por la represión del gobierno oficialista, como por su propia tendencia faccionalista interna. El liderazgo de María Corina Machado, que en octubre de 2023 se hacía incuestionable, ahora mismo no termina de aglutinar a varias de las figuras históricas de la oposición, que han decidió participar en estos comicios. Las acusaciones de traición, oportunismo y radicalismo entre ambos bandos han terminado por romper el ciclo que desde 2021 se venía consolidando, y abren a un nuevo momento de incertidumbre, en el que las próximas elecciones pueden terminar de dar la puntada final para consolidar el viraje que el régimen ha querido dar hacia un gobierno de partido hegemónico, como ha buscado desde mediados de 2015, cuando el último triunfo electoral de la oposición llevó a Maduro a desconocer a la Asamblea Nacional. ¿Participar o no participar? He ahí el dilema Fuente: Nueva Sociedad Tras la posesión de Nicolás Maduro el 10 de enero de 2025, el discurso de la oposición sobre el fraude se ha ido diluyendo en la opinión pública. Aunque sigue siendo la narrativa fundamental con la que la oposición sigue manteniendo vivos los apoyos que posee a nivel territorial (manifestados sobre la cantidad de movilización social que María Corina Machado logró durante su campaña y la de Edmundo González a la presidencia entre octubre de 2023 y julio de 2024), no ha sido suficiente para canalizar a una sociedad que ya no observa el panorama en su país como en 2014, cuando sucedieron las manifestaciones en el marco de “La Salida”, que terminaron con el arresto de Leopoldo López y una cruenta represión en el país vecino. La legitimidad de Edmundo González en el exterior no se ha terminado de canalizar en el interior del país. Aunque la mayoría de los miembros de la OEA estuvieron de acuerdo con reconocer los resultados presentados por la auditoría de la oposición, la situación de Venezuela frente a sus vecinos sigue siendo, en el mayor de los casos, similar a los momentos previos a las elecciones. México, Colombia y Brasil intentaron a través de una “trilateral” negociar los términos para que hubiera nuevas negociaciones entre la oposición y el oficialismo luego del 28J, pero tampoco avanzaron en un mayor diálogo, más allá de que ambas partes tenían como líneas rojas el reconocimiento de los resultados por parte de sus contrincantes. Colombia desistió y decidió no reconocer a ninguno de los dos gobiernos —aunque envió a su embajador en ese país, Milton Rengifo, al evento de la posesión de Maduro—, misma postura que tiene el gobierno brasileño. Por su parte México desistió de intervenir y envió también a su delegación diplomática , y decidió no tomar postura, aunque reconoció “de facto” al gobierno oficialista. En este escenario, el 27 de enero el presidente del CNE, Elvis Amoroso, publicó el calendario electoral que había programado inicialmente las elecciones para el 27 de abril de 2025. Luego, tras varias solicitudes de algunos partidos, el 19 de febrero, Amoroso corrió la fecha de los comicios hasta el 25 de mayo. Antes de que se publicara el calendario electoral, María Corina Machado ya había salido a declarar el 19 de enero que no participaría de ningún otro proceso electoral en el país hasta que el gobierno oficialista no reconociera los resultados donde Edmundo González fue ganador , y señaló que respetaría la voluntad de la gente llamado a la abstención. En ese mismo sentido, el 19 de febrero, el Partido Comunista de Venezuela, antiguo aliado del oficialismo y hoy en la independencia, señaló que tampoco participarían por falta de garantías . Del mismo modo, los dos partidos opositores más grandes del país, Voluntad Popular y Primero Justicia, señalaron hacia finales de febrero que tampoco participarían de los comicios de mayo , y que tomarían duras medidas contra cualquier miembro de aquellos partidos que decidieran participar, amenazándolos con la expulsión automática de sus colectividades. De aquí se ha venido configurando la posición mayoritaria de la oposición, que gira alrededor de no participar de las elecciones y llamar a la abstención . No obstante, las declaraciones de Machado terminaron por desatar una guerra abierta interna al interior de la Plataforma Unitaria Democrática (PUEDE) que ha terminado con la salida de varios líderes opositores, pero también con la sensación de que dentro del bloque no existe democracia interna. De hecho, estas denuncias ya venían escuchándose en el panorama político venezolano en las elecciones de 2024 — recogidas en varios análisis desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad —, cuando varios candidatos independientes acusaron a la PUEDE de estar cooptada bajo el llamado bloque de los 4 grandes (Alianza Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y —recientemente— Vente Venezuela), lo que terminaba por asfixiar a los partidos minoritarios que componen a la coalición. Los cuatro escenarios de la nueva ruptura de la oposición venezolana Fuente: Crisis Group Esta guerra ha tenido varios escenarios. El primero emergió a mediados de febrero de 2025, cuando varios líderes regionales y locales del partido Primero Justicia cuestionaron a su partido por haber suscrito las declaraciones de abstención de María Corina Machado , al señalar que al interior del partido no se habían discutido en ningún momento y tacharon la decisión de antidemocrática . De estas declaraciones se hizo vocero Henrique Capriles Radonski, viejo líder opositor y uno de los más importantes del país, quien señaló que participaría en las elecciones de mayo junto con otros liderazgos de su partido, entre ellos Tomás Guanipa, Juan Requesens y Ángel Medina. La respuesta de Primero Justicia llegó a mediados de abril, cuando su mesa directiva, en cabeza de su presidenta, María Beatriz Martínez, tomó la decisión de expulsar a Capriles y a otros 5 líderes opositores del partido. La respuesta de Capriles fue acusar al bloque de Julio Borges de generar un golpe interno dentro de su partido , y señalar que respetaba la decisión del resto de la oposición de abstenerse, pero que esta estrategia terminaba por hacerle juego a la lógica Nicolás Maduro de mantenerse en el poder. El segundo surgió en marzo de 2025, cuando el secretario ejecutivo de la PUEDE, Omar Barboza, renunció a su cargo , luego de que señalara que al interior de la colectividad opositora no existe claridad frente a las filtraciones de información, así como a la falta de unidad en el bloque. El tercero surgió con el llamado de varios dirigentes abstencionistas, entre ellos Andrés Velásquez, de La Causa Radical, de expulsar a los partidos Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela de la plataforma PUEDE, tras también haber postulado candidatos a las elecciones . La respuesta de la dirigencia opositora fue, en palabras de Roberto Enríquez, su actual secretario ejecutivo, indicar que su estatus dentro de la plataforma era incierto y que desde las disputas de marzo y abril de 2024 entre Manuel Rosales y María Corina Machado, no acompañaban la mayoría de las decisiones de la plataforma. La cuarta devino de la construcción de otra coalición opositora, llamada “Red de Defensa Ciudadana de la Democracia (DECIDE)”  por parte de Henri Falcón, Henrique Capriles y otros líderes expulsados de Primero Justicia, con la finalidad de llamar al voto sin desconocer la ilegalidad de las elecciones de 2024 y el reclamo de desconocer sus resultados . La estrategia es tratar de concentrarse en canalizar el voto descontento y opositor de 2024, antes que darle primacía a la estrategia de presión internacional en la que se ha concentrado María Corina Machado. La respuesta de Machado y de PUEDE fue enfática, y ese mismo día llamaron al boycott electoral , a la abstención y no “votar a ciegas”. El discurso al interior del bloque es que cualquier participación es legitimar al régimen y hacerse partícipe del mismo, narrativa que desde DECIDE y la Alianza Democrática (la coalición de partidos opositores intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela) rechazan de manera vehemente. Además, desde la Plataforma PUEDE acusan a los “traidores” de negociar con Maduro su participación en estos comicios. En todos estos casos, Machado acusa de traición a sus antiguos compañeros. Borges, por su lado, señala que Capriles ha querido cooptar el proceso, y ha buscado las maneras de sabotear el liderazgo de Machado, desde antes de las elecciones presidenciales de 2024. Barboza, por otro lado, tiene esperanzas que tras los comicios del 25 de mayo la oposición tienda a volver a reagruparse, señalando este ciclo de rupturas y reacomodos existente dentro de ese bloque. A modo de cierre: el petróleo condiciona el ambiente electoral Fuente: El País, España La gravedad de esta ruptura y de estas nuevas elecciones en Venezuela giran alrededor de las tensas relaciones que el vecino país sostiene ahora mismo con el gobierno de Donald Trump. Aunque el presidente de los Estados Unidos se ha abstenido de reconocer a Nicolás Maduro y ha tendido puentes con Edmundo González, algunos miembros de la oposición en Venezuela lo observan como una figura mucho más pasiva y pragmática con el gobierno oficialista que el de su antecesor. No obstante, Trump decidió revocar la renovación de la licencia a Chevron, que explotaba petróleo venezolano  tras un relajamiento de las sanciones posterior a 2022, lo que ha puesto en alerta a la maltrecha economía venezolana, que puede volver a caer en recesión en los próximos meses. En este sentido, la presión por potenciales nuevas sanciones contamina el debate sobre participar o no hacerlo . Las sanciones, que llevan impuestas desde 2014, no han generado el esperado giro político en Venezuela ni una revuelta social de gran envergadura que reviente al gobierno oficialista, tampoco ha movilizado al ejército a volcarse hacia la oposición, por lo que las posturas a favor de una salida electoral han tomado fuerza en un escenario donde no existen mayores salidas. Sin embargo, también la mayoría opositora ha salido a afirmar que igual no existen condiciones dadas para participar en elecciones, y que esta participación tampoco supondrá ningún viraje en el vecino país.

Por: Redacción Pares La frontera de Colombia y Ecuador es porosa. La selva, los ríos, hacen imposible una demarcación concreta. Esta vastedad ha traído muchos inconvenientes diplomáticos. En marzo del 2008 un bombardeo del gobierno de Uribe que terminó acabando con Raúl Reyes, miembro del secretariado de las FARC, casi desencadena una guerra. El campamento del líder guerrillero estaba en territorio ecuatoriano. Técnicamente no era un ataque a un grupo ilegal sino a la soberanía de un país. Diez años después cinco periodistas ecuatorianos fueron asesinados en la zona de Esmeraldas. Los responsables eran disidentes de las FARC liderados por el temible alias “Guacho”. El pasado viernes 9 de mayo hubo otro episodio devastador. Once militares ecuatorianos que se encontraban haciendo operaciones contra la minería ilegal, fueron asesinados. Los primeros señalamientos apuntaban, como responsables, a los Comandos de la Frontera quienes hacen parte de la Segunda Marquetalia, disidencia de las FARC. Esta información incluso fue corroborada por el comandante del ejército, general Luis Emilio Cardozo quien escribió este mensaje en la red social X “Desde el Comando del Ejército Nacional de Colombia, expreso nuestra más profunda solidaridad al hermano Ejército Ecuatoriano, por el vil asesinato de 11 de sus valientes soldados, a manos de terroristas de las disidencias de las Farc”. El ministro de defensa Pedro Sánches también ratificó esta información: “Desde el Ministerio de Defensa reafirmamos nuestro compromiso con el trabajo articulado y sostenido con Ecuador para garantizar la seguridad en la frontera común. No permitiremos que el crimen organizado transnacional fracture la unión o la tranquilidad de nuestros pueblos hermanos. Estamos del mismo lado: el de la defensa del pueblo, la vida y la paz”. El ataque se dio en la zona de Alto Punino cuando 80 soldados ecuatorianos intervenían dragas destinadas a la extracción de minerales de manera ilegal. Aunque todo apunta que fue esta disidencia de las FARC que se encuentra en mesa de negociación con el gobierno, sus delegados en este proceso afirmaron que ellos no tuvieron nada que ver. Así lo afirmó Armando Novoa, jefe negociador del gobierno con los Comandos de Frontera. Afirmó que se comunicaron con alias “Araña”, uno de los líderes de esta organización, negó la participación de este grupo. “La información que recibimos del señor Rojas, (alias ‘Araña), es que no participaron en esos hechos. Los facilitadores de la Coordinadora Nacional tienen comunicación con ellos y entendemos que se comunicaron con Rojas. Rojas señala que no tienen responsabilidad en esos hechos”. Así lo afirmó Novoa. Por ahora las investigaciones continúan. En caso de que se confirme la participación de los Comandos de frontera, sería un golpe muy duro para la mesa de negociación con este grupo, otro de los retos que tiene este gobierno para cumplir con uno de sus objetivos capitales: la búsqueda de la Paz Total.

Por: Redacción Pares En abril pasado las cifras eran escalofriantes. 19 miembros de las Fuerzas Armadas fueron asesinados en el marco del Plan Pistola que organizaron grupos armados como las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Ni siquiera, en la peor época de Pablo Escobar, cuando decidió pagar 3 millones de pesos de la época por policía asesinado, se había presentado tal cantidad de muertos dentro de la institución. A mediados de la semana pasada el Clan del Golfo anunció el final del plan pistola contra miembros de la fuerza pública. Esto no modificó el plan del gobierno de darle garrote a este grupo criminal. Es que el plan pistola dejó en Antioquia 11 uniformados asesinados. Si bien se mantiene la intención de negociar con el Clan del Golfo, acá el tema se trata de garrote y zanahoria. Durante el pasado fin de semana 7.500 soldados y policías se desplegaron por Antioquia en una de las ofensivas más impresionantes de los últimos años. En sólo dos semanas ya han logrado neutralizar a doscientos miembros de esta organización. Entre los cabecillas más importantes que han caído alias “Grone” y alias “Guacha”. El oficial responsable de esta ofensiva es el comandante de la IV Brigada Carlos Eduardo Caycedo, quien justamente lleva cuatro semanas al frente del cargo. Él tiene experiencia en armar operaciones junto con la policía. Esta articulación ha sido fundamental para la eficacia de los golpes que ha recibido el Clan del Golfo en Antioquia. A las operaciones terrestres entre ejército y policía, se suma el apoyo aéreo de las FAC. El Clan del Golfo hace presencia en 66 municipios de ese departamento. Esta influencia la heredaron de los grupos paramilitares que se desmovilizaron en el año 2004 después de los acuerdos a los que llegaron con el gobierno de Álvaro Uribe. Esta ofensiva tiene un objetivo máximo: capturar al máximo cabecilla de esta organización, alias “Chiquito malo” quien ostenta ese poder desde que fue capturado y extraditado alias “Otoniel” fundador del Clan del Golfo, un sobreviviente de las guerras paramilitares de comienzo de este siglo. Junto con su hermano alias “Geovanny” crearon la banda los Úzuga quienes supieron capitalizar lo que habían dejado en materia de armamento y de rutas del narcotráfico los paramilitares en la década del noventa. A los doscientos integrandes del Clan del Golfo capturados se suma la incautación de tres laboratorios de cocaína, dos pastas de base de coca, 16 minas ilegales, 1.333 kilos de cocaína y 873 kilos de marihuana. Aunque casi no tiene cubrimiento de los medios tradicionales esta ofensiva del ejército en Antioquia podría ser un punto de inflexión en la guerra que se tiene con el Clan.

Por: Iván Gallo - Coordinador de Comunicaciones A sus 63 años y después de una larga militancia en el M-19 Gustavo Petro es un hombre de códigos. A pesar de que viene repuntando en las encuestas y su imagen positiva es superior a la que tuvieron Duque y Santos, su predecesores, Petro, como todo hombre en el poder, es asaltado por la paranoia. No busca una guardia pretoriana, exige una guardia petroriana. Y en Gustavo Bolívar encontró siempre lealtad. Bolívar fue el primer petrista pura sangre y, además, ayudó a ampliar el nicho del petrismo, fue la primera figura mediática en decir, en pleno esplendor uribista, que él le apostaría al cambio con un senador que se había destacado por su papel de desenmascarar a los congresistas que se vendieron al proyecto paramilitar, uno de los pocos padres de la patria que se opuso con firmeza y jugándose la vida a arrodillarse ante Mancuso, Báez e Isaza en el congreso.  En el 2011, durante una marcha contra la corrupción, Bolívar, que en ese momento era el niño consentido del canal de los Ardila Lulle, sus producciones televisivas y sus libros reportaban millones de dólares en ganancia, fue tan coherente que apoyó sin restricciones a Petro. Desde entonces le prometió fidelidad y amor, dos personas que exige un líder que ha sido perseguido por haber pertenecido a una organización armada. Bolívar se los dio. Dejó de recibir las fortunas que le daban los canales privados, las editoriales, por escribir lo que se conoció en Colombia como las “narco-novelas”, desatendió sus empresas en Miami, un hotel que estaba construyendo en Melgar y decidió ser el mosquetero que necesitaba Petro. Se pagó su propia campaña, llegó al senado y, para dar ejemplo, renunció a su sueldo. En plena pandemia lideró la reunión por Zoom en el 2020 donde se creó el concepto del Pacto Histórico y convenció a alguien fundamental hoy en día para la credibilidad que tiene el presidente con los sectores que no son necesariamente políticos: Margarita Rosa de Francisco llegó a las filas petristas por convicción con el proyecto y si decidió ser parte activa del mismo fue por su amistad y confianza con Bolívar. Y ganaron la presidencia. Por primera vez en la historia de un país extremadamente conservador como este un candidato de izquierda se imponía en unas elecciones presidenciales. Pero no ganaron como quería Bolívar. Idealista, poco pragmático, puro, estaba convencido que el pulso político se le podía ganarle al establecimiento sin conceder demasiado con sectores menos progresistas, haciendo pactos con personajes controvertidos como Roy Barreras y Armando Benedetti, sapos que nunca se tragó del todo y que empezaron a generar una ruptura con el presidente. La discusión siempre fue interna. Ese es el código que respetaba Petro. Si había una diferencia que se la dijera en privado, sin darle los pedazos de carne que esperaban afuera sus enemigos. Bolívar, tan hábil para llegarle a la gente del común, no podía comunicarse con sus compañeros del Pacto, incluso con los que eran afines a su ideología. A comienzos del 2024 el director del DPS era un islote entre el gobierno. Pocos le hablaban, pero aún sostenía canales de comunicación con el presidente. Estos se rompieron a comienzos de febrero, durante el primer consejo de ministros televisados. Armando Benedetti acababa de ser nombrado jefe de gabinete y fue quien le llevó la idea de reunir a los ministros, hacerles una evaluación y transmitirlo en cadena nacional para quedaran expuestos. La vicepresidenta Francia Márquez y quien fue hasta ese momento la ministra de medio ambiente, Susana Muhamad, expresaron su desacuerdo por la llegada de Benedetti, sobre quien pesan acusaciones de corrupción y maltrato a las mujeres, en el gobierno del Cambio. Bolívar secundó estas objeciones al presidencia quien se lo tomó muy mal, personal, y a pesar de la declaración de amor de Bolívar intentando corregir lo que Petro consideró una traición, la herida quedó abierta. El protagonismo de Benedetti creció en el gobierno desde febrero hasta esta fecha. Se convirtió en el ministro del interior y en los pasillos de Palacio se afirma que es el verdadero poder. Bolívar quiere aspirar a la presidencia. Tiene vocación y, después de la desastrosa campaña a la alcaldía de Bogotá, aprendió de los errores y por eso renunció al DPS a pesar de la furia presidencial. Y la bomba estalló. Petro no le aceptó la renuncia a Bolívar y en Tibú, el pasado viernes,  después de arrebatarle el micrófono a un líder, se enfrentó públicamente con quien fuera su escudero más incondicional. “Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, porque ya los que renunciaron, renunciaron; no se puede confundir eso, Angie (Lizeth Rodríguez-directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República). Persona que renuncie porque tiene una aspiración, ya se va”. Es probable que las conveniencias políticas y la carrera a la presidencia lime estas asperezas al menos públicamente, pero, en lo privado, en la vida real, la amistad está rota.

Por: Redacción Pares El 20 de enero del 2025 empezó una nueva era mundial. Con la mayoría del congreso a su favor, con la débil oposición demócrata y el respaldo del super poderoso Elon Musk, Trump, en su segundo mandato, tiene toda la libertad que no pudo encontrar en su primera presidencia. Esta decisión ha afectado a millones de norteamericanos que han perdido sus puestos de trabajo, a inmigrantes deportados y a países como Colombia, sumidos desde hace décadas en un conflicto interno y que necesitaban de la ayuda humanitaria de potencias como EEUU. Petro, desde ese momento, reconociéndose como alguien en las antípodas del presidente norteamericano, ha tenido desencuentros con su administración. Desde trinos hasta discusiones con su secretaria de seguridad, está claro, que en esta parte del hemisferio, Colombia está lejos de estar entre las prioridades de la nueva Estados Unidos. Así que el país necesita nuevos aliados. Los ojos apuntan hacia China. Históricamente se ha tocado esa puerta. Jamás se ha abierto. Como señala el politólogo Gabriel Clavijo han visitado a este país de manera oficial los siguientes presidentes: Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Alvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque. Pero, a pesar de una cordialidad evidente entre Beijing y Bogotá, no han existido acuerdos económicos y culturales completamente consolidados. El puente de acero entre las dos capitales no se ha podido construir. Ese es uno de los retos del presidente. Petro quiere ingresar a la nueva ruta de la seda, estrategia con la que el dragón asiático quiere ser un contrapeso a Trump y su guerra arancelaria. Es evidente que la relación comercial entre China y Colombia ha crecido desde 1991 a la fecha. En ese año, cuando el presidente era César Gaviria, Colombia importaba 8 millones de China y a cambio exportaba el doble. Las cifras han subido significativamente: El año pasado el gigante asiático fue el cuarto destino de las exportaciones colombianas: según el Dane el rubro fue de 2.371 millones de dólares. Actualmente hay 100 empresas chinas trabajando en el país, la más significativa de ellas es la que está construyendo el metro de Bogotá. La visita tiene muchas expectativas. Se necesitan además de los acuerdos comerciales, acuerdos culturales, educativos. Que exista un intercambio entre estudiantes, no hay nada de malo acercarnos a la cultura más antigua del mundo. Seguramente a Washington y su capitalismo radical esto terminará de sepultar cualquier intento de llevar una relación cordial con Bogotá. Si Petro estaba en la lista negra de Trump, su intención de refugiarse en la sombrilla China lo llevará a ser considerado “un extremista” como descalifica el anaranjado presidente a todo el que no piense por él. El politólogo León Valencia marca en su cuenta de X la importancia y desafíos que trae esta visita de Petro:  “El presidente va a China a reuniones trascendentales para el futuro regional: 1. Participar en el cuarto foro Celac-China con Xi-Jinping, Lula, Boric y 15 cancilleres. 2. Firmar ingreso de Colombia a la Ruta de la Seda, 3. Dar un nuevo aire a la integración latinoamericana en la difícil era de Trump”.

Por: Redacción Pares Mancuso regresó a Montería en octubre del 2024. Lo hizo con uno de los hombres a los que más odió en la política colombiana, el político que decidió no doblegarse justo cuando todo el establecimiento le hacía la venia, Gustavo Petro Urrego. Regresaron veinte años después de que él fuera el amo y señor de Córdoba. Había pagado su condena en Estados Unidos y Petro ya era presidente. El péndulo del poder había cambiado. A pesar de sus dos metros de altura ya no era altivo. Al contrario, venía a pedir perdón, a darle la cara a sus víctimas. Además del despojo, de las desapariciones, de los asesinatos, los paras en este departamento cometieron un crimen que no ha sido tan reconocido ni renombrado como otros: el de la toma a la Universidad de Córdoba. Este no fue la única institución educativa del Caribe en la que los paras quisieron quedarse. También lo intentaron hacer con la Universidad del Magdalena. A comienzos de este siglo Hernán Giraldo y Carlos Castaño, además de Jorge 40, ordenaron el asesinato de un vicerrector, un profesor y un estudiante de la institución. Lo más aterrador es que fue a Carlos Caicedo, el rector de esa universidad, quien le hicieron un proceso judicial que duró más de veinte años. Caicedo era cercano a las víctimas e incluso él mismo estuvo amenazado de muerte. El plan paramilitar quería extirpar cualquier signo de pensamiento de izquierda en los centros educativos de las regiones donde ejercían dominio. Así pasó también en Cúcuta en donde incluso llegaron a asesinar a dos estudiantes que eran baluartes de la universidad, Edwin López y Gerson Gallardo en el año 2001. En Córdoba, donde estaban sus haciendas más queridas, esta intención fue más que notoria. La situación de la Universidad de Córdoba fue todavía más dramática. En el año 2000 se había erradicado en la universidad cualquier conato de rebeldía. Los viejos rostros del Ché Guevara habían sido borrados y se hacían protestas con miedo. Se sabía quienes eran los que mandaban en la región, los paras. Desde 1995 la institución educativa más importante de ese departamento venía sufriendo asesinatos selectivos. Ese año mataron al profesor Francisco Aguilar Madera, y al año siguiente asesinaron a otro, Alberto Alzate Patiño y en 1998 mataron a Misael Diaz quien cometió el pecado, como representante de los profesores, de insistir en la convocatoria a las elecciones de los representantes estudiantiles ante el consejo académico. Así que para el año 2000 hablar, manifestarse, era imposible. Al despuntar el siglo el rector era Eduardo González Rada quien fue obligado a asistir a una reunión con los paras en una finca en el Alto Sinú y después de ese encuentro dio un paso al costado. Hay ofertas que son imposibles de rechazar. Los rumores de corrupción que caían sobre su administración le sirvieron de pretexto a Mancuso y Castaño para ordenarle dimitir. El nuevo rector elegido fue Victor Hugo Hernández. La casa Castaño, ama y señora de Córdoba, convocó a su hacienda a Hernández y le dijo que tenía que alinearse con ellos, que no era una opción sino un mandato. Para que le quedara bien claro que se tenía que hacer así le mataron, mientras estaba en una reunión en su propia casa, a Hugo Iguarán, vicerrector de la Universidad. Varios paramilitares atestiguaron que la orden había salido de Mancuso y que Hernández sabía de esto. Hernández estuvo sólo dos años en la rectoría de la universidad. En esos años de mandato lo hizo con la pistola de Mancuso sobándole la nuca. Aunque siempre negó su participación en el crimen Hernández fue condenado por este hecho. Antes de recibir la condena alcanzó a escapar del país. Todo el proceso contra Hernández está viciado por falsos testigos y hay un manto de duda en cada una de las decisiones judiciales que se tomaron. Hasta el 2004, poco después de firmarse el Pacto de Ralito, la desaparición, asesinato y exilio de estudiantes y profesores que no se acomodaran al proyecto paramilitar fue una constante. Por eso es que uno de los compromisos de Mancuso, como gestor de paz, es esclarecer la verdad sobre uno de los episodios más macabros del dominio paramilitar en Córdoba y fue la brutal toma de su universidad. El presidente ha intentado concretar una especie de culminación del pacto de Ralito pero se ha empantanado esta propuesta. ¿Le alcanzará la integridad moral a Mancuso para cumplir con decir la verdad sobre este capítulo de la guerra paramilitar en Colombia?

Por: Natalia Reina Villamil - investigadora de la Línea de Democracia y Gobernabilidad En un país donde, solo en 2024, se realizaron 17.653 exámenes medicolegales por presunto delito sexual contra niños, niñas y adolescentes , resulta paradójico que el ICBF y sus operadores —entidades que deberían garantizar entornos seguros para las infancias— hayan terminado permitiendo, por omisión o negligencia, que esos mismos espacios se convirtieran en potenciales escenarios de riesgo. La violencia sexual ejercida por un cuidador contratado a través de operadores del ICBF expone una cadena de omisiones institucionales en un sistema que delega sin controlar, que contrata sin vigilar y que reacciona tarde, cuando el daño ya está hecho. Fotografía: Sebastian Bolaños Pérez - @callesinasfalto En los últimos días se hizo público un caso de presunta violencia sexual contra menores de edad, ejercida por Freddy Arley Castellanos Velasco, un cuidador vinculado a la Asociación Parque El Canadá, empresa contratada por el ICBF para operar el Hogar Infantil Canadá Sede F en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. Los hechos en cuestión han dejado en evidencia que, lejos de tratarse de un caso aislado, reflejan la falta de seguimiento y vigilancia del ICBF y de la Asociación Parque El Canadá en la prestación de servicios de cuidado y atención a la primera infancia. Especialmente al tratarse de entidades cuya misionalidad está ligada a la defensa y garantía de los derechos de los niños y niñas, lo cual queda en entredicho tras los hechos denunciados. Los dibujos y las expresiones de niños como “jardín feo, jardín no, abuela sí” despertaron las alarmas de los padres de familia del Hogar Infantil Canadá Sede F en Bogotá, en donde Freddy Castellanos Velasco, docente de los niños, habría violentado sexualmente a los menores de edad. Velasco llegó al centro educativo en febrero de 2025 como reemplazo de una profesora; sin embargo, las familias no fueron informadas de dicha modificación de personal, pese a ser una obligación del operador. Sumado a ello, las madres denunciantes sostuvieron que el señalado es cercano a la coordinadora del hogar infantil. Cabe mencionar que Velasco ya había trabajado en otros centros bajo la tutela de operadores del ICBF. En septiembre de 2024 figuraba como coordinador del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Pequeñas Semillitas, también, al sur de Bogotá, administrado por la Fundación Mil Semillas, otra organización que en múltiples ocasiones ha sido beneficiada contractualmente por el ICBF. Según el Portal Anticorrupción de Colombia, desde 2017 hasta la actualidad, la fundación en cuestión ha sido receptora de casi 70 contratos con el ICBF, que suman más de 41 mil millones de pesos. Fuente: Twitter El paso de Velasco por este y otros centros no activó ninguna alerta, pese a que ocupaba cargos con responsabilidad directa sobre menores de edad. En ese sentido, las conductas de Velasco no solo implicaron un riesgo para los niños del Hogar Infantil Canadá Sede F, sino también para aquellos que se encontraban bajo su tutela en el CDI Pequeñas Semillitas. ¿Cuál fue el seguimiento realizado por el operador Fundación Mil Semillas a las acciones ejercidas por Velasco cuando se desempeñaba como coordinador de la institución? ¿Es posible que en el CDI Pequeñas Semillitas también hayan ocurrido hechos similares que nunca salieron a la luz por ausencia de vigilancia del operador y del administrador en la prestación del servicio? En entrevista con BluRadio , Astrid Cáceres, directora del ICBF —dependencia administradora del hogar infantil—, afirmó que la entidad conoció los hechos el sábado 3 de mayo de 2025 a través de un periodista, y no por medio del operador contratado. Sin embargo, el 5 de mayo de 2025, la Asociación Parque El Canadá expidió un comunicado sosteniendo que habían trasladado la denuncia a la entidad pública el 29 de abril de 2025. Por su parte, las madres cuestionaron la falta de respuesta rápida y oportuna ante las denuncias realizadas. Lo anterior deja en evidencia —una vez más— la poca claridad en la coordinación y atención entre la entidad administradora y el operador contratado. Fuente: Facebook Asociación Parque El Canadá La Asociación Parque El Canadá es una empresa que, desde hace más de diez años, ha trabajado en la atención integral a la primera infancia. Según el Portal Anticorrupción (PACO), entre 2017 y 2025, la asociación en cuestión ha sido beneficiaria de más de 50 contratos que suman más de 32 mil millones de pesos, todos adjudicados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En tan solo 2025 se le adjudicaron 9 contratos correspondientes a 5 mil millones de pesos para la operación de hogares infantiles en Bogotá. Dicha Asociación es un viejo conocido para el ICBF. De hecho, la entidad lo ha recontratado en innumerables ocasiones pese a que en el pasado, entidades competentes adelantaron procesos legales y sancionatorios en su contra. En abril de 2016 la Secretaria Distrital de Salud a través de la Subdirección de Vigilancia en Salud Publica de Bogotá, formuló pliego de cargos a la Asociación Parque El Canadá por la presunta violación a normas higiénico-sanitarias . Al parecer, tras una visita realizada en febrero de 2014 al Centro de Desarrollo Infantil Canadá, el operador en cuestión no disponía de registros actualizados asociados al manejo e higienización de alimentos, y se evidenciaron productos caducados y otros, fermentados y con presencia de hongos.   Cabe preguntarse ¿Por qué el ICBF posterior a la formulación de cargos en contra de la Asociación Parque El Canadá por presunta violación a normas higiénico-sanitarias, continúo contratando una y otra vez al operador investigado? ¿Los procesos de vigilancia y control del ICBF sobre sus operadores ha sido deficiente no solo en la selección de personal, sino también en la prestación de servicios asociados a la alimentación de los menores de edad? ¿El ICBF emprendió acciones correctivas o sancionatorias en contra de la Asociación Parque El Canadá tras la resolución expedida por la Subdirección de Vigilancia en Salud Publica de Bogotá? Fuente: Secretaria Distrital de Salud Si bien es cierto que el acusado no posee un vínculo contractual directo con el ICBF, la entidad es la administradora del hogar infantil en cuestión y, a su vez, la responsable de supervisar al operador encargado. Por lo tanto, se esperaría vigilancia por parte de la entidad pública, aun mas, al tratarse de población de especial protección. La directora del ICBF, Astrid Caceres manifestó que “ cada contrato, cada operador que trabaja con el ICBF debe presentar las (las hojas de vida)  en el Comité Contractual antes de la contratación, y son validadas. Parece que la ruta se surtió ”. No obstante, ¿la responsabilidad de la entidad se limita a secundar las hojas de vida sin realizar un control riguroso a la ejecución del servicio prestado? La contratación de docentes debería estar sujeta a un exhaustivo proceso de selección, evaluación y seguimiento. No basta con revisar antecedentes penales y disciplinarios como si se tratara de una mera lista de chequeo administrativa. En la cláusula 7 del contrato, correspondiente a “Obligaciones del ICBF”, en el literal 7.1.4. se menciona: “ Designar un funcionario para la supervisión administrativa, técnica, financiera y jurídica del contrato, con el fin de constatar su correcta ejecución, el cumplimiento del objeto, las obligaciones de la EAS y las condiciones de calidad de los servicios ”. En ese sentido, cabe preguntarse: ¿Cuál fue la periodicidad de la supervisión en sitio? ¿Por qué el supervisor no identificó irregularidades como el acompañamiento del docente a los menores de edad a espacios en los cuales no estaba autorizado, como los baños? ¿Cuáles fueron los criterios de seguimiento? El martes 6 de mayo de 2025, tras las denuncias realizadas por las familias, Castellanos fue capturado por la Fiscalía. La Secretaría Distrital de Integración Social salió rápidamente a afirmar que “ el Distrito no tenía competencia ni en la administración ni en la función de inspección, vigilancia y control del hogar en donde sucedieron los hechos ”, desmarcándose de responsabilidades. Del mismo modo, en la mañana del martes, el alcalde Carlos Fernando Galán manifestó su “rechazo absoluto frente a los atroces crímenes sucedidos”. Sin embargo, horas más tarde, Galán ordenó a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) reprimir a las madres del hogar infantil que se movilizaban en inmediaciones de la calle 11 sur con carrera 10, como rechazo a los hechos denunciados. La UNDMO hizo uso de la fuerza contra la ciudadanía, sin importar la presencia de menores de edad en la movilización. El 7 de mayo, un juez penal de control de garantías impuso a Velasco medida de aseguramiento en centro carcelario. Para la Fiscalía,  el acusado “ habría aprovechado su posición de cuidador para someter a dos niñas y un niño a actividades de tipo sexual ”. Castellanos fue imputado por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años; pese a ello, el acusado se declaró inocente. Por lo pronto el proceso continua; sin embargo, las acciones de acompañamiento legal y psicosocial a las víctimas urge, así como las medidas de prevención y no repetición. Tras las recientes denuncias, el ICBF ordenó la suspensión de operaciones de la Asociación Parque El Canadá en el Hogar Infantil Canadá Sede F y en otro centro educativo a su cargo, también en la ciudad de Bogotá. Con respecto a los ocho hogares restantes bajo la tutela de la asociación, la directora del ICBF sostuvo que se tomarían medidas para iniciar el proceso de suspensión de contratos con el operador. Lo ocurrido demuestra que el sistema de vigilancia, tanto del operador Asociación Parque El Canadá como del ICBF, fue deficiente, tardío y descoordinado. De no haber sido por la sensibilidad de los padres frente a las conductas de sus hijos, los hechos podrían haberse prolongado. Esto implica que no existe una supervisión activa por parte del operador y la entidad pública administradora, capaz de detectar señales de alerta, como cambios de comportamiento, miedo ante ciertas figuras adultas o espacios, entre otros indicadores clave que hacen parte del conocimiento básico en entornos de primera infancia. Esta falla no puede entenderse como un descuido aislado. Contrario a ello, implica una desconexión estructural entre la misionalidad del cuidado y la práctica institucional. Por un lado, el operador está obligado a aplicar protocolos de observación del desarrollo infantil y contar con personal capacitado para identificar factores de riesgo. A su vez, el ICBF debería ejercer una supervisión rigurosa que no se limite a auditorías documentales o visitas esporádicas. Sin embargo, en este caso, ninguna de esas instancias cumplió su función esencial: prevenir. Por supuesto que la tercerización en la prestación del servicio termina por diluir las responsabilidades instituciones; no obstante, no exime al Estado en la garantía de derechos. Sumado a ello, preocupa la respuesta violenta y desmedida ejercida por parte de la administración distrital ante la movilización de las madres. En el fondo, el caso de Fredy Castellanos Velasco no solo expone un hecho repudiable; también deja al descubierto la fragilidad de un sistema que, por acción u omisión, ha permitido que los entornos creados para proteger a la niñez terminen siendo, en muchos casos, escenarios de revictimización y carentes de garantías para el cuidado de las infancias.

Por: Redacción Pares Da miedo. De sólo pensarlo da miedo. Pero es un escenario hipotético, casi que pertenece a la ciencia ficción. Pero podría suceder. En los últimos años las ideas más extrañas de la Ciencia Ficción, desde la conexión inalámbrica, pasando por los celulares, el internet, los relojes que te marcan los pasos y las pulsaciones, se han hecho realidad. Pero un grupo de magnates -entre los que no están Luis Carlos Sarmiento- está convencido de que la vejez es una enfermedad que se puede curar. El discurso, un tanto estrafalario de gerontólogos como Aubrey de Grey, los ha llenado de esperanzas. La muerte podría ser, en un futuro próximo, tan sólo una enfermedad que se erradicó, como la viruela o el sarampión. Esto, que debería llenarnos de esperanza, no existe nada más preciado que la vida, también nos debe preocupar. ¿Se imaginan que el 1% de la población -que ostentan la mayor parte de la torta de la riqueza en el mundo- vivieran hasta los 500 años? Eso quiere decir que tendríamos que soportar a jefes de 180 años, empecinados en sus ideas y aferrados a sus cargos. Acaso más tiránicos que a lo que nos tienen acostumbrados las cabezas de los grandes conglomerados mundiales. De Grey recibe donaciones de CEO de Sillicon Valley – quienes crecieron leyendo libros de ciencia ficción- que se cuentan por cientos de millones de dólares al año para que su fundación, SENS research, siga adelantando los estudios para volver a esta minoría inmortal. Uno de los más entusiastas con esta idea es Peter Thiel, cofundador de PayPal, quien afirmó en el 2016 lo siguiente: “Creo que hay tres maneras diferentes de afrontar la muerte, puedes aceptarla, puedes negarla, o puedes luchar contra ella. Pienso que nuestra sociedad está dominada por personas que están por la negación o por la aceptación y yo prefiero luchar contra ella”. Si bien la gran mayoría de científicos creen que esta regeneración de células y órganos sólo podrá darse en unos dos siglos hay optimistas como es el caso de Aubrey de Grey quien afirma que en el 2050, para el que tenga la billetera y el cuerpo, los caminos de la inmortalidad se abrirán para ellos. El historiador Yual Noah Harari cuenta como será este proceso en su libro Homo Deus: “Cada diez años entraremos a una clínica y recibiremos un tratamiento de renovación que no sólo curará enfermedades sino que también regenerará tejidos deteriorados y rejuvenecerá manos, ojos y cerebro”. Harari aclara que no se usaría el término inmortales sino amortales. Si bien no morirán de cáncer o de cardiopatías si podrían estar expuestos a una muerte por accidente, a asesinatos. Esto hará que los ricos -que son quienes podrían pagar estos tratamientos- extremaran sus medidas de seguridad. Como todo sueño del hombre esto podría convertirse en pesadilla. La sociedad estaría condenada a ver a un Ellon Musk de 500 años aún mandando sobre su mundo y ni hablar lo que sería de Colombia con un Sarmiento Angulo de 600 años. Este escenario es bastante improbable pero ya es planteado por historiadores y científicos. Afirman que si hemos estirado nuestra expectativa de vida de 50 años a comienzos del siglo XX a 80 en el XXI, ¿Por qué no pensar en los 200 años de vida? Esta expectativa ha mejorado es porque la mortalidad infantil ya no tiene los porcentajes que llegó a tener en siglos anteriores, hay que recordar que, si se superaban los 15 años en el Renacimiento, se podría vivir casi que igual a lo que vivimos ahora. Miguel Ángel, por ejemplo, murió de más de noventa años. Para nosotros, los colombianos, pensar que magnates como Sarmiento Angulo vivirán para siempre nos termina sofocando. ¿Sucederá?

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad En medio de la expectativa el Consejo de Estado anuló la elección de Rafael Martínez como Gobernador del Magdalena por incurrir en doble militancia. El fallo de segunda instancia, emitido por el despacho del magistrado Luis Alberto Álvarez ratificó lo dicho en primera instancia, fallando a favor de los demandantes, Hollman Ibáñez y Hernando Zabala y terminó dejando por fuera de su cargo al gobernador Rafael Martínez.  El sentido del fallo abre nuevamente un debate que ha hecho mella permanente en la opinión pública durante los últimos meses, la famosa doble militancia, vilipendiada y mal explicada por la normativa colombiana. Se debate sobre el alcance, pero también sobre el sistema de partidos, coaliciones y en sí, sobre el valor de la democracia y la capacidad de la justicia de saltar el mismo mandato popular. ¿Cuál es el caso de Rafael Martínez? Fuente:  El Tiempo. Según la ponencia del magistrado Álvarez, Martínez es responsable de incurrir en doble militancia política por un evento realizado el 21 de septiembre de 2023 en la Villa Olímpica de Santa Marta. En dicho evento, el entonces candidato promovió públicamente las candidaturas de Miguelina Pacheco al Concejo de Santa Marta y la de María Charris a la Asamblea Departamental, ambas candidatas por el Partido de la U. En el evento, el cual fue de carácter público y no exclusivo para miembros del partido, el entonces candidato, Rafael Martínez lanzó arengas y preguntas al público, motivándolos a votar por el número 52 del Partido de la U a la Asamblea y por la cabeza de la lista al concejo del mismo partido.  El Consejo de Estado determinó que este tipo de arengas y manifestaciones se constituyen dentro de una campaña electoral como “una preparación o pedagogía de los asistentes al evento”, en este caso, para que estos recordaran las características de votación de las aspirantes del Partido de la U. Según el alto tribunal, Martínez cometió una infracción normativa al quebrantar la “lealtad partidista” que deben tener los aspirantes frente a otros miembros de su colectividad. El debate se abre porque, aunque Martínez estaba inscrito por Fuerza Ciudadana, el Partido de la U manifestó apoyo a la candidatura del aspirante, lo cual deja en el aire la figura jurídica y la permisividad que tienen los candidatos en una elección.  Se cuestiona entonces la pertinencia de las coaliciones políticas, la utilidad de las candidaturas con más de un aval, la estructura del sistema electoral colombiano y como no, la estructura de partidos que compone el panorama político y electoral del país. Con el fallo en firme y sin posibilidad de apelación (debido a que es fallo de sentido único), Martínez no tardó en reaccionar y puso un mensaje en X, afirmando que “lo que no logran en las urnas, lo persiguen con maniobras políticas” refiriéndose a lo que más adelante el llamará “narco clanes” que dominan el poder del departamento y de los municipios del Magdalena.  Así mismo instó al pueblo del Magdalena a “reaccionar” en las urnas ante esas estructuras que, según Martínez, tuvieron injerencia en el proceso en su contra. Reacción que, para el ahora exgobernador, se debe dar, primero en los comicios atípicos y luego en las elecciones legislativas de 2026. La salida de Rafael Martínez de la Gobernación del Magdalena abre el debate sobre la laxitud y rectitud del aparato normativo, pero también deja un vacío de poder en el departamento, que ahora deberá esperar las decisiones que adopte el gobierno nacional que definan el mecanismo para elegir el reemplazo de Martínez. Por ahora, el departamento queda en vilo y los `proyectos suspendidos, porque al final, se vuelve al debate central de que este tipo de procesos afectan la estabilidad política y económica del ente territorial.  El fallo contra Rafael Martínez se enmarca en un debate mucho más amplio sobre los “dientes” del Consejo de Estado frente a la doble militancia El Consejo de Estado en su fallo señaló que el vídeo donde aparece Rafael Martínez apoyando presuntamente a dos candidatas del Partido de la U a corporaciones locales de Magdalena es verídico. Fuente: Seguimiento.co El pasado martes 6 de mayo se hundió el proyecto de acto legislativo que buscaba permitir el transfuguismo entre miembros de corporaciones públicas colectivas por solo una vez durante los 4 años de su período. Aunque el tema del articulado del proyecto va en otro sentido frente a lo sucedido con el hoy exgobernador Martínez, una de las modificaciones al articulado tiene relación con su caso . El proyecto de ley, de iniciativa multipartidista y cuyo ponente fue el senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, planteaba en una de las modificaciones al Artículo 107 de la Constitución Política planteaba que las sanciones sobre los casos de doble militancia debían resolverse desde los estatutos de los partidos políticos y al interior de éstos, quitándole “dientes” al Consejo de Estado, que en los últimos años ha golpeado a varios partidos en el Congreso con diferentes fallos de nulidad por este caso. En ese sentido, el Consejo de Estado falló contra Roy Barreras por haber sido expulsado de su anterior partido fuera de los plazos establecidos por la ley y haberse lanzado posteriormente como cabeza de lista del Pacto Histórico. Así mismo, falló contra César Pachón el 10 de agosto de 2023 bajo el argumento de haber apoyado a un candidato a la Cámara diferente al de su partido MAIS en Boyacá, aun cuando ese candidato hacía parte de la coalición interpartidista del Pacto Histórico. Ese último fallo sobre Pachón entró en contradicción con otro fallo del Consejo de Estado que anuló la elección de María José Pizarro en la mesa directiva del Senado en marzo de 2024, en la que la corte indicó que Pizarro no podía ocupar aquel cargo por un partido que representa minorías, cuando se habían presentado como una sola lista (Pacto Histórico). En ese momento, la senadora respondió desde su cuenta de X  “El argumento es exactamente contrario al que se nos plantea para anular la elección de senadores del Pacto, por supuestamente haber apoyado a personas de otros partidos en el interior de la coalición. Es decir, argumentan que para efectos de la doble militancia somos coalición, pero para anular mi elección en la mesa directiva, somos un solo partido”. Para el Consejo de Estado, en todos estos casos, las curules les pertenecen a los partidos políticos y no a los congresistas , lo que ha motivado a que, por debajo de algunos proyectos de ley (como el que promovió Chacón, ya hundido), cambie la normativa para que se interprete que las curules también pertenecen a los congresistas. Frente a los casos de doble militancia para alcaldes y gobernadores, se esperaría que ese mismo criterio imperara, especialmente frente al caso de que no existan coaliciones legalmente establecidas, pero un partido que no ha declarado su apoyo a otro candidato pueda hacer campaña por el de su preferencia. Por ahora, la jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado frente a los diferentes casos de doble militancia sigue siendo la norma general con la que administrativamente se juzgan estos casos. Mientras tanto, en el limbo queda la posibilidad futura de resolver si son los partidos en su interior o es un juez administrativo los que deben dirimir estos casos. Según el concepto que dio Alejandro Carlos Chacón en su ponencia frente al proyecto de Ley de Transfuguismo, los trámites de doble militancia deben hacerla los partidos según lo establecido en los A ctos Legislativos 01 de 2003 y 01 de 2009 , que no tienen abiertas claridades sobre el régimen sancionatorio de los funcionarios que incidan en doble militancia, ni tampoco establece que la sanción sobre estos actos deba ser la nulidad de su elección y la pérdida de su investidura. Además, agregó el senador ponente que la doble militancia tiene sus sanciones claras en el Artículo 2do. de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 , en la que queda establecido que, en caso de doble militancia, las sanciones quedarán establecidas dentro de los estatutos propios de cada partido y se sancionará conforme a estos mismos. Chacón además agregó que, con la publicación del Código de lo Contencioso Administrativo  en 2014, en su Artículo 275, numeral 8 , en la que se establece que la doble militancia generaría nulidad del cargo, el Congreso se excedió en su interpretación de la norma y pasó por encima de lo establecido en la Ley 1475 de 2011, por lo que debe existir una modificación a la ley que resuelva esta inconsistencia. Mientras este tema legal se resuelve, por el momento la decisión del Consejo de Estado es firme y se sostiene sobre esta interpretación de la ley para seguir generando jurisprudencia y tomando decisiones judiciales frente a la doble militancia bajo el fallo de nulidad establecido en el Código Contencioso Administrativo.

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista. De mi grupo de amistades millenials, soy la que menos se identifica con los memes sobre la vejez o los achaques al cumplir 30 años, pues, sinceramente, no me he sentido “vieja”, ni he vivido esas crisis que las gentes anuncian cada cumpleaños, no por negación, más bien porque me preocupan otras cosas. Pero últimamente, debido a que trabajo con una joven centennial de 23 años, no he sentido la vejez, pero sí una gran brecha, una enorme distancia en la forma de vivir e interpretar el mundo. Lo que marca la diferencia principal es la relación con el tiempo y la velocidad. Por ejemplo, dice que le cuesta ver películas porque es demasiado tiempo para esperar el final, dos horas le parecen una eternidad, y frente a esa impaciencia, prefiere videos rápidos que le den respuestas inmediatas. Algo similar le ocurre con los libros pues suele ir directamente al final porque necesita saber cómo termina la historia. Después de eso, pierde el interés por el desarrollo, es decir por el proceso, proceso que, para mí, es mucho más importante. No se trata aquí de decir qué está bien o qué está mal, ni de idealizar una generación sobre otra. Pero sí me parece fundamental que como millenials, especialmente de sectores de izquierdas, reflexionemos sobre lo que esto significa. No con nostalgia sino con curiosidad ¿Qué hay detrás de ese afán? ¿Qué nos dice esa necesidad de inmediatez sobre cómo los y las jóvenes experimentan la vida? La interacción diaria con ella me ha llevado a admirarla profundamente y a cuestionarme muchas cosas, empezando por mi propia relación con el tiempo. Yo, por ejemplo, no puedo escuchar audios de WhatsApp acelerados. Siento que me roban el sentido, hasta siento que me da taquicardia. Ella me ha pedido que hable más rápido, que vaya al punto y yo le respondo que me tenga paciencia, que ella va más rápido que yo. ¿Tanto afán es para llegar a dónde? la vida no tiene adelanto automático x2. Muchos “viejos” suelen caer en la trampa de criticar estas nuevas formas de estar en el mundo diciendo que “los jóvenes de hoy ya no saben nada”, pero esa mirada me parece inútil y obtusa. Creo que el reto está en entender lo nuevo, no para forzar lo irreconciliable, sino para repensar cómo transmitimos el conocimiento, cómo adaptamos nuestras prácticas políticas y culturales a unas subjetividades que se están configurando de otra manera. Mientras los “viejos” se escandalizan porque las nuevas generaciones no leen libros como antes “por culpa del celular”, preguntémonos ¿Cómo podemos promover sin imponer? pues tienen unas sensibilidades particulares. Según el Décimo Estudio de Percepción de Jóvenes, realizado por Cifras y Conceptos en Colombia, casi seis de cada diez jóvenes manifiestan sentirse satisfechos con su vida. En cuanto a las emociones predominantes, sienten alegría siete de cada diez, mientras que sentimientos como la tristeza y el miedo se registran en dos de cada diez jóvenes. Adicionalmente, no podemos ignorar que, aunque los y las centennials parecen mostrar posturas más conservadoras en algunos aspectos, también tienen mayor conciencia frente al cambio climático y las identidades de género diversas. Esta mezcla es un reto enorme y más aún si le sumamos cómo se posicionan políticamente, encontramos que, según el mismo estudio, la mayoría se identifican entre la derecha y el centro, lo que evidencia una configuración ideológica que nos confronta directamente a las izquierdas. También, un estudio publicado en la revista Journal of European Public Policy revela una creciente brecha de género en el apoyo a la extrema derecha entre jóvenes europeos, mientras el 21% de los hombres jóvenes votó por esos partidos, solo el 14% de las mujeres lo hicieron. Estas contradicciones deben ser leídas con cuidado, porque, aunque los centennials se movilizan distinto, no han dejado de tener inquietudes intensamente políticas. Entonces, considero que no se trata de romantizar el pasado ni satanizar el presente, se trata de entender que las formas de conocer, opinar, incluso de amar, no son las mismas. Y que en ese proceso necesitamos un diálogo generacional. Porque sí, para mí, dos horas de película es el tiempo justo, pero para mi compañera, como para otres centennials, dos horas son una eternidad. Y el deseo de inmediatez no es un capricho, sino una configuración distinta del deseo y del sentido. Creo que las izquierdas debemos reflexionar seriamente al respecto, porque si no logramos leer bien estas tensiones generacionales, corremos el riesgo de perder la disputa contra las fuerzas reaccionarias antidemocráticas.