Por: Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presentamos el Boletín #11 sobre masacres cometidas en el país. De acuerdo a este reporte, entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, se registraron 24 masacres que dejaron 74 víctimas mortales. Construimos un informe que reconstruye, uno a uno, todos los hechos. Además, analizamos detalles como: departamento, presencia de grupos armados y conflictos presentes en la zona, características de las víctimas y más. Consulta y descarga el boletín completo. A continuación, presentamos el mapa que reúne todos los hechos.

Por: Walter Aldana Político social alternativo La política es el arte de servir, no de servirse, por ello se les denomina servidores públicos y a otra categoría funcionarios (para que funcionen), y si son adscritos a la institucionalidad es para que sus acciones y definición de políticas beneficie a las comunidades, los territorios y las personas que constituyen una unidad administrativa nacional, regional y local. El arte de gobernar a cualquier nivel fue, en el pasado, una vocación, (como la del médico, el sacerdote o el pastor evangélico, el profesor o el político). Pero, poco a poco se fue infiltrando en quienes ejercen el oficio de liderar desde los partidos o movimientos, unas prácticas dañinas, que partiendo del interés individual se hacen en erario. Dejar vencer términos, casa por cárcel, a bandidos de alta monta en el caso de la justicia; formular “genéricos” a sabiendas que no se aliviará el paciente por la gravedad de la enfermedad; periodistas que por la pauta publicitaria hablan bien o mal de un candidato o candidata hasta que se acabe lo pagado, son, entre muchas más, situaciones que hoy se convierten en actuaciones normales que aceptan los gobernantes con el silencio cómplice de las colectividades, partidos y/o agremiaciones a las que pertenecen estos agentes de la corrupción. Llevamos 22 años de mando por parte de una clase emergente que, con el capo de capos al frente, se ha venido desmoronando en su ética pública y por ende la ética privada (que debe ser la misma en las personas y con mayor razón en los funcionarios y servidores públicos). Más de dos décadas donde en algún momento el 30 % del congreso pertenecía a los ilegales, el zar anticorrupción está preso por corrupto, ministros, consejeros de paz como “el doctor ternura” huyen o están encarcelados por acción u omisión frente a estos CORRUPTOS, que como el Senador Mario Castaño se jacta de robar al Chocó, cuya prueba está en un audio entregado por la fiscalía. Y volvemos desde el Cauca a ser noticia en relación al CORRUPTO Senador, pues el candidato a la cámara Cauca, por el Partido Liberal, César Cristian Gómez, aparece vinculado en un segundo audio, por la supuesta entrega a su campaña de 1.500 millones de pesos para desarrollar la gesta electoral e impulsar la del afamado padre de la patria, además de “visitas” a los alcaldes del Tambo y Mercaderes, según la revista Semana del día 3 de marzo. El partido Liberal (que los avala) se hace el de la vista gorda. El electorado que quiere el cambio votará y castigará a estos corruptos, por algo el Pacto Histórico puntea en las encuestas en favorabilidad electoral. Los sinvergüenzas tendrán su escarmiento, su debate de control político, lo hará el pueblo, el domingo 13 de marzo. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: León Valencia Quién lo creyera. Este Congreso, que ya apagó todas sus luces y cierra sus puertas el 20 de julio, tuvo un momento virtuoso al comienzo de su ejercicio legislativo, después cayó con un enorme estruendo. Los primeros 15 meses, entre agosto de 2018 y noviembre de 2019, jugó un papel crucial en el control de las acciones del ejecutivo, en la defensa del acuerdo de paz, en la discusión del plan de desarrollo y de la reforma tributaria; en el debate sobre los principales problemas del país. Parecía que estuviéramos en una democracia parlamentaria y no en el régimen clientelar y presidencialista que nos tocó en suerte desde los albores de la república. Varios factores se conjugaron para que esto ocurriera. En las elecciones de 2018 las izquierdas, por primera vez en su historia, conquistaron cerca de 25 escaños en el senado y una buena representación en la Cámara; el presidente Duque, en el afán de marcar distancias con el gobierno de Santos, dijo que en su gobierno no habría “mermelada” para los congresistas; como consecuencia de esto y de algunas distancias políticas tejidas en la campaña, el Partido Liberal con 14 senadores y Cambio Radical con 16, se declararon en independencia; y, por otro lado, el Partido de la U se dividió, la mayoría de los parlamentarios optaron por Duque, pero varios de ellos se declararon en rebeldía. Así las cosas, Duque sólo contó, en principio, con el Centro Democrático, el Partido Conservador, las iglesias evangélicas y una parte de la U, y con estas fuerzas no hacía mayorías claras en el Congreso. La oposición y los independientes neutralizaron la pretensión del gobierno de “volver trizas” el acuerdo de paz y gobernar al amaño del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Las iniciativas de Duque naufragaban en medio de encendidos debates. Afuera, las encuestas castigaban severamente al gobierno y una enorme movilización social empezaba a mostrar sus orejas. Pero llegó la ominosa pandemia desatada por el Covid-19 y, en medio de la incertidumbre y el miedo, el Congreso declaró la virtualidad de sus sesiones; Duque reculó en su pretensión de gobernar sin “mermelada” y empezó a negociar al menudeo prebendas y contratos con cada uno de los parlamentarios independientes, al tiempo que aprovechaba la pandemia para tomar decisiones vía decretos de emergencia; para completar, la oposición, en cabeza del Partido Verde y la Colombia Humana de Gustavo Petro, se enfrascó en discusiones y recelos que desdibujaron completamente su actividad. El Congreso volvió, entonces, a su tradicional talante de borrego del ejecutivo y lugar de escándalos de corrupción. Duque, en alocuciones diarias por televisión, se tomó la palabra, abajo le contestaban algunos alcaldes inconformes con sus decisiones sobre la crisis sanitaria, un murmullo de voces de jóvenes indignados y de pobres acosados por el hambre se empezó a oír en las calles y el 28 de abril de 2021 estalló la más grande protesta de la historia nacional. El Congreso fue el gran ausente de este angustioso y crucial momento del país. El culmen de la decadencia del Congreso saliente se dio precisamente en medio de estas enormes tensiones sociales. El 20 de julio de 2021 fueron elegidos a la presidencia del Senado, Arturo Char y a la presidencia de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias. El uno y la otra inmersos en graves escándalos de corrupción. Char asociado a una larga historia de vinculación a actividades ilegales, clientelismo y compra de votos que está ventilando la exparlamentaria Aida Merlano; y Arias con un entorno familiar mafioso y la vergüenza de plagio de su tesis de grado en la Universidad Externado. Ojalá el Congreso que salga elegido en las elecciones del próximo 13 de marzo recoja una por una las lecciones que deja el parlamento saliente. Las buenas y las malas. Sería fabuloso ver al nuevo Congreso debatiendo y legislando con independencia sobre los grandes problemas del país, dándole la cara a las reformas que necesita Colombia, escogiendo dignatarios con una impecable hoja de vida. Pero, para que esto ocurra la ciudadanía debe escoger bien a sus representantes. Ahí empieza la renovación de la democracia. Estas elecciones parlamentarias son cruciales.

Por: Redacción Pares

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Los servicios públicos domiciliarios –energía eléctrica, saneamiento básico y comunicaciones– en Colombia son uno de los rubros más importantes de la canasta familiar. Es imposible imaginar hoy a un hogar sin electricidad: pues sus moradores no podrían, por ejemplo, recibir clases virtuales o cocinar alimentos. Y mucho menos a una empresa sin su uso, dado que no podría su personal administrativo encender los computadores, ni poner en funcionamiento la maquinaria industrial. De allí que ante una variación en los precios en las tarifas de estos servicios, por alta que sea, los consumidores reaccionan levemente –es decir, tienen una elasticidad precio de la demanda nula–. Dada la necesidad de su utilización no es posible para los usuarios, ni prescindir de ellos, ni reducir su consumo considerablemente. Lo que ha llevado a que la legislación colombiana considere, a varios de estos servicios, esenciales; y a los que hay que ponerles un especial interés. A pesar de esta situación, en el país la tarifa de los servicios públicos domiciliarios ha aumentado considerablemente en el último año, afectando el bienestar del consumidor. El comportamiento de sus precios ha aumentado por encima de la inflación promedio. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), para diciembre de 2021, la electricidad había subido 9.92%, el gas 8.43% y el suministro de agua 10,37%. Todos ellos muy por encima de la inflación anual que se ubicó en 5,62%. Como sabrá el lector, en Colombia el precio de los servicios públicos domiciliarios son regulados por unos organismos especiales, llamados comisiones de regulación –la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)–, estas organizaciones son las encargadas de poner cuidado al buen funcionamiento del mercado, de buscar que los servicios se presten con calidad, y de que primen los principios de justicia y equidad para que los productores no abusen de los consumidores. Sin embargo, al parecer, el principio de equidad no está operando en los últimos tiempos en el país. El incremento exagerado en las tarifas de la electricidad, por no decir de todos los servicios públicos, muestra que para las comisiones de regulación –que son organismos estatales– está primando el principio de eficiencia, ganancia y búsqueda de lucro de las empresas sobre el bienestar de los consumidores. El incremento en los precios de la electricidad, que está ocurriendo en la actualidad, ilustra muy bien esta situación. Desde 1994, con las leyes 142 y 143, el precio de la energía eléctrica en Colombia lo determinan las leyes del mercado. Siendo los costos de generación, transmisión, comercialización y distribución uno de los componentes; al igual que los precios del petróleo, del carbón y del gas, las tasas de cambio, los precios de bolsa y los commodities, entre otra serie de componentes. Lo que hace la CREG es coger todas estos factores y tenerlos en cuenta para establecer las tarifas que deben pagar los hogares –residencias e industrias–. Desde diciembre de 2021, el precio de la energía eléctrica que se cotiza en bolsa se disparó en Colombia: pasó de 151,19 pesos/kWh en noviembre –un promedio que se mantuvo durante casi todo el año– a 335 pesos/kWh para ese mes; es decir, en tan solo treinta días su precio se incrementó más del doble del promedio anual, incluso llegó a pasar en algunos momentos de 80 a 500 pesos. Incremento inusitado y exagerado que se ha mantenido para los primeros dos meses del presente año. Los Expertos en Mercado (XM), quien es el encargado de recoger los precios, de operar el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de administrar el Mercado de Energía Mayorista (MEM), es uno de los agentes que le suministra a la CREG la información con la que establece el cobro mensual, semestral y anualmente por la electricidad que utilizamos. Pero, como se advirtió, el ente regulador viene tomando, sin muchas críticas, estas variaciones de los precios en bolsa de la energía, del petróleo, gas y carbón, y de las divisas, y lo traduce en un alza del sistema tarifario de los servicios públicos en Colombia. Incremento que se justifica en el hecho de que los precios internacionales del petróleo han aumentado y, con ello, los costos de las centrales térmicas para producir energía eléctrica. Sabiendo que en Colombia el 83,42% de la energía eléctrica se produce con recursos renovables (agua) y tan solo un 16,58% se genera con recursos no renovables (centrales térmicas). Además, que durante todo el 2021 las condiciones del recurso hídrico fueron muy favorables: en el territorio nacional estamos pasando por un fenómeno meteorológico de lluvias constantes desde abril –fenómeno de La Niña–, y aunque las lluvias bajaron desde mediados de diciembre hasta mediados de febrero, hoy de nuevo han vuelto las precipitaciones, convirtiendo la falta de agua en un fenómeno pasajero o al menos no tan grave. Así, se viene presentando un incremento en los precios en las tarifas de electricidad, del que solo gozan las grandes empresas generadoras hidroeléctricas. Pues estas, a pesar de ofrecer energía a bajo costos todos los días, finalmente terminan por ganar mucho, debido a que el precio que se les reconoce es el último precio final despachado, que, como casi siempre ocurre, termina siendo el de las generadoras térmicas que es el más alto. O sea, en el país se está dando una ganancia exagerada de las empresas generadoras a causa de unos factores externos, cuya culpa no la tiene la ciudadanía pero que asume en su totalidad, por el hecho de un diseño institucional que valora más la confiabilidad en el sistema que el bienestar de la población. La fórmula de la CREG no está pudiendo frenar el costo y el precio de la energía que se cobra a los usuarios en Colombia. Situación que ha sido abusivamente aprovechada por los agentes hídricos, generadores de energía para llevar a un nuevo límite los precios de bolsa; quedándose con la mayor parte del incremento en el pago de los servicios, en detrimento del bienestar del consumidor. Y todo esto se hace guiados por las reglas que se han impuesto bajo el disfraz “pseudo-técnico” establecido por la CREG. Advirtiendo que este encarecimiento desmedido de las tarifas podrá ser contraproducente para los generadores, pues estimula la desconexión de empresas grandes y medianas, que ya están implementando autogeneración por fuentes renovables –por fuera de la red tradicional–, así como de hogares más pudientes y que, de generalizarse, desfinanciarían los subsidios que reciben los estratos más bajos de la población, abriendo un hueco que deberá ser llenado por un débil erario o por el desmonte de estos subsidios. Finalmente, perjudicando aún más a los sectores menos favorecidos de la población y aumentando la ya grave brecha de inequidad. En síntesis, estamos ante una destructora inflación que hoy se ubica, con corte a enero, en un 6.94% anual y va rumbo de superar el 8% al cierre del primer trimestre de 2022. Donde, a los exagerados incrementos de precios como la papa (140,16%), los aceites (48.52%) y la carne de res (34.86%), se le suman hoy el incremento en un bien esencial como la electricidad. Un incremento, tarifario no justificado y que solo se explica por el poder oligopólico energético que tienen unos cuantos empresarios generadores, que aprovechando la disminución en la caída del agua en diciembre hoy mantienen elevados los precios. Aportando al más severo deterioro del poder adquisitivo de los asalariados desde el desplome del petróleo en el año 2015. Una pérdida de bienestar del consumidor que pareciera que a nadie le interesa. Incluso a agentes políticos como el Distrito Capital de Bogotá, que piensa poner en venta un 9.4% adicional de su participación en el Grupo de Energía de Bogotá, pudiéndose separar de estas prácticas abusivas sobre el consumidor final con tan elevadas tarifas como las observadas en el último mes, y más bien toma el camino de sumarle a los oligopolios que cavan su propia tumba maltratando a su demanda. O la misma ISAGEN que también avanzó en la privatización en 2016 y hoy sus accionistas gozan de grandes ganancias. Pero, sobre todo, preocupa el silencio que predomina entre los políticos que aspiran al Congreso y a la Presidencia de la República. Pareciera que este tema, que afecta a cada hogar y empresa en Colombia, no les importara. En ningún discurso se pronuncian al respecto, evidenciando lo pandito de los programas en materia económica y la miopía para el mediano y largo plazo en el tema energético, dejando como intocable a la CREG que será la responsable del desajuste que se viene cocinando en el tema de tarifas de energía. Así, con el pasar de los días veremos como las grandes empresas generadoras de energía, que en su mayoría accionaria las posee el capital privado, seguirán aprovechando su posición dominante. Seguirán aumentando los precios de la energía eléctrica que consumimos en los hogares, en detrimento de los consumidores, sin que la CREG haga algo para buscar equidad en el precio de un servicio básico, esencial y sin sustitutos en el corto plazo, pues somos clientes cautivos a una red difícil de abrirse a proveedores diferentes. Confinados a seguir una reglas cuya principal valoración es la confiabilidad y la rentabilidad.

Por: Redacción Pares Con Pares Destaca y Pares Cuestiona queremos poner sobre la mesa a los liderazgos sociales, políticos y económicos que merecen tu atención. Esta semana, el empresario Carlos Mattos, que está preso, salió de paseo por Bogotá. Lo grave, además, es que lo acompañaban, casi que complacientes, los guardias del INPEC. De modo que este escándalo puso en el centro del debate a Mariano Botero Coy, Director General del INPEC. Por eso, es el personaje cuestionado de esta semana; este no es el único caso que pone en duda la transparencia y efectividad de la entidad carcelaria. Por otro lado, destacamos con gran admiración a Yadis Domínguez Corpos, una mujer líderesa y activista por las víctimas del conflicto armado. Desde Colorado, Antioquia, Yadis se ha movilizado para hacer escuchas las necesidades de las personas que el conflicto ha atravesado sus vidas. Inició su camino en las Juntas de Acción Comunal, pero, desde el trabajo colectivo, ha llevado estas demandas a instancias locales, nacionales y departamentales.

Por: Oficina Pares Pacífico Continúa la conmoción en el Distrito Especial de Buenaventura por el hallazgo del cuerpo desmembrado de Lina Liceth Rivas Caicedo, el pasado martes 1 de marzo. De acuerdo con la Policía, trabajadores del relleno sanitario realizaban sus labores de separación y clasificación de los residuos sólidos, cuando se encontraron con una bolsa en donde se hallaban las piernas, los brazos y otras partes del cuerpo de la joven bonaverense que tenía con 22 años. Aunque Lina no estaba reportada como desaparecida, y su cuerpo no se encontró con síntomas de descomposición, familiares de la joven se acercaron a medicina legal, quien ya había iniciado con la revisión de las huellas dactilares para su identificación. El hecho ha desatado el temor de los habitantes del Puerto que temen que a la ola de violencia que se está viviendo actualmente y a los efectos del conflicto armado interno, se le sume la reactivación de las `casas de pique´, las cuales fueron conocidas en su momento como sitios de horror, en donde se asesinaban y descuartizaban personas y se tiraban al mar para enviar un mensaje a toda la ciudadanía. A esta práctica macabra de asesinatos se le sumaban historias de rituales y de creencias excéntricas de quienes realizaban estos actos. Hace algunas semanas, desde la oficina Pacífico de Pares, se había alertado sobre los altos índices de inseguridad del Distrito y sobre la ausencia del estado en esta parte del país. En el texto escrito por Dennis Huffington, investigador territorial, cita el último informe de Seguridad de la ONU y la intensificación de la violencia en contra de la población civil. Además, se agrega en el texto qué: “a pesar de los 700 capturados que reportan las autoridades desde que lanzaron la ofensiva contra la Local, el panorama sigue siendo desalentador. Crece el riesgo para los jóvenes de ser asesinados o desaparecidos por cruzar una frontera invisible; y para las comunidades de quedar en medio de un enfrentamiento”. Lea también: Buenaventura marcha (otra vez) porque no hay garantías para la vida Las autoridades han iniciado las actividades correspondientes para esclarecer el posible feminicidio de Lina, mientras continúan en la inspección del relleno sanitario para dar con el paradero de las otras partes del cuerpo y así permitirles a sus familiares que puedan darle cristiana sepultura. Y mientras esto sucede, para este martes 8 de marzo, sus familiares han convocado a la movilización social: QUE NOS OIGAN ¡TOCARON A LINA, NOS TOCARON A TODAS! Una exigencia a la presencia del estado y al respeto por la vida de las mujeres. La movilización tiene como punto de encuentro el Núcleo del Jorge de Buenaventura a las 2:00 p.m. y se espera asistencia de organizaciones sociales, grupos culturales y la comunidad en general. Asimismo, desde pares nos sumamos a las exigencias por el respeto a las mujeres, a los territorios y al derecho de en el vivir sabroso.

Por: Laura Cano Periodista Pares Córdoba es uno de los departamentos con más candidaturas cuestionadas, lo que dice mucho de su política, de quienes han estado en el poder y de las maquinarias que hay en esta zona del país. Allí se mueven varios clanes, pues, por ejemplo, tienen presencia el Clan Liberal, Clan Musismo-Ñoñomanía, Clan Musismo, Clan Ñoñomanía, Clan García-Pineda, Clan Jattin y el Clan Chagüí-Lyons. Hoy desde Pares y la línea de Democracia y Gobernabilidad, le ponemos la lupa a las candidaturas a la Cámara de Representantes cuestionadas de este departamento. 1. Eduardo Jose Tous de la Ossa – Partido Liberal Es heredero de la estructura política del exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, condenado por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos por el caso de Odebrecht. Su primer cargo público lo tuvo en el ICBF, donde fue director regional de Córdoba, y desde donde también hizo campaña para ser elegido como representante a la Cámara, y resultó elegido en 2014 bajo el manto del apoyo del ‘Noño’ Elias. Adicionalmente, a mediados de 2018, la Fiscalía compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia al haberle implicado con el caso conocido como la Mermelada Tóxica. Más exactamente, la Fiscalía General de la Nación evidenció la existencia de la mediación de congresistas en la adjudicación irregular de la contratación del país, a cambio de coimas. Tous de la Ossa habría permitido la adjudicación irregular de contratos desde el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) a personas que, sin cumplir los requisitos legales y a través de falsedades, los recibían por su relación con congresistas. 2. Arleth Patricia Casado – Partido Liberal Es una de las que le dieron caudal político al Clan Liberal, en donde también estaba su esposo, Juan Manuel López Cabrales, quien fue vinculado con grupos paramilitares, situación que lo llevó a renunciar a una curul que tenía en el Congreso como senador, cargo en el que estaba desde 1991, siendo reelegido sucesivamente hasta el 2016. Por lo anterior, en 2008 fue formalmente condenado por parapolítica, pues se le implicó con haber firmado el Pacto de Ralito. Actualmente, Casado hace parte, como una de las fichas clave, del Movimiento político Mayorías Liberales, que mantuvo vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia. Pares había investigado para su libro Los Clanes Políticos que mandan en Colombia que “Entre 2007 y 2008 se conocieron grabaciones sobre cómo se fraguó la estrategia para que López y Casa se quedaran con la Gobernación del Córdoba por medio de la elección de Marta Sáenz (2009-2011), quien recibió el apoyo del Clan Liberal, aún estando López Cabrales en la cárcel”. Se agrega que “hasta 2010 era conocida como “la baronesa” electoral del departamento. (...). El fortín electoral de Casado y López (su esposo) ha controlado la Universidad de Córdoba”. Hay que señalar que Casado es una política que también se vio implicada con el escándalo de Odebrecht, por parte de denuncias que la señalaron de ser parte de la repartija de coimas en la adjudicación del otrosí de la vía Ocaña-Gamarra. No obstante, no ha habido avances en esa investigación. 3. Jorge Enrique Burgos Lugo – Partido de la U Su llegada al Congreso se dio con la bendición de Zulema Jattin, luego de que el excongresista, Martín Morales Díaz, ficha de Jattin, fuera capturado y posteriormente condenado por nexos con paramilitares y narcotráfico. Es heredero del caudal electoral de Jattin, quien ha sido acusada por la Corte Suprema por sus vínculos con grupos paramilitares, y quien se sometió a la JEP en 2021. 4 .Andrés David Calle Aguas – Partido Liberal Es heredero del caudal electoral de su padre, Gabriel Calle Demoya, quien fue investigado por presuntos hechos de corrupción denunciados por Pares, relacionadas con el desfalco de $60.000 millones a través de la empresa Jaguazul S.A. En el 2019, la Fiscalía imputó a Gabriel Calle los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. Además, este candidato fue fórmula a la Cámara de Fabio Amín, otro candidato cuestionado, en 2018, cuando consiguió 52.213 votos. Justamente respecto a esta relación y alianza, Pares investigó que David Calle y Amín tuvieron acuerdos tácticos con el Clan del Golfo para realizar la campaña electoral en el sur de Córdoba. 5. Walter Hernán Gómez Reyes – Partido Liberal Gómez Reyes viene de ser concejal del municipio de Valencia dos veces, de 2003 a 2007 y de 2008 a 2011. Sin embargo, en 2020 la Procuraduría regional de Córdoba abrió investigación contra Walter Gómez, porque siendo secretario de Salud de Córdoba estaría involucrado en presuntas irregularidades en la tramitación y celebración de un contrato de $8.245.348.000 con la empresa Tech Médica Equipos Médicos S.A.S sin que haya habido novedades. 6. Saray Elena Robayo Bechara – Partido de la U Saray es una de las candidatas que se postula con el apoyo del clan del musismo. Además, también ha sido heredera del caudal de su familia, pues hay que recordar que es nieta de Elías Bechara Zainúm y Saray Castilla de Bechara, fundadores de la Universidad del Sinú y prima del representante Erasmo Zuleta Bechara. Justamente, esta familia ha estado presuntamente involucrada en el desfalco de recursos públicos en la Universidad del Sinú. Elías Bechara Zainúm, específicamente, por el carrusel de contratación de las regalías de Ciencia y tecnología en Córdoba, caso que no presenta avances recientes. 7. Wadith Alberto Manzur Albert – Partido Conservador Wadith Alberto es uno de los candidatos que tiene sus cuestionamientos a causa de su historial familiar, pues es hijo de Julio Manzur Abdala, quien, por un lado, hace parte del Clan García Pineda. En la vida política, primero fue diputado y luego salió electo en el Senado en 1998 y 2006. Sin embargo, su trayectoria fue puesta en cuestión cuando fue investigado por vínculos con grupos paramilitares, lo que lo llevó a estar preso de 2015 a 2017, año en el que quedó en libertad condicional. Se lee en el libro Los Clanes Políticos que mandan en Colombia, el cual fue realizado por Pares, que “Salvatore Mancuso le habría proporcionado ayuda para llegar al Congreso en 2006”. Manzur se sometió a la JEP, por lo cual este tribunal tiene actualmente este caso. Adicionalmente, en la publicación se agrega que “Gracias a la alianza que realizó Nora García con Manzur Abdala, Nora habría lanzado a Wadith Manzur, el hijo de Julio Alberto Manzur, a la Cámara de Representantes, cargo que obtuvo sin haberse lanzado a ningún cargo de elección popular”. __________________________________________________ Desde Pares continuamos nuestro llamado para cuidar la democracia y defenderla este 13 de marzo, por eso seguimos informando sobre qué candidaturas significan un riesgo en el Congreso.

Por: Luis Eduardo Celis En Colombia, hasta el día de hoy y por factores del poder económico y político, se asocia a las personas comunistas como gente peligrosa, nefasta para nuestra sociedad, y algunos de esos factores de poder los ven y asumen como enemigos a aniquilar y así ha sido por décadas. Allí está la explicación y la razón que explica la violencia que se ha ejercido contra militantes comunistas, y la que se ha extendido a quienes critican y luchan contra un orden de exclusiones e inequidad como el que ha prevalecido en Colombia. Esta semana, cuando se ha hecho más visible la decisión tomada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de tratar el genocidio que sufrió el movimiento político Unión Patriótica como una de sus prioridades, vuelve a verse el enorme reto que tenemos como sociedad y como estado de derecho de aplicar justicia ante estos graves crímenes; en reconocer el sufrimiento de las víctimas, en reparar hasta donde sea posible hacerlo y en garantizar que estos graves hechos no vuelvan a ocurrir. Sin embargo, de esto aún estamos lejos, porque el asesinato contra opositores y disidentes sigue siendo el pan de cada día en esta Colombia que sigue sin lograr un orden de convivencia democrático. Este es un reto vigente y al cual hay que seguir aplicando fuerza social y política y compromiso ciudadano. Cuando la JEP informó de la apertura del caso 06, como denominó el genocidio contra la Unión Patriótica, partió del importante trabajo de documentación adelantado por la Corporación Reiniciar que, con el liderazgo de Jahel Quiroga, han mantenido vivo el mensaje de que esta sistemática violación a los derechos de toda una colectividad política, a las personas que la integraron, sus familias y sobrevivientes, no puede quedar en la impunidad. Igualmente, la JEP retoma el trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002” y un informe presentado por la Fiscalía General de la Nación. Con estos tres insumos básicos, el caso 06 va andando en el tribunal de justicia que es la JEP y esperemos resultados concretos en materia de esclarecimiento de tantos crímenes en la impunidad y avanzar en conocer sus responsables; las motivaciones ya las sabemos: sacar de los territorios y del escenario político a quienes luchaban por transformaciones y por ampliar esta precaria democracia. Paso a paso se ha logrado algo de justicia, algo de verdad y algo de reparación. Faltando mucho por hacer en cada uno de estos derechos, los poderosos que participaron del genocidio contra la Unión Patriótica, siguen siendo poderosos y mantienen en lo esencial su visión anticomunista y su férreo compromiso de no permitir que sus crímenes sean tramitados ante la justicia y sus responsabilidades sean sancionadas. Pero, es una pretensión vana e inviable; cada día ese poder se resquebraja un poco más y hay voces y protagonistas que están reconociendo responsabilidad ante el trato excepcional de cambiar cárcel por verdad, como ha sido la oferta serena construida en el acuerdo de paz y donde miles de responsables podrán encontrar un camino para tramitar sus deudas y acciones criminales, de una Colombia que sigue trabajando por cerrar un largo ciclo de violencia política. Escuchar la voz de quienes sufrieron en sus vidas estas violencias, su testimonio de persistencia por verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, es una oportunidad excepcional. Son voces de sobrevivientes que deben ser escuchadas de la manera más amplia posible. Por eso, agradezco a la JEP y a la Comisión de la Verdad por su trabajo y compromiso con esta importante tarea, la cual podemos ver en el documental: “Desde las cenizas”, que fue estrenado esta semana y que debería ser presentado en todas las escuelas, universidades, centros comunitarios y que muy seguramente será transmitido por los canales regionales en las próximas semanas y meses. Aquí lo pueden ver: El genocidio contra la Unión Patriótica es una herida abierta en esta precaria democracia, el genocidio en curso contra líderes sociales es otra; a la larga, son muchas heridas a superar en una Colombia donde se sigue viendo a los comunistas y opositores como enemigos. Enormes tareas siguen estando presentes para garantizar el derecho a que estas barbaries no sigan siendo parte de nuestro presente. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Laura Alejandra Fajardo Umbarila Asistente de investigación. Línea de Gobernabilidad y Democracia Las mujeres colombianas son uno de los grupos poblacionales más golpeados por el conflicto armado en Colombia. Según datos oficiales recogidos por ONU Mujeres, cerca de 400.000 mujeres han sido víctimas de homicidio en medio del conflicto armado, mientras que 57.000 son víctimas del desplazamiento forzado. Entre 1995 y 2011 se registraron cerca de 2.700.000 mujeres víctimas de desplazamiento, cifra que representa cerca de 6% del total de la población colombiana y el 51% del total de las mujeres desplazadas en toda la historia del conflicto. De esta última cifra, aproximadamente el 15,8% denuncian haber sido víctimas de violencia sexual. En el marco de las medidas de reparación, reivindicación y apertura democrática, el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC-EP acordaron en el Acuerdo de Paz la creación de las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz como un mecanismo apto para la inclusión participativa y representativa de las víctimas que se encuentran en los territorios del país más golpeados por la guerra. Según el Acuerdo, estas circunscripciones tienen por objetivo “garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor inclusión y representación política de estas poblaciones” Párrafo siguiente, el Acuerdo establece el interés de las partes por la promoción de la participación política de las mujeres, reconociendo la importancia que ellas tienen en la “prevención y solución de conflictos y la consolidación de la paz”, haciendo manifiesto su rechazo por la discriminación contra la mujer y reafirman “que el aporte de las mujeres como sujetos políticos en la vida pública es vital para el fortalecimiento de la democracia” A raíz de esta búsqueda por la inclusión, el Acto Legislativo 02 de 2021, instrumento jurídico bajo el cual se instalan formalmente las Circunscripciones, establece que la conformación de las listas deberá ser paritaria, es decir, cumplir con los criterios de 50/50 para hombres y mujeres, de forma tal que, de las 403 candidaturas inscritas por estas circunscripciones, 202 son mujeres. Sin embargo, esta apertura representativa para las mujeres ha suscitado algunas preguntas frente a qué tan efectiva puede ser dicha paridad en materia de representatividad de las mujeres víctimas, así como las condiciones estructurales que, en general, limitan la participación de las mujeres colombianas en los debates y decisiones públicas. Las mujeres en la guerra: cifras, roles y condiciones Los círculos académicos, las organizaciones sociales y la Corte Constitucional[1], coinciden en afirmar que las mujeres son uno de los grupos sociales más afectados por el conflicto armado en el país. La preexistencia de condiciones violentas contra ellas, propias de un país culturalmente machista y patriarcal (como la violencia intrafamiliar), se intensificaron en el marco de la guerra, y al tiempo, las dinámicas por el control de las poblaciones y los territorios insertaron en el reportorio de violencias contra las mujeres procesos como el desplazamiento forzado y la violencia sexual. Según la CIDH, la violencia contra las mujeres fue usada como estrategia de guerra. Esta violencia se expresó en violencia física, sexual y psicológica y el desplazamiento forzado, y estuvo motivada por el control de las poblaciones y los territorios, la debilidad del bando enemigo y el aleccionamiento de quienes se relacionaban con el contrario (fuera real o supuesto) tuvo como consecuencia la intensificación de la atrocidad de los crímenes contra las mujeres. Reflejo de este ensañamiento es la violencia sexual, reconocida por la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una práctica sistemática y generalizada usada para sembrar el terror en las comunidades, como una forma de tortura, castigo y control de los territorios. Por la naturaleza del hecho violento, sus características culturales y sociales lo convierten en un delito del que poco se habla, se denuncia y se sanciona. Oxfam reconoce que “no es posible cuantificar, ni de manera aproximada, cuántas mujeres han sido y son víctimas de alguna modalidad de violencia sexual en los casi cincuenta años del conflicto armado”. Además, los niveles de impunidad que revisten a la violencia sexual conducen a que sólo el 18% de las mujeres denuncien, y de estas denuncias, sólo dos de cada cien son probables que conduzcan a una sentencia, dejando un 98% de nivel de impunidad, cifras que sólo desalientan la denuncia y confirman la inseguridad jurídica para el tratamiento de estos delitos. Algunas cifras en el tema son recogidas en el Auto 098 de 2013, la Corte destaca que “entre los años 2001 y 2009 un total de 489.687 mujeres han sido víctimas de agresiones de tipo sexual […] en promedio 54.410 mujeres fueron víctimas directas de actos de violencia sexual cada año, lo cual equivale a que diariamente 149 mujeres fueron víctimas de algún tipo de agresión sexual” El desplazamiento forzado como hecho victimizante y fenómeno de transformación de roles sociales Según cifras gubernamentales citadas por la CIDH, cerca de la mitad de las víctimas de desplazamiento en el país son mujeres, y cada cuatro de diez familias poseen actualmente una jefatura femenina, como consecuencia de este fenómeno. El desplazamiento en Colombia implicó una transformación en los roles asignados histórica y culturalmente a las mujeres, particularmente en el ámbito público y privado. En el ámbito privado, tras la muerte violenta de las figuras patriarcales y de liderazgo familiar, como el asesinato de padres, tíos, hermanos y abuelos, las mujeres se vieron obligadas a asumir los roles de sustento económico y liderazgo familiar. La ausencia de estas figuras al interior de las familias, obligaron a las mujeres colombianas víctimas de desplazamiento forzado a tomar las riendas del hogar y liderar, entre otras cosas, los desplazamientos internos hechos en medio de la huida de la violencia y, al mismo tiempo, la búsqueda por la sobrevivencia del núcleo familiar y comunitario, resumida en la urgencia vital de atender y resolver necesidades básicas como la comida y el techo. Este traslado de roles en la vida privada empujó a su vez a un cambio en los roles de las mujeres en la vida pública y vida política. Por un lado, la urgencia de sostener la vida de su núcleo familiar sobreviviente llevó a muchas mujeres a buscar un empleo, disputarse un salario, rebuscarse en la calle y la informalidad, etc. salir de la esfera privada de su hogar al mundo de lo público, lugar que antes del desplazamiento, ocupaba el hombre, en su rol tradicional del responsable por el sostenimiento de las condiciones de vida materiales. Por otra parte, las circunstancias del desplazamiento masivo y comunitario bajo las cuales se dieron los procesos de movilidad forzada en el país, llevaron a muchas mujeres a encabezar un ejercicio de resiliencia y resistencia, materializado en el liderazgo de la organización comunitaria y política por la defensa de los territorios, la búsqueda por la verdad y la reparación, la gestión de los procesos de restitución de tierras y la búsqueda de ayudas y respuestas estatales ante las condiciones del desplazamiento y la inseguridad territorial. Sisma Mujer destaca esta cualidad al reconocer que: “para las mujeres defensoras, el liderazgo se presenta como una opción vital que les ha permitido superar las experiencias difíciles de violencia y las ha transformado positivamente, dotándolas de la capacidad de resistir y pervivir. Han transitado por un proceso de resignificación de la propia trayectoria de vida, atravesada por la guerra y las violencias: un proceso de crecimiento personal y de construcción colectiva, muchas definido por ellas como empoderamiento” (p. 132) Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de estas organizaciones y la apertura de posibilidades que pueden tener figuras de participación democrática como las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz, el reciclaje de la violencia en las regiones colombianas, amenaza latentemente la permanencia de estas mujeres y sus procesos políticos en los territorios. La reconfiguración de los grupos armados amenaza contra la vida de las lideresas impide el libre desarrollo de iniciativas comunitarias y frena la apertura democrática y participativa en estas regiones. ¿Qué significa amenazar a una lideresa en Colombia? El Auto 098 de 2013 emitido por la Corte Constitucional reconoce la particularidad del liderazgo social ejercido por mujeres, así como las condiciones específicas de violencia a las que se enfrentan las lideresas y defensoras de derechos humanos, pues no sólo exponen sus vidas y las de sus familias ante los hechos violentos propios de la guerra, sino que también son víctimas de las violencias basadas en género, y esta dualidad en las violencias configura un escenario de riesgo exponencial para quienes son lideresas en sus comunidades. La Corte ratifica que las lideresas enfrentan un riesgo constante a ser víctimas de abusos y agresiones con marcada distinción de género, como la violencia sexual, la trata de personas con fines de esclavitud sexual y doméstica, las humillaciones públicas con contenido sexual, las marcas en el cuerpo con las que los actores violentos les imprimen mensajes denigrantes, etc. Además, los actores armados amenazan constantemente la vida de los miembros de los núcleos familiares de las lideresas: acechan con el reclutamiento de sus hijos, la violencia sexual contra sus hijas, la desaparición de las personas mayores y en general, personas que, en el marco de las labores del cuidado, son responsabilidad de estas mujeres. Sin contar que la violencia contra las lideresas representa una fractura de los procesos comunitarios liderados por ellas, rompiendo con procesos previos de resiliencia y resistencia, fenómenos de activismo político que son leídos por los actores armados como una subversión al orden tradicional y el deber ser de las sociedades, en tanto las mujeres no están “hechas” para la vida pública y, como tal, su labor y vida deberían dedicarse exclusivamente a los roles designados, patriarcalmente, al interior del hogar. En palabras de Sisma Mujer, recuperadas por la Corte en el Auto mencionado: “las mujeres defensoras de derechos humanos son atacadas por lo que son y por lo que hacen”. La violencia contra las lideresas sociales constituye no sólo un hecho aislado en el marco del conflicto armado, sino que configura la expresión de odio hacia las mujeres y la reproducción de los estereotipos de género. Las mujeres en el Acuerdo: ¿son las Circunscripciones una opción de inclusión política? La mención por la participación política de las mujeres en la composición de las Circunscripciones puede ser un avance en términos del reconocimiento de la importancia del papel político de las lideresas y una identificación de las condiciones particulares de violencia en el marco del ejercicio comunitario y de liderazgo. Sin embargo, la escalada de la violencia por la que atraviesa el país conduce al incremento del riesgo que enfrentan las lideresas sociales en su ejercicio político y de empoderamiento como víctimas. Además de encarar los retos que, en general, todas las mujeres enfrentan al momento de hacer el ejercicio político, las mujeres víctimas se estrellan con las condiciones particulares en cada territorio: las disputas de actores armados por el control territorial y sus recursos, los dominios paraestatales en las zonas rurales, la pobreza y falta de recursos en las zonas más apartadas, etc. · Según las investigaciones hechas por Pares en materia de violencia política- electoral, se identifica que, hasta el 13 de febrero, de las 163 víctimas registradas 36 son mujeres, siendo Bogotá (7) y Antioquia (5) los departamentos que más hechos victimizantes registran, regiones que coinciden con las circunscripciones, revelando los riesgos que corren las mujeres candidatas en su ejercicio político. En total, han sido asesinadas 2 líderes en Cauca y La Guajira, mientras que otras 34 han sido amenazadas. · Las cifras de desplazamiento forzado en Colombia revelan un alarmante aumento de este fenómeno en los últimos años. Según CODHES, para el 2021 se registraron 167 desplazamientos masivos, lo que representa un aumento del 65.3% con respecto al 2020. Mientras tanto, ese mismo año se contaron 82. 846 víctimas, que significa un incremento de 169.3% con relación a las cifras del 2020. Los departamentos que más desplazamientos contabilizan son Nariño (32.026 víctimas), Antioquia (10.698 víctimas), Chocó (9.857 víctimas) y Cauca (8.418 víctimas), departamentos que en su mayoría hacen parte de las Circunscripciones de paz, particularmente por ser regiones golpeadas por el conflicto armado. A su vez, la Agencia de la ONU para Asuntos Humanitarios reportó que más de 70.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en 2021, lo que representa un aumento del 200% en comparación con las cifras de 2020. Este aumento del fenómeno resulta preocupante considerando las consecuencias que este hecho victimizante tiene para las mujeres víctimas del conflicto armado y los complejos procesos en la transformación de los roles sociales, el reciclaje de los ciclos de violencia y la revictimización por la que atraviesan estas mujeres. · Aunque en los últimos años se haya dado un incremento de mujeres en política colombiana, el país sigue siendo uno de los más rezagados en materia de acceso y participación política para este sector en la región iberoamericana. Según el Informe de Baronesas electorales, algunas de las mujeres que han logrado conquistar espacios políticos y electorales en el país no necesariamente representan de forma efectiva a las mujeres víctimas, teniendo en cuenta que el origen de su capital político (herencias de clanes, paramilitarismo, etc.) dista mucho de los intereses, necesidades y banderas que las mujeres víctimas del conflicto, lideresas sociales y candidatas por citrep puedan tener. Estas dificultades que se configuran como barreras estructurales revelan, una vez más, por qué mecanismos como la paridad, si bien son importantes, no son suficientes para asegurar la efectiva participación, representación y presencia política de las mujeres víctimas y lideresas sociales y comunitarias. Prometer la participación política y electoral pasa, necesariamente, por asegurar la protección de la vida y la no repetición de los ciclos de violencia por los que la población colombiana y, especialmente las mujeres, han tenido que vivir. [1] Trabajos como los de Meertens, D. “La dimensión de género en el desplazamiento interno: resúestas institucionales en el caso colombiano”; Gandulfo, 2006. “Roles de Género y Desplazamiento Interno en Colombia; Barros y Rojas, s.f. “El rol de la mujer en el Conflicto Armado Colombiano”; organizaciones sociales como Oxfam (2009) La Violencia Sexual en Colombia. Un arma de guerra; y la Corte Constitucional en su Auto 092 de 2008.

Por: Redacción Pares

Por: Laura Cano Periodista Pares Córdoba es uno de los departamentos con más candidaturas cuestionadas, lo que dice mucho de su política, de quienes han estado en el poder y de las maquinarias que hay en esta zona del país. Allí se mueven varios clanes, pues, por ejemplo, tienen presencia el Clan Liberal, Clan Musismo-Ñoñomanía, Clan Musismo, Clan Ñoñomanía, Clan García-Pineda, Clan Jattin y el Clan Chagüí-Lyons. Hoy desde Pares y la línea de Democracia y Gobernabilidad le ponemos la lupa a las candidaturas al Senado cuestionadas de este departamento. 1. Jhon Moisés Besaile Fayad – Partido de la U Era de esperarse que los candidatos cuestionados pertenecieran a clanes políticos. Ese es el caso de este candidato, quien pertenece al clan del musismo, siendo heredero de la estructura política de sus hermanos: el excongresista Musa Besaile y Edwin Besaile. Justamente, el poder de este clan se ha traducido en la elección de Jhon Moisés al Senado, y a la Cámara de su aliado Raymundo Méndez, ahijado político de Musa Besaile y quien perdió su investidura en 2018 por ausentismo. Se ha encargado de las empresas de la familia Besaile. Sus hermanos, Musa y Edwin Besaile, están actualmente investigados y cuestionados en el departamento. En 1994 se lanzó a la alcaldía de Sahagún, pero no le alcanzaron los votos. En 1998 volvió a aspirar y resultó electo alcalde. Estuvo detenido por irregularidades hasta que fue destituido por un contrato para la construcción de letrinas en zonas rurales. En 2011 se lanzó como candidato a la alcaldía de Sahagún, con el apoyo de Musa, pero se quemó. Fue secretario del interior y participación ciudadana de la administración de Alejandro Lyons. En el 2018 llegó al senado a heredar la curul de Musa. John Moisés fue cuestionado por apoyar la candidatura del exsenador Mario Uribe. Por otro lado, fue mencionado en el proceso contra su hermano Musa por el caso del Cartel de La Toga. Según declaraciones a la Corte Suprema de Justicia, cuando Moreno le solicitó dinero a Musa Besaile para frenar un proceso por parapolítica, John fue nombrado por haber acompañado a su hermano a una notaría en Sahagún, para autenticar un documento en el que revelaban detalles de la supuesta “extorsión” de la que eran víctimas. El documento fue entregado como prueba a la Corte Suprema de Justicia. Hasta 2018 fue cercano a Otto Bula, con quien tenía una reconocida sociedad de abarrotes: Bula y Besaile B&B. Según declaraciones del exparamilitar Luis Eduardo Urán Lara, B&B era el negocio comercial en el que supuestamente hacían mercado los paramilitares. Urán pasó de ser uno de los hombres de confianza del sanguinario alias “Cadena”, a uno de los testigos protegidos de la fiscalía en contra de Musa y John Besaile. No obstante, el testigo fue asesinado por sicarios. Ahora bien, hay que recordar que Musa Besaile es investigado por el Cartel de La Toga, Odebrecht y el Cartel de la Hemofilia. La JEP aceptó su sometimiento en el caso del Cartel de La Toga. Su otro hermano, Edwin Besaile, fue destituido y está siendo investigado por el cartel de la hemofilia, participó siendo gobernador. 2. Julio Alberto Elías Vidal – Partido de la U Julio Alberto Elías Vidal está por la misma línea de Besaile Fayad, pues ha heredado el poder del Clan Ñoñomanía, pues es hermano de Bernardo ‘El Ñoño’ Elías, quien perdió su curul por estar implicado en el escándalo de Odebrecht por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, concierto para delinquir y lavado de activos. El Ñoño Elias fue reelecto por tres periodos, consolidó una estructura política que, aún después de verse inmerso en líos judiciales, por los que está pagando una condena de 6 años y 8 meses en La Picota por cohecho y tráfico de influencias, aun siguen poniendo congresistas representantes del clan. 3. Marcos Daniel Pineda García Pineda García es otro heredero del caudal político de su familia, más específicamente de su madre, la senadora conservadora Nora García Burgos, a quien en 2018 la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación por parapolítica, debido a presuntos nexos con alias “Julián Bolívar” y “Ernesto Báez” del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. No obstante, la alta Corte archivo dicho proceso. Marcos Daniel, hay que decir, fue impulsado a la Alcaldía de Montería (2008 - 2011) por su madre, incluso salió electo, pero posteriormente fue sancionado por la Procuraduría por irregularidades en proyectos de los acueductos municipales, fallo del que fue absuelto en segunda instancia en 2014. En 2015 se encontró con otro cuestionamiento, pues volvió a quedar en la Alcaldía de Montería y, asimismo, volvió a estar en la lupa, pues fue objeto de una investigación penal por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por omisión, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público. Adicionalmente, también se le abrió otro proceso por celebración indebida en los contratos que tenían como objeto remodelar varias instalaciones deportivas en Montería. A esto, se le sumó que, en el 2017, Marcos Pineda fue capturado por presuntas irregularidades en el contrato de remodelación del Coliseo Miguel “Happy” Lora, pero la investigación se archivó. La Procuraduría reabrió una investigación contra García Pineda por un convenio entre la Asociación de Ligas Deportivas de Córdoba pero no se conocen novedades del caso. 4. Fabio Amín Saleme – Partido Liberal Fabio Amín es la cabeza de uno de los clanes de Córdoba: el Clan Liberal, el cual sienta sus bases y su caudal gracias a la ex senadora Arleth Casado y Juan Manuel López Cabrales, quien fue vinculado con grupos paramilitares, situación que lo llevó a renunciar a una curul que tenía en el Congreso como senador, cargo en el que estaba desde 1991, siendo reelegido sucesivamente hasta el 2016. Por lo anterior, en 2008 fue formalmente condenado por parapolítica, pues se le implicó con haber firmado el Pacto de Ralito. Ahora bien, hay que recordar que en la última elección de López Cabrales, Fabio Amín fue fórmula a la Cámara de él. Y luego de los líos judiciales de Juan Manuel, Amín tuvo el mismo papel político, pero esta vez de Arleth Casado, quien para ese entonces asumió el liderazgo del clan. Hay que decir que Fabio Amín, bajo el manto del clan Liberal, logró ser elegido tres veces consecutivas representante a la Cámara, entre 2006 y 2018. Así Amín fue consolidado su propio poder, el cual en 2016 se evidenció, pues logró elegir a su primer diputado con 20 mil votos. Se trató de Juan Camilo Corralaes Saleme, su primo. Ahora, medirá su poder en el salto que pretende dar al Senado. __________________________________________________ Desde Pares continuamos nuestro llamado para cuidar la democracia y defenderla este 13 de marzo, por eso seguimos informando sobre qué candidaturas significan un riesgo en el Congreso.