Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Entre los economistas hay un consenso: admiten que la inflación es un grave problema; un fenómeno muy negativo que compromete el bienestar de las familias y el buen funcionamiento del sistema económico; y lo afecta con tanta fuerza que algunos lo conciben como una especie de cáncer del “cuerpo social”; una enfermedad que compromete seriamente la redistribución del ingreso, el nivel de empleo de la economía y el grado de certidumbre para la inversión. Este reconocimiento ha llevado a que, en la mayoría de reflexiones sobre lo económico –desde el imperio romano hasta el surgimiento del capitalismo– la inflación se haya convertido en una de las enfermedades más estudiadas por este campo de estudio. Y con ello, la generación de un gran cúmulo de teorías y saberes en torno a las causas, naturaleza y consecuencias del fenómeno inflacionario. Como ciudadanos, es decir, como personas vivimos en el mundo real social –donde la economía es una de las tantas esferas que más nos afectan–, el interés en la inflación se sitúa en las consecuencias que tiene para nuestros ingresos y calidad de vida. Pues, una vez comienza a presentarse el fenómeno, lo sentimos de inmediato en nuestra economía familiar. Tal como sucedió en Colombia en 2016 y como ocurre en este último año. Desde marzo de 2021 la ciudadanía ha visto cómo el comportamiento de los precios está al alza. El indicador más conocido de la inflación –Índice de Precios al Consumidor (IPC)– no para de subir, y lo hace con tanta fuerza que se viene convirtiendo en una de las mayores preocupaciones de las familias en la actualidad. La gente siente cómo en esta coyuntura se viene generando un incremento generalizado y sostenido de los precios de muchos de los bienes y servicios que consumen. En especial, los hogares pobres están observando, sin poder hacer nada, como los precios en las mercancías que compran están al alza. Ahora el precio de un kilo de papa o una libra de carne se incrementa fuertemente de un mes a otro, incluso duplicando su valor y dejándolos ante la única opción de comer mucho menos. En breve, sus ingresos, con el pasar de los días, se reducen, y con esto, las posibilidades de comprar todo lo necesario y conveniente para el sostenimiento de la vida. En enero de este año, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) informó cómo el grupo de alimentos –banano, papa, arroz, etc.– y bebidas no alcohólicas –entre ellas, leche, jugos y gaseosas– incrementaron sus precios de un 19,9%, lo mismo los servicios de restaurante (10,7%) y transporte (6.9%), y la mayoría de bienes y servicios para el hogar (7,12%). Además, por supuesto, de los servicios públicos domiciliarios –electricidad, agua, telefonía y saneamiento básico– que se han convertido en un pago casi obligado que se requiere hacer. En síntesis, la población está observando cómo con sus escasos ingresos ya no pueden comprar lo mismo que adquirían un par de años atrás. Cómo, a pesar del incremento salarial del 10%, el dinero no es suficiente ni para pagar lo mismo que consumían el año anterior. Lo que explica, en parte, que ahora se hable de la presencia real del hambre en sus casas y de que se sientan cada día más pobres. Y es que el cáncer de la inflación discrimina y ataca con mayor fuerza a unos grupos poblacionales que a otros. En las familias con menores ingresos, los bienes y servicios que consumen se incrementaron en un 6.85%, entre enero y diciembre de 2021. Mientras que el nivel de precios de los hogares más ricos lo hizo en 4.39%, para el mismo período. Un incremento que, para este último grupo, se sitúa por debajo del IPC total (5,78%), viéndose menos afectadas las finanzas de los hogares ricos frente a los pobres. Para la población pobre, que es la mayoría en Colombia, esta situación se puede leer como una reforma redistributiva. Los hogares pobres ven cómo la inflación está reduciendo sus ingresos; se comporta como una especie de impuesto que el Gobierno les cobra a los pobres por comprar los bienes y servicios para sobrevivir. En este sentido, ven como el cacareado incremento del salario se esfuma de sus manos. Como, debido a la inflación del primer mes de 2022 –ubicado en 1.7%–, su avance en un aumento en el poder adquisitivo retrocede rápidamente. Incluso, el comportamiento acelerado de la inflación amenaza en pocos meses quitarles lo ganado un tiempo atrás y ubicarlos en una situación aún más deplorable. Pues, mientras los salarios suben una vez al año, los precios de los bienes y servicios que se compran lo hacen todos los días. Un fenómeno inflacionario que también lo sienten los jubilados, ya que reciben este año, en términos relativos, menos dinero en sus pensiones. Los pocos ahorradores, que ven cómo los intereses que les entregan los bancos no compensan la pérdida de por el crecimiento de la inflación. Y los comerciantes, que ahora venden menos productos, aunque reciben el mismo dinero y las mismas ganancias. Así, tanto la clase baja como la media en Colombia, están viendo cómo la inflación se convierte en un cáncer invasivo que consume sus pírricos ingresos y con ello la esperanza de mejorar su nivel de vida. Como los frutos conseguidos con las múltiples marchas públicas el año pasado –donde manifestaron su inconformismo por los bajos salarios– ahora, en poco tiempo, se esfuman. Y también, como el sueño de reducir las brechas en los ingresos con los 280 hogares más ricos del país, ahora desaparece y se profundiza la desigualdad económica. En breve, estamos perdiendo en Colombia la lucha contra el cáncer invasivo de la inflación. El impopular fenómeno está provocando que la ciudadanía –que sueña con superar la línea de la pobreza– se aleje más de contar con unos ingresos suficientes para cubrir los gastos que requiere para vivir sin miseria. Un fenómeno que se come el tejido social de la confianza de la población vulnerable; y que hunde, aún más en el abismo, la esperanza de la ciudadanía de mejorar su nivel de vida.

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina Línea Jóvenes en riesgo y participación juvenil Ningún hombre pisa dos veces el mismo río, porque no es el mismo río y él no es el mismo hombre Heráclito de Éfeso. La especie humana podría definirse como un río. Hay un nacimiento, el cual va con nosotros siempre, pues hay momentos de nuestra vida que nos recuerdan el niño interior que somos y que jamás, por muchos esfuerzos que hagamos, se va. En ese niño pequeño, como los riachuelos que dan origen a un gran río, casi siempre sus aguas son cristalinas y su fondo es muy poco profundo, es posible percibir a simple vista lo que ese riachuelo, ese niño, lleva en su interior. Pasa el tiempo y unos kilómetros más abajo el río empieza tomar un cauce más ancho y profundo. Si es un río de montaña, empezará a correr por entre las piedras y árboles que encuentra en su camino, ya su fondo empieza a ser más hondo y nadarlo se convierte en todo un reto, aunque aún no ahoga, empieza a tener sus complejidades, si permanece puro, hasta entonces, en ese primer fondo empezarán a aparecer peces pequeños que se alimentan de lo que sus sedimentos llevan cauce abajo o cauce arriba, es un río, joven, fuerte, vital. Sobre la mitad de la vida, su cauce es profundo, hondo, peligroso, misterioso, a veces ciertos ríos no nos permiten distinguir sus dos lados, hay que mirar con mucha paciencia y calma, quizá más con ojo imaginativo, para encontrar su otra orilla, otros son más pequeños, y a simple vista parados en un puente, puede verse todo, su cauce profundo o no tan profundo, sus dos deltas, las piedras que tiene en su trayecto, la fuerza con la que corre su agua, el sonido que hace al correr, se puede determinar qué tan navegable es o no, ese río. Así somos los hombres y las mujeres que habitamos el mundo. Así son, sin excepción, los muchachos que conformaron la escuela de liderazgo juvenil Jóvenes Liderando la reconciliación, proyecto formativo realizado en Pereira, Risaralda, en un convenio entre la Gobernación de Risaralda y la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, y que trabaja dos componentes fundamentales, el ser desde todo el acompañamiento psicosocial y el del saber, en el que contenidos de liderazgo juvenil, político, histórico, cultural y social, les dan herramientas formativas que enriquecen sus capacidades de liderazgo e incidencia en sus territorios. Fue así, como el pasado 7 de diciembre, el grupo base de la escuela de liderazgo ‘Jóvenes liderando la reconciliación’, asistió a un encuentro ritual en el río Barbas Bremen por el sector de la vereda La Palmilla del municipio de Pereira, en el que 26 jóvenes y cinco profesionales formadores, vivieron una experiencia vital y emocional significativa para sus vidas. El paseo al río fue más que un paseo de olla de los que popularmente se hacen en Colombia; pues allí, aunque hubo espacio para el disfrute en torno al agua pura y el nado libre, la toma del sol tan necesaria y valorada en tiempos pandémicos, donde encierros obligatorios nos enseñaron la importancia de tomar el sol y los espacios abiertos, también se suscitó por parte de la profesional en psicología, Mónica Paéres, un espacio ritualista en el que a través de la figura del río y del agua los jóvenes y profesionales soltaron emocionalmente todas sus cargas y angustias para renovar su corriente interna, limpiar su basura, y seguir su cauce más livianos y limpios, un poco más puros o menos contaminados, y con la madurez y hondura que un río joven golpeado por los accidentes geográficos tiene. El ritual hecho sobre el medio día, consistió en lo siguiente: Por orientación de la psicóloga, se le pidió a los asistentes jóvenes y profesionales que construyeran algún artilugio que pudiese ser llevado por la corriente del río; este artilugio, debía construirse solamente con lo que el paisaje y la geografía inmediata les proporcionaran; piedras, hojas, guaduas, troncos de madera, arena, etc., obligando también a que esa elaboración tuviera un momento de paciencia y encuentro consigo mismo, ese artilugio, hecho de esa forma artesanal y que viene siendo cada uno de nosotros, mediado por declaraciones como: El día hoy suelto de mi… y me quedo con… pudiera por el ritual del agua, del río y del cauce, llevarse lo que nos es pesado, lo que nos abruma y obnubila el camino de la realización y el crecimiento personal. Después de este ritual, en el que hombres y mujeres lloraron al soltar sus cargas, en el que las palabras más sencillas, sentidas, limpias y terrenales se escucharon en el círculo y en silencio, en comunión con los árboles, las aguas y la naturaleza, vino entonces el ritual de la comida; compartir alimentos al pie del río, transformados, livianos, alegres, en lluvia de amigos y risas, en tormenta de entusiasmos y de voluntades, porque del mismo modo que la lluvia alimenta los ríos hasta llevarlos al desborde de sus límites, del mismo modo el río interno que somos los seres humanos se alimenta de lluvia, de muchos tipos de lluvias que nos llenan el cauce al punto preciso, o que en algunos se desborda y se sale de sus deltas demarcados. Algunos solo necesitaban volver a llenarse hasta cierto punto, mantener su cauce y seguir el curso hasta su desembocadura. Otros y otras, sin embargo, necesitaban desbordarse, salirse de sí, encontrarse en su fuerza interior y saber qué tanto poder necesitan, aquellos otros, apenas por primera vez, fueron río y lluvia y se supieron agua que corre y limpia, que lleva peces y troncos en su corriente, que es calma y profunda, que tiene remolinos y piedras en su discurrir. Al final como todo río, desembocaran en otro más grande y profundo, donde desembocan otros ríos pequeños, muchos arroyuelos, algunas cañadas o quebradas, a su vez ese río con todas sus desembocaduras llegará a través de otros al mar, entre tanto, el mar, ese simulacro del universo inmenso, inconmensurable ante nuestro mirar, ya lo dijo el poeta “Mis ojos, vigías horadantes, fantásticas luciérnagas,… no han visto el mar” pues ningún ojo alcanza a percibirlo en su totalidad y tan sólo le queda imaginar, imaginarse. Cada río que somos los hombres y mujeres que habitamos el mundo; cada río joven de los muchachos de la escuela de liderazgo, Jóvenes Liderando la reconciliación, como todo río tiene desembocadura. Algunos desembocan en alegría ante los otros, otros en ayuda desinteresada, otros en su intelecto cultivado para enseñar, otros en su fuerza corporal para construir y sostener, otros y otras en su belleza para deleitar, otros en su voluntad para servir, otros en su experticia para acompañar, otros en su silencio para decirnos que allí están, otros en solicitud de ayuda porque nos necesitan, cada quien sabe como río que es, dónde nace, cuál es su punto más profundo y álgido, y habrá de encontrar su desembocadura… Y como el silogismo de Heráclito de Éfeso, nunca volverán a mojarse en el mismo río, porque no serán el mismo río, ni serán el mismo hombre o mujer. Pues la juventud es un río en el que solo nos mojamos una sola vez.

Por: Laura Cano Periodista Pares Esta semana ha sido crucial para desenredar los hilos del caso de Aída Merlano, en el cual varios políticos y empresarios de renombre se han visto implicados en serios cuestionamientos sobre compra de votos, en especial, durante 2018, cuando la exrepresentante a la Cámara pretendía llegar al Senado bajo las artimañas de clanes tan poderosos como el Char y el Gerlein. Sobre este último, el abogado Miguel Ángel del Río, defensa de Merlano, expuso dos audios que evidenciarían que Julio Gerlein invirtió un total de $12.000 millones para la elección de Aída Merlano, quien se disputaba un curul en el Senado. Hay que recordar que en el 2018, en la sede de la entonces candidata, la Sijín, en medio de un allanamiento, encontró certificados electorales, armas y dinero. Por esto,en 2019, la Corte Suprema de Justicia la condenó a más de 15 años de cárcel por delitos electorales. No obstante, en mayo de 2020 la Corte Suprema de Justicia estableció que la pena sería de 11 años y 4 meses de prisión. Pues bien, ahora pareciera abrirse otro capítulo en esta maraña de relaciones cuestionables, aunque los señalamientos contra los Gerlein no son nuevos, pues desde el 2020 ha venido advirtiendo que el empresario financió sus campañas. Esta vez, en lo expuesto por Miguel ángel del Río en sus redes sociales, se escucha un audio en el que el empresario afirma, durante lo que sería una llamada con Aida Merlano: “Yo presté a Serfinanza $7.000 millones para tu elección, después, en total yo puse $12.000 millones para tu elección", dijo. Luego se escucha a Merlano decir: "Deja de estar hablando tanta mentira, se supone que Faisal (Cure) puso $6.000". A lo que Gerlein responde: "$6.000 y yo puse $12.000 (...) Yo puse 12.000 millones de pesos, yo te puse toda la hijuemadre plata, 12.000 millones de pesos". "No, pero si el mismo Alejandro dijo que él iba a poner 6.000, que lo iba a poner el papá, que lo iba a poner Faisal.", asevera Merlano, a lo que Gerlein responde afirmando que durante el 30 de enero de 2018 y el 1 de febrero de 2018 se hicieron desembolsos por $4.300 millones. “Yo me gasté esa plata. Yo no digo mentiras, yo no digo mentiras, ¿oíste?", agrega. Adicionalmente, en una segunda parte publicada por Del Río, Gerlein aseguró que desde Serfinanzas le recomendaron no realizar más préstamos, mientras que Merlano añadió que se arrepiente de haberse lanzado al Senado. En entrevista con Semana hace poco más de dos años, Merlano había asegurado que Gerlein había invertido más de 2.700 millones de pesos para comprar votos para elegirla al Senado. Para ese entonces, Gerlein había dicho que sí había dado dinero a Merlano, más de $14.000 millones, pero no con fines electorales. Adicional, en medio de lo que la implicada ha dicho sobre Gerlein, también está que él fue uno de los personajes de la costa, donde también están los Char, que compraron votos para la elección de Duque. Vale la pena resaltar que la relación entre Gerlein y Merlano comenzó desde que ella era muy joven, tenía 16 años, y para ese momento Julio Gerlein le llevaba más de 40 años por delante. De hecho, Gerlein apoyó a Merlano a llegar a la Asamblea del Atlántico en el año 2011, y en 2014 también contribuyó a que saltará a la Cámara de Representantes y con ayuda financiera del contratista lo consiguió. A esto se suma que, luego de que la excongresista fuera capturada, se conoció que tanto ella como su hija, Aída Victoria Merlano, habían sido amenazadas de muerte, ante el ventilador de acusaciones que podrían encender. Además, los Gerlein también habrían tenido participación en la fuga de Merlano. De hecho, Merlano ha afirmado que los Char y el hijo de Julio Gerlein participaron de esto, puesto que querían impedir que ella hablara y declarara todo lo que sabía alrededor de los movimientos irregulares de estas dos casas políticas. “La fuga se la vendieron como la oportunidad que tenía ella para iniciar una nueva vida en un país extranjero y ella aceptó la propuesta. Luego de la visita de Muñetón, Aida tuvo una videollamada con el hijo de Julio Gerlein en la que le volvieron a hablar del plan de fuga y le presentaron a Salvador, el jefe de la operación. Según Aida, Julio Gerlein hijo había hecho la videollamada porque era el más interesado en que la exsenadora desapareciera del horizonte. En Barranquilla era un secreto a voces la larga relación que Aida había mantenido con su padre y la familia quería finiquitarla. De acuerdo con su testimonio, durante la videollamada se movió la cámara de Julio Gerlein y ella pudo ver que detrás de él estaban Arturo, Alex y Fuad Char”, se lee en la columna de María Jimena Duzan en la Revista Cambio. De hecho, en medio de todo este escándalo se han denunciado hechos tan graves, como que quien “cuidaba” a Merlano una vez se fugó, conocido como alias “El Paisa”, había violado a Merlano, y además, la había lastimado físicamente a causa de la resistencia que ella había puesto. Adicionalmente, otra de las personas que estaban a donde había sido trasladada Merlano luego de la fuga, le habría contado que los Char habían invertido $1.500 millones, no solo para que se escapara, sino también para asesinarla. Y sin ser poco, a los meses Merlano tuvo un aborto, producto de la violación. Todo esto, de nuevo, salpica a uno de los grupos económicos y políticos más importantes del país, por lo que cada prueba recolectada es importante, no solo para ver el tamaño de las responsabilidad de los implicados, sino también para conocer más nombres que sacaron provecho de todo el caso de Aida Merlano.

Por: Harlen Joel Garrido, enlace territorial, Camilo Díaz Suárez, Investigador Nacional, y Ernesto Medrano, Asistente de Investigación. Línea de Democracia y Gobernabilidad – Fundación Paz y Reconciliación (Pares) Tras la crisis económica y social vivida en Venezuela, comenzó un fenómeno migratorio de gran intensidad en la que ha existido una constante movilidad de población venezolana buscando nuevas oportunidades en otros países de Latinoamérica. Entre estos países, el que más ha sentido el impacto, precisamente por compartir una frontera de 2.219 kilómetros, es Colombia. El fenómeno migratorio se origina por la crisis que ha enfrentado Venezuela en la última década. Para entender los orígenes de esta, se pueden tomar 4 aspectos siguiendo a Víctor Mijares, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. En primer lugar, se encuentra el petróleo, ya que este ha sido parte de la idiosincrasia venezolana; permitió una época de bonanza en la que el Estado pudo tener una gran capacidad asistencialista. La riqueza gozada por el petróleo llevó a una dependencia de este y a no desarrollar una industria. Además, se veía al petróleo como lo que podía proporcionar las cosas que se necesitaban. En segundo lugar, Venezuela ha sido un Estado centralizado con gran poder y con lógica paternalista. Eso llevó a una alta dependencia de la sociedad hacia el Estado. A ello se le suma, en tercer lugar, un gran poder político de los militares, que ha sido el eje político sobre el cual el chavismo se ha mantenido en el poder. Bajo esta lógica, en Venezuela existió una relación civil-militar que condujo a un esquema de poder pretoriano. Es decir, un Estado donde el poder se mantiene a partir de los militares y estos son el instrumento principal de control de los gobernantes. En cuarto lugar, las relaciones exteriores de Venezuela han sido un aliciente para agravar la crisis, porque se encuentra en medio de las disputas entre Rusia y China con Estados Unidos. Sumado a ello, con Colombia, se generó una identidad nacional de oposición ideológica. Esos aspectos contribuyeron a intensificar el fenómeno migratorio con la llegada masiva de venezolanos a partir de 2017, cuando la crisis venezolana se intensificó. Sin embargo, se puede identificar que existen dos grandes diásporas sobre este flujo migratorio de acuerdo a María Clara Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. La primera diáspora se habría dado en el 2005 luego de un despido masivo de cerca de 18.000 empleados. Tras ello, Colombia fue un destino atractivo para varios trabajadores por las recientes reformas aprobadas por en gobierno en turno como la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la adopción de medidas favorables para los inversionistas nacionales y extranjeros. La segunda ola se dio en el 2010 tras una intensificación de ciertas medidas adoptadas por Hugo Chávez. Con ello, hubo una migración de empresarios venezolanos y de personas de las clases con mayores ingresos, que, ante la creciente inflación, el miedo de una política de expropiación y la constante devaluación del bolívar, buscaron salvaguardar sus recursos. Eso llevó, por cercanía y semejanza en idioma, costumbre y patrones de consumo, a que muchos se establecieran en Colombia. A partir de 2013 se habría originado una tercera ola que tuvo un pico de un seguido crecimiento en 2016. Esta tiene lugar tras la muerte de Hugo Chávez y la llegada de Nicolás Maduro al poder, y tras lo cual la crisis económica se intensificó acompañada de una persecución a colombianos en Venezuela con status ilegal. Eso llevó a que, en primer lugar, se diera un retorno de colombianos con nacionalidad venezolana o con hijos nacidos en el vecino país. En este punto, tras un cierre de frontera en el 2015 ordenado por Maduro, retornaron hasta 18.000 colombianos por una fuerte campaña de estigmatización. Con la reapertura de la frontera en 2016 se dio un éxodo de venezolano con gran intensidad. Mientras que en el 2015 había 31.471 venezolanos en Colombia, lo que implicaba un 34% más que en 2014, para 2016 ya se registraban 53.747 venezolanos, implicando un aumento de 71% respecto al 2015. Esas son las cifras llevadas por Migración Colombia, pero se supone que las personas que ingresaron de forma ilegal es mucho mayor. El flujo de personas también era más alto, dado que muchos se movilizaban a Colombia para comprar alimentos o bienes básicos. Desde el 2017 solo ha repuntado el número de venezolanos en el país. Para conocer de cerca la historia de La Pista, también puedes escuchar este podcast. El impacto migratorio en Maicao Uno de los municipios fronterizos que mayor impacto ha tenido con la crisis migratoria se trata de Maicao, ubicado en el departamento de La Guajira. Un corregimiento de Maicao es Paraguachón, uno de los pasos fronterizos con mayor actividad y que conecta a Colombia por el departamento de La Guajira con el estado de Zulia en Venezuela. Esa cercanía con la frontera es lo que ha llevado a La Guajira a ser el quinto departamento con mayor población venezolana en el país, con 150.806 personas de las cuales se estima que el 56,4% tiene un status migratorio irregular. Es decir, el departamento agrupa cerca del 9% del 1.742.927 de venezolanos en el país. A nivel departamental y nacional, Maicao es de los municipios que más recibe personas de Venezuela. Para el 2021 se estiman que hay 40.208 venezolanos en el municipio, siendo en La Guajira el que más alberga, incluso por encima de la capital, Riohacha. Mapa de La Guajira sobre número de migrantes por municipio En términos de flujo de migrantes, Maicao también es el municipio de La Guajira que más recibe venezolanos. Si bien varios deciden irse a otras partes, una vez llegan al municipio, este en un centro de recepción bastante importante y que se muestra en contraste de los demás municipios del departamento. En el 2017, Maicao recibió el 84% de los migrantes que ingresaron a La Guajira, en el 2018 también recepcionó el 84%, el 2019 tuvo un 70%, en el 2020 un 67% y en el 2021 también un 70% del flujo de migrantes provenientes de Venezuela que ingresaron al departamento. En números nominales, eso se traduce en que en 2017 recibió 44.761 migrantes, en 2018 a 61.293, en 2019 a 38.316, en 2020 a 6.471 y entre enero y octubre de 2021 a 5.814 venezolanos. Gráfico 1. Flujo de migrantes venezolanos por municipio de La Guajira Incluso, la importancia de Maicao a nivel nacional en cuanto al flujo de migrantes es considerable; es el segundo municipio que más recibió venezolanos respecto a la población registrada en el censo de 2018. Solo es superado por Ipiales, que entre 2018 y 2019 tuvo un flujo de migrantes provenientes de Venezuela mucho mayor al número total de su población. En términos nominales, entre 2017 y 2018 Maicao fue el quinto destino a nivel nacional con mayor flujo de migrantes, superado por Bogotá, Ipiales, Barranquilla y Cúcuta. Entre 2019 y 2021 fue el sexto destino con mayor flujo, ya que en estos años Medellín superó a Maicao en recepción de migrantes. Gráfico 2. Ciudades de hospedaje de los flujos migratorios de personas de Venezuela La Pista, un entorno de pobreza Tanto por el número de migrantes que alberga como los que recepciona con los flujos migratorios ha llevado a que, en Maicao, de acuerdo a fuentes territoriales, existan entre 42 y 45 asentamientos de venezolanos. Algunos de ellos son de carácter ilegal y otros han tenido procesos de legalización. Uno de estos asentamientos se conoce como La Pista. La razón de su nombre se debe a que se encuentra ubicado donde quedaba el antiguo aeropuerto San José de Maicao, que ante la falta de mantenimiento, mala construcción y descuido de las autoridades fue completamente cubierto por maleza y abandonado a finales del siglo pasado. Sin embargo, quedaron cimientos notables como la pista de aterrizaje y despegue de los aviones. Los intentos de utilizar La Pista han sido varios. Desde la última década lleva planeándose la construcción de una ciudadela judicial en ese terreno, con la donación de Óscar Mejía Marulanda, exalcalde de Maicao, para que se construyera un Juzgado Administrativo con la finalidad de descongelar el de Riohacha. Sin que este proyecto se llevara a cabo, también se presentaron en otras opciones de ocupación. Hubo un intento por indígenas Wayúu en 2010, quienes pedían vivienda y seguridad, pero fueron desalojados. Luego, en 2014 se dio una toma por parte de personas desprovistas de vivienda en el municipio y a los cuales el alcalde de ese entonces, Eurípides Pulido Rodríguez, desalojó. Pese a los infructuosos intentos de utilizar u ocupar La Pista, a mediados de 2016, con la intensificación del fenómeno migratorio, algunas personas empezaron a llegar a este terreno para ubicarse allí. Esta dinámica, de acuerdo a fuentes territoriales, se acrecentó para el 2018 y en La Pista se generó el asentamiento ilegal que existe actualmente. La cantidad de personas que se encuentran ubicadas allí se desconoce dada la inexistencia de un censo oficial. Una de las cifras que se maneja en prensa es de 2.200 familias, lo que equivaldría a un aproximado de 10.000 personas. Sin embargo, en territorio se manejan cifras dispares. Desde la ONG Aldeas Infantiles se maneja un total de 2300 personas, cifra que les fue reportada por los líderes comunitarios. Por su parte, veedurías locales manejan un estimado de entre 5.000 y 10.000 personas. Este es el primer problema que se enfrenta en este asentamiento, el desconocimiento sobre la cantidad real de migrantes que se encuentran allí. Ese asentamiento también se encuentra inmerso en unas condiciones de precariedad en las que no tienen acceso a servicios públicos ni asistencia gubernamental. En La Pista operan organizaciones internacionales que han sido las encargas de proporcionar alimentación y apoyo a las personas que habitan ahí. Antes, por la Ley 812 de 2003, con su artículo 99, se prohibía la inversión con recursos públicos y el suministro de servicios públicos domiciliaros en invasiones, loteos y edificaciones ilegales. Sin embargo, en 2008 la Corte Constitucional declaró inexequible dicho artículo mediante la Sentencia C-1189/08. Respecto a esto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante el Concepto 717 de 2014, aclaró que los prestadores de servicios públicos deben verificar que los inmuebles cumplan las condiciones técnicas para su conexión de acuerdo a lo establecido en la Ley 142 de 1992. Pese a que el amparo legal le permite acceder a servicios, las personas que se han establecido en La Pista no cuentan con ninguno. Eso ha llevado a que se cuelguen de redes de energía de barrios aledaños, afectando a sus habitantes, y que no cuenten con ninguno tipo de acceso a agua ni gestión de sus desechos, según denuncian en el territorio. También, la falta de atención a La Pista ha generado dinámicas de organización interna propia en las que no hay injerencia de las autoridades locales. Eso ha llevado a que se reporte la presencia de los Pranes, que son estructuras criminales que tienen su poder y ejercen control en las cárceles de Venezuela. Este tipo de estructuras se originaron en las cárceles venezolanas desde el gobierno de Hugo Chávez. Allí adoptaron una estructura piramidal liderada por un Pran, a saber, un “Preso Rematado Asesino Nato”. A partir del tráfico y la extorsión, y en un entorno de ausencia de comida, los Pranes consolidaron su poder. Con esas estructuras fortalecidas, varios prisioneros han sido excarcelados y han continuado con su operación fuera de los recintos carcelarios. Así, este tipo de estructuras se ha reportado en La Pista, generando un contexto de inseguridad y con completa inoperancia de las autoridades locales. La presunta presencia de estas bandas se ha articulado con bandas criminales locales, llevando a un escenario de inseguridad bastante alto. El hurto y el homicidio han ido en crecimiento, llevando incluso al alcalde, Mohamad Masuki, a tomar acciones que no se han visto traducidas en resultados reales. El tráfico de droga, el porte ilegal de armas y los asesinatos continuaron durante el 2021. ¿Acciones Priorizadas? Tras la crisis migratoria, el 23 de noviembre de 2018 fue expedido el Conpes 3950 para una “Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela”. El objetivo planteado fue el de atender a la población migrante en el mediano plazo y el de fortalecer la institucionalidad para su atención. Como objetivos específicos tenía: 1. Identificar las rutas de atención e integración de migrantes y 2. fortalecer la institucionalidad existente para la atención. Con ellos se plantearon 68 líneas de acción, que tenían un presupuesto de $422.779 millones de pesos. La línea de acción 11 establecía una “Priorización de proyectos de agua potable y saneamiento básico en los municipios fronterizos con enfoque diferencial”, priorización que estaba hasta el 1 de enero de 2019 para revisar proyectos en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo en los municipios fronterizos. Sin embargo, tal y como se presentó en otra denuncia realizada, este tipo de servicio ha sido totalmente inoperante e ineficiente, traduciéndose también en ningún plan de acción para proporciones agua potable y manejo de residuos en La Pista. Pese a ser uno de los municipios priorizados, se desconoce algún resultado de impacto adelantado por el Conpes 3950. El problema migratorio sigue acrecentándose en el municipio de Maicao y el asentamiento de La Pista es una muestra de la ausencia de una estrategia clara de atención a la población migrante. Después de asentados, no cuentan con acceso a servicios públicos y se ven inmersos en un contexto de inseguridad con completa permisividad de la administración local.

Por: Redacción Pares Desde las mesas y procesos humanitarios, organizaciones y espacios de participación se eleva una denuncia sobre la crisis humanitaria que se vive en el Catatumbo, Arauca, Buenaventura, el Sur, Norte y Costa de Cauca, Chocó, Córdoba, Magdalena Medio y Nariño y que se incrementa a nivel nacional. Como Fundación Paz & Reconciliación nos unimos a este reclamo ciudadano. Dichas comunidades hacen un llamado a la aplicación urgente del Acuerdo de Paz y al establecimiento de unos Mínimos Humanitarios construidos e impulsados desde la sociedad civil en los diferentes territorios. Consulta su comunicado aquí.

Por: Redacción Pares Con Pares Destaca y Pares Cuestiona queremos poner sobre la mesa a los liderazgos sociales, políticos y económicos que merecen tu atención. Esta semana, con los personajes de la semana, nos vamos con polos bien opuestos. Insistimos en cuestionar y señalar a Alejandro Char. No es la primera vez que Pares le pone la lupa a su emporio económico y político, pero, dadas las declaraciones de Aída Merlano, amerita un recuento de por qué este político representa un riesgo para nuestra democracia. Pero, por el otro lado, aplaudimos a Carmen García, una mujer que, bajo la consiga de: ¡Las madres del Catatumbo no parimos hijos e hijas para la guerra!, trabaja por la defensa de la niñez, la juventud y las mujeres en este territorio de Norte de Santander. Esta semana recibió un reconocimiento en los Premios Jóvenes Sobresalientes. Nos sumamos a dicha exaltación y, por eso, es nuestra destacada.

Por: Francisco Daza Investigador Nacional Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Tras la muerte de alias “Jhonier” el pasado 24 de enero, desde La Fundación Paz & Reconciliación se expuso la influencia que tuvo este comandante adscrito a la línea de ‘Gentil Duarte’ en el crecimiento y consolidación del Comando Coordinador de Occidente (CCO) en el departamento del Cauca. El CCO funciona como una confederación de estructuras de Grupos Armados PosFarc (o disidencias) entre las que se encuentra: el Frente Carlos Patiño, la Columna Móvil Jaime Martínez, el Frente Rafael Aguilera, la Columna Móvil Dagoberto Ramos, entre otros que han desplegado su aparato militar desde el norte hacia el sur del Cauca llegando inclusivos a otras regiones como el sur del departamento del Valle del Cauca, Norte de Nariño, Huila y Tolima. Con la muerte de alias “Jhonier” se tenía la incógnita sobre quién sería su reemplazo al frente del CCO. Hoy 10 de febrero parece que fue despejada dicha duda; ya que en un video publicado por el CCO se da cuenta de que alias “Mayimbú” sería el nuevo comandante de dicha estructura. ¿Quién es alias “Mayimbú”? El recorrido de Leyder Johany Noscué Bototo, alias “Mayimbú”, (nacido el 13 de junio de 1991), dentro de los grupos armados comenzó con su vinculación al hoy extinto Frente Sexto de la guerrilla de las FARC cuando apenas tenía 12 años, asumiéndose como miliciano. A los 15 años se vinculó como guerrillero raso, operando en el norte del Cauca y Sur del Valle del Cauca. Entre su prontuario estaba relacionado con ataques a tropas del ejercito (2010) el hurto de vehículos (2013) y secuestro extorsivo (2014) Posteriormente, tras la captura de alias “Iván Mordisco” en el 2018, Noscué se convirtió en cabecilla del GAPF Columna Móvil Jaime Martínez, la cual operaba en los municipios de Suárez y Buenos Aires, teniendo a su cargo por lo menos 124 personas en armas. A finales del 2019, es oficialmente expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP) debido a que fue confirmada su vinculación a dicho GAPF y relacionado, además, con el control de varias rutas del narcotráfico en el sector del Naya, municipio de Suárez, Cauca. Alias “Mayimbú” es artífice de múltiples atentados contra líderes y defensores de derechos humanos, de los cuales se resalta la masacre ocurrida el 2 de septiembre de 2019 en Suárez, en la cual fue asesinada la candidata a la alcaldía Karina García, junto a otras 5 personas. Tras esta rápida reconfiguración de la línea de mando del CCO, es previsible que su poderío armado se mantenga debido a la amplia cobertura territorial que ya posee en el suroccidente del país, manteniendo así las hostilidades en zonas como el sur del Cauca (Argelia), donde se encuentran disputando el control territorial con otros actores armados como el ELN y la Segunda Marquetalia

Por: José Galindo, enlace territorial, Camilo Díaz Suárez, Investigador Nacional y Ernesto Medrano, Asistente de Investigación. En el departamento de la Guajira la prestación de los servicios públicos y la corrupción se han convertido en un matrimonio ideal, en el cual el único actor que no se beneficia es la ciudadanía. El agua potable se ha convertido en un lujo para los maicaeros, quienes tienen que recurrir al abastecimiento por medio de carrotanques para asegurarse el líquido vital. Si bien las condiciones geográficas del departamento de La Guajira dificultan la extracción y suministro de agua potable, por tratarse de un terreno árido, el problema del agua no es el único que aqueja al departamento. Lo mismo ocurre con la cobertura del alcantarillado. Gráfico 1. Cobertura de servicios públicos en Maicao, La Guajira y Colombia Pero, ¿cuál ha sido el recorrido de este problema? El problema del agua potable en Maicao y en el departamento de la Guajira ha sido histórico. Sin embargo, en el 2000, el alcalde Álvaro Luis Guerrero abrió un proceso de licitación para la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Maicao, con el fin de asegurar de manera definitiva soluciones a la ciudadanía. Una vez se adelantó el proceso de licitación en el 2000, se presentó un único proponente llamado Unión Temporal AQA Maicao. Para conocer cómo se mueve el negocio del agua en Maicao, también puedes escuchar este podcast. Irregularidades en el contrato En el marco del proceso licitatorio, la empresa Aguas de la Península S.A, E.S.P obtuvo el contrato para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico, pese a que no participó del proceso de licitación. De hecho, en el marco del proceso licitatorio solo se presentó un oferente, la Unión Temporal AQA Maicao, a pesar de no cumplir con las características y requisitos de tiempo y experiencia requeridos. Resulta que, de acuerdo con el contrato de concesión, el 28 de diciembre se celebró la adjudicación del contrato para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Maicao, en la cual, la Unión Temporal AQA Maicao, se encargaría de la prestación del servicio. Imagen No 1. Contrato de concesión Una vez obtenido el contrato de concesión, la Unión Temporal AQA Maicao creó la empresa de servicios públicos Aguas de la Península, para que esta última cumpliera las veces de concesionaria y celebrara el contrato de operación del servicio de agua potable y alcantarillado. Es decir, crearon una nueva empresa con la cual se celebraría el contrato para la prestación del servicio de agua y alcantarillado en el municipio. Imagen No 2. Contrato de concesión Son tantas las irregularidades en cómo se llevó a cabo el proceso de selección de la concesionaria, que la empresa Aguas de la Península fue creada por medio de escritura pública el mismo día en el que se seleccionó a AQA Maicao tras el proceso de licitación, como única empresa oferente. A pesar de esto, en el contrato de adjudicación se establece que la entidad concedente (la alcaldía) reconoce a la empresa Aguas de la Península como el concesionario. Imagen No 3. Contrato de concesión No. 003 de 2000 De acuerdo con la información del Registro Único Empresarial, la empresa Aguas de la Península fue matriculada el 29 de diciembre de 2000, lo que significa que la empresa fue creada y registrada un día después de la fecha final del proceso licitatorio, por medio del cual se había seleccionado a la Unión Temporal AQA Maicao. Imagen No 4. Registro mercantil empresa Aguas de la Península Denuncia ante Procuraduría La Procuraduría General de la Nación ha recibido reiteradas denuncias por la mala prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en Maicao. De acuerdo con la más reciente, el municipio suscribió el contrato de concesión No 003/2000 con la empresa AGUAS DE LA PENÍNSULA S.A. E.S.P. el día veintiocho (28) de diciembre del año 2000, cuyo objeto es, asumir por cuenta y riesgo propio la financiación, operación, administración y prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y sus actividades complementarias, así como la construcción, rehabilitación, optimización, expansión, reposición y mantenimiento de los sistemas destinados a la gestión y prestación de los mismos servicios públicos, por un valor INDETERMINADO, y por un plazo de treinta (30) años. Imagen No 5. Plazo del contrato de concesión La cláusula 40 del contrato establece que la empresa concesionaria recibirá el 79% de los recursos destinados al municipio para la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico. Esto significa que la empresa Aguas de la Península tiene aseguradas las transferencias estatales del Sistema General de Participaciones, durante los 30 años que establece la concesión, para la oportuna prestación de los servicios contratados. Modificaciones al contrato A pesar de tener asegurados los recursos para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en Maicao, la empresa Aguas de la Península realizó 12 modificaciones al contrato 003 de 2000, desde la suscripción del mismo. En ellas, la empresa logró, incluso, autorizaciones para utilizar los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP – para el pago de gastos de funcionamiento, como lo son el pago de nómina, gasolina para los vehículos y hasta el pago de la interventoría. Imagen No 6. Acta modificatoria No. 6 de 2004 Adicionalmente, el acta modificatoria No. 6 del 2004 establece las condiciones para que la empresa pueda hacer un uso excepcional de los recursos del SGP, dentro de las cuales se establece que “hasta tanto se obtenga la capacidad total de suministro de 300 litro/segundo” la empresa prestadora recibirá las transferencias nacionales y podrá usarlas para pagar gastos de operación. Sin embargo, de acuerdo con datos del Ministerio de Vivienda, en 2013 la demanda de agua en Maicao era de 380 litros/segundos. Lo que quiere decir que el rezago en la prestación del servicio es un buen negocio para la empresa, pues nueve años después, el requerimiento técnico aún no ha sido satisfecho. Para los organismos de control y vigilancia no es un secreto la mala prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico en Maicao. De acuerdo con el informe integral del 2017, presentado por la Superintendencia de Servicios Públicos, se establece que la empresa Aguas de la Península no cumple con el indicador de continuidad de la prestación del servicio contratado. Conforme a las inversiones proyectadas para el cumplimiento con el objeto contractual, la Superintendencia de Servicios Públicos ha reconocido que el operador no ha cumplido con las condiciones del contrato, a pesar de recibir transferencias directas de la Nación. Imagen No 7. Informe integral de la Superintendencia de Servicios Públicos 2017 Calidad del agua Dentro de los compromisos adquiridos por la empresa prestadora del servicio de agua potable en Maicao se establece en el contrato que esta garantizará la calidad del agua potable en el marco de la normatividad y los requerimientos técnicos estipulados. Imagen No 8. Parágrafo del contrato sobre la calidad del agua potable De acuerdo con el informe presentado por el Instituto Nacional de Salud (INS), en Maicao el Índice de Riesgo para la Calidad de Agua Potable – IRCA – supera con creces el nivel aceptable, que se ubica entre 0 y 5. Sin embargo, el IRCA en Maicao es de 58,79, lo que quiere decir que el nivel de riesgo es alto. Tabla 1. Riesgo para la calidad del agua potable - IRCA Además de las irregularidades en el proceso licitatorio, las excesivas modificaciones al contrato, la baja calidad del agua y el incumplimiento en la continuidad de la prestación del servicio de agua potable, su suma que la cobertura es insuficiente para el municipio. En Maicao se estima que la población supere los 185.000 habitantes, tras el fenómeno migratorio que ha golpeado al municipio fronterizo. Evaluación de la consultoría La empresa Zoluciones realizó un análisis completo sobre la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico. En este se detectaron diferentes irregularidades en la solución de agua para el municipio de Maicao, y se realizan siete (7) recomendaciones. Entre ellas, se destaca la renegociación del contrato para excluir la posibilidad de que los recursos públicos del SGP sean empleados para la operación de la empresa o para el pago de la interventoría. Imagen No 9. Recomendaciones de la Consultora Zoluciones Planta de tratamiento de aguas residuales En 2016 se inauguró la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del proyecto de vivienda Nuevo Amanecer, con el objetivo de garantizar el efectivo tratamiento de las aguas residuales y propender por un medio ambiente sano para el municipio y las comunidades. Sin embargo, a pesar de que la obra de infraestructura fue desarrollada por el Ministerio de Vivienda, tras la adjudicación de la operación del servicio de agua potable y alcantarillado, la empresa ha permitido la destrucción de la PTAR. La inoperancia de las plantas de tratamiento de residuos perjudica directamente a las comunidades aledañas a estas plantas, debido a que la empresa se ha abstenido de garantizar la prestación de los servicios contratados, en virtud de que los giros a la empresa son realizados directamente desde el SGP. De acuerdo con las condiciones contractuales, los recursos del SGP deben ir a una fiducia y la fiducia debe encargarse de redireccionar los recursos a la empresa que opera los servicios.

Laura Alejandra Fajardo Umbarila - Nataly Triana Guerrero Asistentes de Investigación. Línea Democracia y Gobernabilidad En los últimos días ha sido noticia la inscripción de Sandra Villadiego, candidata a la Cámara de Representantes por la lista del Pacto Histórico y la Alianza Verde por el departamento de Bolívar. La controvertida candidatura se da debido a que Sandra Villadiego es esposa del excongresista Miguel Ángel Rangel, condenado en 2012 por nexos con grupos armados paramilitares en el norte del país. Sin embargo, esa relación filial no resulta ser el único hecho que cuestiona la candidatura de Villadiego. La candidatura de Villadiego ha generado conmoción tanto al interior del Pacto Histórico como fuera de este, entre quienes denuncian su presencia, quienes no se han pronunciado y quienes alegaban desconocimiento de su aval en la lista, el caso del líder de la colectividad, Gustavo Petro. ¿Quién es Sandra Villadiego? Sandra fue representante a la cámara para el periodo 2010- 2014 y dio el salto al senado en 2014, en ambas ocasiones avalada y elegida por el Partido de la U. Sin embargo, la vida política de Sandra inicia años atrás, cuando su esposo, el exrepresentante a la cámara por Magdalena, Miguel Ángel Rangel, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en 2012 por nexos con grupos paramilitares. Rangel fue elegido representante a la cámara por el departamento de Magdalena avalado por el Partido de la U para los periodos 2002-2006 y 2006-2010. Sin embargo, su vida política terminó, parcialmente, con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia al comprobar que el congresista sostuvo reuniones con personajes como ‘Ernesto Baez’ y líderes políticos de las autodefensas del Bloque Central Bolívar como Rafael Molano, alias ‘Mario Cuellar’, Rafael Hernán Rodríguez, alias ‘Hernán’, encuentros hechos para revisar sus aspiraciones políticas a la Cámara y los recursos que se usarían para llegar a tal fin. Luego de la sentencia de su esposo, Sandra Villadiego manifestó sus aspiraciones políticas y se lanzó a la Cámara por el departamento de Bolívar. De acuerdo con Pares, Sandra heredó el capital político y electoral de su esposo, siendo un caso más del popular fenómeno de gobierno en ‘cuerpo ajeno’, tan popular en el país luego de conocerse las condenas a congresistas por sostener vínculos políticos y económicos con grupos paramilitares. En 2010, Sandra fue elegida representante a la cámara con 35.723 votos, siendo la fórmula de Marta Cecilia Curi y en 2014 dio su salto al senado con 59.959 votos. Para el 2018, Villadiego intentó continuar en el senado, pero los 39.397 votos que logró conseguir no fueron suficientes para mantener su curul en el Senado. Fuente: Twitter @Svilladiego99 Proceso por Odebrecht A finales de 2017, la Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar a ocho senadores por presuntamente favorecer a la multinacional brasilera Odebrecht. Entre los senadores a investigar estaban Sandra Villadiego, Armando Benedetti, Musa Besaile y Bernardo Miguel Elías Vidal. La investigación se abrió a pesar de haber sido Villadiego una de las que pidió control político sobre el asunto, argumentó que dio para considerar la apertura de la investigación como una “cacería de brujas”. No fue posible rastrear en qué término está el proceso en la Corte Suprema de Justicia. La presencia política de Villadiego y Rangel fuera del Congreso Tras no ser elegida al Senado en 2018, Sandra Villadiego fue candidata en 2019 a la alcaldía de Pinillos, municipio de Bolívar, del cual es oriundo su esposo, Miguel Ángel Rangel. Su candidatura fue respaldada nuevamente por el Partido de la U pero los 3.980 votos que consiguió no fueron suficientes para hacerse con el cargo público, superada por el candidato liberal Alcides Gulloso García. En esa ocasión, Villadiego demandó la elección de Gulloso considerando que el electo alcalde habría incurrido en doble militancia. Tras las investigaciones, el Tribunal Administrativo de Bolívar ratificó en 2020 la elección del alcalde, considerando que la elección del candidato liberal no estaba viciada. Sin embargo, estas elecciones locales resultaron controvertidas para Villadiego, pues, horas antes de las votaciones y tras algunas denuncias, las autoridades encontraron a la entonces candidata con una cifra de dinero cercana a los 25 millones, monto que no logró justificar ella ni las personas que la acompañaban. Del total del dinero encontrado, se incautaron 19 millones y fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local 74 de Magangué. A pesar de la incautación, Villadiego no fue detenida ni se conoce cómo concluyó la investigación. A pesar de no alcanzar la alcaldía, Sandra Villadiego sostiene su poder político en la región a través de su hijo, Miguel Ángel Rangel Villadiego, quien se hizo a una curul en la Asamblea departamental de Bolívar en las pasadas elecciones locales en 2019 bajo el aval del Partido Mira y el Centro Democrático. Además de su hijo, la pareja también sostuvo el control político a través de Elkin Alberto Rangel Sosa, alcalde del municipio de Pinillos en 2012 y hermano del condenado Miguel Ángel. La incómoda presencia de Sandra Villadiego en la lista del Pacto Histórico Luego de la publicación de las listas al Congreso, se confirmó la presencia de Sandra Villadiego como candidata a la cámara de representantes avalada por el Pacto Histórico y Alianza Verde. De acuerdo con Gustavo Petro, líder de la colectividad y candidato presidencial, afirmó que hasta el momento desconocía la postulación de Sandra en este certamen electoral. Recientemente, el Consejo Nacional Electoral resolvió revocar las listas del Pacto Histórico en Norte de Santander y Bolívar por incumplimiento de los mínimos establecidos en la Ley de cuotas: para el caso de Bolívar, Sandra Villadiego es la única mujer entre los cinco candidatos que conforman la lista. Este revocatoria de las listas afloró nuevamente la controversial candidatura de la ex congresista al interior de la coalición Pacto Histórico y Alianza Verde. En especial, abrió la discusión de la posibilidad de revocar el aval otorgado y conformar la lista femenina nuevamente. En el debate de la cuestionada candidatura ha sido posible conocer las circunstancias, las posturas y algunas claridades alrededor de la presencia de Villadiego en una lista de una coalición que históricamente se ha declarado en contra de la parapolítica y la corrupción. Las circunstancias de la vinculación de Sandra a esta coalición se han comenzado a esclarecer. Aparentemente existen indicios que esta fue posible a través de una reunión informal que sostuvo ella con Gustavo Petro y miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces senador, David Racero, entonces representante a la cámara y hoy candidato al senado, entre otros asistentes. En ese encuentro habría surgido el tema y la posibilidad de que Villadiego pudiera ser avalada, a lo que, posiblemente, el candidato presidencial se negaría, mientras que la respuesta de Racero no es muy clara a la fecha. David Racero asegura que nunca sugirió que Sandra pudiera ser avalada por el Pacto, mientras que Villadiego asegura que fue él quien le solicitó entrar en la lista. Esto resulta importante, considerando que fue Racero quien demandó ante el CNE la composición de la lista, con el fin, presuntamente, de entorpecer la permanencia de Sandra en ella. Sin embargo, una pregunta importante es ¿qué partido o movimiento del Pacto Histórico le dio el aval? Foto tomada de @lasillavacia Según las declaraciones, fue la Alianza Democrática Afrocolombiana ADA quién le dio el aval a Sandra Villadiego, partido que también le dio, en su momento, el aval a la candidatura presidencial de Roy Barreras. Esta relación resulta particular, considerando que Barreras y Villadiego vienen de la misma casa política y en diversas ocasiones el excongresista salió a la defensa de la cuestionada candidata. Fuente: @RoyBarreras Además, ante la controversia, es Roy quien asume la responsabilidad por las composiciones de las listas departamentales a la cámara. Fuente: @RoyBarreras Junto con Roy, Armando Benedetti también viene del Partido de la U, compartió casa política con Sandra y, según fuentes territoriales de Pares, sostienen relaciones políticas cercanas, escenario que deja abierta la posibilidad de que la candidatura de Sandra sea una búsqueda más por conseguir el aval de algún partido y optó por seguir los pasos de sus antiguos compañeros de bancada. De acuerdo con estas mismas fuentes, fue Roy Barreras quien incentivo a Sandra Villadiego a ser candidata en esta coalición. Por lo pronto, el escenario se resume en esperar que la lista del Pacto Histórico en Bolívar logre conseguir una mujer candidata para subsanar la ausencia de mujeres en la lista para poder continuar con la campaña. Frente a la candidatura de Sandra Villadiego, ya el aval está dado, la campaña sigue en pie y Sandra seguirá en la contienda electoral usando las banderas del Pacto Histórico.

Por: Laura Cano Periodista Pares En este inicio de año han sido constantes los atentados y hostigamientos contra estructuras de la Fuerza Pública. Esta vez, y el más reciente hecho, tuvo lugar en Granada, Meta. El 9 de febrero, cerca de las 5:30pm, un vehículo con explosivos estalló en el Batallón de Infantería N.21 Batalla Pantano de Vargas. El hecho dejó dos personas muertas, entre las que hay un civil y un militar, y al menos cuatro uniformados heridos. Se informó en El Espectador que: “El civil muerto es un conductor que se encontraba en la puerta del batallón al momento de la explosión (Yover Rojas González). Entre los heridos el de mayor gravedad es el administrador del casino de la unidad militar y hay un civil entre los heridos, que solo pasaba por el frente del lugar cuando detonó la bomba”. Por otra parte, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga señaló que “es terrible la noticia de lo que acaba de suceder en Granada. Un atentado terrorista deja un saldo de dos personas muertas, un civil y un militar, y cuatro heridos que están siendo atendidos en el hospital departamental. Qué dolor regresar a estas épocas”. Tras los hechos, el ministro de Defensa, Diego Molano, se trasladó hasta el municipio del Meta, donde aseguró que: “Colombia entera debe rodear a sus soldados y policías. Estamos acá con un mensaje claro y categórico para esos grupos terroristas que buscan afectar la integridad de nuestros uniformados. Los vamos a capturar y judicializar. (...) Colombia debe no permitir que estos grupos terroristas busquen desarrollar estas acciones con fines politiqueros”. Además, el jefe de cartera desarrolló en la mañana de este jueves un consejo de seguridad en la zona. Por su parte, Iván Duque precisó que: “una vez más el propósito de las disidencias de las Farc y el ELN de desestabilizar en época electoral, claramente estamos viendo que hay algunos interesados en desmontar todas las formas de lucha para tratar de incidir en el proceso electoral en Colombia”. Sobre lo anterior vale la pena precisar, que en el departamento del Meta, según el seguimiento que se ha hecho desde Pares, hay presencia de la Columna Vladimir Estiven y del Frente 1 y 7 de las Grupos Armados Posfarc, GAPF, asimismo, del Clan del Golfo a través de tercerización, es decir, por medio de subcontratación de grupos delincuenciales locales para que desarrollar economías ilegales asociadas a la extorsión y el microtráfico. Por otra parte, a través de la Alerta Temprana 017-20 se especifica, que en menor medida, hay presencia del ELN, especialmente al sur del departamento, en los límites con Mapiripán, Guaviare y Cumaribo (Vichada). Por último, y respecto a las declaraciones gubernamentales, Francisco Daza, investigador nacional de la Línea de Conflicto, Paz y Posconflicto, afirma que si bien estos hechos se pueden enmarcar en la violencia que se ha desatado y profundizado a raíz de la época preelectoral en la que estamos, también puede poner sobre la mesa que “el gobierno de Iván Duque no ha sido eficaz para contrarrestar a los actores armados durante estos casi 4 años. Ha sido como una bola de nieve y se le salió de las manos a Duque. Además, esta situación se puede relacionar con lo que pasa en otras partes del país como Arauca, Nariño o el Cauca. La presencia de actores armados le ha ganado a la presencia estatal”.

Por: Laura Cano Periodista Pares Desde el pasado noviembre en la Sala Plena de la Corte Constitucional se trata de definir si se elimina o no el delito de aborto, el cual está contemplado en el artículo 122 del Código Penal, donde de establece que "La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior". Esta vez las trabas estaban puestas en las recusaciones que, por un lado, tenía Juan Carlos Henao, que durante la semana pasada fue la razón por la que el debate no prosperó. Pero, además, esta semana se sumó la recusación presentada por Sisma Mujer en la que se solicita que Cristina Pardo se aparte del debate por haber dado declaraciones sobre el aborto, más exactamente, cuando fue secretaría jurídica de la Presidencia de Juan Manuel Santos, para esa ocasión pidió excusas alegando “objeción de conciencia”, es decir, no pronunciarse en la revisión de constitucionalidad. “Ella se declaró objetora de conciencia en un escrito presentado ante el expresidente Santos, en el marco de la aprobación de la que ya es ley, la 17-19 de 2014, que reconoce los derechos de las víctimas de violencia social en el país”, dijo Linda Cabrera, directora de Sisma Mujer, en BLU Radio. Esto llevó a que en medio del debate, Cristina Pardo, quien además asumirá la presidencia de la Corte, se declarara impedida, apartándose de la votación frente a las recusaciones a Juan Carlos Henao, magistrado que tiene cerca de 40 recusaciones en su contra, en su mayoría presentadas por grupos religiosos. En el recurso presentado por Pardo exponía: “algunos ciudadanos podrían inferir que de la objeción de conciencia presentada por mí en el año 2014 puede concluirse que frente a lo que solicitan los demandantes en esta ocasión yo tendría una posición negativa (…). Por lo anterior, en aras de la absoluta transparencia, presento impedimento”. Por otra parte, los magistrados de la Corte Constitucional no votaron sobre la recusación de Henao, sino que nombraron a dos nuevos conjueces para entrar a votar sobre este tema puntual. Los conjueces elegidos fueron Ruth Correa y Mauricio Fajardo. Con la llegada de Ruth Correa y Mauricio Fajardo, son cinco los conjueces que llegan al expediente de despenalización del aborto, pero todos para definir temas procedimentales. Pues hay que recordar que en noviembre de 2021, y luego del empate en la Sala Plena que definía si se aceptaba o no el impedimento de Alejandro Linares por haber dado declaraciones públicas sobre el tema en medios de comunicación, fue elegido como cconjuez Hernando Yepes Arcila, quien debía dar el voto definitivo sobre el impedimento para continuar con la discusión sobre la despenalización del aborto. El impedimento de Linares fue aceptado, y con esto el panorama en la Corte parecía estar en veremos, lo que se confirmó el 20 de enero de 2022, cuando en la votación que podría dar luz verde a la despenalización del aborto terminó en un empate con cuatro votos a favor por parte de Alberto Rojas, José Fdo. Reyes, Antonio J. Lizarazo y Diana Fajardo; y cuatro en contra de Cristina Pardo, Paola Meneses, Jorge Ibáñez y Gloria Ortiz. Con esto, fueron nombrados otros conjueces: Juan Carlos Henao y Julio Andrés Ossa, quienes deben, hasta el momento, definir el asunto. No obstante, ese proceso también está estancado por las recusaciones presentadas en contra del Henao que hasta el momento no han podido definirse. Así las cosas, de nuevo, este tema quedó en veremos, en medio de un panorama en el que urge la despenalización Hay escenarios tan graves como, por ejemplo, el caso de Lorena Inmaculada Gelis Palomino, quien en enero de este año murió a raíz de un procedimiento mal hecho e irresponsable en un centro médico de Barranquilla. Respecto a lo anterior, en el país se realizan poco menos de 17.000 abortos legales al año, según cifras de Profamilia; mientras que, al menos, 400.000 se realizan de forma ilegal, siguiendo los datos del Instituto Guttmacher. Además, como indica Profamilia, tan solo en el 2020, al menos 70.000 embarazos no deseados no pudieron ser evitados en el país. Adicionalmente, Sisma Mujer reveló que en Colombia 4.268 niñas entre los 10 y 14 años fueron madres durante el 2020. Además, la tasa de muertes de niñas embarazadas aumentó más del doble en el 2020, pasando de 20.9 en 2019, a 46.9 en 2020. A esto se suma que el 33.7% de las niñas menores de 14 años embarazadas en Colombia, tuvieron que abandonar sus estudios para dedicarse al hogar. Hay que recordar que en el país desde el 2006, a través de la Sentencia C-355, se despenalizó el aborto en los casos en que este es motivado por tres causales: cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida y cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto, categorizándose así como interrupción voluntaria del embarazo (IVE). No obstante, aún queda mucho por hacer para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, por lo que de nuevo el llamado es a la Corte Constitucional para que defina con urgencia este tema. "Toca seguir recordándole a la opinión pública que han pasado alrededor de 510 días desde que presentó la demanda para la despenalización del aborto y aún no hay una decisión de fondo. Y continuar haciéndole un llamado a la Corte Constitucional a emitir pronto un fallo de fondo que proteja la vida y la salud de las niñas y mujeres", concluyó María Isabel Niño, asesora jurídica y de incidencia de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.

Por: Guillermo Segovia Politólogo, abogado y periodista Ante los estragos de la pandemia y del gobierno Duque y la crisis del régimen, con la claridad de que su candidatura, no obstante mantenerse arriba en las encuestas por su capacidad de análisis de los temas nacionales, liderazgo político e intelectual, iniciativa propositiva y por encarnar una apuesta por el cambio, solo será viable ensanchando los márgenes de la izquierda para ser atractiva a otros sectores progresistas, a mediados de julio de 2020, en su columna virtual Los gustavos, Gustavo Petro presentó al país una novedosa propuesta: realizar un Pacto Histórico por la democracia, la justicia social y la paz. Seis meses después, cuando ya la iniciativa, además de juntar a la mayoría de la izquierda, comenzaba a atraer figuras liberales comprometidas con el proceso de paz, Petro precisó: “El Pacto que proponemos es entonces el acuerdo de la sociedad colombiana, que implica un diálogo nacional y un acuerdo entre su diversidad. El Pacto visto así, es el contrato social, la base misma de la nación, como nos recordara Rousseau. Si la construcción nacional es la construcción de los acuerdos fundamentales que permiten la convivencia de todo el cuerpo social, entonces tenemos que decir que la propuesta del Pacto Histórico que hemos lanzado es una propuesta para construir una nación y por tanto la Paz”. Cuando hablamos de una Nación como contrato social, hablamos de la inclusión de toda la sociedad en las decisiones y en la distribución de la riqueza. Una nación implica Democracia. Y cuando hablamos de paz, no nos referimos solamente a los acuerdos entre los cuerpos armados, que respetamos y ejecutaremos, sino a la Paz Grande, la paz de toda la sociedad, la Paz vista como una era y no como el comienzo de una nueva violencia. Es esta característica del Pacto como contrato social y tratado definitivo de Paz, lo que lo hace histórico. No estamos hablando de pactos politiqueros, coyunturales, centrados en la repartija del poder y hechos por debajo de la mesa. Estamos hablando de cambiar la historia de Colombia hacia el sendero de la Democracia, la paz y la Justicia social. Ahora bien, el Pacto Histórico no es un simple evento social, es, sobretodo, un proceso social en un momento de la historia. El proceso debe englobar a toda la sociedad colombiana en su fase última, ese es su objetivo. Para ello el Pacto Histórico debe ser el método del gobierno, el próximo gobierno, y para ello hay que ganar la presidencia y las mayorías del Congreso. Tiene como eje central de su gobernanza, la búsqueda del mayor de los consensos en las políticas públicas que emanan de lo que deben ser los acuerdos sobre lo fundamental. Concertar debe ser una práctica permanente, que no señala debilidad, sino legitimidad. La estrategia para el logro del colosal cometido de llegar a la Presidencia de la República con la no disimulada o la taimada oposición del establecimiento político, empresarial y mediático a la posibilidad de un gobierno comprometido con reformas urgentes que resienten un statu quo de privilegios y desigualdad en favor de minorías, comprende diferentes frentes en la búsqueda de garantizar tres objetivos: una votación contundente para ganar la presidencia, ser fuerza importante y mayoría en alianzas para asegurar gobernabilidad y viabilidad de la agenda legislativa y concientizar y comprometer al máximo al electorado sobre el pacto y sus implicaciones en una democracia con lógica de mayorías. En el Pacto Histórico convergen la mayor parte de las organizaciones políticas de izquierda -con el respaldo de movimientos sociales, las organizaciones indígenas y el sindicalismo- y algunos liderazgos liberales que acordaron listas cerradas y cremallera (mitad mujeres, mitad hombres) para el Congreso de la República y en favor de las cuales despliegan su activismo en redes y calles para potenciar votación. Sin duda, será una fuerza que en alianza con otros sectores reformistas podría lograr el objetivo de tener en el legislativo la capacidad de consensuar la aprobación de los proyectos del cambio y respaldar la acción de gobierno. Debido a la nueva legislación electoral, simultáneamente con la elección de Congreso se realizarán consultas internas de coaliciones para determinar candidato presidencial. La consulta sirve al Pacto Histórico -no obstante la ventaja de Petro por la Colombia Humana- para consolidar electorado, liderazgos y apoyos de los sectores sociales y políticos representados por Francia Márquez (afrocolombianos, Polo Democrático), Arelys Uriana (indígenas, Maís) y Alfredo Saade (cristianos). Un sector liberal, liderado por Luis Fernando Velasco, quedó por fuera de la escogencia debido a que ese partido se negó a avalar esa participación, pero jalona hacia el pacto. La motivación personal y directa al electorado -que sumó más de 8 millones en la segunda vuelta presidencial en 2018, el doble de la cifra de la primera- corre por cuenta de las inagotables manifestaciones que realiza Gustavo Petro por todo el país desde hace medio año, con énfasis en aquellas ciudades donde el voto ha sido esquivo por ser fortines del uribismo y los clanes tradicionales. En esas visitas se combinan los discursos agitacionales de plaza con reuniones con las fuerzas sociales y el empresariado local, para salvar prevenciones y explicar la propuesta económica y la agenda de reformas. Conscientes de la necesidad de atraer voto de las regiones desfavorables (Antioquia, Santander, Costa Atlántica), ampliarlo en las favorables, procurar blindaje ante las acechanzas criminales y ganar apoyos para gobernar, Petro y sus alfiles más cercanos han realizado acercamientos con líderes políticos con cauda electoral -ajenos al pacto original y en algunos casos cuestionados por sus prácticas o vínculos- para, en un objetivo pragmático, defender la amplitud de propósitos sobre las manchas del pasado y poder sumarlos no solo en las manifestaciones sino como posibles respaldos a la propuesta. Arreglos que no han dejado de causar tensiones al interior del pacto con sectores que, si bien comprenden que el reto es ahora nunca, tienen reticencias a lo que esos aliados puedan implicar frente a los compromisos de purgar las malezas del quehacer institucional. Combinando esos escenarios, el indiscutible liderazgo Petro, la situación social, el hastió con la corrupción y la demanda de cambio, mantienen arriba y con distancia en las encuestas la opción presidencial y una presencia de peso en el Congreso para el Pacto Histórico, ante el descontento con el gobierno, la caída en picada del uribismo, la falta de atractivo de la alianza derechista de exalcaldes (“Equipo por Colombia”) y el empantanamiento y falta de tracción de la coalición proclamada de centro (Alianza Verde Centro Esperanza) Al impacto político in cresendo de la propuesta política alternativa, Petro adiciona un protagonismo internacional inusual en candidatos presidenciales e incluso de mandatarios en ejercicio, la mayoría -tal vez con la excepción del esfuerzo intelectual reformista de Ernesto Samper- reconocidos por su servilismo a los Estados Unidos, apetitos burocráticos en agencias externas y membresía en opacos centros de confabulación contra las opciones progresistas. En España, Petro abrió su campaña internacional con encuentros con el presidente Pedro Sánchez, secretario del Partido Socialista Obrero Español y con ministras del gobierno de coalición en representación a la alianza de izquierda Juntas Podemos. Se reunió con directivos empresariales y convocó una nutrida asamblea con representantes de la diáspora colombiana en Europa promoviendo un cambio de visión de los compatriotas en el exterior acerca de su quehacer político respecto de su situación y en respaldo al pacto. En sorpresiva audiencia con el Papa Francisco, dialogó sobre una visión compartida de cambios necesarios frente al cambio climático, la pobreza y los males de la democracia, un indirecto espaldarazo frente a las huestes católicas menos dogmáticas a riesgo de distanciarse del activismo por el aborto libre por su propuesta táctica -probablemente también moral- a favor de la prevención, aun cuando propende por su despenalización. Además, en la posición de Gabriel Boric, en Chile, ocupará la atención debido a la expectativa latinoamericana por los sucesos de nuestro país y el posible eje progresista regional que se vislumbra. Por supuesto, estos eventos causan urticaria en el gobierno y la derecha que no disimulan su enojo al ver cómo el líder y la propuesta del Pacto Histórico se les crecen. Pero poco han incidido nuevos y viejos episodios creados o revividos a propósito de dañar su imagen, rebatir sus análisis o ridiculizar sus propuestas. Si bien arriesga iniciativas o puntos de vista polémicos, sin duda Petro es quien desde hace rato suscita debate en provecho de afinar los cambios que demanda una estructura socioeconómica basada en el privilegio y atrincherada en el abuso de poder, y cada vez gana más apoyo. Tal es la desesperación, que los defensores a ultranza del libre mercado promueven una iliberal, inconstitucional e ilegal “Cláusula Petro” para condicionar la ejecución de contratos a su derrota electoral. No obstante, el acumulado de aspectos favorables a una posible victoria electoral del Pacto Histórico, también son indudables y peligrosos los factores de riesgo -que en parte también explican algunas de los cuestionados acuerdos electorales. Amenazas como un fraude propiciado en el propio aparato electoral, la corrupción masiva del electorado, una agresiva campaña de manipulación y desprestigio que desatarán los medios adversos, intervenciones foráneas provocadas desde el establecimiento denunciando una “amenaza a la democracia” e incluso atentados a la integridad del candidato, están al orden del día. Con todo de seguir las cosas como van y de no ocurrir nada inesperado, el pacto parece abrirse paso. Con el andar sumará otras fuerzas progresistas hoy en contienda y puede lograr un consenso hacia una etapa de reformas en la que la ciudadanía tendrá un lugar protagónico para garantizar que la dinámica y los cambios correspondan a las expectativas de “la Paz Grande, la paz de toda la sociedad, la Paz vista como una era y no como el comienzo de una nueva violencia.” *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.