Por: Laura Cano Periodista Pares Han pasado 37 años desde el holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido en noviembre de 1985, y aún hay muchas verdades y procesos de reparación que están pendientes. Sobre lo anterior se ha dado un paso importante, pues recientemente se conoció que el general (r) Iván Ramírez Quintero fue aceptado por la Sala de Definición de la JEP, en donde se espera que aporte al esclarecimiento de este caso. El general (r) Ramírez Quintero era comandante del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coici) y ha sido señalado de, presuntamente, estar involucrado en torturas de algunas de las personas que salieron del Palacio de Justicia durante la retoma. Así las cosas, Ramírez deberá entregar información detallada sobre si tuvo conocimiento o participación de órdenes o irregularidades durante el tiempo que duró la retoma. “Desde el 2012 el recurso de apelación en contra del fallo que absolvió al general (r) Iván Ramírez Quintero se encuentra en estudio en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. El excomandante del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI) del Ejército Nacional fue absuelto por duda probatoria en el proceso que se le adelantó por los desaparecidos del Palacio de Justicia. En ese fallo se determinó que existieron muchas pruebas contradictorias que no permitían evidenciar la participación o responsabilidad de Ramírez Quintero en el caso de las personas que salieron con vida del Palacio entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, de cuyo paradero no se volvió a saber”, se lee en revista Semana. Además, se ha comunicado que el exmilitar tendrá que explicar si hubo extralimitaciones en cuanto a los interrogatorios a los que fueron sometidos en la Casa del Museo del Florero un grupo de liberados, a quienes consideraban sospechosos de participar en la toma y tener nexos con el M-19. Vale la pena señalar que el general retirado ya había sido llamado por la JEP anteriormente en el marco del Caso 06 del alto tribunal, el cual investiga la victimización de miembros de la Unión Patriótica. Esto, pues él, quien también ejerció como comandante del Batallón Charry Solano del Ejército Nacional, fue convocado tras ser señalado de haber tenido conocimiento en seguimientos y actividades ilegales contra este movimiento político. No obstante, ese caso puntal ha estado en un vaivén, pues una vez Ramírez fue citado por la JEP, su defensa presentó una recusación en contra de los magistrados Catalina Díaz y Gustavo Salazar de la Sala de Reconocimiento, lo cual llevó a suspender su llamado a declarar por el caso Unión Patriótica. “En la recusación, la defensa del general alegaba que interpuso una queja disciplinaria contra los dos jueces por permitir la participación de víctimas relacionadas con la retoma del Palacio de Justicia (hechos por los que fue investigado), asunto que no ha sido priorizado ni es abordado en alguno de los macrocasos del Tribunal de Paz”, se señalaba en La FM. Finalmente, en enero de este año la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz rechazó la recusación. “La Sala de Reconocimiento concuerda que, dada la sobrecarga de trabajo descrita por los despachos relatores, no se configura la causal de impedimento relativa a que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los términos que la ley señale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada”, se lee en el documento conocido por la W Radio. Respecto a la más reciente decisión de la JEP que hoy es noticia, hay que señalar que también fueron admitidos el mayor (r) Óscar William Vásquez —quien ya fue condenado a 40 años de prisión por las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández (trabajadores de la cafetería) e Irma Franco Pineda (guerrillera del M-19), y los sargentos Gustavo Arévalo y Bernardo Alonso Garzón Garzón, quienes adelantaron labores de contrainteligencia durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia. Por último, y teniendo en cuenta las situaciones anteriores de Ramírez Quintero en el alto tribunal, se espera que el exmilitar aporte realmente a esclarecer, en este caso, lo ocurrido en la retoma del Palacio de Justicia, caso donde, hay muchas familias esperando conocer la verdad y ser reparadas.

Por: Laura Cano Periodista Pares Desde hace una semana el caso de Aida Merlano ha vuelto a estar sobre la lupa, esto luego de que la excandidata al Senado diera declaraciones en medios de comunicación en las que salpicó a varios renombrados empresarios y políticos, entre ellos, por ejemplo, Alejandro Char, Julio Gerlein e Iván Duque. En las declaraciones de Merlano salieron a relucir temas muy graves, los cuales, incluso, ya habían sido nombrados en anteriores versiones de la exrepresentante a la Cámara, como la compra de votos para la elección del ahora presidente, en la cual habrían participado el Clan Char y Julio Gerlein. Además, puso de nuevo sobre la mesa toda la estructura organizativa que ha manejado, al menos, las elecciones de 2014, 2015 y 2018 para poner políticos simpatizantes y aliados de los clanes y casas políticas más importantes del país. También te puede interesar: Los Char: el clan que no suelta el poder a pesar de los cuestionamientos en su contra En parte de todo ese entramado de corrupción electoral, no solo participarían Los Char, los Gerleín y los Name, sino que también han participado y se han visto beneficiados personajes como Laureano Acuña, Carlos Rojano, y su coordinadora de campaña hoy en la lista a la Cámara del conservatismo, Adriana Blanco. Asimismo, Vicente Rosanía, Jorge Rangel, Juan Carlos Zamora, Emeterio Montes, Aissar Castro, Margarita Ballén, el Mono Díaz y el que fue el presunto enlace entre los Char y la campaña de Merlano: Lilibeth Llinás, candidata a la cámara por Cambio Radical en 2018. Asimismo, no solamente fueron denunciadas las dinámicas de compra de votos y corrupción, en especial, en el norte del país, sino que también Merlano habló sobre el plan que tenían los Char junto con el hijo de Julio Gerlein para presuntamente asesinarla luego de que estos habían planeado toda una estrategia para que ella se escapara luego de ser detenida por la justicia colombiana. De hecho, en un artículo escrito por María Jimena Duzan, también se expone que Merlano fue víctima de violación por parte de uno de los hombres que habían contratado para que “cuidara” a la expolítica. De hecho, Merlano habría tenido que abortar. Luego de todo esto, La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitió copias de la declaración hecha por la excongresista Aida Merlano a la Fiscalía y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para desde estas instancias también se adelantaran investigaciones. Entre los mencionados para que investigue la Fiscalía está Alejandro Char, quien actualmente se encuentra adelantando su campaña para llegar a la presidencia. De hecho, el abogado de Merlano, Miguel Ángel del Río, también radicó una denuncia por los crímenes cometidos contra la excandidata al Senado. Ahora bien, recientemente, a través de Caracol Radio se expuso que el ministro de Justicia, Wilson Ruíz, afirmó que se están adelantando “trámites y se tiene pendiente dialogar con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro para finiquitar la extradición de la excongresista Aida Merlano, que se encuentra siendo albergada en el vecino país”. Hay que recordar que la excongresista había sido detenida en enero de 2020 en Maracaibo, Venezuela por las autoridades de dicho país. Para ese momento se había explicado que Merlano había ingresado a Venezuela de forma irregular. Este hecho puso en apuros al Gobierno de Duque, pues con dicha detención el Gobierno Nacional debía solicitar al país vecino la extradición de Merlano. No obstante, esto ha estado marcado por las malas relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro. De esta manera, hay que recordar dos cosas. Por un lado, que, en el 2018 la Sijín, en medio de un allanamiento, encontró certificados electorales, armas y dinero. Por esto, en 2019, la Corte Suprema de Justicia la condenó a más de 15 años de cárcel por delitos electorales. No obstante, en mayo de 2020, la Corte Suprema de Justicia estableció que la pena sería de 11 años y 4 meses de prisión. Por otra parte, el proceso para que Merlano sea extraditada a Colombia ha estado en un limbo. Desde octubre de 2019, cuando Merlano se escapó, Iván Duque ha intentado salir a decir que el Gobierno Nacional se hará cargo de la situación. De hecho, en ese momento afirmaba que serían las autoridades colombianas las que capturarían a Merlano. Posterior a esto, tanto Duque como Francisco Barbosa han aseverado que Merlano solo sería escuchada bajo los mecanismos de la justicia colombiana. No obstante, para que lo anterior ocurra los esfuerzos han sido pocos, o más bien, improcedentes, pues cuando la Corte Suprema de Justicia procedió a solicitar la extradición de la excongresista por medio del Acuerdo Bolivariano de 1911, que establece una cooperación para extraditar nacionales de entre los países de Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia. La solicitud quedó estancada, pues la Cancillería decidió tramitarlo con el inexistente gobierno de Juan Guaidó. Lea también: Merlano y la Charpolítica: untado hasta el presidente Duque Lo que sí es cierto es que mientras el Gobierno Nacional solo sale a medios a intentar evadir las serias acusaciones de Merlano con ‘pañitos de agua fría’, y bajo afirmaciones en las que poco se profundiza, como las más recientes de Wilson Ruíz, el país pareciera seguir intentando apagar este ventilador en el que más de uno de las altas jerarquías políticas se ve implicado, desviando los procesos jurídicos que ya están demorados en proceder.

Por: Juan Carlos Parody, enlace territorial, Camilo Díaz Suárez, Investigador Nacional, y Ernesto Medrano, Asistente de Investigación. Contexto general El vínculo entre las economías ilegales, política y corrupción ha sido una combinación nefasta para el departamento de La Guajira y para el municipio de Maicao. Desde Pares se ha denunciado que el gasto efectuado por el gobernador de La Guajira, Nemesio Roys, estaría abriendo proyectos para la realización de obras de carácter no prioritario. En el informe Gobernación de La guajira: maratónica distribución de contratos, se logró identificar que tan pronto el gobernador Roys fue notificado sobre la posible decisión del Consejo de Estado, de declarar la nulidad de su elección, el gobernador decidió distribuir rápidamente varios contratos que sumarían más de 81 mil millones de pesos. Ahora bien, se espera que con la construcción de los parques eólicos en el departamento mejore la provisión del servicio de energía, beneficiando a las comunidades. Sin embargo, los procesos de consulta previa a las comunidades no han sido muy transparentes. Esto, debido a la asimetría en la información sobre los impactos positivos y negativos de los proyectos. De acuerdo con la alcaldía de Maicao, en el municipio fronterizo se construirán cinco (5) proyectos cuya capacidad instalada será de 1.144 M.W. Sin embargo, no se tiene certeza de la capacidad de generación de energía, debido a que esa información la concentran las empresas. Imagen 1. Presentación Foro de energías alternativas Comunidades Wayúu: la tierra como principio de vida Ingresa aquí para escuchar la historia de los Parques eólicos. En el proceso de consultas previas salta a la vista que el fenómeno cultural es central para comprender las dinámicas en el territorio. De acuerdo con Juan Carlos Parody, un Wayúu, la tierra no es un bien negociable, mientras que para un arijuna (persona no Wayúu) el territorio sí es negociable. Por otra parte, se ha denunciado que en las consultas previas que se han venido desarrollando en el departamento, se ha llegado a supuestos acuerdos con autoridades que ya han muerto, vulnerando por completo los derechos de las comunidades. La seguridad al servicio de los poderosos En materia de seguridad, en el marco de la construcción de los parques eólicos en el departamento, se estableció la importancia de garantizar la seguridad de la ciudadanía por medio de la construcción de cinco (5) batallones en el departamento. Sin embargo, el objetivo detrás de la construcción de los batallones, no tiene como finalidad garantizar la seguridad de la ciudadanía, sino que busca proteger la infraestructura eólica. Conflictos interclanes En el desarrollo de los procesos de consolidación de los parques eólicos y de consulta previa, se han presentado diferentes confrontaciones interclaniles. Se estima que se han presentado 45 conflictos interclaniles en el marco de la construcción de los parques eólicos y las energías alternativas en La Guajira. Gran parte de las disputas que se han presentado por parte de miembros de las comunidades Wayúu, se deben al proceso de acercamiento que realizan las empresas encargadas de llevar a cabo las consultas previas en los territorios. Incluso, en La Guajira se han presentado casos de desplazamientos forzados entre las mismas comunidades que han ido negociando con las empresas tanto los pasos energéticos como los territorios en donde se ubicarán los parques eólicos. Esto ha significado la profundización de conflictos sociales, debido a la llegada de las empresas, y de los procesos de negociación que se han llevado a cabo, a tal punto que 30 familias en Uribia han sido desplazadas de sus territorios en el marco de los conflictos y disputas sociales. Riesgo de expropiación del territorio De acuerdo con la ley 2099 del 2021, las autoridades establecerán cuáles son los proyectos de interés social e importancia estratégica, lo cual determina que, independientemente de la posición de las comunidades dentro del proceso consultivo, pueden ser expropiadas en el marco de un test de proporcionalidad aplicado en el marco de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pines). Imagen 2. Ley 2099 del 2021 Si bien los territorios de los resguardos indígenas son inalienables e inembargables, no necesariamente significa que las comunidades no podrán ser desplazadas de sus territorios. Los conflictos interclanes han demostrado que los procesos de negociación están marcados por la asimetría en la información, en donde en palabras de Juan Carlos Parody, “colocamos a la gente que llega con plata y conocimiento, a negociar con personas que tiene la barriga vacía, sin plata y conocimiento”. Gráfico 1. Número de Parques Eólicos por empresa Fuente: Corpoguajira e Indepaz Parques eólicos: la ventana al futuro A partir de diferentes entrevistas, Pares logró identificar que, en un principio, se presentó el proyecto que aspiraba a llevar a cabo la construcción de 60 parques eólicos en La Guajira. De acuerdo con el Ministerio del Interior, el plan de transición energética contemplaba la construcción de 65 parques eólicos que afectarían a 288 comunidades de la Alta y Media Guajira. Tabla 1. Parques eólicos en La Guajira y las comunidades que tienen influencia en el territorio donde este se construirá Fuente: Corpoguajira e Indepaz33 El mito de la transición energética En la Guajira se encuentra ubicada la empresa carbonífera más importante con presencia en el país, la empresa Carbones del Cerrejón Limited, cuya extracción llega al 98% del total de carbón extraído y exportado en el departamento[34]. Si bien la extracción de carbón en La Guajira ha significado el 40% del total de la producción nacional, aún hay reservas para los próximos cien años. Esto pone en tela de juicio la lógica de la transición energética en el país, pues mientras exista quien gane por la extracción carbonífera, no es posible hacer una verdadera transición a las energías renovables. [1] Recuperado de: http://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2019/07/AUTO-597-DE-8-JULIO-DE-2019.pdf [2] Recuperado de: https://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2019/02/RESOLUCIÓN-No.-2658-DEL-7-DE-NOVIEMBRE-DE-2018.pdf [3] Recuperado de: http://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2019/02/RESOLUCIÓN-No.-2834-DEL-23-DE-NOVIEMBRE-DE-2018.pdf [4] Recuperado de: https://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2018/09/RESOLUCIÓN-No.-2091-DEL-12-DE-SEPTIEMBRE-DE-2018.pdf [5] Recuperado de: http://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUTO-No.-0019-DEL-6-DE-ENERO-DE-2017.pdf [6] Recuperado de: http://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2015/01/AUTO-No.-0703-DEL-27-DE-JULIO-DE-2015.pdf [7] Recuperado de: https://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2018/09/RESOLUCIÓN-No.-2090-DEL-12-DE-SEPTIEMBRE-DE-2018.pdf [8] Recuperado de: https://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2019/12/RESOLUCION-3102-DEL-12-DE-NOV.pdf [9] Recuperado de: http://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2018/04/RESOLUCIÓN-No.-0424-DEL-8-DE-MARZO-DE-2018.pdf [10] Recuperado de: http://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUTO-No.-1025-DEL-18-DE-OCTUBRE-DE-2017.pdf [11] Recuperado de: https://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2019/02/RESOLUCIÓN-No.-2547-DEL-26-DE-OCTUBRE-DE-2018.pdf [12] Recuperado de: https://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2021/04/AUTO-120-de-2021-Avoca-solicitud-de-permiso-ERN-comunidad-Kainatu.pdf [13] Recuperado de: https://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2015/02/RESOLUCIÓN-No.-0197-DEL-6-DE-FEBRERO-DE-2015.pdf [14] Recuperado de: http://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUTO-No.-0416-DEL-15-DE-ABRIL-DE-2017.pdf [15] Recuperado de: http://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2018/01/AUTO-1019-DE-18-OCT-2017.pdf [16] Recuperado de: http://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2018/01/AUTO-1017-DE-17-OCT-2017.pdf [17] Recuperado de: http://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUTO-No.-0418-DEL-15-DE-ABRIL-DE-2017.pdf [18] Recuperado de: http://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2016/10/RESOLUCIÓN-No.-1935-DEL-20-DE-SEPTIEMBRE-DE-2016.pdf [19] Recuperado de: http://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/wpsc-support-tickets/E038-2020%20Comunicado%20inicio%20de%20actividades%20Corpoguajira.pdf [20] Recuperado de: http://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2019/09/RESOLUCION-2351-DE-10-SEPTIEMBRE-DE-2019.pdf [21] Recuperado de: https://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2018/03/RESOLUCIÓN-No.-0086-DEL-15-DE-ENERO-DE-2018.pdf [22] Recuperado de: http://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2018/12/RESOLUCIÓN-No.-2738-DEL-14-DE-NOVIEMBRE-DE-2018.pdf [23] Recuperado de: https://corpoguajira.gov.co/wp/permiso-eolica-la-vela-s-a-s/ [24] Recuperado de: https://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2018/02/RESOLUCIÓN-No.-0088-DEL-15-DE-ENERO-DE-2018.pdf [25] Recuperado de: http://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2018/01/AUTO-1052-DE-23-OCT-2017.pdf [26] Recuperado de: https://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2019/09/RESOLUCION-2051-DE-8-DE-AGOSTO-DE-2019.pdf [27] Recuperado de: http://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2019/03/RESOLUCIÓN-No.-0452-DEL-22-DE-FEBRERO-DE-2019.pdf [28] Recuperado de: http://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2019/02/AUTO-No.-0059-DEL-23-DE-ENERO-DE-2019.pdf [29] Recuperado de: https://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2017/10/RESOLUCIÓN-No.-0919-DEL-25-DE-MAYO-DE-2017.pdf [30] Recuperado de: http://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2017/08/RESOLUCIÓN-No.-1234-DEL-11-DE-JULIO-DE-2017.pdf [31] Recuperado de: http://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUTO-No.-1451-DEL-6-DE-DICIEMBRE-DE-2016.pdf [32] Recuperado de: http://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2018/10/AUTO-No.-1386-DEL-3-DE-OCTUBRE-DE-2018.pdf [33] Recuperado de: https://co.boell.org/sites/default/files/2019-12/20191205_HB_libro%20el%20viento%20del%20Este%20web_0.pdf [34] Recuperado de: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2019/04/EL-VIENTO-DEL-ESTE-LLEGA-CON-REVOLUCIONES-INDEPAZ.pdf

Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda. Así como el arte funciona sobre la base de dos realidades de expresión complementarias, la figurativa y la abstracta, el mundo político también depende del equilibrio entre dos polos opuestos. Es tan connatural eso, que antes de tomar forma la distinción entre liberales y conservadores (en el campo de las ideas políticas los términos conservador y liberal, tal y como se les entiende en el presente, están ligados el primero a Chateaubriand, quien lo usara para referirse en 1819 a los opositores de la Ilustración, y el segundo, que es tan antiguo como la palabra libertad que le da su nombre, en calidad de tendencia política es también de comienzos del siglo XIX). Pero, antes de que eso ocurriera, ya existía la difundida división del mundo político entre izquierda y derecha (surgida en la asamblea constituyente de la Revolución francesa, en 1789); y antes de que ocurriera esta escisión entre izquierda y derecha, hacia los siglos IV y V a. C. ya se había consolidado la antítesis entre materialistas e idealistas; dos corrientes procedentes de la Grecia antigua: el materialismo, con los estudios de Demócrito, precisamente sobre la estructura de la materia, y el idealismo, con las reflexiones de Platón acerca de que la ideas son innatas al alma. Con todo, desde mucho antes de estas divisiones politizadas, ya acaecía la rivalidad entre dos grandes fuerzas que, al menos en el ámbito político, le dieron vida a las demás correlaciones (al idealismo-materialismo, a la izquierda-derecha, y al liberalismo-conservadurismo): me refiero a la fuerza espiritual o “poder atemporal” -en manos de consejeros espirituales y sacerdotes- y me refiero a la fuerza material o “poder terrenal” en manos de los gobernantes, quienes de forma semejante a los consejeros y sacerdotes, actuaban y siguen haciéndolo todavía, bajo el control y directrices de la religión. No en vano la acepción primera de la palabra religión es delatora de su función política basada en la fuerza y el poder. En latín, religio significa control; y su materialización, su praxis, ocurre cuando el pueblo sabe “mostrar respeto” por lo sagrado, incluyendo como “sagrados” a sacerdotes y gobernantes, personas comunes y corrientes a quienes les tocó en suerte ser “los elegidos”, bien por ventura divina –es inútil ponerse a cuestionar la teoría de la revelación- o bien por fundados acuerdos de la comunidad primigenia. No en vano, “Platón (427- 347- a.C.) criticaba constantemente el concepto griego de los dioses y Critias (460-403 a.C.) afirmaba que simplemente habían sido creados por el hombre para controlar a otros hombres”.[1] Desde la antigüedad hasta nuestros días, la política bajo la cual se organizan las sociedades ha sido el de esas escisiones politizadas. Por ser estas hijas de la religión han replicado su sistema político binario. De hecho, en el esquema de poder de la religión, por una parte está el “poder terrenal”, caracterizado por el ejercicio de la autoridad material o, lo que es lo mismo, por el uso de las armas y las normas de castigo –la llamada justicia terrena-; y por otra parte está el “poder espiritual”, que profesa la conducta religiosa de “mostrar respeto” inculcando normas de comportamiento moral y bajo la atroz amenaza de un castigo eterno –la llamada justicia divina-. No obstante, la realidad es que nunca ha sido posible garantizar la buena administración de ninguna sociedad, al menos sin el empleo de la autoridad terrenal y sin la práctica generalizada de la conducta religiosa de “mostrar respeto”. Una perfecta alianza de fuerzas donde el papel de la autoridad de los gobernantes es garantizar la propiedad privada, asegurar la tenencia de tierras y sortear los peligros que representan “los otros”, los ajenos a nuestro círculo social. Y el papel del poder espiritual reside en conseguir que el pueblo pierda dominio de su voluntad, sin necesidad de hacer uso de la autoridad, sin castigos ni fuerza; porque la sola promesa de un lugar celestial o de un paraíso y la amenaza de un juicio final o de un posible infierno, han resultado más eficientes que el trabajo de los gobernantes y su poder de autoridad. De modo que, gracias a los intermediarios de las religiones (curas y Papas en la tradición católica) al elegir un gobernante el pueblo pierde el poder y se convierte en beneficiario o víctima de quien lo detenta. Sin el poder el pueblo pierde las facultades para protestar y hasta para defenderse. Sin el poder, el pueblo difícilmente consigue ejecutar cosas, excepto que se las manden a realizar quienes detentan el poder. Y con el poder –lo cual es lo más importante y a la vez lo más denigrante: los gobernantes ponen en práctica su propia voluntad sobre la de los pobladores. De manera que el poder ha estado desde los inicios de las sociedades en manos de la religión; es decir, en manos de aquellos a los que alguien –quién sabe quién- les otorgó el crédito de haber sido elegidos por ley divina. No obstante, para llevar a la praxis semejante poder, para organizar un ejército y someter a su voluntad a los pobladores, hubo que usar a los gobernantes y de ahí surgiría la primera gran división en cuanto a cómo y quién debería administrar directamente a las sociedades: si los elegidos por los dioses (los gobernantes) o si sus intermediarios espirituales (los curas y los sacerdotes encargados de lo atemporal); pero, en ningún caso estuvo contemplada, en ese comienzo de nuestra civilización, la opción del pueblo como único regente. No obstante, porque “el hombre -como diría Hobbes- es lobo para el hombre”, la ambición de algunos gobernantes les llevó a pretender los dos poderes. Los emperadores que rigieron bajo el periodo denominado cesaropapismo del año 800 al 843, por ejemplo, lo hicieron de facto al concentrar en una sola persona –el emperador Carlos Magno- el podertemporal (que correspondería al César) y el poder espiritual (que correspondería al Papa). Aun así, pese al cesaropapismo, que duró poco, desde el principio y a lo largo de la historia se ha visto atenuada la rivalidad entre ambos poderes, porque los curas –los representantes de la iglesia y de las religiones- siempre se han asegurado de que los gobernantes compartan con ellos la propiedad de las tierras y estos, a su vez, desde luego, han exigido que les pongan a su favor el manejo de las voluntades, esencialmente en las contiendas políticas y, ya estando en el poder, que les hagan eco a sus actuaciones y hasta les cubran sus abusos de poder. A esa pugna consentida se le conoce como la “teoría de las dos espadas”, teoría cuyo origen tiene sus raíces, digámoslo así, en la imaginación lógica de San Agustín de Hipona, para quien la Ciudad de Dios era en verdad dos ciudades: la terrenal y la espiritual. Desde luego, historiográficamente resulta más coherente darle tal crédito Gelasio I que fue papa entre los años 492 y 496 porque buscó con sus reflexiones en torno a la teoría de las dos espadas el privilegio y dominio de los papas y el desconocimiento y subordinación de los emperadores. Esa rivalidad entre esas dos autoridades, terminó definiéndose como hoy subsiste: los gobernantes quedaron con la potestad de tener el ejército y de administrar los bienes –títulos de tierras- y las autoridades que representaban la religión, a los dioses o a Dios, se quedaron con el poder espiritual –mandar sobre las almas- lo cual implica el manejo de la voluntad de las personas en términos de elegir por ellas “qué hacer” o “qué no hacer” con respecto a su propia existencia y no “qué hacer” y “qué no hacer” con respecto a la producción económica. De modo que no seguir las normas terrenas con la misma demostración de respeto que a las divinas, acarrearía lo que ya sabemos que ha sido amenaza eterna de las religiones y de la misma iglesia católica: la caída en el limbo, en el mejor de los casos, o la condena al infierno en todos los demás casos. Para terminar, porque ya el título de esta nota está explicado, cabe decir que lo más curioso del cruce de espadas del Papa y Petro -diálogo ocurrido el 2 de febrero de 2022- y lo más preocupante para sus oponentes –conscientes como Max Weber de que “las religiones son vehículos éticos que inhiben o estimulan los procesos de estratificación social y desarrollo económico”[2], es que las religiones, la iglesia y los papas, nunca en la historia han dudado acerca de con quién comparten el compromiso de administrar las sociedades. Aunque, claro está, siempre bajo su esquema binario y único de: un poder terrenal –ellos saben que ya Petro lo tiene y que muy pronto se le oficializará- y un poder espiritual, que si bien nunca lo han soltado ellos, igual deben asegurarlo como parece que lo están haciendo. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto. [1] Joshua J. Mark, (traducido por Rosa Baranda). La Religión en la Antigüedad. En: https://www.worldhistory.org/trans/es [2] Rafael Arriaga Martínez. Max Weber y la incidencia de la religión en los procesos de estratificación social. En: /www.scielo.org.mx/scielo.php?script

Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de la Fundación Paz & Reconciliación. Hay mil formas de entender y asumir la paz. En el ámbito público yo la asumo como un orden social de convivencia donde es posible ejercer y vivir los derechos de manera real. Es un orden de democracia de calidad, si no hay derechos para vivirlos y hacerlos parte de nuestra existencia, no hay paz. Por ejemplo, si hay hambre, mendicidad, si no hay posibilidades de ir a la Universidad o transitar tranquilamente por las calles, pues no hay paz; si por pensar de una u otra forma, te echan bala, pues no vives en una sociedad en paz. Esa es la dura realidad de una sociedad como la colombiana, donde esquemáticamente hay dos mundos, una Colombia donde hay derechos para una parte de la población y otra Colombia excluida de derechos, entre ellos el de la vida. En la Constituyente del 91 se consagró la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Me dice un amigo informado que fue idea de Diego Uribe Vargas, un hombre de larga trayectoria y huella en la academia y la política colombiana, y muy seguramente fue un artículo que tuvo un amplio respaldo, que hoy sigue siendo referente para la acción política y un reto para quienes queremos vivir en un estado social, democrático y de derecho, como es la promesa de dicha constitución. Mi amigo Camilo Castellanos decía que la Constitución del 91 era una cosa y el país otra y tenía mucha razón. En su momento, recién promulgada la constitución, escribió un ensayo que tituló: A la nueva República le falta el sujeto, señalando que había que contar con una fuerza social, política y ética que sacará a Colombia de todos sus déficits de antidemocracia e hiciera realidad un nuevo momento de nuestra vida republicana: una sociedad en paz. Ese reto ha sido de siempre, son pocos los momentos de nuestra existencia como nación que hemos vivido periodos de paz y los que han existido se han parecido más a una Pax Romana, la paz de los vencedores, que a una paz democrática, sustentada en derechos y respeto por la diversidad y controversia sin imposiciones. En la sociedad colombiana hay poderosas fuerzas que defienden un orden de exclusiones y antidemocracia, se sienten a gusto con la concentración de la propiedad rural, con la concentración del crédito, con el enriquecimiento robando los recursos públicos, con un modelo donde los derechos son mercancías a los cuales se accede si se tiene recursos, con privatizar y volver negocio de pocos todo lo que debería ser de acceso universal como lo es la educación y la salud y peor aún, siguen defendiendo políticas que son un fracaso como la guerra contra las drogas, que solo deja sangre y tristeza año a año. Pero, como de esa política fracasada se lucran unos miles, que refuerzan el poder mafioso que ejerce en buena parte de la política colombiana, allí seguimos, en una lucha política, social y cultural intensa, unos por defender este orden de violencias y exclusiones y otros que persistimos en transformarlo. La paz es un orden de democracia de calidad, solo será posible derrotando políticamente a quienes defienden el viejo orden. Esa es una lucha en curso y en la cual la sociedad colombiana se ha empeñado en las últimas tres décadas. Es una lucha con sus logros y sus pendientes, hay una maduración democrática que viene ocurriendo en la sociedad y eso se expresa en mayor pluralismo político y nuevas caras y liderazgos, que, por ejemplo, han dejado atrás un bipartidismo que se imbricó con el poder mafioso y ha convivido con él, lo cual lo desprestigió, y tiene a los históricos partidos liberal y conservador como jugadores de tercer orden y no los protagonistas que fueron durante siglo y medio. Ahora, el senador Iván Cepeda, ha tenido la buena idea de proponer incluir en el código penal un artículo que habla sobre los delitos contra la paz, que pretende dar el estatus de que si la paz es un derecho, quienes atenten contra ella, deben asumir las consecuencias penales, buen mensaje que espero sea Ley de la Republica en las próximas semanas. Con seguridad de que el viejo poder en el Congreso de la Republica se opondrá, porque va contra sus intereses, si no es este Congreso el que lo apruebe, muy seguramente será el próximo que elijamos el 13 de marzo, que, sin duda, será mucho más abierto al cambio y a persistir y trabajar por una Colombia en paz.

Por: Laura Cano Periodista Pares Desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación se ha hecho un constante seguimiento al panorama electoral y las particularidades que han marcado la contienda que está a un mes de darse. Una de esas particularidades es la inclusión de las curules especiales para la paz, las cuales fueron creadas con la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Hay que recordar que debían entrar en vigencia en las elecciones del 2018. Sin embargo, estas se vieron afectadas ante un estancamiento legislativo-jurídico que no permitió que se eligieran en ese periodo, sino hasta el que se aproxima. Esto, luego de que el 21 de mayo del año pasado la Corte Constitucional las reviviera, permitiendo que entraran en vigencia para 2022-2026 y 2026-2030. Sin embargo, y a pesar de que las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP) tienen por objetivo aumentar la representación política de las zonas más afectadas por el conflicto armado, estas no han sido ajenas a los cuestionamientos a sus candidatos. Por eso, desde Pares pusimos la lupa a quienes van por una de estas curules, pero están cuestionados o inhabilitados. Antes de esto, hay que aclarar que además de lo expresado en el artículo 179 de la Constitución Política, hay cuatro inhabilidades que han sido rastreadas por Pares: Haber sido candidato/a elegido o no a cargos públicos con el aval de partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso de la República o con personería jurídica en los últimos cinco (5) años. Haber sido candidato/a elegido o no a cargos públicos con el aval de partidos o movimientos políticos por un partido cuya personería jurídica se haya perdido dentro de los cinco (5) años anteriores a la elección que hayan perdido la personería jurídica. Quienes durante el último año hayan hecho parte de las direcciones de partidos o movimientos políticos, con representación en el Congreso de la República, con personería jurídica o cuya personería jurídica se haya perdido, dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de inscripción. Los miembros de grupos armados al margen de la ley que hayan suscrito un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional y/o se hayan desmovilizado de manera individual, en los últimos (20) veinte años. Mientras que los cuestionamientos están relacionados con hechos de Investigaciones judiciales, disciplinarias o fiscales, presuntos hechos de corrupción, apoyos de clanes políticos, casas políticas cuestionadas o barones/baronesas electorales y presuntos nexos con grupos armados. Así las cosas, según el seguimiento de Pares y el más reciente informe de la Línea de Democracia y Gobernabilidad, se logró establecer que de los 401 aspirantes a ocupar una de las 16 curules de paz, 22 candidaturas cuentan con cuestionamientos o inhabilidades para acceder plenamente a la curul, en caso de ganarla. Hay que traer a colación que las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz están distribuidas en municipios del departamento del Cauca, Arauca, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Chocó, Meta, Bolívar, Nariño, Putumayo, Tolima, Córdoba y Cesar. Justamente, en este último departamento, que hace parte de la Circunscripción 12, se concentra la mayor cantidad de candidatos cuestionados. Como expone el informe, Cesar “se ha caracterizado por estar cooptado por el Clan Gnecco e históricamente, desde su nacimiento, el poder político de este territorio ha pasado entre familias tradicionales como los Castro, los Ovalle y los Ochoa. De esta dinámica no parece estar exenta la circunscripción, en la que se encuentran compitiendo candidatos apoyados o pertenecientes a clanes o casas políticas tradicionales”. Por eso, le ponemos el ojo a los candidatos de esta circunscripción, que más exactamente incluye a los siguientes municipios del departamento del Cesar: Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Pueblo Bello y Valledupar. Municipios de La Guajira: Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar. Y los siguientes municipios del Magdalena: Aracataca, Santa Marta, Ciénaga y Fundación. 1. Adamilis María Ramos Valdés Se conoce poco de su perfil. En 2019 aspiró al Concejo de Valledupar y para el 2022 es candidata por la Fundación Afrodescendiente Gente Activa, de Cesar. Inhabilidad: En 2019 fue candidata a las elecciones del Concejo de Valledupar, avalada por el partido Colombia Renaciente, ocasión en la que consiguió 97 votos. Según las inhabilidades establecidas, Ramos estaría inhabilitada para estas elecciones al no superar los cinco (5) años previos a la inscripción. Elvia Cristina Jiménez García Es candidata por la Asociación de Víctimas del Cesar, Asovice, de Cesar. Inhabilidad: Elvia entra dentro de la inhabilidad que establece que quienes durante el último año hayan hecho parte de las direcciones de partidos o movimientos políticos, con representación en el Congreso de la República, con personería jurídica o cuya personería jurídica se haya perdido, dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de inscripción no podrán ser candidatos. Esto es así, toda 2. Elvia Cristina Jiménez García Es candidata por la Asociación de Víctimas del Cesar, Asovice, de Cesar. Inhabilidad: Elvia entra dentro de la inhabilidad que establece que quienes durante el último año hayan hecho parte de las direcciones de partidos o movimientos políticos, con representación en el Congreso de la República, con personería jurídica o cuya personería jurídica se haya perdido, dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de inscripción no podrán ser candidatos. Esto es así, toda vez que el Partido Liberal, mediante la resolución 6092 del 2020, declaró a Jiménez García como miembro del directorio del municipio de Valledupar, Cesar. 3. Pedro Norberto Castro Araujo Es abogado y en 1991 estuvo secuestrado 10 meses por el frente Camilo Torres Restrepo del ELN. Fue cónsul en Italia durante el gobierno de Álvaro Uribe, lo que se ha visto con una cercanía al partido del expresidente, el Centro Democrático. Eso llevó a que en 2013 sonara para ser candidato al Senado. por este partido. Para el 2015, aspiró a la alcaldía de Valledupar, intentando conseguir el aval del Centro Democrático, pero decidió lanzarse por firmas por el movimiento independiente Energía Vallenata, sin lograr quedar en el cargo. En 2017 volvió a intentar conseguir el aval del Centro Democrático para aspirar al Senado, pero no lo logró. Para el 2019 fue elegido como veedor del Centro Democrático en el Cesar, para vigilar el proceso de elección de candidatos a las alcaldías y la gobernación del departamento. Actualmente es candidato por la Fundación por un Vivir Mejor, Funvimejor, de Cesar. Cuestionamiento: es heredero de la casa política cuestionada de los Castro, en el Cesar. Es hijo de José Guillermo Castro Castro, conocido como el “Pepe” Castro, quien fue concejal y alcalde de Valledupar, gobernador del Cesar, representante a la Cámara por un periodo y senador por otros cuatro períodos. La influencia de “Pepe” Castro llevó a que uno de sus hijos, Guillermo Castro, hermano de Pedro Castro, fuera nombrado reemplazo del senador Luis Eduardo Vives en el 2000, y gobernador del Cesar en el 2003, en reemplazo del destituido Rafael Bolaños. Pese a los intentos ya mencionados de Pedro Castro para ingresar a la política, que contaban con el apoyo de su padre, esta casa política fue perdiendo terreno en el Cesar ante el crecimiento político del Clan Gnecco. Además, una de sus hermanas, María Teresa Castro, tuvo unión con la familia Araújo, otra familia política tradicional del Cesar, entre los que se encuentran Álvaro Araújo Castro, condenado por parapolítica, Sergio Araújo Castro, quien militó también en el Centro Democrático y quiso aspirar a la alcaldía de Valledupar, y María Consuelo Araújo Castro. Sin embargo, la familia Castro reapareció con el espacio que se ha abierto con José “Mello” Castro, quien fue concejal de Valledupar por el Partido de la U, en el período (2012-2015), diputado de la asamblea departamental de Cesar por el mismo partido (2016-2019) y actual alcalde de Valledupar. Al contar con el apoyo del Clan Gnecco, Mello Castro se vio involucrado en la “ñeñepolítica”, por tener, presuntamente, cercanía con José Miguel Hernández, hijo del “Ñeñe” Hernández. Sumado a ello, se enfrenta a un proceso administrativo sancionatorio fiscal y formulación de cargos por parte de la Contraloría Municipal de Valledupar, por varias irregularidades durante su administración. Por su parte, a la esposa de Pedro Castro Araujo, Claudia Elena Lozano Doria, se le imputaron los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado por parte de la Fiscalía, al presentar documentos falsos que la acreditaban como abogada para ser juez en Valledupar. Llegó a actuar como fiscal en diversos procesos, como el del exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, en La Guajira, pese a no tener las credenciales para hacerlo. 4. Marleny Esther Kammerer Teherán Es candidata por la Fundación por un Vivir Mejor, Funvimejor, de Cesar y si bien no se conoce mucho sobre su perfil, se sabe que fue militante del partido Colombia Justa Libres y en prensa local sonó como candidata al Senado en el 2018 por este partido, sin llegar a ser finalmente candidata. Cuestionamiento: se vio envuelta en el caso de un presunto “cartel del predial” en Valledupar, que llevó a que el exalcalde del municipio, Augusto Ramírez Uhía, fuera acusado de incurrir en delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso con peculado por apropiación agravado en favor de terceros y prevaricato por acción. Presuntamente, Ramírez habría autorizado a particulares la recaudación de los impuestos de contribuyentes morosos para sanar una deuda que el municipio adquirió de forma ilegal. Entre los particulares se encontraba Marleny Esther Kammerer, quien debía $433 millones en impuestos y entregó al municipio el lote con matrícula inmobiliaria 190-171752 en dación de pago valorado en $2.500 millones. Kammerer presuntamente recuperó el saldo a favor buscando a otros deudores de impuestos para cobrarles sus obligaciones tributarias y luego de saldar su deuda continuó ejerciendo el cobro de impuestos. En el cobro de obligaciones a otros contribuyentes, Kammerer habría pedido menos de lo que estos debían al municipio y ayudaba a conseguirles el certificado de paz y salvo. Esta dinámica habría continuado hasta que algunas personas entregaron el dinero sin recibir el certificado, situación que condujo a las denuncias. Se desconoce si actualmente cursa algún proceso judicial o investigación adelantada en su contra. 5. José Sebastián Ochoa de la Hoz Se conoce poco sobre su perfil. Hace parte de la familia Ochoa Daza, quienes sufrieron el asedio de las FARC, el ELN, las AUC y las Águilas Negras, a tal punto que tuvieron 5 miembros de la familia secuestrados en distintos momentos por alguno de estos grupos armados. Se supone que la persecución se debe a que son una de las familias ganaderas y agrícolas importantes del departamento. Cuestionamiento: es sobrino de Elías Guillermo Ochoa Daza, quien en 2006 fue condenado a 6 años por incurrir en los delitos de celebración indebida de contratos con violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, concurso material homogéneo y sucesivo y por haber suscrito, mientras fue alcalde de Valledupar entre 1995 y 1997, 364 contratos y ordenes de suministro con la Ferretería Cesar Ltda, empresa cuyo socio mayoritario en el momento era el entonces congresista Mauro Antonio Tapias Delgado, por que habrían violado el régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades. Ochoa Daza presentó una apelación a la sentencia y un recurso de casación que fue negado por la Corte Suprema de Justicia. En 2007, la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria por no exigir la culminación pronta y oportuna de las obras de construcción de un establecimiento educativo en la zona sur oriental de Valledupar, lo cual llevó a que fuera inhabilitado y destituido por 3 años para ejercer cargos públicos. En la revisión de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría, contaba con una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años. A pesar de todo el historial político y judicial de su tío, José Sebastián Ochoa, no ha ocultado el apoyo de Ochoa Daza para la aspiración de su curul. La campaña de José Sebastián Ochoa ha sido cuestionada por su financiación, incluso, según fuentes de prensa local, se ha mencionado que su aspiración fue impulsada por el movimiento Fuerza Ciudadana para lograr una de estas curules. 6. William Alfonso Romero Ovalle No ha tenido un perfil público. Se ha destacado principalmente por su cercanía con Cielo Gnecco, relación que condujo a que, en su momento, fuera el gerente de la campaña de Germán Vargas Lleras en el Cesar y haya promovido candidatos al Senado y Cámara de Representantes afines al Clan. Es candidato por la Asociación Alianza por la Vida, de Cesar. Cuestionamiento: de acuerdo con fuentes territoriales, es señalado de ser la mano derecha de Cielo Gnecco, matriarca del Clan Gnecco. Su cercanía es muy notable, siendo visible por redes sociales, donde se ha referido a ella como su hermana y mejor amiga. Diversas publicaciones dan evidencia de esa cercanía que se ha traducido en un acercamiento en los equipos de trabajo de políticos abanderados por el Clan, entre los que se encuentran Franco Ovalle Angarita, miembro de la familia política tradicional Ovalle, aliada del clan Gnecco y que tiene a sus hermanos, Luis Ovalle Angarita, condenado por fraude procesal y a Manuel Guillermo condenado por irregularidades en contractuales en los Juegos Nacionales del 2015. 7. Jorge Rodrigo Tovar Vélez Es un abogado con especialización en Gestión de Gobierno y Campañas Electorales y en Ciencias Penales y Criminológicas. Ha sido asesor jurídico de Acavel S.A.S, una agencia de viajes de la que Ana Carolina Vélez, su mamá, es representante legal y asistente jurídico en Bocanegra Bernal y Asociados. Tovar ha trabajado en el Gobernación del Cesar, para la Alcaldía de Valledupar y en 2019 fue asesor en el Viceministerio de Relaciones Políticas, bajo la cartera de Nancy Patricia Gutiérrez. Luego fue coordinador del Grupo de Víctimas del Ministerio del Interior. Es candidato por la Asociación Paz es Vida (Pa-Vida), de Cesar. Cuestionamiento: es el hijo de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. Como ya reseñó Pares en el artículo “Los conflictos de intereses en la candidatura de Jorge Tovar”, ‘Jorge 40’ fue uno de los jefes paramilitares más violentos del Caribe colombiano. Llegó a dirigir entre 2000 a 5000 hombres en el Bloque Norte de las AUC. “Jorge 40'' ingresó en 2006 al sistema de Justicia y Paz y fue excluido en 2015 por no garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. El exjefe paramilitar fue extraditado en 2008 a Estados Unidos por narcotráfico y deportado a Colombia en 2020. Sumado a la cuestionable relación parental, Tovar tendría un presunto conflicto de intereses con la Unidad de Victimas territorial del Cesar, debido a que desde 2019 el contrato de arrendamiento de la sede de la Unidad de Víctimas territorial Cesar – Riohacha él fue adjudicado por 236 millones de pesos a Ana Carolina Vélez, ex esposa de ‘Jorge 40’ y madre de Jorge Rodrigo Tovar Vélez.

Por: Camilo Díaz Suárez Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad En el marco de la contienda electoral del próximo 13 de marzo, en el departamento del Tolima el Clan Barreto ha cooptado la institucionalidad para favorecer y acrecentar su dominio en el territorio. A costa de acciones en contra del bienestar de la ciudadanía, el Clan parece consolidar su poder. Su figura más conocida y el líder del clan, Óscar Barreto, está utilizando su influencia para favorecer su campaña al Senado. Los nexos fuera de la familia, la garantía de la cooptación institucional Si bien los primos Óscar y Miguel Ángel Barreto aspiran a la representación nacional, mantienen su influencia en el departamento. Aparentemente, los Barreto tienen relaciones cercanas con 30 de los 42 alcaldes del departamento del Tolima. Incluso, realizando su campaña electoral, Miguel Ángel Barreto se dejó ver públicamente con 20 alcaldes que apoyarían su candidatura al Senado. Entre los apoyos más fuertes provenientes del andamiaje institucional, se encuentra Andrés Fabián Hurtado Barrera, alcalde de Ibagué, quien llegó con el apoyo de Óscar Barreto. Si bien ha intentado mostrar un distanciamiento con su padrino político, desde su administración ha estado promoviendo la candidatura del exgobernador. Pares conoció una denuncia, interpuesta por Rubén Darío Correa Carvajal y Diego Alejandro Zuluaga Salazar, ante la Procuraduría Provincial de Ibagué, la Regional del Tolima y la General de la Nación, por presuntos delitos electorales cometidos por la administración de Hurtado. De acuerdo con la denuncia, se ha registrado un apoyo público de la primera gestora de Ibagué, Leidy Galeano Ortiz, esposa del alcalde de Ibagué, a Óscar Barreto y, presuntamente, el evento habría contado con un despliegue logístico organizado por Hurtado. Fuente: Alejando Zuluaga Puedes conocer la denuncia completa aquí. No sorprende la utilización de la institucionalidad por parte del alcalde de Ibagué para favorecer candidaturas, ya que, como se señala en la denuncia, se habría presionado a contratistas de la alcaldía para que asistieran a un evento de campaña de Federico Gutiérrez. Mientras que, además, se presta la organización logística del municipio para organizar eventos de campaña. Además, según recoge la denuncia, Jaime Yepes ha reconocido tráfico de influencias en la alcaldía y la gobernación del Tolima, viéndose beneficiado con diferentes contratos. Yepes, siendo dirigente del Partido de la U en el departamento, ha llegado en distintas ocasiones a acuerdos con el exgobernador para consolidar su votación a cambio de puestos y contratos. Incluso, estos acuerdos se han visto de cara a las elecciones del 13 de marzo, en las que, a cambio de burocracia, Jaime Yepes estaría apoyando la candidatura de Óscar Barreto. La cooptación institucional y la cercanía con Hurtado prende las alarmas sobre la posible utilización de recursos públicos para eventos y campaña de Óscar Barreto. Ello, aun cuando entró en vigencia la Ley de Garantías. En enero, días antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, la gobernación de Tolima inició obras en 90 vías urbanas de Ibagué por un valor de $18.297.286.739 y un plazo de ejecución de tres (3) meses. El inicio de obras lo dio a conocer la gobernación, aunque el proceso contractual no se encuentra publicado todavía en el SECOP I. Por la cuantía del contrato se levantaron sospechas sobre la destinación de recursos. Además, desde el proceso de licitación fue denunciado una posible redirección de los pliegos definitivos del contrato para favorecer contratistas que suelen contratar con la gobernación y la Alcaldía de Ibagué como Andrés Eduardo Trujillo Arango, Juan Carlos Ramírez Ospina y Luis Carlos Ortigoza González. Por otro lado, se dio a conocer que el contrato 1834 para la pavimentación de la vía Ibagué-Rovira, a cargo de la Gobernación del Tolima, tuvo una adición por $11.517 millones en 1 de diciembre de 2021 lo cual prorrogó la obra por 7 meses. Sin embargo, la obra, de 10 km, va en un avance del 50%. Esto, en un proceso de adjudicación que ha contado con múltiples irregularidades desde su comienzo. Dichas irregularidades no abordan solo la ejecución de las obras, sino que también se ha denunciado que en Ibagué se han solicitado adiciones a contratos. Entre otros, el contratista del Complejo de Raquetas en el Parque Deportivo de Ibagué, que cuenta con una inversión de $8.628 millones, y del cual el contratista, Carlos Alberto Rozo, ha sostenido que se necesitaban reestructuraciones técnicas por afectaciones a la obra que llevaban a que se necesitaran nuevos ajustes técnicos y económicos. De acuerdo a lo registrado por El Cronista, por razones similares, el contratista de la pista de BMX está pidiendo realizar nuevos estudios, modificaciones de diseños y reajustes en el valor del contrato, mientras está suspendida la obra. Cabe mencionar que, respecto al tema de escenarios deportivos, Óscar Barreto tuvo presuntos nexos con Orlando Arciniegas, el artífice del desfalco de los Juegos Deportivos Nacionales de 2015. Delfín Fernando Aguirre denunció en 2016 que Óscar Barreto como gobernador realizó varios contratos con Arciniegas durante su primer mandato, por medio de la empresa Asesoría y Consultoría Legal, Aslegal Ltda, pese a que Arciniegas estaba inhabilitado para ejercer como abogado. Aunque por estos hechos no se conoce alguna acción adelantada por las autoridades pertinentes, ilustra la cercanía de Barreto con Arciniegas, quien apoyó su campaña a la gobernación e inclusive anunció que por haber hablado sobre el desfalco, Barreto le dio la espalda a su amistad. Pese a su paso por la gobernación, los escenarios deportivos han continuado sin ser construidos. El actual alcalde y aliado del clan, Andrés Hurtado, se encuentra encabezando la reconstrucción de los escenarios deportivos, que han presentado varias falencias durante su administración. Inclusive, frente a esto, un juez ordenó que reconociera públicamente los retrasos e irregularidades presentadas en la reconstrucción de los escenarios deportivos. Las irregularidades son múltiples y se han presentado diversas adiciones cuestionables, reportándose hasta un 468% el aumento en el costo de los escenarios deportivos durante esta administración. La gran mayoría de escenarios deportivos siguen sin avanzar, como, por ejemplo, las piscinas olímpicas o el coliseo de combate. Esto, mientras continúan las adiciones a los contratos y aumentos de las construcciones en un año electoral. Campaña electoral a toda costa En este contexto, se ha registrado al mismo Óscar Barreto haciendo campaña con obras, mientras todavía tiene cuestionamientos por obras realizadas durante su administración. En el marco del proceso adelantado en contra de Óscar Barreto por interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por suscribir, presuntamente, de forma irregular el convenio interadministrativo 748 de 2008 con la Empresa Generadora de Energía del Tolima, Egetsa para la ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento en el departamento, se encuentra como elefante blanco el acueducto veredal de Ortega. Si bien cuando Barreto llegó a la gobernación el proyecto ya había tenido origen, desde el 2004, durante su administración, se presentó la obra con resultados pobres, siendo entregada por la Empresa Generadora de Energía del Tolima (Egetsa) en condiciones que no permitían su operación. El proceso adelantado en contra de Barreto Quiroga señala que como gobernador habría utilizado la empresa Egetsa para favorecer a terceros. Entre los beneficiados estaba Diego Fernando Rodríguez Chavarro, una aportante a su campaña. Esa no es la única denuncia sobre pliegos ajustados para favorecer a proponentes específicos. Un ejemplo de ello es un proceso que adelanta la gobernación del Tolima para la instalación de parques biosaludables, que tuvo como único proponente al Consorcio Bioparques Tolima 2022, integrado por Construrambiental S.A.S e Ingemin, los cuales se quedaron con el contrato por el aparente direccionamiento de la participación de oferentes. Por su parte, mediante el contrato 0696 de marzo de 2017 se comenzó la construcción del puente El Totumo por un valor de $4.246.609.596. Fue una obra contratada por la gobernación de Barreto y dirigida por el entonces secretario de infraestructura y actual alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado. De acuerdo con la Veeduría Agua Para Ibagué (VAPI), el contrato tuvo un único proponente, existiendo sospechas de un posible amañamiento. Además, con el acta modificatoria 001 de junio 27 de 2017 hubo un cambio en la forma de pago, quedando en que el “Departamento del Tolima pagará al contratista el 90% del valor del contrato mediante actas parciales de obra, de manera proporcional con el avance físico de la obra, registrado mediante actas parciales de ejecución de obra”. Luego de un mes se expidió el Acta de Recibo Parcial de Obra No 1 por la suma de $3.486.815.632, correspondiente a un 83%. Posterior a ello, con el acta de adición No.002, se habrían cometido irregularidades en cuanto a la extensión del plazo de ejecución. Además, se habrían registrado actividades que no se ejecutaron en el contrato. A la vez que hace campaña con obras, desde el barretismo se han realizado acciones como el desmonte de vallas de opositores y, presuntamente, se estarían comprando votos con el reparto de mercados en Ibagué. El Clan Barreto, todo el Tolima se queda en familia El Clan Barreto es uno de los clanes tradicionales de Tolima, y es, actualmente, el que cuenta con más poder. Su líder y figura más cuestionada es Óscar Barreto Quiroga, actual candidato al Senado por el partido Conservador. Es un abogado especializado en Ciencia Política, que ingresó a la política en 1982, cuando fue concejal de Ibagué. Con un creciente reconocimiento, en 2003 aspiró a la alcaldía de Ibagué, sin lograr quedar electo, y en 2005 fue candidato a la gobernación del departamento en las elecciones atípicas sin quedar elegido. Para 2007 volvió a aspirar a la Gobernación, logrando su primer periodo. En 2015 volvió a aspirar a la gobernación, quedando elegido por un segundo periodo. Como reporta el seguimiento de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el primer cuestionamiento de Óscar Barreto se dio por irregularidades en una licitación realizada en 2008 durante su primera gobernación, siendo destituido e inhabilitado por 11 años por la Procuraduría General de la Nación. No obstante, fue absuelto en un fallo de segunda instancia. En marzo de 2019, la Procuraduría le abrió una investigación por presunta injerencia indebida en nombramientos del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima). Sumado a esto, tuvo adelantado un proceso en la Corte Suprema de Justicia por peculado por apropiación a favor de terceros, prevaricato y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por la contratación, ejecución y liquidación de un convenio educativo con la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, del cual fue absuelto en octubre del 2021. Por otra parte, en 2021 la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos en el marco de una investigación adelantada por irregularidades en contratación mientras fue gobernador entre 2008 y 2011. Se estudian 119 convenios realizados durante su administración, centrándose en 12 suscritos con la Corporación para la Promoción del Desarrollo Rural y Agroindustrial (Prohaciendo), cuyo valor es de alrededor de 4700 millones de pesos. Su primo, Miguel Ángel Barreto Castillo, beneficiado por el apoyo político de Óscar Barreto, logró quedar en el 2014 como representante a la Cámara por Tolima y en 2018 dio el salto al Senado, logrando quedar electo. Siendo contador público especializado en Finanzas y en Derecho Administrativo, fue director financiero del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué (INFIbagué), gerente de campaña del exsenador Juan Mario Laserna y miembro de su UTL entre 2009 y 2011, y aspirar a volver a quedar electo en el Senado. Barreto Castillo fue denunciado en 2019 por Carlos Arturo Reyes, diputado por el Partido Liberal, ante la Corte Suprema de Justicia por compra de votos. Según Reyes, cuenta con 62 folios que dan cuenta de transacciones para beneficiar la elección de Barreto. Se pidió la apertura de una investigación, pero de momento la Corte no le ha abierto un proceso formal por estos presuntos delitos. En 2021 se le abrió un proceso de pérdida de investidura, a través de la Sala Especial de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado, por presunta violación de los topes máximos de financiación durante su campaña al Senado, por aparentemente no haber reportado $20 millones de pesos que, de haberlo hecho, superaba el tope máximo establecido por ley. Sin embargo, el pasado 13 de diciembre fue negada la solicitud de pérdida de investidura y se solicitó su archivo. En 2019 el Clan Barreto quiso tener de primera mano la alcaldía de Ibagué con la candidatura que José Barreto Castillo, hermano de Miguel Ángel, quien se ha caracterizado por ser comerciante. Sin embargo, se retiró de la candidatura por motivos personales. Eso llevó a que gestara una alianza con el actual alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, la ficha del clan actualmente en la alcaldía del municipio. José Barreto no se salva de tener señalamientos. En 2014 fue acusado de los delitos de estafa, abuso de confianza, administración desleal y concierto para delinquir, por presuntamente haber tenido manejos irregulares de dinero mientras fue administrador del Centro Comercial La Quinta. Para 2019, mientras era candidato, se dio a conocer que esa investigación continuaba en la Unidad de Delitos contra la Fe Publica y patrimonio económico de la Fiscalía General de la Nación. Se desconoce el estado de este proceso. Entre otros miembros de la familia con presencia institucional, está Santiago Barreto, quien es sobrino de Óscar Barreto y es actualmente secretario general de la gobernación del Tolima.

Por: Noticias RCN

Por: Walter Aldana Político social alternativo El escándalo mediático, ocurrido a raíz de la presencia en tarima de Gustavo Petro en Girardot, Cundinamarca, el pasado martes 8 de febrero, después de ingerir unos tragos de whisky, nos evidencia la fragilidad de las gestas electorales en nuestro país. Según Economipedia,” Los valores éticos son las bases por las que las personas rigen su conducta. Son guías de comportamiento, normalmente aceptados de manera social y ayudan a diferenciar lo que es correcto o no”. Es por ello que la sociedad colombiana tenía el derecho de saber qué había ocurrido en dicho evento, entre otras razones porque de los hombres y mujeres de actividad pública, sus pensamientos y acciones son igualmente de tal sentido. Por ello, el candidato del Pacto Histórico presentó su lectura de lo ocurrido, así como las respectivas excusas; “Y es verdad que con el cansancio del viaje a Europa y el cambio de horario, me cayó mal un trago que tome antes del acto de Girardot, en una reunión previa, expresó Petro en un trino, en el que también pidió disculpas por su conducta”. En una sociedad decente basta con las explicaciones y la solicitud de comprensión, a partir del reconocimiento del error, pero en una campaña electoral, donde no se desarrolla en la lucha civilizada de las ideas, si no que se pretende sacar ventaja de una palabra mal dicha o de una actuación equivocada, cualquier acción es posible de ser utilizada. Es tan evidente lo anterior que la revista Semana realizó un despliegue sobre el tema digno del que debe darse el día electoral. Pero al margen del suceso, lo que queda en evidencia es el amarillismo, el morbo de novela de traqueto, la certeza de que, por falta de cultura política, el país electoral se debate entre las emociones, el miedo, el carro bomba, las masacres, asesinatos selectivos, amenazas (apócrifas dicen unos) de paro armado nacional por parte del ELN. La definición de estrategias en las campañas electorales parece estar más dirigidas a desprestigiar al contrincante que en presentar las propuestas y a disputarse el electorado que “participa” cada cuatro años, algo así como el corcho en el remolino, pues emigran de una sigla a otra, ayer son contrarios y hoy aliados. Mientras, por el contrario, buscan anular preferencias o apoyos a propuestas de transformación real con relación a la educación de calidad con gratuidad en el nivel superior, o terminar la odiosa intermediación de las EPS, el uso de energías limpias y renovadas, o la transformación de productos que dan valor agregado y el aseguramiento estatal de comercialización para cadenas productivas que garanticen mejores condiciones de vida y oportunidad de ingresos para la comunidad. Si la guillotina cayera sobre todo aquel que se toma un trago social, seriamos poquitos quienes habitáramos el país.

Por: Línea de investigación de Gobernabilidad y democracia A un mes de las elecciones legislativas, la violencia político-electoral está en aumento y las garantías para la participación de las víctimas no se han consolidado completamente. La línea de Gobernabilidad y Democracia de la Fundación & Reconciliación (Pares) consolidó un informe para dar cuenta de los patrones que definen la violencia en esta época pre-electoral. Esto es: víctimas, sus filiaciones, perpetradores, lugares y demás. Por otro lado, a propósito de la primera vez que, en un ejercicio democrático y de reconocimiento, las víctimas del conflicto armado tendrán participación en el Congreso, se construyó un análisis sobre los riesgos que enfrentan las y los candidatos a las circunscripciones de paz. Descarga el informe completo en la siguiente infografía.

Por: León Valencia La idea fue de Álvaro Uribe. Con su visión y su astucia, empezó a reunir en el Ubérrimo a los exalcaldes de las principales ciudades y a connotados miembros de los Clanes Políticos con el afán de buscar una nueva alianza para acudir a las elecciones de 2022. Entendía que el uribismo estaba en un declive irreparable y había recibido una lección enorme en las elecciones locales de 2019 cuando el voto urbano, el voto de opinión, se expresó con fuerza a favor de las izquierdas. Para enfrentar estas dos realidades: la decadencia de su propio movimiento y la indiferencia del voto urbano frente a las derechas, Uribe quería armar una gran coalición en la que eventualmente no sería el uribismo puro y duro el que pusiera el candidato presidencial. Quería correrse un poco al centro del espectro político y tener a su lado a líderes que en algún momento habían cautivado a los electores de las grandes ciudades. No le dio resultado, porque varios de los convocados se dieron cuenta de que el Uribismo, acosado por los malos resultados del gobierno Duque, por los líos judiciales del expresidente y por los anhelos de cambio que se sentían en el país, podía restar más que agregar a una alternativa política para frenar el ascenso de las izquierdas. Los exalcaldes y líderes políticos de centro derecha empezaron a reunirse por aparte de Uribe y armaron lo que ahora se llama Equipo por Colombia y al principio se llamó Coalición de la Experiencia. Fue una buena decisión que mantuvieron cuando el Centro Democrático definió a Oscar Iván Zuluaga como su candidato y este pidió ingresar a la coalición y fue rechazado. En la inscripción de la consulta quedaron entonces: David Barguil, por el Partido Conservador; Alejandro Char y Fico Gutiérrez, por firmas; Enrique Peñalosa, por el Partido de la U; y Aydeé Lizarazo, por el Partido Mira. Muchos analistas dan por sentado que esta coalición pasará a segunda vuelta. Dada la experiencia de las elecciones de 2018 señalan que las mayores posibilidades de saltar a la segunda vuelta la tienen los candidatos que proceden de consultas y creen que en las elecciones de marzo Equipo por Colombia conjugará bien el voto de las maquinarias con el voto de opinión y atraerá, además, el voto de simpatizantes de candidatos de la derecha que no estarán en consultas. Con esto, se harán a más de cinco millones de votos y sacarán un candidato fuerte para competir en primera vuelta. Ahora bien, no son pocos los escollos que tienen en su camino para este desenlace feliz. El primero de todos es el enorme escándalo que afronta Alex Char y su clan político. En las encuestas este candidato disputa un cabeza a cabeza con Fico Gutiérrez y para nadie es un secreto el poder que tiene en la Costa Atlántica y la enorme cantidad de dinero que mueve. Las acusaciones de Aida Merlano a los Char van desde la compra de votos, hasta la complicidad en su fuga y el secuestro e intento de asesinato. Son, desde luego, señalamientos de una prófuga de la justicia colombiana anclada en la Venezuela de Maduro. Pero las historias de los Char que, independientemente de lo dicho por Merlano, hemos forjado en centros de investigación como @parescolombia, dan cuenta de la corrupción indiscutible de este conglomerado político. Alex Char se defiende acusando a Aida Merlano de mentir y de hacer parte de un complot político urdido por la izquierda. El resto de la coalición guarda silencio o apoya a los Char. El debate continuará hasta marzo y, más allá, si Char gana la consulta. Ya la Coalición Centro Esperanza alzó la voz para pedir que Char renuncie a su candidatura. El otro problema grande de Equipo por Colombia es la dispersión de los candidatos de las derechas y de los votantes de esta corriente política. Por fuera de la consulta está el Centro Democrático y su candidato Oscar Iván Zuluaga; Rodolfo Hernández, que es quien más ha crecido en las encuestas en las últimas semanas; y el candidato de Colombia Justa Libres. Esto puede significar que - aún si los lideres de estas fuerzas llaman a interferir en la consulta- la coalición obtenga un número menor de votos que los alcanzados por el Pacto Histórico y la Coalición Centro Esperanza, lo cual sería un mal mensaje para la carrera de primera vuelta. En un escenario donde Equipo por Colombia saque una baja votación en la consulta, será muy grande la tentación de recurrir a una alianza con el Uribismo en primera vuelta. Ya David Barguil habla con vehemencia de esta posibilidad y muchos de los dirigentes del Uribismo inconformes con la designación de Oscar Iván Zuluaga hablan de lo mismo. Sería el retorno al origen de esta coalición de centro derecha.

Por: Luis Eduardo Celis En estos días se adelantó una reunión virtual, con la pregunta: ¿Como proteger a lideres y comunidades en Arauca?, siempre hay la incertidumbre de cuántas personas llegarán, quien escribe esta memoria hizo la ilusión de que llegarían alrededor de veinte personas, la realidad fue otra, llegaron cincuenta y seis, la gran mayoría araucanas y araucanos, lo cual muestra que la situación es muy delicada y que la preocupación es muy alta ante el nuevo contexto que arrancó el 2 de enero. Se escucharon más de veinte intervenciones de líderes sociales, gremiales, políticos, personas con arraigo y preocupación por Arauca, personas que han tenido responsabilidades frente a Arauca, múltiples voces con sus propuestas, incertidumbres, exigencias y no pocas angustias, porque lo que se juega todos los días en Arauca es la vida y la tranquilidad, perdida hace décadas en este bello territorio. Siempre es un reto ser fiel a las propuestas que se presentan, esta memoria es un esfuerzo por plasmar una diversidad de propuestas, unas en curso, otras por concretar, unas para enfrentar la violencia que arrecia, muchas otras para ir a las raíces de una violencia de más de cuatro décadas. Se tiene que asumir que es un deber de Estado y la sociedad proteger a los liderazgos y a las comunidades en Arauca, así como se debe acompañar a la sociedad araucana, a sus organizaciones, y hacerles sentir que no están solas y solos, que hay un conjunto de organizaciones y personas que estamos con Arauca y sus retos; es una reafirmación que Arauca le duele a Colombia y que sus retos igualmente son nuestros. Esta memoria puede estar incompleta, se agradece a quienes lo consideren pertinente enviar sus comentarios y aportes, es una memoria para seguir trabajando por la vida y los derechos, tarea en la que no claudicaremos hasta lograr una Arauca y una Colombia en paz y con una democracia de calidad. Las propuestas presentadas se pueden agrupar en las siguientes categorías: a corto plazo, temas estructurales y temas procedimentales. A corto plazo: La sociedad araucana, en toda su diversidad, debe expresarse con garantías por un territorio que puede tramitar sus múltiples conflictos, Se requiere visibilizar nacional e internacionalmente la grave situación de violencia que se vive en el departamento de Arauca. Se valora la propuesta que ha presentado el señor Álvaro Leyva de trabajar por un acuerdo humanitario y unas salidas dialogadas ante la actual confrontación. Insistir en el pleno cumplimiento del Acuerdo de Paz, el no cumplimiento promueve estas condiciones de continuidad de nuevas violencias. Hay que insistir y persistir en que se requiere un proceso de paz con el ELN, sin este proceso no es posible avanzar en una Arauca en paz. Pensar el tratamiento que se le debe dar a las estructuras disidentes de las FARC. Se requiere restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, diálogo y concertación entre los dos gobiernos para asumir los temas compartidos de frontera. Se requiere diálogos y concertaciones con los líderes y las comunidades para establecer de manera conjunta las medidas de protección que se consideren más pertinentes. Hay que fortalecer con personal idóneo, preferiblemente araucanas y araucanos, los equipos en terreno de la Defensoría del Pueblo y las personerías y secretarias de gobierno de los siete municipios. Hay que establecer corredores humanitarios, previas consultas con comunidades y sus organizaciones, donde se considere que son pertinentes y necesarios para la movilidad y el tránsito seguro, para poder llevar la vida comunitaria con garantías de seguridad. Hay que atender a las comunidades que han sufrido desplazamiento, brindándoles acogida y condiciones dignas humanitarias y trabajar por su retorno con condiciones de seguridad. Hay que fortalecer los programas humanitarios que se requieran por desplazamiento, espacios seguros transitorios, que garanticen derechos. Hay que proteger a la misión médica, que se viene desplazando por sentirse amenazados en sus vidas e integridad. Hay que proteger a los maestros, ya son varias docenas los que han salido del departamento, vulnerando el derecho de niñas, niños y jóvenes a la educación. Hay que garantizar la movilidad de toda la ciudadanía en condiciones de seguridad. Hay que fortalecer las iniciativas de prevención de reclutamiento de menores, de migrantes, de población vulnerable. Hay que actualizar el contexto actual de Arauca, con sus dinámicas de conflictividad, para tener información y análisis de calidad. Temas estructurales Trabajar por una Arauca en paz y con derechos pasa por garantizar que la multiplicidad de conflictos se pueda tramitar sin violencias, ni coerciones, con garantías de participación, procesos de diálogos y concertaciones difíciles y necesarias. Estos temas fueron mencionados. Hay una deuda histórica del Estado central con Arauca, ha sido un territorio aislado, estigmatizado, atropellado en sus derechos, esto debe cambiar. En Arauca hay un amplio tejido comunitario, que tiene sus planes de vidas, sus organizaciones, sus procesos, todo ello debe ser respetado. Se requiere garantías de permanencia, lo que hay es una violencia para sacar a las comunidades de sus territorios. Arauca tiene múltiples necesidades sociales que deben ser atendidas, se requiere mejorar la infraestructura en salud, en educación, en vías. El mundo campesino requiere apoyo, hay que formalizar la propiedad, se requieren políticas de promoción a la economía campesina. El presente, pasado y futuro de Arauca está igualmente ligado a la relación con Venezuela, por lo cual se requiere diálogo y construcción de políticas binacionales. Temas procedimentales Esta situación de violencia no se vislumbra que vaya a parar a corto plazo, por lo cual se requiere una acción sostenida y buscar caminos de superación de los enormes conflictos que persisten en el territorio. Se mencionaron las siguientes iniciativas en el plano de generar apersonamiento por parte de todos los actores que tienen responsabilidades institucionales y pueden liderar junto a la sociedad araucana, procesos para superar de fondo esta persistencia de violencia. Los concejos municipales de paz, el departamental y la multiplicidad de organizaciones sociales y comunitarias pueden convocar un cabildo de paz para tratar la delicada situación que se está viviendo y convocar la más amplia participación nacional e internacional. Insistirle al presidente Iván Duque y al Gobierno Nacional en su deber de protección a líderes y comunidades, de manera concertada con ellas y ellos y las autoridades locales. Mantener informados a la comunidad internacional e invitarles a hacerse presente en el territorio. Solicitar a la Comisión de Paz del Senado de la República mantener el seguimiento a la situación de Arauca. Promover los espacios de articulación de las organizaciones y personas que siguen la situación de Arauca, para lograr una acción más eficaz. Mantener información actualizada a los medios de comunicación nacional.