Por: Miguel ángel rubio Línea Jóvenes en Riesgo y participación juvenil. "De qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el Universo si no sabe dónde poner su tristeza o su rabia" José María Toro, educador y escritor español. Mis años de experiencia como educador en Colombia, en los niveles de bachillerato, primaria y educación para adultos, y un paso de algunos años por programas de primera infancia, me han permitido comprender de algún modo los problemas esenciales de la educación en el país. Uno de los primeros problemas que atañen al sistema educativo, tiene que ver con la obligatoriedad impuesta del uso de los uniformes, tanto en instituciones públicas como privadas. Uso la palabra impuesta, porque en términos legales, aunque el ministerio ha dado directrices a las secretarias de educación respecto al uso del uniforme dispone entre tanto lo siguiente, cito artículo. “Sólo se podrá exigir un uniforme para el uso de diario y otro para las actividades de educación física, recreación y deporte. El que el estudiante no cuente con las condiciones económicas para portar el uniforme para el uso diario o el uniforme para las actividades de educación física, no será causal para negar el cupo o la asistencia del estudiante al establecimiento educativo” Directiva 07 de febrero 19 de 2010 Esto pues, para referirnos al caso de la estudiante de 5to grado de primaria, Salomé Vergara, a la que negaron acceso a su escuela Liceo Pedagógico Madrigal en Bogotá, por el sólo hecho de llevar tenis grises, contrarios a los que estipula el manual de convivencia del colegio, los cuales, según ellos deben ser de color blanco. Este simple acto de discriminación pone de relieve un problema estructural de la educación colombiana, de la que se viene dando un debate sobre su calidad desde hace años, debate que se ha centrado, sobre todo, en el currículo y las metodologías de enseñanza, medida en resultados de las pruebas ICFES y ECAES, en distintas pruebas a nivel mundial como las pruebas Pisa, entre otras; todas evaluando los conocimientos prácticos en materias como matemáticas, ciencias, inglés, comprensión lectora, que solo buscan medir la calidad de la educación en términos de las competencias laborales y las necesidades del mercado. Los resultados son los peores, una gran mayoría de los estudiantes no hacen operaciones de pensamiento crítico, no se atreven a argumentar sobre algún tema, los que lo hacen, lo hacen sin tener las competencias, y terminan diciendo cosas sin sentido. Hay un tedio generalizado por cultivar el intelecto, pero los índices de lectura y acceso al libro son bajos. Sin embargo, todo esto es factible de mejorar ostensiblemente, pero se requiere una reforma al currículo escolar, eliminación de materias que ya no tienen sentido, como, religión, por ejemplo. Se debe hacer énfasis en las habilidades personales del estudiante, considerar los contextos geográficos, económicos, políticos culturales, etc. Esfuerzos y experiencias exitosas al respecto existen, y cada día mis colegas docentes se juegan el coco por pensarse mejores formas de enseñar un currículo que no responde a los tiempos actuales, y que los tomadores de decisiones por desconocimiento, desinterés y conveniencia se niegan a reformar. Pero el debate sobre la calidad de la educación, no puede solo centrarse en el currículo académico, en qué materias dar y cuáles no, en qué metodologías de enseñanza aplicar y cuáles modelos adoptar, la calidad pasa también por un cambio en el chip de los directivos, docentes y burócratas que la dirigen, un cambio que tiene que ver con las emociones, los sentires, las particularidades de los jóvenes, su forma de ser y vivir, sus apuestas culturales y urbanas, sus carencias económicas, sus posibilidades. Obligar el uso de un uniforme, impedir tatuajes o uñas pintadas, cabello tinturado, aretes en los niños y piercings, violan el principio fundamental constitucional del libre desarrollo de la personalidad, desconoce los contextos en los que se desarrollan los estudiantes, propician exclusiones sociales por motivos de creencias, raza o cultura, y retrasan el desarrollo de una sociedad que debería vivir en términos de tolerancia y aceptación de las diferencias. El mundo de hoy exige, además de excelentes académicos en distintas áreas del conocimiento, personas con habilidades sociales muy bien construidas, que les permitan interactuar con sus pares en diferentes ámbitos. Personas que sepan tramitar sus diferencias, que gestionen de forma adecuada conflictos y contradicciones, que puedan apostar a ser felices o cercanamente felices, que puedan sentirse libres consigo mismos, y puedan propiciar libertad en los demás, que se reconozcan el otro, en sí mismos y en colectivo. Negar el acceso al aula, a una estudiante como Salomé Vergara, por unos tenis, solo significa que el sistema se quedó anclado en el siglo XIX, en que se sigue educando en la represión, en el autoritarismo, en la uniformidad no solo del vestir, sino del pensar, del sentir y del ser, la homogenización de una sociedad, que solo se realiza en la heterogeneidad y en la diversidad. La calidad, no pasa sólo y entonces, por la enseñanza de las matemáticas, el lenguaje y la ciencia, pasa también por el hecho de dejar ser, dejar sentir, de construir emocionalmente seres que sepan amar, que sepan relacionarse, que sepan ser y acontecer, que tengan habilidades sociales y comunicativas, que sean buenas personas no el sentido cristiano del término, sino buenas personas felices y plenas; y unos tenis blancos, negros, rojos o grises, no debería ser un criterio para determinar si un estudiante es bueno o malo, pero ese mismo criterio si determina lo retrogrado y quedado que está nuestro sistema educativo.

Por: Laura Cano Periodista Pares Este jueves se realizó el lanzamiento del documental 'Unión Patriótica: Desde las cenizas', el cual recoge los relatos de distintas víctimas de esa colectividad política que tuvieron que exiliarse. El espacio tuvo además la presentación de algunos de los avances que se han logrado en el marco del Caso 06 denominado “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP)”. En medio de esa presentación se expuso un dato relevante para el esclarecimiento de lo ocurrido en contra de este partido: “desde 1984 hasta el 2018 fueron asesinados y/o desaparecidos un total de 5.733 integrantes de la Unión Patriótica”, según aseveró el magistrado Gustavo Salazar, quien además agregó "Este mínimo lo que señala es que a partir de aquí lo más posibles que aumenten, no sustancialmente, el número de víctimas". Hay que recordar que la UP nació en 1985 como parte de un intento de acuerdo de paz del entonces presidente Belisario Betancur con las FARC. No obstante en el camino a participar de política, las personas integrantes del partido fueron victimas de un genocidio, el cual, por ejemplo, le costó la vida a Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo Ossa (1990). Por estos hechos contra la colectividad, en marzo de 2020 la JEP acreditó a la UP como víctima de crímenes de agentes del Estado. Además, el organismo también estableció para ese momento que el “partido sufrió diferentes afectaciones a sus prácticas y proyectos colectivos, así como a sus formas de organización, a raíz del homicidio de sus integrantes y de otras conductas violentas en contra de sus militantes”. Vale la pena recordar que el partido perdió su personería jurídica en septiembre de 2002, y la recuperó en el 2013 con una sentencia del Consejo de Estado, que se dio al reconocimiento de la violencia sistemática contra los miembros de la UP. Por otra parte, dentro de la investigación que se lleva respecto a la victimización a la UP, se ha identificado que quienes hicieron parte de este partido fueron víctimas de hechos que atentaron contra el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad física, sexual y psicológica, entre otras violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Adicionalmente, se ha reconocido que parte de estas vulneraciones han tenido la responsabilidad de agentes del Estado, miembros de la fuerza pública, y paramilitares. Informaba la JEP “la Fiscalía General de la Nación establece que ha habido avances significativos, aunque aún insuficientes sobre este fenómeno criminal.”, así citaba que “De los 863 radicados, 809 están siendo tramitados bajo la Ley 600 y 54 bajo la Ley 906. En lo que respecta a la Ley 600, 479 procesos, el 59.21% de los casos, no han superado la etapa de investigación previa. Adicionalmente, 267 procesos, es decir el 33% de los casos, se encuentran en etapa de instrucción y 53 procesos, el 6.55% de los casos, están en juicio. Además, de las 246 sentencias proferidas, solo se ha condenado a dos agentes del DAS, 18 miembros del Ejército y 10 agentes de la Policía”. Ahora bien, además de esclarecer que 5.733 integrantes de la UP fueron asesinados o desaparecidos, el alto tribunal ha tenido otros avances respecto a este caso. Por ejemplo, actualmente en el caso están acreditadas 143 víctimas. También, la Sala de Reconocimiento ha vinculado a 14 comparecientes en el caso, entre ellos 7 miembros de la Fuerza Pública. Lo más reciente se convierte en un paso importante de la JEP en cuanto a esclarecimiento de las victimizaciones contra la Unión Patriótica. No obstante, también es un llamado, por un lado, a ver la situación actual de quienes participan en política y se cogieron al Acuerdo de Paz firmado en el 2016, pero, por otra parte, a seguir fortaleciendo los organismo que permiten la reparación a las víctimas del conflicto armado, así como que han permitido conocer la verdad respecto a responsables y sistematicidad en este tipo de vulneraciones.

Por: Laura Cano Periodista Pares A menos de un mes de las elecciones le seguimos poniendo la lupa a las candidaturas cuestionadas. Esta vez nos concentramos en Chocó, donde actualmente un candidato al Senado y tres a la Cámara de Representantes se han visto implicados en escándalos. 1. Nilton Córdoba Manyoma – Candidato al Senado - Partido Liberal Córdoba Manyoma se prepara para dar su salto de la Cámara al Senado, luego de cumplir dos periodos en la Cámara de Representantes, y de haber pasado por la Alcaldía de Medio Baudó en 1992. Córdoba ha resaltado en el mundo de los cuestionamientos porque fue uno de los vinculados por Gustavo Moreno en participar en el Cartel de la Toga; presuntamente le habría pagado $200 millones al exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz para frenar su captura por supuesto lavado de activos cuando fue alcalde. El 26 de enero rindió interrogatorio. Por esto la Corte Suprema de Justicia lo investiga desde 2018 para “determinar la supuesta ocurrencia de los hechos, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria e individualizar plenamente a los servidores públicos presuntamente comprometidos”. En la audiencia, que se llevó a cabo en enero de este año, el representante a la Cámara admitió que tuvo reuniones con Luis Gustavo Moreno, pero aseveró que: “Le había pedido a él (Gustavo Moreno) que me ayudara con unos ‘cupitos’ en la Fiscalía, me había pedido incluso cuatro hojas de vida. (…) Él quería ser Defensor del Pueblo y yo, ayudar a unos amigos que están radicados en Bogotá”. Adicionó que también: “Lo busqué para que me defendiera en términos legales y, producto de esa defensa, me comprometí a pagarle una suma de dinero. Fue una relación profesional y de trabajo”. El caso continúa, y actualmente se sigue reuniendo material probatorio en el juicio contra el aspirante al Senado por el partido Liberal. Lo otro tiene que ver puntualmente con su participación en el Clan Cordobismo, del cual ahora es cabeza. Este Clan tiene un fuerte arraigo en el liberalismo, y tuvo origen con el cacique Diego Luis Córdoba, quien participó en la creación del departamento. Los nietos y bisnietos de Diego Luis Córdoba y de su hermano, Zabulón Córdoba, han formado la estructura principal del Clan, entre quienes está el hoy candidato al Senado. 2. Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera – Candidato a la Cámara de Representantes - Partido Liberal Jhoany también es otra ficha del cordobismo. Bajo esto llegó a la Alcaldía de Istmina en 2008 y a la Gobernación del Chocó entre 2015 y 2019. Como buena ficha del clan, el hoy candidato a la Cámara, ha tenido al menos cuatro cuestionamientos que hoy deberían estar en la lupa. El primero tiene que ver con una investigación disciplinaria que le abrió la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en la licitación pública GDCHOCO-01-SDERN-2019, por más de $24.500 millones. Esta licitación tenía por objeto la “consolidación de la cadena pesquera artesanal de la costa pacífica chocoana: Juradó, Bahía Solano, Nuquí, Bajo Baudó, el Litoral de San Juan”. En 2020 la Fiscalía abrió una investigación en contra del exgobernador por los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. Este delito se habría cometido con un convenio celebrado entre la Gobernación del Chocó y la empresa Universal De Servicios Públicos S.A. ESP, el cual se había dado para llevar el servicio de gas natural domiciliario a varios municipios del Chocó. Según informó el Espectador: “El contrato se firmó por $17.838 millones, pero los investigadores encontraron que hubo un peculado por $4.518 millones. Aproximadamente el 25% quedó en manos de particulares”. Adicionalmente, la Contraloría también llegó a investigar presuntas irregularidades presentadas en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, con vigencia 2016. Estas irregularidades implicaban una cuantía de cerca de $644.800.000. En noviembre de 2021, la Contraloría del Chocó le abrió un periodo probatorio en medio de un proceso sancionatorio administrativo en hechos que habría cometido siendo Gobernador. 3. Astrid Sánchez Montes de Oca – Candidata a la Cámara - Partido de la U Montes de Oca ya es conocida en el Congreso; fue senadora en el periodo 2010-2014 y representante a la Cámara para el periodo 2018-2022. Además, como los candidatos anteriores, también pertenece a un clan, pero esta vez al ‘Clan de los Sánchez Montes de Oca’. Es hija del patriarca Rafael Sánchez, cabeza del clan, que desde mediados de los 90 consolidó su poderío en el departamento del Chocó. Astrid fue electa en el Congreso sin haber ocupado ningún cargo de elección popular, gracias al capital político de sus hermanos Patrocinio y Odín. Patrocinio Sánchez Montes de Oca fue condenado por peculado culposo en su gestión como alcalde de Quibdó. A Odín Sánchez la Corte Suprema lo condenó a 9 años de cárcel por parapolítica, hizo parte del proyecto "por una Urabá grande unida y en paz", conocido en Chocó como un "proyecto político del Darién colombiano", en el que políticos y paramilitares pactaron para repartirse el poder de la región. En este proyecto, dirigentes locales pactaron con paramilitares para la distribución del poder en elecciones locales y nacionales entre 1990 y 2007. Esta investigación le causó una inhabilidad dictada por la Procuraduría de 20 años; esta situación lo obligó a lanzar su candidatura en cuerpo ajeno. 4. Eduar Eccehomo Torres Mosquera – Candidato a la Cámara de Representantes - Partido de la U Torres Mosquera es otro de los candidatos que brilla por pertenecer a un clan político, el clan Torres, el cual él mismo lidera. Este Clan inició con Edgar Ulises Torres, quien venía del seno del Movimiento Liberal Popular (MLP). Edgar Ulises Torres primero fue electo al concejo en Istmina y dio el salto al Congreso siendo electo representante entre 1994 y 2010; los dos primeros periodos por el Partido Liberal y en 2006 fue electo por Cambio Radical; partido al cual se integró el MIR a inicios del 2000. Torres fue condenado a 11 años de cárcel por concierto para delinquir, ya que según la Corte Suprema también perteneció al proyecto Por una Urabá Grande Unida y en Paz, mencionado más arriba. Edgar Ulises Torres es el padre del hoy candidato, quien de hecho se ha lanzado a la Cámara de Representantes en tres ocasiones, con avales diferentes. Su primera incursión en la contienda política es en 2010, año en el cual obtuvo el aval del desaparecido partido “Alas”, donde obtuvo sólo 12.671 votos. Posteriormente, en el año 2014, se lanzó nuevamente, esta vez por una alianza con en conservatismo, campaña con la cual obtuvo alrededor de 27000 votos. Finalmente, en el año 2018 se inscribió por el partido Cambio Radical tampoco fue electo. Hoy le seguimos poniendo el ojo a estas candidaturas, recordando que en poco estas personas tendrán opciones de llegar al Congreso, suponiendo un riesgo para la democracia y para los territorios que representan.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda. En el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania, invasión militar con bombas, cañones y misiles; y con respecto a la respuesta que le dieron los Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia, imponiéndole duras sanciones económicas, puede advertirse, no sin asombro, cómo las dos amenazas más serias que ha tenido desde sus inicios la humanidad son la guerra y el hambre. A la primera, la incita la maldad -de la cual aun no se precisa si es connatural a los animales o si es una anomalía de los racionales- y a la segunda, la provocan por parejo los seres humanos y los eventos de la naturaleza. Por ello, las investigaciones acerca de las civilizaciones del pasado, concuerdan en culpar de sus desapariciones a desastres naturales, a guerras y hambrunas. De la guerra, la comunidad de entendidos ha dicho que fue el primer comportamiento de la especie. Heráclito, ya en su lejano tiempo, daba por cierto que la contrariedad y la discordia eran el origen de todas las cosas del mundo. En contraste, la sociedad y la llamada civilización (el progreso) surgieron y se desarrollaron, precisamente, para atenuar tales enfrentamientos y para empeñarse, mejor, en la búsqueda del bienestar colectivo. Con todo, y he ahí el dilema, la guerra aparece en la línea del tiempo como una constante irremediable y, semejante a como nos ocurre con los fenómenos del cambio climático de la Tierra, pareciera que los humanos poco o nada pudiéramos hacer para evitarla. En el presente, al tiempo que la humanidad se ufana del alto grado de evolución de su conciencia, los Estados han validado la práctica de la guerra; y aunque sea contrario al sentido común –dispuesto siempre a la protección de la especie- el Derecho Internacional regula la lucha armada entre Estados, basado en el principio de que las guerras son justas cuando provienen de una causa justa y necesaria. Para Marx y Engels, esta “causa justa y necesaria” era indefectiblemente una sola: la política de las clases explotadoras. Por su parte, al hambre, que igual a las guerras es recurrente en la línea del tiempo, ningún derecho puede validarla, porque –esta es una suerte de tautología- no hay “causa justa” para legitimar la injusticia. En algunos casos y épocas, las hambrunas han ocurrido como efecto de los llamados “cambios climáticos”. Ahora mismo, en nuestro presente y en la isla más grande de África: “un grupo de habitantes de Tsihombbe y aledaños en Madagascar, se reúnen alrededor de agujeros cavados para acceder al agua. Cientos de miles de vidas están en peligro en este país africano, el único lugar del mundo en este momento donde las condiciones de hambruna están provocadas solo por el clima y no por los conflictos”[1]. En otros casos, pero, la mayoría de veces, el hambre ha sido por causa de la conducta de los humanos. A Colombia, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo que decretarle el 11 de diciembre de 2015 “medidas cautelares mediante la Resolución número 60, que conmina al Estado colombiano a preservar la vida y la integridad, de niños y adolescentes en los municipios de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao, amenazados por el flagelo del hambre y la desnutrición”[2]. De hecho, entre las causas más comunes que dan origen a la escasez de alimentos, la falta de agua es la más frecuente, y no hay que dar muchas vueltas para comprobar que los seres humanos son responsables de estas ausencias. En nuestro país, por ejemplo, reinan la deforestación, la minería ilegal y la ganadería extensiva, que, entre otras malas costumbres conducentes al desaprovechamiento de la agricultura, erosionan los suelos y contaminan las fuentes hídricas. De igual modo, el desplazamiento forzado de campesinos que trabajan el campo precisamente en aprovechamiento de la agricultura, lo primero que vulnera es la producción de alimentos y en ocasiones con mayor capacidad de daño que las armas convencionales usadas en los conflictos y las guerras que lo originan. Así las cosas, cabe preguntarse qué será peor: ¿morir por causa de las guerras –muy rápidamente bajo bombas o misiles- o morir lentamente por falta de alimentos? Lo cierto es que a lo largo de la Historia ambas calamidades se han ensañado contra la humanidad, y al hambre se le ha sumado en las estrategias y tácticas militares como una poderosa máquina de guerra. De hecho, la historia está llena de conflictos donde, hambre y guerra, se conjugan en perfecta simbiosis. Los piratas, cuando acosaban a las ciudades del Caribe colonial (en nuestro caso la amurallada Cartagena) veían más eficaz sitiar que usar los cañones, porque sitiar garantizaba una muerte lenta por inanición o, antes de que esta ocurriera, conducía a la completa rendición del enemigo. En nuestros días, si bien no están debidamente prohibidas las murallas en el Derecho Internacional -que define las responsabilidades legales de los Estados en sus relaciones entre ellos, y el trato a los individuos dentro de las fronteras-, tampoco puede impedírsele a ninguna población la consecución de alimentos ni el tráfico de estos. A partir de la segunda mitad del siglo XX, si bien son más las murallas derribadas y menos los pueblos cercados por ajenos, la humanidad, cuya imaginación es más poderosa que el hambre y las guerras juntas, ha creado -para revivir los asedios y acorralamientos en su capacidad de daño- los llamados “bloqueos económicos” o las llamadas “sanciones comerciales”. Dichos bloqueos económicos impiden, sin necesidad de sitiar pero con igual eficacia, que los pueblos asediados no puedan sacar a la venta sus productos, ni que sus aliados económicos puedan comprárselos. En tal suerte, los bloqueos económicos constituyen una poderosa arma que, paradójicamente, no es calificada como tal por el Derecho Internacional, ni por el imaginario colectivo que ve, en este tipo de prácticas, un acto de paciencia diplomática, cuando no una pudorosa cobardía. Tal percepción, alimentada por el efecto emocional que produce la ausencia de armas convencionales y reconocibles, impide advertir de primera mano de qué manera se acorrala, se aísla, se desnutre y se le da muerte a la población civil del país sobre el cual recaen los bloqueos económicos y las sanciones comerciales. De tal suerte, cuando un Estado utiliza las armas aparece ante los ojos del mundo inocente como un Estado agresor, por cuanto las armas tienen una tradición de uso ligada a la muerte del contrario, a las invasiones y al ejercicio del poder impuesto. Mientras que frente a los bloqueos económicos, que implican el agostamiento de las dinámicas económicas de un país y en consecuencia la caída de su producción alimentaria, ven en ello apenas un acto de presión diplomática y no una estrategia sofisticada del combate, cuya máquina de guerra es el hambre. No en vano Estados Unidos, en los últimos 50 años, al tiempo que ha ejercido la guerra convencional, con cañones y misiles, también han privilegiado el bloqueo económico (la máquina de guerra del hambre) para hacerle frente a oponentes cuya confrontación armada sería muy compleja. Bastante efecto han tenido los bloqueos contra Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Irán y, entre otros, contra Nicaragua. En fin, como lo escribió Jeffrey Sachs -Director del Centro de Desarrollo Sostenible en la Universidad de Columbia-: “El objetivo de Estados Unidos es dejar a tales países casi totalmente aislados del comercio internacional; esto genera escasez de alimentos, medicinas, energía y piezas de repuesto para infraestructuras básicas, entre ellas las redes de suministro de agua y electricidad”[3]. De manera que, igual como matan las bombas y los misiles, los bloqueos económicos producen bajas –como se procura que no ocurra con las llamadas armas inteligentes- en las poblaciones civiles; porque a quienes atacan directamente con estrategias de hambre –y eso lo saben bien los causantes de los bloqueos- no es a los gobernantes ni a sus ejércitos, sino a las poblaciones vulnerables. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto. [1] Belén Hernández: El sur de Madagascar… la zona cero de la hambruna por el cambio climático”. En: El País, Planeta Futuro. Madrid, 07 de enero de 2022. [2] Observatorio Nacional de Salud. “Hambre y desnutrición en la Guajira”. En: Boletín Técnico interactivo No. 8. Bogotá, septiembre de 2016. [3] Jeffrey Sachs. “Los bloqueos de Estados Unidos y el Derecho internacional”. En: El País. O6 de julio de 2019. https://elpais.com/economia/2019/07/03/actualidad.

Por: Laura Cano Periodista Pares Las2Orillas y la Fundación Paz & Reconciliación realizó un debate con algunas de las candidaturas principales al Senado: Gustavo Bolívar (Pacto Histórico), Humberto de la Calle (Partido Liberal), Mabel Lara (Nuevo Liberalismo), Efraín Cepeda (Partido Conservador), Paloma Valencia (Centro Democrático) y Gilberto Tobón (Fuerza Ciudadana). Hay que decir que Lidio García (Partido Liberal) fue invitado, pero no asistió. En el debate se hablaron sobre diversos temas. El que abrió la conversación fue uno de los que, recientemente, dividió las opiniones del país: el aborto, el cual fue despenalizado hasta la semana 24 por la Corte Constitucional. Como un reflejo de lo que pasa en el debate nacional, en este encuentro hubo opiniones a favor y otras en contra. Una de las primeras de hablar sobre el tema fue Paloma Valencia, quien aseguró que la despenalización debía quedarse como se planteaba en la Sentencia C 355 de 2006, en la que se plantaba que era legal realizarse un aborto cuando la continuación del embarazo constituyera peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando existiera grave malformación del feto que haga inviable su vida, y cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto. Bajo esta misma línea estuvo Efraín Cepeda. Por su parte, a favor de la decisión de la Corte Constitucional estuvieron Mabel Lara, quien dijo que: “Legalizar no es promover, el delito del aborto es ineficaz en un país como Colombia, porque no lo evita, sino que por el contrario persigue a las mujeres más vulnerables del país. Es importante decirle al país que esto es una necesidad. No se está hablando de abrir la puerta para que las niñas y las adolescentes aborten. Esta decisión es clave en Colombia”. En este mismo sentido opinó Gustavo Bolívar, afirmando que: “legalizar el aborto salva vidas”, continuó afirmado que “no se está promoviendo el aborto”, sino que lo que “se debe promover es la educación sexual”. Otro de los temas fue la guerra contra la droga, el que además es un tema fundamental, sobre todo a nivel regional, donde comunidades han exigido que no se vulneren sus derechos con fumigaciones de glifosato y otras acciones que afectan la salud de las comunidades, por ejemplo, y los cultivos que hay en estas zonas. Señalando, además, que esta estrategia ha permanecido por años, aun cuando su poca efectividad ha quedado demostrada. “Es una guerra pérdida, lleva más de 50 años. Hoy hay más consumidores en el mundo, hay más producción de Cocaína”, aseveró Gustavo Bolívar. Así lo que se aclaró es que en caso de que quedara elegido, Bolívar seguiría insistiendo en la regularización del consumo de droga. Desde el lado del Nuevo Liberalismo, representado en el espacio por Lara, se dijo que: “Debemos ser conscientes que en esa guerra nosotros hemos puestos los muertos. Desde el Nuevo Liberalismo decimos que la oferta legal es evitar la existencia de las mafias. Por ejemplo, cuando se habla de seguridad rural, eso pasa por el microtráfico y de manera directa por legalización o regularización de las drogas en Colombia”. Por otro lado, Humberto de la Calle, quien tiene el aval del Partido Liberal, se unió al llamado de atacar la criminalidad, pero partiendo que esta siempre va a estar buscando a qué negocio ilegal saltar. Asimismo, invitó a tener presente que en este tema hay escalones, entre los que están: consumo, narcotráfico y cultivo. “El consumo es un tema de salud pública, y se debe regularizar para que el Estado pueda intervenir. Frente a los cultivos la visión simplemente punitiva es equivocada. El narcotráfico es un desafío para el Estado y hay que desvertebrar las bandas criminales”, agregó. Terminando este tema se pasó al que respecta a la división de poderes, en el cual los candidatos puntualizaron en la necesidad de poderes independientes para garantizar la eficacia de sus funciones. Bolívar enfatizó en que si lo anterior no se respeta “las cabezas de los tres poderes terminan siendo aliados de los congresistas”. Paloma Valencia se unió a la discusión diciendo que “Necesitamos órganos de control que no dependan de los políticos. Necesitamos un tribunal de aforados para poder judicializar a todos los de cuello blanco”. Y Gilberto Tobón adicionó que “la justicia colombiana facilita la corrupción”. En esta conversación también se diálogo sobre las posiciones de los candidatos respecto a abrir la posibilidad de procesos de paz con grupos ilegales. Sobre esto Humberto de la Calle, quien además participo en el Acuerdo de Paz firmado en La Habana, dijo que primero se debe garantizar la implementación de lo pactado en 2016 entre la exguerrilla FARC y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Agregó en que, en efecto, se debe buscar la paz con el ELN y mecanismos de sometimiento con otros grupos, que además esté sobre la base de condiciones previas de no reincidencia. Paloma Valencia se mostró en oposición a lo anterior, diciendo que el proceso de paz con las Farc mostraba el alto nivel de reincidencia. Bolívar se sumó al debate diciendo que hasta no atacar de raíz el negocio del narcotráfico era muy difícil que un proceso de paz o sometimiento fuera completamente efectivo, pues iban a seguir reconfigurándose bandas en el marco de ese negocio. Efraín Cepeda, por su parte, puso sobre la mesa la necesidad de que los grupos ilegales demuestren voluntad de acogerse un proceso de diálogo y negociación. También hubo lugar para saber si los candidatos estaban o no de acuerdo con bajar las vacaciones y los salarios de los congresistas. Sobre este tema Humberto de la Calle estuvo de acuerdo. Efraín Cepeda propuso que los periodos de vacaciones y descanso fueran los mismos que la mayoría de colombianos. Paloma Valencia propuso que se pague por sesiones. Gilberto Tobón y Gustavo Bolívar afirmaron que respecto a este tema había mucha hipocresía por parte de las y los candidatos. Les invitamos a ver este debate completo aquí: _______________________________________________________________________________ A poco nuestra cita en las urnas, desde Pares seguimos con nuestro contenido especial respecto a este importante evento. Las elecciones medirán, de nuevo, las fuerzas políticas, pero, también brindarán una radiografía sobre las condiciones de la democracia en el país.

Por: Laura Cano Periodista Pares Cada vez falta menos para que las y los colombianos acudamos a las urnas a elegir a quienes llegaran al Congreso desde este año hasta el 2026. Sin embargo, dentro de quienes actualmente están en las listas de candidaturas hay varias personas que resaltan, pero por sus cuestionamientos y escándalos. Hoy nos trasladamos hasta el Cesar para contarles quiénes son los que aspiran a representar a este departamento, pero que implican un riesgo para la democracia. 1. Didier Lobo Chinchilla – Candidato al Senado - Partido Cambio Radical Chinchilla hace campaña para repetir como senador, pues en 2018 consiguió 86,744 que lo llevaron a ocupar una curul en el Congreso con el aval del partido Cambio Radical. Esta vez busca repetir la historia, pero con la diferencia de que en esta ocasión su campaña ha estado marcada por lo que ha sido su gestión durante este periodo. Lo anterior no es poco, pues, por ejemplo, mientras ha estado en el Congreso han resaltado hechos como que ha sido uno de los senadores con más inasistencias (42 en total) en la llamada legislatura de la pandemia, es decir, entre el 20 de julio de 2020 y el 20 de junio de 2021. No obstante, el tema central en sus cuestionamientos son las irregularidades en contratación de alimentos para niños y madres gestantes, escándalo en el que se ha visto inmerso desde 2018, cuando la Procuraduría formuló un pliego de cargos en su contra. "La Procuraduría le reprochó a Lobo Chinchilla que su participación en la etapa precontractual y contractual del acuerdo entre el municipio de La Jagua de Ibirico con la “Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios”, habría permitido un detrimento al patrimonio público y una eventual violación de los principios de economía y de responsabilidad", se informaba desde el organismo. El hecho se remontaba al periodo en el que él fungía como alcalde de La Jagua de Ibirico, durante 2012 y 2015, pues, como encontró la Procuraduría en 2018, durante ese tiempo se presentaron sobrecostos de más de $3.000 millones de pesos en la contratación de paquetes nutricionales para la recuperación de niños desnutridos o en riesgo de malnutrición, y de madres lactantes y gestantes. Por esto en 2020 el funcionario fue sancionado con 06 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos. Por este mismo hecho también el ente sancionó a la exsecretaria de Salud del municipio, Cenith Mireya Echávez Ospino (2012-2015), con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años. Estas sanciones quedaron en firme en enero de este año. Tras esto, Chinchilla envió un comunicado en el que decía “Doy a conocer, frente al pronunciamiento del órgano de control, (Procuraduría General de la Nación), autoridad de la cual soy muy respetuoso, que actuaré en derecho y haré uso del recurso de reposición que se me permite. (…) por este caso, que también ocupó a la Contraloría General de la Nación, fui absuelto al desvirtuar el hallazgo que se me imputaba”. Por otra parte, se ha sido denunciado su alianza con el Clan Gnecco, el cual ha buscado desde 2011 buscar articulaciones con diferentes caciques políticos del departamento para fortalecer su hegemonía política en el Cesar. Dentro de esas alianzas está Chinchilla, quien además es uno de los senadores del Clan en el Congreso. Hay que decir que este clan, además, tuvo nexos con el Ñeñe Hernández para apoyar al entonces candidato presidencial Iván Duque. Respecto a lo anterior, anteriormente, Pares tuvo acceso a 10 audios que la Fiscalía interceptó, con orden judicial, del teléfono del Ñeñe Hernández entre mayo y agosto de 2018, en los audios está salpicado Didier Chinchilla, a quien se nombra en uno de los audios, más puntualmente en uno donde “la asesora de Uribe (María Claudia Daza) le cuenta al Ñeñe Hernández que Lobo había pedido que Iván Duque lo llamara directamente a él para pedirle su apoyo en segunda vuelta”. 2. José Alfredo Gnecco Zuleta – Candidato al Sena - Partido de la U Gnecco Zuleta también va por la relección en el Congreso, en donde está desde 2010. No obstante, su paso por allí no ha sido a pulso, pues su apellido le ha marcado sendas dentro de la política del país, pues pertenece a uno de los clanes más poderosos del país: el Gnecco, una familia con gran poder político vinculada con el paramilitarismo y el narcotráfico. De hecho, el patriarca, Jorge Gnecco Cerchar, tuvo su propia Convivir llamada Sociedad Guaymaral Ltda, y reuniones con ‘Jorge 40’. José Alfredo es hijo de Lucas Gnecco, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 24 años de prisión por hechos de corrupción durante su administración en el departamento del Cesar por cerca de 9.680 millones de pesos. También es investigado por sus relaciones con el narcotráfico y las Autodefensa Unidas de Colombia, por lo que la Corte Suprema lo condenó a 42 meses de cárcel. Igualmente, en marzo de 2015, Gnecco Cerchar fue implicado por el exparamilitar de las AUC, Luciano Rojas Serrano, alias ‘Henry’, en el asesinato del periodista Guzmán Quintero Torres, jefe de redacción de EL PILÓN, quien fue asesinado el 16 de septiembre de 1999. Ahora bien, José Alfredo Gnecco ha tenido sus propios cuestionamientos. Fue mencionado por el extraditado exfiscal, Luis Gustavo Moreno, como una de las personas que supuestamente le pagaron. Según Moreno, el plan era dilatar una investigación contra su padre, el exgobernador Lucas Gnecco. Hay que recordar que Moreno fue capturado el 27 de junio de 2017 por el Cartel de la Toga, y puntualmente de Gnecco habría recibido $150 millones. Por otro lado, en el 2014, Pares denunció sus relaciones políticas y familiares con alias ´Marquitos’ y ‘Kiko’ Gómez. Además, la Fundación también alertó que en las elecciones de 2014 “Gnecco Zuleta obtuvo 114.125 votos, lo que representó un aumento del 680% en referencia de los 16.783 sufragios obtenidos en 2010 cuando obtuvo una curul en la Cámara de Representantes. El significativo aumento de la votación del joven político costeño tiene como origen el amplio poder que ejerce su tía Cielo Gnecco, hermana de Lucas Gnecco y madre del actual gobernador del César Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien fue una de las principales aportantes de dinero a la campaña al senado. Según fuentes consultadas por el equipo de investigación de la Fundación Paz & Reconciliación, el costo de la campaña de Gnecco Zuleta alcanzó los 20 mil millones de pesos, superando los topes establecidos por las autoridades electorales”. 3. Alfredo Ape Cuello Baute - Cámara de Representantes - Partido Conservador Ape es otro de los candidatos que tiene caudal político gracias a la historia de su familia. Ha sido representante a la Cámara desde 2002, con excepción del periodo 2010-2014. Su historia en la política del país viene desde su abuelo, que fue gobernador del Cesar, y su padre, que fue representante. Ape Cuello, además, tiene el respaldo del ‘Clan Gnecco’. Este candidato estuvo investigado en 2009 por la Corte Suprema de Justicia por posibles nexos con las AUC, pero el proceso precluyó. No obstante, Cuello admitió que conocía a Rodrigo Tovar, alias 'Jorge 40'. Por otra parte, Cuello fue asociado a al grupo de los "Bulldozer", de ocho congresistas investigados por el escándalo de Odebrecht. “Un bulldozer es una máquina que sirve para abrir nuevos caminos en las obras viales que se realizan en cualquier parte del mundo. Así eran llamados estos congresistas quienes, al parecer, eran los encargados de “abrir caminos” para que la firma Odebrecht se quedara con los contratos para el desarrollo de la infraestructura”, se lee en Radio Nacional. En este escándalo, además de Cuello, también estaban implicados Bernardo Elías Vidal, Musa Besaile, Antonio Guerra, Martín Emilio Morales, Sandra Villadiego, Álvaro Ashton, Plinio Olano y Armando Benedetti. Por otro lado, en mayo de 2019 Alfredo Ape Cuello fue denunciado por el Consejo de Estado por excesivo número de ausencias en el capitolio. En total se le registraron para esa ocasión 54 ausencias en sesiones del Congreso, ausencias que fueron reportadas por Caterine Juvinao, quien reveló una lista de los 30 congresistas más vagos a través de un informe de la Veeduría Ciudadana llamada ‘Vigilemos al Congreso’. Por otra parte, el medio regional El Pilón denunció la poca participación en los debates previos por parte de Cuello. Desde Pares seguimos dando campanazos, y haciendo eco de los candidatos que significan un riesgo para la democracia, esta vez para el Cesar.

Por: Línea de Gobernabilidad y Democracia En horas de la mañana el investigador de Human Rights Watch, Juan Pappier, (@JuanPappierHRW) confirmó la veracidad de la circular emitida por la Defensoría del Pueblo el pasado 24 de febrero, la cual ordena la suspensión de actividades en las comisiones en terreno debido a la “grave situación de orden público”. Este anuncio, publicado a menos de 20 días de las elecciones legislativas, tiene serias implicaciones políticas y humanitarias para las regiones más afectadas por el conflicto armado y la corrupción, considerando, además, la falta de claridades ante el retiro, el tiempo por el que se dará la ausencia o cuáles serán dichas condiciones que “resultan prioritarias, urgentes o de connotación”. Riesgos referentes a violencia y situación humanitaria El país atraviesa una delicada situación de seguridad, orden público y garantía de Derechos Humanos. Según el último Informe de violencia política y electoral de la Fundación Paz & Reconciliación, desde el 13 de marzo del 2021 al 13 de febrero de 2022, tan solo a un mes de las elecciones legislativas, se registraban 163 víctimas de violencia política, asociadas a 124 hechos victimizantes. Las cifras señalan que cada dos días se contabiliza una víctima de violencia política- electoral y las regiones con más víctimas registradas son Bogotá (20), La Guajira (15), Valle del Cauca (14), Antioquía (13), Norte de Santander (13) y Chocó (11). En su mayoría, estos territorios coinciden, por ejemplo, con las zonas afectadas por el último Paro Armado decretado por el ELN que se llevó a cabo entre el miércoles 23 y el sábado 26 de febrero y que tuvo por resultado 39 hechos victimizantes, en donde Cauca, Cesar y Norte de Santander fueron los territorios con más registros. Sumada a la delicada situación de seguridad, la Defensoría se retira de los territorios en medio de un incremento alarmante en los desplazamientos forzados, que, según la Agencia de la ONU para Asuntos humanitarios, aumentó en un 200% en el 2021 y deja como víctimas a cerca 70.000 personas. Riesgos políticos y electorales Los pronósticos revelan que la delicada situación humanitaria y de seguridad tendrá implicaciones directas en el sano desarrollo democrático de las elecciones legislativas del 13 de marzo. El inminente cierre de puestos de votación, el control de las elecciones por parte de grupos armados y, en general, la presencia de delitos electorales amenaza el proceso democrático, así como la transparencia de los resultados de estos comicios. Considerando la precaria labor de la Registraduría en estas elecciones y la incompetencia de Alexander Vega para cumplir con los mandatos democráticos, este anuncio de la Defensoría del Pueblo no resulta alentador y, al contrario, enciende las alarmas ante la desprotección de las poblaciones que se encuentran en riesgo humanitario y político. El retiro de la Defensoría se suma a los delicados vacíos de transparencia, fortaleza institucional y garantías democráticas para las próximas elecciones. La cooptación de los clanes políticos: la cereza del pastel A las condiciones estructurales de presencia de grupos armados, hechos victimizantes y ausencia institucional capaz de salvaguardar los Derechos Humanos, se suma la actividad de los clanes políticos y las maquinarías electorales que buscan cooptar los votos de la próxima jornada electoral. Regiones como Antioquía, Norte de Santander, Cauca y Valle del Cauca configuran estos espacios del territorio nacional en donde confluyen la violencia, la presencia de grupos armados, el narcotráfico y la búsqueda de los clanes políticos por mantener o incrementar su poder electoral y de corrupción. La suma de factores representa un riesgo humanitario y político, pero también abona a la permanencia y continuismo de las formas de corrupción política, históricamente aliadas a grupos armados, narcotráfico y desfalco de recursos públicos. La ausencia de la Defensoría irrumpe en todos estos ámbitos y revela la falta de garantías democráticas y humanitarias para las próximas elecciones. Las críticas al defensor Desde Pares en reiteradas ocasiones se ha llamado la atención sobre la cuestionable labor de Carlos Camargo como cabeza de la Defensoría. Su cercanía a clanes políticos como el de Nora García Burgos y su relación familiar con David Barguil no resulta coincidencia, cuando se revisa que fue el Partido Conservador quien impulsó su candidatura ante la Cámara de Representantes. Su elección inició con problemas, considerando que fue demandada en, al menos, cuatro oportunidades por no cumplir con los requisitos de experiencia. La discusión se cerró luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado negara las pretensiones y dejara en firme su nombramiento de 2020 a 2024. Sin embargo, su labor en la Defensoría no es el primer cuestionamiento de Camargo. Camargo fue candidato a ser registrador nacional, pero su postulación no prosperó luego de las denuncias hechas por el uso indebido de la contratación mientras fue director de la Federación Nacional de Departamentos. Tampoco puede olvidarse que, por su fugaz paso como magistrado del Consejo Nacional Electoral, Camargo cerró las investigaciones contra Oscar Iván Zuluaga, hoy candidato presidencial por el Centro Democrático, y el expresidente Juan Manuel Santos por el presunto ingreso de dineros de Odebrecht a sus campañas políticas. Desde su llegada a la Defensoría en 2020 ha sido alarmante el incremento de hechos victimizantes contra líderes sociales y políticos, sin que Camargo haga más que “lamentar” los hechos. Mientras la matanza sucede, Camargo se ha dedicado a repartir contratos a gente de sus afectos, según investigaciones de La Pulla. Uno de los eventos más recordados de Camargo como defensor fue su ausencia durante el estallido del Paro Nacional, en mayo de 2021. Los hechos, revelados por el periodista Juan Pablo Calvás de La W desenmascararon que, mientras el país se volcaba a las calles y documentaba múltiples hechos de violencia policial y abusos de derechos humanos, el Defensor descansaba plácidamente en un club vacacional en Anapoima, municipio conocido por sus fincas de recreo y descanso. Ante el anuncio del retiro de la presencia de la Defensoría solo esperamos, como sociedad civil, que el defensor no haya programado sus vacaciones para ese domingo 13 de marzo.

Por: Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana La línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación investigó el crimen organizado en las grandes ciudades. Específicamente, en cinco aglomeraciones urbanas que reúnen dinámicas de violencia y delincuencia que merecen atención. El análisis se centrará en tres áreas metropolitanas legalmente constituidas (Valle de Aburrá, Barranquilla y Cúcuta), y dos aglomeraciones no formalmente constituidas cuyas entidades territoriales se eligen en función de fronteras inmediatas o compartidas (Cali y Bogotá). Este informe presenta un seguimiento del comportamiento de los delitos relacionados con las actividades criminales en cada una de las entidades territoriales priorizadas, así como una caracterización de las principales organizaciones que tienen presencia e incidencia en las mismas. Lo anterior, de manera que se logren identificar las dinámicas delictivas que afectan la seguridad urbana en cada una de las aglomeraciones estudiadas. Consulta la siguiente infografía para conocer más.

Por: Walter Aldana Político social alternativo Primero fue un comunicado en la semana del 14 al 20 de febrero, que sí, que no. Luego dijeron, finalmente, que prepararon el camino para el decretado paro real por parte del Ejército de Liberación Nacional, a la semana siguiente, entre el miércoles 23 y sábado 26 hasta las 6 a.m. Y para cerrar con "broche de oro", rodó por las redes sociales un supuesto alargue hasta el día lunes 28 de febrero. Esto obligo a que, según una emisión de Blu Radio del 26 de febrero, la guerrilla lo desmintiera a través de un comunicado. Dos semanas de zozobra en unos sitios, media parálisis de la vida normal en otros y cierre total o parcial del comercio local en unos pocos. Las empresas de transporte intermunicipal se negaron a enviar sus vehículos a zonas de presencia insurgente y volvimos a ver en videos a hombres armados, uniformados y con decisión de hacer cumplir la orden de paro. Y claro, nuevamente en el suroccidente: Nariño, Cauca, Valle, Choco; igualmente en Catatumbo y en algunos lugares de la costa atlántica se experimentaron sus ataques. Actuaron en unos sitios con mayor contundencia que otros, incluso en territorios donde es desconocido su accionar, lo que produjo especulaciones en internet, en el sentido de que no fuese la mismísima organización guerrillera, la que “hacía el paro". Memes y caricaturas expresaban que el resultado final del decretado paro "favorecía' a los candidatos del continuismo o al del cambio: Gustavo Petro. Intentar explicar lo sucedido es importante porque nos demuestra qué tan efectiva ha sido la política del gobierno de Duque sobre hacer trizas los acuerdos logrados con la antigua Farc-ep. Esto se evidencia no solo el asesinato de más de 300 reincorporados, la pírrica aplicación del punto uno, sobre reforma rural integral, si no la clara realidad de no tener el control territorial de la fuerza pública constitucionalmente establecida. A hoy, dice Luis Eduardo Celis, analista político de la Fundación Pares, que el ELN tendría unos 2.200 hombres, armas y una red de milicianos de unas seis mil personas, así como su presencia aumento en este periodo pos negociación con las Farc-ep a 189 municipios del territorio nacional. Y en ese nuevo escenario sin las Farc de Timochenco en armas, la guerra por el control territorial se expresa fuertemente en nuestro Cauca. Se conoce de más de ocho grupos nucleados en la coordinación de occidente, adscrita a la organización de Gentil Duarte, la Nueva Marquetalia y esta "remozada" subversión Elena. Ahora, y a partir de la experiencia vivida en estas dos semanas, como parte de la cotidianidad Caucana, esta insurgencia deberá afinar sus canales de comunicación para con la población, de tal manera que su voz y sus escritos no sean suplantados. Es importante que un gobierno serio allane el camino hacia una negociación política y social, para que las diferencias las tramitemos por la vía del diálogo cierto, real y sincero, de tal manera que el puñado de compatriotas alzados hoy en armas puedan regresar a sus casas, sus territorios y en los cauces de esta democracia imperfecta y por esta vía tramitar sus propuestas. Con esta capacidad de actuación militar, el ELN no se tomará el poder, seguirá en sus debates internos de hasta dónde ir en la negociación. Claro que generará zozobra donde tienen arraigo militar, continuarán ejerciendo el mando en esos sitios (mientras el Estado no llegue con oportunidades para la población) determinando administrativamente el actuar cotidiano en esos municipios. Definitivamente, este es un país de regiones y de la misma manera se ejerce el poder político, económico y social. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: León Valencia Rusia atacó a Ucrania, el ELN desató acciones en varios puntos de nuestro país, las disidencias de las FARC sufrieron un grave revés, la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 del embarazo, nuevamente los asesinos se ensañaron en firmantes de la paz y líderes sociales; entre discusiones, las centrales obreras decidieron no acometer el paro nacional que tenían programado. Fue una semana de tensiones, miedos y debates. Putin cree que es el momento propicio para replantear el espacio geopolítico que surgió después de la disolución de la Unión Soviética: la amistad con una China en ascenso; la retirada de las tropas americanas de Afganistán; las dificultades internas de Biden; las elecciones en Francia; un gobierno nuevo y dividido en Alemania; y un barril de petróleo por encima de los 90 dólares. A su juicio, en los años 90, Rusia fue humillada y salió mal parada en los equilibrios que se le impusieron. Y él, que ha dado un giro autoritario y ha liquidado la oposición, usa la carta "legitimadora" del irredentismo nacionalista para afianzar su liderazgo y continuar indefinidamente en el poder. Putin ha hecho una apuesta realmente temeraria. En pocos días desató una invasión a Ucrania y, a las horas del viernes en que escribo esta columna, está a las puertas de Kiev, con un saldo cerca de 200 muertos y más de 300 heridos. La respuesta de Estados Unidos y Europa ha sido una cascada de sanciones económicas y la amenaza de desatar una guerra si toca el suelo de la OTAN. Estamos en un momento de tensión mundial que empieza a comprometer la América Latina. Ya Cuba y Venezuela salieron a respaldar las acciones de Rusia y el presidente Duque salió a ponerse al lado de Estados Unidos. Mal augurio. Estos países pobres y lejanos deberían guardar la prudencia y acudir a palabras como neutralidad y no alineamiento. En nuestros predios, El ELN, en otra desafortunada decisión, declaró un paro armado en varias regiones, en momentos en que el país se apresta para unas elecciones que pueden cambiar el rumbo político nacional. Flaco servicio a las transformaciones urgentes que necesita Colombia. Los muertos de estas acciones, los daños a la infraestructura, las restricciones a la movilidad, todo, le sirve de argumento a los políticos tradicionales para persistir en el poder. Por otro lado, el Ejército da cuenta de que, en Puerto Rondón, Arauca, dieron de baja a 23 miembros de las disidencias de las FARC, en la operación más grande de que se tenga noticia contra estos grupos armados. La Corte Constitucional, por su parte, alborotó el avispero de la ríspida derecha con la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. Los lideres de esta corriente política salieron a utilizar las creencias religiosas y los dolores que acosan a los seres humanos cuando se enfrentan a estas decisiones. Han dicho de todo. Que se autorizó el asesinato de niños, que se llevaron de calle los valores más preciados de la sociedad, que se está promoviendo el aborto como método anticonceptivo. Es un acto de valentía de una Corte que sabe de los miles y miles de embarazos involuntarios o forzados de adolescentes y mujeres de todos los estratos sociales, de la vulneración física y la muerte que afrontan las mujeres en los abortos clandestinos, la que ha decidido darles a esas mujeres la libertad de elegir la interrupción de la gestación sin la brutal amenaza de la deshonra y la cárcel. Y sigue el sacrificio impune de líderes sociales. Teófilo Acuña y Jorge Alberto Tafur, que le prestaban su voz a las comunidades en el Sur de Bolívar, en el Cesar, el Magdalena y los Santanderes, fueron asesinados en San Martin, departamento del Cesar. Entre tanto, en el Putumayo, atacan a un grupo de jóvenes comprometidos con la paz y atentan contra la vida de Jair Torres, candidato a la Cámara por la agrupación de los Comunes surgida de los acuerdos con las FARC. Sólo una noticia tranquilizadora. Las Centrales Obreras desistieron del paro nacional. Escucharon las críticas a la decisión de paralizar el país en los días previos a las elecciones y se dieron cuenta de que, en el ambiente de crispación que vive Colombia, se podrían desatar dolorosos ataques a los manifestantes. ¡Qué dura semana!

Por: Redacción Pares La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) le hizo seguimiento al paro armado del ELN. Durante las 72 horas se registraron 39 hechos victimizantes, en los cuales Cauca, Cesar y Norte de Santander fueron los departamentos más afectados. Este registro demuestra la importancia de que, desde el Gobierno nacional, se tomen medidas para preservar la seguridad de los territorios. Conoce más en las infografías. ¿Cómo llegó el ELN al paro? ¿Qué tipos de hechos se presentaron?

Por: Redacción Pares Con Pares Destaca y Pares Cuestiona queremos poner sobre la mesa a los liderazgos sociales, políticos y económicos que merecen tu atención. ¡Esta semana tuvimos varios momentos de tensión social! La despenalización del aborto, por un lado y el paro del ELN y el conflicto en Ucrania, por el otro. A propósito de estos hechos son los personajes de esta semana. A Diego Molano lo cuestionamos por sus acciones y declaraciones frente a la seguridad nacional y en materia de relaciones internacionales. A Diana Fajardo la destacamos por su rol como mujer y como magistrada para la despenalización del aborto, la implementación de la paz y otras demandas por las garantías constitucionales.