Por: Laura Cano Periodista Pares Hoy, de nuevo, el país se levantó con la noticia de dos líderes sociales asesinados. Esta vez sus nombres eran Teófilo Acuña y Jorge Alberto Tafur, liderazgos y vocerías en el Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Sur del Magdalena y Santanderes. Ellos fueron asesinados en San Martín, Cesar, por sujetos armados que llegaron a la vivienda en donde estaban, siendo cerca de las 9:45 p.m. La situación fue denunciada y rechazada, no solo por la sistematicidad con la que se presentan estos hechos, sino también ante el miedo, zozobra y el irreparable daño al tejido social que estos casos están generando en las comunidades. Las cuales, aún en medio de contextos de guerra y conflicto, le siguen apostando a la defensa de los derechos humanos. Teófilo Acuña fue presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar; vocero del Congreso de los Pueblos y destacado dirigente campesino del sur de Bolívar y sur del Cesar. Jorge Tafur, por su parte, fue sindicalista; participó en las luchas de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –ANUC-; hizo parte de Fedeagromisbol y desde hacía varios años venía cumpliendo un destacado papel como vocero de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, CISBSC. Además, en noviembre del año pasado fue elegido miembro de la Junta Nacional del Coordinador Nacional Agrario. Hay que señalar que, en el municipio de San Martín, donde fueron asesinados estos dos líderes, tiene presencia el Clan del Golfo, según el seguimiento hecho desde el Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación, SIPARES. Además, en esta zona del sur del Cesar, donde se centraba el trabajo de los Acuña y Tafur, también se registra presencia del ELN. Ambos grupos (Clan del Golfo y ELN) tienen presencia en el sur de bolívar, las otras zonas donde se concentraba la labor de estas dos personas y las organizaciones de las que hacían parte. Por otra parte, hay que recordar que, recientemente, desde la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, CISBSC, se había denunciado que comunidades campesinas del municipio estaban siendo hostigadas y amenazadas por la policía, el alcalde de San Martin y una persona de nombre Wilmer Díaz, conocido terrateniente de la zona. Además, se había denunciado que los líderes habían sido amenazados directamente en sus viviendas con anterioridad. “Estas situaciones fueron denunciadas ante las autoridades, que nada hicieron para proteger sus vidas”, señaló la organización a través de El Espectador. Frente a los asesinatos, la Fiscalía comunicó que destinará un grupo de fiscales, criminalistas y forenses para investigar y esclarecer el crimen. Por su parte, desde del Alto Comisionado de las Naciones Unidas se expresó el rechazo a este caso. Asimismo, desde el Coordinador Nacional Agrario se aseveró que “estos asesinatos hacen parte del plan de exterminio dirigido a las organizaciones sociales, políticas, ambientales y populares que se oponen al modelo de destrucción y despojo de la vida en Colombia, pretendiendo consolidar sus intereses voraces en las regiones para entregar los territorios al capital transnacional bajo instrumentos como las Zonas Futuro, la ley de seguridad ciudadana, y el paramilitarismo”. La organización también agregó que “la muerte de Teo y Jorge fueron planeadas con anticipación, con el aporte de la Fiscalía que en varias ocasiones busco judicializarlo y sindicarlo junto a otros liderazgos campesinos”. Respecto a lo anterior, hay que recordar en diciembre de 2020, desde el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) se denunció la detención arbitraria de Teófilo Acuña, quien había sido detenido junto a Adelso Gallo, miembro de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (ASONALCA) y Rober Daza, integrante del Comité de Integración de Macizo Colombiano (CIMA). Se alertó que esto se había dado en represalia a su labor en defensa de los derechos campesinos, de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Además, se resaltó que los tres defensores eran integrantes del Coordinador Nacional Agrario (CNA), del Congreso de los Pueblos y portavoces de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular. Acuña había sido detenido en horas de la tarde del 15 de diciembre de 2020, en Barranco de Loba, Bolívar, por miembros de la Policía Nacional. Además, se estableció que las órdenes de detención de los tres defensores fueron solicitadas por la Fiscalía 174 de Santa Marta por el delito de “rebelión”, y estas fueron formalmente expedidas por el Juzgado 2 Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías de la ciudad de Popayán, departamento del Cauca. También hay que traer a colación que tan solo un mes antes de esto, en noviembre, había sido asesinado Carlos Navia, quien también hacía parte del Coordinador Nacional Agrario y del Congreso de los Pueblos, era líder social de Argelia, Cauca, y fue fundador de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Argelia. Asimismo, Nava llevaba a cabo una labor de rechazo a las fumigaciones con glifosato en el Cañón del Micay. Cerramos esta nota recordando las palabras de Teófilo Acuña pidiendo justicia para que tanto su caso, como el de Jorge Tafur, y el de cada uno de las y los líderes que han sido asesinados se resuelvan y se reparen tanto a sus familias, como a los procesos de los que hacían parte. “Quieren acabar con el movimiento social. Quiero acabar con el defensor y defensora de derechos humanos. Quieren acabar con el líder y la lideresa. Aquí el proyecto es asesinarlos a uno, para que uno se calle. (...) siempre han creído que asesinándolo y desapareciéndolo a uno se acabó el proyecto social. Eso no va a ser tan fácil, pues estos procesos no son una persona, son un movimiento”, Teófilo Acuña.

Por: Laura Cano Periodista Pares Durante este fin de semana fue atacada con ráfagas de fusil y explosivos la estación de policía de Aguaclara, Cúcuta, zona rural de la capital de Norte de Santander. Los hechos se presentaron en horas de la madrugada de este domingo, generando una situación de miedo y zozobra en la población, pues, además, luego del ataque, hubo enfrentamientos armados entre militares y los hombres del grupo armado ilegal. Este hecho provocó la grave afectación de las instalaciones del lugar. Adicionalmente, en el medio La Opinión se informó que: “Se han neutralizado más de 30 artefactos explosivos instalados en varios sectores del corregimiento, algunos en ‘tatucos’, como el que lanzaron contra la estación de Aguaclara, y otros enterrados en el piso, tipo mina, como el que se detonó controladamente en el parque de La Virgen, ubicado a unos pocos metros del casco urbano”, aseguró el general Fabio Caro, comandante del Comando Específico de Norte de Santander (Cenor). Por su parte, en el medio también se especificó que: “Eran dos camionetas las encargadas de instalar los artefactos y fue uno de esos los que lanzaron contra la estación. Ya sabíamos que se nos iban a ‘meter’, entonces desde las 9:00 de la noche, los uniformados empezaron a salir y posicionarse en espacios estratégicos, para estar atentos cuando llegaran”. Ningún uniformado de la Fuerza Pública quedó herido, la Segunda División del Ejército Nacional, con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y la Policía neutralizaron a uno de los hombres armados que preparó el ataque. Incluso, en La Opinión también se aseguró que “varios hombres salieron heridos y estarían siendo atendidos en un centro asistencial de Venezuela, ubicado en La Fría (estado Táchira)”. Adicionalmente, también se comunicó que fueron incautadas tres armas largas y explosivos. Ahora bien, hay que resaltar que tan solo una semana atrás, en esta misma estación de Policía se presentó un ataque armado que presuntamente habría sido ejecutado por miembros del ELN. La estación recibió impactos de fusil, y a pesar de la gravedad de los hechos no se reportaron heridos por parte de la Policía. A toda esta situación se suma que también durante este mes se registraron otros ataques en contra de la Fuerza Pública en otras zonas de Norte de Santander. El 12 de febrero se informó que en Puerto Santander uniformados fueron atacados con ráfagas de fusil. En el hecho perdió la vida el uniformado Francisco Javier Sánchez Murillo, y resultaron heridos Javier Sánchez Burgos, Feisar Escalante y Andrés Franco Castillo. De hecho, con esto también se dio a conocer que en la base militar de Oripaya, jurisdicción que se encuentra a solo minutos del lugar del ataque a la patrulla, también se habían dado hostigamientos. Por esos mismos días era noticia que cuatro militares que se encontraban patrullando la vereda de Socuavo del municipio de Tibú sufrieron afectaciones, luego de que la patrulla en la que realizaban operaciones en el Catatumbo pasó por un área minada por disidencias de las Farc. En el hecho Miguel Ángel Natera Sagarra perdió la vida a causa de la detonación de los artefactos explosivos, mientras que otros tres soldados resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. La responsabilidad de este caso se le atribuyó al Frente 33, de las disidencias de las Farc. En febrero también se conoció que “el Brigadier General Óscar Antonio Moreno Miranda, comandante de la Policía de Cúcuta, fue víctima de un ataque en su contra, pues cuando se estaba movilizando en la vía entre La Ye de Astilleros y Zulia, fue atacado con explosivos junto a la caravana que lo acompañaba en donde se encontraban varios uniformados, sin embargo, no hubo víctimas que lamentar tras el hecho. Días atrás en la primera semana del mes, la subestación de La Ye de Astilleros en el municipio de Zulia también fue atacada con explosivos que fueron lanzados desde un sistema de rampa usando volquetas, según pudo señalar el General Óscar Moreno”, informó Infobae. “Norte de Santander es uno de los departamentos donde convergen la mayoría de estructuras armadas ilegales: GAPF Frente 33, Frente 41, Frente 45, Frente Décimo Martín Villa; Frente de Guerra Nororiental del ELN, Frente Urbano Germán Velasco Villamizar del ELN, Frente Oriental de Guerra; el EPL; Los Rastrojos, y ahora último, Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Eso, en sí mismo, ya ha generado ciertos enfrentamientos por el control territorial. Por otro lado, los ataques a la Fuerza Pública se han producido bajo esa lógica de guerra que sostiene a las guerrillas, pues, los atentados los han realizado las guerrillas y no actores de corte paramilitar. De añadir, hay que resaltar la capacidad de coordinación simultánea que está demostrando el ELN, por ejemplo, el pasado 27 de enero, coordinaron siete ataques de los 10 que sacudieron a Colombia. De esos siete, 4 sucedieron en Norte de Santander, y tres en Cesar”, expuso una fuente de Pares en el territorio. Esta situación de constantes afectaciones y acciones violentas, no solo contra la fuerza pública, sino también contra la población civil, se ha mantenido constante en los últimos meses, por lo que el llamado sigue siendo urgente, pues se ha alertado que la situación puede agudizarse.

Por: Laura Cano Periodista Pares Se acercan las elecciones al Congreso, falta menos de un mes, y desde Pares damos los últimos campanazos sobre quiénes aspiran a las curules aun estando en medio de cuestionamientos. Exponemos los motivos que llaman la atención sobre la posible llegada de estas personas al Senado y a la Cámara de Representantes, poniendo en riesgo la democracia del país. Hoy nos enfocamos en Santander, una zona con influencia de los clanes políticos, como el Aguilar, el cual ha concentrado el poder y ha hecho de los cargos públicos un banquete de politiquería. Sin embargo, según el seguimiento de Pares, hay siete candidaturas cuestionadas por distintos motivos; una al Senado, y 06 a la Cámara. ¡Ojo! Aquí les contamos quiénes son y por qué deben cuidar su voto. 1. José Alfredo Marín González – Senado - Partido Conservador Este candidato, quien está en carrera para llegar al Senado, ha sido uno de los ‘bendecidos’ por el Clan Aguilar. Fue contratista de la Gobernación de Santander durante el mandato de Richard Aguilar Villa, contratista del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) en Santander y jefe de campaña y asesor del despacho del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar. Además, ya había tenido un intento por llegar al Congreso en 2018, más exactamente a la Cámara de Representantes, pero los votos no le alcanzaron, pues solo obtuvo 3.195. No obstante, y a pesar de que ese intento no funcionó, este año de nuevo Marín se prepara para representar al Clan Aguilar en el Congreso, pero esta vez en el Senado con el aval de Partido Conservador, y con Luis Eduardo Díaz Mateus como fórmula a la Cámara de Representantes, quien además sería el puente para que esta alianza se diera, junto con Orlando Aguilar Naranjo, quien también fue intermediario. Cabe recordar que Hugo Aguilar, hermano de Orlando Aguilar, fue condenado en 2013 a nueve años de prisión por sus nexos con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para ganar las elecciones a la Gobernación de Santander en 2003. Hugo Aguilar, padre, también ha sido investigado por hechos de corrupción como la existencia de irregularidades en el manejo de 20.000 millones de pesos del Parque Nacional del Chicamocha. Además, el exsenador Richard Aguilar fue capturado en el 2021 por presuntas irregularidades en contratos que suscribió entre 2014 y 2015, mientras fue gobernador de Santander. Su proceso sigue en la Corte Suprema, luego de que esta negara la petición para anular su proceso. El 8 de febrero fue acusado formalmente en una audiencia por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Las irregularidades por las que se le investiga se habrían dado en al menos 6 contratos. Uno de estos para reforzar el estadio de fútbol y hacer adecuación de piscinas y un coliseo, de 2014 y con un valor de $15.278 millones; un contrato de interventoría con una adición reconocida por más de $6.700 millones; un contrato para mejorar y rehabilitar un corredor agroforestal que fue entregado a una Unión Temporal en la que era empleado un primo de Hugo Aguilar; un negocio jurídico para el suministro de raciones de comida a estudiantes de 82 municipios de Santander; un contrato de obras en el corredor vial San Gil- Charalá de septiembre de 2014 y, finalmente, un contrato para la construcción del tercer carril de la vía Bucaramanga- Floridablanca, también de septiembre de 2014. En relación con este mismo hecho es investigado su otro hermano, Mauricio Aguilar, por presuntamente haber ocultado material probatorio a la Corte Suprema de Justicia. 2. Luis Eduardo Díaz Mateus – Cámara de Representantes - Partido Conservador Este abogado ha estado en la movida departamental desde 2012, año desde el que empezó a integrar la Asamblea departamental de Santander desde el 2012. Hoy es candidato por el Partido Conservador para la Cámara de Representantes, pero bajo su nombre también reposan algunos cuestionamientos, pues es heredero del clan de Iván Díaz Mateus, su hermano, y quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de concusión, al considerar que influyó en Yidis Medina para que votara a favor del primer proyecto reeleccionista de Álvaro Uribe en el Congreso. Según Medina, Díaz le ofreció "burocracia" a cambio de su apoyo. 3. Héctor Guillermo Mantilla Rueda – Cámara de Representantes - Partido Conservador El cargo más importante en cuanto a cargos públicos de este candidato, fue cuando ejerció como alcalde del municipio de Floridablanca, en 2015, con 21 años y estudiando todavía su pregrado. Fue elegido por el movimiento Renace Floridablanca. También fue asesor de despacho del secretario general y coordinador de la Presidencia Pro Témpore, a cargo de la República de Colombia, y jefe de gabinete de la Comunidad Andina (CAN). Ojo porque es cercano a Marta Lucía Ramírez, pero además se encuentra vinculado a un proceso por, presuntamente, pagar coimas de $90 millones para favorecer la elección del contralor y personero municipal en Floridablanca, junto con la aprobación de proyectos y compra de predios. Dentro de dicho proceso, ya fueron hallados culpables 18 de 19 concejales del periodo 2016-2019. Sumado a ello, tiene un proceso abierto por irregularidades contractuales de las ferias y fiestas, donde habría inconsistencias en la selección de la empresa ABC Producciones para que prestara los servicios requeridos. Finalmente, tiene una investigación disciplinaria por la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Floridablanca por el cambio del uso del suelo de terrenos de Ruitoque Alto. Este cambio en el uso del suelo habría presuntamente favorecido a personas como la representante a la Cámara Nubia López. 4. Érika Tatiana Sánchez Pinto – Cámara de Representantes - Liga de gobernantes anticorrupción Entre los cargos que ha tenido resalta su paso por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Santander, donde se gesta su cuestionamiento, pues ha sido alertado que trabajadores de esta institución estarían siendo obligados a recolectar firmas para que Sánchez pueda llegar a la Cámara de Representantes. Puntualmente, de estas firmas dependería la renovación de los contratos de los funcionarios del ICBF. Esto ha estado orquestado por Édgar Gómez Román, conocido como “El Pote”, quien ha hecho del Icbf de Santander un fortín clientelar y burocrático a su favor. Según el periodista y columnista de El Espectador, Jorge Gómez Pinilla, Érika Sánchez es ficha de “El Pote” y lo mismo ha sido sostenido por prensa local y otros columnistas como Miguel Ángel Pedraza, de Vanguardia. Adicional, en medio del escándalo en el que se filtró un audio de Rodolfo Hernández en el que pedía dinero para integrar la lista de su movimiento a la Cámara, según fuentes de La W, él habría recibido $1.000 millones para que Érika, como cuota de “El Pote”, fuera cabeza de lista. El hecho de que fuera ficha de Édgar Gómez no fue negado por Rodolfo Hernández. Pese a ello, estos nexos han sido negados por la candidata a la Cámara de Representantes. 5. Óscar Leonardo Villamizar Meneses – Cámara de Representantes - Partido Centro Democrático Este abogado, hoy candidato a la Cámara de Representantes, ha tenido importantes cargos en el departamento. Por ejemplo, fue asesor de la Gobernación de Santander; apoyó el área jurídica de la Sub-Gerencia de la Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja; ejerció como jefe de cartera de la Empresa Piedecuesta de Servicios Públicos E.S.P y, también, hizo parte del Grupo de Atención de Victimas del Municipio de Bucaramanga. Hay que resaltar que en 2018 llegó a la Cámara de Representantes con 37.068 votos. No obstante, desde Pares no lo destacamos por lo anterior, sino porque fue condenado en 2010 a nueve años y medio de prisión, el pago de una multa de $45.300 millones y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 8 años, por el delito de concusión. Esto se dio por estar involucrado en el “cartel de las notarías”, en el que a cambio de un voto favorable al proyecto de ley que permitió la reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez, se les dio a unos senadores una notarías. Alirio Villamizar habría recibido 2 notarías y fue encontrado culpable de presionar a Luz Janeth Rojas de entregarle la mitad de su sueldo para mantenerla en su cargo. Por considerar que había cumplido tres quintas partes de la condena, fue puesto en libertad en 2014. Por estos mismos hechos, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga condenó a María Meneses Quintero, esposa de Alirio Villamizar y mamá de Óscar Villamizar, a tres años y siete meses de prisión también por incurrir en el delito de concusión. 6. Johanna Milena González Pérez – Partido Centro Democrático Tanto su carrera política, casi que inexistente, como sus cuestionamientos tienen que ver con una de las fichas del Clan Aguilar: Edwin Ballesteros, su esposo. No ha sido servidora pública ni ha tenido trayectoria política. Ballesteros, quien se ganó una curul a la Cámara de Representantes en las elecciones pasadas, ha estado en un vaivén, pues se vio implicado por haber participado del entramado de corrupción de la gobernación de Santander, mientras fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant S. A.). El 7 de septiembre de 2021, Ballesteros fue formalmente vinculado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por irregularidades en la contratación de la Esant, tras lo cual presentó la renuncia a su curul que fue aprobada el 9 de septiembre en plenaria de la Cámara de Representantes. Los hechos se habrían presentado entre 2014 y 2016, y se investigan tres contratos. El primero de ellos fue suscrito entre la Esant e Ingream S.A.S para realizar el mantenimiento del sistema de alcantarillado en el municipio de Sucre, por un valor de $1.188 millones. El segundo fue suscrito con la Unión Temporal Enciso Potable, para una planta de potabilización de agua en Enciso, con un valor de $472 millones. El tercer contrato se realizó con la misma Unión Temporal, para mantenimiento del sistema de acueducto en el municipio de Landázuri, con un valor de $4.000 millones. La investigación en contra de Ballesteros nació en el marco de la adelantada en contra de Richard Aguilar, luego de las declaraciones de Claudia Toledo y Lenin Pardo en el marco de sus propios procesos judiciales. 7. Cleomedes Bello Villabona – Cámara de Representantes - Coalición Partidos Cambio Radical – Colombia Justa Libres – Mira- De la U No es la primera vez que Bello aspira a un cargo público. En el 2007 llegó al Concejo de Bucaramanga en 2007. Para 2011 volvió a aspirar, avalado por el Partido de la U, y quedó elegido con 3.319 votos. Para 2015 repitió, luego de alcanzar 3.698 votos. Sin embargo, y a pesar de sus relecciones, su gestión cuenta con varios temas para ponerle la lupa, en medio también de su aspiración a la Cámara de Representantes. Hay que recordar que en 2012 la Procuraduría le formuló pliego de cargos, junto al alcalde de Bucaramanga de la época, Fernando Vargas Mendoza, y otros 9 concejales, luego de un presunto trámite irregular del acuerdo 100 de 2009, por medio del cual se aprobó una exención parcial tributaria que disminuyó la tarifa de la estampilla pro - bienestar del anciano, del 2% al 1%. Esa exención se habría realizado para beneficiar a un contratista y fue aprobada por los concejales, incurriendo en una presunta falta disciplinaria por violar el principio de equidad horizontal o universalidad tributaria y no prever la renta sustituta. No se encontró registro de qué sucedió con este proceso en lo que respecta a Cleomedes Bello. Sumado a ello, en 2016 la Procuraduría en fallo de primera instancia suspendió a Cleomedes Bello, junto a otros dos concejales miembros de la Mesa Directiva del Concejo de Bucaramanga, por presuntas irregularidades en la elección del procurador municipal. Según la Procuraduría, “habrían abusado de sus cargos y se habrían atribuido como funciones propias la reglamentación de la estructura del proceso de elección de contralor de Bucaramanga para el periodo 2016 - 2019, y la realización de la convocatoria pública y abierta para dicha elección sin contar con la autorización de la Plenaria del Concejo, como lo establece la ley”. Pese a esta sanción, no cuenta con antecedentes disciplinarios en la Procuraduría y se desconoce qué sucedió con la apelación al fallo que presentarían los concejales. ¿Quedarán elegidas estas candidaturas para fortalecer a los clanes del departamento, pero, además, enviando un mensaje de impunidad frente a los casos en los que están implicados? Desde Pares seguiremos poniendo la lupa a las candidaturas que siguen disputándose una curul en el Congreso.

Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda. Desde la fuerza visual que tiene un signo o varios signos que se juntan para formar lo que llamamos palabra, desde su sola impresión visual despojada de significado (pensemos en la palabra árabe خطر-) es natural que una palabra carezca de poder y nuestra experiencia acerca de ella resulte pasiva. Pero, de conocer su definición -por ejemplo, la del signo árabe citado- nos inquietaríamos y tal vez hasta saldríamos corriendo porque su mensaje es “¡peligro!”. Una palabra puede provenir de la pura necesidad de calificar, identificar o discriminar algo, como es corriente en los procesos científicos. La palabra átomo, por ejemplo, fue concebida por Leucipo y Demócrito con el propósito de suplir la falta de un nombre para la primera interpretación lingüística de la materialidad del ente y su indivisibilidad. De hecho, átomo es una palabra construida a partir de una frase que describe de un modo inconfundible el fenómeno de la indivisibilidad: “sin cortar”. Una palabra puede tener su origen en distintos campos del conocimiento, como la palabra resiliencia que, por ejemplo, en física describe la capacidad que tiene una hoja de papel para volver a recomponerse después de haber sido arrugada. En el campo de la ecología refiere la tendencia de un ecosistema a recuperarse después de alteraciones negativas producidas por causas naturales y, últimamente -desde el 2016-, la RAE le incluyó una nueva acepción para definir la capacidad que tiene una persona de levantarse y recomenzar su vida después de haber sido torturada, desplazada de sus territorios, o después de haber sido arrugada en su dignidad como a una hoja de papel. Pero las palabras también dan nombre o significado a hechos producidos por la naturaleza o el azar, como la palabra tsunami que informa muy rápidamente, y sin explicaciones discursivas, acerca de la existencia de olas gigantes -con huracanes o temporales- producidas por un volcán al interior del mar y que podrían irrumpir tierra adentro y destruirlo todo. No en vano, y con justa razón, los poetas se ufanan del poder de la palabra como virtud de la pieza poética. En un poema de escasas palabras como el haikú -una pieza que exige para su concreción plástica un número de palabras que sumadas no excedan diecisiete sílabas- pueden los poetas decir aquello que ante la realidad percibida por nuestros sentidos pareciera estar cargado de muchos discursos. Esa habilidad, digámosle poder, los humildes poetas se la endilgan a la palabra; pero es de ellos, es el poder de los poetas, el poder de los escritores y, buena o malamente, también el poder del discurso de los políticos y del diálogo cotidiano entre personas corrientes. Sin embargo, ese poder de la palabra –ya sea dado por el poeta o suscitado por la misma impresión visual o sonora de los signos lingüísticos- ha de tener un contenido proveniente de un hecho racional que lo justifique -como llamarle Calígula a un emperador que usaba cáligas -sandalias militares- o proveniente de un hecho meramente natural que lo explique, como las onomatopeyas que refieren eventos sonoros externos, usados para denotar acciones verbales semejantes: el sonido del rompimiento de una rama (crash) significa en efecto, romper o quebrar. Nombrar y re-nombrar es un impulso innato a los seres humanos. Los romanos lo hacían en sus formalidades de derecho civil, asignándole hasta tres nombres a los ciudadanos. El primer nombre, denominado praenomen, debía escogerse entre los pertenecientes a sus antepasados; un segundo nombre, nomen, que tenía como objeto identificar al recién nacido por medio del nombre común de su familia; y un tercer nombre, que solía agregarse optativamente, bien por decisión propia -por homenaje a un familiar, por reconocimientos de honor- o bien por decisión de su entorno social -por remoquete, anécdota, etcétera-. Los indios norteamericanos se asignaban nombres denotando un hecho anecdótico que involucrara especialmente al nombrado, o bien para resaltar sus virtudes: recordemos a los famosos jefes de la nación Sioux, “Caballo Loco” y “Toro Sentado”. Lo cierto y a la vez extraño, es que, tanto en el caso de los romanos, de los sioux y de los mismos españoles -de quienes descienden la mayoría de los apellidos colombianos- los nombres surgidos de hechos sociales singulares fueron para señalar, exaltándola o denigrándola, la conducta de una sola persona, aunque ello generara daños colaterales. Sin embargo, de ahí en adelante el remoquete podría ser heredado por otras personas ajenas al hecho anecdótico, incluso habiéndose ya desdibujado el suceso que le dio origen. A finales del siglo XX, los herederos del apellido español Ladrón de Guevara, ante la necesidad de saber qué había robado su antepasado nominal, encontraron que la palabra ladrón, en el contexto de la época en que naciera el apellido Ladrón de Guevara, no significaba hurtar, pues correspondía a la frase latina “latro, nis”, que significa “sirviente pagado”, como lo habrá sido su antepasado en la casa o ciudad de los Guevara. Por eso, frente a las nuevas palabras nacidas de un hecho social inesperado y resonante y cuyo uso se haya generalizado, las instituciones oficiales y la misma academia de la lengua han optado por validarlas sin mayores reparos. No obstante, cuando no ha sido así y la academia ha rechazado un término nuevo y se resiste a aceptarlo pese a que la afectación de ese hecho recién nombrado o el beneficio que presta es fuerte, más temprano que tarde terminará aceptándolo. Que las palabras no son de los diccionarios ni de las academias, sino de los pueblos que las usan, lo saben muy bien los poetas; quienes, ante la necesidad de nombrar algo a lo cual no se le ha dado nombre, crean palabras cuidándose de no caer en aspavientos. Los poetas -que son los papás del lenguaje- no admiten discusiones sobre la fundación de palabras nacidas de un hecho relevante y visible, pues en su mundo esa licencia de crear palabras, es un derecho natural y cuando tales palabras terminan siendo asimiladas por lectores y parladores, hay que validarlas como parte de nuestra lengua. Me refiero a palabras como “trilce” creada por César Vallejo, que es el resultado de la unión de dos términos, “triste” y “dulce” para definir un sentimiento muy parecido al que califica una palabra portuguesa preexistente, “saudade”. Meterse con ese poder es sumamente atrevido, va contra natura; porque, por encima de todo esto que he explicado, la verdad de la función de la palabra es la garantía del progreso cognitivo. La palabra sigue siendo todavía la herramienta más importante en todos los campos del saber. El poder de la palabra es el aseguramiento del progreso que, a su vez, es el aseguramiento del bienestar. Cuando usemos las palabras con libertad, habrá entonces bienestar y libertad. Con todo, bien vale decir que abudinear es un verbo, no un apellido, ni tampoco un apodo. El apellido Abudinen, en calidad de apellido perteneciente a una familia, sigue y seguirá conservándose limpio y sano. Abudinen no es ni tiene por qué ser un remoquete de sanción moral, simplemente porque como apellido ya tiene registro con otra categoría de comportamientos ciudadanos distintos a los del verbo abudinear, que expresa acciones y procesos non sanctos. De modo que desde la buena fe -a parte de la exministra Karen Abudinen que aún no ha podido exculparse- todos los que lleven su apellido tendrán que ser dignos de nuestro respeto. Pero abudinear, en el siglo de la rapidez, como llamó al siglo XXI Italo Calvino, nos ahorra -y la RAE no puede impedirlo- el trabajo de contar una intrincada historia delincuencial con muchas palabras y en su defecto nos permite decirla con una sola que nos las narra igual o mejor: abudinear. De facto, abudinear es sinónimo de robar, y lo seguirá siendo hasta cuando a la exministra se le demuestre en juicio lo contrario y termine siendo, tras las investigaciones judiciales, ajena al ruidoso robo. Pero de haber participado en el fraude al Estado, abudinear seguirá siendo lo que la gente ahora entiende que es, y por ello no deben afectarse las personas que porten el apellido Abudinen; pues, como ya lo he dicho, todos los apellidos son dignos de respeto. No obstante, abudinear, y gracias al poder de la palabra, seguirá haciendo carrera -por senderos distintos al apellido Abudinen- en calidad de nuevo verbo; por cuanto los resultados algorítmicos de la real academia ya lo valoraron como de uso corriente; y así seguirá siendo hasta el día en que aparezcan los setenta mil millones de pesos perdidos. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda. El Derecho hace parte del sentido común; su única base cierta es lo que todos comprendemos como "el deber ser", independientemente de nuestra categoría social, racial o idiomática. El "deber ser" no en la perspectiva de Kant −para quien consistía en «la necesidad de una acción por respeto a la ley»−, sino como lo que debemos hacer para sobrevivir. Bajo ese entendimiento, el Derecho es una herramienta sumamente efectiva, un arma poderosa para la subsistencia. El "deber ser" lo entendemos todas las personas por estar atado a nuestra intuitiva naturaleza, dada a autoprotegernos. Aunque "autoprotegernos" es un propósito individualista de cuando, quizás, el hombre era un solitario caminante, que no lo creo (el sentido social, así lo comprendo yo, nació con el individuo; es una suerte de sentido de la percepción, más complejo que el olfato, el oído o la vista). Realmente, en calidad de ser social, esa fuerza nacida de un riesgo inminente y denominada “autoprotección” se pone al servicio de todas las personas: "mi protección y la protección de los otros". Sin embargo, el Derecho se ha apartado del sentido común −y de la lengua de la tribu−, igual que lo han hecho la mayoría de las ciencias, por la pura necesidad de la especialización, que es algo así como permitir la concentración en el asunto u objeto de nuestro estudio. De tal especialización se han desarrollado sistemas lingüísticos específicos en todas las áreas del conocimiento y, desde luego, el campo del Derecho no ha sido la excepción. El Derecho, que surgió de la cotidianidad social, también se ha apartado lingüísticamente del modo de hablar y de entender propio de los individuos comunes y corrientes que son, precisamente, los dueños del sentido común; es decir, los dueños del Derecho, los que buscan autoprotegerse y protegernos. En este sentido, se escapa del entendimiento de las personas ajenas al Derecho que términos tan elementales como la palabra “imputado” −a primera lectura una palabra técnica de difícil comprensión− es realmente sinónimo de “sospechoso”. Si le informamos a la gente acerca de que tal o cual sujeto es un sospechoso, inmediatamente comprendería lo que ello connota y hasta mediría −de conocer el ambiente social del señalado− lo que los abogados llaman el contexto de la imputación objetiva, si en efecto es sospechoso. Nadie duda, por ejemplo, que los miembros del Ejército, que la clase política, o que los miembros de las antiguas FARC-EP que se acogieron a la JEP, a la luz del contexto de la imputación objetiva no sean sospechosos de haber cometido delitos de lesa humanidad. De la misma manera, nadie puede decir que Uribe no es sospechoso de lo que se le acusa. Dentro de la sospecha −o mejor, dentro de la llamada imputación− hay, sin embargo, unas reglas de juego científicamente desarrolladas en el tiempo que, frente a la realidad de unos hechos aparentemente demostrados, hacen débiles las percepciones individuales y colectivas. Me refiero a las codiciadas pruebas. Cuando hay pruebas, desde el simple sentido común, podría decirse que el imputado pasa de ser sospechoso a ser culpable o inocente; pero cuando no hay pruebas −porque esa es una característica de la imputación− entonces la sospecha tiene licencia de permanencia hasta cuando, en franca lid, en juicio legítimo, se termine precisando si el sujeto en cuestión es culpable o no. Es decir: mientras no ocurra el juicio, el imputado siempre será un sospechoso, hasta que en el imaginario social y en el de cada individuo se desvanezca esa idea porque ha desaparecido en ellos la sensación de riesgo o la necesidad de autoprotegerse. De tal suerte, a quienes tenemos sentido común nos resulta irracional que al expresidente Álvaro Uribe, la Fiscalía y su propio equipo de defensa le nieguen la oportunidad de un juicio para que demuestre su inocencia −si la tuviera−, o para que la sociedad confirme que no han sido injustas sus graves sospechas si le declaran culpable. No hay que vivirlo para imaginar la incomodidad producida por estar en la situación de imputado o de sospechoso sin que se nos haya realizado el juicio. De ahí que resulte extraño, repito, que la defensa del expresidente Uribe, en el caso que se le adelanta por fraude procesal y soborno, no defienda en juicio lo aparentemente defendible; porque mientras no sea así, para el imaginario social Uribe sería un sospechoso eterno.

Por: Paola Perdomo Investigadora nacional Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos El pasado domingo 20 de febrero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció el inicio de un paro armado de 72 horas que tendría inicio el 23 de febrero a las 6 am y se extendería hasta la misma hora del 26 de febrero. Aunque el Ministro de Defensa, Diego Molano, se refirió a este anuncio como una simple amenaza panfletaria que solo busca generar temor y que no tendrá mayor impacto, gracias, según el Ministro, a la imperante capacidad de la fuerza pública; lo cierto es que el paro armado sí enciende las alarmas si tenemos en cuenta la realidad actual del ELN. El ELN está conformado actualmente por un pie de fuerza que asciende a los 4.000 combatientes, distribuidos en 181 municipios de 19 departamentos del país, sin contar su presencia en algunas regiones venezolanas como el arco minero y zonas fronterizas con Colombia. Este grupo armado ha evidenciado tener una gran capacidad bélica a través del despliegue continuo de acciones armadas dirigidas principalmente contra la fuerza pública y también por su despliegue de control territorial en algunas zonas del país. Solo el 27 de enero de 2022, el ELN adelantó 8 acciones bélicas de manera simultánea en los municipios de Remedios, en Antioquia; Aguachica, Chiriguaná, Palitas, en el Cesar; y Ocaña, Convención y San Calixto, en Norte de Santander. En estas atacó bases militares, estaciones y patrullas de policía, a través de hombres armados pertenecientes al Frente Héroes de Anorí, en Antioquia, y el Frente de Guerra Nororiental, en Cesar y Norte de Santander, dejando un saldo total de 31 uniformados heridos y 1 muerto. Esto, según el mismo ELN, como respuesta al incremento del pie de fuerza pública en departamentos como Arauca y Norte de Santander, en donde esta guerrilla se ha fortalecido tras la dejación de armas de Farc-EP. Bajo este contexto, el actual anuncio de paro armado del ELN genera zozobra, especialmente, en estos territorios donde se han presentado los hechos recientes. En el último paro armado de este grupo, entre el 14 y el 16 de febrero de 2020, se registró un saldo nacional de 23 actos violentos, 7 heridos y 3 muertos en 5 departamentos del país, además de uno (1) en zona de frontera, según información de fuerza pública. En estos hechos, el Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta, en Norte de Santander, fueron las zonas con mayores afectaciones del país. En dichas zonas de Norte de Santander, el Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación, (SIPARES) reportó más de una decena de vehículos interceptados e incinerados; el derribamiento de una torre de telefonía (San Calixto); el uso de artefactos explosivos (Villa del Rosario Cúcuta, Ábrego, Ocaña, también del lado Venezolano) algunos identificados y detonados de forma controlada por parte de las autoridades; desplazamientos masivos (Hacarí, Ábrego); confinamiento de la población civil y la muerte de un integrante del Ejército por la acción de un francotirador (Convención). Además, se presentó un crítico desabastecimiento de alimentos, la perdida de 675 toneladas de alimentos que no pudieron ser distribuidos y 1.875 toneladas aún represadas en zona rural, de acuerdo con pronunciamientos de asociaciones campesinas de la subregión. Este antecedente sumado al agravante del fortalecimiento y accionar reciente del ELN, y un complejo escenario de violencia político-electoral representan un elevadísimo escenario de riesgo en seguridad para la población civil. Esta, en lo corrido del año 2022, se ha visto fuertemente afectada por hechos como desplazamiento forzado, amenazas, asesinatos selectivos, entre otros, en departamentos como Arauca, Cauca, Cesar, donde de manera diferenciada también hace presencia el ELN junto con Grupos Armados Post-Farc y Clan del Golfo, respectivamente. De modo que anuncios como el realizado por el ELN frente al desarrollo los próximos días del paro armado, una vez más, llaman la atención sobre dos aspectos. Por un lado, la compleja situación humanitaria y de seguridad por la que cruza el país, particularmente, las comunidades que habitan estas zonas de la geografía nacional, donde la cotidianidad transcurre entre una atemorizante movilidad en el territorio, un control social violento, la latencia de sangrientas disputas armadas y una militarización que eleva los riesgos y evidencia poco resultados. Por otro lado, la necesidad de alentar y retomar las negociaciones de paz con este grupo guerrillero que se ha mantenido como una fuerza de perturbación y capacidad de control y mando en el país, a pesar del accionar en su contra por parte de otros grupos armados ilegales y la misma fuerza pública. A propósito de las elecciones presidenciales de este año, se espera que el próximo gobierno recoja e impulse el proceso de paz con el ELN, reconociendo la urgencia del diálogo con esta guerrilla como tránsito necesario para seguir avanzando en la construcción de paz en el país. Por ahora, defensoras y defensoras de DDHH, medios de comunicación, organismos gubernamentales y no gubernamentales están atentos a lo que transcurra durante esta semana en las zonas de presencia de esta estructura armada ilegal. Como hasta ahora, Pares estará realizando un seguimiento en tiempo real al desarrollo de las 72 horas anunciadas de paro armado, registrando y analizando las acciones bélicas y afectaciones a derechos humanos que tengan lugar por parte del ELN a lo largo del país.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia La promesa de construir una paz con enfoque territorial no se está cumpliendo en Colombia. A pesar de que existen y se avanza en la implementación de los tres pilares que estructuran a este enfoque –los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (CITREP)–, factores como los cambios institucionales unilaterales, la lentitud en la implementación  y el desfinanciamiento de los programas permiten advertir que el Estado colombiano no se quiere avanzar en la paz territorial. El enfoque de la paz territorial fue la promesa más importante que se hizo al inicio del proceso de paz con las Farc-ep. En 2013, el Gobierno nacional –en cabeza del Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo– se comprometió en la Mesa de Conversaciones de La Habana a poner en el centro a los territorios más afectados por el largo conflicto armado; pues, es en ellos donde habita la población más abandonada históricamente por la institucionalidad estatal, con los mayores índices de pobreza y donde se hace más urgente planificar y ejecutar el desarrollo local. De allí que en los puntos uno, dos y cuatro del Acuerdo Final se incluyeron tres disposiciones que estructuraran la idea de una paz con enfoque territorial. El primero son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con el que se buscaba identificar –con el apoyo de las comunidades y habitantes de los territorios (veredas, municipios y subregiones)– los principales problemas del sector rural. Además, con esto se proponía ejecutar una serie de proyectos económicos y sociales estratégicos para los 170 municipios más afectados por el conflicto armado en Colombia, agrupados en 16 subregiones. Aunque, entre agosto de 2017 y febrero de 2019, se logró construir los 16 Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), con sus respectivos pactos y proyectos, una vez se dio el cambio de gobierno –de Juan Manuel Santos (2016-2018) a Iván Duque (2018-2020)– esta dinámica de participación ciudadana se paró. En la actualidad nos enfrentamos a una nueva etapa, liderada por funcionarios del Gobierno que se encargan de construir las hojas de ruta y planificar y ejecutar las inversiones. El Gobierno nacional ha suprimido, por un lado, el involucramiento de las comunidades en la ejecución proyectos de inversión y gestión. Se ha devuelto al viejo esquema de tecnócratas encargados de planificar las inversiones y ejecutar los recursos sin la participación de las comunidades, incumpliendo la promesa de la democratización de la planeación del desarrollo local. Y, por otro lado, se han reducido las inversiones sociales concertadas, las cuales no son las suficientes para lograr –en los 10 años que se tiene para ejecutar los distintos PATR– las transformaciones que se requieren para sacar del atraso a estos territorios priorizados. El segundo pilar es el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), con los que se intenta construir una política integral de solución al problema de las drogas ilícitas en Colombia. Un programa que reconoce el carácter socioeconómico de la problemática de los cultivos de uso ilícito y que intenta generar condiciones materiales e inmateriales para el bienestar y el buen vivir de las poblaciones afectadas por estas actividades; en especial, para las comunidades campesinas que, en situación de pobreza, buscan sobrevivir con el cultivo. Aunque el Acuerdo Final se dejó plasmada la idea de que el problema es público e internacional –que exige la búsqueda de soluciones de forma integral y un enfoque de corresponsabilidad entre países productores y consumidores, y la formulación de una política antidrogas menos punitiva–, el Gobierno nacional ha cambiado esta filosofía y su implementación. La administración de Duque ha retomado la vieja idea de tratar a la producción de drogas ilícitas como una actividad terrorista y, por tanto, propuso volver a una guerra contra el narcotráfico. Así, en la actualidad, se revive la cuestionada mirada prohibicionista y criminalizante del problema de las drogas; con ella se desfigura la filosofía de tratamiento integral del problema público. De nuevo, hoy se estigmatiza a las comunidades locales cocaleras y se justifican los retrasos en el manejo presupuestal que han llevado al incumplimiento del pago a las familias inscriptas en el programa. Además, se busca desmontar la estrategia de sustitución voluntaria, volver a la erradicación forzada, hacer uso de la aspersión con glifosato y dejar de lado el diálogo social pacífico con los cultivadores que inspiró el pacto de paz. Finalmente, están las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) en la Cámara de Representantes. Este tercer pilar estuvo parado por casi cinco años, debido al desinterés del Gobierno y de los partidos políticos tradicionales de no compartir el poder. Con lecturas amañadas de los resultados del Legislativo durante el fast track, se retrasó la implementación de lo pactado y tuvo que pasar casi un lustro para que las víctimas del conflicto pudieran tener las 16 curules de la paz prometidas en el Congreso de la República. Este es un acto de reconciliación que sólo durará  dos períodos –ocho años–, con el que se buscará avanzar en la proposición y aprobación de leyes para los territorios y sectores de la población más afectados por el conflicto armado. Este tercer pilar, que podría verse como otro avance en la construcción de la paz con enfoque territorial, tiene serias fallas que actualmente se advierten, y que quedarán confirmadas este 13 de marzo, cuando se realicen los comicios para estos 16 escaños. El mal diseño institucional con que se puso en funcionamiento esta idea y la premura en su implementación han llevado a que todos los males aparezcan: corrupción, captura por parte de los partidos políticos tradicionales, desfinanciamiento de campañas, desinformación, falta de pedagogía electoral e inseguridad en los territorios –tanto para los aspirantes como la población–. Todos estos factores negativos incidirán, sin duda, en las votaciones y resultados del próximo mes, pues se prevé una baja votación –una alta tasa de abstencionismo que superará el 70% de esos 1.2 millones de personas habilitadas para votar en estas zonas–. De esta forma, las organizaciones sociales, las víctimas, los campesinos y las organizaciones étnicas están perdiendo o desaprovechando la magnífica oportunidad de construir paz en los territorios; una población que requiere urgentemente la atención del país desde el Congreso. Esto, debido a los intereses egoístas del Gobierno y de la clase política que han hecho todo lo posible para interrumpir la construcción de este tercer pilar. En conclusión, el Gobierno nacional está insistiendo en el no cumplimiento de la implementación de la paz con un enfoque territorial. La promesa inicial, de que “luego de la terminación del conflicto armado, vendría una fase de transición o de construcción de la paz territorial” se ha echado al olvido. Con estos actos se está desaprovechando la oportunidad de construir desarrollo local y democracia participativa, y de avanzar en la construcción de una paz contextualizada y territorial. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares Esta es la primera vez que las víctimas tendrán representación en el Congreso. Por ello, analizamos cuáles son los riesgos que enfrentan estas curules de paz de cara a las próximas elecciones. En trabajo conjunto entre la Línea de Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación y nuestro sistema de información, SIPARES, construimos un informe que da cuenta de la violencia que caracteriza los actores, acciones y niveles de victimización de los territorios priorizados por las circunscripciones de paz. ¿En dónde hay presencia de estructuras armadas ilegales? Consulta el mapa interactivo de los municipios con presencia de estructuras armadas ilegales. https://public.tableau.com/app/profile/fundaci.n.paz.y.reconciliaci.n/viz/PresenciaEAIenMunicipiosCTEP2021/AnlisisGeneralInteractivo ¿Cuáles son los municipios con mayor riesgo? Conoce los diferentes niveles de victimización de los municipios priorizados en las curules de paz. https://public.tableau.com/app/profile/fundaci.n.paz.y.reconciliaci.n/viz/ndicederiesgodeVictimizacinIRVenMunicipiosCTEPyPDET2021/AnlisisGeneralInteractivo2

Por: Walter Aldana Político social alternativo Dos sucesos acaecidos la semana anterior involucran a nuestro Cauca. Por un lado, la publicación por parte de la revista Cambio y Noticias Uno TV con relación a unos audios que involucran al general Herrera, excomandante de la sexta división del Ejército Nacional. En esta se entiende, claramente, una alianza con sectores del narcotráfico (el grupo ilegal ‘los Pocillos’) para "combatir" a las disidencias que se autodenominan Farc en nuestro territorio. De otra parte, según el periódico virtual.com, de fecha 15 de febrero de 2022 y sustentado en una información de BLU radio, el ex general retirado Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, excandidato por el partido Centro Democrático a la gobernación del Cauca, acaba de ser vinculado a una investigación porque según: “un informe reservado de 663 páginas en el que la Fiscalía señala al general (r) Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, excomandante de las Fuerzas Militares, como alias ‘El Padrino’, uno de los militares que, presuntamente, haría parte de la organización narcotraficante La Cordillera, que delinque en Nariño para el Clan del Golfo” Así como el silencio es el seguro de vida de los habitantes de veredas y corregimientos en los municipios, guardar prudente distancia sobre este tema se ha convertido en la constante de los comunicadores regionales. No es de poco calado el riesgo en un país donde la opinión seria y alternativa es perseguida, se entiende tal comportamiento. Y es por ello que me atrevo a iniciar una reflexión que tiene que ver con la ética pública. Es importante reconocer que las políticas y actuaciones de funcionarios estatales deben estar abiertas a la revisión de la comunidad. Así mismo es necesario que se den las garantías para que esa evaluación la haga la sociedad y los medios de comunicación, ello fortalece su gobernabilidad en un país democrático. De lo contrario, ¿cómo rodear a instituciones que hacen parte de la defensa del país, como en el tema en cuestión, al Ejército Nacional? "Todos lo sabíamos”, me decía un taxista, refiriéndose al caso de los dos militares. Estas expresiones dejan de ser especulaciones cuando, con valor patriótico, alguien se atreve a denunciar (en este caso la revista y el noticiero) con pruebas (audios e investigaciones) y con resultado inmediato (retiro del cargo de Herrera quien en la actualidad se desempeñaba como comandante en Florencia Caquetá). ¿Y cómo la suspicacia es propia del ser colombiano?, nos preguntamos. Eso explicaría por qué, aunque tenemos más de ocho mil efectivos de la fuerza pública desplegados en el departamento, pasan como Pedro por su casa precursores químicos, dinero para comprar la droga y grupos armados que hacen masacres, asesinatos selectivos, hostigamientos a la policía, a los y las defensoras de derechos humanos, así como a líderes sociales. Bueno es recordar. En la publicidad del candidato a la gobernación decía: que “El Cauca tiene por quién votar. El general Leonardo Barrero cuenta con la experiencia y tiene los resultados”. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: León Valencia No hay duda, estamos en una campaña presidencial muy distinta a las que se han realizado en el siglo que corre. Empezó temprano; se juega a tres vueltas, dado el peso que tendrán las consultas que se realizarán junto a las parlamentarias en marzo; y, cuando sólo falta un poco más de tres meses para la primera vuelta, el panorama es muy incierto. Es distinta porque el uribismo, el proyecto político que ha dominado la escena electoral en los últimos veinte años, está en declive y no será el principal protagonista de esta competencia. El escenario está abierto y nuevas fuerzas han saltado a la arena. Hay una variedad de alternativas y una imperiosa necesidad de alianzas. De ahí que al momento se han configurado tres grandes coaliciones y por fuera de ellas otros candidatos intentan en solitario una figuración que les permita ir hasta la primera vuelta. A estas alturas aún hay veinte aspirantes a la presidencia. Quince participan de las tres consultas, cinco en cada una. Al lado, Oscar Iván Zuluaga postulado por el Centro Democrático, Rodolfo Hernández a nombre de un movimiento ciudadano e Ingrid Betancur representando al partido Verde Oxigeno, intentan caminar solos hasta la cita del 29 de mayo. Entre tanto, en las toldas de las iglesias evangélicas, dos candidatos se disputan la postulación. Hay más, el Partido Liberal y Cambio Radical, partidos con importantes arraigos regionales, no han podido definir su posición oficial ante las presidenciales. A los encuestadores les resulta muy difícil el diseño de sondeos de opinión que reflejen con certeza las preferencias ciudadanas. Se mezclan candidatos con precandidatos, consultas con postulaciones unipersonales, en fin, no hay manera de establecer comparaciones diáfanas entre iguales. Entonces cada firma encuestadora termina definiendo unos parámetros propios y los resultados son francamente diversos. Será después de las consultas y las parlamentarias de marzo cuando se aclare el panorama. En ese momento sabremos de las fortalezas de las coaliciones, cuantos votos arrastran, cual candidato las representará, con que fuerza parlamentaria contarán para encarar la disputa presidencial. Sabremos también si Zuluaga, Rodolfo e Ingrid son candidatos viables. La situación se presta para las cuentas alegres. En estos días asistí a una conversación con una importante delegación diplomática que quería conocer de la boca de varios analistas la apreciación sobre la coyuntura electoral. Un analista importante, reputado profesor universitario, fue soltando allí la predicción de que la Coalición Equipo por Colombia obtendría en la consulta de marzo más de siete millones de votos. Por otro lado, oigo decir a diario, a militantes del Pacto Histórico, que su coalición va a ganar en primera vuelta. También, le he oído decir, a personas con alguna experiencia política, un tanto deslumbradas con algunas encuestas que favorecen a Rodolfo Hernández, que este candidato estará sin duda en segunda vuelta y en caso de enfrentar a Gustavo Petro será el presidente del país. Estas cosas difícilmente ocurrirán. Es improbable que alguna de las consultas supere los cinco millones de votos. Es cierto que la consulta de Equipo por Colombia le agregará a los votos de opinión electores cautivos de grandes maquinarias como el Partido Conservador, el Partido de la U y el Clan Char. Es incluso posible que dirigentes del Centro Democrático impulsen a sus electores a votar en esta consulta. Pero aún así las cuentas no dan para alcanzar la asombrosa suma de siete millones de votos. Con la variedad y la amplitud de candidatos y alternativas políticas que componen el mapa político colombiano en la actualidad es, igualmente improbable, que la contienda se resuelva en primera vuelta. A cuentas de hoy competirán en primera vuelta seis o siete candidatos que dividirán el electorado en porciones muy por debajo del cincuenta por ciento. Debo conceder que lo de Rodolfo Hernández es una incógnita. Pero no creo que el discurso anticorrupción y en contra de las élites políticas le alcance para convertirse en un fenómeno electoral que arrase en las elecciones presidenciales. Entre otras cosas porque todos los candidatos tendrán entre sus consignas principales la anticorrupción y en la postura contra las élites hay contendores con más pergaminos.

Por: Dennis Huffington Investigador territorial Pares-Pacífico “Porque las vidas nos importan, que la institucionalidad se tome en serio la seguridad de los Bonaverenses. ¡Yo me uno!”, junto al hashtag #LaVidaEsSagrada, fue lo último que publicó en su cuenta de Facebook Estiven Loaiza, reconocido activista social de Buenaventura, que un par de horas más tarde fue asesinado en la entrada de su casa ubicada en el barrio el Firme. Posterior a la tragedia, la periodista local Kelly Nichol Lozano fue amenazada por una publicación en su cuenta personal de Facebook donde condenaba el asesinato de Estiven. De manera pública manifestó que recibió una llamada telefónica donde le exigían eliminar la publicación sobre el caso. Al negarse, recibió una segunda llamada en la que se le hacía la misma imposición: son los riegos que enfrentan hoy quienes decididamente, de manera pacífica, buscan mitigar la barbarie que se vive en el Distrito. Estiven se refería a la invitación que extienden a toda la población de Buenaventura el consejero distrital de paz, diferentes organizaciones y líderes sociales, que decidieron convocar a la ciudadanía a movilizarse el próximo 24 de febrero “POR LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA VIDA”. Si no se reacciona la situación tiende a empeorar El año 2021 no terminó nada bien en materia de seguridad, tanto así que en el último Informe Trimestral del Secretario General de la ONU, elaborado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el punto 48 afirmaba textualmente: “La ausencia de una presencia efectiva del Estado en partes del territorio de algunas regiones, como Argelia (Cauca) o Buenaventura (Valle del Cauca), ha hecho que se intensifiquen las disputas entre los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales por el control social, territorial y estratégico, lo cual ha agravado aún más la violencia contra la población civil, socavando la gobernanza y alterando la vida de comunidades enteras” Ni con los llamados de los organismos multilaterales, la comunidad internacional y las organizaciones de la sociedad civil en el territorio, ha sido posible que se reaccione de manera oportuna por parte de las instituciones del Estado. Las autoridades locales pasan dificultades para tratar de atender la situación y desde las comunidades saben que no pueden esperar ninguna solución por parte del gobierno de Duque que no sea las medidas militaristas. La guerra se prolonga y se agudiza A Buenaventura la alejan cada vez más del camino hacia la paz, prácticamente se la arrebataron. Durante todo el 2021 se padeció las retaliaciones entre las facciones de la banda ‘La Local’ en la zona urbana y las arremetidas de los grupos armados ilegales en las cuencas de ríos como Naya, Yurumanguí, Cajambre, Raposo, Anchicayá y Bajo Calima, que dejaron un saldo de 193 personas asesinadas, cifra no vista hace más de una década. Contrario a lo esperado por sus habitantes, el 2022, además de continuar las vendettas urbanas (con 13 asesinatos en enero y 9 en lo que va de febrero), ahora deben sufrir la expansión de las grandes estructuras armadas ilegales, como la Columna Móvil Jaime Martínez, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Según datos de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), 2.800 personas pertenecientes a las comunidades de Las Colonias, La Esperanza, La Brea y San Isidro en Buenaventura han tenido que salir desplazadas en lo que va del año. Son alrededor de 700 familias que se han visto obligadas a dejar sus hogares y trasladarse sucesivamente hacia Cali y el casco urbano de Buenaventura. Además, advierte que unas 1.700 personas se encuentran confinadas por restricciones a la movilidad en las veredas. A pesar de los más de 700 capturados que reportan las autoridades desde que lanzaron la ofensiva contra ‘La Local’, el panorama continúa siendo desalentador. Preocupa que a las disputas por las economías ilegales y las vendettas entre delincuencia organizada se transite hacia la violencia política, en un país que se caracteriza por los altos índices en este tipo de hechos y en una ciudad donde los grupos armados ilegales han estado al servicio de candidaturas durante el ejercicio electoral. Crece el riesgo para los jóvenes de ser asesinados o desaparecidos por cruzar una frontera invisible; para las comunidades, de quedar en medio de enfrentamientos; y para los líderes sociales y políticos, de correr la lamentable suerte de Estiven por intentar mejorar en algo las condiciones de ‘la gente’ en la ciudad. Aun así, hay quienes insisten y persisten en hacer algo, ya sea manifestarse en contra la violencia o exigir acciones contundentes por parte de la institucionalidad local y nacional. Buenaventura se Moviliza por la VIDA De la degradación de la violencia pareciera que nadie está a salvo en Buenaventura. Por tal razón, con la consigna “Nos podrá paralizar el miedo y el terror, pero caminando y en unidad somos más fuertes que los violentos”, para este jueves 24 de febrero se está convocando a una movilización por la vida y la paz en Buenaventura. Un llamado tanto al Estado como a los armados a ponerle fin a la violencia. La movilización tiene como punto de encuentro el Sena a las 8:00am y se espera una asistencia masiva. Y es que no es la primera vez que los bonaverenses realizan este tipo de acciones, en el 2014 se llevó a cabo “Marcha para enterrar la violencia”, donde más de 30 mil personas salieron a las calles a protestar contra la oleada de descuartizamientos que se estaba padeciendo en esa época. Producto de esta manifestación, el gobierno nacional tomó las medidas necesarias y logró desactivar las denominadas casas de pique, desarticuló casi que por completo al grupo predominante de la época (Los Rastrojos) y aumentó la sensación de seguridad. Como en aquel entonces, y en el 2017 durante el paro cívico, las esperanzas están puestas en la misma ciudadanía para lograr sortear la angustiante situación en la que se encuentran hace 415 días en los que la No Repetición se quedó en palabras y promesas.

Por: Laura Cano Periodista Pares Recientemente la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, dio una rueda de prensa en la que se informó que el alto tribunal abrirá tres macrocasos más. Estos incluirán crímenes de las extintas FARC, como de los miembros de la Fuerza Pública, en hechos relacionados con masacres, homicidios, violencia sexual, desplazamiento forzado y toma de poblaciones. En el macro caso de fuerza pública se contemplará, además, los vínculos con paramilitares. El tercero, por su parte, tendrá que ver con crímenes contra indígenas y poblaciones étnicas en toda Colombia, asimismo, se abordará la destrucción a la naturaleza. Así las cosas, el total de casos que manejará el alto tribunal serán 10. Los otros siete macro casos que ya se manejan son: toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las Farc EP; situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño); asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado; situación territorial de la región de Urabá; prioriza situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca; victimización de miembros de la Unión Patriótica; y reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Desde la JEP se notificó que se tiene información respecto a la concentración de crímenes de las Farc. Así, 9.763 son víctimas de desaparición forzada entre 1980 y 2016; 36.491 corresponden a casos de homicidios reportados entre 1964 y 2016, siendo 2002 el año más crítico; se registran 399 masacres entre 1955 y 2013, siendo el año 2001 el periodo más grave; y a causa del accionar de la guerrilla se reportaron 52.911 víctimas de desplazamiento forzado entre 1980 y 2016. A esto se suman 1.412 hechos de violencia sexual y basada en género con 1.923 víctimas como practica continua. Por otra parte, sobre los casos de la Fuerza Pública, en los cuales muchos tuvieron relación con grupos paramilitares, puntualizó el magistrado Eduardo Cifuentes que: “hablamos de más de 43.000 hechos victimizantes de la fuerza pública entre 1985 y 2010, de estos 10.368 con paramilitares. Entre 1994 y 2006, se reporta el registro más alto de hechos victimizantes. El desplazamiento forzado es el hecho delictivo que tiene mayor volumen en esta materia. Le sigue homicidios, desaparición forzada y los llamados falsos positivos”. Adicional, se agregó que 234 miembros de la Policía y las fuerzas armadas están vinculados a procesos por violencia sexual y de género. También se habló sobre lo que han encontrado respecto al macrocaso que abrirán para las acciones y vulneraciones contra pueblos y territorios indígenas. En este habrán seis zonas priorizadas, las cuales son: la Sierra Nevada de Santa Marta, La Guajira, Buenaventura, Valle del Cauca, Amazonas y Orinoquía. Desde la JEP se ha establecido que entre 1970 y 2016, hubo cerca de 1.193.301 víctimas de pueblos indígenas. “Se han identificado 215.520 hechos en los que fueron víctimas los pueblos étnicos. El 90% de los hechos ocurre entre 1996 y 2016. En este periodo se han documentado 17 masacres, 502 homicidios, 34 desapariciones forzadas atribuibles a las Farc. Además, 13 masacres, 238 homicidios, 27 desapariciones forzadas habrían sido cometidas por agentes del Estado. Se han identificado 2.562 hechos victimizantes contra comunidades negras, raizales y palenqueras”, agregaron. Por otra parte, vale la pena señalar que desde su creación y hasta el momento 13.351 personas se han sometido a la JEP; de estas, 9.823 son de la extinta guerrilla FARC, mientras que 3.365 pertenecen o pertenecieron a la Fuerza Pública y 151 se vieron involucrados en el conflicto como agentes del Estado. Adicional, puntualmente sobre los macrocasos que ya han sido abiertos se han dado los siguientes avances: en cuanto a la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las Farc EP se han identificado 21.396, y el mismo número de hechos victimizantes; en relación con la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño) el alto tribunal ha logrado mapear 3.000 hechos victimizantes; respecto a las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado hay 6.402 casos; sobre la situación territorial en la región de Urabá hay un universo de víctimas de 787.000 en 3.582 hechos; mientras que respecto a la situación territorial de Norte del Cauca y sur del Valle del Cauca se han identificado 4.787 casos de violencia. Adicional, en los hechos de victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) se han reconocido 8.205 víctimas, en 9.522 hechos. Por último, en cuanto al reclutamiento de niños y niñas en el conflicto armado, se ha establecido que han ocurrido 18.677 hechos, sin determinar el número de víctimas. Fuente: JEP – Corte de datos: diciembre 2021. Ahora bien, en medio del trabajo que viene adelantando la JEP y del valor de este para las víctimas y para el esclarecimiento de responsabilidades de los hechos del conflicto armado, estos nuevos macrocasos, que tendrán apertura oficial después de marzo, se convierten en un nuevo camino hacia la justicia y reparación de las millones de víctimas que dejó el conflicto armado, y que además seguirá poniendo sobre la mesa que los victimarios no solo fueron miembros de grupos ilegales, sino que desde la institucionalidad también se orquestaron muchos hechos victimizantes.