Por: Camilo Díaz Suárez, Investigador Nacional, y Ernesto Medrano, Asistente de Investigación El pasado 13 de marzo fueron las elecciones legislativas que, para Cámara de Representantes, contaron con una participación 18.413.467 (47,43%) de votantes de 38.819.901 habilitados. Con los resultados, se vio una nueva conformación de la Cámara, con un terreno amplio ganado por partidos alternativos. Con estas elecciones, de listas ganadoras y perdedoras, ya se empiezan a dibujar posibles escenarios sobre la posición de bancadas de cara a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. Los ganadores y perdedores Ganadores: Pacto Histórico: Logró consolidar una fuerza política con 2.549.276 votos en Cámara de Representantes, que representan el 15,6% de la votación total para elegir los integrantes de esta corporación, pasando de 2 curules a 25 curules. En el 2018, la Coalición Lista de la Decencia (ASI, UP, Mais) logró 2 curules en Bogotá, con un total de 262.282 votos. Por su parte, el Polo Democrático Alternativo consiguió 1 curul en Antioquia y otra en Bogotá, con 444.746 votos. Sumando estas dos listas, que actualmente integran el Pacto, le dio un total de 707.028 votos. Por su parte, en el 2022 el Pacto Histórico consiguió 25 curules en la Cámara de Representantes, aumentando 21 en comparación con el 2018. En Bogotá, donde hace cuatro años logró 3 curules, pasó a 7, siendo la lista más votada en la capital de Colombia. De igual forma, le fue bien en Valle del Cauca, donde consiguió 5 curules. Aparte, consiguió, al menos, 1 curul en 15 de los 23 departamentos del país. Partido Conservador: en las elecciones del 13 de marzo aumentaron su votación a 2.052.060 votos, siendo la tercera fuerza más grande de la Cámara de Representantes. En el 2018, el Partido Conservador sacó 1.819.634 votos y 21 curules, mientras que en el 2022 aumentó a 25. Fue de las pocas listas que lograron un aumento ante la fuerza regional que mostró el Pacto Histórico. En al menos 16 de los 32 departamentos logró una curul. Esto sigue la lógica de ser una de las fuerzas regionales tradicionales que se mantiene vigente. Siguiendo al abogado Fernando Augusto, gran parte del predominio regional de los partidos tradicionales se debe al perfeccionamiento de lógicas clientelares que logra movilizar una participación. A esto se suma, como sostiene el profesor de la Universidad de los Andes, Miguel García, la influencia y dominio territorial que tienen, en ciertas regiones, algunas Estructuras Armadas Ilegales que llevan a que haya una tendencia a votar por ciertos partidos. Coalición Centro Esperanza: pese a que no le fue como se esperaba, sumando la Alianza Verde y el Nuevo Liberalismo, obtuvieron 14 curules en Cámara de Representantes, con 1.688.938 votos. Aunque su aumento fue poco, en 2018 la Alianza Verde obtuvo 883.547 votos, que supusieron 9 curules en Cámara. Pese al fraccionamiento de la coalición, y que el Nuevo Liberalismo decidió presentar listas aparte, consiguieron aumentar 5 curules. Sin embargo, al centro político le falta un sustento ideológico, lo que le juega en contra. Como sostienen filósofos políticos, el criterio de lo político es la categoría amigo-enemigo. La diferenciación de ideas o proyectos se construyen a partir de antagonismos. Pese a ello, el centro no le apuesta de forma clara a un bando, lo que lleva a que no movilicen como los partidos tradicionales que se identifican con mantener el statu quo y se oponen a los que buscan cambiarlos, ni como la lista alternativa del Pacto Histórico que busca representar el cambio del statu quo que los tradicionales buscan mantener. Los que se mantuvieron: Partido Liberal: para estas elecciones, el partido continuó siendo el que más curules ocupó en la Cámara de Representantes, con 32. Si bien sigue siendo el partido más grande en Cámara, bajó 3 curules, puesto que en el 2018 ocupó 35 al alcanzar una votación de 2.471.400, una diferencia de poco más de 100 mil votos con respecto a este 2022, en el que alcanzó 2.329.045. Pese a ello, ante la creciente que tuvo el Pacto Histórico, logró mantenerse. Al igual que el Partido Conservador, el Partido Liberal logra mantenerse, porque las lógicas regionales dependen de liderazgos locales. Así como le ha hecho seguimiento la Fundación Paz & Reconciliación, en las regiones existen grupos o clanes políticos que se han perfilado por varios años como actores de primer orden, de los cuales los partidos se cuelgan para mantener presencia a nivel departamental. Los Grandes Perdedores: Centro Democrático: fue uno de los grandes perdedores de la jornada electoral si se tiene en cuenta la conformación del Senado y la Cámara de representantes. Sin embargo, en la Cámara, la caída del Centro Democrático fue notable. El partido pasó de 2.382.357 a 1.610.666 votos, lo que le significó la perdida de 16 escaños en la Cámara. La derrota del Centro democrático lo ubica como el partido político que más perdió, pues pasó de 32 escaños en la Cámara a 16, la mitad de las curules que alcanzó en 2018. Esto tiene varias explicaciones. La primera es que, al ser partido de gobierno, se asume un mayor desgaste, en virtud de la exposición pública constante. En segundo lugar, los bajos niveles de aprobación del gobierno de Iván Duque también constituyen un elemento central del desgaste del partido frente a la ciudadanía. Así mismo, la salida de algunos electores clave, como Edward Rodríguez, quien se quemó en su intento por saltar al Senado. Sin embargo, en los últimos cuatro años hubo dos momentos clave en la decadencia del Centro Democrático. El primero, el proceso judicial que afronta Álvaro Uribe, y que le significó abandonar el Congreso para que su caso pasara de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía. En segundo lugar, la reconfiguración conservadora con el partido Conservador y la aparición de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que le restaron votos en Santander. Partido de la U: la U fue otro de los grandes perdedores, pues pasó de tener 25 representantes a la cámara a tener 15 escaños. Esta derrota se evidencia dado que pasó de 1.840.253 votos a 1.426.736 votos. De los departamentos donde el partido había logrado las mayores votaciones en 2018, solo redujo de manera considerable su caudal electoral en La Guajira, pasando de 80.482 votos a 57.612 votos en 2022. En Córdoba y Cesar, el partido logró mantener su votación. Si bien Erasmo Zuleta Bechara, quien obtuvo la mayor votación del partido en la Cámara en 2018 representando al departamento de Córdoba, decidió no participar en las elecciones legislativas en 2022, logró endosarle gran parte de su votación a su prima Saray Elena Robayo Bechara. Robayo obtuvo 115.944 votos por la cámara por Córdoba, alcanzando la votación más alta del partido en la Cámara de Representantes. Cambio Radical: el partido de Germán Vargas Lleras fue otro de los grandes perdedores en las elecciones legislativas. Pasó de tener 30 curules en la Cámara, a tener tan solo 16 escaños. Por el lado de Cambio Radical el balance es negativo, debido a que perdió la mitad de sus curules y pasó de 2.140.464 de votos a 1.391.339 votos en la Cámara de Representantes. En la derrota de Cambio Radical jugó un papel importante la división entre el clan Char y Vargas, pues paso de 401.560 votos en el Atlántico, a tener 309.249 votos. Así mismo, la votación del Pacto Histórico en el Atlántico habría jugado un papel importante en la disminución de votos de Cambio Radical en este departamento, que ha sido considerado el gran fortín político de Vargas Lleras. Posibles escenarios de alianza por bancada En el escenario en que la Presidencia sea ganada por Gustavo Petro o Sergio Fajardo, a priori serían 54 (29%) de 188 representantes a la Cámara los que harían parte de la bancada de gobierno. En caso contrario, en que ninguno de los dos quede elegido, estos 54 representantes serían de oposición. Por su parte, en el escenario en que Federico Gutiérrez sea elegido presidente, pese a no tener bancada propia, si se mantienen los apoyos de la coalición Equipo por Colombia, tendría, al menos, 66 representantes a la Cámara que sería la bancada de gobierno. En caso contrario, si no llega a quedar elegido y llega a la presidencia Sergio Fajardo o Gustavo Petro, muy seguramente serían de oposición. Por otra parte, se encuentran las estructuras y organizaciones políticas en las cuales no es muy clara su participación en los posibles escenarios de participación política. Entre estos se encuentran el grupo significativo de ciudadanos Gente en Movimiento, liderado por el excongresista Mauricio Lizcano, las 16 curules de paz y las Circunscripciones Afro en manos de Ana Rogelia Monsalve Álvarez y Miguel Polo Polo. Jugadores libres: De cara a la conformación de bancadas, los partidos el Partido Liberal y Cambio Radical son los partidos que tienen mayor capacidad de juego político. Se espera que en las próximas semanas culminen los coqueteos y se definan las posibles alianzas, no solo en el marco de la primera vuelta, sino también para afianzar los niveles de gobernabilidad. Es decir, aumentar la capacidad de negociación para la toma de decisiones del próximo gobierno. Liberal: 32 curules para negociar Por su parte, Cesar Gaviria, jefe natural del Partido Liberal, cuenta con el mayor poder de negociación. Si bien, previo a las elecciones del 13 de marzo la mayoría de los análisis lo daban como perdedor, los resultados obtenidos por el partido le permitieron mantener su distribución de curules en la Cámara de Representantes. El partido pasó de tener 35 curules en 2018 a controlar 32 curules en 2022. Aunque el partido perdió dos curules, la derrota resulta ser marginal, pues pasó de 2.471.400 votos en 2018 a 2.329.045 votos en 2022. Lo que significa una diferencia de tan solo 142.355 votos. Es claro que Cesar Gaviria buscará negociar, pero seguramente lo haría buscando su mayor beneficio. Los acercamientos entre Gaviria y Petro antes de las elecciones permitieron entrever que, de establecer acuerdos con las coaliciones, el margen estaría entre Gustavo Petro y Sergio Fajardo, dejando de lado la coalición del Equipo por Colombia, liderada por Federico Gutiérrez. Cambio Radical: 16 curules para negociar La decisión de Vargas Lleras de no apoyar a ningún candidato en las consultas le permitiría tener mayor capacidad de negociación en un escenario en donde cada voto cuenta. La estrategia de Vargas consistió en inscribir a Germán Córdoba como candidato presidencial por Cambio Radical a última hora, con la intención de guardar un cupo para la primera vuelta presidencial. Incluso, Vargas ya empezó a dialogar con el sector de Dilian francisca Toro, directora del Partido de la U, y con quien espera ampliar su poder de negociación frente a Federico Gutiérrez, que ya recibió un mensaje contundente del Centro Democrático que decidió desistir de la candidatura de Oscar Iván Zuluaga. Sin embargo, aún está por verse si Vargas Lleras estaría dispuesto a establecer una alianza con Alejandro Char. Con la aparición a última hora de Vargas Lleras en el escenario presidencial, el jefe natural de Cambio radical dio un golpe en la mesa, debido a que Alejandro Char y la consulta del Equipo por Colombia dejó de movilizar aproximadamente entre 300.000 y 500.000 votos, si se tiene en cuenta el caudal electoral promovido en el Atlántico y Magdalena, en virtud de la candidatura presidencial de Germán Córdoba. Composición departamental Ligado a los resultados que tuvieron el Partido Conservador y el Partido Liberal, a la Cámara de Representantes llegaron varias personas cuestionadas y miembros de Clanes políticos, como recogió Pares en el artículo Candidaturas cuestionadas que llegaron a la Cámara. Por ello, esta última visualización muestra la composición departamental de la Cámara de Representantes, mostrando cuántos candidatos son cuestionados, hacen parte de un clan y la distribución por género.

Por: Laura Cano Periodista Pares El pasado 11 de noviembre de 2020 se conoció el caso de nueve jóvenes que habían sido incinerados en la Estación de Policía de San Mateo. En ese momento, se presentaron varias denuncias, las cuales, inicialmente, fueron interpuestas por el concejal Diego Cancino, quien en esa fecha aseguró que, el incendio, el cual había ocurrido el 04 de septiembre de ese año, comenzó cuando uno de los detenidos prendió fuego a una cobija, y que el día de los hechos murió un joven mientras que los otros ochos fallecieron en fechas posteriores en clínicas a donde fueron llevados por la gravedad de las quemaduras sufridas. Este caso, como muchos en el país, ha quedado en el olvido, mientras que las familias de las víctimas siguen exigiendo justicia; una que ha dado pasos lentos, y que a pesar de que se llegó a pensar que parte de los responsables pagarían, hoy de nuevo el caso está en un limbo. *** Septiembre de 2020 fue un mes en el que los abusos de poder de la Policía fueron noticia. El 08 de ese mes se conoció el asesinato de Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, en el barrio Santa Cecilia en la localidad de Engativa, un caso de homicidio perpetrado por dos uniformados de la Policía Nacional que, mientras descargaban la pistola Taser y lo asfixiaban, no atendieron las súplicas ni de Javier, ni de las personas que grabaron y presenciaron los hechos. Ese septiembre, tanto en Bogotá como en Soacha, lo que resaltó fue la violencia de los uniformados, pues además de Javier Ordoñez, en protestas que se dieron el día posterior al hecho, al menos, se registraron 248 heridos, 58 por arma de fuego. Además, sólo el 9 de septiembre hubo 08 personas asesinadas (6 en la capital y 2 en Soacha). No obstante, para ese momento, aún no se sabía que esos mismos días en Soacha otros jóvenes habían perdido la vida en un hecho que también relacionaba a uniformados, y, como se narraba, justamente, el escenario de violencia por parte de la Policía fue el que llevó a los familiares de las víctimas a no denunciar lo ocurrido una vez sucedió. Pero el caso se supo, y hoy por hoy la lucha de las familias de estos jóvenes es que este caso no quede en el olvido. *** Juan David Rojas era uno de esos jóvenes que se encontraba ese 04 de septiembre en la estación de Policía de San Mateo. Él, como miles de jóvenes, había hecho muchos esfuerzos por poder iniciar sus estudios una vez salió del colegio. Estudió banca y finanzas, luego, con 17 años, se enfocó en la gastronomía, carrera que puedo realizar en el Sena. En medio de esto fue reclutado por el Ejército, y fue llevado cerca a la frontera con Brasil. Luego de prestar servicio retomó sus clases de gastronomía y se enfocó en repostería. Tiempo después tuvo dos hijas; una que para ese 04 de septiembre tenía un año y seis meses, y otra niña de cinco meses. “Cuando llegué al CAI alcanzamos a cruzar algunas palabras antes de que sucediera la tragedia. Luego lo volví a ver, fue la última persona en salir de las que sacaron incineradas. En ese momento pude ver cómo quedó. Tres días después falleció”. Cuenta su madre, Carolina Ordoñez, que para ese momento lo último que querían saber era de peleas con la justicia, o de lucha por la memoria de Juan David. Sin embargo, en noviembre de ese año el concejal Diego Cancino conoce a Carolina, convirtiéndose en un puente para que entre las familias de las víctimas se conocieran. Entre todas se contaron sus casos, y en noviembre, por medio del concejal, se presentó la denuncia ante medios nacionales e internacionales. Para ese momento también pasó algo muy importante, pues parte de las familias decidieron hacer trinchera a través de la organización Rosa Negra, a través de la cual se han acompañado haciendo procesos de memoria, pero también han exigido celeridad en este caso. “Todas las familias nos convertimos en una sola familia”, cuenta Carolina, quien hizo parte de esta iniciativa. Carolina no solo ha enfrentado la pérdida de su hijo, también ha tenido que hacerle frente a una justicia que revictimiza, que mientras las familias día y noche intentan reponerse de un dolor que no desaparece, les sigue pintando un panorama poco alentador. Muestra de ello fue una de las situaciones que Carolina vivió, pues el pasado 14 de noviembre, mientras se encontraba departiendo con conocidos suyos, se presentó una discusión a la que acudió la Policía. “Al llegar allí, uno de los uniformados se acercó a ella para decirle que era “la revolucionaria que causa conflictos y la que hace las marchas” y que la tiene identificada como la que hace las protestas en contra de esa institución. Tras esto, supuestamente el policía la hizo caer, la arrastró y la golpeó en sus piernas con el bolillo”, se lee en El Espectador. Todo esto ha sido un largo camino para Carolina, camino que quizá nunca pensó recorrer, pero en el que ahora todos los días debe dar algo de ella y de su comunidad para afrontar, no solo el hecho de saber que su hijo fue una de las tantas víctimas que ha dejado el exceso de fuerza por parte de la Policía, sino que además ha tenido que vivir de cerca lo mal que funciona la justicia en el país. *** Otro de los jóvenes que ese 04 de septiembre fue víctima del incendio en el CAI de San Mateo fue Anderson Mendez. Un joven de 32 años, como muchos, fiel hincha de Millonarios. “Le tocó pasar una vida muy complicada. A pesar de ello era muy alegre y siempre tuvo muchas ganas de salir adelante”, cuenta Viviana Tibaque, hermana de Anderson, quien aclara, además, que no eran hermanos de sangre, pero sí de crianza, pasaron su vida juntos. Ella cuidaba de él, pues era la mayor. De Anderson narra que llegó a su hogar cuando aún era pequeño, sus papás lo habían abandonado, y por cuestiones de la vida fue la mamá de ella quien se responsabilizó de él. El proceso no fue fácil, admite, pues en una ocasión su madre biológica se lo llevó, y con ello vinieron problemas de drogadicción. “Estuvo rehabilitandose mucho tiempo, fue muy difícil”. Sin embargo, resalta de su hermano que siempre estuvo dispuesto, que ponía empeño para que las cosas cambiaran y, en medio de esto, fue que aquel 4 de septiembre llegó, y con su historia saltaron los estigmas, la culpabilización. Agrega Viviana que las historias de vida solo las recuerdan para tachar y señalar, pero “no ven todo el proceso que ahí detrás, toda la esperanza, lo ires y venires, los dolores, y eso es lo que más me indigna, porque por su historia es que a él lo han querido culpabilizar, que lo han dejado como el malo”. Continúa diciendo que: “En este proceso no solo hemos tenido que pelear con los uniformados, y la justicia, también lo hemos hecho contra la sociedad”. Ese 4 de septiembre Viviana lo tiene marcado en su cabeza. “Llamaron a mi mamá, no se entendía muy bien qué era lo que decían, lo que pasaba. Mi mamá inmediatamente se fue para el CAI, allá le dieron la noticia, ella quedó en shock, mientras que la respuesta del policía, de forma desota, fue que se calmara. Ella quería saber dónde estaba mi hermano, pero ni los policías sabían para dónde lo habían mandado. Luego, por todas las vueltas que dio mi mamá, nos enteramos que él estaba en el Hospital Simón Bolívar. Mi hermano murió allá, con un 95% de quemaduras. No lo volvimos a ver, pues en el ataúd no nos dio la fuerza, ya que él quedó desfigurado”. La de Viviana y su mamá ha sido otra lucha, lucha por dignificar la historia y la memoria de su hermano, resaltando los ideales que él siempre tuvo; su deseo de salir adelante, deseo que está en todas las familias, sobre todo en aquellas que les ha tocado a pulso, en donde los papás y mamás anhelan ver a sus hijos e hijas logrando sus sueños, por más lugar común que suene, y no teniendo que vivir un capítulo como este. *** Detrás de este caso hay muchas familias más, muchas más personas que han llevado un proceso de reparación entre la comunidad que se conformó con las víctimas de este caso. Todas esperando justicia, y sobre esto hay varias cosas por resaltar. Al principio, como contaron las personas entrevistadas, los policías trataron de culpabilizar a las víctimas, pero luego se empezaron a conocer videos en los que se evidenciaba la poca reacción que hubo por parte de los uniformados para rescatar a quienes estaban en el CAI. El caso inmediatamente contó con un cubrimiento mediático, mientras poco se sabía sobre lo que iba a pasar legalmente. Eso sí, varios intentaron ‘lavarse las manos’ diciendo que iban a actuar y condenaron lo sucedido, como lo hizo Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha, quien además de pedir celeridad en la investigación, también afirmó que “Estamos dando acompañamiento a todas las familias de las víctimas de ese suceso tan lamentable en nuestra ciudad”. Pues bien, desde noviembre de 2020 a la fecha, según los testimonios de Viviana y Carolina, los cuales coinciden, no han recibido ningún respaldo por parte de la administración de Soacha. “Nunca hemos recibido apoyo, ni charlas empáticas con el alcalde Saldarriaga. Desde la Personería nos dijeron que iban a llamar psicólogos e iban a hacer seguimiento, pero eso nunca pasó. La ayuda psicológica que hemos recibido ha sido por medio del MOVICE, de Lazos de Dignidad y otras organizaciones, pero nunca por medio de la administración de Soacha”, aseveró Carolina Ordoñez. Las palabras de Saldarriaga quedaron en esa entrevista, incluso cuando en medio de todo este tiempo han sucedido hechos como las agresiones físicas que sufrió Carolina Ordoñez, y otros hostigamientos a las víctimas de estos hechos, como las constantes llamadas; y la imposición de no poder culminar actos de memoria, ante la oposición de los uniformados que permanecen en el CAI, sitio en el que además han sido borrados los murales que han hecho en memoria de los jóvenes. Pues en este caso también ha resaltado la defensa a la paredes, aún cuando detrás de las acciones que se han hecho allí hay un proceso de reparación y, sobre todo, de recordar que en ese CAI murieron 9 jóvenes. Pero no solamente frente a esto no hubo atención, pues desde antes de que esto ocurriera, como comentó Carolina Ordoñez, “se sabía que ahí maltrataban, la comida que le daban muchas veces estaba en descomposición. Ellos habían alertado que en la madrugada los sacaban del CAI, los mojaban, los hacían trotar en ropa interior. También en ocasiones les pegaban, pero nunca se investigaron estas denuncias”. Por otra parte, luego de los hechos, los familiares además de reclamar por la vida de los jóvenes, también advirtieron, como sostiene Carolina, que uno de los jóvenes “lo entregaron mucho tiempo después, el 14 de septiembre. Luego su familia denunció que él no salió del lugar incendiado, pero que ese día en medio de los hechos fue trasladado en una patrulla”. Continúa contando que “las personas cercanas a él han insistido en que fue torturado”. Además, en medio de todo esto, uno de los jóvenes fallecido, como agrega Ordoñez, apareció sin un dedo, mientras que nadie dio razón de esa situación, no aparecía ni en la historia clínica, ni en la epicrisis que él no tuviera un dedo, o que se lo hayan tenido que amputar. A esto se suma, siguiendo lo dicho por Carolina, que otra familia alertó que en el cuerpo de su familiar fue encontrado un artefacto incrustado en su cuerpo, y sobre eso tampoco se ha dicho qué tipo de elemento era, y por qué había resultado allí. Por último, asegura que a la mayoría de jóvenes les encontraron residuos de gasolina en su organismo. Ante todo esto, la pregunta sigue siendo ¿En qué momento la Alcaldía e instituciones de Soacha escucharán, darán explicaciones y tendrán acciones efectivas con estas familias? *** El día de los hechos, como cuenta Viviana, había entre 11 y 15 uniformados. Las personas cercanas a quienes murieron han estado esperando que los policías cuenten qué fue lo que pasó y digan quiénes son los responsables. Pero este caso, como la mayoría en los que hay fuerza pública de por medio, ha estado en un ir y venir. En noviembre de 2021 se conoció que la Fiscalía General había designado una Delegada para la Seguridad Ciudadana, quien se reuniría con la Directora de la Seccional de Cundinamarca para hablar sobre el caso. Para ese momento, según informó El Tiempo, la investigación ya estaba adelantada y todo el material probatorio recaudado. De hecho, vale la pena recordar que parte de esas pruebas, además de los videos que fueron públicos, también está el comunicado de la Policía en donde se afirmaba que: “11 personas que se encontraban privadas de la libertad en ese lugar habrían decidido prender fuego a sus colchonetas y generar con ello una deflagración. Como consecuencia de estos hechos, la totalidad de los presuntos responsables resultaron lesionados con quemaduras de primer y segundo grado". Ahora bien, para ese noviembre, la Fiscalía aseguró que esas evidencias estaban siendo valoradas por peritos y según esas pruebas obtenidas, se determinaron responsabilidades por las muertes de estos ciudadanos y los posibles delitos a imputar. Tras esto, en enero de 2021, se conoció que la Fiscalía había citado a audiencia de imputación de cargos a los patrulleros Aleida del Pilar González y Jorge Suárez, como presuntos responsables del delito de homicidio doloso agravado en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con homicidio doloso agravado tentado. Esto, luego de que el órgano de control recogiera los testimonios de otros policías, quienes habrían indicado que ellos serían los responsables del incendio. En este proceso también involucró a un tercer policía, a quien se identificó como Gabriel Ruiz Moreno. Ninguno de los tres aceptó cargos. En octubre de 2021 la Procuraduría General de la Nación destituyó por 16 años a Gónzalez y Suárez, tras establecer que a pesar de estar en el CAI no actuaron para prevenir que los 9 jóvenes murieran. Puntualmente, habrían “omitido sus funciones de protección (...) La subteniente González Quiroz debió impartir las órdenes o realizar las acciones necesarias y oportunas para preservar la vida e integridad de los detenidos Además, 7 minutos después de haberse iniciado y advertido el fuego, el patrullero Suárez Orduz no había desplegado ninguna acción para abrir la reja, pese a que tenía las llaves en su bolsillo”. A pesar de lo que los entes determinaron, el proceso seguía su curso, y en el pasado mes de enero en la Fiscalía confirmó que los policías implicados debían pagar 480 meses de prisión, y el pasado 02 de marzo, como esperaban las familias, debía determinarse a cuál centro de reclusión iban a ser enviados, y además se estudiarían otras pruebas, pues hasta el momento los uniformados no han aceptado los cargos. Sin embargo, en la última audiencia se estableció que los términos se habían vencido y, asimismo, a los implicados se les removió la medida de aseguramiento y quedaron en libertad. Las familias esperan otra audiencia, la cual ni siquiera tiene fecha definida aún. *** Con todo esto, Viviana Tibaque, expresa, estas acciones “no son de manzanas podridas, son de una institución, ahora lo digo porque lo estoy viviendo. Nosotros vimos cómo más de 10 policías hicieron un cordón humano para que los familiares no pudieran atender a los jóvenes, eso no me lo sacó de la cabeza. Y por eso es que con todo esto yo no me siento reparada, no siento que entre audiencias y fallos a favor de ellos mi dolor sea sanado”. Por su parte, Carolina Ordoñez, reflexiona que “con esto yo he entendido una lucha. Antes no sabía de todos los casos como estos, y al vivirlo, lo que he sentido es que ninguna de las vidas que se han perdido por este tipo de acciones pueden quedar en el olvido y la impunidad”.

Por: Redacción Pares Hoy desde Pares Destaca y Pares Cuestiona recordamos los motivos que llevaron a destacar, positiva y negativamente, en las recientes elecciones a dos candidaturas. La primera es Francia Márquez, quien se convirtió en la tercera persona más votada en las consultas presidenciales el pasado 13 de marzo. Su acogida en las urnas demostró que en el país es cada vez más posible un cambio en la forma de hacer política, un cambio que incluya y levante las banderas de la justicia social, el ambientalismo, la vida digna y el feminismo. Por otro lado, presentamos a otras de las sorpresas en los resultados electorales, pero esta vez para mal, pues en la curul de paz de la circunscripción 12 quedó elegido alguien sobre quien había muchos cuestionamientos: Jorge Tovar, hijo de Jorge 40, quien además de no representar a las víctimas, también ganó este puesto de elección popular en medio de escándalos de posibles irregularidades durante su campaña.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda. De los retos curiosos del pensamiento filosófico, uno de los más singulares e irresolubles es la determinación del cambio en su condición de atributo de los seres y las cosas. Ello se debe a que los filósofos, si bien han comprendido desde el principio que todo cambia, también en su agudeza han observado cómo existen parejas a esa verdad del cambio, las llamadas propiedades, que tienen como característica la inmutabilidad. Me explico: si manipulamos un cuadrado hasta redondearlo, pasará a ser círculo; pero no perderá su esencia de cuadrado pues seguirá conservando lo que los cuadrados y los círculos tienen en común: la propiedad de ser forma. De manera que si el cambio es la evolución de las cosas -modificándolas en una suerte de adaptación o perfeccionamiento- también es cierto que este contiene intrínsecamente la calidad de in-transformable o, para decirlo en el lenguaje de los filósofos: el fenómeno del cambio constituye un predicable, es decir, algo inseparable de la esencia y de la naturaleza de las cosas y los seres. Sin esa base tan estable como inestable no tendrían fundamentos los cambios y no habría movimientos en el universo (imaginémoslo inmovilizado en el ojo del huracán de la inercia). De hecho, la compensación –en su acepción primigenia y no en la jurídica- está soportada sobre esos dos pilares: la estabilidad y el continuo cambio. En correspondencia, no han vacilado los pensadores en aceptar que el cambio, digámoslo con las palabras de un diccionario de filosofía escolar: “es la forma más general del ser y la cualidad más común de todos los objetos y de todos los fenómenos”. El cambio, de primera mano, se refiere al movimiento, pero, sobre todo, y esto es lo más importante para el caso del análisis político, también implica la interacción para lograr pasar de un estado a otro. La interacción, que consiste en las pautas y mecanismos de cooperación entre oponentes para conseguir un beneficio mutuo. La interacción se hace tangible en el discurso político de ida y vuelta (el debate), en el continuo diálogo entre oponentes (los acuerdos de paz), en los concordatos (que son acuerdos políticos entre los Estados y la Iglesia) y se hace tangible en los pactos políticos, que incluyen todas las actuaciones anteriores. Y eso es así porque las leyes del cambio no son rupturas catastróficas, y cuando este ocurre de un modo caótico, siempre es por una suerte de hechos aberrantes como que un gobernante haya empobrecido vitalmente al pueblo que administra, o que esté persiguiendo y asesinando a sus opositores. Hechos que, en la línea evolutiva de la política y de lo social, lamentablemente son bastante recurrentes. Las revoluciones cruentas, por ejemplo, constituyen cambios en cuanto significan pasar de un estado político-social a otro distinto; y son drásticos rompimientos porque no dan espacio para la interacción que, insisto, es un medio de transición armónica entre un estado pasado -lo viejo, digamos el neoliberalismo- y uno que lo remplaza -lo nuevo, digamos el progresismo-. En contravía con la interacción, cuando suceden las revoluciones, que son cambios sociales abruptos, se alteran los lazos entre las distintas fuerzas sociales; pues las revoluciones persiguen cambios fundamentales como la ideología, las creencias, las tradiciones y hasta la tenencia de la tierra. Perder de la noche a la mañana el derecho a creer en el Dios que crees, perder el derecho a hablar el idioma que hablas y perder el derecho a disponer de la tierra que posees -como ya nos pasó con los conquistadores españoles-, a nadie le agrada ni lo aceptaría. La barbarie de la conquista fue tan atroz, que 500 años después si bien no existen razones -ni siquiera irracionales- para culpar a los españoles de hoy, todavía queda, como un tigre dormido, el miedo a que ello vuelva a ocurrir –no una invasión de violentos extranjeros- sino una invasión de nuevas ideas que nos cambien todo. De ahí que los enemigos del cambio político en Colombia, sólo por conservar su exclusivo estado de confort, y con el fin de despertar al tigre dormido, señalan a los promotores del cambio político de ser revolucionarios o, más exactamente, de izquierdistas y comunistas. Palabras que, después de 200 años de inercia bajo gobiernos de derechistas y fascistas, personifican la esperanza del cambio, no importa si bajo los rótulos del progresismo o del ambientalismo, cuyas directrices afortunadamente han tomado distancia de los modelos socialistas ortodoxos. Los temerosos de la realidad evolutiva dicen que los promotores del cambio político en Colombia van a usar a los educadores, y al programa de educación gratuita, para propagar nuevas ideologías y arrasar las que existen. Igual los acusan de querer implantar la doctrina comunista en reemplazo de las religiones existentes; los señalan de pretender liquidar las tradiciones y, peor aún, los culpabilizan de pretender quitarles las tierras a quienes se las quitaron a los campesinos, a las comunidades negras y a los indígenas. Lo cierto es que desde su naturaleza, el cambio social ha de ser un proceso consentido y no un cambio revolucionario abrupto; pues el cambio está prendido a un deseo individual que colma necesidades colectivas: desarrollarse para alcanzar el confort, o mejor, progresar para alcanzar el bienestar común, que es el anhelado objeto del contrato social. En Colombia, para abandonar un estado inscrito en la fe católica (en su artículo 38 de la constitución política de 1886, se afirmaba que la religión católica, apostólica y romana, era la de la nación; y que los poderes públicos la protegerían y harían que fuera respetada como esencial elemento del orden social) y convertirnos en un estado laico -donde caben todas las religiones- no tuvimos la necesidad de encender una guerra santa ni de realizar una revolución social; solo nos bastó un proceso político de arduas confrontaciones ideológicas. En efecto, mientras se llevaba a cabo el ejercicio de los debates políticos, con concordatos y concordatos, fue dándose la concreción del bienestar espiritual, finalmente materializado en la libertad de culto que hoy tenemos consignada -en calidad de derecho fundamental- en la Constitución Política de Colombia de 1991: "Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley". Querámoslo o no, todo cambio social entraña una modificación parcial o total de la estructura básica de un sistema y, especialmente, en el modo de producción económica, en cuanto este determina las relaciones entre personas que -concertando pactos para el cambio - buscan producir bienes para su desarrollo. Ahora, en pleno debate electoral, los colombianos se debaten en el dilema de si es pertinente pasar de un modo de producción ligado a la extracción y explotación de petróleo y gas, a uno que los descuente en favor de la salud del planeta y de sus habitantes; y lo hacen, aunque con trapisondas de quienes sufrirán los cambios, sin posturas revolucionarias. Finalmente, cabe decir que ante la inminencia de un cambio fundamental en la realidad política y económica de los colombianos, no es difícil visualizar que en adelante se moldeará buenamente el espíritu de los asociados, y la moral colectiva dejará atrás la virgen de los sicarios y acogerá la virgen de quienes respetan la vida. Por lento que sea el cambio social que se avecina, sin duda trastocará los valores cívicos y los modelos de comportamiento interpersonal, de manera que pasaremos de un estado de traquetismo a uno de afable decencia. Se acabarán por fin los contratos estatales fundados en el CVY (cómo voy yo) y se implementará la solidaridad social, los contratos estatales que privilegian el CVT (cómo vamos todos). *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea de paz, posconflicto y derechos humanos Durante el gobierno de Iván Duque, los bombardeos han estado en centro del debate debido a las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas en el desarrollo de los mismos; como resultado de algunos de estos, murieron varios menores de edad. Construimos un análisis que aborda la efectividad de esta práctica como ventaja militar y las afectaciones a los derechos humanos de la población menor de edad, como sujeto de especial protección.

Por: Línea Pares Pacífico “Hoy reconocer y definirse políticamente como una mujer negra feminista y antirracista es un reto, pero también es un gran paso que permite que los liderazgos femeninos adopten en sus acciones, posturas que nos respaldan a todas y en los diferentes espacios”. Desde la década de los 90, Buenaventura ha sido una de las zonas del país más impactadas por el conflicto armado interno. Este conflicto gira alrededor de enfrentamientos por el control del territorio, de la industria portuaria, de su posición geográfica y por la presencia de los grupos ilegales. Aunque se ha intentado ejecutar un proceso de paz del 2016, no ha sido lo suficientemente real para garantizar la seguridad en el Distrito y, por ende, la vida en las zonas urbanas y rurales. La gran variedad de situaciones de conflictividad y de exclusión estructural ha obligado a diferentes personajes y líderes de la comunidad a tomar las riendas de la paz, buscar soluciones que el contexto permita realizar y adoptar otras formas de lucha. Uno de esos caminos de resistencia los guía la lideresa social Bibiana Peñaranda, licenciada en Filosofía, especialista en Derechos Humanos, integrante de la Red Mariposa, Alas Nuevas Construyendo Futuro, con la que recibió en 2014 el Premio Nansen para los Refugiados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), e integrante de la Fundación Akina, organizaciones sociales que aportan a la construcción social desde un enfoque étnico y desde el trabajo con mujeres. Además, en el 2017 recibió el reconocimiento «Mujeres que Crean» de manos del Consejo Distrital de Buenaventura. ¿Cómo inició su liderazgo? Siendo muy niña tuvo su primer acercamiento con el trabajo social comunitario que la motivó a trabajar desde la raíz y que la encaminó durante toda su vida a luchar por los derechos humanos. “En varias ocasiones y durante mi estadía en la capital del país, me encontré con personas mestizas que me decían: Maria Jesú. Cuando esto sucedía, yo aclaraba a la persona que decía la palabra, que ese no era mi nombre y él o ella solo sonreía. Hasta que un buen día, alguien me explicó que así se les decía a las mujeres que venían del Chocó y que se dedicaban al oficio de trabajos domésticos. Ese día comprendí que mi liderazgo debía estar a favor de las mujeres, de las mujeres negras, indígenas y las que se habían construido en esta sociedad como mujeres porque tenían mucho camino por recorrer en contra del racismo y en contra de todo aquello que nos doblega más por nuestra condición de mujeres negras, mujeres pobres y de mujeres que viven o son de estos territorios excluidos por la estructura de gobierno blanco de este país”, señala Bibiana. ¿Por qué es importante el trabajo desde y con el territorio? La Red de Mujeres y la Fundación Akina acompañan a niñas, jóvenes y mujeres adultas que se encuentran en medio del conflicto y desde los diferentes procesos de autoconocimiento, aceptación, reconocimiento de la labor que realizan para sus comunidades, implementación de ruta de atención para atender los temas relacionados con las violencias de género y desde la generación de conocimientos para la protección de sus familias. “En el pacífico todos somos víctimas del conflicto armado de manera directa o indirecta, yo por lo menos he sido víctima de algunas amenazas en contra de mi persona y a lo largo de mi vida, he visto a mis familiares siendo atacados de diversas formas del conflicto, pero en la Red y en Akina lo que hacemos es apoyar desde un círculo sanador de escucha y de orientación emocional, física y espiritual a quien lo permita. Además, nos centramos en la mujer porque tenemos muy claro que en nuestros espacios y por fuera de estos, son estas las que llevan las peores batallas de toda su familia y tenemos claro que desde el comadreo, la compañía es de mayor impacto y que desde ahí se puede dirigir a todo el círculo que rodea a la mujer que es acompañada”, afirma. ¿Por qué seguir liderando? El trabajo que Bibiana y el resto de sus compañeras han realizado, con más de 2.000 familias, les ha dejado experiencias enriquecedoras que la motivan a continuar a pesar del asesinato sistemático de líderes sociales. “Yo tengo un propósito de vida, y en ese propósito me llamaron a ser parte del cambio, no me llamaron para que me quedara en una banca mirando lo que pasaba. Por eso, voy a trabajar en lo social, hasta donde pueda. Las transformaciones ya iniciaron, yo las estoy mirando. Hoy reconocer y definirse políticamente como una mujer negra feminista y antirracista es un reto, pero también es un gran paso que permite que los liderazgos femeninos adopten en sus acciones, posturas que nos respaldan a todas y en los diferentes espacios. Sin olvidar, que es importante reconocer que el conflicto nos afecta a todos y a todas y que las luchas de las mujeres no son una cosa aparte, son una cosa de todos y todas porque las mujeres no viven en el aire, ellas hacen parte de la familia y de las relaciones en la comunidad”. finalizó.

Por: Laura Cano Periodista Pares Esta semana la atención ha estado volcada a los resultados electorales y los análisis que esto ha dejado. Sin embargo, y a pesar de la importancia de lo anterior, es necesario seguir los hechos de violencia en las regiones del país, pues en medio de la movida electoral, muchas zonas siguen en un constante escenario de vulneración de derechos humanos. Una de estas es el Cauca, donde en los últimos días se han registrado asesinatos a líderes sociales, como el caso de Miller Correa, líder indígena, quien fue hallado sin vida en El Tambo, y el hecho en el que la víctima fue Federico Torres, exalcalde de López de Micay. A esto se ha sumado otro tema, que no es nuevo, pero que sí sigue llamando la atención sobre la urgencia de establecer medidas integrales para la protección de todas las personas en el Cauca, especialmente de los menores de edad: el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. En los últimos días se han presentado varias denuncias sobre menores que han sido reclutados por parte de grupos armados en este departamento. Uno de los hechos se presentó en inmediaciones de una institución educativa del corregimiento de El Palo de Caloto, Cauca, por hombres armados, al parecer pertenecientes al frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc. En este hecho cuatro menores indígenas y campesinos fueron reclutados por el grupo armado. Hay que señalar que dos de estos menores fueron rescatados por la guardia indígena, quienes luego de la denuncia llevaron a cabo acciones al respecto. “Esta acción de recuperación se dio en el casco urbano del municipio de El Tambo, en el centro del departamento. Además del rescate de los dos menores, se logró la captura de una persona mayor edad, presunto responsable de estos hechos. Lamentablemente sobre el resto de niños no hay mayor información”, confirmó a través del diario El País el Tejido de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN. Por otra parte, hubo un segundo caso, en el que dos niños fueron reclutados en la vía a San Pedro del municipio de Caloto, cuando se dirigían a la Institución Educativa “Las Aves”. Tanto de ellos como de los otros dos menores que no lograron ser rescatados, hasta el momento no se tiene información. Sobre estos hechos, desde la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) se envió un comunicado en el que expresan que: “los centros de aprendizaje deben ser respetados por todos los actores armados en confrontación, al ser entendidos como espacios seguros que promueven los valores culturales, las construcciones sociales y la exploración de otras maneras de ser, creer, transformar y construir, libres de abusos y violencias”. En relación con estos casos también fue alertado que el grupo armado estaba recurriendo a estas prácticas para fortalecer al Comando Coordinador de Occidente, estructura de la que hacen parte, para así fortalecer sus filas, y por ejemplo, robustecer al frente Carlos Patiño, también parte del CCO, grupo que actualmente sostiene confrontaciones en zona rural del municipio de Argelia con el Eln y la Segunda Marquetalia. Estos enfrentamientos han mantenido a la comunidad bajo la ley del terror, pues estos han sido constantes, y la respuesta del gobierno hasta el momento ha sido ineficaz. De hecho, durante varios días se han registrado combates entre los grupos armados al margen de la ley en el corregimiento de Santa Clara, en Argelia. Por otro lado, hace exactamente un año, el pasado 16 de marzo de 2021, desde la Defensoría del Pueblo se emitió la alerta temprana 007-21, la cual se enfocó en la zona rural del municipio de Caloto, específicamente en los sectores de El Palo, El Vergel, El Pedregal, La Cuchilla, El Placer, Venadillo y en las comunidades indígenas Nasa de los Resguardos de Huellas, López Adentro y Toez. Zonas que, además, han sido noticia por sus hechos de violencia, y más recientemente en el resguardo Huellas y la vereda El Palo, en donde se reportó uno de los casos recientes de reclutamiento. En el documento se específica el riesgo que corren niños, niñas y adolescentes de ser reclutados, esto bajo el contexto del control territorial que ha logrado la Columna Móvil Dagoberto Ramos, afectando, principalmente, a las comunidades ubicadas en el municipio anteriormente nombrado. Según lo informado por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), en una entrevista hecha por Pares, en el 2021, al menos, 272 menores de edad de comunidades indígenas fueron reclutados. Por otra parte, según los registros de la COALICO, en el último semestre de 2021, el Cauca fue una de las zonas con los mayores índices de esta afectación, junto con Arauca y Norte de Santander; panorama que también se repitió en el primer semestre del mismo año. Desde Pares hablamos con una fuente en el Cauca, con quien profundizamos sobre la situación de la población de menores de edad en el departamento. Por la situación de seguridad que se vive actualmente protegemos su identidad. Pares: ¿Cuál es la dinámica de reclutamiento de menores en el Cauca? Esta es una práctica que se da en el departamento de manera histórica, que ha sido recurrente, y que además, luego de la firma del Acuerdo de Paz y con la aparición de nuevos grupos armados, de nuevo esta práctica ha aparecido y se ha venido incrementando. En el 2021, según la ACIN hubo 272 reclutamientos, de esos el 87% fueron mujeres. Esas cifras son alarmantes, son muy altas. Adicionalmente, usualmente estos hechos no son denunciados ante las instituciones, ni son divulgados ampliamente, por lo que ese número puede ser mucho más alto. Pares: ¿Cómo el reclutamiento supone una forma de control del territorio? Es importante entender que cuando hablamos de control territorial se supone que un grupo armado ha logrado incidir de manera directa sobre ámbitos sociales, políticos y económicos de una población. En ese sentido, hay que señalar que en el Cauca hay presencia de diferentes actores armados ilegales, que en varias zonas del departamento se encuentran en disputa por el control territorial, mientras que en otras ya han logrado imponerse. Ese es el caso del norte del Cauca, donde el Comando Coordinador de Occidente, específicamente la Columna móvil Dagoberto Ramos y la Jaime Martínez han logrado el control territorial en varias zonas de esta subregión. En ese sentido, ese ejercicio les ha permitido ejercer una serie de dinámicas territoriales de control social, entre ellas está el reclutamiento de menores de edad, el cual no es una cotidianidad, pero sí una práctica usual, regular y recurrente, que, en esa medida, ha generado que se utilicen los menores de edad dentro de sus estructuras armadas. Pares: ¿Hay algún registro sobre cuál es el grupo que más está acudiendo a estas prácticas? No hay un registro oficial sobre cuál grupo es el que está ejerciendo estas incorporaciones de menores de edad a través de reclutamientos forzados. La Unidad de Víctimas registró un total de 42 reclutamientos forzados en el Cauca. Sin embargo, esto se contradice con el seguimiento de la ACIN, que habla de 272 menores de edad. Lo que sí hay que señalar, es que en esta zona hay unos actores armados hegemónicos que tienen el control territorial: la columna Móvil Dagoberto Ramos y Jaime Martinez, mencionadas anteriormente, las cuales han sido señaladas de ser las responsables de estos hechos. Pares: El frente Dagoberto Ramos fue el responsable del reclutamiento de los seis menores, ¿cuáles son las dinámicas de estos grupos? Hay que decir que la Dagoberto Ramos sufrió un golpe muy fuerte con la baja de Alias “Jhonier”, quien era el comandante del Comando Coordinador de Occidente (CCO), quien también tenía el mando de esta columna móvil, la cual se encuentra en constantes enfrentamientos con el Ejército, que ha terminado en combates, atentados, hostigamientos, acciones que son recurrentes por parte de esta estructura. Además, se les relaciona mucho con el cultivo de marihuana. Vale la pena resaltar que este grupo se encuentra en crecimiento, expansión y ganando más control territorial que tienen la capacidad de mantener combates con otros grupos, principalmente con el Ejército. Pares: ¿En qué zonas del Cauca han sido más constantes estas prácticas de reclutamiento? Según los registros de la Unidad de Víctimas, en municipios como Argelia, Caldono, Páez, Toribío y Santander de Quilichao, son las zonas donde más se presentan mayores casos de reclutamiento a menores de edad. Sin embargo, también teniendo en cuenta los registros proyectados por la ACIN; el Norte del Cauca sería donde hay mayor número de vinculación de menores a grupos armados ilegales, en este caso al Comando Coordinador de Occidente. Pares: Se informó que dos jóvenes habían sido rescatados por la guardia indígena, ¿se sabe algo de los otros cuatro? Los otros menores de edad no han sido encontrados. Se estima que estos menores fueron llevados hasta Argelia, donde se vincularían al otro grupo que hace parte del CCO: el frente Carlos Patiño, el cual en este momento está librando una guerra contra el ELN, la Segunda Marquetalia y el Ejército. Esta vinculación de menores es un apoyo entre estructuras armadas, pues se fortalecen en la zona donde mayor número de enfrentamientos hay, y donde el Frente Carlos Patiño necesita de mayor capacidad de fuerza. Pares: ¿Qué otras afectaciones puntuales de la violencia están afectando a los niños, niñas y adolescentes en el Cauca? ¿Hay garantías para los NNA en el Cauca, especialmente para los menores indígenas? Sí, hay que resaltar que son principalmente las comunidades indígenas las más afectadas por este fenómeno, más exactamente las que se ubican en el norte del Cauca. Con los números tan altos que hay de reclutamiento se puede decir que no hay garantías para los NNA, debido a que se encuentran constantemente inmersos en un contexto de violencia, en donde hay un presencia diferenciada del Estado, que no logra incidir en la solución efectiva de diferentes problemáticas que se viven en la zona a raíz de la diversa presencia de actores armados ilegales. Es una situación compleja y desalentadora, pues es una dinámica de la guerra que se encuentra en aumento, que no solo afecta a las familias de estos niños, sino al tejido de las organizaciones sociales y a las comunidades que viven este fenómeno.

Por: Laura Cano Periodista Pares Ya se conoce como quedará conformado el Congreso desde el próximo 20 de julio. Caras nuevas, otras ya conocidas, y unas que sorprenden. Dentro de esas que sorprenden están quienes ganaron una curul sin tener mucha experiencia en el mundo político, pero sí en el de las relaciones públicas, las redes sociales y el entretenimiento. Desde Pares presentamos el top 03 de nuevos congresistas que saltaron de las pantallas digitales y de la televisión al Senado y la Cámara de Representantes. 1. Jonathan Ferney Pulido Hernández - Jota Pe Hernández La gran sorpresa dentro del partido Alianza Verde fue Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández. Él se convirtió en uno de los candidatos al Senado más votados, y en el más votado en su partido, logrando 189.291 votos, por encima de Humberto de la Calle, quien alcanzó 187.307; Ariel Ávila que obtuvo 97.470; y Angelica Lozano, que llegó a los 84.064 votos. Cuando la Registraduría empezó a dar los resultados con la mayor cantidad de mesas informadas, muchos se preguntaron: ¿Quién es Jonathan Ferney Pulido Hernández? Pues bien, este candidato que muchos escuchan hasta ahora, es conocido por tener un programa en YouTube en el que habla de diferentes hechos que pasan en Colombia, de hecho en su página se presenta como un “creador de contenido digital político', reconocido por Google con la placa de oro. Activista y líder político en redes sociales". Actualmente, en Instagram tiene 78 mil seguidores, en YouTube 1.17 millones de suscriptores y en Facebook 797 mil personas siguen su página. Seguramente, varias de estas personas que conocían su trabajo en redes sociales fueron las que finalmente dieron su voto por el candidato. Vale la pena traer a colación que en total hubo 7 departamentos donde él obtuvo las mayores votaciones dentro de su partido: Casanare (1.372), Hula (5.704), Putumayo (2.286), Risaralda (5.399), Santander (42.843), Tolima (4.220) y Valle del Cauca (26.717). Los principales temas de sus videos tienen que ver con la crítica al gobierno de Iván Duque, al uribismo, asimismo, resalta su enfoque respecto a la corrupción en el país, tema que además fue el central en su campaña que lo llevó al Senado. Por otra parte, se conoce que es oriundo de la ciudad de Bucaramanga (aunque actualmente reside en Bogotá), justamente en la capital de Santander entrevistó en septiembre de 2021, al hoy candidato presidencial, Rodolfo Hernández. Otro punto que llama la atención es que de los pocos datos que se conocen sobre su vida, resalta que ha sido cantante y predicador cristiano. Por otra parte, se destaca que sus contenidos tienen un claro tinte periodístico, lo que además se puede explicar con el interés que tuvo el congresista con estudiar comunicación social y periodismo. Esteban Salazar, coordinador de la línea de Democracia y Gobernabilidad, analiza que: “Para el caso de Jota Pe Hernández existen 2 visiones: por un lado, la de los influencers que utilizan sus plataformas como vitrina política. Y, por otro lado, la de los partidos como fábricas de avales. En el primer caso, el Youtuber demuestra que cualquier persona con buen uso de redes puede posicionarse para cargos públicos, a partir de la indignación y la viralización de sus contenidos, sin ninguna preparación política”. Continúa diciendo Salazar, “Pero, en el segundo caso, queda la incógnita de por qué en su primera aspiración el partido Verde lo avaló a un cargo tan importante como es el Senado. Y más todavía con una votación tan alta. Esto teniendo en cuenta que, al no ser un cuadro político o un militante del Verde, al parecer, podría ser una rueda suelta que no se acoja a las decisiones de partido o de bancada. Se sabe que habría contado con el apoyo del diputado santandereano Ferley Sierra, quien sí tiene agenda propia y respondería a los intereses del copresidente del partido Verde Carlos Ramón González. De hecho, Sierra manifestó que de Jota Pe obtener una votación alta, sería candidato a la gobernación de Santander”. 2. Miguel Polo Polo Otra de las sorpresas fue Miguel Polo Polo quien era candidato para la curul afro en la Cámara de Representantes, en la cual salió elegido bajo la lista cerrada del Consejo Fernando Rios Hidalgo. Sobre este nuevo congresista hay varias cosas que decir. Se hizo famoso por su cercanía con el Partido Centro Democrático, especialmente con la, también elegida, senadora María Fernanda Cabal, con quien ostenta a través de redes sociales una cercana relación, tanto con ella como con su hijo. Miguel Polo Polo no ha tenido mucho recorrido político más allá de sus “amistades” con importantes caras de la derecha, sus banderas del uribismo que bien ha sabido defender a través de Twitter e Instagram, y un intento que tuvo para ser alcalde de Tolú, su ciudad natal, del cual no salió exitoso, pues no solo no ganó el puesto, sino que su aspiración lo llevó a renunciar a su militancia en el Centro Democrático. Polo Polo es un fiel defensor de los ideales cristianos y de derecha, fue una de las voces que más sonaron en oposición a la despenalización del aborto, y varias veces han sido replicadas sus críticas hacia la izquierda, valiendose de argumentos como el castrochavismo y la necesidad de no permitir que el comunismo llegue a Colombia, en sus palabras. No obstante, no solo en esto está la crítica a Polo Polo, pues particularmente llega a una curul importante para las comunidades negras, las cuales viven diferentes desigualdades de raza, que parecieran olvidadas por el congresista, quien dice que va a legislar para todos los colombianos, y que el Estado no tienen ninguna deuda con las y los afrocolombianos, y además, que todo aquel que se reconozca como afro es afro. Dejando de lado, por ejemplo, que en las regiones donde el conflicto se ha acentuado hay una particular victimización contra comunidades negras e indígenas. “La acción violenta de grupos armados no estatales y organizaciones criminales afecta proyectos de vida individuales y colectivos, impactando desproporcionadamente a pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas”, informaba recientemente la ONU. Asimismo, es defensor de la Fuerza Pública, incluso cuando han salido noticias y alertas sobre el uso indiscriminado de uniformados ha sido de los primeros en enmarcar la acción de policías, militares y ESMAD, cuando es este otro de los actores que históricamente han tenido acciones de racismo y intimidación en contra de comunidades negras. También ha sido una voz a favor de la llamada ‘legítima defensa’, en contra de la movilización social, pero eso sí, ha alzado su voz para decir que se debe tener mano dura con lo que él llama ‘vándalos’, e incluso ha llegado a ridiculizar a quienes han hecho parte de protestas sociales. Ahora bien, una vez ganó su curul varias han sido las preguntas, pues no se sabe a ciencia cierta cuál ha sido su trabajo por las comunidades afro del país, más allá de nombrar que les ha ayudado con conexiones con el Gobierno. Tampoco se conoce cuál es el trabajo del consejo que lo avaló, el cual, vale la pena señalar, es la primera vez que tiene un candidato para esta curul. A pesar de lo anterior, y aunque se ha dicho que Polo Polo no cumplía con los requisitos para ocupar la curul, esto ha quedado desmentido pues la Ley 649 de 2001, la cual establece los requisitos para los candidatos que aspiran a circunscripciones nacionales especiales (comunidades negras, comunidades indígenas, minorías políticas y colombianos residentes en el exterior), plantea como único requisito que: “Quienes aspiren a ser candidatos de las comunidades negras para ser elegidos a la Cámara de Representantes por esta circunscripción especial, deberán ser miembros de la respectiva comunidad y avalados previamente por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior”, requisito que Polo Polo cumple. Por otra parte, vale la pena recordar que el Consejo Fernando Rios Hidalgo y su lista cerrada, encabezada por Polo Polo, obtuvo 35.253 votos. Un número que también ha estado bajo la lupa, pues el movimiento Palenque de la vereda Las Trescientas del municipio de Galapa logró 62.329, con la diferencia que su lista fue abierta y los votos estuvieron divididos en los candidatos Ana Rogelia Monsalve (26.263), Edison Enrique Massa (21.114), Pedro Adán Torres (8.973) y solo por la lista (5.979). Adicionalmente, en el tercer puesto quedó el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra Limones, en el cual la cabeza de lista es Lina del Pilar Martínez García, heredera de la estructura de parapolítica de su padre, Juan Carlos Martínez Sinisterra, condenado por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica, específicamente por sus nexos con el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Además, el diario Criterio denunció que la candidatura de Martínez García estuvo bajo el manto de su padre. "Basta revisar el archivo fotográfico y las alianzas de esta campaña para concluir que su hija se está apoyando en la misma estructura política que el padre tenía en otrora y la cual mantuvo pese a que estuvo en prisión. Solo por citar un caso concreto de los muchos que existen. En Cartago (Valle), el jefe de debate de Lina Martínez es Rigo Alexánder Vega, un joven político de ese municipio que fue concejal y diputado, siempre bajo el amparo y padrinazgo del Negro Martínez", señalan. Ahora bien, nombramos esto, porque muy seguramente la curul será peleada por Martinez García, pues su movimiento, que se fue por la lista cerrada, obtuvo 34.308, es decir, en comparación con los votos que llevaron a Polo Polo a ganar, solo hay 945 votos de diferencia, por lo que es muy probable que desde el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra Limones se exijan verificación de votos. En ese caso, igual la curul afrocolombiana seguiría en riesgo, pues Martínez García ha sido una de las candidatas cuestionadas, situación que anteriormente ha sido alertada por Pares. Sobre la elección de Polo Polo, Esteban Salazar agrega que: “lo de Polo Polo pareciera ser el caso más preocupante de influencers en política y más cuando se trata de una persona acostumbrada a darse a conocer por compartir noticias falsas y crear polémicas. El joven que con el apoyo de Cabal ha logrado escalar en los medios, ha sido producto del show mediático que se nutre del amarillismo y que hizo famoso a una persona que hoy no representa fielmente las comunidades afro. Él mismo en sus primeras declaraciones ha manifestado que para ser afro cualquier persona puede determinarse de esta manera, desconociendo las agendas, las luchas y los procesos de comunidades que de ninguna manera va a llegar a representar en el Congreso. Pareciera más un aliado del uribismo y del Centro Democrático que les suma una curul a ellos y no a las comunidades afro que dice representar”. 3. Agmeth Escaf Llegó a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico a través de los 2.549.276 que consiguió su partido, el cual se fue a través de lista cerrada. Su bandera en sus propuestas de campaña fue acabar los contratos de prestación de servicio, y asimismo defender los derechos laborales. Escaf fue otro de los candidatos elegidos que poco ha sonado en el mundo político, de hecho su fama ha sido por su participación como presentador en programas de la televisión nacional, y últimamente regional, a través de Telecafé. De hecho, su candidatura se dio para representar al Atlántico. Hay que recordar que en el 2012 Escaf abrió un capítulo legal con Caracol Televisión, donde trabajó por varios años, pues el presentador denunció vulneraciones por parte del canal, el cual, a pesar de tener un contrato de prestación de servicios, le hacía cumplir un horario, y además, excedia sus funciones. “En 2014 y 2015 Agmeth Escaf ganó en las dos primeras instancias y en 2019 se dio la tercera y definitiva decisión. La Corte Suprema de Justicia determinó que el canal Caracol sí utilizó un contrato de prestación de servicios para esconder la existencia de un contrato laboral real. Caracol perdió y tenía que pagarle al presentador una suma cercana a los dos mil millones de pesos”, informó Las2Orillas. Por otra parte, Esteban Salzar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad, asevera que: “En cuanto al caso de Agmeth Escaf, este tal vez no tenga más mérito que Jota Pe de llegar al Congreso que solamente el mismo derecho constitucional de poder aspirar a un cargo de elección popular. Sin embargo, Escaf es evidente que no ha tenido una agenda política o trayectoria, sino que solamente fue la cara de poner del Pacto Histórico para arañarle una de las curules a los Char en su propia tierra. Escaf, más allá del performance que pueda hacer, al interior de su colectividad ha generado rechazo porque es solamente una figura pública sin agenda propia”.

Por: Guillermo Segovia Politólogo, abogado y periodista En un país donde las fuerzas alternativas han padecido desde siempre los rigores de un sistema político y un establecimiento excluyentes, hasta el extremo del exterminio cuando sus controles han sido rebasados por opciones populares electorales o la movilización social, la votación y lo logrado por el Pacto Histórico en la consulta interna presidencial y en escaños en el Congreso de la República constituye una inflexión en la historia política. Por primera vez una convergencia progresista logra votaciones mayoritarias para Senado (16 a 19 curules), Cámara (35 o más representantes), la postulación de su candidato presidencial, Gustavo Petro, con la mayor votación de las consultas (casi 4.5 millones de votos) y la obtención por Francia Márquez, otra de las opciones del Pacto, de la tercera votación general (casi 800 mil votos), consolidando el posicionamiento de una líder afrodescendiente en el panorama nacional. Al contrario de la prensa y los observadores internacionales, los grandes medios, los analistas proclives al establecimiento y los adversarios políticos del Pacto y de Petro, con los resultados de la jornada electoral aun frescos, en un intento por negar lo evidente, centraron sus análisis en minimizar el hecho: no alcanzan ni al 20% en las cámaras, están lejos del 86/50 -fórmula agitacional de la cabeza de lista al Senado, Gustavo Bolívar-, fue inferior a las consultas y a la primera vuelta de las presidenciales de hace 4 años, y muchas otras explicaciones amañadas que a pocos convencen. “El País” de España, lejano a la línea política del Pacto, no se midió para valorar. “Arrasador triunfo de la izquierda en Colombia”. A la par con el intento de torcer la realidad de los números -que con los días además se demuestra fueron afectados por actos fraudulentos-, se puso en marcha una estrategia de “igualación” que venía andando debido a lo que se presentía: reducir las consultas a un resultado puntual y desligarlas del curso hacia la elección presidencial de tal forma que las contundentes cifras de Petro frente a Federico Gutiérrez, electo candidato de la coalición de “centro derecha” , y en la sombra de Uribe y parte de su partido Centro Democrático, se pusieran en cero para reducir o aumentar el efecto emocional, según el lado. “Ahora si comienza la campaña”, simulan preocupados políticos partidarios y comentaristas afines. Los resultados de Petro se corresponden con el favoritismo sostenido desde hace meses en las encuestas, las masivas manifestaciones a lo largo y ancho del país y sus siempre contundentes comparecencias ante los medios. La estrategia de aglutinar a los sectores de izquierda y progresistas de otras tendencias políticas en el Pacto Histórico está demostrando su efectividad, no obstante que un triunfo en primera vuelta, o en defecto en la segunda, requiere ampliar el espectro de votantes hacia un frente amplio al que se pueda llegar sobre la base de acuerdos que apoyen y precisen un paquete reformista que atienda los principales reclamos de cambio existentes en el país. Propósito al que apuntarán la designación de la fórmula vicepresidencial, los mínimos programáticos y la participación en un posible gobierno. Lo que ha dejado claro Petro es que de obtener la presidencia hará un gobierno reformista: “para qué participamos en elecciones sino es para cambiar las cosas”. En ese sentido, entendiendo que la situación pensional de la mayor parte de los colombianos es un asunto crítico, con lo riesgos que acarreaba meterse en un debate público y en asunto tan complejo un día después de las elecciones, aprovechó el escenario para plantear líneas gruesas de su propuesta en la materia y, como debió preverlo, puso al país a estudiar y debatir, incluido su más seguro rival en segunda vuelta, Federico Gutiérrez, que se notó sorprendido y sin respuesta. La polémica decantará los términos de la reforma pero a diferencia de los medios, administradoras de fondos pensionales y gobierno, la expectativa de millones de personas por obtener una pensión se traducirá en preferencias electorales y compromiso de gobierno. Una convergencia (frente amplio) como la que intenta Petro incidiría en la posibilidad de contar con un apoyo parlamentario que le de gobernabilidad y viabilidad a las reformas pensional, tributaria, renta básica, salud, cambio climático, hidrocarburos y transición energética, entre otras. Las más afines en esa perspectiva son la mayoría de las organizaciones participantes en la Alianza Verde Centro Esperanza a la que su disminuido resultado en la consulta interna presidencial, aunque decoroso en las legislativas, pareciera no permitirle chance entre dos sectores definidos y en avanzada como son el progresista del Pacto y la derecha (Conservadores, CD, Cambio Radical, La U) que mayoritariamente acompañarán a Gutiérrez. También un importante sector del Partido Liberal en manos de César Gaviria que se encuentra en la disyuntiva de repetir con Pastrana y Uribe la foto de apoyo a Duque o resarcirse en algo de los estragos de la apertura económica. A reafirmar el guarismo logrado por el Pacto Histórico, concretar apoyos en los sectores señalados, e incluso otros más allá del centro, y despertar el interés y votación de indecisos, que no se manifestaron en las consultas, y abstencionistas (más del 50% del censo electoral) estarán dirigidos los esfuerzos del candidato de esa coalición. Un dato a tener en cuenta de algunas encuestas, es que tanto en estratos medios y altos como en grupos políticos que le son adversos, Petro obtiene votos, en algunos casos, significativos. Ya no calan los “cocos” del uribismo y se abre paso un relevo político. Mientras a Federico Gutiérrez le toca tratar de disimular el respaldo uribista y duquista, en medio del desprestigio de ambos, Petro tiene la ventaja del descontento y las ansias de cambio a su favor. El poder mediático, empresarial y político de extrema derecha intentará “parar a Petro” -como dicen. Preocupantes en tal sentido las denuncias de fraude en los comicios del domingo pasado y la poca credibilidad pública en el registrador, las causas judiciales iniciadas con argumentos endebles contra los gastos de campaña del Pacto y, en especial, que una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, conocida por su parcialidad, haya logrado que “El pollo” Rodríguez -exmilitar desafecto del régimen de Chávez que acusa al candidato de haber recibido plata de Venezuela- declare ante esa corporación el 26 de abril a escaso mes de la primera vuelta presidencial. El gobierno, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral deben honrar su función de garantes de la transparencia, la soberanía del votante y la legitimidad democrática. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Walter Aldana Político social alternativo Toda suerte de análisis, proyecciones y cábalas electorales se hacen con los resultados de la jornada del domingo 13 de marzo a nivel nacional y con más pasión en las regiones, como es el caso del Cauca. En relación a la consulta para elegir candidato presidencial, los resultados son claros: la Coalición de la Esperanza, con 2.286.473 votos, deja como su representante a Sergio Fajardo; el Equipo Colombia, con 4.142.937, a Federico Gutiérrez y el Pacto Histórico, con 5.806.278, a Gustavo Petro. Pero, es importante resaltar con qué porcentaje de esta votación es electo cada uno en su coalición: Federico el 54.18%, Sergio 33.49% y Petro el 80.51%. Ello dibuja el nivel de aceptación del mencionado candidato, en el caso de Petro; casi dobla su favoritismo con relación a la consulta del 2018. En nuestro Cauca, departamento de contrastes, se eligen 2 representantes a la cámara territorial (Bastidas y Pete) con el discurso del cambio, la renovación de liderazgos, un programa conectado con los ejes nacionales de campaña del Pacto Histórico; y otros dos parlamentarios (Campo y Gómez) señalados de ser la representación de la vieja política a derrotar, representada en el derroche de dinero y las promesas de placas huellas. Merece capítulo aparte el Sr. César Cristian, preso durante su mandato de alcalde, por celebración indebida de contratos y separado del cargo por participación en política, pero claro, intervención no con propuestas de desarrollo, si no según la justicia con la utilización del erario a favor de una candidata a la alcaldía. "Dime con quién andas y te diré quién eres" reza el viejo adagio popular, aplicable hoy al "representante" César Cristian quien tuvo un aliado, se trata del conocido Senador Mario Castaño, llamado por la honorable Corte Suprema de Justicia al ser acusado de ser el jefe de una banda de delincuentes que desfalcan los presupuestos (en este caso del departamento del Chocó) e intervendría, listado en mano, en la gestión ante las entidades públicas encargadas de ejecutar presupuestos para la infraestructura regional, yendo sus secuaces departamento por departamento, pactando el 10% de coima. En últimas debemos decir que "renovación", no es cambio de nombres, lo acaecido con estas dos curules de Cambio Radical y el partido Liberal, respectivamente, así lo indica, pues las prácticas para lograrlas no se separaron ni un ápice de las recurrentes manías electorales tradicionales. Algo más de 123 mil votos en el Cauca para cámara territorial, colocan al Pacto Histórico como la fuerza de cambio que los habitantes desean, cuarenta y siete mil de ellos en la ciudad blanca, la capital del departamento. Es un resultado histórico y gigante, un reto del tamaño de nuestros sueños. Mayo espera el resultado para tener presidente en primera vuelta, luego el poder regional, realmente… cambia, ¡poco a poco cambia! *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda. En comunión con el mes de diciembre y con el cierre de las actividades del año, en esta ocasión he reemplazado mis opiniones “coyunturales” con dos opiniones, o mejor, con dos poemas; porque a mi juicio, entre las distintas formas de la creación artística, son los poemas la vía más expedita para opinar sobre la realidad y para decirla con inocultable verdad. Esto es así, porque toda poesía tiene como función vital el ejercicio de la crítica social: la crítica al poder y a los modos y maneras de su tiempo. De tal suerte, sin que estén adscritos al ismo expresionista, los poetas no pueden escaparse de esa postura examinadora; pero, además, como ningún otro opinador (filósofo, sociólogo, historiador…) los poetas tienen la gracia de ejercer esa crítica con recursos de seducción ennoblecedora: con el esplendor de la belleza, si miramos los poemas desde el punto de vista formal, desde su estructura plástica; y con el cuidado de sus pensamientos, si la medimos por la agudeza cognitiva plegada al discurso poético. En una decisión nada baladí, escogí dos poemas cuyos autores –Juan Manuel Roca y Fernando Linero– están fuertemente ligados a mis afectos. Pero lo hice en consideración a que a Juan Manuel le fue entregado este año el Premio “Vida y Obra 2021”, que otorga la Secretaría de Cultura, Recreación y Turismo de Bogotá; y a mi hermano Fernando, el Premio Tayrona a la Excelencia que da la Fundación Cultural Kashindukua a celebridades del arte y la cultura en el departamento del Magdalena y en la región Caribe. Y los escogí, desde luego, porque son buenos poetas. Ambos representan momentos distintos de la reciente historia literaria nuestra, y ambos son representantes indiscutibles de sus momentos generacionales. De Juan Manuel Roca he dicho, en diversos espacios de la cultura y del arte y lo he escrito en distintas publicaciones, que es el poeta colombiano más importante del siglo XX y de lo que va de este siglo XXI. Y he dicho que ello se debe no a los reconocimientos locales, que los ha recibido todos, sino por el efecto que sus textos han producido en el resto de países de habla hispana. No hay ningún otro poeta colombiano que -ni siquiera usando las argucias de la diplomacia o del timo político- haya sido leído con tanto interés en los demás países de habla española. Juan Manuel, a propósito de opiniones y quizás por ejercer un anarquismo “sin proclamas ni manifiestos”, hace de sus versiones poéticas de la realidad, precisos y críticos retratos de nuestra época. En el caso de Fernando, sus textos condicionan la mirada a un espacio donde la función social del poema descuentan esas posturas expresamente críticas y las reemplaza por otras –también de claro corte expresionista- dadas al pesimismo existencial; pero, no a cualquier pesimismo, sino a uno domado por las ganas de vivir y por la capacidad de subvertir desde las sutilezas de la palabra. Los poemas de Fernando convierten extrañamente lo triste en nostálgicas venturas; y los de Juan Manuel -fieles a una postura crítica que no da treguas, y haciendo uso de su maestría en la construcción de imágenes de alta poesía- desplazan la inercia y posesionan lo ingrávido. Sus poemas lo expresan mejor: LOS NIÑOS DE ACRACIA Juan Manuel Roca (Medellín, 1946) Los niños son anarquistas que huyen del presidio escolar cuando suena la campana. Los adultos lo advierten y entre tibias caricias deciden enjaularlos en corrales de nácar. Los he visto irrumpir en el velorio de la abuela, ruidosos y acezantes tras aros de hielo y caballos de madera. Los niños son anarquistas sin proclamas ni manifiestos, fundadores de pueblos y amigos imaginarios. Si se fija bien, maestro, antes que Artaud y otros impacientes borraron linderos entre el sueño y la vigilia. Si se fija bien, prefecto, antes que Carroll ellos visitaron otro lado del espejo. Si se fija bien, alarife, los niños anarquistas pintan una escalera, suben por ella a tropezones y una vez arriba borran uno tras otro los peldaños. Si se fija bien, palafrenero, son desbocados jinetes sin caballo. EL PANADERO Y YO Fernando Linero (Santa Marta, 1957) Lo mío es tan importante como lo del panadero que tiene el sagrado compromiso de elaborar el primer alimento del día. Lo que yo produzco es tan real, tan nutricio, como un pan. Lo del panadero es tan importante como lo mío. Hacer un pan no es menos misterioso que hacer un poema. Cada día tiene para su pan de cada día una fórmula distinta que el panadero debe descubrir en el color del alba. Lo mío es tan importante como lo del panadero, tan nutricio, tan real. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Nataly Triana, asistente de investigación, y Laura Cano, periodista. El 13 de marzo fueron electos las y los 16 representantes de las comunidades de víctimas de las subregiones priorizadas por el Acuerdo de Paz para los periodos 2022-2026 y 2026-2030. Entre los ganadores se observa que las mujeres solamente obtuvieron 3 escaños de los 16 disponibles, así mismo que el tipo de organización que mayormente avaló candidatos fueron organizaciones sociales y organizaciones de víctimas. En relación a las comunidades étnicas, solamente 3 consejos comunitarios lograron que sus candidaturas fueran elegidas. Desde Pares les contamos quiénes son estas personas que llegarán al Congreso a representar a las víctimas y a sus comunidades. 1. Juan Pablo Salazar Rivera - Alto patía - Norte del Cauca (Circunscripción 1) Fue el candidato avalado por la Asociación Agropecuaria y Campesina de Agua Bonita, Suárez (Asoitec). Su elección se dio con más de 9.300 votos, Salazar fue uno de los autores de una tutela para detener la erradicación forzosa de cultivos ilícitos en los municipios de Caloto, Cajibío y Piamonte, ubicados en el departamento del Cauca. En esta tutela, que fue enviada en 2020, también se exigía dejar sin efectos los actos administrativos o permisos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para la realización de operativos de erradicación forzada en medio de la cuarentena; dar cumplimiento a los acuerdos de sustitución voluntaria, y por ende priorizar lo planteado en el punto 4 del Acuerdo Final; ordenar al Ejército Nacional y Policía Nacional aplicar el principio de distinción de la población civil, así como las demás reglas del DIH; e instar al Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y Policía Nacional, así como a la Fiscalía General de la Nación a adelantar las investigaciones penales y disciplinarias contra de los miembros de las fuerzas militares y Policía Nacional involucrados en los hechos de agresiones a población civil en el marco de erradicaciones forzadas. Así las cosas, en agosto de 2020, el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, a través de los magistrados Carlos Jaramillo, Naun Mirawal Muñoz y Carlos Leonel Buitrago (quien dejó constancia de su salvamento de voto), ordenó al Gobierno de Iván Duque, a través de la Agencia de Renovación del Territorio así como al Ejército, detener inmediatamente para ese momento la erradicación forzosa de cultivos ilícitos en los municipios mencionados más arriba. Por otro lado, Juan Pablo Salazar Rivera ha hecho parte la Asociación de trabajadores Campesinos de la cordillera del municipio de Suárez - ASOCORDILLERA, organización filial de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO – CUT de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca. Hay que señalar que en noviembre de 2021 ASOCORDILLERA denunció que “integrantes del Ejército Nacional cubriendo su rostro con capuchas y personas de civil se acercaron a la sede Campesina para tomar fotografías del vehículo del esquema de seguridad del líder social y defensor de Derechos Humanos Juan Pablo Salazar”. Ahora bien, hay que señalar que unas de las propuestas que abanderaron la campaña de Salazar fueron impulsar una economía sostenible en los territorios, la defensa de los recursos naturales, exigir la implementación de la Reforma Rural Integral, y asimismo, instar a la implementación del acuerdo de Paz. 2. Karen Astrid Manrique Olarte - Arauca (Circunscripción 2) Manrique Olarte logró 1685 votos, luego de ser candidata con el aval de la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional. Ella es especialista en gestión de proyectos, además, desde el 02 de enero de 2020 al 30 de abril del mismo año se desempeñó como secretaria de Bienestar Social de la alcaldía del municipio de Tame, en Arauca. Durante ese tiempo centró su gestión en la salud pública; asimismo fue responsable de los programas sociales de adulto mayor, discapacidad, género, jóvenes y primera infancia. Fue una de las funcionarias detrás de la primera jornada de vacunación contra el Covid-19 en Tamé. Por otra parte, en 2018 fue autora de un proyecto que buscaba apoyar la implementación del Programa de Ovinocultura para mejorar los sistemas productivos de la Asociación Asoovino del departamento de Arauca. También ha sido asesora del Congreso de la República desde el año 2017. En el periodo en el que estuvo en la Secretaría de Bienestar Social, Anibal Mendoza ya era alcalde de Tame, e incluso, como señala el Espectador, la ahora representante a la Cámara, habría apoyado en 2019 la candidatura de Mendoza. Así las cosas, hay que traer a colación que en enero de 2020 se admitió una denuncia en contra del alcalde, interpuesta por Manuel Pérez Rueda, donde se advertía que la elección se había dado bajo irregularidades, pues en la jornada, según se alertó que varias bolsas de votos fueron manipuladas, y algunos formularios habrían sido llenados de forma irregular. De hecho, por este caso Mendoza es investigado por parte del Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, organismo que abrió el proceso por acción de nulidad electoral. 3. Jhon Jairo González Agudelo- Bajo Cauca ( Circunscripción 3) Jhon Jairo González Agudelo logró ser electo en la curul del Bajo cauca con 1.068 votos. Esta no es la primera vez que Jhon Jairo llega a un cargo de elección popular, pues como lo informó la Silla Vacía, para el periodo 2008 - 2011 ejerció como concejal de Briceño por el Partido Conservador, incluso buscó, sin éxito, su reelección en 2011. De hecho, ante lo anterior, el CNE recibió una solicitud para revocar su candidatura por haber participado en política con un partido con representación en el Congreso, no obstante, por el año en el que ejerció el cargo no podía ser inhabilitado. Por otro lado, hay que nombrar que Gónzalez Agudelo ha sido un reconocido líder social en la zona, ha sido integrante de la Mesa de Víctimas de Briceño y de la comisión municipal encargada del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Dentro de su agenda legislativa ha nombrado como principales apuestas el trabajo por los PDET, el PNIS y la financiación robusta de la ley de víctimas para garantizar las indemnizaciones de quienes sufrieron el conflicto armado interno. 4. Diogenes Quintero Ayama- Catatumbo (Circunscripción 4) Es abogado de la Universidad Libre, logró ser representante a la Cámara de víctimas ​​por la organización de víctimas Asociación de Familias Desplazadas de Hacarí- ASOFADHACA en la subregión de Catatumbo con 5.742 votos. Según fuentes territoriales consultadas por Pares, Diógenes es presuntamente aliado político del representante a la Cámara Wilmer Carrillo, miembro del Clan Villamizar investigado por la Corte Suprema de Justicia desde el 2021 por presunto peculado por apropiación y contrato sin cumplimientos legales por un contrato de mantenimiento de malla vial en Arboledas, Norte de Santander. El respaldo político de este barón electoral fue fundamental para rodearse de varios alcaldes de la región como Deyvy Bayona Guerrero, alcalde de Hacarí, quienes presuntamente podrían haber financiado la campaña política de este candidato. De hecho, Pares pudo corroborar un presunto delito electoral por parte de este candidato al haber estado haciendo publicidad política en plena veda electoral en el puesto de votación del corregimiento de San José del Tarra. 5. John Freddy Núñez - Cuenca del Caguán y Piedemonte caqueteño (Circunscripción 5) Jhon Fredy Núñez ha sido un político local y contratista en Caquetá. Aspiró al Senado en 2009, a la alcaldía de Florencia en 2011 y a la Asamblea Departamental en 2015 del Partido de Integración Nacional (PIN), luego convertido en Partido Opción Ciudadana, colectividad de la cuál él mismo asegura ser miembro directivo. Actualmente es uno de los representantes de las víctimas de Caquetá al ser avalado por la Fundación Igualdad Social. y obtener 3.011 votos De acuerdo con El Espectador, Núñez es cercano a Álvaro Pacheco, exgobernador condenado por parapolítica, así como a estructuras políticas en el departamento relacionadas con este fenómeno. A su vez, diversas víctimas elevaron solicitudes al Consejo Nacional Electoral para que se revocara su candidatura, toda vez que estaría presuntamente inhabilitado por haber ejecutado contratos con el departamento y por alianzas con estructuras políticas tradicionales. 6. James Hermenegildo Mosquera Torres - Chocó (Circunscripción 6) Es representante por el Consejo Comunitario Mayor de Novita “Cocoman” al obtener más de siete mil votos. Es originario del departamento de Antioquia. Según la Rama Judicial, cuenta con un proceso de peculado por apropiación, adelantado en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Mocoa. Presuntamente, Mosquera Torres mediante el contrato de prestación de servicios No. 200712003 del 8 de diciembre de 2007 se encargaba de la actividad de cobro y recaudo prejurídico y jurídico de Selvasalud S.A. EPS. Mediante la ejecución de dicho contrato habría extraído sumas de dinero con las que, presuntamente, se apropió de un total de $1.078.000.000 pesos. En la actualidad, Pares desconoce el curso de la investigación luego de que en el 2021 la Corte Suprema de Justicia trasladara la competencia de este caso al Juzgado Primero Penal del Circuito de Mocoa. Por otro lado, fuentes de prensa han cuestionado el proceso a través del cual Mosquera fue reconocido como víctima por parte de la UARIV. Según el Diario Criterio podrían existir irregularidades en el otorgamiento de esta condición teniendo en cuenta la brevedad de los tiempos entre el hecho victimizante y el reconocimiento como víctima. Así mismo, en el proceso de verificación de Pares se pudo corroborar que este candidato inicialmente se encontraba inscrito para votar en Bogotá, específicamente, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. No obstante, en una verificación reciente se pudo observar que trasladó su puesto de votación a Istmina, Chocó. 7. William Aljure Martínez- Sur de Meta-Guaviare (Circunscripción 7) Con cerca de 2.104 votos, William Ferney Aljure Martínez, quien además es nieto del legendario guerrillero liberal de los años cincuenta, Dumar Aljure, fue el candidato elegido para llegar a la Cámara de Representantes bajo las curules de paz. Él estuvo avalado por el movimiento Asocamproariari. Aljure Martínez ha tenido varios procesos de liderazgo en el Meta. Es reclamante de tierras desde hace más de 7 años, se ha abanderado de iniciativas de protección ambiental con comunidades campesinas e indígenas Jiw y Sikuani ante la devastación de aguas, de animales y bosques por la empresa italiana Poligrow. Asimismo, ha sido uno de los voceros de la red de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios – CONPAZ. Hay que señalar que ​​él fue desplazado forzosamente del municipio de Mapiripán en diciembre de 2017. Asimismo, 5 años antes de este hecho había denunciado que paramilitares le habían arrebatado una propiedad, que actualmente es ocupada por Poligrow Colombia S.A.S. Esta situación lo ha llevado a recibir amenazas de muerte. De hecho, la persecución contra él y su trabajo ha quedado evidenciada en varias ocasiones. En 2017, dos hombres le intentaron tomar fotografías en la ciudad de Villavicencio, quienes ante el reclamo de Aljure decidieron golpear al líder. También ha sido amenazado con ser detenido por parte de la Fuerza Pública. 8. Luis Ramiro Ricardo Buelvas- Montes de María ( Circunscripción 8) El candidato, avalado por la Corporación Narrar para Vivir, es administrador de empresas y magíster en Administración de la Universidad Nacional. En la jornada del 13 de marzo obtuvo 9.852 votos. Sus propuestas se enfocaron en la inclusión social, inclusión productiva y agricultura familiar, así como en el desarrollo sostenible ambientalmente, competitividad del sector agropecuario, ordenamiento y desarrollo territorial. Por otro lado, vale la pena señalar que Ricardo Buelvas no es nuevo en el mundo político, pues su padre, Alfonso Ricardo Pérez, fue alcalde del municipio de Ovejas, Sucre en 1990 con 7.743 votos. 9. Orlando Castillo Advincula- Pacifico Medio (Circunscripción 9) Orlando Castillo es un reconocido líder de Buenaventura, pues es el coordinador del Puente Nayero, el primer Espacio Humanitario de Buenaventura, una zona que tras sufrir las peores violaciones a los Derechos Humanos en el marco del conflicto armado, tanto en sus territorios rurales de origen como en la zona urbana de Buenaventura, también ha visto nacer iniciativas como esta. El Espacio Humanitario de Puente Nayero se ha posicionado como un referente de Comunidad de Paz gracias a los ejercicios de resistencia comunitaria, del trabajo de organizaciones base de la zona, como la Corporación Organizando Haciendo y Pensando el Pacífico (CORHAPEP), y de las acciones de los coordinadores temáticos del Espacio Humanitario. Castillo Advincula ha vivido de frente la situación de violencia de esta zona del país. En 2001 fue una de las personas que vivieron los hechos victimizantes de la masacre del Naya perpetrada por paramilitares del Bloque Calima en alianza con el Batallón Pichincha. Este hecho habría dejado más de 100 personas asesinadas. No obstante, tan solo se han recuperado 27 cadáveres, mientras que los demás siguen desaparecidos. Adicionalmente, cerca de 3.000 personas salieron desplazadas luego de este hecho. Pero los hechos victimizantes contra el líder no han sido solo de años atrás, pues vale la pena recordar que en el pasado mes de septiembre, cerca al hospital Luis Ablanque de la Plata, del puerto, uno de sus escoltas, José Fernando Perea, fue herido con arma de fuego luego de que dos personas lo interceptaron, le pidieron el celular y le dispararon hiriendo la mano y el pie. De hecho, en 2020 Castillo ya había sido víctima de un atentado contra su vida, cuando varios sujetos armados en moto se le acercaron mientras él se movilizaba por la vía principal de Buenaventura y cerca de un semáforo le dispararon. Ahora, la historia dio un giro, pues Castillo Advincula será el encargado de representar a las víctimas de Guapi, López de Micay, Timbiquí y Buenaventura en el Congreso de la República, pues en las recientes elecciones, en las que fue candidato por el Consejo Comunitario del Río Naya, obtuvo la mayor votación: 2.826. 10. Gerson Lisímaco Montaño- Pacífico-Nariñense (Circunscripción 10) Su candidatura, que fue avalada por la Corporación Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas), ha tenido propuestas como instar al cumpimiento integral del Acuerdo de Paz, gestionar la reglamentación de la Ley 70, articular procesos políticos y promover la atención prioritaria para victimas y poblaciones vulnerables. Llega a la Cámara de Representantes con 11.354 votos. Lisímaco, como informó el Espectador, trabajó con Neftalí Correa, ex alcalde de Tumaco, (2008 - 2011) quien fue destituido e inhabilitado por irregularidades relacionadas con un contrato para dotar de internet 36 instituciones educativas de Tumaco. La Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 14 años para el ejercicio de cargos públicos. No obstante, en 2014 llegó con el aval del partido Liberal, a la Cámara de Representantes con 30,576 votos. Menciona el Espectador que Correa estaría apoyando la candidatura Lisímaco, e igualmente lo estaría apoyando la actual alcaldesa de Tumaco María Emilsen Angulo. 11. John Fredi Valencia Caicedo- Putumayo (Circunscripción 11) Es representante a la cámara de víctimas por el Consejo Comunitario Los Andes, de Putumayo . De acuerdo con fuentes territoriales de Pares, Valencia Caicedo habría contado con el apoyo del gobernador de Putumayo, Buanerges Rosero Peña, cuya administración ha sido cuestionada por clientelismo y corrupción y quien se encuentra enfrentando un proceso por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en favor de terceros, a raíz de un contrato para adquirir 10 ambulancias durante la emergencia por el Covid-19, contrato por el que fue imputado. Valencia también tendría el apoyo del representante a la Cámara por Putumayo del Partido Liberal, Carlos Adolfo Ardila Espinosa, quien logró 15.545 votos en las elecciones del 2018 y quien repitió en su curul en el Congreso. 12. Jorge Rodrigo Tovar- Sierra Nevada-Perijá (12) Es un abogado con especialización en Gestión de Gobierno y Campañas Electorales y en Ciencias Penales y Criminológicas. Ha sido asesor jurídico de Acavel S.A.S, una agencia de viajes de la que Ana Carolina Vélez, su mamá, es representante legal y asistente jurídico en Bocanegra Bernal y Asociados. Tovar ha trabajado en el Gobernación del Cesar y para la Alcaldía de Valledupar y en 2019 fue asesor en el Viceministerio de Relaciones Políticas, bajo la cartera de Nancy Patricia Gutiérrez. Luego fue coordinador del Grupo de Víctimas del Ministerio del Interior. Es representante a la cámara de víctimas por la Asociación Paz es Vida (Pa-Vida) al haber obtenido 4.043 votos. Es el hijo de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. Como ya reseñó Pares en el artículo “Los conflictos de intereses en la candidatura de Jorge Tovar”, ‘Jorge 40’ fue uno de los jefes paramilitares más violentos del Caribe colombiano. Llegó a dirigir entre 2000 a 5000 hombres en el Bloque Norte de las AUC. ‘Jorge 40'' ingresó en 2006 al Sistema de Justicia y Paz y fue excluido en 2015, por no garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. El exjefe paramilitar fue extraditado en 2008 a Estados Unidos por narcotráfico y deportado a Colombia en 2020. Sumado a la cuestionable relación parental, Tovar tiene un conflicto de intereses con la Unidad de Victimas territorial del Cesar, debido a que, desde 2019, el contrato de arrendamiento de la sede de la Unidad de Víctimas territorial Cesar – Riohachael fue adjudicado por 236 millones de pesos a Ana Carolina Vélez, ex esposa de ‘Jorge 40’ y madre de Jorge Rodrigo Tovar Vélez. Además, según El Espectador, la Unidad de Victimas territorial del Cesar estaría promoviendo su candidatura y campaña. 13. Juan Carlos Vargas Soler- Sur de Bolivar ( Circunscripción 13) Vargas Soler viene de ser por más de 10 años gerente general de la Cooperativa Coagrosur. Además, como lo informa La Silla Vacía, fue contratista de Bogotá en un proyecto de víctimas durante la Alcaldía de Samuel Moreno. Según el medio de comunicación, su esposa, Martha Milena Camacho, tendría una cercanía política con el actual alcalde de Santa Rosa del Sur, Fabio Orlando Mendoza, del Centro Democrático. Vargas Soler llega ahora a la Cámara de Representantes con el apoyo de la Asociación de Productores de Cacao, PROCASUR, y de las 2.241 personas que le dieron su voto. 14. Leonor Palencia Vega- Sur de Córdoba ( Circunscripción 14) Es representante a la cámara de víctimas por la Asociación Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó (ASOMUVIJ) de Córdoba al haber obtenido 5.105 votos. De acuerdo con Pares en el artículo "Gobernador de Córdoba, padrino político en las Circunscripciones de Paz", Palencia tendría un vínculo familiar con el Gobernador Orlando David Benítez del Partido Liberal quien, a su vez, tiene por padrinos políticos al senador Fabio Amín, el representante Andrés Calle y el clan Besaile quienes repitieron en su curul en 2022. De acuerdo con fuentes de Pares, la candidatura de Palencia cumple con los requisitos mínimos para la candidatura política y, aparentemente, no incurre en ninguna inhabilidad. Sin embargo, su aspiración política implicó condiciones de desigualdad en la competencia electoral para los otros 17 candidatos de esta circunscripción. Sumado al respaldo político de la Gobernación, Palencia también habría contado con el apadrinamiento político de los concejales del municipio de Valencia del partido Liberal. Además, según fuentes de prensa local Palencia no ha ejercido un liderazgo notable en favor de las víctimas. 15. Haiver Rincon Gutierrez- Sur de Tolima ( Circunscripción 15) Es representante de la subregión del Tolima por la Asociación Víctimas Núcleo Santiago Pérez con 1.995 votos. Ha sido inspector de obras de la Federación Nacional de Cafeteros y Coordinador Nacional del movimiento indígena Autoridades Tradicionales. Iba en compañía de María Janeth Sabigal Robles, integrante del mismo partido y a quien Pares había señalado de tener el presunto apoyo de Óscar Barreto para su candidatura. De acuerdo con las investigaciones de Pares, Rincón, aparentemente, cuenta con el apoyo del recién elegido senador por el Partido Conservador, Óscar Barreto Quiroga, quien es el líder de uno de los clanes departamentales con más poder burocrático y quien ha enfrentado varias investigaciones disciplinarias y penales. Candidatos que aspiraban a ocupar la circunscripción 15, le hicieron conocer a Pares que para algunos eventos de campaña, Haiver Rincón tuvo el apoyo logístico de la campaña al Senado de Óscar Barreto, lo cual podría implicar una relación o cercanía con el líder del Clan Barreto en el Tolima. 16. Karen Juliana López Salazar- Urabá Antioqueño (Circunscripción 16) Karen Juliana, con más de 5.500 votos, será quien represente a las víctimas en la región del Urabá. Ella estuvo bajo el aval del movimiento Yo Soy Urabá. Su candidatura estuvo marcada por la solicitud de revocatoria de su aspiración por, al parecer, estar inhabilitada. No obstante, la solicitud fue fallada a su favor. Adicionalmente, también fue cuestionada por su campaña, pues “se le vio haciendo eventos públicos, con comunicadores y jefes de campaña, entregando camisetas, gorras y promocionando concursos con montos de siete y cinco millones de pesos. Esto, pese a que el Estado nunca giró los recursos destinados a la financiación de las campañas de los candidatos a las curules de paz”.