Hoy, con motivo del Día Mundial del Agua, publicamos el texto de Hildebrando Vélez Galeano, quien en esa ocasión nos recuerda la importancia de los ríos, tanto en nuestro entorno natural, como dentro de la historia de nuestro país. Por: Hildebrando Vélez Galeano Dime: ¿Qué es un río? ¿acaso no es un río el camino que surcan las gotas de rocio para ir a su destino? ¿acaso no es la metamorfosis de una gota convertirse en mar? Un río es las gotitas de agua que se aglomeran por coalesencia favorecidas por las condiciones de temperatura y presion atmosféricas y que por esas mismas condiciones se precipitan como rocio, como nieve, como granizo, como lluvia y hasta poéticamente como garua. Un río son las esporas y partículas minerales y vegetales alrededor de las cuales se condesa el agua formándose nubes que se precipitan como lluvias con los cambios de temperaturas de los gases atmosféricos y con los vientos que por esos cambios de densidad y la rotación y traslación de La Tierra se crean. Un río son los bosques y las selvas que adsorben energía solar y reflejan fotones rojos, trasfiriendo energía desde y hacia los gases atmosféricos que condicionan la formación de las nubes. Un río son también esos bosques y esas partículas, esos gases, esas nubes y esos vientos y esas codiciones de temperatura y presión atmosférica y ese sol y esas lluvias y hasta el canto ancestral del Tehuala que puede crearlas y moverlas con el aliento ritual de su boca. Reemplazar una selva por una plantación modifica esa dinámica atmosférica. Talar una selva para llenar los potreros de ganado o de monocultivos es cortalre el vuelo al río. Los ríos son las nubes que vuelan. Hoy sabemos que los vientos alisios traen partículas desde Sahara que cumplen un papel de nutrientes y de condensadores de las aguas. Sabemos también que los bosques no solo procesan CO2 para liberar O2 sino también liberan esporas que son factores incidentes en la formación de las nubes, que son los ríos voladores que tributan a los hidroecosistemas terrestres, lenticos y loticos. Un río es una trama compleja de relaciones biofísicas, químicas y culturales. Un río es una historia geológica de largo y corto plazo. Son los taludes antiguos y nuevos, son las fallas geológicas y las rocas sedimentarias, detríticas, orgánicas, salinas, calizas, rocas que pueden ser filuvianas, intrusivas y extrusivas; rocas y minerales que pueden incluso provenir de las conchas de animales que fueron antes seres vivos. Por todo ello lo inerte resulta una ficción. Un río es las redes tróficas que se sirven y sirven a las aguas; es el fitoplancton y zooplancton, los nutrientes de sus fondos, las playas fértiles, el oro que lava y deposita en sus fondos arcillosos. Un río es los cocodrilos, caimanes y babillas; es los delfines rosados, las doradas, los corronchos, los barbudos y los bocachicos que desovan en sus madres viejas, un río son las dantas que abrevan, los tigrillos y las aves que pescan, los patos que las visitan, los chavarri, las iguasas, los psingos y los barraquetes que se regodean en las aguas. El río es a la vez aguas arriba que aguas abajo. Acá en el suroccidente de Colombia, en el Alto Cauca, también somos parte de la desembocadura y el nacimiento del río Cauca. Por ello es comprensible que, por ejemplo, una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que se ha instalado en Cali sea considerada una obra civil de relevancia para toda Latinoamérica. Ella, al permitir tratar cerca del 70% de las aguas servidas de esta ciudad, removerá la carga contaminante industrial, comercial contribuyendo a la recuperación ecológica del Río Cauca y a la calidad de vida de los habitantes de los 180 municipios y poblaciones ribereñas aguas abajo del proyecto. Entonces estamos interconectados y por eso tiene sentido que quienes nos hallamos aguas arriba velemos por quienes lo están aguas abajo, y viceversa. Un río es las culturas que se dicen ser el río porque lo saben, porque saben que “somos lo que comemos”, somos el río que nos alimenta, que nos amamanta. También es río el Hombre Caimán que habita las culturas anfibias, que bien describió el maestro Fals Borda. Un río no es uno, es muchos, es todos, es tejido dendrítico de corrientes visibles y ocultas, pero siempre fluidas, siempre poderosas, siempre interconectadas. Los ríos son las venas de la madre tierra. Un río es una secuencia viva de ecosistemas en movimiento, camino por donde se trasportan vivos y muertos, alimento para cuerpo y espíritu. Un río es un pedazo de océano por ser, fracción de esa mezcla de todos los ríos, alícuota de ese inmenso y caótico Armagedón donde ocurrirán finalmente todas las batallas por nuestra existencia cuando los suelos sean desérticos y nuestros cuerpos se estén evaporando en la canícula. Un río es el agua que somos: causa y efecto, destino y escenario de toda nuestra existencia. Conclusión, un río no es solo el agua que fluye por su cauce y que la mentalidad reduccionista y positivista considera sólo H2O y que por tanto puede pasarse por un tubo o por una turbina, carentes de prudencia y sin medir las consecuencias a lo largo del tiempo y en el espacio. Las conexiones son sutiles pero los efectos pueden ser estremecedores, telúricos.

Por: Laura Cano Periodista Pares Recientemente se conoció que Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, pidió en nombre del Gobierno a la Sala Plena de la Corte Constitucional declarar la nulidad del fallo que establece el estado de cosas inconstitucional respecto a la implementación del Acuerdo de Paz, y ,específicamente, en cuanto a la seguridad de los excombatientes. Ahora, agregó el funcionario que este es el proceso con menos muertes por cada 1000 personas en proceso de reincorporación. Toda su intervención se basó en un informe presentado por la Defensoría del Pueblo, en el que se asegura que el Gobierno ha tenido un buen desempeño en la implementación del Acuerdo de Paz. Sin embargo, para septiembre de 2021 el mismo organismo, en cabeza de Carlos Camargo, señaló que la seguridad de los excombatientes de la exguerrilla Farc era de alto riesgo. Se aseveraba desde el organismo que “La seguridad individual y colectiva de las personas en proceso de reincorporación está en un nivel de riesgo alto. Desde 2017 hemos emitido 81 alertas tempranas, en las que se advierten riesgos elevados para ellos en 131 municipios de 23 departamentos” Camargo añadió que: “En especial hay exacerbación de la violencia en Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y la Orinoquía, donde se registran afectaciones graves a la vida e integridad de personas en reincorporación. También se han identificado riesgos en Medellín, Bogotá y sus alrededores, donde hay factores de vulnerabilidad asociados, por ejemplo, a la estigmatización social en su contra”. Así, hay que recordar que el pasado 27 de enero, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional en el componente de seguridad de los excombatientes de las Farc, argumentando que se ha estado presentando una constante violación de los derechos de esta población. La ponencia había estado a cargo de Cristina Pardo, y para esa ocasión la votación de los magistrados quedó cinco contra cuatro: Cristina Pardo, Alejandro Linares, Diana Fajardo, José Reyes y Antonio Lizarazo estuvieron a favor; y Gloria Ortiz, Paola Meneses, Alberto Rojas y Jorge Ibáñez votaron en contra. Hay que recordar que para ese momento Archila había asegurado que este proceso de paz “es el que, por lejos, el que menos muertes ha tenido de los que se ha firmado en Colombia. Cualquiera de las recomendaciones que se hagan que implique la mejoría en las situaciones de seguridad, bienvenidas. El objetivo del Gobierno es que haya cero muertes”. Con esto, como informó Asuntos Legales, se determinó la creación, en dos meses, de una Sala Especial de Seguimiento en la Corte Constitucional para verificar que se materialicen las garantías de seguridad de los excombatientes. Pasado este tiempo, el Gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura tendrían que establecer las medidas administrativas y financieras necesarias para el funcionamiento de dicha Sala. Adicionalmente, con esto la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo tendrían que adoptar un mecanismo especial de vigilancia del fallo, y el Gobierno tendría que iniciar los trámites para que haya suficiente presupuesto para la protección de los firmantes. Lea también: Asesinaron a Jorge Santofimio, firmante que le apostó a la paz en el Putumayo Ahora bien, hay que decir que según fuentes de Pares, desde la Firma del Acuerdo a la fecha hay cerca de 300 firmantes asesinados. Incluso, durante las últimas horas fue denunciado el caso de Domingo Mancilla Cundumi, a quien le fue arrebatada la vida en Guapí, Cauca. Ante las heridas, el excombatiente fue trasladado a un centro de salud, en donde falleció. La víctima realizó su proceso de reincorporación en el ETCR Aldemar Galán, en El Estrecho (Cauca). Asimismo, formaba parte de la Asociación de Balsiteños por la Paz (Asobalsitas). Adicionalmente, el 14 de marzo en Pitalito, Huila, había sido asesinado Jhon Kennedy Vargas Aros, un firmante de paz de 37 años, quien recibió varios disparos de hombres que se movilizaban en motocicleta. Vargas fue trasladado al Hospital Departamental San Antonio, pero minutos después falleció. Días antes en Cumbal, Nariño una situación similar dejó como víctima a Guillermo Manuel Pepinosa,quien hacía parte del ETCR Ariel Aldana de La Variante, en Tumaco. Por otro lado, el 24 de febrero, en Puerto Guzmán, se presentó otro hecho de violencia que afectó a la comunidad de firmantes de paz que desde hace más de cuatro años le han apostado a la paz a través la Cooperativa Multiactiva Comunitaria del Común (COMUCCON), pues uno de sus líderes, además representante legal y parte del PNIS, Jorge Santofimio Yepes, fue asesinado luego de que hombres armados llegaran a donde la junta directiva de la cooperativa estaba reunida. El ataque ocurrió en el predio La Granja, ubicado en el municipio mencionado, a donde llegaron desde mayo de 2019 a raíz de la falta de garantías de seguridad en el ETCR Heiler Mosquera, lugar en el que, desde 2016, cumplían su proceso de reincorporación. En este hecho cuatro personas más resultaron heridas: una mujer parte de la cooperativa, un bebé de aproximadamente 05 meses, un menor de 14 años, y uno de los escoltas. Además, este mismo 24 de febrero se registró un ataque armado contra el candidato a la Cámara de Representantes por el partido Comunes, Jair Torres, en el que fue asesinado uno de sus escoltas, Luis Caicedo Caicedo. El 10 de febrero en Leticia, Amazonas, fue asesinado Carlos Fernando Ramos Sánchez, quien, como lo informó la congresista Victoria Sandino, hacía parte del ETCR Oscar Mondragón en Miravalle, Caquetá. A esto se suma que en el primer mes del año habían sido asesinados los firmantes de paz: John Jairo Villar Vargas (Santa Marta – 29 de enero), quien hacía parte del Programa Presidencial de Reintegración en el Magdalena; Leonardo Martínez Muñoz, quien fue ultimado en el municipio de San José del Fragua en Caquetá. Adicionalmente, a finales de enero en el departamento de Arauca, en el municipio de Saravena, la víctima fue Juvenal Ballén Gómez. Respecto a lo anterior, según el seguimiento del Sistema de información de la Fundación Paz & Reconciliación - SIPARES, los departamentos más violentos para las y los firmantes son el Cauca, Nariño y Antioquia. Además, resalta que en la mayoría de los hechos reportados entre 2016 y este año, el autor de los hechos no ha sido identificado, y por ende gran parte de los asesinatos están en la impunidad. Fuente: Sipares Este escenario demuestra que, en efecto, son necesarias medidas adicionales, urgentes y estructurales respecto a la situación de seguridad de los firmantes de paz. Ahora bien, vale la pena preguntarse: ¿desde el Gobierno Nacional se está acatando lo que plantea la Corte, lo cual fue decidido hace ya dos meses?, o si, por el contrario, ¿se está desconociendo el equilibrio de poderes y las decisiones de la Corte?

Por: Walter Aldana Político social alternativo Todo estímulo genera una reacción, y eso fue lo que ocurrió a partir del preconteo de tarjetones para las diversas posibilidades en Cámara, Senado y las tres consultas para elegir candidato o candidata presidencial a jugarse el próximo 29 de mayo, la suerte de nuestro país entre el continuismo con su corrupción y el progresismo. Se inició con el cambio (a propósito) de jurados, solo dejaron un 10% de profesores, lo que llevo inmediatamente a un manejo desconocido de la mecánica electoral, aspecto que se vio con claridad en las mesas de votación. A los viejos trucos de colocar lejos los papeles del Pacto Histórico en la mesa, o boca arriba unos tarjetones y otros boca abajo, entregar el tarjetón de preferencia del o la jurado, al reportar el E 14 modificar resultados y por ende trastornar la voluntad popular, se sumó el reporte de no contar el Pacto con un solo voto en más de 20 mil mesas a nivel nacional (ningún sufragante ni siquiera despistado que marcará la lista cerrada), lo que prendió las alarmas. Que el Pacto elegía solo 16 Senadores, igual que el desprestigiado partido Conservador, que los Liberales 15, así como el Centro Democrático, etc. La malicia indígena (aquella que nos recuerda que "el que escruta elige") hizo que los equipos jurídico-electorales departamentales y nacionales del Pacto se pusiesen alerta ante un posible fraude. Y en el escrutinio, según trino de Gustavo Petro del pasado jueves 17 de marzo, 486 mil votos para Senado recuperados, lo que acercan al Pacto Histórico a los 3 millones de votos ( recordemos que en el 2018 fueron a penas 500 mil ), para un total de 19 escaños en dicha corporación, perdiendo el Conservatismo y el Centro Democrático de a una curul, respectivamente. En rueda de prensa el día 18 de marzo, el hoy electo representante a la Cámara Jorge Bastidas denunció que en el caso del Cauca, del inicial preconteo en Senado con 88.321 mil, alcanzamos en el escrutinio 114.411 votos, una escandalosa diferencia de 26.090. Y se pregunta, ¿quién responde por ello? Pero, así como reza un viejo adagio popular: "tras de cotudo con paperas", resulta que ahora se le sale debiendo al expresidente Uribe, quien ni corto ni perezoso, frente al resultado final del reconteo expresó en su cuenta de Twitter el pasado viernes: "estas elecciones dejan toda la desconfianza. E-14 llenos de tachones, enmendaduras, firmas que no coinciden. A las inconsistencias se suma la abrumadora votación del Petrismo (el Pacto Histórico) en zonas de narcotráfico. No se puede aceptar este resultado". Y eso que el afectado sería el Pacto Histórico, a quien le burlaban 3 escaños, el sistema caído, firmas y huella en físico, jurados en un alto porcentaje perdidos en su responsabilidad por desconocimiento de la mecánica. ¿Se puede confiar en el sistema electoral y su engranaje para las elecciones presidenciales del mes de mayo?, por lo sucedido creo que no. Lo que deben hacer los partidos es afinar sus esquemas de vigilancia electoral, ya que las instituciones y sus "jugaditas" pretenden mantener tal cual las cosas como están. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Laura Cano Periodista Pares Otra vez, en la audiencia en la que se esperaba que alias ‘Otoniel’ declarara en el marco del macrocaso 04, sobre la situación de violencia en el Urabá, se presentó una interrupción por parte de miembros uniformados de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), de la Policía. Dichos integrantes de la fuerza pública solicitaron estar presentes y además se negaron a dejar cerrada la puerta del recinto, requisito necesario para proteger la reserva del testimonio que ‘Otoniel’ entregaría. “Incluso, según lo conocido por La W, aunque en al menos dos ocasiones los asistentes a la audiencia cerraron la puerta, los policías la reabrieron indicando que era una orden mantenerla abierta, entre ellos un mayor quien ingresó al recinto a indicarle a la magistrada (visiblemente molesta por esas interrupciones) que debía mantenerse en ese estado”, se conoció a través de La W. Tras esto, desde el alto tribunal y a través de los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la JEP se decidió suspender el trámite, argumentando que no contaban con garantías judiciales. Así, se está a la espera de una nueva fecha y de que se establezcan las condiciones de la diligencia que permitan que las declaraciones se den en normalidad y garantías. Según informó Blu Radio, la JEP abriría un incidente de desacato contra el director de la Dijin, el mayor general Fernando Murillo, y contra los policías que irrumpieron en esta diligencia. “El incumplimiento de esta orden puede llevar al arresto de los uniformados por algunos días y si su jefe lo considera, en este caso el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, podrá apartarlos del cargo”, se lee en el medio de comunicación. Siguiendo esto, vale la pena recordar que el pasado 09 de marzo la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP canceló una audiencia en la que se esperaba que el implicado hablara sobre los falsos positivos en Casanare y los Llanos Orientales y diera información sobre la participación en estos hechos de los entonces comandantes de la Brigada XVI del Ejército en Casanare, los generales Leonardo Barrera y Henry Torres Escalante. Sin embargo, cuatro policías no salieron de la sala, argumentando que por temas de seguridad no lo podían hacer, incluso cuando se les advirtió que su presencia vulneraba la confidencialidad de la diligencia. A mediados de febrero otra audiencia de Otoniel fue cancelada, pero en esa ocasión era ante la Comisión de la Verdad, organismo ante el que también está dando sus versiones como actor del conflicto armado. En ese momento, la Policía Nacional fue la que tomó la decisión alegando que había una sospecha de un supuesto intento de fuga. "Fuentes humanas e información de inteligencia recolectada (...) han advertido con solidez acerca de los planes del Clan del Golfo, el grupo que lideraba 'Otoniel', "para propiciar su liberación, por lo que tomó esa decisión”, se aseveraba. Adicionalmente, el 19 de febrero la Comisión de la Verdad denunció que personas sin identificar habían ingresado a la vivienda de Eduardo Andrés Celis Rodríguez, investigador de la Comisión, robando dos grabadoras y un computador. El hecho sucedió tras una entrevista con alias 'Otoniel'. Hay que recordar que Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, era el jefe del Grupo Armado Organizado (GAO) Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) —denominado por la fuerza pública como Clan del Golfo— y fue capturado el pasado 23 de octubre de 2021, en el marco de la operación ‘Osiris’, una acción que se sumó a los operativos realizados en el marco de la operación “Agamenón II". Además, ‘Otoniel’ era el hombre más buscado del país, de hecho, el Gobierno colombiano ofrecía hasta 3 mil millones de pesos por información que llevara a su captura, mientras que el Gobierno de los Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares. Como se informaba desde la Fundación Paz & Reconciliación: "El dosier de ‘Otoniel’ estaba lleno de desplazamientos forzados, asesinatos, masacres, violencia sexual y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Tenía circular roja de la Interpol, más de un centenar de órdenes de captura en Colombia, y se encontraba en la lista de las personas más buscadas por la DEA. En octubre de 2018, el entonces fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, incluyó a las AGC - Clan del Golfo en la lista de las principales organizaciones criminales transnacionales que representan una amenaza para aquel país. En la lista también se encontraban los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, así como el grupo terrorista Hezbolá del Líbano". Además, y "luego de 2 años de investigación y una extensa triangulación de información por medio de diversas fuentes en territorio, de inteligencia e instituciones, Pares logró establecer que el centro de operaciones de ‘Otoniel’ se encontraba en el departamento de Córdoba, específicamente en la subregión del sur de este departamento. Allí confluyen 5 municipios: Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador, Valencia y San José de Uré. Estas entidades territoriales se ubican en la frontera con el Bajo Cauca antioqueño. Ambas subregiones se encuentran separadas por el Parque Nacional Natural Paramillo". Por otra parte, ante la JEP, ‘Otoniel’ insistió en varias oportunidades en que su supuesta captura no fue una operación de inteligencia, como comunicó el Gobierno, sino que él se entregó de manera voluntaria . “Yo fui hasta donde la tropa del Ejército, yo llegué solo porque quería arreglar mis problemas. (...) Me acerqué a un cabo y le dije: "Yo soy el que están buscando". Me amarraron las manos con una pañoleta, pero no me maltrataron ni nada. Incluso me dieron agua. Yo me quité la camisa porque quería mostrar que no tenía nada, que no estaba armado”, aseguró ‘Otoniel’. Por otra parte, hay que recordar que febrero de este año El Tiempo conoció una carta, enviada a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, en la que la defensa del Otoniel solicitó su acogimiento a la JEP "en calidad de tercero colaborador de las Fuerzas Armadas y promotor y financiador de grupos paramilitares", mencionando que él conoce información sobre miembros de las Fuerzas Militares y el desaparecido DAS implicados en hechos de violencia en el marco del conflicto. Este proceso ha estado en cuestión, pues hay que recordar que según la Ley 1957 de 2019, la competencia de la jurisdicción comprende las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, fecha después de la cual 'Otoniel' siguió delinquiendo. Mientras tanto la justicia ordinaria corre para lograr extraditarlo, lo que estancaría todo lo que él podría aportar al esclarecimiento de los hechos del conflicto armado, sobre todo a lo que se refiere a los terceros que financiaron grupos paramilitares y ordenaron acciones. Ahora bien, las acciones recientes también retrasan la comparecencia de Otoniel, más aún cuando su tiempo en Colombia está en veremos, por lo que se espera que se aclaren las garantías que tendrán los magistrados en su trabajo, y, asimismo, que el alto tribunal establezca la próxima fecha de la audiencia.

Por: Ernesto Medrano, asistente de investigación y Juan Manuel Velandia, colaborador de Pares. La reivindicación de los derechos de las comunidades afrodescendientes se enmarca en la Constitución de 1991 en la cual, por medio del artículo transitorio 55, se exhortó al Congreso de la República a legislar a favor del reconocimiento de las comunidades afrodescendientes. En consecuencia, fue expedida la ley 70 de 1993, un mecanismo de reconocimiento social, cultural y económico de las comunidades negras. Después, con la ley 649 del 2001 se reglamentó el artículo 176 de la Constitución con el cual se buscaba asegurar la representación política de las comunidades étnicas. Ahí se estableció que las comunidades negras tendrían derecho a dos curules en la circunscripción especial de afrodescendientes. Sin embargo, la reglamentación flexibilizó los requisitos para ser candidato. Las dos curules asignadas a las comunidades afrodescendientes, por la circunscripción especial de la Cámara de Representantes, se distribuyen de la siguiente manera: Dos (2) para las comunidades negras; una (1) para las comunidades indígenas; una (1) para las minorías políticas; y una (1) para los colombianos residentes en el exterior. Requisitos flexibles En la reglamentación del artículo 176 de la Constitución, se establecieron unos parámetros flexibles de los requisitos para los aspirantes que buscan representar a las comunidades afrodescendientes. De acuerdo con el artículo 3° de la ley 649 del 2001, “Quienes aspiren a ser candidatos de las comunidades negras para ser elegidos a la Cámara de Representantes por esta circunscripción especial, deberán ser miembros de la respectiva comunidad y avalados previamente por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior”. Es claro que el camino por la consolidación de los procesos participativos de las comunidades afrodescendientes ha sido complejo, toda vez que existen incentivos perversos que no fueron resueltos normativamente, como la capacidad de otorgar avales una vez se consigue una curul. De acuerdo con Juan de Dios Mosquera, director del Movimiento Cimarrón, las dos curules no son el porcentaje de representación política del pueblo afrodescendiente, sino que son dos espacios para que el pueblo afro asuma su vocería, gestione sus derechos y construya su proceso político. Elecciones legislativas del 2014: el dedo en la yaga En las elecciones legislativas del 2014, un evento marcó la agenda de las comunidades negras y afrodescendientes: el triunfo electoral de María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco Vicuña. Ambos candidatos fueron avalados por la Fundación Ébano de Colombia FUNECO. Candidatos elegidos por curul afro En estas elecciones ni Orozco, ni Bustamante pudieron continuar ocupando las curules afro. De acuerdo con el Consejo de Estado, la Fundación Ébano de Colombia habría incurrido en el delito de falsedad en documento privado y fraude procesal, por no encontrarse autorizada para avalar a los candidatos. Sin embargo, el proceso electoral concerniente a las circunscripciones afro estuvo lleno de interrogantes, pues ni Moisés Orozco ni María del Socorro Bustamante podían ser considerados como afrodescendientes, en virtud de su color de piel y la ausencia de un trabajo de base con las comunidades negras. El incentivo perverso: la fábrica de avales en 2018 De acuerdo con la normatividad vigente, una vez un candidato o candidata de un Consejo Comunitario es elegido, el movimiento o consejo que lo avaló puede constituirse como partido político. Esta nueva condición organizativa permite que los partidos nacientes puedan entregar avales. En 2018 nacieron los partidos Colombia Renaciente y Alianza Democrática Afrocolombiana, producto del ingreso de consejos comunitarios al Congreso. Colombia Renaciente proviene del Consejo Comunitario Ancestral de Comunidades Negras Playa Renaciente. Por su parte, Alianza Democrática Afrocolombiana surgió del ingreso del Consejo Comunitario La Mamuncia. Alianza Democrática Afrocolombiana se convirtió en Alianza Democrática Amplia. De acuerdo con la Fundación Paz & Reconciliación - Pares, tanto ADA como Colombia Renaciente se han convertido en verdaderas empresas electorales. Al lograr la condición de partido político tienen la facultad para otorgar avales y esto se ha distorsionado mediante mecanismos antidemocráticos para lograr consolidarse en el sistema político electoral. En las mismas elecciones locales del 2019, Pares identificó que los partidos étnicos y afrodescendientes entregaron 26.492 avales. En este contexto, Colombia Renaciente, logró entregar un total de 5.242 avales en tan solo tres meses, mientras que el partido ADA avaló 3.565 candidatos. Esto es un incentivo perverso que provoca que los partidos que surgen de los procesos organizativos de las comunidades afrodescendientes pierdan la condición étnica, también contribuye a la desarticulación de los consejos comunitarios y organizaciones étnicas entorno a las reivindicaciones de sus comunidades. De acuerdo con Juan de Dios Mosquera, existe una ausencia normativa que profundice los requisitos para ser candidato por las circunscripciones especiales afrodescendientes. Así mismo, para Mosquera hay una gran cantidad de candidatos que corrompen a los consejos comunitarios y organizaciones que los avalan, porque en algunos casos los candidatos no viven en los territorios, ni son activistas o líderes de los consejos u organizaciones. Elecciones 2022: todo sigue igual En la competencia por las curules afro se presentaron 128 candidaturas avaladas por 48 organizaciones y consejos comunitarios reconocidos ante el Ministerio del Interior. Así mismo, de las 128 personas que se presentaron, 49 eran mujeres y 79 hombres. Estas curules cobran importancia no solo por el carácter representativo de las comunidades afrodescendientes, sino por la característica electoral que tiene: la potestad de avalar candidatos. Descripción de las candidaturas por las curules afro Las curules afro quedaron en manos de Ana Rogelia Monsalve Álvarez, del Consejo Comunitario Palenque de la Vereda las Trecientas y del Municipio de Galapa, y Miguel Abraham Polo Polo, avalado por Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo, quien en el preconteo sería representante a la cámara. Sin embargo, en el proceso de escrutinio, perdería la curul con Lina Martínez. Las maquinarias alrededor de las curules afro En 2018 el Consejo Comunitario de la comunidad Negra los Limones – CNL - obtuvo 2.403 votos, aportando el 0,56% de los votos válidos en la circunscripción territorial afrocolombiana. Sin embargo, en estas elecciones el consejo comunitario, con el respaldo de Juan Carlos Martínez, condenado por parapolítica, logró 34.308 votos alcanzando el 7,20% de los votos válidos totales. Esto evidencia el poder de las maquinarias políticas, entendidas como una forma de organización partidista con un poder centralizado y en la que prima un incentivo material sobre el ideológico (Johnston, 2005). Resultados elecciones por circunscripción afro – Consejo comunitario CNL El aumento del caudal electoral del consejo comunitario se debe a la presencia de Lina Martínez, hija de Juan Carlos Martínez. Además, de acuerdo con el ex senador Laureano Acuña, Martínez podría ser una ficha clave para la compra de votos en el Valle del Cauca. Para Acuña, si Ana Monsalve, hermana del alcalde de Malambo no quedaba en la lista, tendrían que aliarse con Martínez para quedarse con la curul afro. Adaptado de la cuenta de Twitter de Ernesto Olave La estrategia de Acuña consistió en establecer una alianza con Martínez, para que le ayudara a consolidar el poder de su candidato a la curul afro, Edison Enrique Massa Samper, asegurándole algunos votos en el pacífico colombiano. Sin embargo, Ana Monsalve, hermana del alcalde de Malambo Rumenigge Monsalve, había acumulado un importante respaldo en el Atlántico. Para Acuña era importante lograr el crecimiento de su candidato Massa, para que le ayudara a fortalecer su aspiración al Senado. Acuña sostuvo que debía conseguir 70.000 votos para alcanzar la curul en el Senado, pero solo alcanzó los 60.166 votos y se quemó. Su fórmula a la cámara afro, Massa, alcanzó los 21.144, logrando el segundo lugar en lista del consejo comunitario Palenque de la Vereda las Trecientas y del Municipio de Galapa, liderada por Ana Monsalve, quien se quedó con la curul. El caso de Miguel Polo Polo De acuerdo con el preconteo de la Registraduría, Polo Polo habría alcanzado los votos suficientes para representar a las comunidades afrodescendientes con el aval del consejo comunitario Fernando Ríos Hidalgo. Si bien el recorrido político de Polo ha sido como militante del Centro Democrático, el partido no le otorgó el aval en 2019 para lanzarse a la alcaldía de Tolú. Sin embargo, María Fernanda Cabal, la segunda congresista más votada del Centro Democrático, obteniendo 196.865 votos, ha sido su fiel escudera. El consejo comunitario Fernando Ríos Hidalgo, que avaló a Miguel Polo, logró la titulación de colectiva de predios en febrero del 2022, junto con al menos 3 consejos comunitarios más, de acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras – ANT. Este consejo comunitario fue constituido en Magdalena, sin embargo, los partidos que ganaron en el departamento fueron Cambio Radical, Partido Liberal, Fuerza Ciudadana y el Partido de la U. Adicionalmente, la directora de asuntos para las Negritudes del Ministerio del Interior, Judith Rosina Salazar Andrade, quien avaló recientemente al consejo comunitario, tendría presuntos conflictos de intereses por sus vínculos con María Fernanda Cabal. El primo del ex esposo de Salazar habría hecho parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de María Fernanda Cabal. Presunto conflicto de intereses entre Salazar y Miguel Polo Hasta el preconteo, Miguel Polo ocupaba una de las dos curules afro en la Cámara de Representantes, al ganarle a Lina Martínez por 945 votos, obteniendo 35.253 votos, esto, a pesar del poder político de Juan Carlos Martínez. Sin embargo, en el proceso de escrutinio Martínez habría alcanzado los votos suficientes para quedarse con la curul, por un estrecho margen. Un juego de poderes En el proceso de escrutinio se habrían encontrado cerca de 1.500 votos a favor de Lina Martínez. Teniendo en cuenta que la diferencia entre Polo y Martínez en el preconteo fue de tan solo 945 votos, los 1.500 votos que favorecen a Martínez le darían la curul a la hija del poderoso político Juan Carlos Martínez Sinisterra. En este escenario se han constituido diferentes narrativas que descubren presuntas irregularidades en el proceso electoral. Así como existen conflictos de intereses entre la Directora de Asuntos para las Negritudes del Ministerio del Interior y Miguel Polo, también existirían conflictos de intereses en la Registraduría de Buenaventura. Según Polo, el jefe de sistemas de la Registraduría de Buenaventura sería el primo de Lina Martínez, y el encargado de subir la información del escrutinio al sistema. En conclusión, tanto el proceso electoral como la construcción organizativa de las comunidades y organizaciones afrodescendientes se han visto empañadas por los intereses que existen alrededor de las curules afrodescendientes. Con los resultados de los escrutinios en la curul afro se profundiza la desconfianza sobre la organización de los comicios electorales en el país, que ya se había evidenciado con los resultados en el Senado. Por otra parte, la representación de las comunidades afrodescendientes en el Congreso estaría nuevamente en entredicho. Polo sostuvo que cualquier ciudadano, sea afrodescendiente o no, puede aspirar a la Cámara afro; mientras, Juan Carlos Martínez logra posicionar a su hija como representante a la Cámara por la curul afro. Si bien es cierto que los requisitos son flexibles, el principio democrático que sustenta la existencia de estas curules ha sido burlado desde su nacimiento. Así mismo, la capacidad de entregar avales que recibe el consejo u organización que obtiene la curul ha resultado ser un incentivo perverso para la representación de las comunidades, como se ha evidenciado en el caso los casos de Miguel Polo, Lina Martínez y los partidos afrodescendientes como el partido ADA, que dejó de ser una colectividad afrodescendiente, para convertirse en un partido amplio.

Por: Redacción Pares

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina Coordinador Escuelas de liderazgo Juvenil Línea, Jóvenes en Riesgo y participación juvenil. En semana electoral y con todo el país pensando en quiénes elegir, con las ciudades llenas de vallas y afiches, dio inicio oficial la Escuela de Liderazgo Pares Pacífico, en la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca. La política no fue obstáculo para que doce jóvenes pertenecientes a organizaciones de base juvenil de la ciudad puerto, asistieran al encuentro citado en las oficinas de la Fundación Pares Pacífico. Allí, primero, se convocó a todos los líderes de las organizaciones juveniles aliadas de Pares, bien sea con las que se haya tenido algún trabajo previo, las que han hecho incidencia local, o las que hubieran sido mapeadas por la Fundación. En este primer encuentro se socializó por parte de Juan Manuel Torres, director de la oficina Pares Pacífico, todo lo relacionado con el proceso de vinculación de la escuela; el tiempo de contratación y el monto mensual que recibirán por 3 meses, las tareas que realizarían los jóvenes en sus organizaciones a manera de apoyo y replica de lo que en esta escuela aprendan, y las funciones que les asignaría Pares como contrapartida a la contratación. Posteriormente, el coordinador del proyecto escuelas de liderazgo, Miguel Ángel Rubio, presentó a las organizaciones la herramienta metodológica, Se Juega la Vida, desarrollada por Pares en el año 2016, y utilizada como herramienta formativa y sistematizadora en experiencias a priori en otros municipios del país. Además, se socializó con las organizaciones la experiencia reciente de la escuela de Liderazgo Juvenil de Pereira, Risaralda. Sobre la herramienta metodológica Se Juega la Vida, es importante resaltar que ya hubo un antecedente formativo en Buenaventura con esta, tal como lo relató en el encuentro el representante legal de la organización, Jóvenes Emprendedores de Paz, Maury Vanegas, y la edilesa, Delcy Castro, quienes contaron un poco su experiencia previa, y cómo esta herramienta logró impulsar finalmente sus procesos comunitarios en Buenaventura. Estos testimonios, más la presentación de la herramienta, permitieron un ambiente favorable para que las organizaciones invitadas, aceptaran ser parte de la Escuela de Liderazgo Juvenil, Pares Pacífico, y se comprometieran a elegir en sus grupos a jóvenes líderes para formarse en ella. Al otro día jueves 10 de marzo, fue el encuentro con los jóvenes elegidos por las organizaciones. En este, se presentó el equipo de la oficina Pares Pacífico, y al equipo encargado de manejar y direccionar la logística y la organización de la escuela, además de contarles las condiciones de vinculación y presentarles la herramienta metodológica, con la cual se hizo un corto piloto de intervención de 20 minutos, buscando que los jóvenes pudieran conocer y explorar en un inicio el potencial formativo que esta les ofrece. Los doce jóvenes vinculados, entonces, comenzarán su proceso laboral y formativo de lleno el 1 de abril, mientras tanto, Pares pondrá al día los procesos de vinculación, y en una sesión concertada con los jóvenes, para el día viernes 18 de marzo, se hará una sesión 0, para discutir con ellos las adaptaciones a la metodología, y determinar los contenidos más pertinentes al contexto territorial y social de sus liderazgos. Esta es una relación gana y gana, pues Pares, podrá conocer de primera mano los liderazgos juveniles de Buenaventura, que serán con toda seguridad, aportes enormes a la línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil, y a su vez las organizaciones pueden enriquecerse de toda la experiencia y conocimiento adquirido por la Fundación, no sólo en el tema juvenil, sino en todos los demás que trabaja a diario. Las organizaciones vinculadas a esta escuela son: Pro y Paz, Red Mariposa, Mangle, Rostros Urbanos, PCN (Proceso de comunidades negras) y Asojep. Enhorabuena.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Tener la posibilidad de ejercer el derecho al voto cuesta, así pasa aquí y en cualquier lugar del mundo. Para un país como Colombia, el cual realiza este año tres procesos electorales –uno para el Congreso de la República y las consultas interpartidistas, y dos para la Presidencia de la República, primera y segunda vuelta– conlleva asumir enormes costos para el sistema democrático. Lo paradójico es que la ciudadanía, por lo general, no es consciente de lo mucho que cuesta este derecho a votar en el sistema político. Y mucho menos a reconocer que estos enormes costos finalmente termina por pagarlos ella misma, a través de los impuestos que tributan y en los descuentos que se hacen a los contratos e inversiones que posteriormente firman los políticos que elegimos. Este desconocimiento se debe a varios factores. El primero es la concepción de gratuidad que tenemos de los derechos políticos y, en especial, al del voto. La ciudadanía no es consciente que, al igual que el derecho a entablar una tutela o poner un derecho de petición, una queja o un reclamo, el derecho a votar por un candidato o candidata a la Presidencia también tiene un costo. Y si alguien acaso piensa en los costos de votar, los subvalora, pues los relaciona con el día de las elecciones. Considera ingenuamente que al jurado de votación no se le paga nada, que los edificios son escuelas públicas que se prestan y que los cubículos son cajas de cartón que se pueden reutilizar cada que hay elecciones. Segundo, se debe a la gran valoración que tiene la ciudadanía del derecho a elegir y ser elegido. Lo que provoca que prime este derecho político sobre los costos económicos. Estamos dispuestos a asumir los costos que sean por el derecho a votar y le exigimos al Estado que haga respetar los derechos que se han logrado con la democracia; que proteja y garantice el derecho fundamental al voto y que realice todos los procedimientos administrativos que exige el proceso productivo electoral. Situación que es aprovechada por el Estado para que, cada año, ponga en el Presupuesto General de la Nación (PGN) un rubro grande y creciente para esta labor. De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) para las elecciones al Congreso, las consultas partidistas y la Presidencia este año invertirá 1,2 billones de pesos. Cifra muy superior a la gastada en 2014, cuyo presupuesto fue $458 mil millones, y en 2018, que costó $759 mil millones. Lo que ha permitido elevar el Índice de Costos Electorales (ICE) en un 45%, entre 2010 y 2021, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) y la Misión de Observación Electoral (MOE). Tercero, a la concepción cándida que tenemos de los políticos. Pensamos que las personas que quieren llegar al poder es porque quieren sacrificarse y representarnos, y, por supuesto, ganarse unos cuantos millones a través de los honorarios que se les reconocen. De allí que concebimos los incentivos que nos ofrecen para votar –un transporte para ir al puesto de votación, un almuerzo o un mercado, un bulto de cemento o prometerles que su hijo ocupará un cargo menor público– como algo que ofrecen de manera cuasí-altruista y sacado de sus bolsillos. La gente no concibe a los políticos como empresarios, ni mucho menos que las campañas representan para ellos grandes inversiones políticas que deben recuperarse. No piensan que ellos, al igual que cualquier empresario, invierten dinero en votos con fines de lucro. Inversiones que dirigen a pagar encuestas, pautas publicitarias –en redes sociales, televisión, radio, prensa, etc.–, personal administrativo y asesores, grupos musicales y transporte, entre muchos otros. De allí que los políticos hagan préstamos con entidades financieras, gastan sus ahorros, hipotecan sus casas o piden a los financiadores de campañas que crean en sus promesas de apoyarlos cuando lleguen al puesto público. Inversiones que, en algunos casos como el Senado de la República, suman más de 18.000 millones de pesos. Una vez elegidos, las inversiones comienzan a recuperarse. Una primera parte con la reposición de votos que da el Consejo Nacional Electoral –6.140 pesos por cada voto válido–. Pero, la segunda parte de esta gran inversión la recuperan ejerciendo el poder político –el que les posibilita haber llegado a un cargo  público como senador, representante, presidente, alcalde, etc.–. Allí usan el poder que tienen a su alcance para asignar contratos y devolver favores, solicitar puestos o cobrar porcentajes por la inversiones. Cuarto, a que no consideramos todos los costos que nosotros mismos como ciudadanos asumimos. La gente no comprende que también ellos al votar tienen costos: desde invertir tiempo escuchando a los distintos candidatos para saber por quién votar, hasta el uso del transporte para ir a la mesa de votación el día de las elecciones. ¿O acaso usted cuando votó alguna vez, al levantarse un plácido domingo de su cómoda cama, en medio de un aguacero, no tuvo que asumir un enorme costo al ir a las urnas? Finalmente, existen los costos que todo el sistema social debe asumir luego de las elecciones. Entre los que están realizar un descuento del 10% tanto en el costo de la matrícula –si son estudiantes de una institución oficial de educación superior–, como en la expedición del pasaporte, en el trámite o duplicado de la libreta militar y en los duplicados de su cédula de ciudadanía; o darle medio día de jornada de descanso a los trabajadores por ir ejercer el derecho –art. 3 de la Ley 403 de 1997–, además de un día completo de compensación remunerado por ser jurados de votación. En síntesis, votar requiere realizar unas inversiones. Las hace el Estado, cuando destina buena parte del presupuesto a financiar las elecciones; las realizan los empresarios políticos, cuando le apuestan parte de su riqueza a un candidato en sus campañas; y, finalmente, las asume todo el sistema económico y social, cuando, por ejemplo, las ventas por alcohol deben pararse por la ley seca. Lo malo es que la ciudadanía no es consciente de que todos estos costos nos los trasladan, tanto el Estado como los empresarios, a nosotros como usuarios del sistema político: el primero, a través de los impuestos, y el segundo, con la apropiación indirecta de los recursos públicos, que van sumarle a los patrimonios familiares netos de los empresarios políticos. Es conveniente que la población conozca esta realidad, sepa reconocer y a la vez identificar los costos económicos, directos e indirectos, para que esto le permita, por un lado, ejercer con mayor responsabilidad el derecho al voto; que se informe y salga el día de elecciones decidido a ejercer este derecho. Decirle a la gente que su derecho al voto nos costó 29.543 pesos, y que de no votar, buena parte de los 40 millones de tarjetones, del trabajo de los jurados en las 112.009 mesas y de los $27 mil millones en el software para contabilizarlos, se perderán. Esto, tal vez, ayude a reducir la tasa de abstencionismo que hoy supera el 50% –en 2014 fue del 56 %  y en 2018 del 51 %–. Y por otro lado, a que la ciudadanía le ponga cuidado al origen de los costos y a cómo finalmente los pagamos todos. Así podría cambiar la visión romántica del ciudadano frente al Estado y los políticos, que los conciben como actores que lo dan todo por mantener un sistema democrático, que quieren defenderlo para el bien de la ciudadanía. Debemos presionar para que el Estado se encargue de actuar de forma eficiente en el uso de los recursos públicos. Y de poner cuidado a los políticos elegidos para que estos no cumplan al pie de la letra la sentencia de Carlos Gaviria: “quien paga para llegar, llega para robar”. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Laura Cano Periodista Pares Las noticias de violencia en el Cauca son constantes, es uno de los departamentos que históricamente han estado marcados por la violencia y que, incluso, luego de la firma del Acuerdo ha visto cómo se ha reconfigurado la guerra con la presencia de nuevos grupos y el fortalecimiento de otros ya existentes. Durante las últimas horas, de nuevo, en este departamento se han presentado diferentes hechos de violencia, los cuales siguen siendo una radiografía de la poca garantía de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario que hay para las comunidades que habitan en esta zona del país. Uno de los hechos más recientes tuvo que ver con la instalación de un artefacto explosivo a las afueras de la Alcaldía municipal, y por el camino que conduce al Batallón de alta montaña del Ejército Nacional, que además también es un punto concurrido por la población, pues en la zona se encuentran varios hoteles. Asimismo, a los alrededores de esta zona frecuentan funcionarios de la administración municipal. El artefacto fue explotado de manera controlada por expertos antiexplosivos.Sin embargo, al parecer hay más bombas en el sector. Hay que señalar que este hecho se presenta posterior a la jornada electoral que tuvo lugar el pasado domingo, la cual, a su vez, estuvo antecedida por varios combates en Santa Clara, corregimiento ubicado en la parte sur de Argelia, entre grupos armados al margen de la ley. Sobre el reciente hecho, hay que decir que las autoridades decidieron evacuar de forma preventiva a quienes se encontraban en las instalaciones gubernamentales, así como a algunas viviendas de los barrios Gloria y Modelo. Ante esto, Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pares Pacífico, señaló en el medio regional Unicauca Estéreo que “Solidaridad con las personas de la cabecera municipal, quienes tienen que pasar por estas retaliaciones, producto de la violencia y los combates que se viven en la parte baja del municipio en contra del Ejército. Todo este contexto lleva a poner en entredicho la estrategia de seguridad del Ejército y el Gobierno de Duque, pues a pesar de ser zonas con una alta militarización, los grupos armados ilegales pueden cometer este tipo de actos. Nuevamente vemos que en esta ola de conflicto vuelven a ser las cabeceras municipales los objetivos de ataque”. Sobre este hecho se manejan dos hipótesis, según señaló Torres a Pares, la primera tiene que ver con una posible retaliación del frente Carlos Patiño contra el Ejército, ya que se especula que militares estarían respaldando al ELN y a la Segunda Marquetalia, grupos con los que el frente de las disidencias mantiene disputas. Sobre esto, vale la pena señalar que hace cerca de una semana el frente Carlos Patiño perdió a seis de sus integrantes en medio de estos combates. Por otra parte, podría tratarse, advierte Torres, de un falso positivo o autoatentado, no obstante, “eso no se puede corroborar, hay que centrarse en los hechos, y los hechos dicen que en efecto hubo un artefacto explosivo”. Por otra parte, en la mañana del jueves se conoció que se habían presentado hostigamientos en contra de la fuerza pública de Toribío, contra la cual se dispararon rafágas de fúsil por parte del grupo Dagoberto Ramos. Posteriormente se presentaron combates entre la estructura armada ilegal y la fuerza pública. “Habitantes del municipio denunciaron que las alteraciones de orden público se produjeron en el centro poblado, lo que generó temor y zozobra. Las autoridades descartaron personas heridas o fallecidas como consecuencia de esta situación”, se lee en Sucesos Cauca. Juan Manuel Torres también analiza que “estos ataques no son nuevos por parte de la Dagoberto Ramos en esta zona. Sin embargo, dentro del Comando Coordinador de Occidente, del cual hace parte la columna móvil, no es que estos hostigamientos hagan parte de su repertorio de acción, pero luego de la muerte de alias “Jhonier”, quien comandaba al CCO, los ataques a la Policía por parte de las estructuras que conforman el CCO se han vuelto más evidentes y constantes. Más allá de la gravedad de los hechos, estos ataques contra la Policía se puede ver como un giro del CCO que ahora enfrenta más a esta institución sobre todo en las cabeceras municipales”. A esto se suma que este viernes en la mañana se informó que en Morales, otro municipio del Cauca, había aparecido asesinado el campesino Yimer Steven Capote Ipia, quien antes del hecho, específicamente el pasado lunes, según la comunidad, había sido retenido por la disidencia de las Farc. El cuerpo sin vida fue encontrado por los labriegos en la vereda El Cerro, ubicada aproximadamente a dos horas del casco urbano de este municipio. En relación con este caso se ha aseverado que fue responsabilidad de la Compañía Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Sobre esto, concluye Juan Manuel Torres, que “Morales es uno de los territorios que más transformaciones ha sufrido en los últimos años, producto de que, en la parte norte del municipio, han ido apareciendo, en proporciones importantes, cultivos de uso ilícito. Asimismo, ha habido un fortalecimiento de la columna móvil Jaime Martínez, lo que ha provocado una percepción de la seguridad cada vez peor por parte de los pobladores”. Estos hechos se complementan con la situación de violencia que se ha venido acentuando en el departamento, la cual ha tenido su epicentro en zonas en las que cada vez son más recurrentes las acciones por parte de los grupos armados ilegales, principalmente, han complejizado el contexto del territorio. Así, de nuevo, el llamado es a que se tomen acciones, a que se evalúe la militarización, y a que se piensen soluciones estructurales e integrales para esta ola de violencia.

Por: Luis Eduardo Celis Cuando afirman que Colombia es la democracia más antigua de la región, da entre grima y rabia. Me gusta hablar de democracia precaria, por que denota que existe, pero es pequeña y llena de falencias. Haciendo la salvedad de que no en todo el territorio nacional hay democracia con sus instituciones, garantías y ejercicio de derechos, siempre recordar que hay dos colombias, una donde hay democracia precaria y otra donde impera el orden de la pistola más grande. Luego de las elecciones del pasado domingo 13 de marzo hay un debate nacional, para no llamarlo escándalo, por las irregularidades presentadas, para no utilizar la categoría de fraude, por las inmensas irregularidades presentadas. Para el Pacto Histórico, el Nuevo Liberalismo y la Fuerza Ciudadana no se reportaron votos en miles de mesas. El Pacto Histórico habla de que le aparecen cero votos en veinticinco mil de las ciento diez mil mesas dispuestas para el proceso electoral, algo grave. Y en el reconteo, ya le aparecen medio millón de votos no reportados, inicialmente para su lista al senado. Hechos de la mayor gravedad sin duda. El sistema electoral colombiano está en mora de una profunda transformación, como muchas cosas en Colombia, y esperemos que luego de estas enormes irregularidades se acometa la tarea de dotarnos de un sistema electoral transparente y con rigor, a ver si esta precaria democracia crece un poco. Al sistema electoral colombiano hay que dotarlo de rigor, credibilidad y transparencia, de todo ello carece hoy y no es un tema nuevo. Hace 52 años en las elecciones del 19 de abril de 1970 se dio un fraude que ahondó la desconfianza con el sistema político y electoral y empujó a una generación de jóvenes a la rebelión armada, historia de la que proviene Gustavo Petro, quien resultó, como líder del Pacto Histórico, ganador de la jornada del domingo 13 de marzo y quien hoy denuncia que no hay garantías para la competencia política con este sistema que no da ninguna confianza ni seriedad. Las propuestas para transformar el sistema electoral ya existen, hay cantidad de estudios en las dos últimas décadas que apuntan a las mayores debilidades identificadas: rigor, credibilidad y transparencia, quizás el documento más comprensivo y actualizado está en el informe presentado por la Misión Electoral Especial, que se instaló como organismo independiente y fruto del acuerdo de paz del gobierno Santos con las FARC, conformada por prestigiosas y prestigiosos investigadores y académicos. La entidad presentó un sesudo informe con sus respectivas propuestas que siguen durmiendo el sueño de los justos. Aquí pueden consultar el informe. Con esta nueva evidencia de que no contamos con un sistema electoral confiable, lo mínimo que debería ocurrir por decoro y decencia es que el Registrador Nacional, Alex Vega, presentara su renuncia y se nombrara de urgencia un Registrador adhoc para las elecciones presidenciales. Por supuesto, esto no va a ocurrir porque ese poder cuestionado no brilla por el decoro y la decencia. Tenemos que transformar el sistema electoral, es urgente y necesario. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea Pares Pacífico “Las mujeres de mi territorio tenemos un mandato a liderar y, en este momento, no lo seguimos totalmente por el conflicto que rodea nuestro río". Tatiana Mina Mosquera es una lideresa afrocolombiana y bonaverense de la vereda de San Antonio, del río Yurumanguí. Ella lucha con fervor por mantener la unidad de su comunidad. Desde el 2001, dedica su vida a la protección de la cultura y lo que representa la vida en su amado pueblo, por medio del trabajo colectivo, de la juntanza afro - femenina y del fortalecimiento de la transmisión de saberes para garantizar el relevo generacional. Desde el año 2020, el conflicto en los ríos que bañan y protegen la vida de las comunidades étnicas ha impactado con mucha fuerza y ha puesto sobre la escena situaciones de violación de derechos humanos. Estos sucesos, que en su mayoría han sido realizados por la Jaime Martínez, las guerrillas Unidas del Pacífico y Defensores del Pacífico, ha obligado a los líderes y lideresas a la búsqueda de acciones que permitan la intervención social en sus comunidades y que al mismo tiempo contemple para sí mismo, medidas de autoprotección. También puedes leer: Prevenir nuevas tragedias de la guerra: comunidades ribereñas de Buenaventura en riesgo Y ante la cohibición que genera la presencia de los grupos ilegales en su contexto, Tatiana ha decidido dedicar su trabajo a acompañar desde la unidad a mujeres lactantes, gestantes y acompañar procesos de fortalecimiento comunitario para niños, niñas y jóvenes desde el comité veredal de San Antonio. "La situación actual de nuestro río es muy difícil, liderar hoy es muy difícil. Por eso, la manera en como yo defiendo el territorio es distinta a las formas de liderazgo que tal vez se encuentran en otros lugares. Yo dedico mi tiempo a acompañar desde la unidad a las mamitas y a las mujeres que hacen parte del FAMI (Programa social: Familia, Mujer e Infancia), para que estas contribuyan desde sus hogares a la construcción de comunidad. Además, brindo mi tiempo para generar espacios culturales que mencionen lo nuestro, generar espacios de sensibilización y en generar espacios de recreación para que nuestros jóvenes usen su tiempo libre en algo productivo, en algo que le sirva a la comunidad y en algo que los aleje del conflicto porque todos tenemos muy presente que un joven desocupado es un joven o niño que tiene muchas posibilidades de ser parte del problema", afirma Tatiana. El 28 de diciembre del año 2021, dos líderes sociales de Yurumanguí fueron desaparecidos. Se trata de Abencio Caicedo y Edinson Valencia, quienes participaban activamente en el consejo comunitario y en la vigilancia del territorio. Esta situación ha alertado a los líderes sociales de todas las veredas y los ha obligado a tomar medidas rígidas como salir del pueblo para protegerse y proteger a sus familias. Además, a través de información suministrada según fuentes de investigación de Pares, se conoce que en el Distrito especial “entre enero y octubre del año 2021, hubo 21 desplazamientos, que representan 863 familias, 4013 personas registradas. En la zona rural, como Cajambre, Raposo y Yurumanguí se desplazaron hacia el casco urbano unas 150 personas. Se reportaron 191 asesinatos, oficialmente reportados, según datos de la Personería, y hay 12 denuncias de desaparecidos”. “Ser mujer líder es un gran trabajo y yo creo que por el solo hecho de dar vida ¡ya somos líderes! y ya tenemos otra manera de luchar y en un país en donde todos somos víctimas, llega un momento en donde uno decide NO dejar de luchar y NO olvidar que somos madres, hermanas, tías, primas, somos una comunidad. Somos mujeres y una familia que acompaña a pesar de las circunstancias duras a los desaparecidos, a los que ya no están y a los que seguimos aquí. Las mujeres de mi territorio tenemos un mandato a liderar y en este momento, no lo seguimos totalmente por el conflicto que rodea nuestro río", finalizó Tatiana. Así las cosas, y después de leer sobre el liderazgo de Tatiana Mina Mosquera, el llamado es a que las instituciones salvaguarden las comunidades, la vida de las y los líderes sociales y sus maneras diferenciales de construir y ejecutar procesos de paz en sus territorios.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad Después de los muchos balances que se han hecho después de la agitada jornada del 13 de marzo, y antes de empezar a hacer los cálculos de cara a la primera vuelta, hay que mirar la lista de personajes que intentaban quedarse con su lugar en el Congreso y que no lo lograron, por lo menos hasta los resultados actuales que están pasando por el escrutinio. De 168 personas que buscaban mantenerse en el Capitolio por un periodo más, solo 97 de ellas alcanzaron los votos suficientes y que sus listas pasaran el umbral, lo que significa que 71 perdieron su curul. En todos los partidos hubo perdedores, y algunos fueron sorpresas, pues llevaban revalidando su lugar más de un periodo. Se destacan Jonatan Tamayo, el popular Manguito, que no logró quedarse en el Congreso, esta vez avalado por el Centro Democrático; las cuotas que perdió el charismo con las quemadas de Miguel Amín Escaf; César Lorduy, que intentó pasar a Senado; y José Gabriel Amar. También perdió Laureano Acuña, uno de los principales aliados de los Char y quien está siendo investigado por presuntos delitos electorales. Otro clan que perdió representación importante es el de la Gata: Daira Galvis y Karen Cure se quemaron. Amanda González, una de las mayores electoras del uribismo en 2018, luego de una pelea por el aval con Alirio Barrera por el aval, se presentó finalmente por Cambio Radical y se quemó. En el uribismo, Santiago Valencia González, el hijo del exministro uribista Fabio Valencia Cossio, se quedó por fuera. Nilton Córdoba, el líder del cordobismo en Chocó, a quien la Corte Suprema investiga por el cartel de la Toga, no pudo saltar al Senado. Otros congresistas con desempeños destacados como José Daniel López, Gabriel Santos y Mauricio Toro no lograron la curul. Aquí pueden consultar la lista completa de los que abandonarán el congreso cuando se acabe la legislatura 2021-2022. ALEJANDRO CORRALES ESCOBAR JONATAN TAMAYO PEREZ MIGUEL AMIN ESCAF NILTON CORDOBA MANYOMA SANTIAGO VALENCIA GONZALEZ TEMISTOCLES ORTEGA NARVAEZ SANDRA ORTIZ NOVA JORGE LONDOÑO ULLOA JORGE GOMEZ GALLEGO IVAN MARULANDA GOMEZ ANTONIO SANGUINO PAEZ DAIRA GALVIS MENDEZ CESAR LORDUY MALDONADO AMANDA GONZALEZ RODRIGUEZ FABIAN CASTILLO SUAREZ EDUARDO PACHECO CUELLO CARLOS ACOSTA LOZANO IVAN AGUDELO ZAPATA JOSE CORREA LOPEZ EDWARD RODRIGUEZ RODRIGUEZ GABRIEL VELASCO OCAMPO ALVARO PRADA ARTUNDUAGA RICARDO FERRO LOZANO JOHN SUAREZ VARGAS JUAN CELIS VERGEL LAUREANO ACUÑA DIAZ JOHN CARDENAS MORAN JOHN HOYOS GARCIA CESAR PACHON ACHURY JOHN BERMUDEZ GARCES MARGARITA RESTREPO ARANGO JOSE AMAR SEPULVEDA KAREN CURE CORCIONE ALONSO DEL RIO CABARCAS HECTOR ORTIZ NUÑEZ FELIX CHICA CORREA LUIS GOMEZ BETANCURT CARLOS BONILLA SOTO CHRISTIAN MORENO VILLAMIZAR JORGE BURGOS LUGO RUBEN MOLANO PIÑEROS HERNAN GARZON RODRIGUEZ BETTY ZORRO AFRICANO MAURICIO TORO ORJUELA GABRIEL SANTOS GARCIA JOSE LOPEZ JIMENEZ JAIME LOZADA POLANCO FELIPE MUÑOZ DELGADO JUAN RIVERA PEÑA JUAN REINALES AGUDELO GABRIEL VALLEJO CHUJFI LUCIANO GRISALES LONDOÑO DIEGO OSORIO JIMENEZ JAIRO CALA SUAREZ CIRO FERNANDEZ NUÑEZ HECTOR VERGARA SIERRA JAIME YEPES MARTINEZ AQUILEO MEDINA ARTEAGA ADRIANA GOMEZ MILLAN JUAN REYES KURI LUIS ALBAN URBANO MILTON ANGULO VIVEROS EDWIN VALDES RODRIGUEZ JAIRO CRISTANCHO TARACHE ANATOLIO HERNANDEZ LOZANO JORGE MENDEZ HERNANDEZ HAROLD VALENCIA INFANTE HENRY CORREAL HERRERA MONICA VALENCIA MONTAÑA OSCAR ARANGO CARDENAS HERNAN BANGUERO ANDRADE