Por: Luis Eduardo Celis A la memoria de Jelly, la perra antiexplosivos que murió en Cúcuta esta semana, inspeccionando un artefacto. Ha finalizado el paro armado promovido por el ELN, entre las 6 am del miércoles 23 y las 6 am del sábado 26 de febrero. Inició con la voladura de un puente entre Curumaní y Pailitas, y finalizó con presencia en las calles de estos dos municipios de tropas del ELN y el llamado de auxilio del alcalde de Pailitas al presidente Iván Duque, pidiéndole apoyo ante una situación de cercamiento del municipio. Sin duda que la noticia de la semana ha sido el despliegue de acciones del ELN, en las regiones que ya sabemos que mantiene presencia y capacidad de alterar la dinámica de la sociedad: Catatumbo, Cúcuta y su área Metropolitana, Arauca, Sur del Cesar, Sur de Bolívar, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, partes del Cauca y Nariño y varias zonas del Pacífico. El paro armado tiene dos caras: las acciones que hace el ELN intentando bloquear la movilidad, incendiando vehículos de carga y de pasajeros, que no pasan de una docena; la colocación de banderas con explosivos, mostrando su presencia; los hostigamientos a guarniciones militares y de policía, que se dieron en Fortul, Arauca; en San Pablo, Nariño; en Curumaní y Pailitas, en el Sur del Cesar; y en Teorama, San Calixto y El Tarra en el Catatumbo y en el área rural de Cúcuta. No hay reportes de militares o policías muertos durante el paro armado. De los seis civiles, trabajadores de Invias, que realizaban mantenimiento de la vía Socorro, San Gil y que accidentalmente detonaron un artefacto explosivo, hay dos personas gravemente heridas. Este conjunto de acciones, que están cerca del centenar, según el seguimiento que hemos hecho, es lo visible del paro como hecho mediático, pero hay otra cara, de mayor envergadura e impacto, la alteración a la dinámica de la sociedad, donde se asume que ante la iniciativa de paro armado es mejor guardar precaución y todo se altera; los niños, niñas y jóvenes no van a la escuela, el comercio cierra, el transporte se suspende y las personas prefieren mantenerse en sus casas por precaución a posibles hechos de violencia, y porque saben que luego pueden venir sanciones a quienes incumplen la orden de paro, esto se siente en las regiones donde el ELN hace presencia de manera permanente, y donde tiene ojos y oídos que están atentos al comportamiento de las comunidades. La reacción del gobierno del presidente Iván Duque tuvo dos grandes interlocutores: el ministro del Interior, Daniel Palacios, afirmando que no había tal paro, y que era la acción de narcoterrorismo. Esto mientras el ministro de Defensa, Diego Molano, era enfático en que 240.000 efectivos del Ejército Nacional y la Policía iban a garantizar la seguridad en todo el territorio nacional, ambos equivocados, porque sí hubo paro armado en la modalidad de alteración de la vida ciudadana y de las comunidades en los 180 municipios donde permanece el ELN, y acciones violentas en cerca de 30 de estos. Siendo un tema de un impacto importante en la vida del país, el debate presidencial en curso hizo referencia a estos hechos con un compartido rechazo a la acción del ELN, criticándola por su afectación a la sociedad, a los derechos de la ciudadanía, al dolor que causa. Hasta allí un mensaje claro de rechazo, pero le falta al debate presidencial, y a quienes participan de él, ahondar en las posibles soluciones a un problema que es más que evidente que afecta a muchos territorios y comunidades, y que es ampliamente insuficiente decir que es nefasto, anacrónico y perjudicial para la sociedad colombiana, sin arriesgar en un camino de soluciones, que está más que comprobado que es por la senda de la solución política negociada, pues no hay otro camino. Si esto no se trata de soluciones, seremos espectadores de otro paro armado en cuatro años. Por eso la insistencia en que el próximo gobierno asuma el reto de liderar con el ELN, y una amplia participación de la sociedad, el camino de construir un acuerdo de paz. Durante estos días han sido múltiples las voces que han señalado que el ELN es el mejor amigo del uribismo, que siempre está empeñado en meterle miedo y zozobra a la sociedad, para venderle su oferta de seguridad. No les falta razón a quienes así piensan. Sin duda que ELN y uribismo son afines en sus apuestas de fuerza, pero sin perder de vista que el uribismo es defensor de un orden social y político de exclusiones, y el ELN es retador de ese orden. Hay cansancio en la sociedad por una violencia persistente, pero no hay que perder la visión de que el ELN es la ultima de las guerrillas de un viejo conflicto armado que poco a poco hemos venido superando. Igualmente, resaltan las críticas al gobierno del presidente Iván Duque, que recibió un ELN con 1.800 combatientes en agosto del 2018, según el conteo del Ejército Nacional, y va a entregar un ELN con 2.200 combatientes, según el ultimo conteo del Ejército presentado el octubre del año pasado. Ha finalizado el paro armado del ELN, pero seguirán con su acción violenta organizada, por lo que es insuficiente criticarles y condenarles, pues se requiere que el próximo gobierno vuelva a la senda de los diálogos, las negociaciones y la construcción de un acuerdo de paz.

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina Línea, Jóvenes en riesgo y participación juvenil El Paro Nacional que se vivió en el 2021 dejó historias, luchas ganadas, otras perdidas. Dejó también jóvenes organizados, quienes se encontraron en los reclamos, en la indignación, pero también en la esperanza. Sin embargo, en medio de todo esto también hubo vidas que se perdieron, vidas de jóvenes que salieron a las calles a exigir la garantía de sus derechos, y que en medio de esto sus sueños y proyectos quedaron desmoronados. Una de esas vidas fue la de Lucas Villa, un joven pereirano, estudiante de Ciencias del Deporte y la Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien marchaba por el conocido Viaducto César Gaviria Trujillo, donde fue impactado por varios disparos que lo dejaron con muerte cerebral. Posteriormente, el 11 de mayo de 2021, fue comunicado su fallecimiento. Lucas Villa marcó las movilizaciones y también ha motivado otras formas de lucha, las cuales han sido lideradas por otros jóvenes como él, entre quienes está Sidssy Uribe, hermana de Lucas Villa, quien ha ido recorriendo caminos para cambiar estas realidades que viven los jóvenes, y también seguir resaltando la memoria de su hermano. Desde Pares, y la línea Jóvenes en riesgo y participación juvenil, hablamos con ella, de su trabajo político y social. Miguel Rubio: ¿Quién es Sidssy Uribe? Sidssy Uribe: Tengo 31 años, soy mamá de dos chicos de 11 y 13. Soy pintora autodidacta y eso me ha generado en los últimos años la forma de obtener ingresos para sostener a mi familia junto con mi pareja. Bueno, también me he instruido en las artes marciales Kung fu, Shaolin tradicional, lo que comenzó con uno como un gusto particular y se ha convertido en una profesión también independiente, que ha permitido que también a través de ella hagamos apoyos sociales con los niños y las comunidades en las cuales hemos habitado, y, por otro lado, también sostenernos un poco económicamente. Por otra parte, vi tres semestres de licenciatura en Artes Visuales, también vi tres semestres de arquitectura. M.R: ¿Cómo tomas la decisión de participar en política? S.U: Mira que yo he notado que es una situación muy común cuando el estado asesina un par tuyo, un familiar, alguien por el cual tienes mucho afecto. Inicialmente yo era una persona normal, un ciudadano anónimo y después de que asesinan a Lucas, luego de que quisieron acallar su voz, recibimos amenazas en vista de querer defender su vida. Tras eso, me pareció, frente a los principios de las artes marciales que fui desarrollando, del honor, la dignidad y la gloria, que era infame permitir que la voz de mi hermano fuera acallada de manera violenta. Así que decidí, a raíz de eso, pero también de la acogida de toda Colombia, que nos abrazó, sin siquiera conocernos, ser retributiva con esa misma gente, para que de alguna manera la esperanza que estaban construyendo no se perdiera. Por eso tomé la decisión de no dejar morir ese sentimiento que nació en los corazones de la gente, retomarlo, y mantener esa llama viva, ¿eso acompañado de qué?, del terrible miedo a ser olvidados. Y a partir de eso empiezo el activismo de manera empírica, soy una mujer que nunca se ha movido en la política, pues soy artista y los artistas tendemos a ser muy ensimismados, metidos en nosotros para crear; y fue meterme en un campo completamente adverso para mi personalidad. Eso me puso a romper todas las barreras de la zona de confort en las que yo me muevo, o me movía, no soy una mujer letrada, y eso siempre genera un poco de presión frente a los medios, porque de todas maneras la gente está exigiendo en ti capacidades políticas, y todo lo que he aprendido ha sido en estos 9 meses. Una persona, un gran historiador me decía, que en Colombia las marchas han enseñado más política que cuatro años de carrera y eso evidentemente yo lo vivencié. Antes de todo esto yo no sabía que era una lista cerrada, o una lista abierta, cómo se movía la política, lo único que me interesaba era saber por quién iba a votar y que fuera coherente. M.R: ¿Por qué aspirar por el Pacto Histórico? S.U: Porque siento que las ideas del partido no solamente vienen de algo que nació el año pasado, sino que vienen de un proceso de un candidato, que yo siento, que me parece que ha sido legítimo. Lo digo porque Gustavo Petro, en la alcaldía de Bogotá, fue un administrador que hizo unas transformaciones muy importantes en la capital, que tú hablas con la gente en Bogotá y la gente habla bien de su administración y a partir de eso, de sus ideas, de su claridad. Entonces yo me metí en el Pacto Histórico y le aposté a esto, porque de todas las propuestas que hay es la más clara, de cómo va a lograr transformar el país. Las otras posturas, de las otras coaliciones, es mantener la política de antaño y lo que estamos buscando es que eso no se perpetúe, buscamos que sea una democracia real; mantener a las mismas castas familiares gobernándonos, quiéralo o no, genera vicios que con el tiempo se convierten en monarquías extrañas. M.R: ¿Cuál es la razón por la que decidiste declinar tu candidatura a la cámara de representantes? S.U: Las capacidades que yo tengo frente a la política son muy párvulas, y mucha gente eso fue lo que dijo. Sin embargo, lo que nos enseñó el estallido social, es que todas las personas estaban capacitadas. En Risaralda yo estaba esperando que, después del estallido social, saliera un líder de base social, como, por ejemplo, Francia Márquez, pero no encontré a quién apoyar, entonces como activista yo quería hacer eso. Me lancé porque yo estoy con la idea de que la democracia debe ser participativa. Me preguntaba ¿por qué no puede también estar ser el señor de la tienda, el panadero, o la señora que vende empanadas en la esquina?, quienes saben sus precariedades y las de sus vecinos. Sin embargo, me retiré tú porque cuando entras a un proceso político de izquierda, uno espera encontrar esas posturas que te venden desde el exterior, que son movimiento que están es en pro del pueblo, de la gente de base, pero te encuentras que tristemente hay personas en el movimiento viciados por prácticas de derecha. Llegué como un agente extraño y fui rechazada. No obstante, yo entendía el proceso y empecé a acercarme a todos los movimientos, manifestando mis ganas de aspirar recogiendo las banderas del paro nacional. Así logré ser acogida en la asamblea, en vista de esto, los otros precandidatos no se sintieron muy cómodos, porque llevaban un proceso y una historia. Eso me llevó a bajarme de la aspiración a la Cámara, pues la lista fue viciada; los otros precandidatos se sintieron con minorías frente a mí en las asambleas, entonces lo que decidieron fue enviar una carta a las directivas en Bogotá, en la que metieron en tercera posición, como si fuera legitimo y decidido por la asamblea. Siendo que la asamblea había decidido que la encabezara yo, por el momento histórico en que nos encontrábamos. Cuando llegó la respuesta desde Bogotá, la lista estaba conformada efectivamente como ellos la habían planeado, en contravía con las decisiones tomadas. Me pareció entonces que no era digno, ni legítimo, y no estaba dispuesta a apoyar candidatos que buscaron esa posición en la lista a través de patrañas y engaños. Si solamente con ese ejercicio están haciendo eso, qué podemos esperar si llegan a tener escaño en la Cámara. Me retiré, pues me pareció lo más correcto. MR: ¿Cuál o cuáles deberían ser las principales propuestas de un candidato presidencial para los jóvenes del país? SU: Debe ser la educación, y no solamente garantizar cupos gratuitos, también se debe pensar en otras situaciones de manera estructura. Por ejemplo, pensar si hay niños que no pueden comer en casa, o que su mamá no tiene qué comer. Así, se debe pensar en una educación que tenga en cuenta todas las circunstancias que viven jóvenes y niños; una educación que garantice el alimento el acceso a la información, la conectividad de internet, las garantías de salud, etc. Ese, para mí, ara debe ser el eje central. Lo anterior va enlazado con las oportunidades de trabajo, de capacitación de un sustento familiar. Siguiendo lo anterior, yo puedo decir que soy una mujer a la que le gustaría estudiar, pero tengo dos hijos, tengo que trabajar, ahora estoy en el activismo, ¿Cómo voy a estudiar si no tengo oportunidades? Así que en lo principal que debo pensar y resolver es cómo comida para mis hijos, el pago del arriendo cada mes, y lo peor es que el sistema no me proporciona un trabajo digno. Esto es lo que yo pienso que es necesario. Un pueblo educado no es violento y no tiene hambre. MR: Muchos sectores políticos, incluso de la misma izquierda, te endilgan que tu aspiración es oportunista, porque estabas tomando como bandera la muerte de Lucas Villa, ¿Qué le respondes a esto? SU: Por ejemplo, al exalcalde Gallo, que ahora aspira al Senado, cuando mi hermano todavía estaba en el hospital, él sacó publicidad política con el rostro de Lucas. Cuando estuvimos en la marcha del sepelio de Lucas, querían que la marcha llegará hasta la Gobernación para que Víctor Manuel Tamayo diera unas palabras; querían politizar la figura de mi hermano, porque sabían lo capitalizada que estaba después del atentado. ¿Qué les digo? No soy oportunista, es mi hermano, y ellos querían usar su imagen y yo no se los permití. MR: ¿Una líder o un líder que te inspire? SU: Martin Luther King. Yo admiro mucho las luchas de los afrodescendientes, no porque estén de moda, sino porque cuando veo la historia, veo que los pioneros de la libertad de América empieza por los haitianos, y sabemos que ahora Haití es un país que está en la ruina, por las sanciones que tiene, y no los dejan progresar porque son negros, porque se liberaron de los blancos, y esa lucha es completamente digna, a través de ser pacíficos, de ser dignos, de vencer al enemigo a través de avergonzarlo, de no igualarse a ellos. Yo admiro mucho a los líderes que buscan las transformaciones a través de las movilizaciones pacíficas.

Por: Laura Cano Periodista Pares En la noche de este jueves, 24 de febrero, en Puerto Guzmán, se presentó un nuevo hecho de violencia. Esta vez afectó a la comunidad de firmantes de paz que desde hace más de cuatro años le han apostado a la paz a través la Cooperativa Multiactiva Comunitaria del Común (COMUCCON), pues uno de sus líderes, además representante legal, y parte del PNIS, Jorge Santofimio Yepes, fue asesinado luego de que hombres armados llegaran a donde la junta directiva de la cooperativa estaba reunida. El ataque ocurrió en el predio La Granja, ubicado en el municipio mencionado, a donde llegaron desde mayo de 2019 a raíz de la falta de garantías de seguridad en el ETCR Heiler Mosquera, lugar en el que, desde 2016, cumplían su proceso de reincorporación. En este hecho cuatro personas más resultaron heridas: una mujer parte de la cooperativa, un bebé de aproximadamente 05 meses, un menor de 14 años, y uno de los escoltas. Estas personas fueron trasladas a centros de salud donde permanecen estables. Sin embargo, hay que mencionar que el menor de 14 años, quien además es hijo de Jorge Santofimio, fue intervenido quirúrgicamente ante la gravedad de sus heridas. Ante lo sucedido, los integrantes de COMUCCON realizan una reunión para evaluar la actual situación y, asimismo, decidir si permanecerán en esta zona, o si, por el contrario, de nuevo, deben buscar un lugar de refugio. “Vemos que el Gobierno no responde con medidas efectivas, sino con complacencia ante el asesinato de los firmantes”, denunció Pastor Alape a través de un video publicado en redes sociales. Por su parte, Victoria Sandino advirtió que: “La comunidad previamente había solicitado que les hicieran un cordón de seguridad de ejército y policía y nunca tuvieron respuesta. Esto es crónico de un genocidio anunciado”. Frente a esta situación vale la pena traer varias cosas a colación. Una de ellas, es que el pasado 17 de febrero la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 004-22 en la cual, entre otras cosas, advirtió sobre la situación de las personas en proceso de reincorporación en varias zonas del país, una de estas: Puerto Guzmán. Puntualmente se lee: “se han advertido riesgos diferenciales para las y los firmantes de la paz y sus núcleos familiares en diversos escenarios territoriales de la Sur Amazonía, entre ellos San Vicente del Caguán, Puerto Rico y El Doncello, Puerto Guzmán, San José del Fragua, Curillo, Solita. Así como San Miguel, Valle del Guamuez, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, y Puerto Leguízamo”. Adicionalmente, hay que mencionar que esta zona a donde se trasladaron los firmantes, luego de salir del ETCR Heiler Mosquera, se convirtió en una Nueva Área de Reincorporación (NAR) y justamente muchas veces se ha insistido, tanto por los firmantes, como por distintas organizaciones, sobre la atención y estrategias para garantizar la seguridad a quienes hacen parte de estas. De hecho, la Defensoría también insistió sobre esto en la reciente Alerta: “quienes se encuentran por fuera de los AETCR o Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) están expuestos a conductas vulneratorias como homicidios, desplazamientos forzados, extorsiones a sus proyectos productivos y amenazas directas, llamadas o mensajes de textos de miembros de grupos armados ilegales”. Sobre estas NAR Iván Duque ha hablado poco o nada, mientras que Emilio Archila Peñalosa, Alto Consejero para la Estabilización y Consolidación, en una entrevista en Pares, dijo que no hay ninguna decisión que haya reconocido las NAR, y aunque señaló que las acciones dirigidas desde esta instancia son para todos los excombatientes, independientemente de que estén en los antiguos ETCR, aclaró que “las únicas acciones que no cubren a la población que está por fuera de los Antiguos ETCR son, precisamente, la protección que hay para estas zonas”. Vale la pena señalar que existen cerca de 75 NAR a nivel nacional que albergan aproximadamente 9 mil exguerrilleros, una de esas, como se mencionó, es La Granja, espacio donde además existe COMUCCON, la cooperativa que convoca los proyectos productivos e iniciativas de los firmantes que en este momento se ubican en Puerto Guzmán. En relación con esto último, hay que señalar que en esta zona se encuentran 41 adultos, 17 niños, y en total 23 familias, quienes han desarrollado 04 proyectos y 03 iniciativas, parte de estas son un vivero de restauración, un proyecto de mujeres y piscicultura, una iniciativa de cerdos, otra de microorganismos eficientes y un restaurante. Esto ha sido una prueba del constante compromiso de estos firmantes, incluso en medio de una situación de violencia cada vez más difícil. La cual, hasta el momento, ha dejado un saldo de 10 personas en proceso de reincorporación pertenecientes a COMUCCON asesinadas. Adicionalmente, y en relación con las amenazas y persecución de las que son blanco quienes se acogieron al Acuerdo de Paz, según fuentes de Pares, varios de los integrantes de la cooperativa han sido víctimas de hechos de montajes judiciales. Hay que resaltar que COMUCCON nació, como construyó Pares a través de los relatos de quienes hacen parte de la cooperativa, “por el deseo de asociarse a pesar de no saber qué iniciativa productiva iban a abanderar. De ahí en adelante empezaron a conocer de frente qué era eso de la vida ‘legal’, con los trámites burocráticos que eso conllevaba. Arrojados en esas lógicas, producto de lo acordado, a pulso fueron lidiando con las dificultades que suponía mantener la voluntad de paz puesta a prueba por los procesos institucionales. Asimismo, fueron reconociendo que asociarse ha sido su mecanismo de autocuidado”. De hecho, “con Jorgillo (asesinado ayer) se la jugaron por Puerto Guzmán. Lograron hacerse a una tierra por comodato. A través de la alcaldía y el consejo lograron la tierra” en que hoy por hoy se ubica La Granja. Lea también: COMUCCOM: una apuesta de paz desde Puerto Guzmán, Putumayo Por otro lado, hay que mencionar que según cifras del Partido Comunes han sido asesinadas 297 personas en proceso de reincorporación desde la firma del Acuerdo de Paz. De hecho, en enero de este año, y ante la constante situación de violencia en contra de los firmantes, la Sala Plena declaró que hay un estado de cosas inconstitucional a raíz de los incumplimientos en materia de garantías de seguridad para los exintegrantes de la antigua guerrilla Farc. No obstante, y a pesar de esto, y como radiografía de la falta de acciones del actual Gobierno, luego de esto, según el seguimiento de Pares, han sido asesinados seis firmantes de paz. De acuerdo a lo anterior, el pasado 21 de febrero fue asesinado Fabian Alexander Rodríguez, quien también se ubicaba en Putumayo, pero en el ETCR Heiler Mosquera, ubicado en Puerto Asís, en la vereda La Carmelita —entre el corredor Puerto Vega-Teteyé. Este es el mismo ETCR del que hacían parte quienes conforman COMUCCON, quienes han denunciado la situación de seguridad en la zona. Además, este mismo 24 de febrero se registró un ataque armado contra el candidato a la Cámara de Representantes por el partido Comunes, Jair Torres, en el que fue asesinado uno de sus escoltas, Luis Caicedo Caicedo. Por otro lado, y respecto a la situación de quienes se ubican en La Granja en Puerto Guzmán, hay que señalar que en esta zona tiene presencia el Comando Frontera, que antiguamente eran La Constru y la Mafia Sinaloa, es decir es un grupo que recoge practicas victimizantes de estas estructuras, asimismo, de este hacen parte disidentes del Frente 48. Además, se ha convertido en el grupo que más presiones y persecuciones causan a las personas en proceso de reincorporación. También en la zona se ubica en Frente Carolina Ramírez, el cual se afilia a los disidentes de la línea de Gentil Duarte. Estos grupos anteriormente nombrados están en disputa principalmente por las rentas ilegales, el control del paso entre el país y Ecuador y Perú, así como por su expansión al Caquetá. De acuerdo con esto, hay que traer a colación que luego del asesinato de Jorge Santofimio, el Frente Carolina Ramírez se pronunció respecto al hecho rechazándolo. Hoy la situación de quienes hacen parte de La Granja, así como de COMUCCON, es preocupante, pues en Puerto Guzmán han construido su proyecto de vida, dado que además de las iniciativas productivas, también han sorteando su cotidianidad, han formado, y literalmente construido, sus hogares, esto por una constante lucha por la paz, lucha en la que ha resaltado la voluntad, pues una y otra vez ven cómo la vida de sus compañeros es apagada y amenazada, afectando todo un tejido que una y otra vez ha intentado rehacerse frente a los ojos de un gobierno que lo ha ignorado todo Por eso, hoy la invitación es a rodear a los firmantes de paz, a exigir justicia y garantías de seguridad y vida digna, pero también a insistir por una implementación integral del Acuerdo de Paz.

Por: Laura Cano Periodista Pares Desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares seguimos alertando sobre las y los candidatos que aspiran a una curul en el Congreso, pero que significan un riesgo dado que en su historial político reposan serios cuestionamientos que podrían seguir reproduciendo una vez lleguen al Senado o la Cámara. Hoy ponemos la lupa a La Guajira, otro departamento que tampoco se salvó de tener candidatos envueltos en escándalos. En total en La Guajira hay dos candidatos cuestionados, uno al Senado, y otro a la Cámara, pertenecientes a los partidos de la U y Conservador, respectivamente. ¡Acá te vamos a contar más! 1. Alfredo Rafael Deluque Zuleta – Candidato al Senado - Partido de la U De quedar elegido Deluque, no sería la primera vez en ganar un puesto de elección popular, pues ha sido representante a la Cámara por La Guajira en los periodos 2010-2014, 2014-2018 y 2018-2022, es decir, por lo menos, caudal electoral sí ha ido cosechando. No obstante, no ha llegado allí, pues habría sido apoyado financieramente por Cielo Redondo, presunta jefa política de la estructura paramilitar de Arnulfo Sánchez, alias ‘Pablo’, del ‘Bloque Contrainsurgencia Wayuu’, que operó en la alta Guajira. Además, también ha contado con la fuerza política de su familia. Hay que recordar que Deluque era miembro del ‘Clan Nueva Guajira’, el movimiento liderado por Jorge Pérez Bernier, pero asimismo por Hernando Deluque, padre del hoy candidato. De él también hay varias cosas que recordar. Se desempeñó como gobernador de La Guajira durante el periodo 2001-2003. En 2016 la Corte Suprema de Justicia lo condenó a nueve años de cárcel por ser penalmente responsable de las conductas punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Tras esto, Alfredo Deluque ha tomado las banderas del movimiento y ha montado una estructura denominada ‘Nueva Fuerza Guajira’, que llevó a la Gobernación de La Guajira a Nemesio Roys y que, mediante el candidato Blas Quintero Mendoza, obtuvo el segundo lugar en la carrera por la Alcaldía de Riohacha. Ahora bien, respecto a la gestión de Alfredo Deluque también hay que traer a colación varios asuntos. Una de esas fue sus acercamientos a Juan Manuel Santos, lo que se facilitó al ser del mismo partido. Uno de esos “favores” políticos con esta cercanía entre los dos políticos fue la elección de Leandro Sampayo como director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en La Guajira. Esa decisión, además, estuvo avalada por el hoy ministro de Defensa, Diego Molano. En 2016, la Procuraduría le abrió una investigación a Sampayo tras el escándalo por la muerte de niños y niñas Wayúu debido a desnutrición. Adicionalmente, en el Gobierno de Juan Manuel Santos se habría presentado una serie de nombramientos de cuotas del representante Deluque. Uno de esos fue el de Tatiana Barros Brito, quien en 2017 fue designada como alcaldesa encargada de Riohacha, luego de que Fabio Velásquez Rivadeneira, quien estaba en ese cargo, fue detenido por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. “Alfredo Deluque quien logró convencer de su nombramiento al Presidente Santos, de quien ha sido su aliado parlamentario. Deluque hizo sentir su peso frente a las pretensiones del gobernador (E) Weilder Guerra y el rector de la Universidad de La Guajira Carlos Robles, quienes movieron otros nombres. (…) Barros tiene cercanía con Deluque desde cuando como presidenta de la Cámara Junior lo condecoró como uno de los 10 mejores profesionales y líderes de la Costa”, se leía en Las2Orillas. Otro de los nombramientos en La Guajira fue el de Tania Buitrago, una figura política de las huestes de ‘Nueva Fuerza Guajira’, que llegó al cargo de gobernadora encargada del departamento en 2017. Esto tras la suspensión Wilmer González Brito, quien en un principio fue reemplazado por el antropólogo Weildler Guerra. Sin embargo, tras la exigencia de los partidos que avalaron a González Brito (donde por medio de una tutela exigieron a Juan Manuel Santos elegir una terna propuesta por las colectividades para ocupar el cargo de gobernador) fue elegida Buitrago. Finalmente, el nombramiento de Nemesio Roys como director del Departamento de Prosperidad Social (DPS) fue una de las mayores victorias de Deluque, luego de que su ficha llegara a la dirección en 2017 y dejara el cargo para aspirar a la Gobernación de La Guajira en los comicios de 2019. De acuerdo con Susana Correa, actual directora del DPS, Roys tuvo una gestión cuestionable debido a la presunta creación de una nómina paralela en la entidad. Por otra parte, Deluque jugó un rol importante en la aprobación de varios proyectos, incluido el relacionado a la refrendación de los acuerdos de paz, promovidos por el expresidente Juan Manuel Santos. De hecho, en 2018 la Corte Suprema de Justicia le abrió a Deluque una indagación preliminar por el caso de "la mermelada política", durante el Gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, a pesar de lo anterior, Deluque consiguió ser reelegido en 2018 como representante a la Cámara. Entretanto, en las elecciones locales, Deluque consiguió que su ficha, Nemesio Roys, ocupara la Gobernación. En julio de 2021 el Consejo de Estado anuló la elección de Roys elegido para el periodo 2020-2023, al encontrar que incurrió en doble militancia. No obstante, en septiembre de 2021 la misma instancia dejó sin efectos la nulidad. Por último, hay que señalar que en el balance que hizo Pares sobre la gestión de Deluque como representante a la Cámara., resalta que esta: “ha sido precaria a la hora de gestionar recursos de inversión para el departamento de La Guajira. Por el contrario, los acuerdos que ha establecido con el centro del país, es decir, con la élite nacional, solo han generado favorabilidad para que el representante pueda conservar su poder político en el territorio. La falta de una apuesta de fortalecimiento y mitigación de las problemáticas departamentales, por parte de un congresista que lleva 3 períodos en Cámara de Representantes y que finaliza su período con La Guajira como el departamento con mayor pobreza monetaria, pone en tela de juicio su gestión en caso de llegar al Senado y solo plantean como escenario la construcción de una hegemonía política”. 2 .Juan Loreto Gómez Soto – Candidato a la Cámara de Representantes - Partido Conservador Gómez Soto prácticamente es la ficha de una familia que se quiere seguir atornillando en el poder de La Guajira. Es hijo de María Cristina Soto, quien pretendería que Juan Loreto llegue al Congreso reemplazando su curul, pues Soto actualmente es representante a la Cámara por el partido Conservador. Ojo, la llegada de Gómez Soto a la Cámara se daría con el apoyo del Clan Nueva Fuerza Guajira, estructura política en cabeza de Alfredo Deluque, candidato anteriormente mencionado. Pues bien, lo anterior no son los únicos nexos de esta familia a la que pertenece Juan Loreto, pues hay que recordar que María Cristina Soto habría tenido una relación política con el exgobernador condenado Kiko Gómez, a quien se le implicó con tres homicidios y corrupción en el departamento. Adicional, según seguimiento de Pares, también tendría una relación familiar con alias "Marquitos" Figueroa, condenado por narcotráfico, así como relaciones comerciales con el Clan Gnecco en el transporte de carbón en El Cerrejón en el pasado. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia investiga desde el año pasado a María Cristina Soto por su presunta participación en un caso de corrupción electoral, el cual tuvo relación con la curul que ganó en las elecciones 2018 con 40.366 votos. Puntualmente se le vincula con los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir, falsedad en documento público y privado y fraude procesal. “El expediente judicial indica que la campaña de la congresista se reclutó a diferentes personas o líderes para que compraran votos en Maicao, La Guajira. Estos habrían presuntamente repartido entre $20 mil y $50 mil por persona a cambio de votos durante la elección de marzo de 2018”, informaba El Espectador. Esta vez ella no es candidata, pero sí su hijo quien pretendería seguir con este legado familiar en la política, legado además llenó de controversias y cuestionamientos. _________________ Las elecciones serán en menos de un mes. Desde Pares damos los últimos campanazos respecto a quiénes no serían idóneos para llegar al Congreso, pues, además de afectar la democracia, seguirían permitiendo la agudización de problemáticas sociales, como es el caso de La Guajira.

Por: Luis Eduardo Celis Conocí a Lucho Sandoval en el proceso de constitución de la Central Unitaria de Trabajadores, quizás en el año 1987, él era el Director del Instituto María Cano y yo trabajaba en el Instituto Nacional Sindical. Lucho ya era un veterano de la lucha social y política, con amplio conocimiento de ese mundo, del cual fue protagonista. Promovió el sindicato de instructores del Sena a principios de los años setenta, pero de esa institución lo despidieron. Consagró buena parte de su vida a la lucha de los trabajadores y con otras personas reivindicó el nombre de María Cano, liderando una institución que aportó a cualificar la acción social y las reivindicaciones de obreros y trabajadores. Allí tuvo cientos de experiencias y amistades que dan fe de su compromiso y convicciones. Desde el Instituto María Cano, acompañó el proceso constituyente del 91, tenía muchos amigos y amigas que eran parte de ese proceso. Se consagró a incidir en los temas de su interés: los derechos de los trabajadores, la participación ciudadana, la paz. Trabajó de la mano de Abel Rodríguez, Angelino Garzón, Augusto Ramírez Ocampo, para mencionar algunos. Una vez promulgada la nueva constitución del 91, fue un promotor de su divulgación y desarrollo. Fue, además, muy cercano de Armando Novoa, quien lideraba el conjunto de los y las Constituyentes, la Corporación Plural. Siempre fue un defensor y promotor de la Constitución del 91, la consideraba una formulación poderosa para una sociedad democrática y de derechos, allí consagró mucha energía y trabajo. Con Lucho nos volvimos a encontrar en la acción ciudadana por la paz, corría el año de 1991 y en medio de una guerra que arreciaba, confluimos con Ana Teresa Bernal, Francisco De Roux, en su momento Director del Cinep, Monseñor Leonardo Gómez Serna que, desde la Diócesis de Socorro y San Gil, lideraba el movimiento “Derrotemos la guerra”. Entonces, con miles de activistas y procesos sociales y comunitarios, constituimos en 1993 la Red de Iniciativas Ciudadanas por la paz, Redepaz y allí seguimos construyendo amistad y acción social compartida. En el año 2000 yo trabajaba en Corporación Nuevo Arco Iris y Antonio Sanguino, su director, me propuso trabajar en la secretaria técnica de una plataforma de entidades que insistíamos en las salidas negociadas, en medio de un conflicto armado enorme Esa plataforma se llamó Colombia Va, y mi interlocutor del día a día fue Lucho. Allí tuve la oportunidad de trabajar con él, ver su pasión, rigor, compromiso y capacidad de liderar. No sé en que momento nos volvimos más y más cercanos, amigos de ejercicio y constituimos la tertulia del Pan Bendito, con Gonzalo Arcila, Liliana Galindo, Dorys Ardila, Vladimir Zabala, los más estables de la tertulia. Nos juntábamos en una cafetería de la Calle 45 con 24, que se llamaba el Pan Bendito. Buen pan, dueño acogedor y precios módicos. Desde esa tertulia le hicimos seguimiento al proceso de paz del presidente Juan Manuel Santos y las FARC y las dificultades para un proceso con el ELN, hablábamos de la acción social y política. Eran maravillosos momentos de compartir y tomarle el pulso a la vida del país. Lucho era una caja de sorpresas, todo lo que vivió, todo lo que sabia, generosidad, alegría y compromiso. Hasta sus últimos días mantuvo su pasión de siempre por una Colombia en paz y democrática. Buen viaje, querido Lucho, quienes tuvimos la fortuna de compartir la vida contigo, te llevamos en el corazón. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Desde 2016, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), muestra cómo los resultados en las Pruebas Saber 11 presentan una caída constante. De un puntaje inicial promedio nacional de 264 sobre 500, en la última evaluación (en 2021) cayó a 250 puntos (ver gráfico). Lo que significa que los bachilleres colombianos salen cada año con menores competencias para pensar, comunicarse y convivir; con menos conocimientos en matemáticas, comprensión lectora y ciencias básicas, entre otros saberes. Fuente: Icfes, elaborado por https://diariocriterio.com/pruebas-saber-11-y-las-brechas-en-la-educacion/ Esta caída en los aprendizajes de los bachilleres se ha leído como un daño en la calidad de la educación; como un  deterioro en los aprendizajes socialmente deseados para los jóvenes que finalizan la educación secundaria. Deterioro que incide negativamente en todo el sistema social, tanto en el desempeño que tendrán como estudiantes en la formación del nivel superior –para los afortunados que continúan en la educación terciaria–, como para los que ingresan de inmediato a trabajar en el mercado laboral. Dado que la educación está en la lista de los bienes preferentes o meritorios, es decir, entre aquellos bienes y servicios que son valorados positivamente por la sociedad, pues, además de beneficiar a quien se le entrega el bien o lo consume, también tiene efectos positivos en otros actores sociales como los familiares, amigos, vecinos y colegas, la sociedad le ha puesto históricamente un especial interés a todos los componentes que se relacionan con ella, desde temas de cobertura y equidad, hasta asuntos de financiamiento y calidad. En las últimas décadas, debido al mal desempeño de los estudiantes en las diversas pruebas que se les realizan –Timms, Saber, Saber Pro–, la calidad se ha convertido en uno de los asuntos más importantes en la agenda de política educativa. Académico, hacedores de política y personal administrativo se preguntan por los factores que inciden en los negativos y preocupantes resultados que periódicamente se presentan. La mayoría de estudios sobre calidad de la educación se han centrado en asignarle una gran responsabilidad a los docentes y personal administrativo. De allí que les exijan a los docentes: mayor formación profesional, más experiencia educativa y mejores resultados en la evaluación periódica; y a los colegios, mejores dotaciones en laboratorios, zonas de estudio y deporte, y contar con una estructura administrativa adecuada –rector, consejo de padres, personero, etc.–. Además, mejorar otros componentes como las metodologías de enseñanza y los contenidos curriculares. Sin embargo, los estudios más recientes sobre eficacia escolar, que consideran el conjunto de aspectos que inciden en el buen desempeño de los estudiantes,vienen insistiendo en la importancia de poner la mirada en otros factores tradicionales pero abandonados de la educación, como las condiciones cognitivas, afectivas y nutricional de los estudiantes, así como las características socioeconómicas de los miembros de las familias y las dotaciones de los hogares. Advierten que, aunque se cuente con docentes bien preparados, personal administrativo idóneo y colegios bien dotados, los resultados en la educación pueden ser deficientes. Esa mirada holística insiste en que las condiciones en las que viven los estudiantes determinan el rendimiento escolar. Apunta que sería muy conveniente tener padres de familia educados, condiciones socioeconómicas del hogar favorables, buen trato en la casa y un entorno barrial pacífico. Resaltan lo problemático que resulta para el buen rendimiento que un estudiante reciba clases o haga tareas con lazos afectivos deteriorados, en un entorno familiar con peleas constantes, maltrato y violencia recurrente. Insisten en que los resultados escolares son deficientes cuando los educandos viven en hogares donde los recursos económicos no son suficientes para tener la alimentación necesaria para el desarrollo cognitivo y físico. En breve, que las carencias de afectos, en alimentos y de salud mental impacta mucho el desempeño de los estudiantes. Y que, en muchos casos, estos factores resultan más importantes que los tradicionales –de docente e institución educativa– en la calidad. Propuestas de análisis que nos llevan, necesariamente, a pensar, primero, en las consecuencias que ha tenido y tendrá la pandemia por Covid-19 en la reducción de la calidad de la educación. Pues esta situación desnudó la precaria situación en las que viven millones de estudiantes en sus hogares, siendo el no acceso a la educación por vía remota –no tener conectividad– un indicador de la situación. Al igual que el alarmante incremento de denuncias por violencia intrafamiliar. Por otra parte, se insta a pensar en la lógica que viene imponiéndose en el país frente al comportamiento de la pobreza, pues son innumerables los estudios que evidencian cómo el país está viviendo un incremento de la pobreza monetaria extrema generalizada; y con ella, el empoderamiento del hambre como plaga, que pone al país en la mira de los estados con riesgo de hambre aguda, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). De allí que sea conveniente recordarles a las autoridades nacionales, departamentales y municipales estudiar con mayor detenimiento los factores que inciden en la calidad educativa. Es necesario reconocer la importancia de las características familiares y sociales de los estudiantes en el rendimiento escolar. Y en ese sentido, elaborar políticas públicas multisectoriales, encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las familias como estrategia para impactar positivamente la calidad educativa. No basta con pensar todo en términos de volver al colegio y allí exigirle a profesores y personal administrativo que diseñen estrategias para aumentar el rendimiento escolar. Es urgente en el país pensar en el diseño o fortalecimiento de programas y acciones públicas encaminadas a acompañar a las familias en temas económicos y psico-afectivos. Continuar con los apoyos monetarios para los tiquetes estudiantiles –para la movilidad de los jóvenes desde sus viviendas a lugares de estudio–, con comidas o vasos de leche en los restaurantes escolares –para entregar un complemento alimentario– y con diagnósticos y mejoramientos en salud mental de los jóvenes. Pensar solo en evaluar periódicamente a las instituciones educativas y a los profesores, en solicitar revisiones,cambios permanentes en los currículos y en dotar cada vez con mayores tecnologías a los colegios, es un error. Con ello se estaría ignorando las recomendaciones que hacen los estudios sobre eficacia escolar de ponerle cuidado al primer y más importante eslabón de la cadena de la educación: la pobreza en los hogares, y en este entorno las condiciones cognitivas, afectivas y nutricionales de los estudiantes.

Por: Camilo Díaz Suárez y Ernesto Medrano Línea de Democracia y Gobernabilidad El Próximo 13 de marzo de 2022 se llevarán a cabo las elecciones legislativas en las que se escogerán senadores y representantes a la Cámara para integrar un nuevo Congreso de la República. Para la Cámara de Representantes se inscribieron 1562 candidatos en 333 listas, de los cuales, siguiendo a la Registraduría, 18 aspiran a ocupar una de las 2 curules que tiene el departamento de La Guajira. Estos 18 aspirantes se encuentran repartidos en 6 listas: Partido de la U, la Coalición Mira - Colombia Justas Libres, Partido Conservador, Partido Liberal, Partido Colombia Renaciente y la Coalición Pacto Histórico. Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), junto con la Fundación Wayúu Anashi, se realizó un espacio llamado “Diálogos por Maicao”, con el fin de conocer las propuestas y la agenda legislativa de los candidatos maicaeros que están aspirando a la Cámara de Representantes. Maicao tiene cinco (5) candidatos: Hernando Salom Brito (Partido Conservador), Jarlen Garrido (Partido Liberal), Alejandro Rutto (Partido de la U), Felix Rosanía e Igor Díaz (Pacto Histórico). De estos, solo Díaz no asistió al encuentro. El espacio consistió en una primera ronda de preguntas de respuesta abierta, para lo cual se disponía de cuatro (4) minutos para responder. Después, se realizó una serie de preguntas de respuesta cerrada (de sí y no) y, al final, los candidatos contaron con dos (2) minutos para decir a qué se comprometen con los maicaeros en caso de quedar elegidos. Esto fue lo que dijeron:

Por: Esteban Salazar. Coordinador Línea de Investigación Democracia y Gobernabilidad. @estebanalitic. La elección del próximo Congreso es un enigma completo. Sin embargo, hay 4 factores que vaticinan un cambio. Tal vez no será tan alto como el que muchos esperan, pero sí parece ser significativo. Primero, desde la firma del Acuerdo de Paz, la democracia plebiscitaria y polarizada que puso a Iván Duque en el poder se ha ido desgastando a nivel institucional. El fin de la guerrilla de las FARC, gracias al Acuerdo de Paz, es un hecho, a pesar de los incumplimientos. Segundo, la llegada de gobiernos alternativos en 2019 en las 10 primeras capitales del país, y en algunos departamentos, aportó la cuota inicial de un cambio en el electorado. Tercero, la pandemia catalizó la compleja situación económica del país en un estallido social sin precedentes. Y cuarto, el país ha entrado en el posuribismo, con la decadencia de su máximo líder, su partido y los deficientes resultados de Duque en el bastión de la seguridad. Todos estos ingredientes hacen parte de la receta de un cambio. A estos hay que agregar un empujón que ha dado la justicia de forma sigilosa, pero eficiente: la decadencia de los Clanes políticos, en casos como el de los Aguilar en Santander, tras la captura del exsenador Richard Aguilar; los Gnecco con los procesos contra el gobernador Monsalvo Gnecco; y los Char, tras el escándalo destapado por Aída Merlano. A su vez, esto tiene un impacto en el electorado y la reacomodación de las fuerzas políticas. Las izquierdas, congregadas en partidos alternativos, emergentes y progresistas, le han salido al paso a esta coyuntura con una estrategia menos audaz de lo que se esperaba, pero haciendo la tarea. Sin duda, las presidenciales han tenido un impacto en las legislativas. Esto, debido a la conformación de las coaliciones, las disputas y los escándalos; pero el cambio más importante se materializará en la composición del Congreso. Por esta razón, más allá de los cálculos estadísticos -que son importantes, pero insuficientes-, este ejercicio es apenas especulativo, combinando análisis cuantitativo y cualitativo sobre las dinámicas territoriales y las candidaturas del que sería el nuevo Congreso. Un monstruo de 296 cabezas El próximo Congreso de Colombia estará conformado por 296 curules distribuidas de la siguiente manera: 107 senadores y senadoras elegidos el 13 de marzo, y una (1) curul adicional en Senado reservada, según el estatuto de la oposición, al candidato presidencial que resulte segundo en la elección. 187 representantes a la Cámara elegidos el 13 de marzo, y una (1) curul adicional en Cámara de representantes reservada, según el estatuto de la oposición, al candidato vicepresidencial que resulte segundo en la elección. Cabe resaltar que esta será la primera vez en la que se escogerán 16 curules en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP). Cámara de Representantes - Total Departamental Cámara de Representantes - Total Circunscripciones Especiales Cámara de Representantes - Total CITREP Son una cantidad considerable de curules, pero lo son más las candidaturas: 2.835 para 2022. Apenas uno (1) de cada 10 candidatos que se presentaron lograrán llegar al Congreso. Para el caso de Senado, se presentaron 16 listas, con 912 candidatos que compiten por las 105 curules nacionales; y 9 listas, con 22 candidatos que compiten por las 2 curules indígenas. Para el caso de Cámara de Representantes, se presentaron 314 listas y 1901 candidatos. Cabe resaltar que, para el caso de Cámara, hay que tomar por separado las listas a nivel departamental (58 listas y 1.335 candidatos); las listas para las curules afro (48 listas y 129 candidatos); las listas para la curul en el exterior (10 listas y 22 candidatos), las listas para la curul indígena (7 listas y 12 candidatos); y las listas para las 16 curules CITREP (202 listas y 403 candidatos). Los umbrales y los cálculos Teniendo en cuenta los factores que impulsan el potencial cambio, el complejo nivel de factores asociados a la dinámica electoral, así como la frenética coyuntura nacional e internacional, este ejercicio se centrará en la composición de Senado, teniendo en cuenta que es un escenario representativo para otorgar la personería jurídica a un partido o movimiento. La personería jurídica radica en la posibilidad de que se mantenga u obtenga el estatus de partido, con la posibilidad de otorgar avales, acceder a financiación estatal y participar en elecciones durante 4 años. Para esto, cada partido que presentó listas deberá obtener una votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente (votos de todos los partidos más votos en blanco) en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Pero no se podrán sumar votos de Cámara y Senado. Dicho de otra forma, cada partido deberá superar un umbral de votación mínima para alcanzar a una curul y a la personería jurídica. Para el caso de Senado, el cálculo aproximado es el siguiente: en 2018 el censo electoral estuvo en 36.493.318 personas habilitadas para votar. En efecto, el día de las elecciones participaron 17.818.185 personas (48,82%), de las cuales: 14.474.450 votaron por una lista o partido, 835.445 votaron en blanco, 1.137.133 fueron votos anulados y 871.444 fueron votos no marcados. Para efectos de los votos válidos, solamente se tienen en cuenta los votos por lista o partido más los votos en blanco, lo que en 2018 equivalió a 15.211.916 votos. Con estos se calcula el 3% -que es el umbral-: 456.357. Estos fueron los votos mínimos exigidos en 2018 para pasar el umbral y alcanzar una curul en Senado. Fundamentalmente, de esto depende que un partido logre obtener la personería jurídica. Luego, por medio de otro cálculo -el de la cifra repartidora-, se asignan las curules. La cual, según estos cálculos, estaría por el orden de los 159.090 votos. Retomando el análisis del umbral para 2022, si se tienen en cuenta las últimas 3 elecciones a Congreso, para este año el umbral estaría aproximadamente en 552 mil votos y los votos válidos estarían por el orden de los 18.406.418, con un censo electoral de 38.819.901 posibles votantes. El Oráculo En ese sentido, las apuestas para Senado estarían de la siguiente manera: si los votos válidos se componen de votos por lista o partido más los votos en blanco, para dar un cálculo aproximado más exacto, habría que descontar los votos en blanco, para poder asignar los votos que obtendría cada partido y la cantidad de curules posibles. Así pues, teniendo en cuenta un incremento de los votos en blanco de 2014 (746.659) y 2018 (835.445) del 12%, para 2022 los votos en blanco podrían estar por el orden de los 935.698 votos. Lo que se traduce en que la repartición de votos por partidos será, aproximadamente, de 17.470.720 votos. Escenarios Eso plantea, por lo menos, tres escenarios de aproximación a los resultados y posible conformación del Senado. En el primer escenario, 9 partidos y coaliciones pasarían el umbral. El de mayor votación y curules sería el Pacto Histórico, dada la fuerza que ha tenido su lista y el impulso de Gustavo Petro en las encuestas. Por su parte, el partido Conservador, la Coalición Centro Esperanza y partido Verde y los cristianos Mira y Justa Libres, mantendrían una participación similar a la que ostentan actualmente por cada partido. Los grandes perdedores serán el Centro Democrático, el partido de la U y Cambio Radical, quienes han entrado en desgracia por las capturas, los escándalos y los problemas a nivel territorial de mantener sus estructuras. En cualquier escenario se están jugando su supervivencia. En menor medida, se calcula que el partido Liberal, ante las divisiones de su bancada actual entre Alejandro Gaviria, Gustavo Petro y César Gaviria, podrían reducir parcialmente su bancada. Finalmente, el Nuevo Liberalismo sería el único partido nuevo que entraría, teniendo en cuenta que en Bogotá Carlos Fernando Galán logró una votación importante, cuentan con una lista importante al Senado y una campaña con mayores recursos que las demás listas nuevas. Escenario 1 Partido Curules Estimadas Pacto Histórico 17 Partido Conservador Colombiano 14 Partido Centro Democrático 13 Partido Liberal Colombiano 12 Partido Cambio Radical 11 Coalición Alianza Verde Y Centro Esperanza 10 Coalición Mira Y Colombia Justa Libres 8 Partido De La U 8 Nuevo Liberalismo 7 Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación (Pares) El segundo escenario se diferencia parcialmente del primero por la inclusión del movimiento Fuerza Ciudadana, teniendo en cuenta que logre superar el umbral. En este escenario se calcula que tendría que superar notablemente el umbral para llegar a ocupar, al menos, 3 o 4 curules en Senado. Esto significaría una reducción en las curules de partidos como Centro Democrático, Coalición Mira y Justa Libres, partido de La U y Nuevo Liberalismo. Se establece en este orden, toda vez que, luego del Nuevo Liberalismo, esta lista sería la que tendría mayores probabilidades de resultar elegida, teniendo en cuenta la fuerza política que acompaña la lista en Magdalena, el ejercicio realizado por Carlos Caicedo en 2018 en la consulta con Gustavo Petro y la relevancia de las personas que encabezan la lista. En el tercer escenario, y el que podría marcar una sorpresa para la composición del Congreso, además del incremento de curules en partidos alternativos y coaliciones como ya se mencionó anteriormente, sería en el que Estamos Listas lograra superar el umbral y poner, al menos, 3 senadoras. El reconocimiento a este valioso ejercicio para la democracia, ampliando la representación de movimientos feministas está atravesado por una compleja dinámica electoral y un umbral alto, sobre el cual se requiere un amplio esfuerzo para alcanzar esta votación mínima. Sin embargo, el ejercicio realizado en las elecciones de 2019 cuando obtuvieron una curul en el Concejo de Medellín es una muestra de que podrían ser la gran sorpresa. Para este caso, en el que pasarían el umbral Estamos Listas y Fuerza Ciudadana; el partido Conservador, Cambio Radical y el Pacto Histórico perderían una curul cada uno. El país va a cambiar. El Congreso va a cambiar. Tal vez no a los ritmos que se espera, pero tener apuestas como las de Estamos Listas, la llegada de nuevas caras al Congreso, de jóvenes y mujeres, son fenómenos que requieren análisis más extensos, que se harán en una próxima entrega.

Por: Laura Cano Periodista Pares Recientemente el presidente Iván Duque informó que a través de “una operación de nuestra Fuerza Pública en Puerto Rondón, Arauca, habrían sido neutralizados 10 integrantes de la estructura décima de disidencias de las Farc. Cuatro criminales heridos, reconocen que presuntamente entre los abatidos está el cabecilla alias ‘Arturo’”. Adicionalmente, y como dio a conocer Diego Molano, ministro de Defensa, el operativo se dio en respuesta a una información de la inteligencia de la Policía que conoció el ingreso de un reducto de las disidencias que se trasladaba desde Venezuela hacia Colombia. Según lo informado por medios de comunicación, además de los dados de baja, habrían cinco combatientes más que fueron atendidos por las unidades del Ejército en la vereda El Paisaje de Puerto Rondón. Igualmente, siguiendo lo detallado por Blu Radio, a la zona se desplazó la cúpula militar para obtener el resultado operativo.También se ha dado a conocer que se incautó una gran cantidad de armamento y se recaudó importante información de inteligencia. Por otra parte, y retomando lo mencionado por Iván Duque, hay que decir que Jorge Eliécer Jiménez Martínez, conocido bajo el alias de ‘Arturo’ o ‘Gerónimo’, quien sería uno de los jefes del frente Décimo, como se reseñó en Revista Semana, fue reclutado por alias ‘Dairo’, quien comandaba el frente décimo de las Farc en Arauca. Tras esto fue ganando cargos de alta jerarquía, llegando a ser el segundo puesto más importante dentro de este frente, detrás de alias “Granobles”. “Entre los crímenes más atroces por los cuales estaba siendo investigado se encuentra la presunta participación en la masacre de 62 militares que se encontraban en la quebrada El Billar, ubicada en Cartagena del Chairá (Caquetá), en 1998. (...) En cuanto a su actuar delictivo, tras la firma del Acuerdo de Paz con el Gobierno nacional en 2016, un informe de inteligencia militar aseguraba que ‘Arturo’ se encontraba en territorio venezolano, desde donde planeaba y coordinaba “todo tipo de acciones terroristas en contra de la infraestructura crítica del Estado y la Fuerza Pública, cobros extorsivos, reclutamiento forzado, trabajo de masas””, se lee en el medio. Como señala Luis Eduardo Celis, integrante de la Fundación Paz & Reconciliación, este Frente 10, que son aliados de ‘Iván Mordisco’ y de ‘Gentil Duarte’, contra la ‘Segunda Marquetalia’, la disidencia de ‘Iván Márquez’, ‘Santrich’ y el ‘Paisa’, ha tenido presencia en Apure (Venezuela), Arauca (Arauca) y se estaban expandiendo a Arauquita, Saravena y Fortul. Además, han estado fuertemente ligados con las mafias mexicanas para mover narcotráfico del Catatumbo a Venezuela. Además, han emprendido una disputa con el ELN, de la que no han salido victoriosos aún, por el contrario, todo parecería indicar que el ELN tiene ventaja. Por otro lado, vale la pena mencionar que alias ‘Arturo’ había estado implicado en los hechos del pasado enero en los que un carrobomba en Saravena provocó una explosión en las inmediaciones de las sedes de organizaciones campesinas y defensoras de derechos humanos. Puntualmente, el blanco sería la sede de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra. No obstante, la explosión también afectó algunos locales comerciales y viviendas, en especial el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. En el hecho perdió la vida Simeón Delgado, quien se desempeñaba como celador del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y quien falleció debido a la fuerte explosión. Además, cinco personas más quedaron heridas. Adicional, y tras la muerte de alias Romaña, los cabecillas de la Segunda Marquetalia se refirieron a alias ‘Arturo’, y también a Ferley González, Jaime 'Chucula' y ‘Antonio 28’, como supuestos infiltrados que habían permitido recolectar información de Romaña por parte del Ejército y la Polícia. Pero, uno de lo momentos más recientes en los que alias ‘Arturo’ y su frente resaltaron en la prensa, fue cuando se desataron en marzo de 2021 los enfrentamientos entre la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y las disidencias de las FARC, lo cual, entre otras cosas, provocó que más de 4000 personas, de la población de La Victoria, Estado Apure, se tuvieran que desplazar hacia Colombia También hay que recordar que en el 2009 alias ‘Arturo’ se postuló a la Ley de Justicia y Paz, y tuvo que responder por los delitos de secuestro, rebelión, hurto, secuestro simple, reclutamiento ilícito, aborto sin consentimiento, homicidio en persona protegida, entre otros crímenes por los que cumplía una pena de 40 años de prisión. No obstante, en 2017 quedó libre tras el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, y bajo la Ley de Amnistía, pero tiempo después se armaría de nuevo promoviendo la reconfiguración del Frente 10, el cual en Arauca ha ganado fuerza a través de “secuestros y extorsiones desaforadas”, explica Luis Eduardo Celis. Ahora bien, retomando la actual noticia, Celis analiza que el escenario en el que estaría ahora el Frente 10 no es muy claro, pues este queda muy disminuido en mandos importantes, por lo que habría que ver cuál será su capacidad de reacción. Por otro lado, se espera que formalmente se confirme la baja de alias Arturo, así como la identidad de las otras personas que murieron en medio de la operación, así como de quienes quedaron heridos.

Por: Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos El ELN anunció un paro armado que se desarrollaría entre el 23 y el 26 de febrero. Desde Pares realizamos un seguimiento a los hechos registrados en todo el país. Consúltalo en el siguiente mapa interactivo.

Por: Camilo Díaz Suárez Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad El secretario de educación de Maicao estaría presuntamente inhabilitado para ejercer el cargo, pero han pasado dos años desde que fue nombrado y continúa en él. Esto, teniendo en cuenta que, al estar intervenido el departamento y el municipio, el secretario no tenía facultades para la gestión del sector educativo, por lo que su nombramiento podría generar detrimento patrimonial. Elion José Medina Torres es un licenciado en etnoeducación para básica con énfasis en ciencias sociales y cultura. Cuenta con una especialización en Administración de la informática educativa y una maestría en Gestión de la Tecnología Educativa. Llegó a ser presidente del Concejo municipal en 2013 y en 2015 volvió a aspirar al Concejo, por el Partido de la U, sin conseguir quedar elegido. Mediante el Decreto 0018 del 10 de enero de 2020 fue nombrado como Secretario de Educación en el municipio de Maicao, La Guajira. Como ha dejado ver públicamente, su nombramiento fue fruto de los nexos que tiene con el alcalde de municipio, Mohamad Jaafar Dasuki Hajj, a quien le hizo campaña. Fuente: Documentos en posesión de enlaces territoriales de Pares Sin embargo, mediante el Decreto 0293 del 24 de enero de 2017, Medina Torres había sido nombrado docente etnoeducador para la atención de la población indígena. Como lo establece el marco normativo, el proceso de nombramiento de etnoeducadores no se rige por concurso, sino por un proceso de consulta previa con las autoridades tradicionales. Regido por el artículo 62 de la Ley 115 de Febrero 8 de 1994, dicta que “las autoridades competentes, en concertación con los grupos étnicos, seleccionarán a los educadores que laboren en sus territorios, preferiblemente, entre los miembros de las comunidades en ellas radicados. Dichos educadores deberán acreditar formación en etnoeducación, poseer conocimientos básicos del respectivo grupo étnico, en especial de su lengua materna, además del castellano. La vinculación, administración y formación de docentes para los grupos étnicos se efectuará de conformidad con el estatuto docente y con las normas especiales vigentes aplicables a tales grupos”. Esta disposición fue reiterada por el Decreto 1335 de 2015, que modificó el artículo 2 del Decreto 1060, estableciendo que “de conformidad con lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-871 de 2013, y mientras se expide el estatuto docente para etnoeducadores, los requisitos aplicables para la designación de este personal serán los establecidos en el artículo 62 de la Ley 115 de 1994, esto es: (i) una selección concertada entre las autoridades competentes y los grupos étnicos, (ii) una preferencia de los miembros de las comunidades que se encuentran radicados en ellas, (iii) acreditación de formación en etnoeducación y (iv) conocimientos básicos del respectivo grupo étnico, especialmente de la lengua materna además del castellano”. En este marco, siendo nombrado por un proceso de consulta previa y no habiendo ingresado al sistema educativo por concurso, Medina Torres solicitó una comisión para ocupar un cargo de libre nombramiento y remisión que le fue concedida mediante la Resolución 0032 del 10 de enero del 2020, mismo día de su nombramiento como secretario, por la Administración Temporal para el sector Educativo del Departamento de La Guajira, Distrito de Riohacha, municipios de Uribía y Maicao. El marco normativo al cual se refiere la Resolución 0032 para otorgar su decisión es la Ley 909 de 2004 y el Decreto 648 de 2017, que, entre otros, dicta en su Artículo 2.2.5.5.3.9 que la “Comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de periodo. Cuando un empleado de carrera con evaluación anual del desempeño sobresaliente sea nombrado en un cargo de libre nombramiento y remoción o de período, tendrá derecho a que el jefe de la entidad a la cual esté vinculado le otorgue, mediante acto administrativo motivado, la respectiva comisión para el ejercicio del empleo, con el único fin de preservarle los derechos inherentes a la carrera”. Esto, pese a que el nombramiento de Medina Torres no fue por concurso y, por tanto, no pertenece a la carrera. A su vez, con la Resolución 0032 la comisión fue otorgada y solicitada después de haber sido nombrado Medina Torres como Secretario de Educación. Ante la usencia de publicidad de la información, fuentes territoriales de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) compartieron la Resolución, donde se puede observar lo siguiente: Fuente: Documentos en posesión de enlaces territoriales de Pares Sumado a todo esto, Juliette Dumar Díaz, esposa de Medina Torres, ocupa el cargo en propiedad de Directivo Docente (Coordinador) en la planta de Docentes, Directivos Docente y Administrativos del Municipio de Maicao, asignada a la Institución Educativa No. 11 sedes El Carmen y Pilar Antonia Ojeda. Fuente: Función Pública Cabe recordar que de acuerdo al artículo 126 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, establece que “los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Por este tipo de hechos, Katerine Paola Almazo Hernández radicó una queja ante la Procuraduría Regional de La Guajira en contra de Elena Ruiz Guarín, exgerente de la Administración Temporal para la educación; Mohamad Dasuki, alcalde de Maicao, y Elión José Medina Torres, Secretario de Educación de Maicao, la cual fue conocida por Pares. Según recoge la queja, la Administración Temporal para el sector educativo del Departamento de La Guajira, el Distrito de Riohacha y los Municipios de Uribia y Maicao, al momento de aprobar y conceder la comisión para ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción Medina Torres, lo habrían nombrado estando inhabilitado por el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Además, se hace el llamado a que el proceso de la comisión se dio en un solo día, dando paso a errores y desaciertos que podrían implicar un detrimento patrimonial “dado que cuando se realizó el nombramiento de marras, la educación en el departamento de La Guajira y específicamente del municipio de Maicao, se encontraban intervenida por la Asunción Temporal de Funciones por la DAF (Dirección de Apoyo Fiscal) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la Resolución 0459 del 21 de febrero de 2017”. A la espera de una respuesta a la queja radicada, el secretario de educación continúa en su cargo ante las inconsistencias que rodean su nombramiento.

Por: Ernesto Medrano Asistente de Investigación – Línea de Democracia y Gobernabilidad En una de las zonas más olvidadas del país, en el departamento de La Guajira, se encuentra el municipio de Uribia, conocido como el municipio indígena de Colombia por albergar una extensa población wayúu en su territorio. Precisamente en este territorio de la Alta Guajira, en donde prima la pobreza, el hambre y la ausencia de servicios públicos, la clase política hace campaña, pero no proporciona nada a la comunidad. Resulta que Juan Loreto Gómez Soto y Carlos Trujillo, candidatos a Cámara de Representantes y Senado de la República por el Partido Conservador, estarían ofreciendo tierras a cambio de votos. Una apuesta bastante inusual en el juego electoral, si no fuera porque las tierras que están ofreciendo a cambio de votos no son de su propiedad. De acuerdo con la Resolución 0225 del 2022, el predio denominado Flor del Campo pertenece a la alcaldía de Uribia desde el 25 de enero. El predio estaba en manos del Ministerio de Defensa, pero fue transferido a título gratuito a la alcaldía. Sin embargo, los políticos inescrupulosos del departamento no titubearon en aprovechar el reciente cambio sobre la titulación del predio para engañar a la población y buscar votos. Resolución 0225 del 2022 Los candidatos conservadores Juan Loreto Gómez Soto y Carlos Andrés Trujillo no vieron ningún inconveniente en ofrecer escrituras públicas a los habitantes del sector Flor del Campo, a cambio de que los apoyen en las elecciones del 13 de marzo. Esto llama la atención porque el ofrecimiento se estaría haciendo a nombre de la alcaldía dirigida por Bonifacio Henríquez, aliado de Trujillo. Paradójicamente, desde la alcaldía no han dado una respuesta contundente sobre esta situación. ¿Quién es Carlos Trujillo? Carlos Andrés Trujillo es un barón electoral que ha logrado expandirse dentro del Partido Conservador desde que fue alcalde de Itagüí entre el 2012 y el 2015, con 41.059 votos que representaron el 39,6% de los votos totales en el municipio. Tras su paso por la alcaldía, Trujillo logró poner como alcalde de Itagüí, para el periodo 2016 – 2019, al ex concejal León Mario Bedoya con 57.485 votos. Es importante precisar que Mario Bedoya obtuvo 1.798 votos para alcanzar la credencial como concejal de Itagüí por el Partido de la U. Esto quiere decir que Trujillo logró transferirle gran parte de su caudal electoral a Bedoya. En 2018 Trujillo ya contaba con un importante poder no solo en Antioquia, sino al interior del directorio del Partido Conservador. Sus alianzas estratégicas lo ayudaron a obtener una curul en el Senado, con el aval del Partido Conservador, con 24.089 votos. Sin embargo, alrededor de Trujillo hay más sombras que luces, pues resulta que Trujillo tiene al menos 21 denuncias en la Fiscalía por delitos asociados a la corrupción y 7 procesos abiertos en la Corte Suprema de Justicia. Así mismo, el Senador ha explotado su poder local repartiendo cargos burocráticos en las alcaldías que ha controlado. Desde el 2012, Trujillo ha logrado posicionar a sus amigos y familiares en cargos públicos al interior del municipio. Algunos de los funcionarios afines a Trujillo son: Daniel González Giraldo (Director de la Dirección Desarrollo Económico de Itagüí); Eliana María Arias Ramírez (Secretaria de Hacienda de Itagüí); Gloria Chávez (Secretaria General de la alcaldía); Rafael Otálvaro (Secretario de Seguridad); Wilfredo Madrigal Hoyos (Secretario de Infraestructura); Paula Andrea Trujillo (Asesora de la Personería Municipal); Natalia Trujillo (Asesora de la Secretaría de Hacienda) y Luz Adriana Henao (Equipo de comunicaciones de la alcaldía). Todo queda en familia ¿Quién es Juan Loreto Gómez? Juan Loreto Gómez Soto es hijo de la representante a la cámara por el departamento de La Guajira, María Cristina ‘Tina’ Soto, quien se encuentra investigada por la Corte Suprema de Justicia por la presunta compra de votos en el municipio de Maicao para las elecciones legislativas del 2018. Así mismo, ‘Tina’ Soto pertenece al Clan Nueva Fuerza Guajira, liderado por el representante del Partido de la U, Alfredo Deluque Zuleta. A pesar de que fuentes en territorio afirman que hay divisiones entre ‘Tina’ Soto y Deluque, ella sigue perteneciendo al clan. Como buen hijo, Juan Loreto busca heredar la curul de su madre para representar a todos los guajiros en la Cámara de Representantes. Sin embargo, las alianzas que ha establecido con Deluque y con Trujillo generan suspicacias sobre si realmente busca el bienestar de su comunidad o el beneficio propio. Uribia: la ciudad indígena envuelta en la pobreza Mientras todas las estrategias políticas cobran fuerza en el departamento, las condiciones de los ciudadanos no mejoran. De acuerdo con el Dane, La Guajira es el departamento con mayor pobreza monetaria y el cuarto departamento con mayor pobreza multidimensional, solo por debajo del Vichada, Guainía y Vaupés. Dentro de este departamento, Uribia y Manaure se sitúan como los municipios con el mayor porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI. Así mismo, en Uribia la pobreza multidimensional alcanza el 92,2% (Cepal, 2018), y concentra el 41% de la población Wayúu del departamento. El pasado político de Uribia no es alentador, pues han tenido que soportar el dominio de la cacica electoral Cielo Redondo y Wilmer González. Redondo ha sido señalada de ser la jefa política de la estructura criminal de la alta guajira, comandada por alias ‘Pablo’. González por su parte, fue condenado a 10 años de cárcel por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, corrupción al elector, fraude procesal y falsedad en documento privado. Recientemente su condena fue reducida a 9 años de prisión y fue enviado a casa por cárcel. Con todo este panorama, y a pesar de que la Procuraduría abrió indagación por las falsas promesas de Juan Loreto Gómez Soto y Carlos Trujillo, es preocupante que la clase política de La Guajira, que no ha logrado mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables, emplee maniobras aberrantes como el ofrecimiento de legalización de predios públicos a cambio de votos.