Por: Ernesto Medrano Asistente de Investigación – Línea de Democracia y Gobernabilidad El Acuerdo de Paz entre la extinta guerrilla de las Farc-Ep y el Gobierno nacional abrió la puerta a la participación política de esta estructura al interior del andamiaje democrático del país. En 2017, el CNE le otorgó la personería jurídica al partido político producto de lo pactado en el Teatro Colón de Cartagena. CNE reconoce personería Jurídica al partido Farc https://twitter.com/CNE_COLOMBIA/status/925495448919519232?s=20&t=-bBwn4Xv1IzbbaiFA-ptXA Fuente: Twitter CNE, 2017. De este proceso de reorganización surgió el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común - Farc, que en su primera incursión electoral alcanzó 55.115 votos en Senado y 33.956 votos a Cámara. Si bien en 2018 fue la primera participación del partido en la contienda electoral, estuvieron muy lejos de acercarse al umbral establecido en 456.357 votos, equivalente al 3% de los votos válidos para el Senado. En el 2022, el escenario no parece muy alentador debido a que, de acuerdo con el censo electoral, se espera el aumento de los votos válidos, lo que significa que sube el umbral. En el Acuerdo de Paz se estableció que el partido político que surgiera de la reorganización de la ex guerrilla tendría representación en el congreso para los periodos 2018-2022 y 2022-2026. En total son 10 los escaños que el partido tiene asegurados en el Congreso, y se reparten así: 5 curules en Cámara y 5 en el Senado. Elecciones 2018: un nuevo escenario En 2018 el entonces partido Farc presentó listas para la Cámara de Representantes en cinco departamentos del país: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Santander y Valle del Cauca. Sin embargo, en este proceso de transición hacia partido político, el resultado electoral no fue el mejor, pues en Cámara de Representantes el partido obtuvo 33.956 votos. Los llamados a ocupar estas curules territoriales fueron Luis Alberto Albán (Valle del Cauca), Seuxis Pausias Hernández (Atlántico), Jairo González Mora (Bogotá), Omar de Jesús Restrepo (Antioquia) y Jairo Reinaldo Cala (Santander). No obstante, el partido se quedaría solo con 4 de las 5 curules correspondientes al periodo 2018-2022, debido a que Hernández, conocido como Jesús Santrich, no se posesionó. Por su parte, Jairo González renunció a la curul y fue reemplazado por Carlos Carreño Marín, conocido como Sergio Marín. En el Senado, el partido obtuvo 55.115 votos. Esta votación se ubica muy lejos del umbral establecido para que un partido político pueda conservar su personería jurídica. Los senadores elegidos por el naciente partido fueron Sandra Ramírez, Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Victoria Sandino y Benkos Biohó. En 2018 el partido obtuvo su mayor votación en Bogotá, tanto en Cámara como en Senado: 12.528 votos por la Cámara y 10.360 votos en el Senado. Esto es importante porque revela en dónde está el caudal electoral del partido, que, históricamente, hizo presencia en los territorios rurales del país. Votación Partido Farc – Legislativas 2018 Fuente: Registraduría Nacional, 2018. Elecciones locales 2019 En las elecciones locales del 2019 el partido Comunes presentó 308 candidaturas para competir por alcaldías, concejos municipales y asambleas departamentales. El denominado ‘Partido de la Rosa’ obtuvo 2 alcaldías de las 16 en las que presentó candidatos, y ganó las alcaldías de Guapi, Cauca y Turbaco en Bolívar. En Turbaco, Guillermo Torres, candidato avalado por Colombia Humana – Unión Patriótica, consiguió hacerse con la alcaldía con 21.416 votos. Por su parte, Marino Grueso, ganó la alcaldía avalado por la Coalición Frente Amplio por Guapi, conformado por Colombia Humana, Unión Patriótica y el partido Farc (Comunes). Alcaldías alcanzadas por el partido Farc Fuente: Twitter @ComunesCol Elecciones 2022: en busca de la consolidación Para las elecciones del 13 de marzo, el partido Comunes presentó listas a Cámara en los mismos departamentos que en 2018. Esta vez, la apuesta es con 20 candidaturas, en donde se resalta que el mayor número de candidatos se inscribieron en Bogotá y Santander. Al Senado, el partido presentó una lista de 21 candidatos, con el objetivo de posicionarse a nivel territorial, lo que podría permitirles seguirse afianzando en lo local, como en 2019. De acuerdo con Julián Gallo, la lista al senado está conformada por candidatos de 20 departamentos diferentes, por lo cual sería una lista representativa. La lista al senado, de acuerdo a la distribución realizada por el partido, deja entrever que los próximos senadores del partido Comunes serían: Julián Gallo, Sandra Ramírez, Pablo Catatumbo, Imelda Daza y Omar Restrepo, quien saltaría de Cámara al Senado. Bancada en Senado del partido Comunes - 2022 Por su parte, en Cámara serían: Pedro García (Antioquia), Germán Gómez (Atlántico), Carlos Carreño Marín (Bogotá), Jairo Cala (Santander) y Luis Albán (Valle del Cauca). Bancada en Cámara del partido Comunes - 2022 Es importante precisar que el partido excluyó de sus listas a Victoria Sandino y a Benkos Biohó, actuales senadores, por diferencias irreconciliables sobre la posición del partido en el marco de la implementación del acuerdo de paz y discrepancias con la dirección del partido. El umbral, el gran reto para la permanencia de Comunes Teniendo en cuenta los resultados electorales a nivel nacional y departamental del 2018, el reto del partido Comunes es lograr acercarse o alcanzar el umbral, para no desaparecer como colectividad política con personería jurídica a futuro. Si bien el partido tiene aseguradas 10 curules en el congreso hasta el 2026, surgen preguntas sobre la consolidación y permanencia del partido político en el futuro. Frente a este contexto, Juan Torres, candidato al Senado por el partido Comunes, le dijo a Pares que, “esta contienda tiene los matices de violencia generalizada, hay muchas zonas del país donde se ha recrudecido la violencia, donde nosotros y otras candidaturas no han podido llegar a los territorios a hacer campaña”. De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, han sido asesinados 306 firmantes del acuerdo de paz, desde el 2016. Si bien el partido Comunes tendrá que asumir el costo político de la lucha armada, para Torres “el partido está trabajando, no solo para alcanzar el umbral, sino para lograr entre 6 y 8 senadores, además de consolidar su representación en la Cámara”, lo que sería poco probable, porque implicaría obtener una votación aproximada de 550.000 votos, que apenas le alcanzaría para pasar el umbral. La mayor participación electoral supone el crecimiento del umbral, lo que dificulta que los partidos más pequeños logren consolidarse. Sobre la dificultad para lograr el umbral, Torres sostiene que, “en el 2026, creemos que, como lo determina la Corte Constitucional en los autos que les devuelve la personería jurídica a los partidos, Nuevo Liberalismo, Verde Oxigeno, Partido Comunista y Salvación Nacional, se espera que el Congreso legisle con base en lo establecido en el acuerdo de paz. Ahí se establece que la personería jurídica debe estar ligada al número de militantes en lugar de las votaciones”. Es claro que el gran reto para el partido Comunes es superar la votación del 2018. Sin embargo, el fantasma del umbral no es un asunto menor, pues este año el umbral se situará alrededor de 550.000 votos. Para Comunes este es un gran desafío, dado que en 2018 tan solo obtuvieron 55.115 votos en Senado, y, de no aumentar notablemente su caudal electoral, en 2026 perderían la personería jurídica. Sin embargo, de acuerdo con Torres, “el pueblo colombiano está reclamando un cambio” y esto les puede fortalecer como partido político.

Por: Camilo Díaz Suárez, investigador nacional Línea de Democracia y Gobernabilidad El día de hoy, 9 de marzo, hubo una renuncia masiva de 17 candidatos de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz número 12, integrada por los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira, aludiendo a una falta de condiciones para la realización de campañas. Este es un golpe simbólico frente a lo que ha sucedido en esta circunscripción, ya que no hay posibilidad de aplazar o suspender las elecciones, puesto que, de acuerdo con el Acto Legislativo 02 de 2021, solo se podría dar por situaciones que alteren el orden público y requiere de la decisión del Gobierno nacional. Es decir, queda en manos del presidente. La ausencia de condiciones ha sido denunciada desde el mes de enero, cuando fue interpuesta una denuncia por los candidatos Melba Mieles Ramírez, Luis Fernando Lara y Maryori de Jesús Pérez Álvarez ante la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Defensoría del Pueblo y otras entidades. (Puedes consultar la denuncia haciendo clic acá) Los mismos motivos de la denuncia fueron las razones que llevaron a esta renuncia masiva, la cual no tuvo respuesta alguna por parte de las autoridades competentes. Los obstáculos financieros En primer lugar, a varios candidatos, en ningún momento, les giraron los recursos para hacer campaña. Además, los candidatos se enfrentaron a las ‘pólizas de seriedad de la candidatura’ que deben otorgar los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales que inscriban listas al Congreso. El valor de dichas pólizas, establecido para las elecciones del 2022 en la Resolución 0889 de 2021 del CNE, dicta un valor de acuerdo al censo electoral del departamento por el cual se lanza el candidato. Si bien es cierto que el Acto legislativo 02 de 2021 dictó que la financiación de las campañas sería estatal, mediante el sistema de reposición de votos y acceso a los anticipos, para acceder al 50% de los anticipos, se debe pagar previamente al desembolso la ‘póliza de seriedad’. No tener las posibilidades de pagar la póliza fue un obstáculo para poder acceder a recursos para la financiación de campañas. Al manifestar esto, candidatos de la circunscripción 12 le comentaron a Pares que, incluso, les llegó un correo para solucionar el problema del pago de la póliza, pero a la hora de acercarse a la previsora les dijeron que a ellos no les habían dado ninguna orden. Eso, pese a que el Acto Legislativo 02 de 25 de agosto de 2021 dictaba que los recursos debían ser destinados un mes luego de la finalización de la inscripción de las candidaturas, es decir, el 13 de enero del 2022. Mientras tanto, fue denunciada una presunta financiación privada en las campañas de algunos candidatos, pese a que se dictara que estas campañas pueden recibir donaciones de privados, pero estas tienen que ser dirigidas al Fondo Nacional de Partidos y Campañas Electorales. Los dineros allí recaudados serán destinados por partes iguales y no podrán superar el 10% del monto establecido para la Cámara de Representantes. Por último, la Ley indica que estas circunscripciones competirán en condiciones iguales, es decir que las campañas únicamente podrán utilizar los espacios gratuitos otorgados por el Estado y se les asignará espacios gratuitos en los medios de comunicación regionales. Fuente: Acto legislativo 02 de 2021 Eso llevó a que candidatos con un músculo financiero detrás o apoyados por estructuras políticas sí pudieran adelantar sus campañas, implicando un riesgo de cooptación de la circunscripción 12. Se suma el riesgo de que estas queden en manos del Clan Gnecco, por la presencia de William Alfonso Ovalle, quien fue gerente de campaña en el Cesar de Varga Lleras en el 2018 y ha dejado ver públicamente su cercanía con Cielo Gnecco. También está la presencia de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, también candidato e hijo de “Jorge 40”, a quien varios candidatos han señalado como la persona que está detrás de las amenazas para no hacer campaña en ciertos municipios. De igual forma, está Pedro Norberto Casto Araujo, tío del alcalde de Valledupar, el "mello" Castro. (Para conocer los perfiles de estos candidatos cuestionados, dirígete al final de este artículo). La falta de condiciones de seguridad Sumado a ello, se denunció la falta de condiciones de seguridad. Algunos candidatos señalaron no poder entrar a ciertos municipios a hacer campaña, ya que los amenazaban. En varios de hechos, según fuentes en el territorio, solo se le permitía hacer campaña a Jorge Rodrigo Tovar. Incluso, fue señalado el defensor del Pueblo regional, José Rafael Hernández Peñaranda, de no tomar cartas en el asunto, pese a las reiteradas peticiones y que la misma Defensoría del Pueblo estableciera una alerta temprana por el alto riesgo en cuatro municipios de la circunscripción 12, en el marco del proceso electoral. Estos municipios son Valledupar, Agustín Codazzi, La Paz y Pueblo Bello. Ante ese escenario, la semana pasada varios candidatos hicieron un acto de protesta, encadenándose frente a la sede de la Registraduría en Valledupar, entre los que estaban Luis Fernando Lara y Maryori de Jesús Pérez, manifestando la ausencia de condiciones para realizar campaña y pidiendo que se aplazar las elecciones en la CITREP. Como no obtuvieron respuesta de las entidades encargadas, es que se presentaron sus denuncias; consideran que no hubo, en ningún momento, equidad en el desarrollo de las campañas. Los candidatos que cooptarían la circunscripción 12 1. Jorge Rodrigo Tovar Vélez: Es un abogado con especialización en Gestión de Gobierno y Campañas Electorales y en Ciencias Penales y Criminológicas. Ha sido asesor jurídico de Acavel S.A.S, una agencia de viajes de la que Ana Carolina Vélez, su mamá, es representante legal, y asistente jurídico en Bocanegra Bernal y Asociados. También ha trabajado en el Gobernación del Cesar y para la Alcaldía de Valledupar y en 2019 fue asesor en el Viceministerio de Relaciones Políticas, bajo la cartera de Nancy Patricia Gutiérrez y luego coordinador del Grupo de Víctimas del Ministerio del Interior. Es candidato por la Asociación Paz es Vida (Pa-Vida), por la circunscripción 12. Es el hijo de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”. Como ya reseñó Pares en el artículo “Los conflictos de intereses en la candidatura de Jorge Tovar”, Jorge 40 fue uno de los jefes paramilitares más sanguinarios del Caribe colombiano, quien llegó a dirigir entre 2000 a 5000 hombres en el Bloque Norte de las AUC. “Jorge 40” ingresó en 2006 a Justicia y Paz y excluido en 2015 por incumplir con algunas condiciones. Además, fue extraditado en 2008 a Estados Unidos por narcotráfico y deportado en 2020 a Colombia. Sumado a ello, Tovar Vélez tiene un conflicto de intereses con la Unidad de Victimas territorial del Cesar. Principalmente, se encuentra que en 2019 fue adjudicado el contrato de arrendamiento de la sede de la Unidad de Víctimas territorial Cesar – Riohacha en el inmueble de Ana Carolina Vélez, ex esposa de Jorge Tovar Pupo, alias “Jorge 40” y madre de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, por 236 millones de pesos. Además, según El Espectador, la Unidad de Victimas territorial del Cesar le haría campaña y habría promovido su candidatura. 2. William Alfonso Romero Ovalle: Es señalado de ser la mano derecha de Cielo Gnecco, matriarca del Clan Gnecco. Su cercanía es muy notable, siendo visible por redes sociales, donde se ha referido a ella como su hermana y mejor amiga. Diversas publicaciones dan evidencia de esa cercanía, lo cual también se ha traducido en un acercamiento en los equipos de trabajo de políticos abanderados por el clan. Entre ellos se encuentran Franco Ovalle Angarita, miembro que la familia política tradicional Ovalle, aliada del clan Gnecco y que tiene a su hermanos, Luis Ovalle Angarita, condenado por fraude procesal y a Manuel Guillermo condenado por irregularidades en contractuales en los Juegos Nacionales del 2015. También la cercanía con Cielo Gnecco llevó a que le hiciera campaña a su hijo, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien ha tenido múltiples cuestionamientos e investigaciones, siendo la más reciente la acusación formal de la Fiscalía en su contra por irregularidades contractuales en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2015. También le hizo campaña a Germán Vargas Lleras en el 2018, promoviendo su candidatura presidencial, cuando el clan Gnecco decidió apoyarlo en esas elecciones presidenciales. Ya esa cercanía entre Vargas Lleras y el Clan se había dado en 2015, cuando el Partido de la U y Cambio Radical se unieron para apoyar a Franco Ovalle a la gobernación. Esa cercanía a miembros del clan también la ha dejado ver con José Alfredo Gnecco Zuleta, primo de Luis Alberto, y uno de los herederos que más se han beneficiados de la estructura y maquinaria le clan. De acuerdo con el Informe “Los herederos y herederas de todas las formas de corrupción”, si bien a título propio no se le conocen muchos procesos, José Alfredo le habría entregado, presuntamente, $150 millones a Luis Gustavo Moreno, para que favoreciera a su padre, Lucas Gnecco, en un proceso por corrupción, según una declaración de Moreno. Cabe mencionar que, como Pares reseñó en el informe “Baronesas Electorales en Colombia”, el clan Gnecco está en cabeza de Cielo Gnecco, quien heredó el poder electoral de sus hermanos Lucas, Jorge y José Eduardo. Es un clan que ha logrado el control político del Cesar, ocupando la gobernación en diversas ocasiones y consolidando desde el departamento su estructura para lograr cargos de representación nacional. Con nexos con paramilitares y narcotraficantes, consiguieron consolidar su poder económico para soportar la estructura política que tienen. Entre aliados del clan se encuentra también los congresistas Didier Lobo Chinchilla y Alfredo Ape Cuello. 3. Pedro Norberto Castro Araujo: Es el heredero de la casa política cuestionada de los Castro, en el Cesar. Es hijo de José Guillermo Castro Castro, conocido como el “Pepe” Castro, quien fue concejal y alcalde de Valledupar, gobernador del Cesar, representante a la Cámara por un periodo y senador por cuatro periodos. La influencia de “Pepe” Castro llevó a que uno de sus hijo, Guillermo Castro, hermano de Pedro Castro, fuera nombrado reemplazo del senador Luis Eduardo Vives en el 2000 y gobernador del Cesar en el 2003 en reemplazo del destituido Rafael Bolaños. Pese a los intentos ya mencionados de Pedro Castro para ingresar a la política, que contaban con el apoyo de su padre, esta casa política fue perdiendo terreno en el Cesar ante el crecimiento político del Clan Gnecco. Por una de sus hermanas, María Teresa Castro, la familia Castro tuvo unión con la familia Araújo, otra familia política tradicional del Cesar, entre los que se encuentran Álvaro Araújo Castro, condenado por parapolítica, Sergio Araújo Castro, quien militó también en el Centro Democrático y quiso aspirar a la alcaldía de Valledupar, y María Consuelo Araújo Castro. Sin embargo, volvería a aparecer con el espacio que se ha abierto su sobrino, José “Mello” Castro, quien fue concejal de Valledupar por el Partido de la U, en el período (2012-2015), diputado de la asamblea departamental de Cesar por el mismo partido (2016-2019) y actual alcalde de Valledupar. Al contar con el apoyo del Clan Gnecco, Mello Castro se vio involucrado en la “ñeñepolítica”, por tener presuntamente una cercanía con José Miguel Hernández, hijo del “Ñeñe” Hernández. Sumado a ello, se encuentra enfrentando un proceso administrativo sancionatorio fiscal y formulación de cargos por parte de la Contraloría Municipal de Valledupar, por varias irregularidades durante su administración. Por su parte, a su esposa, Claudia Elena Lozano Doria, le fueron imputados los delitos de Fraude procesal y Falsedad en documento privado por parte de la Fiscalía, por presentar documentos falsos que la acreditaran como abogada para ser juez en Valledupar. Llegó a actuar como fiscal en diversos procesos, como el del exdirector del DAS en La Guajira, pese a no tener credenciales para hacerlo.

Por: Laura Cano Periodista Pares El día de hoy, 09 de marzo, se conoció que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas negó la libertad por pena cumplida a Gustavo Moreno, el exjefe de la Unidad Anticorrupción, condenado por su participación en el escándalo de corrupción judicial denominado 'Cartel de la toga'. La decisión llegó luego de que Moreno y su defensa solicitaran su libertad por cumplimiento de pena el pasado 03 de marzo, lo cual fue negado el día de ayer, 08 de marzo, según informó Semana. Por medio de su abogado, Pedro Enrique Aguilar, el exfiscal anticorrupción apeló la decisión asegurando que ya cumplió con toda la pena impuesta por la Corte Suprema de Justicia, pagó su multa, reparó a las víctimas y sigue vigente su compromiso de verdad pese a las amenazas que ha recibido por sus testimonios. Moreno fue capturado el 27 junio de 2017, y en 2020 fue ratificada su condena. Se mantuvo en 4 años y 10 meses de prisión por haber orquestado que abogados y presuntamente exmagistrados de la Corte, direccionaran procesos a cambio de dinero. El exjefe anticorrupción de la Fiscalía fue condenado en EEUU a 48 meses de prisión por los delitos de conspiración para lavar dinero, conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario. Cabe aclarar que esta pena se estableció luego de que Moreno aceptara su responsabilidad por conspiración para lavar dinero. A finales de 2020, tras haber cumplido su condena en el país norteamericano, Moreno regresó a Colombia. En enero de 2021 fue trasladado a la cárcel del Batallón de Artillería, frente a la cárcel La Picota de Bogotá. Para ese momento ya Moreno se había convertido en el testigo estrella de la Fiscalía para desenmarañar el entramado del Cartel de la Toga, desde que se comprobó que él había pedido de 100 millones de pesos al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para entregarle información sobre el proceso judicial que pesaba en su contra. Asimismo, a través de sus versiones han avanzado los casos como el del exmagistrado Francisco José Ricaurte, quien fue condenado a 16 años de prisión por mover influencias dentro del alto tribunal para que se archivaran o suspendieran procesos contra aforados constitucionales. También declaró para que posteriormente se imputara a Gustavo Malo Fernández, quien fue responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión. También desde su condena se comprometió a declarar contra los excongresistas Musa Besaile, Álvaro Ashton, Nilton Córdoba, Argenis Velásquez, Julio Gallardo Archbold y Martín Emilio Morales; los exgobernadores Alejandro Lyons, Juan Carlos Abadía y Lucas Gnecco Cerchar; el exfiscal delegado ante la Corte Alfredo Bettín Sierra, el exmagistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, los exmagistrados de la Corte Suprema Francisco Javier Ricaurte, Camilo Tarquino, Leonidas Bustos, y los abogados Luis Ignacio Lyons España, Leonardo Luis Pinilla y Gerardo Torres Roldán. Ad portas de elecciones, también vale la pena recordar que dentro del proceso que adelanta Moreno ante la justicia han salido nombres de actuales candidatos al Congreso, como los de: Jhon Moisés Besaile Fayad (candidato al Senado) , José Alfredo Gnecco (candidato al Senado) y Nilton Córdoba (candidato al Senado). Lea también; En firme la prórroga de principio de oportunidad para Gustavo Moreno Ahora bien, no hay información sobre cuál será la siguiente acción de la defensa de Gustavo Moreno ante el más reciente hecho. No obstante, y a pesar del rumbo de la situación del exfuncionario, se espera que este pueda seguir aportando información sobre quienes hicieron parte y se beneficiaron del Cartel de la Toga y aun así siguen en el mundo político sin responderle a la justicia. Asimismo, Daniela Garzón, investigadora nacional de la línea de Democracia y Gobernabilidad agregó que: "Los medios no reportan las razones por las cuales un juez decidió negarle la solicitud de libertad al exfiscal Luis Gustavo Moreno, que está condenado a un poco más de cuatro años de cárcel por su participación en el Cartel de la Toga. Los testimonios de Moreno han sido claves para destapar el entramado de corrupción que se gestó en las altas cortes y que tuvo como protagonistas a los magistrados Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Gustavo Malo. Además, Moreno ha salpicado a varios políticos que habrían pagado sobornos y buscado su intermediación para frenar procesos que lleva la Corte Suprema en su contra. A pesar de que Moreno cumpla su condena es necesario que las investigaciones en contra de los políticos que presuntamente están involucrados sigan y no duerman en los anaqueles judiciales, pues hasta ahora ha habido muy pocos avances".

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad. En su último informe, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) alertó sobre algunos factores de riesgo que podrían enfrentar las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz -Citrep- y que se hacen latentes estando a pocos días de elecciones: la presencia e influencia de grupos armados en los 167 municipios priorizados, las economías ilegales y la cooptación de las candidaturas por parte de los clanes políticos regionales. Pares y fuentes territoriales identificaron, al menos, tres candidaturas con presuntas relaciones entre candidatos y políticos tradicionales en la región del Catatumbo, delimitada en la Citrep 4, que incluye los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Para la subregión del Catatumbo se presentaron 14 candidatos en siete listas paritarias: 7 hombres y 7 mujeres. Se candidatizaron dos organizaciones de víctimas, una organización campesina, dos organizaciones sociales, un Consejo Comunitario y un resguardo indígena. Mapa 1. Municipios que conforman la Circunscripción 4. Catatumbo La financiación El Acto Legislativo 02 de 2021 estableció que la financiación de las campañas a Citrep sería predominantemente estatal y que los recursos se asignarían a través de un proceso de reposición de votos y acceso a anticipos. Sin embargo, las y los candidatos se enfrentan a serias dificultades para el acceso a estos recursos, reflejo de las malas decisiones de las instituciones encargadas, la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral. Estos obstáculos van desde el requerimiento a los candidatos de contar con cuentas bancarias en zonas rurales con muy bajas cifras de bancarización, hasta el desconocimiento de la ausencia de recursos para hacer el pago de la ‘póliza de seriedad’, requisito establecido para el desembolso de los recursos con fines de campaña. A pesar de estos obstáculos, el Consejo Nacional Electoral expidió el 2 de febrero de 2022 la Resolución 1094 de 2022que establece y regula los valores y el desembolso de los recursos para las campañas electorales de las Citrep. Para el caso de la Citrep 4 de Catatumbo, el valor asignado para cada lista presentada es de $44.400.97. Fuente: Consejo Nacional Electoral. Resolución 1094 de 2022 A partir de la fecha de la resolución, se supone que los recursos empezaron a ser asignados a las listas de la circunscripción. Sin embargo, Pares recibió denuncias y quejas considerando que los anticipos no han llegado aún y siguen siendo muchas las trabas que enfrentan las y los candidatos para acceder a la financiación mencionada. Ahora bien, más allá de esta falta de recursos y de la efectividad estatal para el cumplimiento de lo pactado, resulta sospechoso que hay candidaturas que, a diferencia de las demás, sí pudieron iniciar sus campañas desde hace algunos meses, mucho antes de la asignación de recursos. En medio de las investigaciones, se encontró que dichas candidaturas estarían vinculadas a figuras de la política tradicional del departamento, quienes a su vez están estrechamente ligados a clanes políticos. Los candidatos cuestionados Fuentes territoriales, en conjunto con Pares, identificaron tres candidatos que podrían incurrir en presuntas inhabilidades y, sobre todo, podrían estar recibiendo apoyos políticos que atentan contra el equitativo desarrollo de la contienda electoral: Tatiana Gaona y Mayra Gaona, hermanas y sobrinas del investigado exdirector del Hospital de Ocaña, Jairo Pinzón; y Diógenes Quintero Amaya, expersonero municipal de Ocaña. Los cuestionamientos se concentran en sus sospechosos métodos de financiación; el apoyo político de parte de algunos funcionarios públicos; la ausencia de trabajo comunitario que permita reconocerlos como líderes sociales y el desconocimiento de los hechos victimizantes por los que fueron declarados ‘víctimas’ configuran las condiciones que resultan inquietantes en medio de estas campañas, que se suponen deben ser para las víctimas del conflicto armado y los liderazgos sociales. Tatiana Judith Gaona Pinzón y Mayra Alejandra Gaona Pinzón Tatiana es candidata por la organización campesina Asociación de productores de Mesallana APROMESALLANA y su hermana, Mayra Alejandra, hace parte de la lista de la organización de víctimas ‘Asociación de Víctimas Camino de Esperanza Las Mercedes’. Según las denuncias hechas por fuentes territoriales de Pares, las hermanas candidatas por esta circunscripción estarían contando con apoyo electoral de políticos tradicionales de la región. Aunque se desconoce la carrera política de Tatiana, por su parte, Mayra Alejandra fue candidata a la alcaldía de San Calixto en 2015, candidatura que no configura inhabilidad para ser candidata Citrep en esta ocasión, teniendo en cuenta los más de cinco años de dicha actividad, siguiendo las directrices del Acto Legislativo 02 de 2021. Su principal apoyo político sería su tío Jairo Pinzón López, exdirector del hospital de Ocaña Emiro Quintero Cañizares, uno de los 14 hospitales intervenidos por la Superintendencia de Salud por irregularidades en la contratación durante la pandemia por COVID-19. Mientras se adelantaban las investigaciones, Pinzón fue apartado de su cargo en mayo de 2020, apenas unos meses después de que el gobernador Silvano Serrano lo nombrara director del hospital. Pinzón fue suspendido de su cargo mientras la Procuraduría Segunda delegada para la Contratación Estatal adelantaba investigaciones por presuntas irregularidades que rodean la aprobación de 22 contratos por más de $ 4 mil millones. Luego de la intervención por parte de la Superintendencia de Salud, el delegado interventor Yamil Roberto Blel identificó 87 hallazgos de tipo administrativo, contractual, financiero, asistencial y jurídico como concentración de los contratos en poco proveedores, presuntas nóminas paralelas, ausencia de recursos para cubrir los contratos hechos, inconsistencias en el manejo de información del hospital, cancelación de citas médicas y prestación de servicios de salud no autorizados por la Secretaria de Salud departamental. Tras las investigaciones, la Superintendencia decidió apartar del cargo a Pinzón, decisión que el gerente entuteló, alegando una violación a su derecho al trabajo, acción que el juez falló a su favor. De manera simultánea, un juzgado en Cúcuta revisó los recursos de la SuperSalud y ordenó el reintegro de Pinzón a la gerencia del Hospital. Jairo Pinzón regresó al Hospital junto con el personero del municipio de Ocaña, Saúl Pinzón, su hermano. [1] Pinzón nuevamente fue apartado del cargo en octubre de 2020 y se le formularon cargos por tres delitos, relacionadas con faltas graves en la celebración de contratos. Luego de los señalamientos, Pinzón renunció definitivamente al cargo en febrero de 2021, en medio de serios señalamientos por su presunta vinculación al asesinato del líder social y denunciante Jorge Solano Vega. El denunciante Jorge Luis Solano Vega fue asesinado el 3 de noviembre de 2020, era miembro de la Mesa Municipal de Víctimas del municipio de Ocaña y presidía la Organización de Víctimas de Desaparición Forzada Asvida. Por su asesinato fueron judicializadas y condenadas dos personas, que señalan haber recibido $40 millones de pesos para ejecutar el homicidio. En medio de las investigaciones, la Fiscalía señaló como autores intelectuales del homicidio a Luis López Delgado y Carlos Pinzón, primo de Jairo Pinzón, exgerente del hospital. Las relaciones de las hermanas Gaona en la política nortesantandereana más allá de Jairo Pinzón Según las fuentes territoriales de Pares, Jairo Pinzón y el congresista Ciro Rodríguez guardan una estrecha relación. A su vez, Rodríguez conserva estrechas relaciones con el gobernador actual Silvano Serrano y el exgobernador William Villamizar. Aunque los nortesantandereanos, funcionarios públicos y activistas políticos de la región ya reconocían la relación entre Rodríguez y Pinzón, el primero no disimuló su apoyo a Pinzón mientras cursaban las investigaciones adelantadas por la Supersalud. Ese apoyo se hizo evidente cuando el senador Rodríguez señaló en redes sociales como “cuestionable” la intervención de la Superintendencia de Salud y las investigaciones que desarrollaba en el Hospital. Pero, ¿quién es Ciro Rodríguez Pinzón? Es representante a la cámara por el Partido Conservador desde el 2014, elecciones a las que llegó con 49.066 votos. Desde su llegada al Congreso, Rodríguez ocupó la Comisión Sexta de Comunicaciones. Para las elecciones de 2018, consiguió 54.910 votos, obteniendo las votaciones más altas para esta corporación. Para los comicios de 2022 Rodríguez se juega su tercer periodo consecutivo como congresista. Cuestionamientos y alianzas de Ciro Rodríguez. El puente entre las hermanas Gaona y el Clan Villamizar- García En 2017 la Procuraduría abrió una investigación contra Ciro Rodríguez por presuntamente haber recibido dineros de Odebrecht para amañar la adjudicación de contratos en la concesión de la Ruta del Sol II. Luego, en 2019, el exsenador Ñoño Elías confesó la estrecha relación que existía entre el representante Rodríguez y el entonces representante legal de la firma brasilera, Éder Paolo Ferracuti (Pares). El hoy representante a la Cámara y candidato hace parte del clan político nortesantandereano de los Villamizar- García, conformado por el exgobernador William Villamizar y el excongresista y hoy candidato, Juan Carlos García. Otros miembros del clan político son el también representante a la Cámara Wilmer Carrillo, investigado por la Corte Suprema de Justicia desde el 2021 por presunto peculado por apropiación y contrato sin cumplimientos legales por un contrato de mantenimiento de malla vial en Arboledas, Norte de Santander. El actual gobernador Silvano Serrano también es miembro del Clan. El senador Edgar Díaz Contreras también es miembro del clan y, al parecer, sería el padrino político de Mayra Alejandra, candidata a las Citrep y quien fue su secretaria privada durante su gobernación. Díaz Contreras es actualmente senador por el partido Cambio Radical. Díaz Contreras fue gobernador del departamento entre 2012-2015 y terminó su mandato con serios cuestionamientos por contratación y gastos de alto monto durante su administración. Gráfica 1. Mapa de relaciones Las desigualdades en la campaña política Según fuentes territoriales de Pares, sumada a la ausencia de financiación estatal, el retraso en los desembolsos y las dificultades generalizadas para que líderes sociales y comunitarios víctimas puedan desarrollar sus campañas políticas está la desigualdad en los apoyos y en las condiciones de juego político que tienen frente a otros candidatos. El mejor ejemplo de esta inequidad fue documentada mediante registros fotográficos rescatados por fuentes territoriales en donde se evidencia la instalación de grandes vallas en las vías del departamento, publicidad en redes sociales, pendones y pasacalles, herramientas de campaña a la que otros candidatos no han podido acceder debido a las dificultades económicas, evidenciando lo que serían los presuntos apoyos políticos y económicos que estas candidatas han recibido de parte de sus padrinazgos políticos de la región. El caso de Diógenes Quintero Amaya. El otro caso de espaldarazo político en la CITREP de Catatumbo Diógenes Quintero Amaya es candidato por la organización de víctimas ‘Asociación de Familias Desplazadas de Hacarí- ASOFADHACA. Según fuentes territoriales, Diógenes sería aliado político del representante a la Cámara Wilmer Carrillo, investigado por la Corte Suprema de Justicia desde el 2021 por presunto peculado por apropiación y contrato sin cumplimientos legales por un contrato de mantenimiento de malla vial en Arboledas, Norte de Santander. El apoyo de Wilmer Carrillo Como lo cuentan fuentes territoriales de Pares, existe cercanía entre Carrillo y Quintero. Actualmente, Carrillo es candidato a la Cámara de representantes por el Partido de la U. Es miembro del Clan Villamizar- García. Fue secretario de Infraestructura en Norte de Santander (2008-2011), mientras William Villamizar era gobernador. Adicional a la investigación que cursa en su contra en la Corte Suprema de justicia, Carrillo ha enfrentado otras investigaciones, considerando que, en 2018, la Fiscalía le pidió a la Corte Suprema de Justicia que abriera investigación en su contra por el presunto pago de coimas que el congresista tranzaba con contratistas del Hospital de Ábrego. Según las investigaciones, el congresista habría pedido $100 millones de pesos al gerente entrante en ese momento. Al igual que con las hermanas Gaona, los registros fotográficos de sus vallas publicitarias revelan que efectivamente son candidatos que cuentan con un apoyo financiero diferente al brindado por el Estado, situación que genera importantes desigualdades para con el resto de los candidatos que no cuentan con tales apoyos, y que, al contrario, han tenido que acudir a créditos bancarios personales para costear los gastos de sus campañas electorales. De igual forma, Pares conoció de algunos números de WhatsApp asociados a funcionarios públicos y el alcalde del municipio de Hacarí desde los cuales se han hecho publicaciones promoviendo votar por el candidato Diógenes, aún cuando se prohíbe a funcionarios públicos el activismo político electoral. La alcaldía de Hacarí también está haciendo campaña Las denuncias recibidas también indican que funcionarios públicos de la alcaldía, incluido el alcalde del municipio de Hacarí, Deyvy Bayona Guerrero, estarían haciendo campaña por el candidato Diógenes, publicando, desde sus cuentas de WhatsApp, campaña publicitaria a favor del candidato. Pares se contactó con el alcalde del municipio, quien confirma haber compartido la imagen desde su número de WhatsApp con el objetivo hacer pedagogía electoral e incentivar a la inscripción de cédulas, ignorando que era publicidad del candidato Diógenes Quintero. A pesar de la aclaración, el alcalde Bayona también aseguró que Diógenes era oriundo del municipio y era alguien querido por la población hacaritense, aclarando que todos son libres de votar por el candidato de su preferencia. Entre las alianzas y la financiación. Las evidentes desventajas electorales para los candidatos de la Citrep de Catatumbo Según el Acuerdo de Paz pactado entre el Estado colombiano y las FARC-EP en 2016, el espíritu de estas Citrep está en la búsqueda por la apertura democrática y participativa para los liderazgos y víctimas de las zonas más golpeadas por el conflicto armado. Sin embargo, las trabas institucionales que tiene un proceso como la adjudicación de anticipos para los candidatos víctimas, y la falta de voluntad política de entidades como la Registraduría Nacional y el Gobierno, crearon el escenario ideal para que los clanes políticos y las figuras tradicionales de la política regional cooptaran estos espacios, buscando que los candidatos de sus intereses se hagan con las curules destinadas a las víctimas. Este aprovechamiento va en contra de la transparencia y la salud democrática en un país que pretende superar las condiciones de violencia que han sido vigentes históricamente. [1] De hecho, este nombramiento fue señalado por el Departamento Administrativo de la Función Pública como una inhabilidad. Ver: Concepto 566881 de 2020. Se desconoce algún pronunciamiento adicional.

Por: Nataly Triana Guerrero, Asistente de investigación Línea de Democracia y Gobernabilidad El Acto Legislativo 02 del 2021 que crea las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) garantiza la participación real y efectiva de las víctimas a través la inscripción de cédulas, la pedagogía del voto y la instalación de puestos en los territorios. No obstante, a 4 días de las elecciones legislativas, varios ciudadanos desconocen aún si se encuentran habilitados para votar, en especial cómo ejercer el derecho al voto y las reglas de juego para este certamen. El proceso de inscripción de cédulas en las zonas rurales significó un obstáculo para las poblaciones más marginadas, como señaló Pares en el informe “Violencia político electoral y riesgos de las curules de paz”, el proceso virtual y biométrico de la inscripción de cédulas y cambio de puestos de votación no se diseñó en función de las brechas tecnológicas y de conectividad. En especial, este no se realizó en función del código electoral vigente. Es así que a 4 días de las votaciones, esta misma población aún no puede verificar si se encuentra inscrita en el censo electoral definitivo, tampoco si pudieron cambiar su puesto de votación a los nuevos puestos designados por la Registraduría en las zonas rurales de estas circunscripciones. Esto, debido a que el único dispositivo que permite está comprobación es la página de esta entidad o por el contrario, la app de infovotantes, nuevamente dispositivos que no están diseñados para las complejidades de estos territorios. Por otro lado, la pedagogía electoral para las CITREP ha sido insuficiente en las circunscripciones de Catatumbo, Pacifico Medio y la Sierra Nevada del Perijá. De acuerdo con fuentes territoriales de Pares, en gran parte de las veredas rurales que componen los municipios priorizados de cada circunscripción no ha llegado la Registraduría para enseñar los cambios en los tarjetones electorales ordinarios y el funcionamiento de las circunscripciones de paz. Lo mencionado es relevante si se tiene en cuenta la complejidad de los próximos comicios, donde se debe votar en el senado nacional ordinario o nacional indígena, cámara regional o cámara afrodescendiente, las circunscripciones de paz y la posibilidad de votar en las consultas presidenciales. Esta última es esencial, ya que la oportunidad de obtener el tarjetón de alguna coalición requiere de la solicitud expresa del ciudadano de tenerla, por lo que es prohibido que los jurados de votación la ofrezcan. La pedagogía de este certamen es requerida no solo por la separación del tarjetón indígena del ordinario, sino también porque los tarjetones étnicos no son excluyentes de los referentes a las circunscripciones de paz, como tampoco lo son los ordinarios. Es decir que el 43,2% resguardos indígenas y el 66,5% consejos comunitarios del país que residen en estas circunscripciones pueden votar también por las curules de víctimas. Ahora bien, también es importante en tanto el posible déficit de cedulación que la MOE (2021) indicó que podían existir en 214 municipios de los 167 priorizados, en los que se desconoce aún su índice de cedulación actual y suponiendo que quedaron en el censo electoral definitivo, implica que existe un número de personas que han desconocido gran parte de su vida el cómo votar y hacer válido su voto. Esto podría incidir en la abstención electoral o los posibles votos nulos que podrían perjudicar a las organizaciones sociales que compiten en estas elecciones, específicamente afectando el umbral electoral y la reposición de votos. Frente a esto, Pares ha recibido denuncias de que la Registraduría en su afán de pedagogizar las próximas elecciones han generado espacios sin considerar las dificultades de los territorios. Según fuentes de Pares en el municipio de Pradera- Valle del Cauca, se convocó una jornada de pedagogía a través de WhatsApp sin considerar la difícil movilización y la escasa señal que existe, así mismo no se coordinó previamente con la Mesa de Víctimas del municipio. Estas mismas fuentes han afirmado que es la única jornada electoral a la que los han convocado y la que se ha dado en Pradera. De acuerdo con la revisión realizada por Pares, en las Resoluciones de la Registraduría 2098 y 9857 del 2021 no figuran actividades de pedagogía electoral. Esto quiere decir que en el calendario electoral de las elecciones ordinarias y en el de las especiales de víctimas no quedó estipulado el compromiso que figuraba en el Acto Legislativo 02 del 2021. De hecho, la Unidad de Víctimas es la única entidad que hizo público un calendario de pedagogía electoral en las distintas circunscripciones para el año 2021. Decreto 1207 de 2021 No obstante, el buen funcionamiento de la pedagogía electoral requiere indiscutiblemente del conocimiento de los candidatos y las distintas organizaciones víctimas que están participando en cada circunscripción, quienes, a la fecha, en las zonas de Catatumbo, Sur de Córdoba, Pacifico Medio y la Sierra Nevada del Perijá no han podido acceder aún a la financiación de las campañas electorales debido al requerimiento de la póliza, también por las condiciones de seguridad. Hoy en día no existen garantías de orden público en las CITREP debido al control y/o disputa territorial entre las Estructuras Armadas Ilegales (EAI) en 138 de los 167 municipios priorizados. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, existen 70 municipios en riesgo electoral extremo y 67 en riesgo electoral alto, es decir el 82% de los municipios priorizados y el 100% de municipios con presencia de EAI según Pares. Esto ha generado que candidatos como Luis Fernando Lara, de la organización Corporación Constructores de Paz y Desarrollo Sostenible, junto a otros 21 candidatos más, según su testimonio, se encadenen en la registraduría departamental del Cesar en búsqueda de garantías electorales para las víctimas del conflicto armado. Frente a este panorama, Pares hace un llamado a las autoridades electorales y el gobierno nacional para garantizar el cumplimiento integral de las circunscripciones de víctimas frente a los establecido en el Acuerdo de Paz y Acto Legislativo 02 del 2021.

Por: Laura Cano A menos de una semana, desde Pares seguimos presentando las candidaturas cuestionadas en el Valle del Cauca. Aquí contamos las razones por las que estas personas no deberían llegar al Congreso. Senado 1. Jorge Ubeimar Delgado Blandon - Partido Conservador Delgado no es nuevo en cargos de elección popular, pues ha pasado por el Concejo de Cali (1992-1994), y estuvo en la Cámara de Representantes durante dos periodos (1998-2002 y 2002-2006). Además, en 2006 dio su salto al Senado logrando una curul, que luego, en 2007, delegaría a su hermano, César Tulio Delgado. Hay que señalar que en esta familia han brillado los traspasos de cargos. En 2018 Ubeimar Delgado fue designado, luego de apoyar la campaña de Iván Duque a la presidencia, como embajador de Colombia en Suecia. No obstante, se encontró que Ubeimar no contaba con requisitos básicos como hablar un segundo idioma y tener un título profesional, por lo que el cargo quedó en manos de César Delgado. Por otra parte, en 2014 Mauricio Delgado Martínez, sobrino de Ubeimar y César, heredó una curul en el Senado que ocupaba César Delgado. Ahora bien, Ubeimar es investigado por la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en la construcción de un proyecto de vivienda de interés social. Se desconoce el estado de la investigación. Cámara 1. Milton Hugo Angulo Viveros - Centro Democrático Ángulo Viveros pretende reelegirse en la Cámara. No obstante, hay que recordar que a inicios de 2021, Pares publicó un informe denunciando el saqueo de la Universidad del Pacifico a través de los vínculos directos de Milton Viveros con sus hermanos Edgar, Hindaura y María Juliana Angulo Viveros con los recursos de la Universidad: presuntamente, habrían incurrido en contratación irregular con corporaciones y empresas fachadas. 2. Julián David López Tenorio - Partido de la U López Tenorio es uno de los famosos candidatos pertenecientes a clanes. Él hace parte del Clan Político de Dilian Francisco Toro y es heredero del caudal político de su padre, José Ritter López, también miembro del Clan de Dilian, exsenador y exalcalde de Palmira al que la Fiscalía en el 2018 le imputó cargos por irregularidades en la contratación durante su alcaldía. Se desconoce el estado de la investigación. 3. Jhon Fredy Pimentel - Partido de la U Pimentel también hace parte del Clan de Dilian Francisco Toro. La Procuraduría en dos ocasiones ha adelantado acciones en su contra. La primera fue en 2016, cuando el ente de control formuló pliego de cargos contra el señor Jhon Fredy Pimentel Murillo, en su condición de alcalde municipal de Jamundí (2012-2015) se presentaron posibles irregularidades relacionadas con el reintegro de varios servidores públicos del ente territorial. "El pliego de cargos señala que el entonces mandatario no habría acatado oportunamente lo ordenado en sentencias judiciales proferidas por los juzgados laborales y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que ordenaban el reintegro de servidores públicos de Jamundí (Valle del Cauca), como tampoco haberles reconocido y cancelado todos los salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad integral dejados de percibir desde que se produjo su despido el 3 de enero de 2012 hasta la fecha de reintegro", señalaba la Procuraduría. En 2020 de nuevo estuvo en la lupa del ente de control por presuntas irregularidades en la titulación de un predio que se encontraba a nombre del municipio. "La Provincial de Cali reprochó al exfuncionario por suscribir la Resolución 0898 de diciembre de 2013, por la cual autorizó a un tercero como poseedor material del lote de terreno baldío de propiedad del municipio de Jamundí, al parecer desconociendo el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para adelantar estos procesos", se informaba. Curul afro 1. Lina Del Pilar Martínez García Candidata por el Consejo Comunitario por la Comunidad Negra de los Limones Es heredera de la estructura de parapolítica de su padre, Juan Carlos Martínez Sinisterra, condenado por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica, específicamente por sus nexos con el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Recientemente, se conoció un audio que involucra, presuntamente, a Laureano Acuña, actual senador, en la compra de votos en Atlántico. En este se señala que podría darle unos votos a la candidata del Negro Martínez. Además, el diario Criterio denunció que la candidatura de Martínez García ha estado bajo el manto de su padre. "Basta revisar el archivo fotográfico y las alianzas de esta campaña para concluir que su hija se está apoyando en la misma estructura política que el padre tenía en otrora y la cual mantuvo pese a que estuvo en prisión. Solo por citar un caso concreto de los muchos que existen. En Cartago (Valle), el jefe de debate de Lina Martínez es Rigo Alexánder Vega, un joven político de ese municipio que fue concejal y diputado, siempre bajo el amparo y padrinazgo del Negro Martínez", señalan. Además, el medio de comunicación también indica que, al parecer, Lina habría hecho fórmula con el aspirante al Senado Fabián Castillo, avalado por Cambio Radical y reconocido alfil político de la casa electoral que lidera Alejando Char. _________ Desde Pares continuamos alertando sobre quiénes son las personas que aspiran a quedar elegidas en el Congreso, aún cuando en su nombre hay varios motivos que deberían detener su camino al Capitolio.

Por: Camilo Díaz Suárez, investigador nacional, y Ernesto Medrano, asistente de investigación Línea de Democracia y Gobernabilidad Desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), hacemos un reconocimiento, en este 8 de marzo, a algunos liderazgos femeninos del municipio de Maicao, La Guajira. A través de una historia contada por ellas mismas, Dina López, Karen Plata, Maritza Deluque y Rebecca Díaz recogen sus luchas y acciones para levantar la voz de la mujer en el municipio. “El liderazgo consiste en alentar a las mujeres a romper su silencio y contar sus historias al mundo”. Zainab Salbi, activista por los derechos de las mujeres

Por: Laura Vanesa Prieto Investigadora Nacional Línea de Convivencia y Seguridad Urbana A propósito del 8M, fecha en la que se conmemora la resistencia y la lucha de las mujeres, desde la Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) queremos presentar un balance de la violencia basada en género en Colombia. Feminicidios En primer lugar, los feminicidios, entendidos, según la UNICEF, como los homicidios intencionados a mujeres por el hecho de serlo, los cuales suponen la culminación de un proceso de abusos, amenazas o intimidación constante, y son cometidos en su mayoría por parejas o ex parejas, presentan un panorama desalentador en el país. De acuerdo con los datos publicados por el Observatorio de Feminicidios en Colombia, el número de casos en los últimos tres años fue de 1.881, de los cuales 574 se presentaron en 2019; 630, en 2020; 622, en 2021; y 55, en enero del 2022. Los departamentos con la mayor concentración de este delito son: Antioquia (342 casos), Valle del Cauca (259), Cauca (130), Atlántico (120) y Bogotá (119)[1]. A pesar de este dato, según la Fiscalía, sólo se han denunciado penalmente 677 casos entre 2019 y 2021; de los cuales se han producido 378 capturas y tan solo 140 condenas. Esta cifra indica un alto grado de impunidad que está lejos de resolver esta problemática. Si bien Colombia es uno de los países de la región con el mayor avance legislativo en materia de violencia basada en género (con 26 leyes sobre prevención y sanción de la violencia de género, 26 sobre derechos reproductivos y de maternidad, 1 sobre matrimonio infantil[2]). Las altas cifras de los delitos asociados a este tipo de violencia contra mujeres y niñas muestran un panorama preocupante, esto, en un país donde el que el 51,2% de la población son mujeres. Un caso muy preocupante es el de Miguel Parra, que el 17 de octubre de 2020 atacó con un hacha a su ex pareja, Ángela Ferro, provocándole cerca de siete heridas contundentes en la cabeza. Parra quedó en libertad este año luego de que se aplazara cuatro veces la audiencia preparatoria. Al igual que este, muchos otros casos de tentativa de feminicidio no han logrado resolverse, lo que expone a las víctimas a un feminicidio real y exculpa a los victimarios. Delitos sexuales En segunda medida, los delitos sexuales. Estos corresponden a aquellos que abarcan desde acoso verbal hasta penetración forzada y una variedad de tipos de coacción, como la presión social y la intimidación por medio de la fuerza (Observatorio de igualdad de género CEPAL). Estos delitos se constituyen como un mecanismo para la violencia basada en género; radican en las manifestaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que corresponden a factores culturales (definición de roles, tradiciones, institución familiar); económicos (dependencia económica, restricciones de acceso al empleo y la educación); legales (definiciones jurídicas de los delitos de violencia y abusos) y políticos (representación insuficiente en las esferas de poder y restricciones en la participación política) (UNICEF, 2000, pp. 1-7). Casos como el denunciado por una mujer en Bogotá, agredida sexualmente después tomar un bus del SITP hacía su casa el 1 de marzo, o la violación grupal contra una joven reportada en Pijao - Quindío en ese mismo día, son solo algunos de los muchos delitos sexuales contra mujeres que se registran a diario en el país. Según datos del SIEDCO, entre enero de 2019 y enero del 2022 se denunciaron 97.237 casos de violencia sexual. De ese total, el 85% (82.873) se cometieron contra mujeres, mientras que el 15% (14.364) contra hombres. Si bien existe un subregistro debido a que muchos hombres no denuncian por temor o por vergüenza, la diferencia entre la proporción de denuncias entre un género y otro es alarmante. Frente a los rangos etarios de las víctimas, en este periodo se registra un total de 56.172 (67%) casos contra menores de edad, de los cuales 33.877 (40%) fueron perpetrados contra niñas (menores) entre los 0 y los 12 años; mientras que 22.295 (27%) contra adolescentes entre los 13 y los 17 años. El porcentaje restante (32%) se reportó contra mujeres adultas. Durante el año pasado, el registro fue de 25.159 casos, de los cuales 16,420 (62%) ocurrieron contra niñas y adolescentes; hasta enero 2022 se han registrado 1.189 denuncias por abusos sexuales, siendo 711 (59%) contra menores edad y 478 contra mujeres adultas[3]. Porcentaje de víctimas de delitos sexuales por género (enero 2019 - enero 2022) Porcentaje de víctimas de delitos sexuales por rango etario (enero 2019 - enero 2022) Porcentaje de víctimas de delitos sexuales por rango etario (2021) Porcentaje de víctimas de delitos sexuales por rango etario (enero 2022) Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: SIEDCO. De acuerdo con el observatorio de igualdad de género de la CEPAL, este tipo de violencia es ejercida por personas cercanas a la víctima en las que se encuentran parejas, ex parejas, familiares, amigos y conocidos. En el caso puntual de las niñas y adolescentes, según el ICBF, la vivienda es el espacio en donde más ocurren estos abusos, lo que indica que existe una convivencia con los perpetradores, cuestión que dificulta la denuncia de los mismos. Durante el 2020 en Latinoamérica, como lo señala la ONG Te Protejo, debido a la pandemia por COVID-19 se incrementaron en un 200% los casos de delitos sexuales asociados al contenido digital de pornografía infantil, mientras que para el 2021 ese incremento fue del 60%. En Colombia, en ese mismo periodo este delito aumentó un 22% (21.864 en 2020 y 28.000 en 2021). Lo anterior, de cara a un incremento de las denuncias por explotación sexual infantil con fines comerciales a través de plataformas digitales como TikTok e Instagram. Uno de los casos más desgarradores que retrata esta realidad es el de Sarai Colmenares, una niña migrante que fue asesinada y torturada como consecuencia de la explotación sexual de la cual era víctima en Santa Rosa de Cabal - Risaralda. Si bien el presunto feminicida ya fue capturado, aún no se tiene certeza de quiénes estarían detrás de este caso y si existen más víctimas como ella. En Colombia, el 80% de las víctimas de la explotación sexual corresponde a mujeres y niñas en condición de vulnerabilidad, quienes son instrumentalizadas por estructuras de delincuencia organizada que se lucran de este tipo de explotación. Estas aprovechan dichas condiciones para obligar a las víctimas -mediante engaños- a someterse a este tipo de delitos. Considerando esto, vale le pena preguntarse quiénes se lucran de la explotación sexual infantil en el país, y, sobre todo, quiénes pagan por abusar sexualmente de menores de edad. Violencia Intrafamiliar Finalmente, la violencia doméstica o intrafamiliar contra mujeres y niñas. De acuerdo con la UNICEF, es un delito que afecta numerosos campos de la sociedad, tales como la sanidad, la justicia, la economía, la educación, el desarrollo y, sobre todo, los derechos humanos. Este afecta en mayor proporción a mujeres y niñas quienes, debido a las causas históricas de desigualdad previamente señaladas, se encuentran en condiciones de vulnerabilidad que implican un mayor riesgo a ser víctimas de la violencia basada en género. Según datos del SIEDCO, entre enero 2019 y enero de 2022 se registraron 354.832 denuncias en el país, de este total, el 77% (275.218) corresponden a casos en los que mujeres y niñas fueron víctimas. Para el 2021 las cifras son de 89.908 mujeres y niñas violentadas, 2,3% (2.105 casos más) que en el 2020. Solamente en enero del 2022 se reportaron 5.781 denuncias; las ciudades en las que se observan la mayor cantidad de casos son: Bogotá con 1.437, Medellín con 395, Cali con 364, Cartagena con 189 y Barranquilla con 130[4]. Porcentaje de víctimas de violencia intrafamiliar por género (enero 2019 - enero 2022) Mapeo de la violencia intrafamiliar contra las mujeres en Colombia - 2021 Es por esto que desde la Fundación Paz & Reconciliación alertamos los altos riesgos que estos delitos representan para la vida y seguridad de las niñas y mujeres del país, por lo que clamamos justicia para todas las víctimas de violencias basadas en género y extendemos un abrazo fraterno a las mujeres y organizaciones que luchan para denunciar este flagelo; porque en el país la violencia contra las mujeres y niñas no cesa, porque en Colombia nos queremos vivas. Referencias CEPAL. 1996. Violencia de género: un problema de derecho humanos. Consultado el 5 de marzo. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5855/S9600674_es.pdf Infobae. Joven fue abusada sexualmente por cinco hombres cuando paseaba con su novio. Consultado el 4 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.infobae.com/america/colombia/2022/03/02/joven-fue-abusada-sexualmente-por-cinco-hombres-cuando-paseaba-con-su-novio/ El Espectador. De Yuliana Samboní a Sarai: el asesinato y violencia sexual contra niñas no cesa. Consultado el 4 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.elespectador.com/investigacion/de-yuliana-samboni-a-sarai-el-asesinato-y-violencia-sexual-contra-ninas-no-cesa-en-colombia/ Ministerio del Trabajo. Tenemos un mayor desafío para prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes: Directora ICBF. Consultado el 4 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/comunicados/2021/septiembre/tenemos-un-mayor-desafio-p ICBF. ABC Violencia Sexual. Consultado el 4 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/abc_-_violencia_sexual.pdf UN WOMEN. Preguntas frecuentes: Tipos de violencia contra las mujeres y las niñas. Consultado el 5 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence US EMBASSY. Informe sobre la Trata de Personas 2020. Consultado el 5 de marzo de 2022. Disponible en: https://co.usembassy.gov/es/our-relationship-es/official-reports-es/informe-sobre-la-trata-de-personas-2020/ Blu radio. Abuso y explotación de menores, la otra 'pandemia' que marcó a niños y niñas en Colombia. Consultado el 5 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.bluradio.com/sociedad/abuso-y-explotacion-de-menores-la-otra-pandemia-que-marco-a-ninos-y-ninas-en-colombia UNICEF. La violencia doméstica contra mujeres y niñas. Consultado el 5 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.unicef-irc.org/publications/266-la-violencia-doméstica-contra-mujeres-y-niñas.html [1] Información disponible en los siguientes links: http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org/attachments/article/479/Bolet%C3%ADn%20Vivas%20nos%20queremos%20Colombia%20enero%202022.pdf https://www.observatoriofeminicidioscolombia.org/index.php/reportes [2] Disponible en: https://oig.cepal.org/es/leyes [3] Los datos pueden consultarse en el siguiente link: https://public.tableau.com/views/D_16465385242100/Dashboard1?:language=es-ES&:display_count=n&:origin=viz_share_link [4] Los datos están disponibles en el siguiente link: https://public.tableau.com/views/Violenciaintrafamiliar2019-2022/Dashboard1?:language=es-ES&:retry=yes&:display_count=n&:origin=viz_share_link

Por: Laura Cano Periodista Pares La situación en el Norte del Cauca, históricamente, ha estado marcada por la violencia, la cual, pocas veces, ha sido vista a través de las vulneraciones contra las mujeres, a pesar de ser una realidad latente. Esto se profundiza aún más cuando las mujeres son defensoras de derechos humanos y lideresas. Según la Mesa Territorial de Garantías, desde la firma del Acuerdo de Paz al 2020 26 mujeres que ejercían liderazgos en esta zona del país fueron asesinadas. A pesar de esto, y de la reconfiguración del conflicto en el Norte del Cauca, donde, por ejemplo, hacen presencia el Comando Coordinador de Occidente con las estructuras Columna móvil Jaime Martínez y Columna móvil Dagoberto Ramos, así como el ELN, las mujeres le siguen apostando a la construcción de paz y a la reivindicación de sus derechos. Norte del Cauca está conformado por los municipios de Buenos Aires, Suárez, Villa Rica, Caloto, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Guachené, Corinto, Miranda, Padilla, Jambaló, Caldono y Toribío. Entre las mujeres que vienen caminando hacia otras realidades para las mujeres está la Redmunorca, Red de Mujeres del Norte del Cauca. Se trata de una organización que desde 1990 convoca a mujeres de esta zona, logrando incidir en varios niveles: a nivel político, a través de la conformación de seis (6) Consejos Ciudadanos de Mujeres, espacios que promueven asuntos de género en los procesos de toma de decisiones en los municipios, aumentando la participación social y política de las mujeres en las instancias locales y en las esferas de poder (Alcaldía y Consejos municipales). Asimismo, desde la Redmunorca han participado en el comité técnico en el proceso adelantado por la Gobernación del departamento del Cauca, para la construcción y formulación de políticas públicas para las mujeres del departamento. En estos años, Redmunorca ha logrado articularse con organizaciones y lideresas independientes de 8 municipios de la región norte del departamento: Villa Rica, Caloto, Puerto Tejada, Guachené, Miranda, Padilla, Corinto y Santander de Quilichao. Además, como una de sus integrantes expone, la organización ha contado con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales tales como la Alcaldía Municipal de Villa Rica, Save the Children- UK, el Fondo de Acción Global para las Mujeres, Médicos Alemanes para el tercer mundo, RSLMAC y, en los últimos años, ha firmado convenios con DKA/ KFB Austria, el Instituto de la Mujer, el Día Internacional de la oración de la Mujer, AFROPAZ, la USAID, fondo global de mujeres, ONU Mujeres entre otros. Una apuesta por la vida libre de violencias Hablamos con una integrante de la organización, que prefirió no mencionar su nombre, quien alerta sobre la complejidad de la situación de seguridad en el norte del Cauca: "ya no nos sentimos seguras en ningún lado. Además, cuando advertimos de esta situación nos sentimos revictimizadas, y no hay una respuesta efectiva". También agrega que "algunas de las mujeres que hacen parte de Redmunorca han tenido que recibir acompañamiento pues han sido amenazadas y obligadas a dejar el territorio". Y, en su caso puntual, narra que en una ocasión un hombre en varias oportunidades se parqueó al frente de su casa y tomaba fotos de su vivienda y de ella. En una oportunidad, la comunidad y ella llamaron a las autoridades. No obstante, el tema no avanzó, ni hubo un mayor seguimiento al caso. "Para mí esos días eran de mucha intranquilidad. Si tocaban la puerta me asustaba. Caminar por la calle me generaba mucha ansiedad. Y aunque no recibí una amenaza propiamente dicho, para mí eso sí representaba una amenaza". Asimismo, dice que para las mujeres del norte del Cauca, en especial para las que ejercen liderazgos, es muy difícil saber en qué contextos se puede hablar. Apunta que en su caso "ir a una reunión representa inseguridad; no sé sabe si se va a volver o no". A pesar de que lo anterior es un panorama que se repite en las zonas donde el conflicto se ha agudizado, y, en especial, para quienes tienen liderazgos sociales, la lideresa entrevistada enfatiza en que muchos de estos contextos tienen que ver con la cuestión de género, que, por un lado, profundiza las violencias, y, por otro, genera victimizaciones diferenciadas contra las mujeres. Por ejemplo, y a pesar de las múltiples violencias basadas en género, hay una que resalta la lideresa: la violencia psicológica, pues asevera que no solo es violencia directa contra ellas, sino que también hay una constante situación de amenaza para las y los cercanos a las mujeres lideresas, especialmente un miedo que hay frente a las posibilidades de que sus hijas e hijos sufran victimizaciones como represalia a su trabajo defensa. "Si el territorio está hostil y nuestros hijos van a la escuela, o al trabajo, ¿usted cree que nosotras no sentimos una violencia interna? Cuando mi hija se va al trabajo hasta que ella vuelve yo no descanso", afirma. Ante esta situación, tanto de las mujeres lideresas, pero también para el resto de mujeres que también se ven expuestas a escenarios hostiles y de vulneración de sus derechos, la mujer que compartió su testimonio señala que, actualmente, Redmunorca ha centrado sus esfuerzos en generar acciones para la prevención de todos los tipos de violencias contra las mujeres. Para ello han implementado varias estrategias. Una de ellas tiene que ver con el reconocimiento de las organizaciones de mujeres de la zona, y es por esto que Redmunorca es también un espacio de encuentro entre varias colectivas e iniciativas del Norte del Cauca. Además, a través de un trabajo que se ha hecho con Redoden, una iniciativa apoyada por la Fundación Paz & Reconciliación, cuenta la mujer con la que hablamos que han fortalecido sus estrategias de autoprotección. "Si nos invitan a una reunión debemos saber con anterioridad en qué lugar es, con quiénes va a ser, igualmente informamos a dónde vamos, a qué hora salimos y regresamos. También hemos creado códigos internos para hacer saber que estamos seguras". También han desarrollado un proceso de formación, el cual ha estado enfocado en temas de liderazgo, autoestima, economía sostenible, ahorro solidario, participación política, entre otros. Lo anterior ha permitido que mujeres que han pasado por la Redmunorca hayan iniciado procesos para integrar el Senado, juntas de acción comunal, y otras instancias de toma de decisiones municipales y departamentales, principalmente. Además, han fomentado un fondo rotativo, para que las mujeres no tengan que acudir a créditos, ni someterse a muchos trámites. Por otro lado, todas estas iniciativas también han permitido que desde Redmunorca se acompañe a mujeres que denuncian, entendiendo que estos no son simples trámites, sino que son también procesos para restaurar los derechos de las mujeres. Así las cosas, en conmemoración de esta fecha, enfatizan: "Para nosotras, en Redmunorca, nuestro principal interés en el momento es que todas las mujeres vivan una vida libre de todo tipo de violencias. Queremos llegar a decir que las mujeres del Norte del Cauca hemos superado todos estos escenarios".

Por: Odevida El Observatorio para la Defensa de la Vida-OdeVida capítulo Perú presenta este balance de la situación de Derechos Humanos de mujeres y población LGBTIQ+ con el ánimo de sumarse a la importante conmemoración del 08 de marzo Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Este documento es un llamado para promover y proteger estas agendas y a la vez un homenaje a todas las mujeres y personas LGBTIQ+ que luchan por la eliminación de todas las formas de opresión. Consúltalo aquí.

Por: Laura Cano Queda solo una semana para que las y los colombianos acudamos a las urnas a elegir a quienes llegarán al Congreso desde este año hasta el 2026. Desde Pares hemos alertado sobre cuáles son las candidaturas cuestionadas en varios departamentos. Esta vez nos enfocamos en el Tolima, donde hay 02 candidatos cuestionados al Senado, y 04 a la Cámara de Representantes. Senado 1. Óscar Barreto Quiroga – Partido Conservador Óscar Barreto, líder del Clan Barreto, quien viene de ser gobernador del Tolima en dos ocasiones (2008 y 2016). Además, también había medido su aceite para cargos de elección popular en 1982, año en el que fue concejal de Ibagué por el Partido Conservador. Aunque a su cargo como concejal renunció por motivos académicos, cuando fue gobernador sí tuvo varias acciones puestas en cuestión. En su primer periodo fue destituido e inhabilitado por 11 años por la Procuraduría, pero en segunda instancia fue absuelto. Las posibles irregularidades derivadas por la presunta falta de vigilancia y control fueron detectadas en la etapa precontractual de la licitación pública número 011 del 2009, la cual se relaciona con las obras de rehabilitación, recuperación y mejoramiento de la carretera Villahermosa-Líbano por un valor inicial de $9.000 millones y una adición de $3.700 millones. Pare ese momento el ente de control señalaba: “Óscar Barreto Quiroga, en su condición de Gobernador del Tolima, incumplió su deber de dirigir la Administración Departamental a su cargo, al no ejercer adecuadamente el control jerárquico que como delegante tenía sobre la actuación de su delegataria, la secretaria de Hacienda, Olga Lucía Alfonso Lanine, y de otros funcionarios". Además, el ex mandatario "como delegante no adoptó ninguna acción o medida concreta frente a su delegataria, respecto de las presuntas anomalías que afectaban al trámite de la señalada licitación y favorecían de manera presuntamente irregular a la propuesta de la Unión Temporal CESVA, de manera que no ejerció su facultad de delegante, que le imponía la obligación de vigilar y verificar la actuación de sus delegatarios". Adicionalmente, a inicios de 2021 la Fiscalía imputó a Barreto por irregularidades en la suscripción de 12 convenios con Prohaciendo, estos convenios implicaron sumas de dinero de más de 4.000 millones que fueron manejados entre 2008 y 2011. Hay que señalar que en esa ocasión Prohaciendo subcontrató constructoras para la construcción de viviendas de interés social en zona rural, lo que evadía la ley de contratación estatal. De hecho, hay que recordar que recientemente la Procuraduría le abrió investigación a Prohaciendo por la construcción de vivienda VIS en Chaparral, proyecto en el cual se presentó un detrimento de 56.559.858. 2. Miguel Ángel Barreto Castillo – Partido Conservador Miguel Ángel es otro candidato bajo el manto del Clan Barreto. En 2014 fue representante a la Cámara y en 2018 dio el salto al Senado. Aspira a repetir su curul. Es primo de Óscar Barreto. Barreto Castillo es recordado porque en 2018 fue denunciado por Carlos Arturo Reyes por una presunta compra de votos en contraprestación por entregar en un municipio del Tolima 2.000 bultos de cemento y 550 tejas de zinc. De hecho, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra Barreto Castillo por los presuntos delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Adicionalmente, hizo parte del informe de #TrabajenVagos, en el que lo señalaron como uno de los congresistas que menos se presentó a sesiones presenciales en la legislatura 2020-2021. Cámara de Representantes 1. Jaime Armando Yepes – Partido de la U Yepes no es nuevo en cargo de elección popular. Ha sido diputado en la Asamblea Departamental del Tolima (1990-1994), alcalde de Icononzo (1995- 1997 y 2001-2003), representante a la Cámara (2006-2010, 2010- 2014, 2014-2018 y 2018-2022), y ahora busca repetir su curul. La Corte Suprema de Justicia le abrió en 2009 una investigación preliminar en contra de Jaime Yepes por presuntos nexos con grupos armados al margen de la ley. La investigación se abrió porque, presuntamente, el congresista se había reunido en una finca en El Guamo (Tolima) con jefes paramilitares de la región para lograr un favorecimiento electoral. No obstante, en 2013 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió auto inhibitorio dentro del proceso que le adelantaba a Yepes, al determinarse que el material probatorio durante el proceso arrojó que el congresista no sostuvo relaciones ilegales. En 2019, de nuevo, estuvo en medio de cuestionamientos cuando, por cuenta de una investigación del periodista Juan Pablo Barrientos de 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, se logró poner sobre la mesa la veracidad de su título profesional de abogado obtenido en la Universidad Libre. El caso fue noticia cuando mediante derecho de petición a la Universidad Libre, solicitó que se le certificará si el parlamentario Jaime Yepes era abogado titulado de esa institución. A lo que respondió que: "Con respecto a Jaime Armando Yepes Martínez, revisados nuestros archivos, no existe documento alguno que señale su admisión a un programa de la Universidad Libre en nuestras distintas locaciones, Sede Principal y seccionales". 2. Agustín Mauricio Pinto Rondón – Centro Democrático Este candidato fue condenado en 1996 a 35 meses de prisión por el delito de lesiones personales a una mujer. Sin embargo, funcionarios del Juzgado Séptimo Penal de Ibagué habrían ocultado el fallo condenatorio que le causaría inhabilidad. El medio CambioIn consiguió las minutas donde se consigna la condena, pero esta no se encuentra en sus antecedentes. Sumado a ello, en 2010 la Procuraduría lo sancionó con una inhabilidad por 10 años, por participación indebida en política. Tuvo un proceso por fraude y estafa a un banco y un proceso por enriquecimiento ilícito que, para 2019, estaba inactivo. Se desconoce el estado de este proceso. 3. Juan Guillermo Beltrán Amórtegui – Cambio Radical Beltrán ha pasado por la Asamblea Departamental y por la Alcaldía de Honda (2016-2018). En 2020 la Procuraduría General de la Nación formuló cargos en su contra y en contra de Luz Stella Ayala Viatela por irregularidades en el contrato para la construcción del coso municipal. "Los investigados habrían omitido incluir en los estudios previos la instalación de los servicios públicos domiciliarios necesarios para el funcionamiento permanente del inmueble destinado a albergar animales, como lo sentenció el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué. La Procuraduría Provincial de Honda investiga si Beltrán Amórtegui y Ayala Viatela, supervisora del Contrato de Obra 144 del 23 de septiembre de 2016, permitieron el deterioro progresivo, abandono e inutilización de esta obra de interés público que habría quedado inconclusa", informaba el ente de control. Hay que señalar que la obra quedó inconclusa. Por otro lado, a finales de 2021 la Fiscalía lo señaló de haber celebrado un contrato por más de $117 millones para la construcción del resguardo y atención de animales, sin que dicha obra pública contara con la licencia urbanística exigida por la ley, entre otras inconsistencias. El contrato había sido firmado en 2016. Adicionalmente, el sector donde se realizó la obra estaba por fuera del área de prestación de servicios públicos, lo que generó que la misma no contara con energía y agua potable, lo que conllevó, una vez entregada, que permaneciera fuera de funcionamiento. 4. Sandra Liliana Salazar Martínez – Pacto Histórico Salazar Martínez tiene un historial a través de su familia. Es sobrina de Emko Martínez, condenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema en 2018 a 16 meses de arresto, la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida y el pago de $102.397.778 por peculado culposo. Además, varios paramilitares lo acusaron de tener presuntos nexos con el Bloque Tolima de las AUC para que candidatos tuvieran su apoyo, pero la investigación fue archivada por inconsistencias y falta de pruebas sobre el acuerdo pactado. Su mamá, Rosmery Martínez, estuvo asociada en una presunta compra de votos por las acciones de Bellarina Núñez, quien fue capturada por exigir a campesinos que votaran por Rosmery. No hay hasta el momento una investigación por esos hechos. ______________________ Desde Pares seguimos alertando sobre estas candidaturas cuestionadas, para que el Congreso no quede en manos de quienes son un riesgo para la democracia y para la representación de los departamentos.

Por: Camilo Díaz Suárez, Investigador Nacional, y Nataly Triana, Asistente de Investigación Línea de Democracia y Gobernabilidad El pasado 22 de febrero la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), que observó las elecciones regionales y locales del 21 de noviembre 2021 en Venezuela, publicó su informe final recogiendo una serie de observaciones y recomendaciones. Varias de estas recomendaciones se articulan con lo anunciado por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) en el informe “La salud de la democracia en Venezuela: Elecciones del 21N y su impacto en la frontera”. Esto se dio a conocer luego de que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas diera a conocer que en Venezuela existe una sistemática violación de derechos humanos e hizo una serie de recomendaciones centradas en la independencia judicial, elecciones libres y fin de la represión. Por otro lado, el informe final del MOE UE ratifica información sobre los problemas que se presentaron después de la jornada electoral del 21N. Como sostuvo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, “el informe de la UE confirma el diagnóstico de que los venezolanos no han podido ejercer de manera libre sus derechos a votar y a postularse a cargos públicos”. Estas son algunas observaciones y recomendaciones relevantes. La falta de independencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) La MOE UE identificó que había falta de independencia y la existencia de un actuar político del TSJ. Eso va en la línea de lo denunciado por la organización Foro Penal en su reporte sobre la Represión Política en Venezuela, en el que dio cuenta que sigue existiendo desde el TSJ una persecución política. De igual forma, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de la ONU señaló que ha existido un deterioro en la independencia del TSJ por “la injerencia política en la elección de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo ha dado lugar a cambios permanentes en su alineación ideológica. Ello ha derramado sus efectos sobre todas las instituciones del Poder Judicial”. Eso se enlaza con lo que mencionó Pares sobre una continuación del autoritarismo competitivo, que se ha traducido en actuaciones arbitrarias de carácter político por parte del TSJ. Eso se ha visto como el acto de nombramiento de integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), entre otras actuaciones. De esta forma, la MOE UE dio la recomendación de reforzar la separación de poderes y la confianza en la independencia del TSJ con la aprobación de una nueva Ley de la Carrera Judicial y una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. El ventajismo institucional y las campañas políticas La observación de la MOE UE encontró un uso indebido de recursos del Estado en el 38,8 por ciento de los actos de campaña del PSUV. En general, encontraron el uso de buses para el transporte de simpatizantes y funcionarios públicos, la utilización de la vacunación o las cajas CLAP para promover el voto a favor de candidatos oficialistas y presiones o pagos para apoyar actos de campaña. De acuerdo con Pares, el ventajismo institucional es el favorecimiento político que compromete la transparencia e imparcialidad de las instituciones encargadas como el CNE de generar las garantías en la campaña y el día de las elecciones. Los mecanismos más comunes de ventajismo que ha evidenciado Pares para las próximas elecciones son: la falta de regularización de los medios de comunicación, la proclamación ilegal de la precampaña, la distribución de las ferias electorales, la designación de los miembros de mesa y el uso de mecanismos de cooptación. En el cubrimiento posterior al 21N realizado por Pares, se denunció precisamente que hubo presencia de distintos mecanismos de cooptación como los llamados Puntos Rojos, y espacios relativamente cercanos a los puestos de votación donde el oficialismo realizó campaña política y coaccionó a los electores a través del Sistema Patria. De hecho, la irregularidad más denunciada el día de las elecciones fue la presencia de estos puntos partidistas. Ese ventajismo institucional precisamente crea una situación de desventaja con los partidos oposición. Incluso, la MOE UE encontró que los partidos de oposición tuvieron obstáculos para la realización de sus campañas por la falta de recursos. Sumado a ello, reportaron que se utilizaron mecanismos para afectar el movimiento y las campañas de los partidos opositores. En todo esto, el CNE no habría sancionado las violaciones del reglamento de campaña ni el uso de recursos del Estado. Por ello, la MOE UE recomendó reforzar las facultades sancionadoras del CNE mediante la introducción de un sistema de control y sanciones. Pese a las advertencias realizadas por Pares, A.C Súmate y el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), la ausencia de los miembros de mesa proporcionó un espacio de oportunidad para la participación en este proceso a actores ajenos a los previamente designados por el CNE. Esto posibilitó que testigos de partidos actuaran como miembros de mesa, así mismo la MOE UE evidenció que hubo una extralimitación de las funciones por parte de los coordinadores del CNE quienes se adjudicaron las funciones de los miembros de mesa. Lo mencionado, permitió el voto asistido en el 42,5 % de las mesas observadas en donde solamente en el 9% de estas hubo abusó de este delito. Cooptación de medios de comunicación y la comunicación digital De acuerdo con la MOE UE, en Venezuela el 12 por ciento de los medios de comunicación son estatales. Aparte, registraron que varios medios de comunicación ejercen la autocensura o han tenido cambios de su línea editorial o su programación por presiones desde el Gobierno. La censura y autocensura, de acuerdo con Human Rights Watch, desde el Gobierno de Nicolás Maduro, se han dado cierre, campañas de estigmatización y hostigamiento a medios de comunicación venezolanos. En esa misma línea, siguiendo a A.C Súmate, Pares identificó que Venezuela tiene falencias en la regularización al uso de medios de comunicación para realizar propaganda política. Desde el oficialismo se utilizaron recursos para favorecer a candidatos del PSUV a través de canales de televisión, radio y redes sociales del Estado, violando la Constitución Política de 1999 y la Ley contra la Corrupción. Ese desequilibrio fue reconocido por Pedro Calzadilla, presidente del CNE, quien sostuvo que la exposición de candidatos no fue realizada de forma equilibrada. De esta forma, la MOE UE recomendó un equilibrio de la cobertura de los medios de comunicación estatales durante las campañas electorales, además de derogar la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia para promover la libertad de expresión y evitar la autocensura. Sumado a ello, hubo una cooptación de los electores por medio del Sistema Patria, una plataforma digital a través de la cual las personas se inscriben “voluntariamente” para poder acceder a servicios públicos y beneficios como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el pago de salarios a servidores públicos y la vacunación. Este sistema recoge información personal que incluye la pertenencia a un partido. Por lo anterior, la MOE UE recomendó dar a conocer qué institución es la responsable de la gestión de los datos de la plataforma Patria, dónde y cómo se almacenan los datos, quién tiene acceso a ellos, con qué fines y cómo solicitar la rectificación de los datos personales y darse de baja de la base de datos, de acuerdo con el derecho constitucional de acceso a la información. Además, no utilizar cuentas institucionales con fines proselitistas. A pesar de las advertencias realizadas por Pares, A.C Súmate y el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), hubo serias demoras en el inicio de la jornada electoral debido a la ausencia de los miembros de mesa seleccionados por el CNE. Participación y representación política de las mujeres La MOE UE destacó una baja representación sustantiva de las mujeres debido al inexistente sistema de cuotas para las alcaldías y gobernaciones, así mismo por los pocos incentivos que ofrece el Estado a los partidos políticos para promover la participación y representación efectivas de las mujeres. La Red Electoral Ciudadana señaló que solamente fueron elegidas 62 alcaldesas y 2 gobernadoras de las 2.175 y 106 candidatas a cada corporación. De esta manera, la representación política en cada corporación se encuentra actualmente en un 9% y 19%. Al respecto, Pares, previamente, señaló que en este escenario existía una disparidad en candidaturas que, tal vez, podía obstaculizar la presencia de las mujeres en los espacios de representación política. En la actualidad se desconoce con exactitud los resultados de las elecciones del 21N desglosados por género, de hecho, el CNE no ha hecho público desde hace dos meses la Gaceta Electoral de los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales. Tampoco ha hecho pública la rendición de cuentas sobre la gestión de esta entidad en el 2021 en donde se debe evidenciar el presupuesto y licitación del nuevo sistema de votación. Hoy en día existen obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las estructuras partidistas y la ciudadanía, específicamente por la falta de seguridad jurídica que genera la falta de independencia de los órganos judiciales, electorales y de control. El ventajismo institucional ha permeado los principios de independencia, imparcialidad, transparencia y participación ciudadana. Así mismo, los mecanismos de cooptación institucional tras la crisis humanitaria han limitado las posibilidades de la población de votar en libertad y sin represarías. De esta manera, a pesar de la observación electoral internacional, el oficialismo ha afianzado su autoritarismo competitivo.