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Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad El “pequeño” puente festivo que se dieron los senadores del país no fue suficiente para voltear los votos que tenían agonizando al proyecto de Acto Legislativo No. 017 de 2024, la llamada “Ley de Transfuguismo”. Ni el son de los acordeones, ni las parrandas vallenatas que permiten casi siempre el encuentro, la negociación y el diálogo al calor de la música, la bebida y la juerga, sirvieron para que la tendencia negativa del voto se revirtiera. Tampoco funcionó la defensa que algunos influenciadores, analistas y líderes de opinión que hicieron del proyecto en sus redes sociales. Mucho menos los llamados a concebir el proyecto como una oportunidad democrática para que los miembros de corporaciones públicas se mantuvieran leales a sus electores, más que a sus partidos. Luego de un debate que se extendió por 3 horas, en la que la mayoría del tiempo se consumió en el trámite de impedimentos y en las intervenciones de los senadores y voceros de partido sobre la inconveniencia del proyecto, finalmente la votación se ajustó a las proyecciones que se tenían y el bloque opositor ganó con 26 votos de diferencia, en una jornada en la que asistieron 99 de los 103 senadores. Con este hundimiento, ya son 4 los proyectos que han intentado cambiar la configuración del sistema de partidos en el país que se han caído. Por un lado, las dos grandes reformas políticas propuestas por el gobierno Petro y por el otro, los dos intentos de movilizar una ley de transfuguismo, una a inicios de 2024 y otra a finales de ese mismo año. La crónica de la jornada Fuente: Canal del Congreso. Tras tramitar todos los impedimentos restantes de la sesión plenaria pasada frente al proyecto de Ley, finalmente sobre las 5:08 p.m. Fabio Amín, quien fungía en ese momento como presidente del Senado (mientras llegaba Efraín Cepeda a ejercer su rol) dio inicio a la discusión. Aunque la primera palabra la tenía el liberal Alejandro Carlos Chacón, quien era ponente de esta iniciativa, finalmente Paloma Valencia comenzó su intervención, tras haber presentado proposición de archivo al proyecto. El argumento de Valencia (y posteriormente el argumento de Carlos Fernando Motoa, quien intervino a nombre de su partido, Cambio Radical) se concentró en una defensa férrea del sistema de partidos, al considerar que esta ley podía afectar la disciplina interna y la composición y estructura de éstos frente a los intereses particulares de quienes son elegidos por estos partidos. No es para menos. El temor de Germán Vargas y de Álvaro Uribe es que, de haberse aprobado esta ley, sus bancadas se hubieran debilitado en el Congreso, pero, más aún, hubieran perdido fuerza a nivel territorial para las próximas elecciones de 2026. Según informó La Silla Vacía , algunos congresistas de Cambio Radical esperaban que la reforma pudiera avanzar, lo que llevó a que Vargas Lleras tuviera los ojos encima de su propia bancada con observadores en los pasillos del recinto del Senado. En el caso del uribismo, aunque la disciplina de partido funciona y es poco probable que hubiera una andanada de salidas, Uribe había dado la orden de no votar al proyecto. Así fue. Junto con la declaración de Valencia y Motoa, intervino Angélica Lozano, quien aseveró que a pesar de que ella misma había impulsado la escisión dentro de su partido para poder armar un bloque político independiente del gobierno Petro, decidieron seguir las reglas establecidas por la ley y no votar a un proyecto que, según ella, solo favorecía al Pacto Histórico. Y es que la idea que se instaló en el Congreso posterior a que el proyecto de ley fuera aprobado en su quinto debate en la Comisión Primera de Senado a inicios de abril, era que el proyecto buscaba, como finalidad, permitir una andanada de renuncias dentro de los partidos del Pacto Histórico por fuera de la Colombia Humana, en caso dado de que el proyecto de unificación (que ya se ha puesto en marcha con las renuncias a la personería jurídica en el Partido Comunista, el Polo Democrático y la Unión Patriótica) se cayera, para tener una posibilidad al permitir con estas renuncias que los senadores y representantes se pudieran inscribir en la Colombia Humana para conformar las próximas listas al Congreso. Lozano desarrolló esta idea la señalar que el proceso de fusión del que hablaba María José Pizarro en una intervención anterior a la suya era imposible bajo el artículo 14 de la ley 1475 de 2011, en la que se impide que los partidos puedan fusionarse o escindirse si están siendo objetos de alguna investigación por parte de entes de control. En este caso, Lozano indicó que los partidos del Pacto Histórico estaban siendo investigados por las denuncias de irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022 por parte del Consejo Nacional Electoral, por lo que no sólo la salida del bloque de Progresistas del MAIS se vería impedida, sino en realidad toda la fusión en el Pacto Histórico como partido único. La respuesta de Pizarro, vehemente en su intervención, es que el Consejo Nacional Electoral no puede obviar la jurisprudencia que como órgano ya ha generado al permitir que Dignidad y Compromiso, junto con Fuerza de la Paz, se escindieran respectivamente del Polo Democrático y del partido ADA, cuando estos últimos partidos también estaban siendo investigados por el ente de control. Además de justificar que el Pacto Histórico no buscaba favorecerse de este proyecto de ley en tanto ya habían elegido el camino de la fusión. En esa misma vía intervino Alejandro Carlos Chacón, ponente del proyecto de Acto Legislativo, quien señaló que era una falacia indicar que el proyecto solo respondía a los intereses del bloque de gobierno, cuando el proyecto de ley había sido firmado por diferentes representantes de los partidos políticos. No obstante, lo más importante de la intervención de Chacón estuvo en su defensa de la independencia de los congresistas y miembros de corporaciones públicas frente a los partidos, al señalar que los partidos políticos no tienen razón de ser sin ellos. Esto es importante porque abrió la veta fundamental del debate frente a la potencial crisis de representación que viene viviendo el Congreso  y que, en palabras del senador Chacón y del Pacto Histórico, es una de las causas de la fragmentación de los partidos políticos . Pasada las 8:00 p.m., la votación se dio, ganando el archivo del proyecto con 55 votos sobre 29 que pedían que el proyecto fuera discutido. Al cierre de la plenaria, el Pacto Histórico se quedó sin la última opción que le quedaba en caso dado de que el CNE decida impedir su fusión. Por ahora, la disputa legislativa se traslada de aquí a la discusión de la Consulta Popular, a la que le haremos cubrimiento desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad. ¿Las curules son de los partidos o de los congresistas? El debate de fondo de la Ley de Transfuguismo Fuente: El Nuevo Siglo. Siendo así, el debate reflejó la existencia de dos tendencias dentro del Congreso de la República: 1. Un bloque (en el que está el Pacto Histórico, Comunes, algunos verdes y liberales, y algunos senadores y representantes del Partido de la U, Conservadores y de Cambio Radical) que consideran que los votos que ha obtenido un candidato son suyos propios y que estos se deben más al voto de quienes representan que al interés propio del partido que los avala . Esta fue la idea central que todos defendieron en sus intervenciones, pero con algunas salvedades. Por el lado del Pacto Histórico, hubo mayor hincapié en controvertir el rol de los partidos políticos como máquinas cooptadoras de amplios bloques de la burocracia estatal (en palabras de Wilson Arias), mientras que, por el lado de Juan Felipe Lemos, del Partido de la U, comparten el diagnóstico de Chacón, en el sentido de que los partidos en muchos casos se convierten en limitantes de la libertad de los congresistas por reflejar los intereses de sus votantes. Igual, en ambos casos, pesaba un sentido más instrumental. Esto queda claro en la intervención de Carlos Benavides, del Polo (Pacto Histórico) quien aceptó en su intervención que justificaban la libertad para cambiar de partidos, incluso si esta afectaba positivamente al bloque de gobierno con la integración de nuevos congresistas al partido único. Por el lado de Arias, esta justificación estuvo centrada en la reconfiguración de la coyuntura partidista a lo largo de los períodos legislativos, que hacía que en muchos casos los congresistas terminaran disintiendo con sus propios partidos. 2. Un bloque en el que se conformaron los partidos de oposición (Centro Democrático, Cambio Radical) y dos de los tres independientes tradicionales (Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U) quienes señalaron que el proyecto de ley era una amenaza a la democracia, en tanto horadaba el sistema de partidos, alimentaba la fragmentación política y beneficiaba solo al bloque de gobierno . Aquí hay que señalar que la postura de los partidos cedió finalmente, en parte, porque caló la narrativa de que esta reforma era el salvavidas para que el bloque del Pacto Histórico conservara la posibilidad de que muchos de sus congresistas pudieran reelegirse o cambiar de cámara, aun cuando en realidad el proyecto de ley estaba hecho a la medida de la mayoría de los congresistas, con condiciones que motivaron, en parte, que en los 5 debates anteriores pasara sin ninguna dificultad. No obstante, y a pesar de que la mayoría decidió votar en contra, queda en el ambiente la urgencia por una nueva reforma política. La mayoría de las intervenciones de la bancada conservadora (Nicolás Echeverry, Marcos Daniel Pineda), de la bancada Verde (Fabián Díaz) y de la bancada de la U (Juan Felipe Lemos) resaltaron anteriores puntos de discusión de las dos anteriores reformas presentadas por el gobierno Petro, especialmente frente a la democracia interna de los partidos, la conformación de las listas e incluso cambiar el sistema de asignación de curules bajo el modelo D’Hondt. También caló el golpe de opinión que desde las organizaciones de la sociedad civil y la opinión pública movieron sobre la inconveniencia del transfuguismo. En parte, el trabajo de análisis de la Misión de Observación Electoral fue el sustento argumentativo con el que muchos de los congresistas construyeron su discurso alrededor del peligro hacia la democracia con esta propuesta, así como conceptos desde la academia y el lobby de los gremios empresariales que, según La Silla Vacía , fueron importantes para la decisión. ¿Existe una crisis de representación en el seno del Congreso? Fuente: El Colombiano Lo que queda en la atmósfera con esta discusión es qué tan profunda es la disonancia entre los intereses de los partidos y de los congresistas frente a los programas políticos que representan y sus propios electores, puesto que se infiere de este escenario un desanclaje entre la representación individual y la representación partidista , lo que termina erosionando el sistema de partidos como mediador legítimo entre ciudadanía e instituciones . Es decir, en cierto modo este proyecto de Ley de Transfuguismo, como el proyecto anterior, caen en el problema de personalizar en exceso la política, haciéndola más frágil. En esto, el concepto de la MOE es correcto, y el argumento de los partidos opositores e independientes termina siendo coherente. Además, tanto el bloque del gobierno como algunos sectores de partidos tradicionales están dispuestos a flexibilizar los límites institucionales (como el transfuguismo) si esto beneficia coyunturalmente su posición legislativa. Lo que esto nos indica es que existe una idea de representación más centrada en cálculos individuales o faccionales , que en principios programáticos o en una conexión sólida con sus electores. Esto agrava el escenario complejo del clientelismo, pues termina por encauzar el personalismo electoral y al congresista como la figura legítima por encima de su partido, lo que termina por consolidar lógicas clientelares y caudillistas a nivel regional . En parte, es esta fragilidad del sistema de partidos el que ha permitido que los clanes políticos en Colombia hayan construido redes multipartidistas para consolidar su poder y negocien sus apoyos como fichas de cambio para sostener estos partidos a nivel territorial. En cierto modo, el transfuguismo solo hubiera consolidado el sistema que denunciaba el senador Wilson Arias en su intervención, frente a la posibilidad de que los partidos sigan siendo fachadas de redes de poder informales mucho más estructuradas y que giran alrededor de clanes y grupos políticos territoriales para cooptación y control burocrático del Estado. Además, el riesgo de que los partidos se dividan internamente y que muchos congresistas se alineen según intereses coyunturales y no de bloque o ideológicos, lleva a una fragmentación del Congreso , que termina por dificultar la gobernabilidad y la coherencia legislativa, además de impedir la construcción de mayorías estables, degrada los debates programáticos de fondo y mantiene en un constante y cíclico estado de ajustes al juego de reglas electorales.

Por: Redacción Pares Esta semana el expresidente Alvaro Uribe rindió indagatoria como acusado en el juicio que se le sigue por supuesta manipulación de testigos. Iván Cepeda, quien ha sostenido con el expresidente una disputa de más de 15 años, sacó en limpio tres hechos destacables de esta indagatoria y que tienen que ver con reconocer lo siguiente: ilustró el modus operandi que ha empleado en estos años en la búsqueda de falsos testigos ante la justicia. Uribe reconoció que tuvo estrecha relación y tratos comerciales con uno de los creadores del Bloque Metro, Luis Alberto Villegas, con quien negoció tierras, segundo, bajo su gobierno entregó dineros oficiales a Santiago Gallón Henao a través del programa Agro Ingreso Seguro, tercero en el corregimiento de San Roque -donde estaban las Guacharacas- si existieron grupos paramilitares. Cepeda se quejó de las calumnias contra él, contra el presidente Santos y con una de las testigos claves, Deyanira Gómez, así como contra los abogados Reinaldo Villalba y Miguel Ángel del Río. Esto ha sido una constante de Uribe en los años que viene defendiéndose. La Corte precisó también este patrón de comportamiento “Estas prácticas no son nuevas, se despliegan desde el 2015, en este modus operandi si bien es cierto variaban las personas como instrumentos, se sucedían los sabotajes”. Uribe se considera un perseguido político, víctima de una trampa. Él cree eso de que no hay mejor defensa que un buen ataque. Estos son los descargos del senador Cepeda:

Por: Iván Gallo-Coordinador de Comunicaciones La última vez que supimos de Luis Carlos Restrepo, el comisionado de paz de Uribe que llegó a un acuerdo con los paramilitares fue en el 2024. El ex comandante Salvatore Mancuso hizo una acusación muy grave contra él: lo señaló de ser el instigador de la muerte de Vicente Castaño. De Amalfi eran los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño. Fidel fue asesinado al año de la muerte de su gran enemigo, Pablo Escobar, Carlos fue asesinado por orden de Vicente y, sobre este último, aunque nunca se confirmó oficialmente su muerte, los rumores arreciaron. Esta versión de Mancuso dada el año pasado ayuda a que la historia se enrede aún más: “Cuando Vicente Castaño le solicitó al comisionado Luis Carlos Restrepo y al presidente Uribe, y así se lo hizo saber a través de Sabas Pretelt de la Vega y monseñor Vidal, que él se entregaba si se firmaban los acuerdos a los que habíamos llegado las autodefensas con el Gobierno del presidente Uribe en representación del estado colombiano lo que sucedió fue que asesinaron a Vicente Castaño. Quien estuvo detrás de esa muerte como instigador fue Luis Carlos Restrepo como representante del Gobierno”. Nada se sabe de la muerte de Castaño. La versión de Mancuso es la que enreda al ex comisionado de paz. Otros ex jefes paramilitares lo han mencionado. Ellos son Daniel Alberto Mejía, y Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche. Desde el 2012 quien fuera conocido como “Doctor Ternura” por sus estudios sobre el tema, salió del país. Aunque el lugar donde está refugiado es desconocido, se cree que podría estar en Canadá. La historia de Restrepo es una tragedia que pocos recuerdan. Antes de conocer a Francisco Santos en 1997, a Luis Carlos Restrepo nunca se le había ocurrido meterse en política. Doctor en medicina y cirugía de la Universidad Nacional, especialista en psiquiatría y magister en Filosofía de la Universidad Javeriana, Restrepo era un reconocido intelectual de clara tendencia progresista, uno de los primeros que, en los años noventa, creía que la única solución que tenía la guerra contra las drogas, que en esa época cobraba miles de muertos en Colombia, era la legalización. Corría 1991 y se vivía un aire de esperanza que traía una nueva Constitución. Restrepo formaba parte, junto con Antanas Mockus, el padre Francisco de Roux y Hernando Gómez Buendía, de la campaña Viva la ciudadanía que intentaba acercar la nueva Carta Magna a todos los sectores que no la conocían. Tenía 39 años este caldense nacido en Filandia y, para contradecir a su familia fervorosamente conservadora, abordaba luchas como la opción de abortar y la legalización de la dosis mínima. En 1994 lanzó uno de los libros más vendidos en la historia de la siquiatría en Colombia, El derecho a la ternura, en donde propugnaba por una educación en donde lo más importante fuera el amor, al conocimiento, a la lectura, al otro, a la humanidad. Sin embargo todo cambió en 1997. En ese momento Francisco Santos Calderón, quien había tenido un largo secuestro por el Cartel de Medellín en 1990,  lo convenció de participar en el Mandato por la paz. Fue una fiebre de paz que contagió al país movilizando a 10 millones de personas que votaron contra la no violencia. Fue por medio de Santos que Restrepo llegó al primer gobierno de Uribe. El 7 de agosto de 2002, cuando las Farc atacaron la posesión de Álvaro Uribe con roquetazos a la Casa de Nariño, Luis Carlos Restrepo asumió como Alto Comisionado de Paz. La guerra, en ese momento, azotaba el campo colombiano e incluso llegaba a las ciudades. Uribe tomaba el país en el caos que lo había dejado Pastrana y su errático proceso de paz con las Farc. Durante tres años esta guerrilla manejó la Zona de Distención de San Vicente del Caguán, convirtiéndola en un santuario de secuestro y narcotráfico. El ciudadano de a pie creía que esta era la demostración de que esa guerrilla, comandada por Manuel Marulanda Vélez, había derrotado al Estado colombiano. Además, en amplias zonas del país, como en la Costa Norte, el Catatumbo y Urabá, las Autodefensas Unidas Colombianas, comandadas por Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, luchaban para quitarle el territorio a la guerrilla, dejando a su paso una estela de muertos y de horror. Con un discurso de cero concesiones y apostándole a la confrontación, Álvaro Uribe, en los últimos dos meses de la campaña presidencial de 2002, arrasó a su rival, el liberal Horacio Serpa. Apoyado por la gran mayoría de los colombianos, Uribe inició un proceso de paz con las Autodefensas. Restrepo sería su ficha clave. El país encendió los televisores al mediodía del 15 de julio del 2003, en Santafe de Rialito, Córdoba, cuando delegados de las Autodefensas y el gobierno Uribe, en cabeza de Restrepo, se comprometían a "dar inicio a una etapa de negociación", teniendo "como propósito de este proceso el logro de la paz nacional, a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del estado". El optimismo no podía ser mayor. Todo parecía funcionar. En noviembre de ese mismo año Don Berna, quien, con sus hombres del frente Cacique Nutibara convirtió la Comuna 13 en un infierno en 2002, deponía sus armas. Entre el 2003 y el 2006 se desmovilizaron 20 bloques. Cobijados por la ley de Justicia y Paz, temibles comandantes como Jorge 40, Ernesto Báez y Salvatore Mancuso se entregaron al gobierno de Uribe. En el 2006, según reseña La Silla Vacía, con datos para la Agencia Colombiana para la Reintegración, se habían entregado 30 mil paramilitares. Sin embargo los nubarrones para Restrepo empezaron a enturbiar lo que parecía un horizonte completamente despejado. Lo más grave fue la investigación por la falsa desmovilización de 62 guerrilleros de una supuesta compañía de las FARC denominada Cacica la Gaitana. Aunque se televisó la entrega a todo el país, se notaba que las armas eran falsas. Como se sabría meses después se trataba de habitantes de calle bañados, arreglados y vestidos como guerrilleros que recibirían cada uno incentivos de entre 500 mil y 1 millón de pesos. El falso comandante era Biófilo, conocido en todo el país por su cola de caballo y quien se llamaba en realidad Felipe Alejandro Salazar, un estudiante de la Universidad del Tolima, hijo de una pintora y de un vendedor de libros que leía con fruición libros de Hegel. En 2014 Biófilo reapareció en los medios de comunicación después de salir del país un año antes con rumbo a Uruguay. En una entrevista con La FM, acusó nuevamente a Luis Carlos Restrepo de orquestar la falsa desmovilización: "Me ratifico en la denuncia sobre un plan sistemático para inflar los procesos de desmovilización y generar un impacto en la opinión pública, para que creyera falsamente en el éxito de la política de Seguridad Democrática".   La Fiscalía comenzó a investigar a Restrepo en 2012 mientras Viviane Morales estaba al frente del Bunker y Juan Manuel Santos era presidente. Al excomisionado se le imputaron los cargos de prevaricato por acción, peculado por apropiación, concierto para delinquir, fraude procesal y tráfico de armas tras las denuncias de Biófilo. Según Salvatore Mancuso, el desarme de una compañía de las Farc fue idea de los paras para quitarle presión a la desmovilización de las AUC y la ley de Justicia y Paz. Además de la Gaitana, Restrepo tiene procesos por haber dado instrucciones al comandante del Bloque Catatumbo de las AUC de no entregar al ICBF a los menores de edad que hacían parte de dicho grupo armado, al momento de la desmovilización que se realizó de diciembre de 2004 en la vereda Campo Dos en Tibú (Norte de Santander), sino que, por el contrario, fueron entregados directamente a las familias. El otro proceso que se le sigue es por la desmovilización del bloque Elmer Cárdenas. La declaración de Mancuso del 2024 podría enredarlo aún más. Los que lo conocen saben que sus últimos años han sido tormentosos. Todo el prestigio de intelectual que cuidadosamente cultivó se terminó. En un caso así el desprestigio es más doloroso que la muerte física.

Por: Iván Gallo - Coordinador de Comunicaciones Se cumplen 80 años del día en el que la Unión Soviética derrotó a los nazis. Desde entonces soviéticos y desde 1992 los rusos, salen a las calles a celebrar su día de la victoria sobre la Alemania nazi. Tienen mucha razón en sentir orgullo. Su determinación fue fundamental para derrotar la mayor amenaza que ha tenido la humanidad: el régimen nazi. Esta es la historia.  En 1939 Adolfo Hitler invadió Polonia. Antes de hacerlo estableció un pacto de no agresión con Stalin. Se repartirían Europa oriental. No conforme con esto Hitler, adicto a la expansión, se apoderó de Francia, su gran rival continental. Estados Unidos se mantenía neutral -incluso buena parte de su sociedad veía con buenos ojos a Hitler- y en Inglaterra sólo la determinación de Winston Churchill mantenía viva la lucha. Pero la historia marca que los nazis estuvieron muy cerca de apoderarse del mundo. En 1941 las potencias del eje, como eran conocida la alianza entre Alemania, la Italia fascista y Japón, cometieron dos errores que marcarían el devenir de la Segunda Guerra. La primera fue el ataque de Japón a Pearl Harbor que significó la inclusión de Estados Unidos en el conflicto. Esto le generaría al Tercer Reich un contratiempo al mantener una guerra en dos frentes, el oriental y el occidental. El segundo sería un error de exceso de confianza de Hitler: creer que podría vencer a la URSS. Con su narrativa de que ellos eran la raza superior y los soviéticos sólo eran eslavos sucios y famélicos, estaba confiado en que podría dar un golpe fulminante a Stalin. El dictador comunista cometió varios errores, cegado por el fanatismo a su propia persona descabezó a generales vitales para el ejército rojo. Los reemplazó con mandos medios. Su producción de tanques parecía atascada. Hitler creía que el oso ruso se tambaleaba y que sólo era cuestión de darle un empujón para que se cayera.  Así que en junio de 1941, en pleno verano europeo, lanzó la Operación Barbarroja. El estimado era llegar a Moscú antes del invierno y evitar el error que le costaría la derrota a Napoleón. Y empezaron arrasando. En noviembre ya se encontraban a 90 kilómetros de Moscú. Fue una invasión de un movimiento demencial. Tenían días que la cabeza de frente avanzaba 150 kilómetros. A los soldados, en la comida, les daban unas vitaminas que resultaron siendo metanfetamina. Toda la industria química alemana estaba al servicio del ejército alemán. Pero se reventaron. Stalin, aprovechando las interminables estepas, decidió implementar la táctica de la tierra arrasada: por donde pasaran los nazis lo único que encontrarías sería poblados quemados, cultivos en llamas. Corrieron tanto en su frente que perdieron conexión con la retaguardia, esto desencadenó una escasez de suministros que empezó a afectar a los soldados. En diciembre de 1941 ya caían los primeros copos de nieve. Había aparecido para Stalin su principal aliado: el general invierno. Los alemanes llevaban en la sangre la fiereza prusiana. Soportaron lo indecible, temperaturas de hasta menos cuarenta grados. Tenían todo para haber ganado. El pueblo en la Unión Soviética estaba cansado con la tiranía de Stalin. Cuando llegaban -fotos y películas lo demuestran- los recibían como si fueran los liberadores. Pronto se dieron cuenta que Hitler podía ser tan cruel como el dictador comunista. Indomables, los eslaves crearon guerrillas y fueron combatiendo a las tropas alemanas. Mientras tanto el oso ruso se reaprovisonaba. Tomaba aire para el contraataque. Y fue fulminante. Sobre 1942 ya los cañones no se escuchaban en Moscú. En el verano de ese año, dentro del mismo Reich, se sabía que la guerra estaba perdida. Era cuestión de tiempo que los nazis cayeran. En julio de 1943 los aliados entraron por Italia a Europa, se perdió el mediterráneo africano y los rusos se imponían en Stalingrado. El único camino que tendría la Wehrmacht era la de retroceder. Hitler, convertido ya en un héroe wagneriano, asumió que si no podía ganar la guerra era por culpa de la cobardía de su pueblo, así que Alemania también tenía que hundirse con él. El 30 de abril, ya con los tanques rusos en Berlín, se suicidó junto a su amante, Eva Braun, y su perro Blondie. Putin, 80 años después, recibe en Moscú a presidentes como Nicolás Maduro para celebrar los 80 años de la histórica victoria de Stalin sobre Hitler. Porque a pesar de ser un asesino, un bárbaro temible, Stalin fue el único que pudo derrotar al tirano austriaco.

Por: Laura Bonilla - Subdirectora ¿Qué diría el mundo de un país que ha permitido el asesinato sistemático de más de 1.200 líderes sociales en apenas una década? ¿Qué nombre le pondrían los organismos internacionales si estos asesinatos ocurrieran en cualquier otra democracia del planeta? En otros contextos, esto sería una señal de colapso institucional, de un Estado incapaz de garantizar la vida, de una democracia convertida en teatro vacío. Honestamente no sé por qué aquí no. La experiencia comparada lo demuestra: en México, los cárteles asesinan alcaldes y candidatos para imponer su poder territorial. En Guatemala, en los años ochenta, los militares arrasaron con el liderazgo indígena para quebrar la resistencia. En Colombia, los armados no necesitan derrocar al Estado: les basta con matar líderes. Les basta con imponer el miedo y eso es más que suficiente para hacer lo que mejor les plazca o les convenga. Incluso, para establecer un gobierno dentro del Estado, disputar el monopolio de las armas, construir infraestructura, establecer normas de conducta y matar con total impunidad a quién se oponga.Sobre su protección, nadie responde. Ni hoy, ni hace cuatro años, ni tampoco hace ocho, cuando ya se advertía del problema. Hasta hoy hemos perdido 1.200 personas con este perfil. La mayoría en el Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca. 345 líderes comunales, 236 indígenas, 170 líderes comunitarios, 148 líderes y lideresas campesinas. Los peores años: 2020, 2022 y 2024. Tampoco el 2024 fue para tirar voladores. Es una guerra declarada de armados contra civiles, hasta que no quede nadie en el territorio que cuestione al violento y que no responda con sumisión y obediencia.Más allá de la tragedia, este asesinato es la base de la gobernanza armada o criminal. No se trata solo de que haya crimen: se trata de que ese crimen gobierna. De que en muchos territorios el Estado no es el que impone las reglas, sino las organizaciones armadas ilegales, que sustituyen la institucionalidad por lógicas de control, castigo y beneficio privado. La gobernanza criminal, como ya lo muestran estudios académicos en toda América Latina, se sostiene en una mezcla de coerción y funcionalidad. Brinda seguridad, impone justicia, resuelve conflictos y regula economías ilegales —todo, claro, bajo la lógica del miedo y el silencio. Muchas palabras, políticas sin evidencia y nulos resultados. El balance en diez años de la indolencia estatal. En los recientes meses he tenido la oportunidad de participar en varios espacios donde se discute si la paz sí o la paz no, si negociaciones sí o negociaciones no. Si son o no políticos, si hay más o menos ideología. Pero muy poco esfuerzo se pone en medir los resultados en materia de protección a la gente. Muy poco interés en decir que esas más de mil muertes significaron la victoria de la gobernanza criminal, en un sistema de incentivos que produce lo mismo siempre: el violento gana, no hay justicia y mucho menos hay prevención. Tontamente llevamos varios años pensando que la situación se resuelve con una de las dos estrategias favoritas: se le da mucha bala a la criminalidad y de esa forma ya no mata, o por el contrario se negocia con ella para domesticarla. Esto tiene muchos problemas.En general la bala indiscriminada crea más problemas y violaciones a los DDHH de las que atiende. Y crea retaliaciones como el reciente plan pistola, o como los asesinatos masivos de líderes y lideresas en el Cauca. No funciona a mediano y largo plazo, no da acceso a la justicia y tampoco previene que esto siga pasando. Matar a un individuo es barato y tiene cada vez menos costo social o político. Por otra parte, lo que se pensó que podía funcionar de la Paz Total y que fue su mayor fracaso es que si el Estado ofrece negociación, los grupos que ejercen gobernanza armada van a dejar de matar. No lo hicieron. Dejaron de confrontar ocasionalmente al Estado, bajaron temporalmente los desplazamientos forzados, incluso ayudaron a desminar. Pero los asesinatos selectivos se mantuvieron y les diré por qué: estos asesinatos no son una consecuencia, sino la base de su control. Son fundamentales para la gobernanza criminal. El asesinato estratégico de líderes sociales es una herramienta funcional, eficiente y repetible para los armados. Produce miedo, puede usarse cuando se quiera, tiene bajo costo político y restringe el espectro democrático a quienes estén dispuestos a ser co-gobernados. El mensaje es claro: quien lidere, quien cuestione, quien organice, será eliminado. En México, por ejemplo, se ha documentado cómo los cárteles han dejado de comprar políticos para directamente asesinarlos. En Colombia, después del Acuerdo de Paz de 2016, el asesinato de líderes se disparó: más de 1.200 muertos en ocho años. La lógica es simple: sin liderazgo social, sin voces organizadas, se impone sin resistencia la gobernanza criminal.Del lado de los resultados institucionales, el balance es espantoso. El Ministerio del Interior encabeza un sistema de protección que no funciona. La UNP, que prioriza esquemas de escoltas, no sirve para proteger liderazgos comunitarios locales. Pero sí se da el lujo de gastar miles de millones en figuras de alto perfil, incluso encubriendo escándalos y mafias. La única herramienta disponible para las comunidades es un decreto. Un papel. Un documento que habla de protección colectiva, con recomendaciones imposibles de implementar. Y nada más. Como me lo sugirió un antiguo Director de DDHH de Mininterior: si implementáramos el decreto 660 tal cual, habría más reuniones que días en el año y todas llevadas desde Bogotá. Es imposible, pero no se le puede decir eso a las plataformas de DDHH que lo consideran su única esperanza. Colombia no protege. El Estado no escucha. Y en cada comunidad donde matan a un líder y no pasa nada, lo que se consolida es un nuevo orden: el de la obediencia, el del silencio, el del miedo como política. El Estado se da el lujo de afirmar que cuenta con una política de protección colectiva: el Decreto 660 de 2018. Un decreto que nunca fue implementado con seriedad. Un informe reciente sobre su ejecución demuestra que los comités técnicos creados para operarlo no sesionan, que las comunidades no conocen los criterios de priorización, y que los ejercicios piloto nunca llegaron a aplicarse. Ni siquiera los reglamentos de funcionamiento fueron aprobados. Las organizaciones sociales que deberían estar en el centro de esta política fueron excluidas o tratadas como actor decorativo.El Decreto 660 prometía emisoras comunitarias, fortalecimiento del gobierno propio, pedagogía territorial. ¿Qué se ejecutó? Nada. Muchas reuniones. Como todo en Colombia, quedó en un papel. Un decreto que ni protege ni transforma. Un engaño institucionalizado. Un disfraz de acción estatal que solo sirve para evitar responsabilidades. Esa es hoy la respuesta oficial a más de mil asesinatos de liderazgos sociales: un decreto fantasma que nadie aplica y que todos abandonaron. La violencia avanza. La gobernanza criminal se impone. Y el Estado firma papeles. Y ese nuevo orden, aunque se instale con balas, termina gobernando con decretos de papel mojado.Así gobierna el crimen: matando líderes. Así responde el Estado: firmando decretos que nadie cumple. Y así se desangra la democracia: no con golpes, sino con ausencias. Con miedo. Con abandono.

Por: Redacción Pares El 15 de julio del 2003 el entonces comisionado de paz de Álvaro Uribe Vélez, Luis Carlos Restrepo, logró firmar con las Autodefensas Unidas de Colombia una primera etapa de negociación para llegar a una paz nacional. El acuerdo fue firmado en el corregimiento de Santa Fe de Ralito, municipio de Tierralta, Córdoba. Entre 1995 y 2004 los comandantes paramilitares arrasaron con poblaciones enteras en departamentos como Bolívar, Norte de Santander, Antioquia o Córdoba. En las elecciones del 2002 lograron elegir al 30% del Congreso. Incluso los comandantes Báez, Isaza y Mancuso fueron aplaudidos en ese recinto por los mal llamados padres de la Patria. El proyecto paramilitar en esos años se perfilaba para ser legítimo, sus comandantes incluso pensaron en que podrían legalizar sus fortunas. Se desmovilizaron más de 10 mil hombres pero, pronto, regresaron a las armas. Ese problema que hubo en las condiciones para la dejación de armas hizo que se volviera a remontar el paramilitarismo en lo que hoy conocemos como el Clan del Golfo. Los comandantes paramilitares querían contar su verdad en Colombia pero fueron sorprendidos -incluso algunos se sintieron traicionados- por la decisión de Uribe de sacarlos del país y extraditarlos a los Estados Unidos. Desde las cárceles gringas Mancuso y los otros comandantes empezaron a contar sus verdades. Desde hace unos años han venido quedando libres y algunos han regresado al país, asumiendo el papel de gestores de paz. Una de las banderas de este gobierno es la Paz Total. Esto incluye terminar el acuerdo de Ralito. El 3 de octubre del 2024 en un evento de entrega de tierras en Montería Petro, junto a Mancuso, afirmó que uno de sus objetivos en lo que le quedaba de presidencia era terminar con la desmovilización de paramilitares que había empezado 21 años atrás. Ese día Petro explicó que la mesa no se había terminado porque las víctimas no se habían reparado. Por eso propuso instalar una mesa para cerrar el proceso que inició Uribe. En los últimos meses esta decisión estuvo detenida. Se realizaron algunos actos como el pedido de perdón por parte de Mancuso y Macaco a la población en Córdoba e incluso llegaron a firmar acuerdos para ayudar a encontrar desaparecidos. Una de las dificultades que ha tenido la mesa es la oposición que se ha encontrado desde el comisionado de paz, Otty Patiño, para cerrar estos procesos. Algunos comandantes que habían abrazado la posibilidad de ser gestores de paz desistieron de ella como fue el caso de Evert Veloza, alias “H.H”. Así que estas mesas podrán servir para buscar una manera de reparación a las víctimas pero no para el cierre de una negociación. En este momento lo que se está viendo es la posibilidad de renovarle a 16 personas las gestorías de paz. Uno de los intereses del gobierno es que estos comandantes no resulten engrosando las filas de las del clan del golfo. Así lo mostró en un artículo en El Espectador el periodista Julián Ríos Monroy quien contó lo siguiente: “Una fuente enterada de las movidas internas del proceso advierte que “hay una presión muy dura de parte del Clan sobre los antiguos mandos de las AUC para incorporarlos, no como jefes, sino como empleados”. Ni siquiera les están haciendo una oferta real de plata, sólo los amenazan y les dicen que si no aceptan les darán plomo. El gobierno ha ideado estrategias con el Centro Nacional de Memoria Histórica para acordar actividades para mantener motivados y protegidos a los comandantes paras. Regresar a la guerra amedrentados por amenazas del Clan del Golfo tendría consecuencias nefastas para el país.

Por: Redacción Pares Si existe un sumo pontífice que simbolice la migración es León XIV. Minutos después de su elección ya tenía el remoquete del Papa misionero. Es que estuvo en Perú durante diez años e incluso trabajó con los indígenas del Amazonas. Es un continuador del Concilio Vaticano II que renovó a la iglesia a finales de los sesenta y que obliga a que la iglesia viva en perpetuo cambio. Es también un seguidor del papa Francisco quien fue citado varias veces en su discurso. Aunque Donald Trump se mostró complacido de su elección -es la primera vez que un norteamericano es elegido papa- se sabe que sus políticas antimigratorias, su desprecio a la diferencia, lo han distanciado de Robert Francis Prevost. Este es un gran triunfo para el progresismo -a pesar de un discurso del 2012, tildado por muchos como homofóbico- y por eso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se mostró complacido con la elección del cardenal norteamericano. Esto dijo a través de su cuenta: "El nuevo Papa, León XIV , es más que un estadounidense. Sus ancestros inmediatos son latinos: españoles y franceses, y vivió cuarenta años en nuestra latinoamérica, en Perú. Ojalá sea el gran líder de los pueblos migrantes en el mundo y ojalá, aliente a nuestros hermanos migrantes latinoamericanos, hoy humillados en los EEUU. Es hora de su organización. Ojalá nos ayude en la construcción de la gran fuerza de la humanidad que defienda la vida, y derrote la codicia que ha provocado la crisis del clima y la extinción de lo viviente. Chicago es la gran ciudad obrera y progresista de los EEUU. Siento esperanza". El nuevo papa es un viento de esperanza para los progresistas que se habían sentido un poco huérfanos después de la muerte de Jorge Bergoglio. Se necesita tener un contrapeso después de las políticas abiertamente xenófobas del presidente estadounidense. Prevost, a través de la red social X, ha criticado la postura radical de Trump contra la migración, se refería puntualmente a la reunión que sostuvo en las últimas semanas el presidente estadounidense con Nayib Bukele. También ha criticado al vicepresidente norteamericano. Este es el trino de Petro:

Por: Redacción Pares Eran 133 cardenales reunidos en la Capilla Sixtina, observados desde la eternidad por Miguel Ángel. Los titulares de los periódicos más importantes del mundo marcaron una verdad: nunca antes en la historia de la iglesia había tanta diversidad de razas entre los purpurados que escogerían al nuevo pontífice. Afuera, en la plaza de San Pedro, una multitud se arremolinaba sobre el atardecer del 8 de mayo. Esperaban la fumarola. Sobre las seis de la tarde apareció el humo blanco. Los católicos se abrazaban y gritaban en una lengua que está cada vez más muerta: ¡Habemus papam! Las especulaciones entre el público eran muchas. Durante más de una hora se esperaba a que saliera en el balcón de la sala de las lágrimas un cardenal anunciando el nombre del nuevo papa. Y la nacionalidad. Como si se tratara de un mundial de fútbol o de la Fórmula Uno con Ferrari, los italianos católicos se habían convertido en tifosis. Querían su primer papa italiano en cincuenta años. Para algunos medios la rapidez con el que fue escogido el nuevo papa los llamó a sorpresa. Después recordaron que hace veinte años, cuando fue escogido Benedicto XVI, también necesitaron apenas una jornada de debate. Veinticuatro horas también bastaron para escoger al cardenal Jorge Bergoglio en el 2013. Desde 1830 ningún cónclave ha durado más de cinco días. El cardenal Robert Prevost se convirtió en el nuevo papa. Es la primera vez que un norteamericano es elegido papa en 1500 años de historia. Pasó buena parte de su vida en el Perú por eso, desde el 2015, tiene nacionalidad peruana. Desde 1980 vivió en ese país. Trabajó de la mano con las comunidades indígenas en el amazonas, es agustiniano y era cercano al Papa Francisco. Prevost es presidente de la Pontificia Comisión para América Latina y desde 2023 lo llevó a Roma el papa Francisco, al que era muy cercano, para dirigir el Dicasterio para los Obispos. Hay que recordar que entre los cardenales que votaron al papa había diez norteamericanos. Este no era el candidato de Trump a pesar de ser norteamericano, incluso ha criticado al magnate convertido en presidente. Será un puente entre la iglesia católica y el cada vez más beligerante presidente anaranjado. Robert Francis Prevost tiene 69 años. Sobre las 7:23 de la noche apareció, con sus gafas y saludando a una multitud el nuevo papa León XIV. Llamó la atención la emoción que se reflejaba en sus ojos y en varios momentos contuvo el llanto. Tendrá muchos retos el nuevo papa. Tiene la vitalidad, la energía para hacerlo.

Por: Diego Alejandro Pedraza y Oscar A. Chala, investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Seis meses después de que comenzara el proceso judicial contra Iván Name y Andrés Calle, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de los expresidentes del Congreso. Están acusados de cohecho impropio y peculado por apropiación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. La ponencia presentada por el magistrado Francisco Farfán que solicitó la medida preventiva en contra de los congresistas estuvo discutiéndose desde el día 6 de mayo y solo hasta el 7 de mayo emitió el concepto que desde hace meses estaba esperando el país político.  ¿Por qué están salpicados los dos expresidentes del Congreso? Fuente: Semana.com Según la Corte Suprema, Iván Name y Andrés Calle están vinculados al caso de corrupción por sobrecostos en los carrotanques que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD) debía enviar a La Guajira en 2023. Sus nombres surgieron desde las primeras investigaciones, tras ser señalados por Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad. Según las declaraciones de los exfuncionarios, Name y Calle habrían facilitado la aprobación de proyectos de interés del gobierno a cambio de dinero proveniente de presuntos desfalcos en la UNGRD. A esas declaraciones se debe sumar el informe investigativo de Caracol Noticias,  en el cual se relató cómo se les hizo entrega de 4 mil millones de pesos a los dos expresidentes, tres mil para Name y mil para Calle, los cuales fueron entregados por Pinilla a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, quien está privada de la libertad desde diciembre de 2024. La historia de las maletas y la suite del Hotel Tequendama donde presuntamente Sandra Ortiz recibió y contó el dinero que después transportó al norte de Bogotá para comprar a Name hicieron mella en la opinión pública que se terminaba de asombrar cuando leía los chats de Sneyder Pinilla en donde coordinaba con su conductor la compra de una maleta negra en la cual transportaría hasta Montería, los mil millones que le correspondían al expresidente de la Cámara, Andrés Calle. Dichos sobornos buscaban presuntamente favorecer el tránsito de las reformas del gobierno y agilizar procesos como fue la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, tal y como reveló en entrevista reciente Sandra Ortiz, al referirse a su participación como “mensajera” dentro del proceso. El vaticinio de Name Name aprovechó la sesión de debate en plenaria de la Ley de Transfuguismo para despedirse del Senado. Fuente: Canal del Congreso Aunque la detención de los dos expresidentes del legislativo no significa que sean culpables en el amplio caso de corrupción que involucra al gobierno Petro, desde hace varios días se anticipaba un impacto político en sus carreras. Esto podría deberse tanto a la dimensión del caso como al peso de las acusaciones, evidente en el cambio de actitud de los implicados, quienes en los últimos meses abandonaron la seguridad con que enfrentaron las primeras citaciones judiciales a finales de 2024. Este desgaste político tuvo uno de sus momentos más visibles el 6 de mayo, cuando Iván Name, conocido anteriormente como figura protagónica del Senado, intervino en la plenaria que debatía el proyecto sobre transfuguismo político . En su intervención, que muchos interpretaron como una despedida, el expresidente del Senado aseguró ignorar si regresará al parlamento, aunque destacó haber considerado un honor presidir la cámara alta del legislativo colombiano.  Como si se tratara de una crónica de muerte anunciada, Name abandonó el recinto del Senado con la mirada baja, en medio del proceso judicial que lo involucra. Actualmente, el caso avanza en su fase de investigación. Continua el perfeccionamiento de esta etapa donde la corte deberá recopilar las pruebas restantes y ahí si decidir si acusan a Name y a Calle o si se determina la preclusión de la investigación. Lo único cierto es que este es quizás el golpe más fuerte que ha dado la justicia en el marco de un caso de corrupción tan sonado, que ha terminado con implicaciones para las instituciones de un país donde estos escándalos han sido recurrentes en los últimos meses, durante el gobierno Petro.  Las órdenes de captura terminan golpeando parte de la gobernabilidad de Petro ante los partidos Aunque Iván Name y Andrés Calle se habían desaparecido de la escena parlamentaria posterior a sus salidas como presidentes del Senado y la Cámara respectivamente, en un momento donde ya habían sido salpicados en el entramado de corrupción de la UNGRD, es claro que sus órdenes de captura terminan afectando al gobierno Petro en varios frentes, aunque no de una manera tan directa como la renuncia de Ricardo Bonilla en diciembre de 2024 o la de Carlos Ramón González en julio de ese mismo año. La afectación más grave de este nuevo hecho golpea, sobre todo, su relación con el Congreso, en un momento donde el Partido Alianza Verde perdió el escenario de su escisión, pero continúa agravando su fragmentación al interior de su colectividad, y donde el Partido Liberal se lanzó a la independencia, salió de la coalición de gobierno para marcar distancias, y que ahora se vería obligado a mantenerla o profundizarla si no quiere que este caso termine afectando sus ambiciones electorales el próximo año. La crisis en ambos partidos no solo está en el hecho de que probablemente se aplique el criterio de silla vacía sobre las curules de Name y Calle, lo que lleva a que las bancadas de ambos partidos se reduzcan, sino por las demandas de democracia interna y los cuestionamientos por la presencia de estructuras políticas ligadas a presuntos casos de corrupción y otras irregularidades en el seno de estos partidos. De hecho, en el Partido Verde la pelea interna está que arde en tanto varios senadores, como Ariel Ávila y Angélica Lozano ya habían demandado la salida del cuestionado Name , incluso antes de haber sido acusado de haber recibido 3 mil millones de pesos que, según los testimonios y el material probatorio que tiene la Fiscalía, presuntamente terminaron alimentando la campaña de su hija, María Name Ramírez, al Concejo de Bogotá por esa misma colectividad. Fuente: El Espectador En el caso de los liberales —partido que ya ha tenido múltiples cuestionamientos en años anteriores por la cooptación burocrática de sectores del Estado por parte de estructuras clientelares que hacen parte del partido, como en el caso Fiduprevisora—, la tensión está en si la contención de esta crisis se encuentra en moverse hacia posturas mucho más radicales frente al gobierno y castigar a los sectores liberales más cercanos (que se encuentra en la Cámara de Representantes) a quienes culpe, en cierta medida, de votar por Calle a la presidencia de aquella corporación. En ese sentido, Gaviria, como director de partido, ha querido mover a su colectividad para impulsar el voto hacia Lidio García como nuevo presidente del Senado en la cuarta y última legislatura  el próximo 20 de julio, confrontándose abiertamente con la potencial candidatura de Alejandro Carlos Chacón (el ponente de la recién hundida Ley de Transfuguismo y de la mini-laboral que ahora mismo hace curso en la Comisión Séptima de Senado), quien, como Calle, se ha manifestado mucho más abierto a negociar con el gobierno Petro y ha tratado construir su propio bloque interno al interior del Partido Liberal. Otra consecuencia en el legislativo estará marcada con el empoderamiento de los partidos opositores (Cambio Radical, Centro Democrático), que con estas capturas ya están hablando de cómo el ejecutivo ha capturado al Congreso y lo ha comprado a través de incentivos y cupos indicativos que llevan a casos como el de la UNGRD. En ese sentido, Daniel Briceño, concejal de Bogotá, indicó una opinión compartida en los pasillos del Centro Democrático , al señalar que las maquinarias políticas de Córdoba terminaron apoyando la campaña de Petro a la presidencia en 2022, lo que implica que parte del discurso de la oposición se volcará a tratar de encajar al gobierno con los clanes políticos. Por el momento, el gobierno ha tratado de despegarse de la coyuntura indicando que ellos habían denunciado a Name y a su grupo político desde 2017 y que en parte las acciones de Name corresponden más a su provecho propio que a una negociación con funcionarios del gobierno. En cierto modo, la narrativa de Petro ahora mismo se concentra en indicar que Name ha sido un opositor férreo a su gobierno, y que habría incoherencia de que recibiera incentivos para apoyar sus reformas y elegir a Vladimir Fernández como magistrado de la Corte, cuando en el Congreso se opuso a las mismas.

Por: Redacción Pares Durante tres días consecutivos el presidente Álvaro Uribe rindió indagatoria en el juicio que se le sigue por manipulación de testigos y fraude procesal. El pasado miércoles Uribe respondió preguntas acerca de Juan Carlos “El Tuso” Sierra, ex paramilitar que conforma junto a Juan Guillermo Monsalve, su esposa Deyanira Gómez y Pablo Hernán Sierra, el cuarteto de testimonios, en teoría más concluyentes, contra el ex mandatario. Quien es hoy todavía el líder del Centro Democrático afirmó que sobre el 2009 supo de las supuestas movidas que estaba haciendo Iván Cepeda en cárceles de Estados Unidos ofreciéndoles -según su declaración- beneficios a cambio de modificar sus declaraciones y hundir a Uribe. El “Tuso” ha cambiado varias veces su versión. La contraparte afirma que el abogado Cadena habría sido enviado por Uribe para modificar su relato y salvar al expresidente. Uribe afirmó que nunca conoció a Sierra personalmente, aunque estaba casada con una prima suya. Se enteró que habían congresistas indagando por “Tuso” Sierra gracias a Valencia Cossio. Eduardo Montealegre, ex fiscal, también habló y afirmó que pudo haber sido víctima del gobierno Uribe de recibir sobornos suyos. El expresidente iba a contestar pero no lo dejaron. Esta respuesta quedó para este 8 de mayo. La sesión del pasado 7 de mayo fue particularmente corta. Pero, para los que apenas llegan al juicio, es bueno contarles quién es el “Tuso” Sierra. En el año 2006 se pagaba una recompensa de 150 mil dólares. En mayo de ese año se presentó a una estación de policía en Medellín. Su decisión de entregarse era indeclinable. Para muchos se había revuelto con los paramilitares para aprovechar los beneficios que traía la negociación con el gobierno Uribe. Sierra es de Andes, Antioquia. Pasó de ser ganadero a miembro de la oficina de Envigado. Llegó a las filas de las AUC presentado por uno de sus amigos, Diego Fernando Murillo, Don Berna. Lo sentó en una reunión con la plana mayor de los paramilitares y lo presentó de esta manera “él es amigo y nos financia. A los financistas nuestros hay que protegerlos”. Los mismos paramilitares quedaron sorprendidos al enterarse que el narcotraficante se había hecho pasar por comandante del Bloque Héroes de Granada. Uribe, al enterarse que Sierra se había hecho pasar por paramilitar, lo expulsó de Justicia y Paz en el 2006. Dos años después sería extraditado a los Estados Unidos. El “Tuso” se benefició de esta extradición ya que, aunque fue condenado a 10 años, sólo cumplió cinco. En el 2013 fue liberado. Sirvió que haya dado en Estados Unidos lista de políticos y miembros de la fuerza pública que eran pagados por la Oficina de Envigado.  Su declaración sería fundamental para que en el 2018 la Corte Suprema tomara la decisión de detener al expresidente. Es indudable que esta fuente de información debe tomarse con pinzas debido a sus cambios de bando. En la actualidad Sierra se encuentra libre en los Estados Unidos.

Por: Redacción Pares Sobre el mediodía de este 7 de mayo el presidente del senado, Iván Name y el de la cámara, Andrés Calle, fueron detenidos por el escándalo de corrupción de la UNGRD. La información que ha recibido la Fiscalía por parte de Olmedo López y de Sneyder Pinilla fue lo suficientemente sólida como que el ente acusador tomara esta decisión. Los presuntos delitos por los que deberán responder son los de cohecho y peculado. El abogado de Iván Name, quien pertenece al partido Verde, Jaime Lombana, aseguró en el momento en el que le pusieron la esposa a su cliente, que la única culpable era Sandra Ortiz ya que ella y su compañero sentimental -asesinado en el 2024- el esmeraldero conocido como “Pedro Pechuga” habían comprado un inmueble por el precio de la coima. La decisión se tomó después de que la sala de instrucción del ente votara de esta manera: cuatro a favor y dos en contra. Hay que recordar que la acusación que cae sobre quien fue presidente del senado hasta julio del 2024 fue por presuntamente haber recibido 3000 mil millones de pesos para que aprobara las reformas sociales que promueve este gobierno. También fue capturado el ex presidente de la cámara Andrés Calle, él está acusado por haber recibido 1000 millones de pesos para mover las reformas en la Cámara. Calle se entregó de manera pacífica en la Fiscalía. A pesar de que en los últimos días se vio a la ex alta consejera para las regiones Sandra Ortiz, muy acuciosa dando declaraciones ante la fiscalía, sería el testimonio de Olmedo López y Pinilla las que fueron determinantes para apresar a los ex presidentes del congreso. Una de las preguntas que se han desatado después de estas detenciones es ¿Qué sucederá con las curules de Name y Calle? Por ahora lo que se afirma es que podría declarárseles la silla vacía lo que sería una gran pérdida para los partidos que ellos representan, los verdes y los liberales, respectivamente. La última declaración que dio en el Congreso Name fue un día antes de ser capturado. Estas fueron una de sus frases más destacadas: “No sé si esta sea mi despedida en el tránsito de una democracia en la que creemos, de una justicia en la que confiamos, pero dispuestos a cambiar el traje y la investidura parlamentaria por el que deba ser, por el que pueda ser. Debo decirle al Congreso que me siento orgulloso, señor presidente, antes que usted, de haberme ubicado este Senado en su lugar de Presidencia”. Las coimas a los presidentes del senado y cámara se dieron por orden del director de la UNGRD, Olmedo López, recibida por Sneyder Pinilla. En este escándalo, que llega a los 700 mil millones de pesos y que, de comprobarse, constituiría el peor escándalo de corrupción de este gobierno, también estarían implicados el ex director del DAPRE, Carlos Ramón Gonzalez y el ex ministro de hacienda Ricardo Bonilla. Al parecer, a penas estamos viendo la punta del iceberg. El presidente Petro, quien ha acusado a Iván Name de frenar sus reformas desde el congreso, escribió un trino que después borraría por problemas de redacción. En él decía lo siguiente: “Va a la cárcel sindicado de robar al gobierno y al pueblo”.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El Gobierno nacional está recurriendo, en el marco de la política de Paz Total, a una serie de innovaciones institucionales para avanzar en la construcción del bien público de la paz en Colombia. La última innovación la presentó este 3 de mayo de 2025, cuando las delegaciones del Gobierno en la Mesa de Diálogos de Paz y del Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) de las FARC-EP, reunidas en San José de Cúcuta, Norte de Santander, firmaron el Acuerdo de Catatumbo, y en él la conformación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en este territorio.   La ZUT es una novedosa figura jurídica, que tiene sustento en la Ley 2272 de 2022 o Ley de Paz Total y el Decreto 0448 del 17 de abril de 2025. Estas normas le permiten al Gobierno nacional delimitar espacios geográficos para la concentración de tropas con las que se busca construir acuerdos de paz y preparar el terreno para la dejación de armas. En este caso específico con el Frente 33 del EMBF, que hace parte del Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte.   El objetivo del Gobierno, con la creación de esta ZUT en el Catatumbo, y de manera más precisa, en el área rural del municipio de Tibú, es, en principio, reducir la violencia que se vive en esta región desde el mes de enero de 2025, la cual ha dejado miles de personas desplazadas y confinadas. También, facilitar los diálogos de paz entre las delegaciones de negociación, con el fin de llegar a acuerdos definitivos. Y finalmente, poder el Gobierno avanzar en la implementación de los acuerdos humanitarios y de desarrollo territorial, que le permitan atender de manera rápida la tragedia humanitaria que se tiene en esta región.   Esta es una muy buena noticia para el país, en términos de que, a quince meses de finalizar el gobierno Petro, se recogen nuevos frutos de la política de Paz Total. Pues el Acuerdo de Catatumbo debe leerse como un paso fundamental para que se firme, en poco tiempo, con el Frente 33 del EMBF FARC-EP el fin de la guerra, el regreso a la vida civil de los combatientes de una fracción que no quiso acogerse al Acuerdo Final de paz del 2016 y del inicio de un programa de reintegración social y comunitaria que traerá desarrollo para una región atrasada.   La idea del Gobierno es avanzar en las próximas semanas en una serie de acuerdos y protocolos que permitan delimitar con precisión el territorio que ocupará la ZUT. Y trabajar con rapidez y de forma coordinada para que se dé en un mes el preagrupamiento del bloque Magdalena Medio con presencia en Catatumbo. También discutir y acordar con los múltiples actores que estarán en el territorio y sus fronteras, las “condiciones de seguridad, logística, geográficas y administrativas requeridas” (Acuerdo del Catatumbo).   Estos acuerdos y protocolos permitirán al Estado colombiano garantizar los diálogos de paz y llegar a consensos, entre ellos, las importantes transformaciones territoriales que se requieren.   Para lograrlo, los implicados tienen grandes retos: El principal y más inmediato es aclarar a la ciudadanía que significan estas ZUT para el país. Que lo que se busca es separar a grupos armados para proteger vidas, pero que no se cederá el control de la autoridad constitucional. Con el objetivo de reducir los prejuicios y falsas ideas que se tienen sobre está nueva figura que se quiere aplicar y que tiene grandes diferencias con las antiguas Zonas de Distensión, que se aplicaron en los diálogos del Caguán, a finales del siglo pasado con las extintas FARC-EP.   También, recordarle a la ciudadanía que en estas ZUT no se suprimirán los derechos de las personas que se concentrarán allí. Que en este territorio hará presencia una serie de organizaciones, nacionales e internacionales, que defenderán el cumplimiento de las normas constitucionales y del derecho internacional humanitario. Y que lo que se busca es preparar a un grupo armado para el proceso de desarme, desmovilización y reinserción del grupo disidente; y a la población para que identifiquen y planifiquen las acciones para el posconflicto.   Que será un espacio territorial donde la Fuerza Pública continuará cumpliendo con sus labores misionales, como son las de proteger la vida de todas las personas que estarán en la Zona, incluidos los integrantes de las disidencias de las FARC, para evitar que acciones ofensivas —como las del Ejército de Liberación Nacional (ELN)— cobren más vidas. No se trata de desmilitarizar un territorio o sacar al Ejército y a la Policía del territorio y entregárselo a un grupo armado ilegal, se trata de delimitar un territorio para que la Fuerza Pública impida la movilidad de otros actores armados beligerantes, que estos traspasen los límites de la ZUT e impidan cumplir sus objetivos.   Otro reto es escribir, de manera muy clara, los acuerdos y protocolos necesarios para el apropiado funcionamiento de la ZUT. Dado que este es un proceso con fases, tendrá que clarificarse la espacialidad y temporalidad.  Delimitar el espacio geográfico del ZUT es sumamente importante, que como sabemos estará en el área rural de Tibú. Y también, insistir en la temporalidad de la zona, para delimitar la suspensión temporal de operaciones militares contra las disidencias de Calarcá.   Finalmente, establecer con claridad la forma como se hará verificación de todo lo que acontecerá en la ZUT del Catatumbo. El cumplimiento del cese al fuego que se pacte con las disidencias y las acciones que violen derechos de la población. Los avances en las negociaciones para que se logre el desarme, la desmovilización y la reintegración. Mecanismos de verificación robustos, que con personal experto permita informar sobre los avances y logros, así como los problemas y fracasos, si se tienen.   Esperemos entonces que está nueva innovación institucional permita avanzar en la Mesa de Diálogos de Paz con el Frente 33 del EMBF de las FARC-EP. Que este proceso de paz continúe y entregue más frutos al país. Que se logre en este tiempo delimitado involucrar a todos los actores, para que participen, dialoguen, acuerden e implementen programas y acciones. Que el Estado logre consolidar el control territorial y reducir los mercados de sustancias ilícitas. Que se garantice y respete a los habitantes del territorio el ejercicio pleno de los derechos. Y que se logre reducir la escalada de violencia que vive el departamento de Norte de Santander.     * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.