Luis Eduardo Celis A la memoria de Monseñor Gerardo Valencia Cano a cincuenta años de su muerte. La Iglesia Católica es de las instituciones con más prestigio en la sociedad colombiana, quizás la de más reconocimiento y aprecio por estar al lado de quienes sufren, por levantar su voz ante las injusticias, por ser un faro de credibilidad y respeto desde muchos lados. Lo es en una sociedad que tiene profundas diferencias y debates en curso, ante tantos temas a resolver, que son motivo de controversias y luchas sociales y políticas, normales en cualquier sociedad, pero que en el caso de la colombiana se dan en medio de unas violencias de más de seis décadas, que han dejado profundas heridas, con el agravante de que no son cosas del pasado. La sangre sigue corriendo en muchos territorios y en su inmensa mayoría es la sangre de los que han sido excluidos y ultrajados desde siempre: el mundo campesino, indígena y negro, allí está la mayor victimización. En estos días ha sesionado la conferencia de obispos, el espacio que regularmente reúne a las máximas autoridades de la Iglesia Católica colombiana, para analizar los grandes temas del país y de los retos de la iglesia. En esta ocasión, la sesión de los Obispos de Colombia, se da a pocas semanas del debate electoral que definirá la conformación del nuevo congreso y colocará los nombres de las personas más opcionadas para ser el próximo presidente de Colombia, un tema de especial transcendencia. En este sentido, la Conferencia Episcopal envió un mensaje al conjunto de la sociedad, a quienes compiten por el respaldo ciudadano y al gobierno que tiene la responsabilidad de dar garantías para una competencia sin violencia y transparencia. Aquí se puede ver el texto. En el mensaje, los Obispos señalaron como los principales problemas de Colombia a: la Inequidad, la corrupción, la devastadora acción del narcotráfico, la pobreza y la violencia. Se han pronunciado contra todas las violencias en curso; han pedido un alto al fuego a quienes ejercen la ejercen; han criticado las políticas que ven en la sociedad “enemigos internos”, a las políticas guerreristas; han llamado a superar todas las violencias en caminos de entendimiento, de asumirnos como hermanos y hermanas, un bello mensaje del cual estamos lejos como sociedad, donde hay que seguir trabajando arduamente para que la vida sea sagrada y no se le atropelle todos los días, como ha sucedido en nuestra sociedad desde siempre. La Iglesia Católica ha estado al lado de quienes sufren, ha levantado su voz ante los atropellos, han sido valientes en la denuncia y en permanecer al lado de quienes sufren. Esta semana los obispos de Quibdó, Apartadó e Istmina le pidieron al presidente Iván Duque una reunión para reafirmarse en una denuncia que han hecho, de la mayor gravedad: los altos mandos del Ejército Nacional, de la Armada y la Policía en los territorios que ellos lideran como religiosos son socios y trabajan de la mano con el Clan del golfo y las bandas del narcotráfico y atropellan a las comunidades. No es una denuncia temeraria y sin fundamento, es lo que ellos ven y las comunidades corroboran. Hay que salir del narcotráfico, de las políticas que alientan y profundizan las inequidades, de las políticas interesadas en mantener la violencia. Eso es tarea de la política, los políticos y los gobiernos a todos los niveles, liderados por un gobierno nacional que asuma estos enormes desafíos. Hay que votar esperemos una sociedad que lo haga masivamente y de manera responsable, sopesando historias y propuestas. Hay que agradecer el compromiso de los miles de pastores que permanecen al lado de las comunidades, dándoles aliento ante el sufrimiento y proclamando que vendrán días mejores, esperemos que sea así. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Laura Cano Periodista Pares La imputación de Andrés Escobar, que estaba prevista para esta semana, fue aplazada por solicitud de la defensa del victimario bajo motivos que aún se desconocen. Las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento quedaron programadas para el próximo 31 de marzo y 1 de abril, respectivamente. Esto se dio luego de que en enero también se aplazara este proceso con la Fiscalía. Además, el abogado de las víctimas, Elmer Montaña, aseguró que, por un lado, “tengo información que Andrés Escobar ha tramitado la renovación de su pasaporte, lo cual nos da un indicio de que estaría contemplando la posibilidad de irse del país y que se estarían presentando filtraciones del caso a personas o a terceros que nada tienen que ver con el proceso". Además, Montaña advirtió que “si la Fiscalía no solicita la medida de aseguramiento, los abogados de víctimas harán esa solicitud al juez de control de garantías". Montaña aseguró que solicitarían esta medida de aseguramiento ante el peligro para la sociedad que representa Escobar, como también por el riesgo a la obstrucción al proceso que pueda producir el señalado. Hay que recordar que junto a Escobar hay otras 10 personas más que se imputarán y que la Fiscalía aún no ha revelado los cargos del empresario caleño. El caso en el que está involucrado Escobar El 28 de mayo de 2021 se volvió a retomar la protesta social, luego de las nuevas jornadas del Paro Nacional convocadas desde el 28 de abril. Para ese momento, mayo, en varias zonas de Colombia las movilizaciones se vivían con tensa calma, pues en varias ocasiones estas terminaban en ataques de la Fuerza Pública contra civiles. Pero, en ciudades como Cali, también fueron otros ciudadanos los que agudizaron la situación violenta, pues varios de ellos salieron con armas, bajo el argumento de la defensa de los bienes materiales y el “orden”. En la capital vallecaucana, ese 28 de mayo, se alertó que civiles estaban atacando a manifestantes en distintas zonas de la ciudad. Una de esas fue Ciudad Jardín, en donde se presentaron reportes de disparos en contra de las y los manifestantes. Dicha situación se pudo evidenciar a través de transmisiones en vivo que realizaron habitantes de la zona, manifestantes y personas de prensa. Poco después se conoció que una de las personas de civil que estaba intimidando y amenazando a quienes protestaban en dicha zona del sur de Cali era Andrés Escobar, quien, al igual que las personas que estaban allí con armas de fuego, estaba actuando al, parecer, en complicidad y con el aval de la Policía. De hecho, para ese momento, desde la misma institución se había informado que al menos 10 uniformados entrarían a investigación, al ser acusados de permitir a civiles disparar contra manifestantes en dicha ciudad. Lo que vino después de las grabaciones en vivo y a las fotografías que permitieron identificar a Andrés Escobar, fue una serie de intentos para limpiar su imagen frente a los graves hechos. Días después, el implicado grabó un video en el que se presentó y manifestó que era un empresario de la industria de la publicidad y que “no tenía intención de causarle daño a una persona, tampoco se presentó ningún herido ni mucho menos un homicidio. Los disparos (al aire) fueron para disuadir a los vándalos, ya que estaban avanzando para quemar el CAI; lo hubieran logrado si nosotros no hubiésemos estado ahí”. Además, agregó que era “una persona de bien, trabajadora, sin antecedentes judiciales, pago impuestos (…) Comprometido con mi ciudad, me duele Cali”. Incluso, en dicho video señaló que el arma con el que había salido era una pistola traumática, y mostró el registro de la DIAN de dicho elemento y su factura. No obstante, en junio, la Fiscalía abrió indagación por los hechos ocurridos. A pesar de que el proceso no parecía dar muchos pasos, medios como Cuestión Pública y 404 productora lograron poner sobre la mesa que el arma que Escobar mostraba en el video como la supuesta pistola con la que salió a amenazar a los manifestantes era diferente a la que verdaderamente tenía ese día. Cuestión Pública, además, habló con Sebastián Caballero, abogado de las personas afectadas en los hechos. El profesional también le dijo al medio que: “Mientras en las imágenes obtenidas por Cuestión Pública se ve una pistola de color oscuro con proveedor ampliado [30 proyectiles], la mostrada por Escobar en el video del 31 de mayo es de color gris, con un proveedor sencillo [15 municiones]. Consideramos que la primera es de fuego, mientras que la segunda es traumática. La Fiscalía debe revisar esta nueva prueba”. Tras todo esto, en diciembre de 2021, se conoció que Escobar sería imputado por la Fiscalía, proceso que aún no se termina de dar ante tantas dilaciones. Además, para ese momento, el ente de control imputó al coronel Edgar Vega Gómez, comandante operativo de la Policía de Cali; el teniente Néstor Mancilla, comandante de los Grupos de Operativos Especiales de Seguridad (Goes); y el patrullero Wilson Orlando Esparragoza por la muerte de José Emilson Ambuila, Kevin Antonhy Agudelo, Harold Antonio Rodríguez, Einer Alexander Lasso, Edwin Villa Escobar y Miguel Ángel Pinto, también en el marco de las protestas que se dieron en Cali. Ante todo esto, y en relación con el aplazamiento de la imputación de Escobar, Isaac Morales, coordinador de la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana, analiza que: “es muy común que este tipo de acciones se den en estos casos para que las dilaciones generen que se venzan los términos, y estas personas se salgan con la suya. Así que hay un riesgo que Andrés Escobar quede libre por vencimiento de términos. Pero, además, es necesario ver que al parecer no existe un compromiso real de la justicia con las víctimas, sobre todo cuando son casos tan mediáticos y además graves. Así que toda esta situación lleva a preguntarnos ¿por qué sí se imputaron cargos a los policías por este caso, pero a Andrés Escobar no?”.

Por: Redacción Pares Con Pares Destaca y Pares Cuestiona queremos poner sobre la mesa a los liderazgos sociales, políticos y económicos que merecen tu atención. Esta semana destacamos a una lideresa que canta, educa y camina por la protección del territorio caucano, por la soberanía alimentaria de las comunidades y por la participación y reconocimiento de la voz de las mujeres. Es María Elsa Zapata Díaz, oriunda de Puerto Tejada, integrante de REDODEN y REDMUNORCA. Por otro lado, cuestionamos, nuevamente, a Alexander Vega, nuestro registrador nacional. El funcionario no deja de dar de qué hablar. Él, en sí mismo, tiene un camino político cuestionable por sus acercamientos. Pero, además, la entidad que lidera está envuelta en escándalos de irregularidades en contratación y diferentes procesos electorales que alertan sobre fraudes para los comicios.

Por: Laura Cano Periodista Pares La captura de Otoniel ha marcado la posibilidad de conocer detalles de la guerra en la que él participó y orquestó por años. Hace unos días se conoció que la JEP lo escucharía nuevamente, pues hay que recordar que el pasado 21 de diciembre ya había tenido la posición de rendir declaraciones ante el alto tribunal. Lee también: Otoniel declarará de nuevo ante la JEP, ¿eso por qué importa? Esta vez, según dio a conocer la W Radio, habló sobre los apoyos e incursiones conjuntas entre grupos paramilitares y el Ejército Nacional. Inició hablando sobre su desmovilización y su vinculación a las Autodefensas, luego que un Batallón Granaderos del Ejército lo llevó para que él se presentara con Carlos Castaño, con quien aceptó ser parte del grupo paramilitar a cambio de recibir un millón mensual. Asimismo, como se señala en el medio de comunicación, "reconoció que (según su propia confesión) mientras estuvo en las Autodefensas en la zona de Urabá se adelantaron operaciones conjuntas con distintos batallones tales como el Batallón de Infantería 33 Junín, el Batallón de Contraguerrilla 35, Batallón Vélez y Batallón Arhuacos. Según lo asegurado por las fuentes, ‘Otoniel’ señaló que efectivamente hubo incursiones en las que los paramilitares trabajaron mano a mano con los soldados". Por su parte, afirmó que la llegada de las AUC al Guaviare también, presuntamente, se dió bajo la vinculación del grupo ilegal con el Ejército en 1997. A esta zona del país las AUC, como contó Otoniel, enviaron a sus hombres "más virtuoso", y el plan estuvo bajo la responsabilidad principal de Carlos Castaño y Alias `Doble Cero'. Como conoció el medio de comunicación, Otoniel también narró que: "al llegar a Necoclí no pudieron ser enviados por lo que se vistieron de civil entregaron sus armas y de acuerdo con el excomandante del Clan del Golfo, se trasladaron en buses hasta el aeropuerto El Cedro, en Carepa, y de allí efectivamente fueron trasladados hasta el Guaviare. Sobre la coordinación de ese envío indicó que alias ‘Doblecero’ fue el que se encargó". Ahora bien, además de estos testimonios ante la JEP, recientemente fue denunciado por la oficina de prensa del equipo de defensa jurídico de Otoniel, que en medio de la audiencia que se adelantaba hoy con la Comisión de la Verdad en la sede de la DIJIN, miembros de la Fuerza Pública obligaron al Comisionado Alejandro Valencia Villa, al Investigador de la Comisión y a un abogado de la defensa a retirarse de la celda donde ocurría la audiencia. La Policía en otro comunicado respondió que esta situación se dió dado que han recibido alertas de un supuesto plan de fuga del Clan del Golfo para liberar a Otoniel. Desde la defensa de Otoniel se advirtió que estos hechos "bloquean el importante avance logrado en la construcción de la verdad sobre el conflicto armado en Colombia. Reiteramos que desde el inicio de las audiencias con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, se ha evidenciado un ambiente hostil de los miembros de la fuerza pública. Esta situación impide que las audiencias se realicen en mínimas condiciones de confidencialidad y privacidad, indispensables para este tipo de procedimiento. Acudiremos a las instancias internacionales para defender los derechos de las y los colombianos en saber la verdad".

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina Línea Jóvenes en Riesgo y participación juvenil. Coordinación escuelas de liderazgo “Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarlo. ¡Nadie!”. Jaime Garzón Asistí a un encuentro del senador, candidato y cabeza de lista al senado por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, el día martes 15 de febrero en el parque Olaya Herrera de mi ciudad Pereira. Punto neurálgico y simbólico del estallido social de 2021 en esta ciudad. A este encuentro asistieron líderes de un sector del Pacto Histórico de Risaralda, digo un sector, porque la división de esta colectividad política en el departamento cafetero es muy fuerte, evidente y me atrevería a decir irreconciliable. Estas divisiones tienen su origen en las elecciones de 2018 y 2019, en las que el equipo central que sustentó la campaña a la presidencia de Gustavo Petro, no pudo ponerse de acuerdo el año siguiente en las elecciones regionales para concertar mecanismos de elección de candidatos y conformación de listas a concejos y asamblea departamental, esto con un costo político grande, en el que la Colombia Humana no logró curules y las fuerzas políticas se dispersaron entre campañas de otros sectores alternativos y las demás fueron cooptadas por estructuras de poder tradicionales. La división se hizo manifiesta desde mediados de 2021, cuando en las primeras reuniones de organización política los sectores en disputa terminaron por darse la estocada final, partiendo en tres el proceso. A esta reunión o encuentro informal y en la calle con Bolívar, asistió un sector de líderes del paro nacional del año pasado y de las primeras líneas juveniles, que se enfrentaron al ESMAD, con un alto costo de pérdidas humanas entre las que se cuenta Lucas Villa y Héctor Fabio Morales a nivel local y muchos más en lo nacional. Entre los asistentes se encontraba la hermana de Lucas Villa, ex candidata a la cámara de representantes del PH y líder de un sector del movimiento. Bolívar en su intervención, se dirigió específicamente a los jóvenes presentes, agradeciéndoles por haber despertado la conciencia política del país, revertir la reforma tributaria, sacar un ministro, y doblegar al Estado, esto por supuesto lamentando los costos en vidas y reconociendo en un ejercicio de memoria el sacrificio de quienes dieron su vida por esta causa. Punto seguido, se les dio a los jóvenes la oportunidad de interactuar, espacio para formular preguntas, hacer comentarios o simplemente expresar sus ideas ante el candidato. El líder del grupo juvenil que asistió a la reunión, expresó ideas en torno a la división del movimiento, dado que algunos grupos y líderes se acercaron a las instituciones a negociar garantías y acuerdos, logrando, según ellos, vender la causa y traicionar los logros del paro. En el desarrollo de su disertación, se repitió hasta la saciedad a modo de mantra la frase: “a nosotros nadie nos representa, nosotros nos representamos a nosotros mismos”, esto para referirse a que ninguna interlocución con el Gobierno o el poder es válida, siempre y cuando, según ellos, no sea concertada con el colectivo. Esta infantil paradoja, esta tautología argumentativa, este malabarismo lingüístico, no es más que una mordaza política que los mismos jóvenes se ponen para no entrar en la acción política, negar rotundamente cualquier gestión que se dé a los jóvenes desde la institucionalidad y deslegitimar a quien se atreva a hacerlo. Esta mala costumbre política de no interlocutar con diferentes, de fustigar a quien se postula o atreve a buscar un escaño de representatividad, a quien lidera y va a la cabeza, hace que estos grupos urbanos marginales de jóvenes se queden en la queja constante, en que sean torpes al momento de buscar caminos para resolver sus problemas y a equivocarse en asuntos tan sutiles como el lenguaje y la argumentación. Una prueba de ello, es el alto índice de abstencionismo electoral en las pasadas elecciones juveniles, que se realizaron el pasado 5 de diciembre en todo el país. Pues esta ronda el 80%, cifra preocupante que puede aumentar para las legislativas, las consultas y las presidenciales, dada la ausencia de propuestas audaces para los jóvenes, los liderazgos viejos y reciclados, y la poca credibilidad que generan quienes aspiran a estos cargos. En Risaralda el índice de participación fue apenas del 5% y los colectivos que alcanzaron representación no recogen del todo las banderas del estallido social. Sin embargo, no participar es a la vez un harakiri, la sola voluntad del voto por un escaño representativo en una instancia consultiva como los Consejos de Juventudes, que puede incidir en crear políticas que apunten a mejorar sus condiciones de vida y construir su propio camino democrático, deben tomarse como un gran avance para toda la juventud no importa su espectro ideológico. Es necesario entonces que los jóvenes en Colombia comprendan la importancia de la participación en política, en un momento donde el único candidato joven de los presidenciales se medirá en la consulta de izquierda, Romero, sin muchas posibilidades de ganar y sin una agenda programática que ofrecer a los jóvenes de Colombia. La apuesta de todos los sectores de la sociedad civil, el Estado y las diversas organizaciones, es aunar esfuerzos en la formación política constante a los muchachos, y que no sea un asunto coyuntural que responda a las exigencias de los tiempos electorales. El único modo de llevar las demandas sociales emanadas del estallido social a los estrados de poder es aspirando, construyendo política y haciendo ejercicios electorales, pues ya lo dice un prestigioso analista político “El poder solo respeta al poder”.

Por: Laura Cano Periodista Pares Cada vez queda menos tiempo para que las y los colombianos acudan a las urnas a elegir a quienes ocuparán las curules del Congreso, y asimismo se van haciendo más fuertes los últimos campanazos de alerta sobre quienes se quieren quedar con estos cargos de elección popular. En relación con esto, recientemente el abogado Miguel Ángel del Río Malo publicó, a modo de denuncia, un audio en el que se escucha al congresista y candidato al Senado, Laureano Acuña, hablando con el candidato a la Cámara por el Atlántico, Edison Massa, como parte de lo que sería una negociación para ir en fórmula al Congreso, a través de la compra del sufragio. En el audio publicado en la cuenta de Twitter del abogado, se escucha a senador asegurando que tiene que comprar unos 70.000 votos en el Atlántico, y que este es un departamento más costoso para la compra de votos. Puntualmente, se escucha: “Yo lo que quiero que entiendas, viejo Massa, es que el Atlántico es más costoso que cualquier departamento. Ya es momento también de sacar cuentas porque yo tengo mi techo. Yo también tengo mis compromisos por fuera que no puedo dejar tirados (…) vaya con quien vaya, con todo en el Atlántico tengo la tranquilidad de que no nos van a derrotar. Yo voy a hablar con unos alcaldes y le ponemos unos voticos al ‘Negro’ Martínez (Juan Carlos Martínez) o al que sea. Yo al final le puedo decir al alcalde: “vota por mí, mi hermano, o una Cámara que tengo acá para que te ganes un billetico, y con esa platica lo pones a votar y yo me desenredo de este. Los manes lo que quieren es ganarse su platica. Los manes van a coger los tres concejales de ahí (…) sus amigos para ellos después tomar, pero ellos al final tienen que dar de su cuenta su bocado a revisar que es lo que tenemos que movilizar en el Atlántico, pa’ poder cuadrar 70.000votos. Mínimo tenemos que comprar 7.000 votos, de ahí nos vamos empujaos”. “Eso está claro, 70.000 votos y yo no quiero hacer una campaña loca. Vamos a coger y vamos a zonificar, unos 150.000 o 200.000, para después decir: apenas van 140.000. Si nosotros vamos a hacer una campaña (…) vamos a coger municipio por municipio y vamos a decir: en Luruaco vamos a poner 800 votos. Que vamos a poner qué Fulana, y qué Fulana vamos a sentarla acá. ¿Ustedes nos pueden recoger 800 votos? Sí, nosotros podemos recogerles 800 votos. Les vamos a pagar eso y de ahí juro (…) no nos podemos bajar. Porque usted sabe que se jode esta mondá”, agrega Acuña. Tras esto, Del Río Malo confirmó que presentará el caso ante la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia. Mientras que Acuña envió un comunicado de prensa en el que asegura que lo que se escucha en el audio se trata de una “conversación coloquial propia de nuestra región”, en la que, como indica Acuña, se hablaba sobre lo costoso que es el debate político y que “para asegurar un escaño se necesitan mínimo 70 mil votos. (…) En el audio no se vislumbra ningún concierto o delito como lo quiere hacer ver el señor Del Río”. Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar en contra de Acuña. El Ministerio Público verificará si la grabación es prueba de alguna falta disciplinaria. "En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 150, se hace necesario adelantar indagación preliminar con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si esta es constitutiva de falta disciplinaria, individualizar e identificar al presunto implicado y establecer si ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad", se comunicó. Los hilos necesarios de desenredar A pesar de que el tema aún está por resolver, sí es necesario poner sobre la mesa varios temas. Por un lado, hay que recordar que Edison Massa fue capturado en 2015 en Puerto Colombia, Atlántico, por suplantar 700 cédulas que fueron inscritas en el municipio. En ese tiempo también se disputaba un comicio dentro de la Cámara de Representantes. Asimismo, el pasado 24 de enero Massa afirmó que su candidatura está con el apoyo del senador Acuña, quien "representa los valores y principios”. Por su parte, dichos valores y principios de Acuña varias veces han sido cuestionados. Acuña es senador por el Partido Conservador y actualmente se desempeña como presidente de la Comisión de Ética en el Congreso de la República, cargo al que llegó aun cuando se hicieron varias alertas sobre su dirección en esta instancia. Lo anterior pues su paso por el Congreso ha sido constantemente cuestionado, y una de las razones principales era la misma que hoy lo rodean: la compra de votos. Para el periodo 2018-2022 Acuña consiguió 82.854 votos (los cuales se concentraron en el departamento de Atlántico). Además, Acuña es señalado por Aida Merlano en sus declaraciones como uno de los “tres mayores responsables de compra de votos en el Atlántico”, junto al ‘Clan Char’ y al ‘Clan Gerlein’. Estas estructuras clientelares habrían permitido la llegada al Congreso de César Lorduy, Modesto Aguilera, Karina Rojano y José Gabriel Amar, quienes también obtuvieron sus mayores votaciones en el departamento de Atlántico, permitiéndoles ser actuales representantes a la Cámara por el partido Cambio Radical. Adicional, y como ha sido investigado en ocasiones anteriores por Pares, Acuña tiene un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia, cuatro procesos en el Juzgado Civil del Circuito de Barranquilla, uno en el Juzgado Municipal Civil de Oralidad en Barranquilla y uno en el Juzgado de Familia de Barranquilla. Todos estos procesos son de carácter privado. Por su reserva, se desconocen los asuntos y el curso de estas investigaciones. Aún con esto encima, Laureano Acuña pretende quedarse en el Senado, además contando con el apoyo de los Char y el Partido Conservador. Por todo esto, Pares tiene la lupa sobre este candidato, que además aparece como uno de los veinte congresistas que menos asistió a las sesiones presenciales en el Congreso durante el periodo 2020-2021, con apenas 2 asistencias al Capitolio mientras participaba activamente de 24 eventos presenciales, reuniéndose con artistas, amigos, políticos, etc. En menos de un mes veremos si la maquinaria le sigue funcionando a Acuña, aun siendo uno de los candidatos cuestionados; con procesos judiciales pendientes, amañado con clanes políticos, y ahora, con un nuevo escándalo por un tema no nuevo para él.

Por: Cayo Marío Líder político y social de Tame, Arauca. Cuando los médicos diagnostican una enfermedad, ya han agotado consultas, exámenes, radiografías; todos los pasos necesarios para en lo posible no equivocarse. Inclusive, incluyen diálogo con sus pacientes, que le manifiesten sus dificultades en salud. Pero, especialmente, es importante que tanto el médico como el paciente sean capaces de reconocer su enfermedad para poderla curar. Pero si no hay sinceridad y si no hay diálogo con las comunidades, no se podrá reconocer la enfermedad y no habrá nada qué hacer. Eso es lo que le pasa a Arauca, que ni el presidente de la República, ni el Gobernador ni los alcaldes han sido capaces de reconocer el problema que tiene Arauca. No hablan con las comunidades, se han dedicado a maquillar las cifras de los muertos y desplazados, no han sido capaces de levantar la voz y decirle al presidente que estamos en peligro, que hay miedo. Ellos han permitido que el presidente monte su show mediático, como si en Arauca no pasara nada. Entonces le echamos la culpa a los medios de comunicación del orden nacional que se atreven a contar la verdad y que las autoridades se preocupan más por el qué dirán que por los problemas de los araucanos. Si las autoridades no dejan su ego y son capaces de manifestar lo que nos duele estamos en la olla. Claro, tratan de brindar una sensación de seguridad que no existe para que los que vivimos en los cascos urbanos no digamos nada, mientras tanto los campesinos se acuestan en sus casas junto a su familia o a veces en el monte pasan la noche a la intemperie. Es muy difícil meterse uno en los zapatos de otro, pero deberían pasar una noche en el campo para que sientan pánico cuando a media noche ladran los perros, sin saber quién llega o que al otro día no sabe si amanece vivo o muerto. Si el medico no reconoce la enfermedad nos llevó el chiras, y las cosas serán más graves. Lo mismo con las autoridades, si no reconocen el problema estarán muy lejos de las soluciones y será muy difícil rescatar la confianza en la institucionalidad.

Por: Nataly Triana Guerrero Asistente de investigación en la Línea de Democracia y Gobernabilidad A pesar de que el partido Liberal aún no tiene un candidato oficial al cual respaldar a la presidencia, el Clan Calle ya alineó sus respaldos y le entregó sus banderas a Gustavo Petro en Montelíbano, Córdoba. El 13 de febrero, Gustavo Petro asistió a un evento político en Montelíbano organizado por Gabriel Calle Aguas, hermano del representante a la Cámara y heredero político del Clan Calle, Andrés David Calle Aguas. En este encuentro le fue entregada la bandera del Partido Liberal al candidato presidencial y fue anunciada la alianza de la lista del Partido Liberal a la Cámara en Córdoba con la lista presidencial del Pacto Histórico. Fuente: Gustavo Petro De esta manera, el candidato presidencial dejó sin respaldo político a la lista presentada por su coalición en este departamento. En cambio, dio de facto el apoyo a candidatos como Andrés David Calle Aguas, Walter Hernán Gómez Reyes, Eduardo José Tous de la Ossa y Arleth Casado, todos candidatos cuestionados por Pares. Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil Herederos de corrupción del Partido Liberal Según el informe “Los herederos y las herederas de todas las formas de corrupción”, Andrés Calle es heredero del caudal político de Gabriel Calle Demoya, quien fue investigado por presuntos hechos de corrupción, específicamente porque su administración se encontró relacionada con un posible desfalco de 60 mil millones de pesos a través de la empresa de economía mixta Jaguazul S.A. Aparentemente, este dinero fue usado en la candidatura de Gabriel Calle Demoya a la alcaldía de Montelíbano en el 2019. En este mismo año la Fiscalía le imputó a Gabriel Calle los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. Por otro lado, la Procuraduría Regional de Córdoba, en el 2020, le abrió una investigación a Walter Hernán Gómez por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato de adquisición de equipos biomédicos mientras ejercía como secretario de Salud departamental. En la actualidad, Pares desconoce el curso de esta investigación. En otro caso, Eduardo José Tous de la Ossa es el heredero de la estructura política del Ñoño Elías, exsenador que perdió su curul por ser objeto de investigación en el caso de Odebrecht. Este candidato también fue denunciado por Pares por presuntamente haber convertido Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del ICBF en espacios de corrupción. Por último, Arleth Casado ha construido su caudal político propio, a pesar de ser la esposa de Juan Manuel López Cabrales, ex congresista condenado a 6 años de prisión por concierto para delinquir, al ser uno de los firmantes del Pacto de Ralito. En el 2017, la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación preliminar a Arleth por presuntamente haber favorecido la entrega de contratos públicos a la empresa brasileña, sobre esta investigación no se han encontrado novedades recientes. Pugna por la maquinaria liberal Esta búsqueda de mayorías en Córdoba por parte del Pacto Histórico hace parte de un cálculo político de Gustavo Petro para retener la fuga de la maquinaria política de este partido a favor de otros candidatos como David Barguil, quien aparentemente tiene entre sus adeptos a Fabio Amin y Juan Camilo Corrales Saleme. Fuente: El Home De acuerdo con fuentes territoriales de Pares, el actual candidato cuestionado al Senado y el diputado de la Asamblea de Córdoba (2020-2023) del Partido Liberal se han distanciado políticamente de Andrés Calle quien es la fórmula a la Cámara de Fabio Amín, heredero del capital político del ex congresista Juan Manuel López. Esta distancia se puede explicar a partir de las relación de confianza construida entre Barguil y Amin desde el 2016, año desde el que Amín se configuró como un potencial aliado del actual candidato presidencial y heredero de una de las estructuras clientelares más poderosas de Córdoba: el ‘Clan García Pineda’. Según fuentes de Pares, el respaldo hacia este candidato obedece no solamente a una relación de confianza, sino también a una apuesta electoral segura en tanto es él conservador más votado y el cuarto senador con más votos en el país. Fuente: Andrés Calle Ahora bien, estas mismas fuentes también le han afirmado a Pares que el respaldo de Petro a la lista liderada por Andrés Calle no es exclusivamente para quienes conforman el Clan Amín-López-Calle, sino también a los candidatos del Ñoño Elías con quien presuntamente ha habido aproximaciones, las cuales Pares no ha podido verificar. Es importante recordar que esta no es la primera aproximación de Petro con los distintos líderes de las maquinarias liberales, entre los más polémicos se encuentra Luis Perez y Julian Bedoya, barones electorales del Partido Liberal en Antioquia. Pérez ha sido múltiples veces denunciado por Pares por su presunta responsabilidad en la operación Orión y desviación de recursos públicos a través de una sociedad de economía mixta, denominada Valor +. Por su parte, Bedoya fue denunciado por haber obtenido su título universitario de manera irregular y fraudulenta. Actualmente, el director del Partido Liberal, César Gaviria, no se ha pronunciado sobre la posibilidad de aliarse con Gustavo Petro y tampoco ha invalidado o validado las acciones realizadas por sus distintos candidatos a nombre del partido. Nuevamente, este partido es un plato de segunda mesa para el mejor postor en donde la ausencia de dirección ha creado un caos en la búsqueda de supervivencia de los clanes políticos de esta organización partidista. Por último, el Pacto Histórico ha demostrado nuevamente que las aspiraciones presidenciales de Gustavo Petro se encuentran más allá de las distancias ideológicas y éticas que existen con las organizaciones clientelares y corruptas del país.

Por: Laura Vanesa Prieto En el reciente informe de la Fiscalía General de la Nación sobre una red de militares retirados y activos que habría beneficiado las operaciones de la organización ‘La Cordillera’ (facción del Clan del Golfo), en cuatro municipios del departamento de Nariño; se revela que el General retirado Leonardo Alfonso Barrero Gordillo sería una ficha clave para que dicha organización se quedará con el monopolio del narcotráfico en esta zona del país, desde septiembre de 2019 y enero de 2022. Según el informe, el General (R) (bajo el alias ‘El Padrino’) habría participado activamente en la generación de información que se entregaría a Juan Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’ (comandante de ‘La Cordillera’), sobre las operaciones militares en la zona y las acciones contra el GAOR E9 de las disidencias de las FARC bajo en la comandancia de alias ‘Sábalo’, con quién se disputaría el control de la producción y las rutas de tráfico de cocaína en el suroccidente del país. ¿Quiénes integraban esta red? El funcionamiento de esta red habría implicado la participación de algunos militares retirados, y otros activos, quienes tenían conocimiento de los nexos entre miembros de las Fuerzas Militares y alias ‘Matamba’, y quienes además habrían recibido salarios entre 5 y 30 millones de pesos por sus labores. De acuerdo con la Fiscalía, el General (R) Barrero era uno de los altos mandos involucrados en esta red, cuyo rol fue fundamental para el beneficio de esta organización criminal ya que coordinaba desde Bogotá la entrega de información de inteligencia a los mandos medios, quienes, a su vez, serían los encargados de suministrarla a alias ‘Matamba’. El papel de alias ‘El Padrino’ también implicaba entrenamiento contraguerrilla, equipamiento con dotaciones de uniformes (de uso privativo de las FF.MM.), así como aparatos de comunicación para los miembros de la organización ‘La Cordillera’. Otro miembro de la red es el Coronel retirado Robinson González del Río, alías ‘Coro’, quien habría sido el puente entre alias ‘Matamba’ y alias ‘El Padrino’ para entregar dicha información y, de igual forma, garantizar el pago de estos servicios. Además, habría coordinado con el General Wilson Chawez Mahecha, quién era el jefe de operaciones conjuntas en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, los falsos operativos contra ‘La Cordillera’. Cabe señalar que actualmente el General Chawez se encuentra activo en el Ejército. Dos miembros adicionales serían el Coronel retirado Harry Leonardo Gómez Tavares, alias ‘Júpiter’, y el abogado Wilton Mauricio Sánchez, alias ‘Mauricio’, a quienes se les habría pagado cerca de 5 millones de pesos mensuales por sus labores relacionadas a la red. Según los audios revelados por BLU radio, uno de los objetivos de la red era poder infiltrar la Brigada Contra el Narcotráfico BACNA, de manera que se pudiera tener una información más precisa sobre las operaciones en la zona contra alias ‘Matamba’ y de esta forma montar operativos falsos que despistaran las labores de inteligencia. También se revela que alias ‘Sábalo’ tenía una cuota dentro de esa división, por lo que era necesario generar un contacto directo para que no hubiera filtraciones. Por su parte, el funcionamiento de esta red también implicaba el destino de recursos monetarios para la movilización de militares en las zonas en las que se habrían realizado los falsos operativos en contra de alias ‘Matamba’, y el equipamiento con dotaciones de uniformes (de uso privativo de las FF.MM.), así como aparatos de comunicación para los miembros de la organización La Cordillera. La revelación de los nexos entre el General (R) Barrero y ‘La Cordillera’ es una ficha clave para la investigación de la Fiscalía, ya que permite identificar de manera más precisa el inventario criminal en el departamento de Nariño. Vale la pena señalar que Barrero fue el máximo comandante de las FF.MM. hasta abril de 2014, fecha en que solicitó la baja. Además, fue candidato por el Centro Democrático de la gobernación del Cauca en el 2015 y miembro de la lista al Senado por el mismo partido en el 2017. También brindó una versión voluntaria ante la sala de reconocimiento de la JEP, por el caso de Falsos Positivos en Casanare en año 2005, cuando era comandante de la Décimo Sexta Brigada. ¿Y ahora qué? A pesar de la divulgación de este informe, el General (R) no acepta los señalamientos en su contra y menciona que desvirtuará lo revelado por la Fiscalía a través de pruebas. Sin embargo, esta investigación ha derivado en las capturas del Coronel (R) Robinson González del Río el 3 de febrero, por su asesoría a la estructura ‘La Cordillera’; y de Juan Larrison Castro Estupiñan, alias ‘Matamba’, comandante de esta organización, en mayo de 2021 en su residencia en Floridablanca, Santander. Entre tanto, mientras avanza formalmente la investigación, lo cierto es que efectivamente existe un alto grado de corrupción en las divisiones encargadas de las operaciones militares contra las organizaciones que se lucran del narcotráfico en la zona sur del país, y que es posible observar la cooptación de algunas entidades del Estado por parte de estas organizaciones criminales. Frente a esto es necesario hacer un llamado a la cúpula militar y al Ministerio de Defensa para que se investigue sobre los vínculos entre militares y dichas organizaciones, así como el acceso a la información de inteligencia o clasificada que tienen los miembros retirados del ejército. Vale la pena preguntarse si es necesario reformar los protocolos de seguridad dentro de las entidades del Estado -en lo referente al acceso a la información confidencial-, y si existen mecanismos efectivos de control que permitan reconocer potenciales riesgos de filtración. Esto, considerando la actual crisis de seguridad que atraviesa el país, que tiene como consecuencia la deslegitimación de las Fuerzas Armadas y que pone en tela de juicio la gestión del Gobierno Nacional en esta materia. Se espera entonces que la investigación de la Fiscalía sobre este caso dé más pistas sobre los alcances de esta red, ya que efectivamente logró garantizar (al menos por un tiempo) el monopolio de la producción y tráfico de cocaína en esta zona del país a manos de una organización criminal, que sin la gestión de los señalados no lo habría logrado.

Por: Laura Cano Periodista Pares Hace unos días se conocieron varios hechos que habían sido cometidos en contra de la vida de firmantes de paz y contra los proyectos productivos que han emprendido en su camino a la reincorporación. El primero ocurrió el 10 de febrero en Leticia, Amazonas. En el hecho fue asesinado Carlos Fernando Ramos Sánchez, quien, como lo informó la congresista Victoria Sandino, Sánchez hacía parte del ETCR Oscar Mondragón en Miravalle, Caquetá. Por su parte, desde este mismo ETCR fue denunciado a través de un comunicado, también publicado por Sandino, que el 12 de febrero los escoltas de la firmante Lucila Moreno Páez, Jhon Sebastián Rivas Narváez y Leonardo Agudelo Murillo fueron atacados por la Policía de San Vicente del Caguán, Caquetá, al mando del capitán Diego Restrepo, así como por miembros del Ejercito de la zona al mando de José Alfredo Jiménez. Los hechos se registraron cuando Rivas Narváez recibió un golpe en su cabeza por una persona de civil, segundos después Agudelo Murillo reaccionó para socorrer a su compañero. Esta situación produjo un intercambio de disparos en el que Rivas Narváez quedo herido en una pierna, mientras que a Leonardo Agudelo quieren judicializarlo. Se señala en el comunicado que: “Esta agresión contra estas dos personas reincorporadas es un ataque directo contra el Proceso de Paz en Colombia, demostrando que la Fuerza Pública con su actuar, están detrás del exterminio de los firmantes”. Por otro lado, el 10 de febrero también se informó que el restaurante El Porta, el cual hace parte de los proyectos productivos de los firmantes en Bogotá, fue vandalizada; le rompieron algunos vidrios. Con esto hay que recordar que el 2 de febrero fue asaltada la Casa Cultural La Roja, en donde también rompieron los vidrios del sitio y robaron los productos hechos de los excombatientes. Adicional, a finales de enero se encontró una botella con un kilo de explosivo anfo y un dispositivo para activarlo a distancia en la Casa Alternativa, donde además se realizan reuniones políticas de la actual campaña electoral. Lee también: Partido Comunes denunció la instalación de un artefacto explosivo en sede de campaña De igual forma, vale la pena traer a colación que durante el año han sido asesinados los firmantes de paz: John Jairo Villar Vargas (Santa Marta – 29 de enero), quien hacía parte del Programa Presidencial de Reintegración en el Magdalena; Leonardo Martínez Muñoz, quien fue ultimado en el municipio de San José del Fragua en Caquetá. Adicional, a finales de enero en el departamento de Arauca, en el municipio de Saravena, la víctima fue Juvenal Ballén Gómez. Además, esto se ha sumado a una serie de constantes vulneraciones a los derechos de los firmantes, que afectan no solo su reincorporación y seguridad, sino también su participación en la política del país. De hecho, según el seguimiento de la Fundación Paz & Reconciliación y la línea de Democracia y Gobernabilidad, desde que inició el calendario electoral el pasado 13 de marzo, hasta la fecha, se han presentado hechos de violencia política contra cinco personas que hacen o hacían parte del partido Comunes. Unas de estas personas fueron Carlos Lozada y Victoria Sandino, quienes fueron amenazados por medio de un panfleto firmado por las Águilas Negras, y enviado en diciembre del año pasado. Otras fueron dos miembros de la Dirección Nacional de Comunes, quienes sufrieron atentados sicariales contra sus esquemas de seguridad, y, además, otra víctima de este tipo de violencia fue un excandidato al Concejo de Tuluá, José Alonso Valencia, quien fue asesinado en junio de 2021. Por otra parte, en lo que va del año la Defensoría del Pueblo en dos de las tres alertas tempranas que ha emitido, ha hecho referencia a la actual situación de los firmantes de paz. La primera es la 001-22, la cual se centra en la ciudad de Cali, que puntualiza el riesgo que se configura por la presencia de Facciones Disidentes de las antiguas FARC-EP, adscritas al Comando Coordinador de Occidente, y del ELN en zonas suburbanas, así como en algunas comunas en donde también operan grupos de delincuencia común y organizada asociados al narcotráfico. Esta violencia configura una grave amenaza para los derechos de la población civil, pero también, y como se anota en el documento, contra excombatientes. En la alerta se expone que de las personas que están en riesgo, 214 son personas en proceso de reincorporación de las antiguas FARC-EP, que se encuentran dispersas en el municipio de Cali y que representan el 48,85% de la población en proceso de reincorporación en el departamento del Valle del Cauca. Se puntualiza que entre el 2018 y julio de 2021 fueron reportadas 22 personas víctimas de homicidio en Valle del Cauca, de las cuales nueve de las victimas residían en Cali. Adicional, apuntan que los firmantes no solo se ven expuestos a hechos de asesinatos, sino que también hay un riesgo latente, del cual alertan, sobre casos de masacres, amenazas, extorsiones, atentados, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados (individuales, masivos e intraurbanos), uso, utilización y reclutamiento de NNAJ, atentados y actos terroristas. La otra alerta, 002-22, se centra en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, a causa de la dinámica de confrontación entre las disidencias del Frente Primero Frente Carolina Ramírez y Comandos Bolivarianos de la Frontera, grupos que están en la búsqueda del control de economías ilegales, lo cual ha desembocado en el incremento de conductas que vulneran a la población civil, principalmente las localizadas sobre la ribera del río Putumayo. Como en el anterior caso, en este también hay un llamado atención sobre la población que cumple su proceso de reincorporación en el municipio de Puerto Leguízamo, quienes se enfrentan a riesgos relacionados con las limitadas oportunidades para una inclusión real a la vida civil y económica, por los procesos de estigmatización y por la presión que ejercen los actores armados para la vinculación a sus filas. Vale mencionar que, en esta zona, hasta febrero de 2021, había 36 personas en proceso de reincorporación. “Entre el 2020 y mayo de 2021, tuvieron lugar cinco casos de riesgo gestionados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) de personas en proceso de reincorporación (excombatientes de las antiguas FARC-EP) en el municipio de Puerto Leguízamo, de ellos, cuatro corresponden a amenazas, y uno a persecución, entre los hechos que generaron la conducta vulneratoria se encuentran las presiones para integrarse a los grupos armados y la intimidación para que salgan del territorio. (…) En cuanto a homicidios de personas en reincorporación en Puerto Leguízamo, cabe destacar que entre enero y noviembre de 2021, se presentaron tres eventos, lo que resulta preocupante si se considera que el escenario de riesgo descrito en esta alerta, mantiene una tendencia a su exacerbación, en tanto persista la presencia de estos actores armados ilegales y se incremente la disputa por el territorio”, se asevera en el documento. Ahora bien, estas alertas, que solo son las emitidas en este año, muestran que los llamados por la garantía de seguridad de las personas firmantes de paz han sido constantes, pues asimismo han sido los casos de vulneraciones contra estas personas que le han apostado a la paz, aún con un escenario de zozobra y miedo que no se ha ido. Por eso, y ante el escenario que ya tenemos en este inicio del 2022, hacemos un llamado para que las autoridades competentes implementen acciones efectivas de protección y autoprotección, pero además se insiste en la urgencia de la implementación completa e integral del Acuerdo de Paz, que, durante estos, ya casi cuatro años de gobierno de Duque, ha estado expuesta a muchos baches.

Por: Línea de migración, región y frontera La frontera terrestre entre Colombia y Ecuador tiene una longitud cercana a los 586 kilómetros. Del lado colombiano son fronterizos los departamentos de Nariño y Putumayo; del lado ecuatoriano, las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. Las mayores dinámicas de la migración se dan entre la provincia del Carchi, cuya capital es Tulcán, e Ipiales, en el departamento de Nariño. La distancia entre estas dos ciudades es de 11 kilómetros. Son dos ciudades importantes, eje de la migración, el paso formal es el puente de Rumichaca, allí están establecidas las autoridades migratorias de los dos países. La mayor migración que ingresa por la frontera con Ecuador es de nacionalidad haitiana. La ONU estima que casi 4 millones de haitianos, de cerca de 11,5 millones, padecen inseguridad alimentaria. Un quinto de la población, alrededor de dos millones de personas, se han visto forzadas a emigrar. Esta ha sido una migración constante en la última década y de la cual poco se ha hablado, lo cual algunos investigadores de la temática catalogan como una expresión de racismo. Construimos un informe sobre los retos de este territorio. Consúltalo aquí.

Laura Alejandra Fajardo. Asistente de investigación Línea de Democracia y Gobernabilidad En la última década, las relaciones de Colombia y Venezuela, a nivel diplomático, han estado marcadas por rupturas que han ido en detrimento de las condiciones de vida para los colombianos y venezolanos que viven en frontera o que dependen económica y familiarmente de las relaciones de ambos países. Sin embargo, en la coyuntura electoral colombiana se ha planteado un riesgo particular: los colombianos que aún residen en Venezuela y que no podrán votar en las elecciones del 13 de marzo al Congreso, así como tampoco para primera y segunda vuelta presidencial. Aunque en 2018 el ambiente político permitió que los ciudadanos ejercieran su derecho, el panorama se divisa incierto para las elecciones del 2022. Si bien los cruces oficiales fronterizos se encuentren parcialmente abiertos, tras casi siete años de cierre, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Caracas sigue congelado. El trasegar de una difícil relación El inicio del siglo XXI marcó un periodo de transición política para Colombia y Venezuela que concluyó en la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Por un lado, la llegada a la presidencia de Hugo Chávez y, por otro, la implementación del Plan Colombia, cuyo propósito principal era la lucha contra las drogas, pero que en la práctica significó la fuerte presencia militar de Estados Unidos en territorio colombiano, Esto marcó el comienzo de una serie de decisiones y posturas que alejaron a los dos Estados. En efecto, la relación diplomática de los últimos años entre los dos países puede resumirse en cuatro etapas: primero, Álvaro Uribe Vélez y Hugo Chávez; segundo, Juan Manuel Santos y Hugo Chávez; tercero, Santos y Nicolás Maduro; y cuarto, Nicolás Maduro e Iván Duque. Primera etapa: las presidencias de Álvaro Uribe y Hugo Chávez (2002-2010) La llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia colombiana en 2002 escaló las tensiones con su homólogo, Hugo Chávez, pues mientras él pregonaba el ‘socialismo del siglo XXI’, Uribe declaraba una guerra abierta contra el terrorismo a través de su política de seguridad, la ‘Seguridad Democrática’. En el marco de estas diferencias políticas y discursivas, la disputa diplomática entre los dos mandatarios estuvo ligada a las acusaciones dirigidas al gobierno venezolano por parte del gobierno colombiano al denominarlos ‘cómplices del terrorismo’, al presuntamente resguardar en sus territorios a miembros de guerrillas de las FARC-EP y el ELN. Este periodo estuvo marcado por momentos relevantes como la captura de Rodrigo Granda (miembro del secretariado de las FARC-EP) en Cúcuta, el bombardeo al campamento de Raúl Reyes en Ecuador y la reacción venezolana de militarizar la frontera, que desencadenó un vaivén del cuerpo diplomático venezolano y colombiano entre Caracas y Bogotá. El primer periodo se cierra con el anuncio colombiano de la instalación de bases militares estadounidenses en territorio colombiano, lo que termina por congelar las relaciones diplomáticas con el vecino país. Segunda etapa: las presidencias de Juan Manuel Santos y Hugo Chávez (2010-2013) El segundo periodo de relaciones lo inaugura Juan Manuel Santos, proclamado nuevo presidente de Colombia en 2010. Su interés por el restablecimiento de las conexiones entre los dos países permitió que, desde el 2010, se establecierandiálogos y acuerdos que avanzaron en pro del fortalecimiento de las relaciones y la búsqueda de salidas mancomunadas a la crisis política y económica de la zona fronteriza. Sin embargo, este periodo conciliatorio finalizó con la muerte de Hugo Chávez en marzo del 2013 y la llegada a la presidencia de Nicolás Maduro. Tercera etapa: las presidencias de Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro (2013-2018) A diferencia del periodo anterior, la relación entre Maduro y Santos no estuvo marcada por un ambiente conciliatorio. En 2013, el presidente colombiano recibió en Bogotá a Henrique Capriles, líder de la oposición venezolana, situación que desde el Palacio de Miraflores se tomó a mal y condujo a que Maduro reevaluara las relaciones con el gobierno colombiano. Las relaciones sufrieron un importante revés y, en agosto de 2015, el gobierno venezolano puso en marcha la ‘Operación de Liberación del Pueblo OLP’: una política de seguridad cuyo objetivo era la lucha contra la inseguridad y la ilegalidad. Sin embargo, y en el desarrollo de esta política, el gobierno venezolano cerró unilateralmente los pasos fronterizos oficiales, declaró el estado de excepción en estados fronterizos como Táchira y deportó a un estimado de 2.000 personas, situación que generó el retorno masivo de más de 22.000 personas. Como respuesta, el gobierno colombiano declaró el estado de emergencia social y económica en la región y el cierre oficial de los cruces fronterizos. Estos choques diplomáticos coinciden con el estallido social en Venezuela, fenómenos que desencadenaron el incremento de la migración de ciudadanos venezolanos hacia países de la región como Ecuador, Chile y Colombia. El canal diplomático se cerró definitivamente en 2017 con la orden a Ricardo Lozano Forero, embajador de Colombia en Venezuela, de retirarse de Caracas. Desde ese momento el cargo no volvió a ser ocupado. Cuarta etapa: las presidencias de Iván Duque y Nicolás Maduro (2018-actualidad) La llegada de Iván Duque a la presidencia colombiana en 2018 anquilosó el cierre diplomático con Venezuela y reavivó las acusaciones al gobierno venezolano de ser auspiciadores de Grupos Armados Ilegales. A este retorno de la hostilidad, se sumó el reconocimiento del gobierno colombiano a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, hecho que se interpretó como un desconocimiento al rol de Maduro como presidente. Consecuencias democráticas y electorales del detrimento de las relaciones La participación de las y los ciudadanos colombianos en Venezuela La fuerte presencia de colombianos durante finales del siglo XX e inicios del XXI en Venezuela se vio reflejada en los 15 consulados instalados a lo largo y ancho del territorio vecino. Actualmente, según el directorio de la Cancillería colombiana solo 4 de los 15 están abiertos y operan bajo ciertas condiciones: Barinas, Barquisimeto, El Amparo y San Cristóbal. Mientras tanto, los otros 11 consulados están cerrados por completo: Caracas, Machiques, Maracaibo, Mérida, Puerto Ayacucho, Puerto la Cruz, Puerto Ordaz, San Antonio del Táchira, San Carlos del Zulia, San Fernando de Atabapo y Valencia. Según datos recogidos por el Proyecto Migración Venezuela, es posible trazar que de 1990 a 2011, la presencia de colombianos en Venezuela presentó un crecimiento sostenido, hasta el escalamiento de las diferencias y el cierre fronterizo en 2015. Tabla 1. Datos sobre presencia de colombianos en Venezuela. Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Datos de Proyecto Migración Venezuela Estas variaciones de la población colombiana en Venezuela han representado cambios en las cifras de censo electoral y votaciones. Para el caso de las elecciones legislativas y presidenciales colombianas de 2010 (a pesar de estar cerradas las relaciones tras el anuncio de la instalación de las bases militares estadounidense), los ciudadanos colombianos residentes en Venezuela pudieron acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto. Según las cifras recogidas por prensa, para el 2010 se registraban cerca de 115.000 ciudadanos colombianos habilitados para votar en Venezuela y en el Consulado de Colombia en Caracas, podían sufragar 30.000 ciudadanos colombianos. Para dichas elecciones, Gustavo Guzmán Manrique, ministro plenipotenciario de la Embajada de Colombia en Venezuela, estimó que entre el 20% y 30% de los colombianos registrados habían acudido a las urnas.[2] Las elecciones de 2018: Los votos colombianos de la frontera cerrada Según datos de la Registraduría Nacional, para las elecciones legislativas de 2018 se registraron 56.519 votos (28.227 a Senado y 28.292 a Cámara de Representantes) de colombianos residentes en Venezuela. Para Senado, es posible reconocer que los tres partidos más votados son del sector político de la derecha: Partido Conservador (7.140 votos), Partido de la U (5.825 votos) y el Partido Centro Democrático (3.694 votos). Mientras tanto, del sector alternativo, el partido que más votos logró fue el Partido Verde, con 1.448, cifra que está muy por debajo de los números alcanzados por los partidos de derecha. Gráfico 1. Resultados elecciones para Senado 2018. Consulados de Colombia en Venezuela La distribución de votos en Cámara de Representantes repite los rasgos del Senado, donde los tres partidos más votados fueron: Partido de la U (11.786 votos), Partido Centro Democrático (3.614 votos) y el Partido Mira (2.889). Sin embargo, la diferencia entre el Partido de la U como el más votado y el segundo partido que le sigue, el Centro Democrático, es de 8.172 votos. Una cantidad considerable. Frente a la situación de los partidos alternativos, vuelve a destacar la Alianza Verde, con 1.465 votos, seguido por el Polo Democrático Alternativo, que en esta ocasión alcanzó los 1.090 votos. Gráfico 2. Resultados elecciones para Cámara de Representantes 2018. Consulados de Colombia en Venezuela De los datos encontrados, llama la atención el caudal electoral de ciertos candidatos considerando un alto número de votos con respecto al total de los votos en el exterior que lograron conseguir. Los seis candidatos a Senado son: Tabla 2. Candidatos a Senado en 2018 con más votos recibidos en consulados de Colombia en Venezuela Es importante reconocer cómo relucen los nombres de algunos candidatos cuya forma de hacer política y campaña electoral está marcada por cooptación de votos y el uso de maquinarias políticas. Una de ellas es Nadya Georgette Blel, quien, según investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación, es miembro del Clan Blel en el departamento de Bolívar. La situación se repite para Nora García Burgos, baronesa política y líder del Clan García Pineda, en el departamento de Córdoba. De cara al 2022. Las dificultades para ejercer el derecho al voto Luego de la ola migratoria y el retorno masivo de colombianos en 2015, no es clara la cifra de cuántas personas permanecieron en territorio venezolano, su ubicación geográfica o sus condiciones de vida. Sin embargo, hay dos asuntos en particular que resultan problemáticos para las próximas elecciones de marzo: por un lado, la falta de información sobre cuántos colombianos hay y sus condiciones y la falta de garantías electorales y de transparencia. Según Juan Carlos Tanus, director nacional de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, el cierre de los consulados y la ausencia de instituciones colombianas en el vecino país ha traído consigo la imposibilidad de sortear trámites elementales, como la renovación del documento de identidad. Esta condición de indocumentación no sólo representa un riesgo para la seguridad de los ciudadanos colombianos considerando las deportaciones masivas del gobierno venezolano, sino que también implica que difícilmente los connacionales puedan votar en estas elecciones, pues al no tener un documento válido que garantice su nacionalidad es complicada su identificación acorde a las normas mínimas el orden democrático. Por otra parte, el cierre de los consulados colombianos también impide que haya un lugar asignado para llevar a cabo las etapas del proceso electoral: la instalación de las mesas, la asignación de jurados, el ejercicio del voto, etc. Ante esta particular condición, la Registraduría Nacional anunció que, dada la dificultad de abrir los consulados para las próximas elecciones, se habilitarán cinco puestos de votación en los municipios fronterizos: Maicao, La Guajira, Villa del Rosario y Cúcuta en Norte de Santander, Arauca en Arauca y Puerto Inírida en Guainía. Sin embargo, la intención de garantizar el voto de los colombianos en Venezuela a través de esta medida resulta por completo insuficiente, considerando que, por un lado, las condiciones de movilidad al interior de Venezuela resultan casi imposibles, debido a los altos costos de la gasolina, las restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia del COVID-19 y la falta de recursos para acceder al transporte público. Mientras tanto, el registrador nacional, Alexander Vega, manifestaba que “los colombianos en el exterior votan desde una semana antes del día de las elecciones”, panorama que resulta poco alentador para la salud de la democracia y la transparencia electoral, considerando las denuncias hechas por la Fundación Paz & Reconciliación sobre las irregularidades en la preparación de los comicios electorales por parte de esta institución. El posible comportamiento del voto de los colombianos en Venezuela Tal y como lo reflejan los datos de las pasadas elecciones de 2018, la mayoría de los votos hechos por colombianos en Venezuela fueron para partidos tradicionales y de derecha como el Partido Centro Democrático, el Partido Conservador y el Partido de la Unidad Nacional, partidos, además, históricamente vinculados con el uso de maquinarías electorales, y todo tipo de delitos para la consecución de los votos y la permanencia de sus clanes en los espacios políticos relevantes. Si bien es cierto que se espera una votación menor de ciudadanos colombianos en Venezuela, esta reducción no necesariamente reflejará la ausencia de votos para estos clanes políticos. Al contrario, la falta de transparencia en el proceso electoral puede conducir a que fácilmente quienes buscan sostener el caudal electoral ganado en 2018, aprovechen la falta de garantías para conservar parte de esos votos. Esta complicada situación revela la urgencia en el restablecimiento de las relaciones y la búsqueda de consensos para permitir que se haga presencia institucional colombiana en el vecino país en aras de solucionar aspectos básicos como un censo poblacional, cedulación y la posibilidad de ejercer el derecho al voto. [1] Este último registro es de los Datos del gobierno colombiano. Disponibles en Colombianos registrados en el exterior | Datos Abiertos Colombia [2] La falta de disponibilidad de los datos en la plataforma de la Registraduría colombiana para tal fin dificulta saber con certeza cuántos colombianos votaron en el 2010.