Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad A continuación, presentamos los perfiles de las personas que, pese a sus cuestionamientos, ocuparán una silla en la Cámara de Representantes. ANTIOQUÍA 1. Julián Peinado. Partido Liberal Es abogado. En 2011, aspiró al Concejo de Envigado y apenas sacó 944 votos. En 2015 repitió aspiración y consiguió 4.243 votos. Su caudal electoral se encuentra en el municipio de Envigado. En estas elecciones fue la cabeza de lista en Antioquia del Partido Liberal. Cuestionamiento: En 2019, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para investigar a los congresistas Julián Peinado y José Ignacio Mesa por su presunta relación con irregularidades en la Alcaldía de Envigado de Raúl Cardona. Las autoridades tendrían una conversación de Peinado con el alcalde Cardona, en la que este se refiere a aquel como “jefe” y hablan del dinero que el congresista les dará a varios concejales que lo apoyaron en su aspiración política. A Mesa, la Corte Suprema de Justicia lo llamó a juicio por sus presuntas alianzas con grupos armados. 2. Mauricio Parodi Díaz. Coalición Cambio Radical Mira y Colombia Justas Libres Es un dirigente deportivo, social y de salud pública. Actualmente, es representante a la Cámara por Cambio Radical. La curul que ocupa la obtuvo al haber reemplazado a José Ignacio Mesa Betancur, después de que, en 2019, se descubriera una serie de irregularidades en el conteo de votos que favoreció a Mesa sobre Parodi y de que el Consejo de Estado anulara la elección de Mesa. En el 2018 fue presidente del club de fútbol Deportivo Independiente Medellín. Pertenece al Clan Suárez Mira. Cuestionamiento: Los cuestionamientos contra Parodi nacen tras las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir agravado por las que condenaron en 2013 a uno de sus aliados políticos, el exalcalde de Bello y excongresista, Óscar Suárez Mira. En medio de las investigaciones contra Suárez Mira por las que lo condenaron se conocieron testimonios de personas desplazadas de Bello que denunciaron haber sido presionadas a votar por Suárez al Senado, y por Parodi a la Cámara durante la campaña de 2006. A Parodi por ello no se le abrió una investigación penal. En 2018, según La Silla Vacía un escándalo por presunta compra de votos en Bello involucró a Olga Suárez Mira, hermana de Óscar, y a Mauricio Parodi. ATLÁNTICO 3. Modesto Enrique Aguilera. Partido Cambio Radical Representante a la Cámara por Atlántico del Partido Cambio Radical que buscaba su reelección. Es abogado y fue asesor jurídico de Alejandro Char en la Alcaldía de Barranquilla y secretario de Gobierno de Elsa Noguera cuando fue alcaldesa de Barranquilla, pero renunció a este cargo en marzo de 2013 para aspirar a la Cámara de Representantes. En esa oportunidad perdió y solo hasta 2018 alcanzó una curul. Es miembro y beneficiario de los votos del Clan Char. BOLÍVAR 4. Andrés Guillermo Montes Celedón. Partido Conservador Es arquitecto, en su corta trayectoria política se destaca que en el 2016 fue director del Partido Conservador de Bolívar en representación de los jóvenes, diputado por el Partido Conservador en el departamento de Bolívar durante el periodo 2015-2019. Es sobrino de Emérito José Montes Castro, quien dimitió de estas elecciones para aspirar a la gobernación y es miembro del clan Montes Curi. Cuestionamiento: Es heredero de la estructura política de William Montes, condenado por la Corte Suprema de Justicia por suscribir el Pacto de Ralito. 5. Silvio José Carrasquilla Torres. Partido Liberal Es abogado especialista en Derecho Administrativo y Empresarial. Fue concejal y alcalde de Turbaco entre 2004 y 2008. Se hizo nacionalmente conocido por querer regalarle un burro al expresidente Barack Obama y por asegurar que "legisla" con la biblia. Fue elegido como representante a la Cámara por Bolívar con el aval del partido liberal para los periodos 2014-2018 y 2018-2022. Es cercano al grupo del senador Lidio García Turbay del que alguna vez fue fórmula. Hace parte del Clan García Turbay. Cuestionamiento: En el 2010 la Contraloría departamental de Bolívar halló responsable a Carrasquilla de detrimento patrimonial a la alcaldía municipal y a la oficina de tránsito y transportes por una cuantía de $96’628.044. El fallo en segunda instancia le dictó una inhabilidad de 5 años para el ejercicio de cargos públicos. Aunque Carrasquilla se encontraba presuntamente inhabilitado, se desconoce por qué pudo ser elegido representante a la Cámara en 2014. En 2019 fue señalado por la Veeduría ‘Trabajen Vagos’ por ausentarse en un 21% de las plenarias. CAQUETÁ 6. Gilma Díaz Arias. Partido Liberal Está casada con Álvaro Pacheco, condenado por parapolítica. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del exgobernador del Caquetá Álvaro Pacheco, quien venía solicitando ser acogido por la JEP desde que fue detenido y condenado, en 2019, por vínculos con grupos paramilitares. Cuestionamiento: Arias Pacheco es esposa y heredera del caudal electoral de Álvaro Pacheco, exgobernador del Caquetá condenado por parapolítica (Caracol Radio). CÉSAR 7. Alfredo Ape Cuello Baute. Partido Conservador Es administrador de empresas con maestría en Administración de Empresas. Se ha desempeñado como asesor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y como representante a la Cámara por el Cesar en 2002, 2006, 2014 y 2018. Es heredero de un caudal político que ha durado tres generaciones: su abuelo, Manuel Germán Cuello, fue gobernador del Cesar; y su padre, Alfredo Cuello Dávila, alcalde encargado de Valledupar y representante en varias ocasiones. Es ficha del Clan Gnecco. Cuestionamiento: en 2009, estuvo investigado por la Corte Suprema de Justicia al ser acusado de tener presuntos nexos con el Bloque Norte de las AUC. Sin embargo, el proceso precluyó luego de que la Sala Penal de la Corte determinara que no había suficiente material probatorio para continuar la investigación. Fue asociado a los "Bulldozer", un grupo de ocho congresistas investigados por el escándalo de Odebrecht. Pertenece al cuestionado ‘Clan Gnecco’. CHOCÓ 8. Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera. Partido Liberal Es abogado de la Universidad Santiago de Cali y especialista en Derecho de Trabajo de la Universidad Nacional. Fue alcalde de Istmina en 2008 y gobernador de Chocó entre 2015 y 2019. Pertenece al clan del Cordobismo. Cuestionamiento: La Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria en 2019, mientras era gobernador, junto al secretario de Desarrollo Económico y Recursos Naturales, José Nixón Chamorro Caldera, por presuntas irregularidades en la licitación pública gdchoco-01-sdern-2019, por más de $24.5000 millones, dirigida a pescadores artesanales de la zona. En 2020, la Fiscalía le abrió una investigación junto con otros exgobernadores por un proyecto de gas domiciliario, siendo acusados del delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y por peculado por apropiación. En 2021 se le abrió un proceso de responsabilidad fiscal por utilizar recursos del Fondo de Subsidio de Sobretasa a la Gasolina para cumplir compromisos administrativos. En noviembre de 2021 la Contraloría del Chocó le abrió un periodo probatorio en medio de un proceso sancionatorio administrativo fisca No. 500-25-02-22 en hechos que habría cometido siendo Gobernador. Pertenece al Clan del Cordobismo en Chocó. 9. Astrid Sánchez Montes de Oca. Partido de la U Es abogada de la Universidad de la Sabana especializada en Derecho Procesal Penal de la Universidad Cooperativa de Colombia, y en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Fue senadora en el periodo 2010-2014 y representante a la Cámara para el periodo 2018-2022. Pertenece al Clan Sánchez Montes de Oca. Cuestionamiento: Astrid es heredera del ‘Clan de los Sánchez Montes de Oca’. Es hija del patriarca Rafael Sánchez, cabeza del clan, que desde mediados de los 90 consolidó su poderío en el departamento del Chocó. Rafael Sánchez fue cofundador, en la década de los 70, del movimiento liberal popular, y lo lideró en el corregimiento de Samurindó, Quibdó, donde era director de una escuela rural. Astrid fue electa en el Congreso, sin haber ocupado ningún cargo de elección popular, gracias al capital político de sus hermanos Patrocinio y Odín. Patrocinio Sánchez Montes de Oca fue hallado culpable, por la Corte Suprema de Justicia, del delito de peculado culposo en su gestión como alcalde de Quibdó, relacionado con la ejecución del contrato de la Alcaldía para la prestación de servicios de salud por un monto de 150 millones de pesos. En relación con Odín, la Corte Suprema lo condenó a 9 años de cárcel por concierto para delinquir y lo señaló de hacer parte del proyecto "por una Urabá grande unida y en paz", conocido en Chocó como un "proyecto político del Darién colombiano" en el que dirigentes locales pactaron con paramilitares para la distribución del poder entre 1990 y 2007, en el marco de elecciones locales y nacionales. En 2012 el entonces diputado de Antioquia y hoy candidato al congreso, Andrés Felipe Guerra, anunció que denunciaría a Astrid Sánchez por presunto fraude electoral en 2010 pero no se conocen avances de tales denuncias. CÓRDOBA 10. Andrés David Calle Aguas – Partido Liberal Politólogo. Fue la fórmula de Fabio Amín a la Cámara en 2018. Cuestionamiento: Es heredero del caudal electoral de su padre, Gabriel Calle Demoya, quien fue investigado por presuntos hechos de corrupción denunciados por Pares, relacionadas con el desfalco de $60.000 millones a través de la empresa Jaguazul S.A. En el 2019, la Fiscalía imputó a Gabriel Calle los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público 11. Saray Elena Robayo Bechara – Partido de la U Abogada, nieta de Elías Bechara Zainúm y Saray Castilla de Bechara, fundadores de la Universidad del Sinú y prima del representante Erasmo Zuleta Bechara. Hace parte del clan del Musismo. Cuestionamiento: Tiene el respaldo político del clan de Musa Besaile y su caudal político proviene de Erasmo Zuleta Bechara. La familia Bechara ha estado presuntamente involucrada en el desfalco de recursos públicos en la Universidad del Sinú-Elías Bechara Zainúm, específicamente por el carrusel de contratación de las regalías de Ciencia y tecnología en Córdoba, que no presenta avances recientes. 12. Wadith Alberto Manzur Imbett – Partido Conservador Ingeniero industrial, fue la fórmula en Cámara en 2018 de la senadora conservadora Nora García Burgos. Cuestionamiento: Es heredero del caudal electoral de su padre, Julio Manzur Abdala, capturado en 2015 en medio de una investigación por presuntos nexos con las AUC. Desde 2020, Manzur se sometió a la JEP, por lo cual este tribunal tiene actualmente este caso. CUNDINAMARCA 13. Diego Fernando Caicedo Navas. Partido de la U Diego Caicedo es hijo del representante a la cámara de Cundinamarca y ex alcalde de Zipaquirá, José Edilberto Caicedo Sastoque. Cuestionamiento: José Edilberto Caicedo Sastoque buscaría legislar en cuerpo ajeno con la aspiración de su hijo Diego al Congreso, tras su huida del órgano legislativo para ser investigado por la justicia ordinaria, por haber cometido presuntos delitos como alcalde de Zipaquirá. Esto ubica a Diego Caicedo como un heredero del caudal electoral de su padre, en aras de continuar con el legado familiar. LA GUAJIRA 14. Juan Loreto Gómez Soto. Partido Conservador Candidato a la Cámara de Representantes por el partido Conservador. Es ingeniero industrial, con especialización en gerencia de proyectos. Ha trabajado como director administrativo de planeación (2017), con funciones inherentes al secretario de obras de la gobernación de La Guajira. En 2019 se inscribió al directorio nacional del partido Conservador, colectividad a la que pertenece su madre María Cristina Soto, donde aspiraba a conseguir el aval del partido para lanzarse a la gobernación de La Guajira. Sin embargo, el partido conservador coavaló a Nemesio Roys a la gobernación. Cuestionamiento: Juan Gómez Soto es hijo de María Cristina Soto, quien habría tenido una relación política con el exgobernador condenado Kiko Gómez. Según fuentes en medios nacionales, Soto también tendría una relación familiar con alias "Marquitos" Figueroa, condenado por narcotráfico, así como relaciones comerciales con el Clan Gnecco en el transporte de carbón en El Cerrejón en el pasado. Actualmente, María Cristina Soto es representante a la Cámara por el partido Conservador y buscaría que su hijo la reemplace en la curul, ahora con el apoyo del Clan Nueva Fuerza Guajira. Así mismo, la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación a María Cristina 'tina' soto, por la presunta compra de votos en el municipio de Maicao para las elecciones del 2018. 15. Jorge Cerchiaro. Partido Colombia Renaciente Es candidato por Colombia Renaciente. Fue alcalde de Barrancas en el periodo 2016-2019. De acuerdo con fuentes en territorio, Jorge Cerchiaro es primo de Francisco ‘Kiko’ Gómez, ex gobernador de la Guajira condenado por homicidio. Cuestionamiento: Tras un trabajo de campo en Maicao, Pares pudo constatar pendones en los que aparece publicidad de Jorge Cerchiaro y Alfredo Deluque, como si fueran fórmula electoral, lo que aclararía el vínculo entre Cerchiaro y Deluque, a pesar de haber pertenecido a clanes diferentes. Adicionalmente, el exalcalde está siendo investigado por suscribir un contrato de obra, con recursos de regalías, sin soportes. El daño patrimonial sería por $242.934.201, en la construcción de andenes de acceso al Centro de la Mujer. MAGDALENA 16. Kelyn Johana González Duarte. Partido Liberal Es abogada de la Universidad Libre y cuenta con una especialización en Contratación Estatal y Derecho de Familia. Fue directora del Ministerio de Transporte Territorial Magdalena, Asesora del Congreso de la República y Asesora de la Secretaria de Salud en la Gobernación de la Magdalena. Llegó por primera vez a la Cámara de Representantes en 2014, con 22.912 votos y avalada por el Partido Liberal. Repitió curul en 2018, con 52.385 votos e integra la Comisión de Crédito Público. Cuestionamiento: siendo desconocida políticamente, logró llegar a la Cámara de Representantes presuntamente heredando los votos de su esposo, Rodrigo de Jesús Roncallo Fandiño. Roncallo fue representante a la Cámara entre 2006 y 2010 y fue capturado en el 2009 por orden de la Corte Suprema, por presuntos vínculos con el exjefe del bloque Norte de las Autodefensas, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. Fue uno de los firmantes del pacto de Chívolo, y fue acusado de favorecer con contratos a paramilitares durante su administración como alcalde del municipio de Tenerife. Tras aceptar sus nexos con paramilitares, el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca ordenó la libertad del exalcalde en 2011 por vencimiento de términos. La Corte Suprema volvió a detenerlo por los mismos hechos en 2017, por el delito de concierto para delinquir tras su participación en el ‘Pacto de Chibolo” para cuando aspiró a la alcaldía de Tenerife. En julio de 2021, un fallo de habeas corpus le otorgó la libertad. Por su parte, Kelyn Johana González fue demanda en el 2020 ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), por existir pruebas para establecer que incurrió en el delito de trashumancia electoral en el municipio de Tenerife, para favorecer la elección de Alexander Roncallo, candidato al que apoyaba para la alcaldía de ese municipio. Presuntamente, habría contratado el transporte de ciudadanos desde Valledupar, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena y Bogotá, para que inscribieran su cédula en Tenerife. La demanda también se radicó en la Fiscalía y fue enviada a la Corte Suprema de Justicia. Se desconoce alguna sanción por estos hechos. 17. Sandra Milena Ramírez Caviedes. Partido Cambio Radical Se conoce poco sobre su perfil. Se sabe que estuvo vinculada a la Gobernación del Magdalena y fue elegida diputada del mismo departamento para el periodo 2008-2011, pero su elección fue revocada por haber estado inhabilitada para la elección. Fue la ficha de su esposo, Franklin Lozano de la Ossa para ocupar una curul en la Cámara de Representantes. Cuestionamiento: en el 2010, la Procuraduría Regional del Magdalena, en primera instancia, la declaró disciplinariamente responsable profiriendo una sanción que declaró la destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos por 10 años. Tras un recurso de apelación, en el 2011 la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa confirmó dicha sanción. Sandra Ramírez demandó la sanción y en 2018 el Consejo de Estado denegó las pretensiones de la demanda, de acuerdo con el proceso 11001032500020110047100. En adición a ello, se encuentra que es la ficha de su esposo, Franklin Lozano de la Ossa, quien es hijo y heredero político de Franklin Lozano Pimienta, uno de los firmantes del Pacto de Chivolo como alcalde del municipio de Zapayán y para lograr apoyo a su candidatura a la asamblea departamental. Franklin Lozano de la Ossa, elegido representante a la Cámara en 2018, fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral mediante la Resolución 0907 de 2021, por la administración irregular de recursos en cuenta única bancaria en su campaña a la Cámara de Representantes, con una multa de $14.167.395. Además, Lozano de la Ossa también ha sido acusado de ser aliado de Eduardo Pulgar e inclusive de ser su ficha en Magdalena, lo que llevó a que se especulara en prensa que iba a ser la ficha de Pulgar para el Senado y con el aval del Partido de la U. Cabe recordar que el exsenador Eduardo Pulgar fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 58 meses y 25 días de prisión por tráfico de influencias y cohecho. NORTE DE SANTANDER 18. Ciro Antonio Rodríguez. Partido Conservador Es candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador y pertenece al ‘Clan Villamizar García’. Es ingeniero electricista de la Universidad Industrial de Santander. En 1995 fundó el canal de televisión local ‘TV Ocaña’, y en 2006 se presentó a las elecciones de Cámara de Representantes y obtuvo la votación más alta en Norte de Santander con 34.640 votos. Fue elegido presidente de la Comisión Sexta y, desde entonces, ha mantenido su curul y su potencial electoral. En 2018 su votación alcanzo los 54.910 votos. Cuestionamientos. En 2017, la Procuraduría le abrió una investigación por presuntamente haber recibido dineros de parte de la firma Odebrecht para la adjudicación de contratos de la Concesión de la Ruta del Sol II (Portafolio). En 2019, el exsenador ‘Ñoño’ Elías confesó que Ciro Rodríguez sostuvo una estrecha relación con Eder Paolo Ferracuti, el entonces representante legal de Odebrecht (Semana). Desde su llegada al Congreso, el representante se ha mantenido en la Comisión Sexta, encargada de temas de infraestructura vial y telecomunicaciones, por lo que para algunos no resulta descabellado que el representante sí haya estado involucrado con Odebrecht. 19. Wilmer Carrillo. Partido de la U Candidato y cabeza de lista a la Cámara de Representantes por el Partido de la U y pertenece al ‘Clan Villamizar García’. De profesión, es arquitecto egresado de la Universidad Santo Tomas, en Bucaramanga. Ha trabajado como secretario de Infraestructura de Norte de Santander (2008-2011), en la gobernación de William Villamizar. Ha sido designado gobernador encargado en distintas ocasiones y, para el periodo 2014- 2018, fue elegido representante a la Cámara por el departamento de Norte de Santander, avalado por el Partido de la U y con el apoyo de Edgar Díaz. Cuestionamientos En agosto de 2018, la Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigara a Carrillo por el presunto pago de coimas que el representante exigía a contratistas del Hospital de Ábrego (El Tiempo). El ente investigador recopiló material probatorio que daría cuenta de que el congresista habría pedido al nuevo gerente de ese hospital cien millones de pesos. Presuntamente, este dinero habría sido entregado en dos pagos de 50 millones de pesos cada uno. Cuenta con el apoyo de la red política de los Mora Jaramillo y, además, del exgobernador de Norte de Santander William Villamizar. Recientemente, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación por irregularidades en la contratación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y apropiación, todo en el marco de obras de infraestructura y mantenimiento en Arboledas, municipio de Norte de Santander. En la página de procesos de la rama judicial, se registran varios procesos privados en su contra en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. SANTANDER 20. Luis Eduardo Díaz Mateus. Partido Conservador Es abogado especializado en Derecho Procesal y ha sido diputado en la Asamblea departamental de Santander desde el 2012, cuando consiguió una curul al obtener 19.987 votos. En 2015 conservó su curul, con 23.400 votos. En 2019 aseguró su permanencia en la Asamblea, al obtener 24.067 votos. Como diputado, se ha destacado por su control político a la Red Pública Hospitalaria del departamento, y ha sido defensor del medio ambiente y de la protección animal, logrando la aprobación de la Región Administrativa y de Planificación (RAP El Gran Santander). Pertenece al Clan de Iván Díaz Mateus. Cuestionamiento: Luis Eduardo Díaz Mateus es heredero del Clan de Iván Díaz Mateus, su hermano, quien sigue siendo el líder de conservadurismo en Santander. Iván Díaz Mateus fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de concusión, al considerar que influyó en Yidis Medina para que votara a favor del primer proyecto reeleccionista de Álvaro Uribe en el Congreso. Según Medina, Díaz le ofreció "burocracia" a cambio de su apoyo. 21. Érika Tatiana Sánchez Pinto. Liga de Gobernantes Anticorrupción Es Trabajadora Social y ha sido contratista de la alcaldía del municipio de Sucre, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Santander y de las Unidades Tecnológicas de Santander. Sería su primer intento de aspiración a un cargo de elección popular. Cuestionamiento: en septiembre del 2021, el diario Vanguardia dio a conocer una investigación en la que trabajadores del ICBF denunciaron que se les estaba pidiendo recolectar firmas para la candidatura de Sánchez Pinto, para que les renovaran sus contratos laborales en la entidad. A través de unos audios, se dio conocer que Jeisson Pinto, amigo cercano, según Vanguardia, de Sánchez, les pedía a los trabajadores recolectar 60 firmas. Sin embargo, Érika negó haber solicitado esos apoyos. La denuncia se articula con un presunto apoyo político de parte de Édgar Gómez Román, conocido como “El Pote”, quien ha hecho del Icbf de Santander un fortín clientelar y burocrático a su favor. Según el periodista y columnista de El Espectador, Jorge Gómez Pinilla, Érika Sánchez es ficha de El Pote y lo mismo ha sido sostenido por prensa local y otros columnistas como Miguel Ángel Pedraza, de Vanguardia. Sumado a ello, en medio del escándalo en el que se filtró un audio de Rodolfo Hernández en el que pedía dinero para integrar las lista de su movimiento a la Cámara, según fuentes de La W, él habría recibido $1.000 millones para que Érika, como cuota de “El Pote” fuera cabeza de lista y el hecho que fuera ficha de Édgar Gómez no fue negado por Rodolfo Hernández. Pese a ello, estos nexos han sido negados por la candidata a la Cámara de Representantes. Édgar Gómez Román es un político tradicional de Santander, que ha sido concejal de Bucaramanga, representante a la Cámara por Santander y senador. En 1998 tuvo su primer cuestionamiento, luego de ser capturado por, presuntamente, recibir dinero de empresas fachada del Cartel de Cali. Sin embargo, a los pocos días fue liberado y no hubo una condena por estos hechos. En 2009 fue uno de los 86 congresistas investigados por prevaricato, tras haber votado a favor del proyecto reeleccionista. La investigación en su contra fue archivada. Finalmente, como se mencionó, él ha mantenido el poder burocrático del Icbf en Santander. 22. Óscar Leonardo Villamizar Meneses. Partido Centro Democrático Es abogado de la Universidad Santo Tomás y cuenta con una especialización en Derecho de los Negocios. Sumado a ello, se encuentra realizando una maestría en Derecho para el Urbanismo Territorial y Sostenible. Ha sido asesor Jurídico en la Unidad de Trabajo Legislativo del Senado de la República, Asesor y Secretaría General de la gobernación de Santander, Jurídico de la Sub-Gerencia de la Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja, Jefe de Cartera de la Empresa Piedecuesta de Servicios Públicos E.S.P y Coordinador del Grupo de Atención de Victimas del Municipio de Bucaramanga. En 2018 llegó a la Cámara de Representantes con 37.068 votos. Cuestionamiento: es hijo del exsenador Alirio Villamizar, quien fue condenado en 2010 a nueve años y medio de prisión, el pago de una multa de $45.300 millones y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 8 años, por el delito de concusión. Esto se dio por estar involucrado en el “cartel de las notarías”, en el que a cambio de un voto favorable al proyecto de ley que permitió la reelección presidencial, se le dio a unos senadores una notarías. Alirio Villamizar habría recibido 2 notarías y fue encontrado culpable de presionar a Luz Janeth Rojas de entregarle la mitad de su sueldo para mantenerla en su cargo. Por considerar que había cumplido tres quintas partes de la condena, fue puesto en libertad en 2014. Por estos mismos hechos, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga condenó a María Meneses Quintero, esposa de Alirio Villamizar y mamá de Óscar Villamizar, tres años y siete meses de prisión también por incurrir en el delito de concusión. SUCRE 23. Milene Jarava Díaz. Partido de la U Es zootecnista de la Universidad de Sucre, en su trayectoria política se destaca que fue diputada de la Asamblea de Sucre en el periodo 2012 – 2015 por el Partido 100% por Colombia. Posteriormente, fue candidata a la gobernación de Sucre y representante a la Cámara por el mismo partido en las elecciones 2018-2022, tras la pérdida de la personería jurídica del Partido 100% por Colombia se trasladó al Partido de la U. Pertenece al Clan Acuña. Cuestionamiento: Es heredera del caudal electoral altamente cuestionado de su esposo Yahir Acuña, en sus inicios ahijado político del parapolítico Salvador Arana, quien lo apoyó para que fuera elegido representante de los estudiantes egresados en la Universidad de Sucre, fue mencionado por Alias Diego Vecino como la ficha clave para penetrar esta universidad. Acuña heredó el apoyo que Arana recibía de Álvaro García, condenado por homicidio, quien respaldó su candidatura al concejo de Sincelejo en dos ocasiones. Para su candidatura a la cámara en 2014, se unió Enlisé López, “la Gata”, también condenada cuestionada empresaria condenada por sus nexos con paramilitares. Posteriormente Acuña concentró poder propio y distinto al que lo llevó a la política en primer lugar, con el cual ha puesto a su esposa Jarava en dos oportunidades en el Congreso. VALLE DEL CAUCA 24. Julián David López Tenorio. Partido de la U Es administrador de empresas de la Universidad Javeriana, especializado en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos. Tiene una maestría en Gobierno y Políticas Públicas y es candidato a magister en Finanzas. Ha sido asesor en el Congreso de la República y en el Ministerio del Interior en la Dirección de Gobierno y Gestión Departamental. Entre 2015 y 2016 fue director regional en la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca y en el 2016 fue designado como secretario general de Coldeportes. Actualmente es subdirector de fortalecimiento territorial de la Federación Colombiana de Municipios. Cabe mencionar que es hijo y heredero del caudal político del actual senador José Ritter López. Pertenece al Clan de Dilian Francisca Toro. Cuestionamiento: Es heredero del caudal político de su padre, José Ritter López, a quien la Fiscalía le imputó cargos en el 2018 por presuntamente haber suscrito un contrato con Herney Moncayo Vélez, un hombre condenado por narcotráfico e inhabilitado para contratar con el Estado, cuando fue alcalde de Palmira, Valle del Cauca. La imputación de cargos no le impidió a Ritter llegar al Senado de la República con el aval del Partido de la U para el periodo 2018-2022 y actualmente pone como heredero de su estructura a su hijo en la Cámara de Representantes.

Por: Walter Aldana Político social alternativo. La libertad de prensa es el respeto y el cobijo de las personas y los medios de comunicación que con responsabilidad y autocontrol informan a las y los ciudadanos sobre los hechos que les afectan para mal y/o para bien. En una sociedad decente, quienes ejercen el gobierno respetan a quienes, desde el oficio de comunicar, expresan reconocimiento o críticas al actuar de los funcionarios y servidores públicos. Para garantizar ello es necesaria la libertad de expresión. En esa sociedad, las opiniones y posturas de los periodistas no dependen de la pauta publicitaria para hablar bien o mal del gobierno según convenga. Incluso, hacen gala de la paridad informativa de quien es titular del derecho de acceder a la verdad (comunidad) y el garante del mismo (medios de comunicación y periodistas). El Centro de Ética Aplicada de la Universidad Deusto, fundada por la Compañía de Jesús en Bilbao (País Vasco), define que “Los actos y decisiones que adoptan las instituciones y administraciones públicas se basan en unos criterios sobre qué es correcto o incorrecto. La ética pública analiza esos criterios para ver cómo conseguir que las regulaciones, políticas y prácticas públicas contribuyan al bien común, a través de una justicia social e integradora de la diversidad”. (1) Y es con este marco que me resulta preocupante la humillación representada en que la mayoría gobiernista en el Congreso (que debemos cambiar en el 2022), amparada en la necesidad de legislar contra la corrupción, haya integrado un “mico” al Proyecto de Ley No. 369 de 2021 en Cámara de Representantes, que “establecía penas carcelarias y pecuniarias superiores para el ciudadano que injurie o calumnie a cualquier funcionario o exfuncionario público y a sus familias”. De igual manera, “si la calumnia o injuria proviene de un representante legal o miembro de una organización comunitaria, el castigo sería la suspensión o cancelación de su personería jurídica”. La página de internet, KienyKe, informa que “con 73 votos negativos contra 51 a favor de eliminar el mencionado artículo del Proyecto de Ley Anticorrupción, se eliminó la pena carcelaria y se deja la suspensión o pérdida de la representación legal de la organización”. Vulgar y propia acción de un “estado de opinión”, que a través del miedo y la amenaza, pretende colocar la mordaza al oficio de informar con responsabilidad. Notas: (1) https://socialesyhumanas.Deusto.es/cs/Satellite/socialesyhumanas/es/centro-etica-aplicada/etica-por-areas/etica-publica *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad PARTIDO CAMBIO RADICAL 1. Ana María Castañeda Es administradora de empresas y especialista en gerencia pública. Es senadora por Cambio Radical. Es esposa del exsenador liberal Mario Fernández Alcocer y heredera de su caudal político, que está principalmente en Sucre. Cuestionamiento: Su esposo ha sido cuestionado por tener presuntos nexos con grupos paramilitares. Tuvo una investigación en la Fiscalía que fue archivada en 2014, pero en 2016 volvieron a denunciarlo, esta vez ante la Corte Suprema. Al respecto, hubo una denuncia en 2011 contra Fernández Alcocer, realizada por un grupo de ciudadanos que afirmaron que “Mario Fernández era visitante asiduo del campamento paramilitar en Santa Fe de Ralito, dada su cercanía con Carlos Mario García Ávila, alias “Gonzalo”, jefe político del Bloque Norte”. Fernández Alcocer reconoce su cercanía con alias “Gonzalo” de quien dice fue su amigo de infancia, pero afirma que jamás visitó Ralito. En la actualidad, Alcocer tiene 10 procesos en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, de los que se desconoce el curso por su carácter de reserva. Castañeda es aliada del clan Char y apoyó la precandidatura de Alejandro. 2. Didier Lobo Chinchilla Administrador de Empresas. Cuestionamiento: en 2020, mientras fue alcalde de La Jagua de Ibirico, fue suspendido por la Procuraduría por irregularidades en la contratación de alimentos para niños y madres gestantes, al hallarse sobrecostos de más de 3 mil millones de pesos en un contrato para el suministro de paquetes nutricionales. La sanción fue ratificada en el año 2021. Pertenece al ‘Clan Gnecco’. Además, aparece en el informe de la veeduría ciudadana de #TrabajenVagos como uno de los diez congresistas que menos estuvo en el Capitolio en la legislatura 2020-2021, con 4 asistencias y 42 salidas a eventos fuera del Congreso. 3. Arturo Char Es administrador de empresas y tiene un posgrado en Alta Dirección en la Universidad de la Sabana. Llegó al Senado en 2006 con el aval de Cambio Radical y volvió en 2014. Es heredero de la estructura política que lideran su padre y su hermano. Cuestionamiento: Tiene una indagación preliminar en la Corte Suprema de Justicia por delitos de corrupción electoral debido a su presunta relación con el caso denominado Casa Blanca: una empresa criminal de compra de votos utilizada en las elecciones de 2018 por la condenada excongresista, Aida Merlano, y por otros políticos. También tiene indagación porque habría participado en la fuga de la excongresista. En febrero de 2022, Merlano rindió testimonio ante la Corte Suprema asegurando la participación de Arturo Char en la comisión de los delitos electorales. 4. Antonio Luis Zabaraín Tiene estudios en Administración de Empresas, Gestión Bancaria y Financiera y Gerencia Financiera. Fue alcalde municipal de Ciénaga entre 1998 y 2000. Es esposo de la exrepresentante conservadora Inés Cecilia López Flórez, congresista en el periodo 2014-2018. Zabaraín se hizo famoso en 2018, en medio del debate contra el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, por un extraño discurso en el que vinculaba a Hugo Chávez y a Fidel Castro con el negocio de las drogas, en el que, a juicio de José Guarnizo, pretendía demostrar que las protestas en Colombia estaban siendo financiadas por el narcotráfico. Cuestionamiento: Su caudal electoral depende del clan Char, y su principal promotor ha sido Fuad Char. 5. Carlos Mario Farelo Daza Es administrador de empresas y aunque su trabajo ha estado ligado a negocios privados propios y familiares, llegó a la Cámara de Representantes en 2018. Cuestionamiento: Farelo Daza es hijo y heredero político de Zunilda Estér Daza, exconcejala del municipio de Ariguaní, a quien la Fiscalía señaló de haber firmado el ‘Pacto de Chivolo’ con el grupo paramilitar que comandaba ‘Jorge 40’. Por otro lado, en 2019, la Fiscalía abrió una investigación en contra del hermano de Carlos Mario, Fernando Farelo Daza, por presuntamente haber incurrido en los delitos de corrupción al sufragante, violación de topes de gastos y fraude al sufragante. Esto se dio tras una denuncia realizada por un miembro de la Confederación Colombiana de Ciudadanos Contra la Corrupción, en la cual se dice que habría existido una manipulación de jurados electorales en Pueblo Nuevo, Carmen de Ariguaní y Alejandría para beneficiar la elección de Fernando Farelo como alcalde de Ariguaní. Se desconocen los avances de esta investigación. PARTIDO CONSERVADOR 6. Nadya Blel Scaff Es hija de Vicente Blel Saad, condenado por parapolítica, y hermana de Vicente Blel Scaff, Gobernador de Bolívar (2020-2023). Nadya fue concejala de Cartagena durante el periodo 2001-2003 y luego fue asesora del gobernador de Bolívar durante cinco años. En el 2014, llegó por primera vez al Congreso de la República a ocupar una curul con una votación 42.394 avalada por el Partido Conservador. Fue reelegida para el periodo 2018 con una votación de 69.840. Cuestionamiento: Es heredera de la estructura política de su padre, el excongresista Vicente Blel, condenado por sus acuerdos políticos con grupos paramilitares de las AUC. 7. Marcos Daniel Pineda Es hijo de la senadora conservadora Nora García Burgos, líder del Clan García Pineda. Fue alcalde municipal de Montería durante el periodo 2008-2011. En 2015, con apoyo de David Barguil y de su madre, fue reelecto alcalde de Montería. Cuestionamiento: En el 2013 fue suspendido e inhabilitado por cuatro meses tras comprobarse irregularidades en cuatro proyectos de acuerdos municipales, fallo del que fue absuelto en segunda instancia en 2014. En el 2017, fue capturado junto al exconsejero presidencial para las regiones Carlos Eduardo. En 2019, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra Pineda por una presunta participación indebida en política a favor del entonces candidato a la alcaldía de Montería, Salin Ghisays Martínez. En la actualidad, la Procuraduría General de la Nación archivó la investigación del Coliseo Happy Lora. 8. Juan Samy Merheg Marun Es administrador de empresas de Estados Unidos, ha sido senador de la república en los periodos 2010-2014, 2014-2018 y 2018-2022 por el Partido Conservador Colombiano. Cuestionamiento: Es hermano de Habib Merheg Marun, senador que presuntamente es señalado de haber tenido nexos con paramilitares y por la posible adjudicación irregular de tierras baldías en Vichada. En el 2010, Habib Mergeh estuvo prófugo por la investigación y sólo hasta el 2019 regresó al país. En el 2020 el proceso por nexos con paramilitarismo, adjudicación irregular de tierras y desplazamiento forzado fue remitido a la JEP. En el 2018, de acuerdo a unos audios de la Fiscalía conocidos por la Revista Semana, el representante Juan Carlos Rivera junto al senador Juan Samy Merheg estarían presuntamente vinculados al escándalo de corrupción en Dosquebradas y su sistema de recolección de basuras. 9. Óscar Barreto Quiroga Abogado especializado en Ciencia Política. Fue concejal de Ibagué y gobernador del Tolima en 2007 y 2015. Es su primera aspiración al Congreso. Cuestionamiento: durante su primera gobernación fue destituido e inhabilitado por 11 años por la Procuraduría, pero en segunda instancia fue absuelto. Por su primer mandato también le fueron imputados los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos por irregularidades en 12 convenios de educación y vivienda de interés social realizados con Prohaciendo. Ha tenido otras investigaciones en la Procuraduría y se enfrentó a un proceso en la Corte Suprema. Es líder del Clan Barreto en el Tolima. 10. Miguel Ángel Barreto Castillo Es contador público especializado en Finanzas y en Derecho Administrativo. En 2014 fue representante a la Cámara y en 2018 dio el saltó al Senado. Es primo de Óscar Barreto. Cuestionamiento: Carlos Arturo Reyes lo denunció en 2018 por una presunta compra de votos, ya que tenía 62 folios que dan cuenta de transacciones para beneficiar la elección de Miguel Ángel. Sin embargo, no se le abrió una investigación formal. Hace parte del Clan Barreto y la veeduría ciudadana de #TrabajenVagos lo señaló como uno de los congresistas que menos se presentó a sesiones presenciales en la legislatura 2020-2021. 11. Esperanza Andrade Serrano Es abogada especializada en Derecho Comercial y Público. Ha sido servidora pública en diversas instituciones del departamento del Huila. Fue concejal de Neiva y secretaria de Gobierno del Huila. En 2015 fue candidata a la gobernación del Huila, pero solo logró 28.697 votos. En el 2018 llegó al Senado con el apoyo de su hermano, Hernán Andrade Serrano. Pertenece al Clan Andrade. Cuestionamiento: es hermana del exsenador Hernán Andrade Serrano, quien fue investigado en 2013 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por su presunta vinculación con el desfalco a la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal. En 2014, la Corte decidió archivar la investigación, considerando falta de pruebas para comprobar eso. El abogado de Hernán Andrade fue Gustavo Moreno, judicializado por el “Cartel de la Toga”. Según unos audios en poder de la DEA, Andrade estaría entre los beneficiados por los pagos realizados para obtener ciertas decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Por este caso, la Procuraduría General de la Nación le abrió una investigación disciplinaria a Hernán Andrade en 2017. En febrero de 2021, en el marco de esta investigación, Gustavo Moreno declaró que no en el proceso de Andrade no hubo corrupción. Esperanza Andrade aparece en el informe de la veeduría ciudadana de #TrabajenVagos como la segunda congresista que menos se presentó a sesiones presenciales en la legislatura 2020-2021, con 12 asistencias y 128 salidas a eventos fuera del Congreso. 12. José Alfredo Marín Lozano Estudió Administración de Empresas Agropecuarias en la Universidad Santo Tomás y se ha desempeñado como contratista de la Gobernación de Santander durante el mandato de Richard Aguilar Villa, contratista del Incoder en Santander y jefe de campaña y asesor del despacho del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar. En 2018 aspiró a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador, pero solo alcanzó 3.195 votos. Es aliado del Clan Aguilar. Cuestionamiento: sería el heredero del ‘Clan Aguilar’ en el Congreso. Tras una presunta alianza con Luis Eduardo Díaz Mateus y con la condición de no llevar un candidato propio a la Cámara de Representantes, desde el Partido Conservador se habría dado un acuerdo para que José Alfredo Marín fuese candidato al Senado con todo el apoyo de los Aguilar. Con Richard y Hugo Aguilar en la cárcel y con Mauricio Aguilar sin poder hacer política de “frente”, la alianza se habría realizado con intermediación de Orlando Aguilar Naranjo, hermano de Hugo. Cabe recordar que Hugo Aguilar hijo fue condenado en 2013 a nueve años de prisión por sus nexos con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para ganar las elecciones a la Gobernación de Santander en 2003. Hugo Aguilar padre también ha sido investigado por hechos de corrupción como la existencia de irregularidades en el manejo de 20.000 millones de pesos del Parque Nacional del Chicamocha. Además, el exsenador Richard Aguilar fue capturado en el 2021 por presuntas irregularidades en contratos que suscribió entre 2014 y 2015, mientras fue gobernador de Santander. Su proceso sigue en la Corte Suprema. Las irregularidades por las que se le investiga se habrían dado en al menos 6 contratos. 13. Carlos Andrés Trujillo Fue concejal de Itagüí de 2004- 2007, después pasó por la Asamblea de Antioquia desde 2008 hasta 2011 y ahí se retiró para hacer campaña para la alcaldía de Itagüí, municipio del que fue alcalde de 2012- 2015. Llegó al Senado en 2018 con alrededor de 87.000 votos, de los cuales casi 23.000 provenían de su municipio, Itagüí. Solo en Antioquia obtuvo cerca de 71.000 votos. Su campaña reportó ingresos totales de 788,301,100.00 Cuestionamiento: Según La W, Trujillo tiene alrededor de siete procesos judiciales vinculadas con delitos de corrupción, como prevaricato por omisión e interés indebido en la celebración de contratos. PARTIDO LIBERAL 14. John Jairo Roldán Avendaño Es ingeniero civil, especialista en Gestión Pública y en Gerencia de Proyectos. Comenzó su carrera política en el municipio de Bello, donde lideró al Partido Liberal y quedó en segundo lugar para la elección de alcalde de ese municipio para el periodo 2008-2011, detrás del candidato de los Suárez Mira. En 2010, fue elegido representante a la Cámara por Antioquia por el Partido Liberal, en alianza con el ‘Clan Suárez Mira’. Ha sido reelegido para la misma corporación en el 2014 y en el 2018. Roldán ha conseguido promover su red política posicionando a su sobrino Jonathan Roldán como diputado de Antioquia. Cuestionamiento: Según el portal Vorágine, la Corte Suprema de Justicia lo investiga por presuntamente recibir coimas por más de 200 millones de pesos en San Andrés. Roldán Avendaño sería el puente entre empresarios antioqueños y políticos de la isla. Roldán hace parte del cuestionado clan de los ‘Suárez Mira’ que han dominado buena parte de la política en Bello. Su líder, Óscar Suárez Mira está condenado por enriquecimiento ilícito de particulares y quien también fue condenado en 2013 por parapolítica. 15. Claudia María Pérez Es comunicadora social. Su esposo es Fredy Pulgar Daza, diputado de la Asamblea de Atlántico y hermano del condenado excongresista del Partido de la U, Eduardo Pulgar. Según el portal Cuestión Pública, Fredy Pulgar y su esposa Claudia María aparecen en el acta de constitución de Pulgar Pérez Cia S en C, en liquidación. Esta sociedad en comandita se dedicaba a actividades inmobiliarias y fue constituida en Barranquilla en 2006.   Cuestionamiento: Pérez Giraldo es la ficha de Eduardo Pulgar, exsenador del Partido de la U condenado por la Corte Suprema de Justicia a 58 meses y 25 días de cárcel por tráfico de influencias y cohecho por intentar sobornar a un juez para favorecer a uno de sus socios. Por esta misma situación, el Consejo de Estado le declaró pérdida de investidura. Pérez entra a la lista del Partido Liberal luego del fallido intento para que su candidata fuera su esposa, Ana Josefina Ucrós, avalada por el Partido de la U. Pérez no tiene trayectoria pública ni política. 16. Laura Fortich Es administradora de empresas. Fue directora del departamento de planeación de la Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, educación y salud, Corsalud. Fue electa senadora para el período 2018-2022 sin haber participado de elecciones anteriormente. Su esposo es David Ramón Ashton, diputado del Partido Liberal en Atlántico y sobrino de Álvaro Ashton.   A pesar no haber hecho política antes, Cuestión Pública encontró que Fortich cuenta con importantes apoyos políticos, como el de su esposo, David Ashton Cabrera y su cuñado, Juan Carlos Ashton Cabrera, quien hizo aportes a su campaña. Actualmente, Juan Carlos, David y Laura son representantes de la inmobiliaria Ashfor Colombia. Cuestionamiento: Laura Fortich es la heredera de la estructura política del exsenador Álvaro Ashton, investigado y capturado por sus presuntos nexos con el Frente Pablo Elías de las AUC. Recientemente, Ashton ha pedido ser aceptado en la JEP, y entre ires y venires sigue insistiendo sobre su presencia en el tribunal de justicia transicional. Sin embargo, esa no es la única investigación que pesa sobre Ashton: en 2017 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le abrió una indagación preliminar por su presunta responsabilidad en el escándalo de Odebrecht; también está investigado por participar en el “Cartel de La Toga”. 17. Lidio Arturo García Turbay Empezó su vida política en 1995 como concejal municipal en Carmen de Bolívar. En el 2000 pasó a la Asamblea departamental y en 2006 renunció como diputado para llegar a la Cámara de Representantes. Para las elecciones de 2010 intentó reelegirse y se quemó, pero entró como reemplazo de la entonces destituida y exsenadora, Piedad córdoba. En 2014 se reeligió como representante y en 2018 dio el salto a Senado con 117.975 votos, siendo el senador más votado del Partido Liberal. Fue presidente del Senado en 2019. Su primo Dumek Turbay Ayala fue gobernador de Bolívar entre 2016 y 2019 y según investigaciones el senador cuenta con una amplia red de contratación y manejo de instituciones oficiales en Bolívar como el Establecimiento Público Ambiental, donde trabajó su hermana Angélica, la dirección departamental del Ministerio del Trabajo e incluso, la Unidad de Víctimas de Bolívar. Cuestionamiento: Lidio tiene una investigación en la Corte Suprema de Justicia por presuntos nexos con el frente José Pablo Díaz de las AUC y aunque el proceso estuvo en indagación, este se reactivó en 2021. Recientemente se mencionó a García Turbay entre los involucrados por el Cartel de la Toga, sin que se conozca el estado de dicha investigación. 18. Fabio Raúl Amín Saleme Es economista de la Universidad Javeriana de Bogotá. Fue secretario general de Lorica para luego pasar a la Asamblea Departamental con el apoyo la exsenadora y hoy candidata, Arleth Casado y su esposo el condenado por parapolítica, Juan Manuel López Cabrales. En 2006 llegó a la Cámara como fórmula de López Cabrales y logró quedarse allí hasta el 2018. Desde el 2010 fue la fórmula de Arleth Casado. En 2018, se distanció de Arleth y aspiró al senado, teniendo como fórmula a Andrés Calle. Desde ese momento ha buscado construir su propia estructura, aparte de los López Casado. Incluso, para estas elecciones, Amín buscó fortalecer electoramente con una de sus candidatas, Erly Rojas y de esta manera, restarle votos a la candidatura de Arleth. Cuestionamiento: Su capital político es, en parte, herencia de Juan Manuel López, quien fue condenado a 6 años de prisión por concierto para delinquir, al ser uno de los firmantes del pacto de Ralito. 19. Mario Castaño Pérez Es contador público de la Universidad de Manizales. Llegó al Congreso como representante a la cámara en 2014 con 26.060 votos y en 2018 dio el salto al Senado con 73.079 votos. Cuestionamiento: En diversas ocasiones Castaño ha sido señalado de incurrir en delitos relacionados con corrupción y compra de votos. En 2018 el fotógrafo José Máximo Salas Trujillo aceptó haber sido cómplice en la compra de votos a favor del político caldense. Recientemente, Castaño fue llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia por ser el líder de una red de corrupción responsable del desfalco de entidades como la licorera del Chocó. 20. Juan Pablo Gallo Es candidato al Senado por el Partido Liberal. Es economista y fue coordinador de multiservicios 2004-2005, Director general del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira 2005-2006, Concejal municipal de Pereira en dos periodos, 2008-2011 y 2012-2015, alcalde de Pereira durante 2016-2019. Cuestionamiento: En 2019, la Procuraduría le abrió investigación por presunta participación indebida en política, luego de que, presuntamente, ejerciera presión a funcionarios de su alcaldía para que respaldaran aspiraciones políticas. La Procuraduría lo suspendió por tres meses, pero al momento de la sanción tan sólo le quedaban dos años de gobierno, motivo que obligó a Gallo a terminar anticipadamente su periodo en la alcaldía. En el 2021, esta misma institución abrió una investigación disciplinaria contra Gallo por hechos relacionados a contratación pública en el año 2016. PARTIDO DE LA U 21. Juan Felipe Lemos Uribe Nació en el municipio de Andes, Antioquia. Es abogado de la Universidad de Medellín. Especialista en Contratación Estatal de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la misma institución. Fue representante a la Cámara en los periodos 2010-2014 y 2014-2018, y dio el salto al Senado para el periodo 2018-2022. Cuestionamientos: Es sobrino y ahijado político del exsenador Mario Uribe Escobar, un cacique electoral antioqueño primo del expresidente Álvaro Uribe, condenado por parapolítica a siete años y cinco meses de prisión por recibir apoyos en su elección al Senado de la República por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 22. Jhon Moises Besaile Es administrador de empresas y el mayor de los hermanos Besaile: Jhon, Musa y Edwin. Jhon fue exalcalde de Sahagún en 1998-2000 y en 2011 volvió a aspirar al cargo, pero no obtuvo los votos suficientes. En el 2012 fue exsecretario del interior y participación ciudadana en la administración del cuestionado exgobernador, Alejandro Lyons. En el 2018 llegó al Senado de la República, heredando la curul que ostentaba su hermano Musa. Cuestionamiento: A pesar de no tener investigaciones en curso, Jhon fue señalado por el paramilitar Urán Lara, hombre de confianza de alias ‘Cadena’, de que en su negocio de abarrotes (cuyo socio era Otto Bula) era el lugar en el que paramilitares mercaban. Urán Lara fue asesinado en 2015. El hermano de Jhon, Musa, está investigado por su participación en el escándalo de Odebrecht y en el ‘Cartel de la Toga’, proceso por el que el Consejo de Estado ya le declaró la pérdida de investidura. El otro hermano, Edwin Besaile, es exgobernador de Córdoba procesado por el ‘Cartel de la Hemofilia’ y según el portal Cuestión Pública enfrenta seis procesos por delitos como peculado, lavado de activos y celebración indebida de contratos. 23. Antonio José Correa Es médico cirujano de la universidad Metropolitana de Barranquilla con posgrado en Gerencia Pública de la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR). En su trayectoria política se destaca que fue senador de la república por el partido opción ciudadana en los periodos 2010-2014 y 2014-2018. Cuestionamiento: Llegó al Senado de la República por medio del respaldo de Enilse López “La Gata”. De acuerdo con El Tiempo (2013), Correa recibió apoyo económico por parte de Jorge Alfonso López, hijo de la Gata, para su campaña en el 2013 a través de la cuál logró obtener más de cincuenta mil votos por primera vez. Fue el primer senador cuestionado por recibir mermelada, en el 2018 fue señalado por la Fiscalía de haber recibido una comisión del 12% por un convenio firmado con Coldeportes por 3.491 millones de pesos. De acuerdo con la búsqueda de Pares, luego del 2018 no se registran más noticias respecto a este presunto acto de corrupción, así mismo Correa no tiene procesos activos en la Rama Judicial. 24. José Alfredo Gnecco Zuleta Tiene estudios en administración de empresas, está en el Congreso desde 2010. Cuestionamiento: José Alfredo Gnecco es hijo de Lucas Gnecco, político del Cesar con un historial de corrupción bastante amplio, inhabilitado, condenado por constreñimiento al sufragante, celebración indebida de contratos y prevaricato. Según el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, él le habría recibido 150 millones de pesos a José Alfredo para favorecer presuntamente a su papá Lucas Gnecco en un proceso por corrupción en la Corte Suprema de Justicia. El actual gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, es primo de José Alfredo y tiene medida de aseguramiento desde julio de 2021 después de ser imputado por la Fiscalía por presuntas irregularidades en un contrato de alimentación escolar en su administración de 2015. Monsalvo también fue condenado en primera instancia por corrupción al sufragante, pero en segunda instancia se cayó la condena. Es miembro del clan Gnecco. 25. Alfredo Rafael Deluque Es abogado especializado en Derecho de las Telecomunicaciones. Ha sido Representante a la Cámara por La Guajira en los periodos 2010- 2014, 2014-2018 y 2018-2022. Cuestionamiento: En sus inicios en política, habría sido apoyado financieramente por Cielo Redondo, presunta jefa política de la estructura paramilitar de Arnulfo Sánchez, alias ‘Pablo’, del ‘Bloque Contrainsurgencia Wayúu’, que operó en la alta Guajira. Luego de los escándalos de corrupción de Pérez Bernier y de su padre, Alfredo Deluque, ha tomado las banderas del movimiento y ha montado una estructura denominada ‘Nueva Fuerza Guajira’. Deluque tiene varios señalamientos por estar presuntamente vinculado con diversas irregularidades dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así como al interior de algunas fundaciones relacionadas, en donde no es claro a dónde se dirigía el importante presupuesto para la lucha contra la desnutrición de los niños en el departamento. PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 26. Paola Holguín Moreno Nació en Medellín. Es comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana y tiene una maestría en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra y otra en Estudios Políticos con énfasis en Economía y Desarrollo. Estuvo encargada de asuntos políticos en la Embajada de Colombia en México entre 2008 y 2009. Llegó al Congreso en 2014 y en 2018 cuando se abrió la lista del Centro Democrático y fue la segunda más votada después de Álvaro Uribe Vélez. Era precandidata presidencial, pero se abstuvo de participar en el sistema de encuestas de ese partido para apoyar al hoy candidato Óscar Iván Zuluaga. Es la líder del clan de Los Paolos. Cuestionamiento: De acuerdo con una denuncia del periodista Yohir Akerman, el padre de Holguín, Frank Holguín Ortiz, durante los años 90 tuvo nexos con el Cartel de Medellín, fue procesado judicialmente por el delito de narcotráfico y se llevó a cabo una extinción de dominio en su contra por ser testaferro de Pablo Escobar. Además, Holguín acaba de salir en el informe de la veeduría ciudadana de #TrabajenVagos como la mayor ausentista a las sesiones presenciales en el Congreso de la República durante la pandemia, mientras sí realizaba eventos y salidas presenciales y eventos de diversa índole. 27. Esteban Quintero Cardona Abogado. Fue diputado en la Asamblea de Antioquia entre 2012 y 2016 por el Partido de la U, y es hijo del exsenador condenado por parapolítica Rubén Darío Quintero. Para el periodo 2018-2022, hace parte de la Comisión sexta o de transportes y comunicaciones. Cuestionamiento: Es hijo del parapolítico Rubén Darío Quintero, excongresista condenado a 90 meses de prisión por tener vínculos con el Bloque Elmer Cárdenas de las AUC. Rubén Quintero pidió ser incluido en la Justicia Especial de Paz (JEP), pero esta ordenó la terminación de la solicitud en noviembre de 2019. 28. Honorio Miguel Henríquez Pinedo Es abogado de la Universidad de la Sabana y cuenta con una especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Universidad Javeriana. Ha sido Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Secretario General del Ministerio del Interior, Viceministro de Justicia, Gobernador de Córdoba y Asesor del Ministro del Interior con funciones de Secretario Privado. Llegó por primera vez al Senado en 2014 y en 2018 volvió a quedar luego de alcanzar 33.432 votos y siendo avalado por el Centro Democrático. Cuestionamiento: es sobrino del exsenador Miguel Pinedo Vidal, a quien la Corte Suprema condenó a nueve años de prisión por sus nexos con paramilitares del Frente Resistencia Tayrona de las AUC. Esto, tras declaraciones de Hernán Giraldo Serna quien sostuvo que Pinedo Vidal se alió con la AUC para lograr ser elegido congresista en 1998 y en el 2002. Así, fue procesado por el delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley. 29. Ciro Ramírez Cortés Es candidato al Senado por el partido Centro Democrático y pertenece al ‘Clan Ciro Ramírez Pinzón’. Es abogado e hijo del cacique político boyacense y conservador Ciro Ramírez Pinzón. Ramírez Cortés llegó al Congreso en 2014 como representante a la Cámara por Boyacá, con el aval del partido Centro Democrático. Para las elecciones en 2018 dio el salto al Senado. Para las elecciones 2022 su fórmula a la Cámara fue Guillermo Leonardo “el mono” Sánchez, pero no ganó. Cuestionamientos: Ciro Ramírez Cortés es hijo y heredero de la estructura política de su padre, Ciro Ramírez Pinzón, condenado en 2011 por la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir y promoción de grupos paramilitares, particularmente del ‘Bloque Central Bolívar’. Ramírez Pinzón también fue señalado de sostener relaciones con el narcotraficante Gilberto Saavedra, alias ‘el doctor’. COMUNES 30. Julián Gallo Cubillos Reconocido como Carlos Antonio Lozada, fue un excomandante de las extintas FARC-EP, organización a la que llegó a los 17 años. Fue vocero de la organización en los Diálogos del Caguán y fue uno de los negociadores del Acuerdo de Paz. En 2018, ocupó una de las 5 curules en el Senado que les corresponden, de acuerdo con lo firmado en 2016. Para las elecciones del 2022 encabezó la lista del partido al Senado. Cuestionamiento: en abril del 2021, Gallo Cubillos compareció ante la JEP, para brindar detalles sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Allí aceptó su participación en dicho asesinato, siguiendo órdenes de Jorge Briceño, alias “Mono Jojoy”. También aceptó haber dado la orden de asesinar a Hernando Pizarro León. Para agosto de este año, la familia de Gómez Hurtado solicitó la expulsión de Gallo Cubillos de la JEP, por vacío de evidencias, contradicciones y falsedades en las declaraciones dadas por este asesinato. Eso llevó a la JEP a verificar si hubo un cambio de testimonio en las declaraciones de Gallo Cubillos. Se desconoce qué ocurrió con esta verificación. Adicional a ello, fue uno de los 8 exmiembros de las FARC-EP a los que se les imputó cargos por toma de rehenes y graves privaciones de la libertad, lo cual fue aceptado, reconociendo que se trató de una política de la organización. También fue llamado por violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Norte del Cauca y del Sur del Valle del Cauca. 31. Pablo Catatumbo Torres Victoria Hizo parte del Estado Mayor de las extintas FARC-EP hasta su desmovilización y fue uno de los senadores que ocupó una de las 5 curules en Senado que le correspondían a esta organización en 2018. Cuestionamiento: en enero del 2021, la Sala de Reconocimiento de la JEP le imputó cargos, junto a otras 7 personas, por el “Caso 01”. Él, junto a otros miembros del secretariado, aceptaron en abril haber cometido crímenes de guerra y lesa humanidad en relación con el secuestro, y reconocieron que se trató de una política al interior de la organización insurgente. Para inicios del 2021, en la justicia ordinaria tenía 6 sentencias por los delitos de secuestro y toma de rehenes y la Fiscalía reporta 22 investigaciones por secuestros ocurridos entre 1991 y 2011. Por otro lado, fue llamado a responder diligencia de versión Norte del Cauca y del Sur del Valle del Cauca por violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, para que hablara sobre desplazamiento forzado, secuestros, violencia sexual, muertes producto del conflicto armado, confinamiento y siembra de minas antipersonal. PACTO HISTÓRICO 32. Alex Xavier Flórez Estudió derecho en la Universidad de Medellín, pero no se graduó. Concejal de Medellín por el ‘Movimiento Independientes’, liderado por el alcalde Daniel Quintero. Cuestionamiento: El Consejo de Estado confirmó en segunda instancia la pérdida de investidura de Alex Flórez como concejal de Medellín porque en febrero de 2019, año de la elección, firmó un contrato por prestación de servicios con el Tecnológico de Antioquia, que se acabó el 25 de octubre. No podía ser contratista y candidato al tiempo pues se benefició de recursos públicos. COALICIÓN CENTRO ESPERANZA 33. León Fredy Muñoz Es representante a la cámara y buscaba dar el salto al Senado. Su vida política inició en el municipio de Bello, Antioquia. Fue secretario en el Consejo Municipal de Bello entre 2004 y 2005, concejal por el Partido Alianza Verde para el periodo 2012- 2015, y excandidato de la Alcaldía de ese mismo municipio. Es uno de los principales contradictores del ‘Clan Suárez Mira’, que tiene su poder en Bello. Cuestionamiento: En junio de 2018 fue detenido en el Aeropuerto José María Córdoba con 160 gramos de cocaína, aunque después fue dejado en libertad por orden de una juez. Frente a esto, Muñoz ha respondido que es víctima de un montaje. Fue llamado a juicio por la Corte Suprema en diciembre de 2020. En octubre de 2021, la Corte llamó a practicar pruebas en medio de la investigación que se le adelanta por ese hecho

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad De acuerdo con las investigaciones realizadas por Pares y posterior a los resultado de las elecciones en CITREP, se ha podido identificar que, con el 95% de las mesas escrutadas, existen 6 candidatos cuestionados que ponen en riesgo la representación política de las víctimas, entre estos 2 con posibles aliados de Clanes Políticos. Los candidatos cuestionados fueron elegidos en las circunscripciones de Catatumbo, Chocó, Putumayo, Caquetá , Sierra Nevada-Perijá y Sur de Córdoba, sub regiones que previamente Pares ha señalado con altos niveles de cooptación y/o con pocas garantías de orden público. Circunscripción 4 Catatumbo 1. Diógenes Quintero Amaya Es abogado de la Universidad Libre y representante a la Cámara de víctimas ​​por la organización de víctimas Asociación de Familias Desplazadas de Hacarí- ASOFADHACA. Cuestionamiento: Según fuentes territoriales consultadas por Pares, Diógenes es presuntamente aliado político del representante a la Cámara Wilmer Carrillo, miembro del Clan Villamizar investigado por la Corte Suprema de Justicia desde el 2021 por presunto peculado por apropiación y contrato sin cumplimientos legales por un contrato de mantenimiento de malla vial en Arboledas, Norte de Santander. El respaldo político de este barón electoral fue fundamental para rodearse de varios alcaldes de la región como Deyvy Bayona Guerrero, alcalde de Hacarí, quienes presuntamente podrían haber estado financiado la campaña política de este candidato. De hecho, Pares pudo corroborar un presunto delito electoral por parte de este candidato al haber estado haciendo publicidad política en plena veda electoral en el puesto de votación del corregimiento de San José del Tarra. Circunscripción 5 Caquetá 2. John Freddy Núñez Jhon Fredy Núñez ha sido un político local y contratista en Caquetá. Aspiró al Senado en 2009, a la alcaldía de Florencia en 2011 y a la Asamblea Departamental en 2015 Partido de Integración Nacional (PIN), luego convertido en Partido Opción Ciudadana, colectividad de la cuál él mismo asegura ser miembro directivo. Actualmente se quedó con la curul de víctimas de Caquetá, avalado por la Fundación Igualdad Social. Cuestionamientos: de acuerdo con El Espectador Núñez es cercano a Álvaro Pacheco, exgobernador condenado por parapolítica, así como a estructuras políticas en el departamento relacionadas con este fenómeno. A su vez, diversas víctimas elevaron solicitudes al Consejo Nacional Electoral para que se revocara su candidatura, toda vez que estaría presuntamente inhabilitado por haber ejecutado contratos con el departamento y por alianzas con estructuras políticas tradicionales. Circunscripción 6 Chocó 3. James Hermenegildo Mosquera Torres Es representante por el Consejo Comunitario Mayor de Novita “Cocoman”. Es originario del departamento de Antioquia. Cuestionamiento: cuenta con un proceso de peculado por apropiación, adelantado en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Mocoa. Presuntamente, Mosquera Torres mediante el contrato de prestación de servicios No. 200712003 del 8 de diciembre de 2007 se encargaba de la actividad de cobro y recaudo prejurídico y jurídico de Selvasalud S.A. EPS. Mediante la ejecución de dicho contrato habría extraído sumas de dinero con las que, presuntamente, se apropió de un total de $1.078.000.000 pesos. En la actualidad, Pares desconoce el curso de la investigación luego de que en el 2021 la Corte Suprema de Justicia trasladara la competencia de este caso al Juzgado Primero Penal del Circuito de Mocoa. Por otro lado, fuentes de prensa han cuestionado el proceso a través del cual Mosquera fue reconocido como víctima por parte de la UARIV. Según el Diario Criterio podrían existir irregularidades en el otorgamiento de esta condición teniendo en cuenta la brevedad de los tiempos entre el hecho victimizante y el reconocimiento como víctima. Así mismo, en el proceso de verificación de Pares se pudo corroborar que este candidato inicialmente se encontraba inscrito para votar en Bogotá, específicamente, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. No obstante, en una verificación reciente se pudo observar que trasladó su puesto de votación a Istmina, Chocó. Circunscripción 11 Putumayo 4.John Fredi Valencia Caicedo Es representante a la cámara de víctimas por el Consejo Comunitario Los Andes, de Putumayo. Cuestionamiento: de acuerdo con fuentes territoriales de Pares, Valencia Caicedo habría contado con el apoyo del gobernador de Putumayo, Buanerges Rosero Peña, cuya administración ha sido cuestionada por clientelismo y corrupción y quien se encuentra enfrentando un proceso por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en favor de terceros, a raíz de un contrato para adquirir 10 ambulancias durante la emergencia por el Covid-19, contrato por el que fue imputado. Valencia también tendría el apoyo del representante a la Cámara por Putumayo del Partido Liberal, Carlos Adolfo Ardila Espinosa, quien logró 15.545 votos en las elecciones del 2018 y quien repitió en su curul en el Congreso. Circunscripción 12 Cesar, La Guajira y Magdalena 5. Jorge Rodrigo Tovar Es un abogado con especialización en Gestión de Gobierno y Campañas Electorales y en Ciencias Penales y Criminológicas. Ha sido asesor jurídico de Acavel S.A.S, una agencia de viajes de la que Ana Carolina Vélez, su mamá, es representante legal y asistente jurídico en Bocanegra Bernal y Asociados. Tovar ha trabajado en el Gobernación del Cesar y para la Alcaldía de Valledupar y en 2019 fue asesor en el Viceministerio de Relaciones Políticas, bajo la cartera de Nancy Patricia Gutiérrez. Luego fue coordinador del Grupo de Víctimas del Ministerio del Interior. Es representante a la cámara de víctimas por la Asociación Paz es Vida (Pa-Vida), de César. Cuestionamiento: es el hijo de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. Como ya reseñó Pares en el artículo “Los conflictos de intereses en la candidatura de Jorge Tovar”, ‘Jorge 40’ fue uno de los jefes paramilitares más violentos del Caribe colombiano. Llegó a dirigir entre 2000 a 5000 hombres en el Bloque Norte de las AUC. ‘Jorge 40’ ingresó en 2006 al Sistema de Justicia y Paz y fue excluido en 2015, por no garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. El exjefe paramilitar fue extraditado en 2008 a Estados Unidos por narcotráfico y deportado a Colombia en 2020. Sumado a la cuestionable relación parental, Tovar tiene un conflicto de intereses con la Unidad de Victimas territorial del Cesar, debido a que, desde 2019, el contrato de arrendamiento de la sede de la Unidad de Víctimas territorial Cesar – Riohachael fue adjudicado por 236 millones de pesos a Ana Carolina Vélez, ex esposa de ‘Jorge 40’ y madre de Jorge Rodrigo Tovar Vélez. Además, según El Espectador, la Unidad de Victimas territorial del Cesar estaría promoviendo su candidatura y campaña. Circunscripción 14 Córdoba 6. Leonor María Palencia Vega Es representante a la cámara de víctimas por la Asociación Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó (ASOMUVIJ) de Córdoba. Cuestionamiento: Como ya mencionó Pares en el artículo "Gobernador de Córdoba, padrino político en las Circunscripciones de Paz", Palencia tendría un vínculo familiar con el Gobernador Orlando David Benítez del Partido Liberal quien, a su vez, tiene por padrinos políticos al senador Fabio Amín, el representante Andrés Calle y el clan Besaile quienes repitieron en su curul en 2022. De acuerdo con fuentes de Pares, la candidatura de Palencia cumple con los requisitos mínimos para la candidatura política y, aparentemente, no incurre en ninguna inhabilidad. Sin embargo, su aspiración política implicó condiciones de desigualdad en la competencia electoral para los otros 17 candidatos de esta circunscripción. Sumado al respaldo político de la Gobernación, Palencia también habría contado con el apadrinamiento político de los concejales del municipio de Valencia del partido Liberal. Además, según fuentes de prensa local Palencia no ha ejercido un liderazgo notable en favor de las víctimas.

Por: León Valencia Las elecciones del 13 de marzo dijeron muchas cosas, pero no las dijeron todas. Dijeron que Gustavo Petro es de lejos el candidato favorito para ganar la presidencia; que la derecha encontró en Federico Gutiérrez su candidato para disputar el triunfo; que la coalición Centro Esperanza, a pesar de todos sus errores, está viva y tiene en Sergio Fajardo un candidato sereno y resistente y un equipo interesante para encarar la primera vuelta. Esos resultados forzaron decisiones trascendentales. La renuncia de Oscar Iván Zuluaga, candidato del uribismo, quien abrazó de inmediato a Federico Gutiérrez; y la declinación de las aspiraciones presidenciales de Germán Vargas Lleras, quien está ahora disponible para alianzas de primera y segunda vuelta. Dijeron también que el Partido Liberal, con 15 Senadores y 32 representantes a la Cámara será un jugador clave en primera y segunda vuelta. No dijeron, en todo caso, cuánto seguirá marcando en las encuestas Rodolfo Hernández, quien antes de las consultas había surgido como un competidor de cuidado; tampoco dejaron claro si Ingrid Betancur y Luis Pérez mantendrán la caña en las próximas semanas. En la euforia por los resultados de las consultas, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez lanzaron la consigna de ganar en primera vuelta. Cosa muy difícil. Pero si la consigna se hiciera realidad, Petro sería el más posible ganador. Veamos la dificultad. Los votos de las consultas congregaron aproximadamente 12.400.000 votos y la votación de la presidenciales puede llegar a 19.000.000 de votos, con lo cual faltaron más de seis millones por contar. De estos 19 millones, los 5.883.750 votos del Pacto Histórico representan, aproximadamente, el 30%. Aún al Pacto y a Petro le faltan muchos votos para llegar al 50% más uno que les daría el fantástico triunfo en primera vuelta. Ahora bien, estas son, desde luego, matemáticas frías. Falta por ver qué dicen en los próximos días las encuestas y las alianzas. Muy pronto sabremos del impacto de estas consultas en la opinión y en las filas de los partidos que no estuvieron en ellas. Si las encuestas no ponen a ningún candidato por encima del 40% y la favorabilidad sigue dispersa como hasta ahora, al tiempo que las alianzas se demoran y difuminan, lo más seguro es que vamos a una reñida competencia en primera vuelta y a una, aún más reñida, en segunda vuelta. Cesar Gaviria y el Partido Liberal, al igual que Germán Vargas Lleras y Cambio Radical, venderán caro su apoyo. Son grandes jugadores políticos y no se resignarán a estar por fuera de las definiciones presidenciales. El apoyo de estas fuerzas agrega a maquinarias y esto no es desdeñable, pero en el ambiente de transición y de cambio que se siente en Colombia, también restan en el lado del voto de opinión que será sin duda protagonista en estas elecciones. Las señas de la Coalición Centro Esperanza han cambiado. En estos días, después de la consulta, han mostrado la unidad que les era esquiva en la campaña hacia la consulta. Tienen un equipo que combina bien experiencia en campañas y gobierno y a la vez nuevas caras en la disputa nacional. Y, sobre todo, han mostrado una disposición a correr toda la primera vuelta en busca de los votos del centro de la trama electoral. El Partido Verde -que en los meses previos a la consulta tomó la extraña y contradictoria decisión de mantenerse en la Coalición de la Esperanza y al mismo tiempo declarar la libertad de sus militantes para votar en dos consultas y por el candidato que bien quisieran- tendrá que definir ahora una posición certera. Los partidarios de Gustavo Petro en las filas del Verde sólo eligieron un senador, Inti Asprilla, con la quinta votación de los 13 de la Coalición Centro Esperanza. A esta corriente le resultará difícil insistir en la libertad de los militantes para las elecciones de primera vuelta. PD. Desde las elecciones de 2014, Pares había advertido graves irregularidades en la escogencia de los jurados, en los E14, el preconteo de votos y el software de escrutinio. El Consejo de Estado ratificó esta apreciación en la sentencia sobre el Partido Mira. Ahora estalla el escándalo en cabeza de Alex Vega. Desde @parescolombia animamos a todos los partidos y movimientos a que soliciten un registrador Ad hoc que garantice la transparencia en las elecciones presidenciales; por todas las investigaciones que hemos realizado en los últimos años, concluimos que Alex Vega no es confiable.

Por: Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Las elecciones legislativas al Congreso de la República del pasado 13 de marzo llenaron la agenda de los medios de comunicación nacional por la importancia de las mismas ad portas del cierre de gobierno de Iván Duque. Sin embargo, en el marco del ejercicio democrático, no se detuvieron las acciones de los grupos armados en diferentes zonas del país. Si bien se conoció que el Comando Coordinador de Occidente (CCO) y el ELN emitieron comunicados días previos a las elecciones donde afirmaban no pretender involucrarse en el ejercicio electoral, esto no significó que estuvieran alejados de las confrontaciones armadas en las zonas del país donde hacen presencia. A continuación se hace un recuento de algunos hechos de violencia que protagonizaron estos actores armados días antes y durante las elecciones del pasado domingo. Cauca Entre el 6 y 13 de marzo se presentaron 9 hechos en el departamento del Cauca, entre los cuales se destacan la reactivación de los combates entre grupos armados en el municipio de Argelia, al sur del departamento, los casos de reclutamiento forzado de menores y el asesinato de lideres sociales. El primero de estos hechos se presentó el 7 de marzo, con la aparición, a través de medios electrónicos y de manera panfletaria, de una amenaza por parte de las Águilas Negras Bloque Suroccidental dirigida a varios lideres y lideresas del norte del cauca, así como también a ONG’S que, actualmente, desempeñan labores en la subregión. Este tipo de panfletos han sido recurrentes. En estos se señala a ciertos lideres y lideresas de estar aliados con el Estado o con Grupos Armados PosFarc (GAPF o disidencias) para autoamenazarse, deslegitimando y desvirtuando su lucha comunitaria y política. Al día siguiente, se supo de la afectación que sufrió un campesino en El Tambo, debido a una mina antipersona mientras se encontraba realizando sus labores. Cabe destacar que en ese municipio se encuentran tanto el GAPF frente Carlos Patiño como el Frente José María Becerra del ELN. Este mismo tipo de hecho se repetiría el 9 de marzo en el municipio de Argelia, esta vez resultando heridos 4 militares. El 9 de marzo en el Resguardo de Huellas del municipio de Caloto, se reportó el reclutamiento forzado de 4 menores de edad que fueron retenidos mientras se dirigían y estaban en el colegio. El GAPF Columna Móvil Dagoberto Ramos Ortiz del CCO seria el responsable de este hecho. De los 4 menores 2 alcanzaron, al parecer, a ser transportados hasta el municipio de Argelia para apoyar al Frente Carlos Patiño en la guerra que libra actualmente contra el ELN, la Segunda Marquetalia y la fuerza pública (ACIN, 2022). Este tipo de práctica ha sido recurrente en los últimos años, en la cual se busca reclutar forzosamente a personas en el norte del Cauca para llevarlas al sur de ese departamento en donde actualmente se concentra el conflicto. Dicho hecho de reclutamiento contrastó con la desmovilización el mismo día, de 10 miembros del ELN y 3 de las disidencias de las Farc, (2 de ellos pertenecientes al Frente Carlos Patiño y 1 de la Columna Móvil Jaime Martínez). Posteriormente, el 11 de marzo, se presentó el asesinato del ex alcalde del municipio de López de Micay, Federico Torres Perlaza, quien se encontraba apoyando campañas electorales. A este hecho se sumó la aparición, en el casco urbano de Popayán, de un pendón alusivo al Frente Carlos Patiño del CCO, suceso que generó temor entre la población de la capital del Cauca, ya que es un claro aviso sobre la presencia de esta Estructura Armada Ilegal allí. Finalmente, durante la jornada electoral del 13 de marzo, se presentaron dos hechos en el norte del Cauca. El primero ocurrió en el municipio de Santander de Quilichao, en la vía que conduce al municipio de Jamundí (Valle del Cauca) en donde fue hallada una motocicleta con explosivos, la cual sería utilizada para realizar un atentado. El otro hecho se presentó en horas de la tarde, en los límites entre el municipio de Santander de Quilichao y Caldono, en donde se presentaron combates entre el ejército y la Columna Móvil Dagoberto Ramos Ortiz del CCO. Norte de Santander Por su parte, en el otro extremo del país, en el área metropolitana de Cúcuta, también se presentaron hechos de violencia que involucraron a los grupos armados que hacen presencia. El pasado 10 de marzo, varios integrantes del Clan del Golfo se movilizaron en seis motocicletas hasta el sector conocido como La Estrella (ubicado en el lado venezolano que colinda con el Corregimiento de Banco de Arena de la zona rural de Cúcuta) y sostuvieron enfrentamientos con el ELN. En su huida, dichos integrantes del Clan dispararon indiscriminadamente contra la población civil, y asesinaron a dos agricultores del Corregimiento Banco de Arena. En el mismo lugar, también resultó herido el ex presidente de la junta de acción veredal de la vereda El Infierno. De manera casi que simultánea, tropas del Ejército junto a la Policía Nacional, se encontraron con los victimarios manteniendo un combate por varios minutos. En esa acción, la fuerza pública dio de baja a cuatro integrantes, y capturó a otro. Además, incautaron cuatro fusiles, una pistola, munición, y radios. PARES pudo confirmar con una fuente en el territorio que, el sitio donde se presentaron los enfrentamientos es habitado por trabajadores informales que comercian con contrabando y que producto de los enfrentamientos que se están presentando en la zona, tienen “parada” la ruta que pasa por allí. Los hechos ocurridos tanto en el Cauca como en Norte de Santander muestran que a pesar del contexto de elecciones legislativas y las aparentes “medidas” para que los grupos armados no realizaran ningún tipo de acción, los mismos se mantienen operantes sin tener ningún tipo de distinción por el momento coyuntural democrático. Con base en esto se puede prever que los grupos armados continuarán siendo protagonistas de hechos de violencia mientras se resuelve, a mediados de año, la carrera por la presidencia de Colombia. Referencias: ACIN. (9 de marzo de 2022). Alerta máxima por reclutamiento en el norte del Cauca. Boletín de Derechos Humanos.

Por: León Valencia La escena es triste y, definitivamente, una vergüenza para las instituciones electorales del país. 17 candidatos, en la Circunscripción Transitoria Especial de Paz, integrada por los departamentos de Cesar, Magdalena y Guajira, se encadenaron a la sede de la Registraduría de Valledupar y permanecieron allí diez días a la espera de que funcionarios del Estado atendieran sus reclamos. Nadie atendió sus quejas, nadie prestó oídos a la petición de garantías. Se vieron obligados a renunciar a sus aspiraciones. Es el último episodio de una cadena de reticencias, engaños y agresiones al acuerdo de paz que quiso dar representación a los territorios marginados por siempre de la competencia política y a las victimas de la larga guerra que azota al país. Nada más justo que este acuerdo entre las FARC y el gobierno nacional. Esos territorios periféricos, con baja población y alta violencia, nunca tuvieron representación propia. Sus habitantes han sido ciudadanos de segunda clase. El uribismo, arguyendo que esas curules irían a parar a manos de la guerrilla, se opuso abiertamente a que se le diera vida legal a este acuerdo. Perdió el pulso en el Congreso por un estrecho margen y recurrió a triquiñuelas para evitar que la ley saliera a la luz. Demoró el proceso de manera aleve. Al fin la Corte Constitucional, en un acto de sensatez y justicia, avaló el acto legislativo 02 de 2021 y lo puso a disposición del gobierno para que hiciera la respectiva reglamentación. En operación tortuga salió por fin una reglamentación que dejó en manos de instancias del gobierno la certificación de las victimas con derecho a presentarse como candidatos y dispuso planes genéricos de pedagogía electoral para los territorios implicados y apoyos logísticos para los candidatos. En este marco, ni la inscripción de cédulas, ni la pedagogía electoral, ni la movilización de los puestos de votación, ni el control de los actores armados ilegales que hacen de las suyas en estas zonas, ni los recursos económicos para hacer campaña, han fluido. En todas las circunscripciones hay graves reclamos. Pero en la circunscripción de Cesar, Magdalena y Guajira hay un hecho aberrante que llenó la taza. Jorge Tovar, hijo del paramilitar “Jorge 40”, que dejó un incalculable reguero de victimas en esos territorios, fue admitido como victima y candidato. Ahora, con dinero a discreción y apoyo de una amalgama de fuerzas oscuras, se pasea por toda la región, según lo denunciaron los candidatos que declinaron sus aspiraciones. Se necesita una acción urgente y coordinada de las organizaciones de la sociedad civil y de todas las fuerzas que apoyan el proceso de paz y tienen como emblema la solidaridad con estos territorios y sus victimas. Es necesario elevar el costo político de las burlas a las Circunscripciones Transitorias de Paz, acentuar la vigilancia del proceso electoral en estos territorios e intensificar las denuncias. Pero lo más importante vendrá después. Aun con todas estas adversidades, de esos territorios saldrá una representación inédita en la vida colombiana. Tengan el color que tengan los elegidos, estarán obligados a llevar la voz de estos territorios al Congreso, a presentarle al país los problemas y angustias de estas regiones, a construir una agenda legislativa para enfrentar la marginación y la violencia que han vivido. Tanto el Congreso como la opinión pública tienen que rodear de apoyo a los 16 Representantes a la Cámara de la paz, las victimas y los territorios del olvido. Esta representación no puede pasar desapercibida en los próximos cuatro años. El país tiene que aprender nuevos nombres de municipios, corregimientos y veredas, saber qué se esconde en el Catatumbo y en la Alta Guajira, qué hay a la vera de los ríos que circundan a Buenaventura o en las montañas del Cauca. Tenemos la obligación de incorporar esos territorios y sus ciudadanos a la política activa del país, ese puede ser el principal reto del postconflicto.

Por: Laura Cano Periodista Pares Hace más de cinco años, cerca de 13.000 personas le apostaron a la paz acogiéndose a un acuerdo entre el gobierno, en ese entonces en cabeza de Juan Manuel Santos, y la guerrilla a la que pertenecían, la extinta Farc-ep. De estas personas varias eran mujeres, algunas con hijos, otras con estudios en diferentes áreas, unas con familias conformadas, etc.; pero eso sí, una cosa las unía: todas con la esperanza de que dicho Acuerdo permitiera una reconstrucción del tejido social. Lastimosamente, en ese camino muchas cosas han quedado por cumplirse, una de las más importantes ha sido la protección de la vida. Pero, incluso con un registro de casi 300 personas firmantes asesinadas, entre ellas, al menos, 10 mujeres, este no ha sido el causante para devolver las páginas de este conflicto. Ante la convicción de quienes están en proceso de reincorporación, aún muchas de las personas que aquel 24 de noviembre de 2016 se acogieron al Acuerdo le siguen apostando a la paz, haciendo comunidad. Una de esas formas de resistencia ha sido a través de proyectos productivos, que, además de permitir encuentros y trabajo colectivo, también han sido el punto de partida para que muchos y muchas puedan pensarse proyectos de vida desde ahí. Asimismo, estos se han convertido en otras formas de hacerle frente a las tantas circunstancias por las que hoy por hoy pasan los firmantes de paz. Mujeres Pisando Firme es uno de esos proyectos, el cual ha permitido reunir a mujeres firmantes de paz, familiares de excombatientes y mujeres que viven en Saravena, Arauca, quienes a través de una empresa dedicada a la fabricación de zapatos han constituido una forma de solvento económico, pero también de pensarse desde la colectividad de mujeres, pues este emprendimiento nace también al reconocer la “capacidad de las mujeres, pues hay muchos trabajos que dicen que son solo para hombres, entonces nosotras queríamos quitar ese prejuicio y apostarle a algo hecho por mujeres, que además nos generara también cierta independencia económica”, señala Aura María Torres. Este proyecto nació de un esfuerzo genuino, a través de Mujeres que Emprenden, Sociedades que Florecen, una iniciativa auspiciada por la Embajada de los Estados Unidos, dirigida a mujeres emprendedoras que quieran conocer las herramientas para llevar adelante un negocio. Esto motivó a varias mujeres a pasar una propuesta, la cual se materializó en la creación de calzado, idea que hoy por hoy convoca a 18 mujeres, que cumplen distintas funciones. Al inicio se realizaron 18 pares de zapatos que, posteriormente, vendieron entre todas las mujeres para recolectar lo de más materia prima y así continuar con el proyecto. No obstante, Aura reconoce que la comercialización ha sido uno de los factores que más trabajo les ha costado. Pero las dificultades técnicas no han sido las únicas que se han presentado en medio del proyecto de Mujeres Pisando Firme, pues el contexto donde se ha desarrollado el emprendimiento también ha sido otra cuestión. Justamente, hay que recordar que el conflicto en Arauca se ha reconfigurado, y, al menos en Saravena donde se ubican las mujeres que hacen parte de la organización, tienen presencia el ELN y la Estructura Décima Martín Villa de las disidencias de las Farc. Ahora bien, este municipio, en lo que va del año, que de hecho ha sido un inicio de año en el que se ha agudizado la violencia en Arauca, ha sido foco de la crisis de seguridad en el departamento. Allí se han registrado atentados, homicidios, secuestros, desplazamientos forzados, entre otros hechos victimizantes. Y es que no es per se, pues hay que recordar que Saravena es área limítrofe con Venezuela, lo que ha generado una dinámica de confrontación por el extenso corredor de movilidad estratégico para los grupos criminales. Por otra parte, vale la pena traer a colación que, en Saravena, fue asesinado Juvenal Ballén Gómez, el primer firmante de paz asesinado en el 2022, en el marco de un panorama de constantes vulneraciones a los derechos humanos en esta zona. Nombramos este panorama porque para Mujeres Pisando Firme no ha pasado desapercibido, pues esta ola de violencia ha suscitado que en lo que va del 2022 ellas hayan tenido que parar sus labores ante la amenaza que viven no sólo como habitantes de Saravena, sino también como mujeres, lideresas, y varias de ellas, firmantes de paz. “Nosotras hasta el momento no hemos sido amenazadas. Sin embargo, desde enero en adelante la situación de seguridad nos ha afectado, pues prácticamente acá estamos en confinamiento. De hecho, llegamos a pensar que la maquinaría se nos iba a perder por el no uso”. Todas estas situaciones han dejado algo claro para las Mujeres de Pisando Firme, los proyectos productivos no giran únicamente en cuanto a lo técnico y económico, es también una juntanza que requiere organización, autoprotección, hacer comunidad, sobre todo en contextos de constante violencia. Pero también estas iniciativas hacen ver que es necesario, por un lado, que el Estado voltee a mirar a estos proyectos, fortaleciendolos, y en este caso, dando cumplimiento a lo pactado en la Habana. Por otra parte, pone de frente lo poderoso y las redes que crecen cuando las mujeres se encuentran con sus diversos contextos, pero coincidiendo en convicciones. Hoy por hoy Mujeres Pisando Fuerte, pese al contexto de violencia, ha retomado sus labores con la participación de cinco mujeres, quienes actualmente concentran su trabajo en la fabricación de calzado para los y las estudiantes del municipio, demostrando la voluntad que desde el 2018 han tenido, por un lado, para continuar su proceso de reincorporación, pero también por buscar alternativas que siempre lleven al trabajo colectivo.

Por: Luis Eduardo Celis Este domingo son las elecciones a Congreso de la Republica y consultas presidenciales. Sin exagerar será un día histórico que marcará un antes y un después. Todas las encuestas dan que la consulta más votada será la del Pacto Histórico, donde de manera holgada ganará Gustavo Petro. Igualmente, se prevee que la lista al senado de mayor respaldo ciudadano será para esa amplia confluencia de izquierdas y movimientos sociales, agrupada en ese sugestivo nombre: Pacto Histórico. La izquierda colombiana hasta hace dos décadas fue pequeña electoralmente, su mejor desempeño fue en las elecciones de 1986 donde la Unión Patriótica, liderada por Jaime Pardo Leal en las presidenciales, logró el 6.5% de la votación, una cifra pequeña, muy pequeña. Aun así, contra ese movimiento político liderado por el Partido Comunista y producto de unas negociaciones de paz con las FARC y el gobierno del presidente Belisario Betancur, se le abalanzaron las derechas criminales y las mafias en alianza con importantes actores estatales para producir un genocidio que en lo fundamental sigue en la impunidad. Otro momento destacado para la izquierda fue la importante bancada que obtuvo la AD-M-19 en la Asamblea Nacional Constituyente y en el nuevo congreso elegido en 1991. Desafortunadamente, este movimiento se diluyó entre las dificultades de cohesión y rumbo por parte de sus dirigentes y la ausencia de garantías de un sistema político plagado de mafias, corrupción, ventajismo y abiertos desequilibrios entre los que tienen amplio acceso a recursos económicos y a los medios de comunicación, y los marginados de estas posibilidades. En síntesis, una precaria democracia y de ñapa, plagada de violencias. Cuando la derecha dura y de abiertas complicidades con el paramilitarismo y las mafias ganaba la presidencia en 2002 con Álvaro Uribe Vélez, la izquierda se agrupaba en el Polo Democrático, con el liderazgo de Lucho Garzón. Allí se juntaron todas las izquierdas y vino una primavera para la marginal izquierda colombiana y la sociedad empezó a tener como referente a la izquierda a la par que iniciaba el colapso definitivo del viejo bipartidismo liberal-conservador, que habían regido toda nuestra vida republicana. En las elecciones de 2006, se dio el mejor desempeño de la izquierda hasta el momento, cuando un prestigioso Carlos Gaviria le ganó una consulta a Antonio Navarro Wolff, sin duda un peso pesado de la izquierda. Logró con 26% ser la segunda fuerza en esas presidenciales, donde volvió a ganar en primera vuelta el presidente Álvaro Uribe, con esa amplia alianza de derechas donde hay de todo: civilistas formales y criminales de amplio prontuario. Desafortunadamente, el prestigioso maestro Carlos Gaviria no dio la talla de dirigente político y rápidamente el Polo Democrático Independiente empezó a perder liderazgo y sintonía con la sociedad, se volvió a la estrechez y el sectarismo, lo cual se corroboró en las elecciones regionales del 2007, donde bajo el liderazgo de Carlos Gaviria se optó por una estrategia de candidaturas propias sin ninguna viabilidad en Cali y Medellín y la nefasta candidatura de Samuel Moreno Díaz, con los resultados ya conocidos. Aunque esto último, por supuesto, que no es responsabilidad de Carlos Gaviria, si se dio bajo su mandato como máximo líder del Polo. El Polo se debilitó. Poco a poco fueron saliendo liderazgos importantes como Lucho Garzón, Antonio Navarro Wolff y Gustavo Petro, para nombrar algunos. Se expulsó al Partido Comunista en una genuina expresión de sectarismo e irresponsabilidad política ante la importancia de un proceso de paz con las FARC en 2011. Todo eso llevó a que nuevamente cundiera la dispersión, a el fortalecimiento del Partido Verde y a que Gustavo Petro siguiera consolidando su camino de liderazgo político en otras toldas políticas que él ha liderado. Ahora hay nuevamente una amplia confluencia de las izquierdas y del movimiento social organizado, fundamentalmente los indígenas, afros, de campesinos y las barriadas populares más organizadas, junto al movimiento magisterial y sindical. Todo ello con el liderazgo de Gustavo Petro, quien disputó la presidencia en 2018, donde logró el 44% del respaldo ciudadano, de lejos los mejores resultados de un líder de izquierda en toda nuestra vida republicana. El liderazgo de Petro ha crecido en estos cuatro años del nefasto gobierno del presidente Iván Duque, ha crecido la inconformidad social y el deseo de cambio y Gustavo Petro es quien mejor representa ese anhelo de otros aires para una sociedad con tanta pobreza, violencias a superar, corrupción rampante y un sinfín de inequidades y exclusiones. Todo eso está en el ambiente y el signo de los tiempos es transformaciones, no continuidad de esta inercia política donde tiene a la sociedad colombiana en unos indicadores sociales tan precarios y tanta barbarie por superar. Las elecciones de este domingo van a mostrar qué tanto cambio y ruptura hay en la sociedad colombiana, qué tanto respaldo obtiene el Pacto Histórico en su consulta presidencial y su lista a Senado y Cámaras. Los números dirán qué tanta fuerza hay para disputar la presidencia en mayo. Postdata: mi voto en la consulta presidencial del Pacto Histórico será por Francia Márquez, quien entra a las grandes ligas de la política colombiana con fuerza y argumentos; al senado por mi amigo y juicio y compromiso en la acción política, Antonio Sanguino, número 22 en la lista de la coalición Centro-Verde-Esperanza y Cámara Bogotá, por la lista del Pacto Histórico. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Jorge Forero Coronel 1. Este acercamiento público además de representar un viraje en la política exterior estadounidense hacia Venezuela, está enmarcado en la larga recesión económica global (agravada por los impactos de la pandemia del corona virus), y en las disputas geopolíticas por la hegemonía del sistema-mundo entre los bloques de capital monopólico transnacional concentrados en los EE.UU., China y Rusia. 2. La política exterior estadounidense está determinada por intereses económicos y geopolíticos. Por tanto, su diseño estratégico tiende a ser flexible, con mayor énfasis en momentos de contingencia o de turbulencias sistémicas como el actual. 3. Es evidente que EEUU está moviendo sus tentáculos para buscar una correlación de fuerzas favorable para su posición y para sus intereses, en el marco del escalamiento del conflicto en Ucrania. En tal sentido, y como acción estratégica ante cualquier escenario, resulta previsible que realice maniobras para ampliar el espectro de sus mercados, de sus fuentes de materias primas y de sus áreas de influencia. En primer lugar, ante el riesgo de que el conflicto se acentúe. En segundo lugar, ante la reestructuración del sistema-mundo que implica esta fractura con Rusia (en cuya recomposición de fuerzas probablemente incluya a China), toda una ruptura con el proceso de globalización. 4. El acercamiento a Venezuela responde a que este país caribeño es un eslabón clave para la configuración de las relaciones de fuerza entre EE.UU., y la alianza China-Rusia. Primero porque Caracas ha establecido acuerdos militares con Rusia (y eso es considerado un factor de alto riesgo estratégico para la seguridad estadounidense). Segundo porque Venezuela también puede ser clave para promover un equilibrio en el mercado energético mundial y en el ámbito de las materias primas para los bienes de tecnología de punta. 5. Venezuela mantiene una posición de relevancia en el tiempo histórico actual, porque el control sobre sus reservas energéticas tiene un peso específico en lo político y en lo económico, pero también porque es factible la reproducción ampliada de capital mediante inversiones de corto plazo para la producción de hidrocarburos (en un escenario de caída de la tasa de beneficio y de anemia e inercia en la inversión productiva). Lo que deriva en que la actividad petrolera en Venezuela se perfila como una opción atractiva por sus ventajas comparativas (geográficas y más recientemente - sobre la base de reformas- tributarias). 6. Para Venezuela lo idóneo sería preservar una posición de diplomacia de paz y de no alinearse ante ese conflicto bélico. Sin embargo, su política exterior y su sistema de relaciones está condicionado por la situación económica del país, por lo cual precisa, de la abolición de las sanciones instauradas de manera unilateral por los EE.UU., y también de inversiones de gran escala (dos elementos que pueden ser objeto de cambios sustantivos en un hipotético escenario de reanudación de relaciones entre Washington y Caracas). 7. Otra variable relevante, es, por una parte, la situación del gobierno de los EEUU en el marco de las elecciones legislativas de este año. La administración actual requiere de "victorias" geopolíticas (influir sobre la posición de Venezuela sería usado por Biden para presentarse como un actor capaz de gestionar con éxito momentos críticos); y por otra parte, el gobierno venezolano espera "normalizar" su estatus ante la comunidad internacional (lo que conlleva además facilidades ante el sistema financiero regentado por los EE.UU.), y requiere de condiciones materiales para la reconstrucción del tejido institucional y de la gobernabilidad, así como para aliviar las terribles condiciones económicas que enfrenta la población. 8. Ante tales circunstancias, es probable que independientemente del devenir del conflicto en Eurasia, tanto los EE.UU., como Venezuela avancen en el reestablecimiento de sus relaciones políticas y económicas. Con ello, se alteraría la cartografía de la región. El primer paso en ese sentido, es la reanudación de los diálogos con la oposición política (aunque el verdadero interlocutor es el gobierno norteamericano), mediante los cuales el gobierno de Venezuela espera el reconocimiento de su legitimidad institucional la abolición de las sanciones y la recuperación de activos de la nación, mientras la administración de Biden aspira reposicionarse sobre Venezuela, sobre el control y usufructo de sus materias primas, sobre su mercado como requisito para potenciar su hegemonía en el continente: bajo la premisa de que lo subyacente en la invasión a Ucrania es la inauguración formal de una nueva época de reparto del mundo en circuitos de capital y áreas de influencia geopolítica. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda. A la edad que tengo, es claro que me tocó usar -ya en su última fase- la comunicación epistolar. De hecho, al redactar la que sabía era mi última carta escrita a puño y letra sobre una hoja rayada y que enviaría por correo aéreo, la impresión experimentada fue tan impactante que decidí realizar, como lo hice, un poemario titulado “La última carta” (publicado luego por Ediciones Catapulta). Lo cierto es que aquella impresión ocasionada por la sola imaginación y sus ocurrencias acerca de un futuro sin cartas, no sólo me condujo a mí, sino también a nuestra generación, a creernos el cuento de la extinción de la comunicación escrita y hasta de la desaparición de los libros. Se trataba de una reacción natural, ocasionada por el advenimiento de la telefonía celular y de la red informática de internet que, a nuestro juicio, descontaban la escritura y significarían, como finalmente ocurrió, el desinfle del auge del correo aéreo. En efecto, visualizábamos para el siglo XXI la muerte de la comunicación escrita. No obstante, y para sorpresa de todos, el resultado fue inverso: el intenso cruce de correos electrónicos y los mensajes remitidos por internet -vía celulares o desde computadoras personales- hicieron más corriente la comunicación escritural entre amigos, entre familiares y entre negociantes. Se abría paso una nueva manera de la comunicación escrita, facilitada esta vez por el desmonte de los formalismos y de las solemnidades, aunque fuera en contravía de las rigurosas exigencias de la epístola. Formalismos como las convenciones (fecha y señas del emisor y del receptor) o solemnidades como el lenguaje respetuoso y afectivo, quedaron de repente en desuso y fue instaurado en su remplazo un estilo de comunicación desprendido de tales rigores que, siendo honestos, hacían menos democrática la herramienta de la comunicación escrita. Al principio, o mejor, recién desmontadas las formalidades y las solemnidades, en lógica respuesta se esfumaron el lenguaje delicado (el afable y sensible) y el preconcebidamente solemne (el prudente y acartonado). De igual modo, se perdió el seguimiento a las normas de la gramática y, aun sin tener claridad sintáctica ni precisión ortográfica o atinada tildación, la gente empezó a expresarse con más libertad que cuando se las exigían. Hubo muchos mensajes llamativos, pues develaban errores corrientes que oralmente pasan desapercibidos, como escribir hoy sin “h” (oi). En fin, muchos errores que, a los ojos de alguien con experiencia escritural o con nostalgia de los modos de la epístola, resultarían tan garrafales como insultantes. Con todo, ese fenómeno, el de la opción libertaria de expresarse por escrito -no importando sin con mala ortografía o sin la puntuación y tildación adecuadas- llevó a que la naturaleza, o quizás la lógica de las cosas verdaderas, equilibrara la balanza en favor de la estética y de la coherencia: quienes escribían a raja tabla -la mayor parte jóvenes o adultos iletrados- empezaron a preocuparse por escribir bien y rápidamente aprendieron a hacerlo. En el presente, cualquier persona a la que le hayan negado la educación escolar y los formalismos académicos, puede comunicarse por celular o desde una computadora personal, y hacerlo muy rápido y con textos limpiamente escritos. Sin embargo, con respecto al desmonte de lo solemne ha ocurrido algo distinto: despuntadas las camisas de fuerza de la expresión señorial, se dio paso al lenguaje coloquial y atrevido, al lenguaje emocional. Un modo de socialización directo donde la crítica a los gobiernos, por ejemplo, y las anécdotas sobre chistes de barrio o sobre sí mismos, aparecen redactadas con idénticos códigos de comunicación, especialmente con los códigos del desenfado. Con el surgimiento y auge de las redes sociales, aparecieron lenguajes como los de Facebook, messenger, whatssapp y twitter, que han hecho posible conversar por escrito en tiempo real, y hacerlo de una forma tan simple y expedita como lo permite una llamada telefónica para enterarse de lo más reciente; pero, sobre todo, cada vez más cercanas al seguimiento de las normas gramaticales y de los buenos modales, excepto el twitter -que motivó esta nota- porque en dicha aplicación, si bien se atienden las normas de la gramática, nada queda de la solemnidad y de los buenos modales. Quizás por la brevedad de su formato y por la rapidez con que se propaga, twitter no da tiempo para escribir en frío, lo cual le hace, entre las formas de comunicación personalizadas, el medio menos diplomático, o mejor, el más irrespetuoso. De twitter me hice usuario hace exactamente un año y dos meses, en razón a que escuchaba en las reuniones de amigos que se hablaba de twitter como de una batalla campal entre ideas personalísimas, y eso me atrajo. Desde luego, aunque mi idea era participar en él con las buenas maneras que me son características, cuando empecé a hacerlo, quizás a la vuelta de mis primeros diez mensajes, me di cuenta de cómo -sin advertirlo racionalmente- mi lenguaje escrito había caído en el rol de los malos modales; pero además en el espacio de las críticas sensatas. Una especie de ghetto, tan amplio como el mundo del lenguaje vulgar. Por todo ello, twitter es como una plataforma de salto alto, como una montaña rusa, en fin, un megáfono autónomo. Esta red es para eso: para desahogarse contra el estado, contra la sociedad, contra la familia e incluso contra sí mismo, y hacerlo con arengas, diatribas o peroratas. En tal condición, twitter tiene una larga tradición histórica: de la antigüedad procede, por ejemplo, la popular frase: “la pared y la muralla son el papel del canalla”. Una frase que, teniendo talante de frase twittera, fue concebida y es usada por quienes son víctimas de los improperios de aquellos que se sienten descontentos y agredidos por gobernantes o por quienes, contando con algún poder, lo usan malamente. De ese formato crítico hacen parte también los llamados anónimos de la Edad Media, cuya funciones esenciales eran enamorar y amenazar. Los anónimos medioevales negativos –los amenazantes- evolucionarían a la forma del pasquín; que es de igual manera un escrito anónimo, satírico y sobre todo crítico, cuya proveniencia, la del nombre, refiere según la RAE “una estatua de la antigua Roma en la que solían fijarse libelos o escritos satíricos”. De igual manera, más recientemente y antes de la aparición de las redes sociales, a la muralla, al escrito anónimo y al pasquín, los reemplazó en ese papel de la función crítica y de la clandestinidad, el denominado grafiti, que es un texto crítico realizado sin autorización en lugares públicos. Aquí en Colombia muchos han hecho carrera dando noticia de lo que todavía hoy sigue siéndolo: de la corrupción y de la perversidad de quienes administran los dineros de los otros. Pienso ahora, por ejemplo, en el grafiti realizado en alusión al desfalco que les hiciera monseñor Abraham Gaitán Mahecha a los ahorradores de la Caja Vocacional. El texto crítico rezaba: “Al César lo que es del César y adiós porque yo me voy. /Gaitán Mahecha”. En fin, desahogarse y protestar a través de los escritos es una tradición de la comunicación humana y así seguirá siendo mientras sea la única posibilidad del diálogo con aquellos que no quieren escucharte. Esa es una justificación suficiente para darle licencias a los twitteros y para consultarlos; porque en sus mensajes, siempre, no importa lo ofuscado que esté el usuario, se habla desde la verdad emocional, desde la experiencia de escribir usando la integridad personal y la espiritual. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea de investigación de Gobernabilidad y democracia A 3 días de las elecciones, el panorama de violencia política electoral es desalentador. Entre el 13 de marzo de 2021 y 7 de marzo de 2022 se presentaron 144 hechos que dejaron como resultado 188 víctimas. Por esto, preocupa, además, cómo se desarrollen los comicios en materia de seguridad para las personas candidatas y las diferentes comunidades en los territorios. Consulta el siguiente informe y conoce detalles sobre tipos de hechos, perfiles de las víctimas, departamentos más afectados y perpetradores.