Por: Laura Cano Periodista Pares En agosto se conoció el escándalo relacionado a un contrato firmado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), para ese momento dirigido por Karen Abudinen, por más de un billón de pesos, con el cual se pretendía llevar conectividad a 7.277 puntos en lugares apartados del país. Esto se haría a través de una Unión Temporal, la cual debía comprometerse a garantizar todo el proceso de arquitectura, diseño, solución tecnológica, instalación y funcionamiento hasta diciembre de 2031. Del total del dinero, un 6.55% le fue entregado a los contratistas como adelanto. El proceso de investigación inició en diciembre de 2020, pero a mediados de 2021 se habían empezado a alertar de una serie de inconsistencias. Por una parte, el consorcio (Unión Temporal Centros Poblados) presentó una garantía que no había sido expedida por el Banco Itaú, situación que fue advertida por la ministra Karen Abudinen el pasado 25 de junio. Además, a esta situación se sumaba el preaviso de la falta de experiencia, capacidad técnica y financiera del consorcio para poder ejecutar el contrato. Tras esto, el 19 de julio de 2021 se anunció la declaratoria de caducidad del contrato que se había firmado con la Unión Temporal Centros Poblados y que cubría la región denominada “B”, la cual estaba conformada por los departamentos de Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada. Además, la situación llevó a la cartera a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Justamente, ante este último ente este miércoles, en el marco del juicio disciplinario que se sigue en contra de exfuncionarios del Ministerio de las TIC, la exministra, Karen Abudinen, testificó ante el Procurador delegado contra Adriana Vanessa Meza Consuegra, secretaria general de MinTIC; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual MinTIC; Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura MinTIC; Luis Fernando Duque Torres, representante legal UT Centros Poblados 2020; y Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio PE 2020 C Digitales, quienes trabajaron en el contrato de Centros Poblados. Ante la Procuraduría, la exministra aseguró que nunca dio una orden para beneficiar a ningún operador. "Aunque luego de la adjudicación del contrato recibimos muchas cartas haciendo advertencias, ninguna tenía una prueba contundente, y es que para poder tomar decisiones en derecho uno tiene que tener las pruebas para denunciar. (...) ​​Nunca ningún funcionario del Ministerio, ni mi secretaria, ni mi directora de contratación, me dio ninguna alerta frente a los habilitados. Nunca después de que quedaron habilitados ninguno de los otros operadores, ni ningún ciudadano mandó ninguna carta de alguna alerta de alguno de los habilitados para la adjudicación del proceso", indicó la exfuncionaria. Hay que resaltar que Abudinen se defendió ante su presunta responsabilidad en los hechos, diciendo que una vez conocieron que la garantía bancaria que presentó Centros Poblados no fue expedida por el banco Itaú, desde la cartera se tomaron medidas al respecto, y aseguró que antes de este hecho puntual era muy difícil poder determinar los hechos irregulares que se estaban presentando. Vale la pena anotar que durante la diligencia se resaltó que el caso fue denunciado el 25 de junio de 2021 ante la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría. "El día de la audiencia pública, porque la Unión Temporal Centros Poblados no cumplió con la primera fase de instalación de los centros digitales, y se llama a audiencia de incumplimiento y ahí se presenta el Banco Itaú diciendo que ellos no expidieron la garantía, y ese mismo día, una vez fui informada, tomé la decisión de que se denunciara de manera inmediata. (...) A nosotros nos engañaron, acá hay una fábrica de corrupción”, dijo la exministra. Este proceso aún está en curso, y seguramente lo testificado por Abudinen entrará dentro de las investigaciones que la Procuraduría adelanta para establecer los responsables de este hecho, que dejó en un vaivén la posibilidad de llevar el servicio de internet a poblaciones donde urge.

Por: Laura Cano Periodista Pares Este 7 de febrero, el senador Iván Cepeda presentó ante el Congreso un nuevo proyecto de Ley con miras a tipificar como crímenes las obstaculizaciones a la paz en Colombia. Puntualmente, el senador planteó en el texto que “quien obstruya, de manera temporal o permanente, los acercamientos, conversaciones o diálogos que sostengan los representantes autorizados por el Gobierno Nacional con grupos armados organizados al margen de la ley, así como, la implementación de acuerdos de paz y los procesos de reincorporación a la vida civil de desmovilizados, con el propósito de impedir su realización, incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años, en multa de mil (1.000) a diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, y en interdicción de derechos y funciones públicas de diez (10) a quince (15) años”. El senador Cepeda explicó en su cuenta de Twitter que “No se trata de censurar y perseguir a los enemigos de la paz, que es legítimo tener críticas al proceso de paz y discutir el Acuerdo (...) es muy distinto adelantar acciones ilegítimas e ilegales como, interceptar las comunicaciones de los negociadores y acabar con la vida de las y los constructores de la paz”. Así las cosas, lo que busca el proyecto de ley radicado es añadir un nuevo artículo al Código Penal, más exactamente se convertiría en el artículo 340C de la Ley 599 de 2000. Dicho artículo se adicionaría con dos puntos; uno que incluye el delito de obstrucción a la paz y el otro contempla los agravantes. Siguiendo lo anterior, cabe aclarar que Cepeda plantea que la pena que pague quien se encuentre culpable de este delito podrá aumentar la mitad o tres cuartas partes más en los casos en los que el implicado también se halle culpable de: "A). Si se consuma el fin perseguido. B). Si se comete por servidor público que ejerza autoridad o jurisdicción. C). Si se emplean bienes del Estado para su realización. D). Y si como consecuencia del ilícito se causa la muerte o lesiones personales a mujeres excombatientes, constructoras de paz, defensoras de derechos humanos o lideresas sociales.". Iván Cepeda que en este delito se incluye si la obstrucción se da en medio de negociación, firma o implementación. Además, que algunas de las conductas contra la paz son: homicidios y agresiones a excombatientes; interceptaciones ilegales; homicidios y agresiones a defensores de DDHH y líderes sociales; entrampamientos o montajes judiciales; y rearme y conformación de disidencias. "Mi propuesta es proteger la paz como un bien jurídico del más alto valor, así como a quienes participen en la superación de la guerra, y garantizar el cumplimiento del artículo 22 de la Constitución que define la paz como derecho y deber de obligatorio cumplimiento", aseveró el congresista. Con esto, vale la pena recordar que en enero de 2022 la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional por el bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad para las personas que firmaron el acuerdo de paz. Esto, luego de que los magistrados estudiaran cinco tutelas presentadas por excombatientes, ubicados en Nariño y Guaviare, que pedían que les fueran garantizadas sus medidas de protección, pues han sido constantes las amenazas y alertas sobre los riesgos a la vida que deben enfrentar. De hecho, son constantes las noticias sobre vulneraciones a firmantes de paz. Entre estas se encuentran las que relatan cómo quienes le han apostado a la paz han tenido que salir de los lugares donde cumplían su proceso de reincorporación a causa de distintos factores de amenaza. Uno de estos casos ocurrió en Mutatá en Ituango, Antioquia durante los meses de mitad de año de 2020. Otros casos se dieron en Uribe, Meta en la misma temporalidad del caso anteriormente nombrado. Y más recientemente, en Arauca, donde cerca de 36 excombatientes salieron de las zonas donde habitaban a causa de la violencia que se recrudeció en este inició de año. Esto, sin dejar de lado que desde la firma del Acuerdo de Paz más de 300 personas que se acogieron al proceso han sido asesinadas. Así las cosas, y ante los constantes entorpecimientos a la implementación del Acuerdo, que muchas veces han sido orquestados por instituciones del Gobierno, este proyecto de ley es casi que urgente. Por un lado, para poder garantizar el cumplimiento eficaz de lo pactado en el Acuerdo de Paz, y por otra parte, para que, en el marco de la violencia agudizada en el país, otros grupos armados puedan ver los procesos de paz con más confianza. Por último, y como trae a colación Alejandro Restrepo, coordinador de la Línea de Conflicto, Paz y Posconflicto de Pares, "el Acuerdo de Paz de la Habana tiene un carácter constitucional, por lo que lo pactado debe garantizarse con todos los medios que tiene el Estado a su disposición. Sin embargo, difícilmente, con las fuerzas que hay ahora en el Congreso, que son en su mayoría en contra de lo que dice el Acuerdo, pueda prosperar este proyecto".

Por: Laura Cano Periodista pares Recientemente, Aída Merlano encendió un ventilador en el que muchos políticos de renombre se vieron involucrados con graves denuncias. Uno de esos políticos fue Alejandro Char, una de las fichas claves del poderoso Clan Char. Esta vez fue involucrado, por un lado, por el secuestro de Merlano, por lo que se prepara una denuncia que será presentada por el abogado Miguel Ángel del Río y, por otro lado, en lo que sería todo un negocio que favoreció el fraude electoral del 2018. Esta maraña de relaciones políticas cuestionables inició en 2018, cuando en la sede de la entonces candidata al Senado, la Sijín, en medio de un allanamiento, encontró certificados electorales, armas y dinero. Por esto,en 2019, la Corte Suprema de Justicia la condenó a más de 15 años de cárcel por delitos electorales. No obstante, en mayo de 2020 la Corte Suprema de Justicia estableció que la pena sería de 11 años y 4 meses de prisión. En el transcurso de todo el proceso judicial, y en medio de las distintas declaraciones que ha dado Merlano tanto en medios de comunicación como ante la justicia, las acusaciones e implicaciones al Clan Char, que hoy son noticia de nuevo, han sido constantes. De hecho, sus versiones sobre lo que fue la compra de votos para las elecciones del 2018 por parte del Clan Char ya habían sido mencionadas en ocasiones anteriores. En una anterior entrevista con Semana, Merlano había mencionado que: “Alex Char quiere ser el dueño de toda Colombia y no le importa por qué medios, hace lo que sea. Yo podría decir que es capaz de vender hasta su alma al diablo para lograr sus objetivos”. Asimismo, expuso: "Julio Gerlein y la familia Char compraron votos para elegir a Duque (...) Los Char dirigieron ante todos los políticos tradicionales de la costa la compra de votos para que se eligieran presidentes de la República (...) Todos compraron votos para elegir a Duque" Merlano también había afirmado: "mandaron a unos abogados de Arturo y Alex Char que me iban a explicar algo que pensaban hacer para que yo pudiera salir. (...) Fue cuando me hablaron de la fuga”, citaba El Tiempo de lo dicho por Merlano en una entrevista con la revista Semana. Ahora que de nuevo se ve salpicado el Clan Char en hechos tan graves como la inversión de grandes sumas de dinero para poner incluso presidente, también dentro de lo que sería el plan que se tenía para asesinar a Merlano, como ella no expuso; es necesario hacer memoria sobre este poderoso grupo político que por años ha manejado a su antojo los movimientos electorales en gran parte del Caribe colombiano. Lee también: Merlano y la Charpolítica: untado hasta el presidente Duque El autoricharismo: las mismas jugadas para concentrar el poder La Fundación Paz & Reconciliación ha hecho un constante trabajo, recopilado en el libro Los Clanes Políticos que mandan en Colombia, para desenredar los hilos que manejan la política en el país, poniendo en evidencia las maquinarias que usan los llamados clanes políticos en las diferentes regiones del país. Uno de esos es el Clan Char, el cual desde hace más de 50 años ha ido construyendo un emporio en el norte del país a punta de negocios, politiquería y corrupción. La historia del actual poderoso clan inició con el gol económico que la familia Char Abdala, conformada por Ricardo Char Zaslaway (padre), Erlinda Abdala (madre), y Fuad, Farid, Jabib, Simón, Ricardo, Miguel y Mary (hijos), dieron con la creación de El Olímpico (1955) en Barranquilla, convertido desde 1988 hasta hoy en Supertiendas Olímpica. Así, los Char fueron ampliando su horizonte económico adentrándose en los negocios a través de varias empresas que han permanecido vigentes y que les han dado capital para ser los Char que hoy son. De hecho, y conforme su capital económico crecía, Fuad, uno de los hijos de esta familia, contrajo matrimonio con Adela Chaljub en 1963, y tuvieron a sus tres herederos: Antonio, Alejandro y Arturo. Tras esto se hicieron dueños Radio Regalos en 1968, emisora que dio base a la Organización Radial Olímpica, hoy una de las emisoras más reconocidas y con mayor presencia en el país; en total están en 17 ciudades y tienen 30 emisoras. Además, en 1972, Fuad, sus hermanos y sus hijos, consolidaron la Organización Olímpica, que adquirió el control del equipo de fútbol Junior de Barranquilla. Con tan buena suerte que el 14 de diciembre de 1977 el Junior de Barranquilla logró su primer título en el fútbol colombiano, lo que impulsó la popularidad de la familia, en especial de Fuad Char. Siete años después de ese triunfo, en 1984, Jaime Castro, ministro de gobierno en el periodo presidencial de Belisario Betancur (1982 – 1986), también presidente de la Dimayor y luego alcalde de Bogotá (1992), le ofreció a Fuad Char la Gobernación del Atlántico. En ese tiempo y dentro de los reconocimientos que se llevó Fuad durante su gestión, estuvo la inauguración del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez el 11 de mayo de 1986, mismo año en el que quedó en el cargo de Ministro de Desarrollo, en el gobierno de Virgilio Barco (1986 – 1990). Se lee en la publicación de la Fundación Paz & Reconciliación que “a finales de la década del noventa regresó al Atlántico para crear el movimiento de filiación liberal Voluntad Popular. Con este último se enfrentó a su otrora socio Name y al tradicional clan Gerlein, apoyando a César Gaviria a la presidencia, a cambio de que este apoyara su aspiración al Senado. Ambos resultaron elegidos y Char repitió en su curul para los periodos 1994- 1998, 1998-2002 y 2002-2006. En este último periodo apoyó en la primera aspiración a Álvaro Uribe Vélez y se ligó a las élites nacionales. En 2005 resultó cobijado por las toldas de Cambio Radical, donde estrechó su relación con Germán Vargas Lleras”. Desde ese momento la historia de Fuad y su familia Char es la de un poder permanente en las esferas políticas, en la que han combinado su riqueza y unas estrategias clientelares para garantizar el fortalecimiento e influencia del clan en las decisiones y negocios que han movido el país. En ese mismo año Fuad se alió con el Partido Cambio Radical y para ese momento su hijo Alejandro se había desempeñado como Concejal con el aval del Partido Liberal (1997), Gobernador del Atlántico (2003), cargo que ocupó solo siete meses, luego de denunciar irregularidades en las elecciones del año 2000 en las que Char había perdido por 700 votos y en las que había salido elegido Ventura Díaz. Para ese momento Alejandro ya se preparaba para ser alcalde de Barranquilla en el 2008 (58% de los votos – aval de Cambio Radical), rol que desempeñaría hasta 2011 y para el que contó con las alianzas que se generaron con las familias Gerlein y Name, para luego ser reelegido para el periodo 2016 – 2019 (77 % de los votos – aval Cambio Radical). Además, en el año 2012 fue nombrado Alto Consejero para las regiones por el entonces presidente Juan Manuel Santos. En esa época, Arturo Char, el otro hijo de Fuad, era presidente de los negocios de la familia con el grupo Olímpica. Luego saltó a la política como senador en el 2006 por el partido Cambio Radical y con un total de votos de 61.634, cargo en el que hoy todavía está, y donde incluso llegó a la presidencia del Senado. Por otra parte, hay que anotar que los Char han puesto a través de su poder varios alcaldes en Barranquilla, entre estos Elsa Noguera y han movido fichas en el Congreso que han servido para su anclaje a través de una transferencia del capital político que han construido por años. Hoy los Char han creado un poder homogéneo con presidentes, congresistas, alcaldes y gobernadores, para convertirse en los amos y señores de la Costa Atlántica. A los Char se les ha denunciado por compra de votos, por financiar campañas con dineros ilegales, como es el caso Odebrech, por saltar los topes de inversión en lo que es legalmente permitido, por parapolítica con David Char, sobrino de Fuad. En esas denuncias, y en relación con esta familia, están Germán Vargas Lleras, Juan Manuel Santos, Iván Duque, Néstor Humberto Martínez y los Gerlein. Los Char han logrado fortalecerse tanto que en las últimas elecciones hicieron elegir nueve congresistas; seis senadores: Ana María Castañeda, Antonio Sabaraín, Arturo Char, Luis Eduardo Díazgranados, Miguel Amín y Aida Merlano, y tres representantes a la cámara: Karina Rojano, José Gabriel Amar y César Lorduy. Incluso, el poder de los Char es tal que hoy por hoy tienen a una de sus fichas más claves, Alejandro Char, como candidato a la presidencia, quien osó a posar bajo la fachada de independiente, aun con toda esta maquinaria detrás, ufanándose de que había recogió un millón de firmas para avalar su candidatura. Esto, además, lo hizo en tiempo récord, en dos semanas, una de las cuales estuvo en el exterior. Te puede interesar: Alejandro Char candidato presidencial: el autoricharismo quiere llegar a la Casa de Nariño En este momento, y en la carrera política a las elecciones al Congreso de 2022, que están a poco más de un mes, el clan busca seguir manteniendo fichas en el Congreso. En el sentado se perfilan en el senado Arturo Char, Antonio Luis Zabarain, Carlos Rojano, César Lorduy y Ana Maria Castañeda. Mientras que para la Cámara de Representantes suenan los nombres de: Jose Gabriel Amar y Modesto Aguilera. Ojo, porque hay que señalar que varios de estos nombres tienen serios cuestionamientos, los cuales en ocasiones anteriores han sido denunciados por Pares. Lee también: Los herederos y las herederas de todas las formas de corrupción Ahora la pregunta que queda es si ¿seguirá este emporio político fortaleciéndose aún cuando detrás tiene distintos serios y graves cuestionamientos? Seguramente la respuesta sea que sí. Sin embargo, aún tienen un papel importante y mucho trabajo por delante, tanto la justicia colombiana, como la Registraduría y los entes garantes de la transparencia en las próximas elecciones.

Por: Línea de migración, región y frontera Arauca, hasta los inicios de los años ochenta, tenía más contacto con Venezuela que con Colombia. Las razones: Arauca estaba aislada por la falta de vías, e incomunicada ante la ausencia de la televisión colombiana, la cual, a diferencia de la venezolana, entraba muy bien en Arauca, así fueran pocas las familias con acceso a aparatos de televisión. Ese aislamiento, luego de cuatro décadas y con muchos cambios, aún mantiene rezagos en este territorio fronterizo. La migración venezolana ha llegado a una Arauca inmersa en un conflicto armado de cuatro décadas, y ha sufrido la violencia que ha arreciado desde el 2 de enero, cuando se abrió un choque de eliminación mutua entre el ELN y las estructuras disidentes de las FARC. Esta disputa corresponde a una acción violenta organizada y cuyo fondo es el control del territorio, con sus comunidades y las economías que se desarrollan en él. En este contexto, en lo corrido del año se han registrado 74 homicidios, 21 son de nacionalidad venezolana. Esto, según seguimientos locales realizados por la Fundación Joel Sierra y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. En este informe encontrarás elementos para comprender la situación de este territorio y recomendaciones para el tratamiento de los desafíos que enfrenta. Conócelo aquí.

Por: Camilo Díaz Suárez Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad El 8 de febrero se reanudó la audiencia de acusación en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra del exgobernador de Santander y exsenador, Richard Aguilar. A la audiencia la acompaña la captura de dos empresarios que estarían relacionados con el caso que cursa en su contra por el cobro de coimas para el refuerzo la estructura del Estadio Alfonso López de Bucaramanga. Esto es lo que hay que saber. Las capturas de Julián Jaramillo y Octavio Reyes Las capturas se dieron en el marco de una de las irregularidades por las que está siendo procesado Richard Aguilar. Si bien en su contra cursan acusaciones por irregularidades en 6 contratos, en la que habrían participado Julián Jaramillo y Octavio Reyes es en el contrato 0766 de 2015, para la “construcción de las obras de reforzamiento estructural y adecuación de los escenarios (estadio, piscinas y coliseo Vicente Díaz Romero) de la villa olímpica del municipio de Bucaramanga”. El contrato fue firmado por $15,278,888,802, suscrito entre Claudia Yaneth Toledo Bermúdez, quien en ese momento era secretaria de Infraestructura del Departamento y Octavio Reyes Sarmiento, quien era representante legal de la Unión Temporal Reforzamiento 2015. Este contrato, el 18 de diciembre del 2015 tuvo una adición de $6,748,154,990, quedando un valor total del contrato de $22,027,043,792. Claudia Toledo y su esposo Lenin Darío Pulido fueron detenidos en el 2018 por las irregularidades en este contrato y que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación para ser testigos en el caso en contra de Aguilar. Según sus declaraciones, Edwin Ballesteros, también investigado por estos hechos, habría actuado como intermediario entre Aguilar y terceras partes para amañar la adjudicación de contratos en Santander. Toledo y Pulido participaron de una red de corrupción que pedía coimas para la adjudicación de contratos, con lo que habrían llegado a obtener hasta $2.900 millones, que estaría organizada por Richard Aguilar. En este contexto, Julián Jaramillo habría actuado como intermediario de Octavio Reyes, quien sería amigo cercano de Hugo Aguilar, para que le fuera adjudicado el contrato a él. De esta forma, desde la Gobernación se le habría suministrado, anticipadamente, el presupuesto de la obra para que Reyes pudiera elaborar un pliego de condiciones ajustado a cambio del pago de $1.500 millones. Jaramillo habría organizado el acuerdo entre Reyes y Aguilar, quedando repartido el 10% del valor total del contrato para Aguilar, el 3% para Claudia Toledo y un 3% para el propio Julián Jaramillo. El dinero se habría entregado utilizando falsas facturas. Además, la Fiscalía habría determinado que las obras entregadas no cumplían las condiciones técnicas y de seguridad. De acuerdo con la Fiscalía, Jaramillo habría tenido una conversación en 2019 con Parado y Toledo para que llegaran a un preacuerdo con el ente acusador para no involucrar a Richard Aguilar en los contratos a cambio de recibir $2.800 millones. Por las acciones irregulares cometidas por Jaramillo, fue capturado y es acusado de incurrir en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio, peculado por apropiación y soborno. Por su parte, Octavio Reyes se mantiene en prisión domiciliaria. La audiencia de imputación de cargos en contra de Richard Aguilar El exgobernador y exsenador, Richard Aguilar, fue acusado formalmente en la audiencia realizada el 8 de febrero de los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La defensa de Richard Aguilar solicitó el 8 de noviembre que se anulara el proceso que estaba siendo llevado en su contra en la Corte Suprema de Justicia por las irregularidades en contratación cuando ejerció como gobernador, pero la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte negó la petición. Si bien Aguilar renunció a su curul en el Congreso buscando que la investigación en su contra empezara de cero en la Fiscalía, la Corte sostuvo que ambos sistemas son respetuosos. Así, pese a que el ente acusador pasó a ser la Fiscalía por la renuncia de Aguilar al Senado, la Corte sigue encargada de recibir el material probatorio que acumule la Fiscalía y así mismo la que enjuiciará a Aguilar, pues esta tiene competencia sobre las actuaciones de los gobernadores. El contrato 0766 es no es el único por el cual es investigado Aguilar. Habrían al menos 5 contratos más que presentan irregularidades. Entre ellos se encuentra un contrato de interventoría con una adición de más de $6.700 millones; un contrato para mejorar y rehabilitar un corredor agroforestal que fue entregado a una Unión Temporal en la que era empleado un primo de Hugo Aguilar; un negocio jurídico para el suministro de raciones de comida a estudiantes de 82 municipios; un contrato de obras en el corredor vial San Gil- Charalá de septiembre de 2014 y un contrato para la construcción del tercer carril de la vía Bucaramanga- Floridablanca, también de septiembre de 2014. Ahora, la Fiscalía debe presentar pruebas en un próxima audiencia a realizar en 15 días. El Clan Aguilar y su futuro en el Congreso con José Alfredo Marín Así, esta es una acusación más que se suma al Clan Aguilar, el cual se ha caracterizado por la corrupción. De acuerdo al informe “Los herederos y las herederas de todas las formas de corrupción” de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el Clan es liderado por Hugo Aguilar Naranjo, padre de Richard, a quien la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos por presuntos nexos con el Bloque Central Bolívar (BCB) de las AUC para lograr apoyo electoral en el 2003. Además, fue condenado a 9 años de prisión. También, tiene un proceso por irregularidades en contratación durante su mandato como gobernador, por haber suscrito 12 con la Corporación Parque Nacional de Chicamocha para ejecutar varias obras. Sumado a las condenadas e investigaciones en contra de Hugo y Richard Aguilar, Mauricio Aguilar, actual gobernador de Santander, habría ocultado y manipulado información en el caso adelantado en contra de su hermano y está siendo investigado por estos hechos. A su vez, Edwin Ballesteros, uno de los aliados del clan y cercano a Richard Aguilar, se encuentra formalmente vinculado a una investigación por las irregularidades presentadas en la contratación de la empresa Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant S. A.), mientras fue gerente de esta durante la administración de Richard Aguilar. Con Richard enfrentando el proceso judicial y Mauricio siendo gobernador, el candidato del Clan para las elecciones del 2022 es José Alfredo Marín, quien ha sido contratista de la Gobernación de Santander durante el mandato de Richard Aguilar Villa; contratista del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) en Santander; y jefe de campaña y asesor del despacho del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar. Tras una presunta alianza con Luis Eduardo Díaz Mateus y con el Partido Conservador, se habría dado un acuerdo para que José Alfredo Marín fuese candidato al Senado del clan. Este acuerdo se habría realizado con intermediación de Orlando Aguilar Naranjo, hermano de Hugo Aguilar. Sin poder hacer “política de frente”, los Aguilar tendría con ficha a José Alfredo Marín, mientras se desarrollan los casos en contra de Richard y Mauricio.

Por: Laura Cano Periodista Pares Luego de que fuera capturado (o que él se entregara), ‘Otoniel’ ha hablado ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Entre estos tuvo una reunión con la Justicia Especial para la Paz, JEP, (21 de diciembre) y ante la Comisión de la Verdad (05 de febrero). Ahora se prepara para volver al alto tribunal, en el marco del macrocaso que investiga lo que pasó en el conflicto armado interno en la región del Urabá. Las fechas acordadas para esta diligencia serán los días 10, 15 y 22, y las sesiones estarán lideradas por la magistrada Nadiezhda Henríquez. Como se informó desde la JEP, a través del auto SRVNH-04/00-198/21, ‘Otoniel’ “perteneció tanto a grupos de insurgencia, como a grupos delincuenciales organizados al margen de la ley con influencia en los territorios de la región del Urabá, trasegar que llevó desde los años 1987 y hasta el momento de su captura”. Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, era el jefe del Grupo Armado Organizado (GAO) Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) —denominado por la fuerza pública como Clan del Golfo— y fue capturado el pasado 23 de octubre de 2021, en el marco de la operación ‘Osiris’: una acción que se sumó a los operativos realizados en el marco de la operación “Agamenón II". Además, ‘Otoniel’ era el hombre más buscado del país, de hecho, el Gobierno colombiano ofrecía hasta 3 mil millones de pesos por información que llevara a su captura, mientras que el Gobierno de los Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares. Como se informaba desde la Fundación Paz & Reconciliación: "El dosier de ‘Otoniel’ estaba lleno de desplazamientos forzados, asesinatos, masacres, violencia sexual y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Tenía circular roja de la Interpol, más de un centenar de órdenes de captura en Colombia, y se encontraba en la lista de las personas más buscadas por la DEA. En octubre de 2018, el entonces fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, incluyó a las AGC - Clan del Golfo en la lista de las principales organizaciones criminales transnacionales que representan una amenaza para aquel país. En la lista también se encontraban los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, así como el grupo terrorista Hezbolá del Líbano". Además, y "luego de 2 años de investigación y una extensa triangulación de información por medio de diversas fuentes en territorio, de inteligencia e instituciones, Pares logró establecer que el centro de operaciones de ‘Otoniel’ se encontraba en el departamento de Córdoba, específicamente en la subregión del sur de este departamento. Allí confluyen 5 municipios: Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador, Valencia y San José de Uré. Estas entidades territoriales se ubican en la frontera con el Bajo Cauca antioqueño. Ambas subregiones se encuentran separadas por el Parque Nacional Natural Paramillo". Por otra parte, en su versión anterior en la JEP, ‘Otoniel’ insistió en varias oportunidades en que su supuesta captura no fue una operación de inteligencia, como comunicó el Gobierno, sino que él se entregó de manera voluntaria . “Yo fui hasta donde la tropa del Ejército, yo llegué solo porque quería arreglar mis problemas. (...) Me acerqué a un cabo y le dije: "Yo soy el que están buscando". Me amarraron las manos con una pañoleta, pero no me maltrataron ni nada. Incluso me dieron agua. Yo me quité la camisa porque quería mostrar que no tenía nada, que no estaba armado”, aseguró ‘Otoniel’. Además, en su cita en la Comisión de la Verdad fue escuchado por Francisco de Roux, presidente de la entidad, y los comisionados Lucía González y Alejandro Valencia. Este encuentro también fue parte de la ruta que dispone la Comisión para esclarecer las razones de la prolongación y degradación del conflicto, para lo que ‘Otoniel’ resuelta ficha clave, pues hay que recordar que fue parte del EPL, luego hizo parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, de Los Urabeños, que posteriormente se llamaron Clan del Golfo. Ahora hay que esperar su nuevo aporte ante la JEP, esto además en medio de un contexto en el que desde el Gobierno Nacional se insiste en que este criminal sea extraditado a Estados Unidos, estancando la posibilidad de un aporte completo de ‘Otoniel’ ante el alto tribunal y en general ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. De hecho, Alejandro Restrepo, coordinador de la Línea de investigación Paz, PosConflicto y Derechos Humanos, asevera que este trabajo del alto tribunal "es sumamente positivo, pues a partir de allí puede lograrse una contribución a la verdad y al esclarecimiento jurídico, pues ‘Otoniel’ tiene un conocimiento militar, económico, ilegal de las movidas en el Urabá que permitirían entender cómo en esta región, por ejemplo, se mueve el narcotráfico, cuáles son las relaciones con el tráfico en otros países, y para eventualmente poder desmantelarlo". Además, insiste en que "’Otoniel’ debe quedarse en Colombia a aportar a la jurisdicción, y no ser extraditado a Estados Unidos, donde usualmente no se permite el proceso de reparación ni esclarecimiento. La figura de la extradición pudo haber sido importante para el crimen organizado, especialmente en los años 90, en un momento en el que la justicia colombiana tenía una debilidad enorme para lograr procesar y judicializar bandidos. Hoy, no gracias a la Fiscalía que está capturada por Barbosa y sus cuestionamientos, sino gracias a la JEP, el sistema de justicia colombiana se ha venido fortaleciendo, por lo que la figura de la extradición no debería aplicar en estos casos, pues además Colombia tiene la potestad de no extraditar a ‘Otoniel’ y que él le aporte a las relaciones que han permitido la violencia en el país, y esa es justamente la razón de la resistencia a que ‘Otoniel’ participé en la JEP, pues muchos políticos, de sectores tradicionales, tienen mucho miedo a que se esclarezca su responsabilidad en la violencia en el país, especialmente en cuanto al despojo de tierras".

Daniela Garzón Línea de Democracia y Gobernabilidad La reaparición de Aída Merlano en la escena pública ha causado un revuelo sinigual, más por cuenta de su relación amorosa con Alejandro Char que por lo verdaderamente grave: sus acusaciones en contra de políticos reconocidos. La historia de Merlano arrancó en 2018, cuando la Sijin allanó su sede el mismo día de las elecciones a Congreso y encontró allí certificados electorales, armas y dinero. La Corte Suprema de Justicia la condenó en 2019 por delitos electorales a más de 15 años de cárcel, y después de su fuga confirmó su culpabilidad, pero redujo su condena a un poco más de 11 años, en mayo de 2020. Además de las tres casas políticas que aparecen en su sentencia como las que estaban detrás de la “estructura organizativa”, la de los Char, los Gerleín y los Name, con la que no solo ella sino otros políticos ganaron las elecciones en 2014, 2015 y 2018, aparecen los nombres de Arturo Char, Laureano Acuña, Carlos Rojano, y su coordinadora de campaña hoy en la lista a la Cámara del conservatismo, Adriana Blanco. Asimismo, los de Vicente Rosanía, Jorge Rangel, Juan Carlos Zamora, Emeterio Montes, Aissar Castro, Margarita Ballén, el Mono Díaz y el que fue el presunto enlace entre los Char y la campaña de Merlano: Lilibeth Llinás, candidata a la cámara por Cambio Radical en 2018. Sin embargo, en lo dicho por Merlano han aparecido otros nombres que, en medio de la curiosidad de la prensa rosa, han pasado desapercibidos. Sobre las campañas presidenciales, dijo en sus primeras declaraciones en febrero de 2020, después de su arresto en Venezuela que: “(...) los últimos presidentes, desde Uribe hasta acá, doy fe que se eligieron también comprando votos, y que se invirtieron más de 25.000 millones de pesos por cada casa política para aporte a las campañas presidenciales de los mismos (...)” Particularmente, sobre Iván Duque, Merlano dijo que no solo las dos casas políticas detrás de su campaña estaban interesadas en asesinarla después de la fuga, sino también él “para cuidar la espalda de su jefe Uribe” y al “exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez” haciendo referencia al escándalo de Odebrecht y a los nexos entre Martínez y Sarmiento Angulo, dueño de una de las empresas socias de la brasilera. También mencionó a Germán Vargas Lleras como el encargado “de repartir toda la contratación” entre las empresas y congresistas amigos del gobierno, que en ese entonces era el de Juan Manuel Santos. En ese momento, Merlano dijo que quería saber de Duque “por qué razón luego de cuatro días de mi fuga es que él decide cobrar (sic) una recompensa de 50 millones de pesos, y por qué el día 16 después de mi fuga, él decide aumentar a 200 millones mi recompensa”. Según ella, Duque sabía dónde estaba y cuando se escapó de quienes la tenían “retenida”, se aumentó la recompensa para hallarla. En la entrevista que le concedió a Vicky Dávila, Merlano dijo que los Char compraron votos en la segunda vuelta para la campaña de Iván Duque, a pesar de que en el papel los Char apoyaban a Germán Vargas Lleras, quien obtuvo alrededor de un millón de votos en la primera vuelta en 2018, muy lejos de Gustavo Petro. Los datos electorales muestran que Duque pasó de tener 236.291 en primera vuelta en el Atlántico a 343.629, un aumento de alrededor de 107.000 votos. La diferencia para Gustavo Petro en el mismo departamento pasó de 331.979 a 440.975, 108.996 más. Aunque esas declaraciones se desarrollaron en febrero de 2020, dos años después el gobierno colombiano ha sido incapaz de traer a Merlano extraditada. Cuando Merlano se escapó, en octubre de 2019, Duque dijo que “hay que capturarla, la vamos a capturar” y como otras declaraciones del presidente, se las llevó el viento. Al mismo tiempo, el fiscal Barbosa, amigo de Duque, dijo en su momento que solo estaba dispuesto a oír a Merlano “bajo mecanismos legales y formales en Colombia”. Según él, proponer la búsqueda de un acuerdo de cooperación entre la justicia venezolana y la colombiana para que se llevara a cabo la extradición de Merlano era una forma de “extorsionar a la justicia colombiana”. Después de las declaraciones que dio Merlano en febrero de 2020, Duque dijo que “la esperaba la justicia colombiana” que era una “corrupta y una delincuente”, que no quería matar a nadie y que quería que se hiciera justicia. Pero el poco afán que ha tenido el gobierno colombiano para mover su salida de Venezuela y que venga a rendir testimonio en los procesos en los que este es clave, como el de Arturo Char, demuestra que no había tanta voluntad de que compareciera. El afán se acabó cuando apareció en Venezuela. En cambio, la Corte Suprema de Justicia sí solicitó la extradición de Merlano, bajo el Acuerdo Bolivariano de 1911, que establece una cooperación para extraditar nacionales de entre los países de Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia. Sin embargo, tal pedido durmió en el sueño de los justos, porque la cancillería por la ausencia de relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro, decidió tramitarlo con el inexistente gobierno de Juan Guaidó. No sorprende entonces por qué tocó esperar a que la misma Merlano se atreviera a hablar para reabrir este caso. El ventilador de Merlano no toca solamente a la familia Gerleín y Char, también probablemente toque a los Name, a Duque, a Vargas Lleras, y a expresidentes como Uribe y Santos. Una dinastía que ve en riesgo su emporio, unas declaraciones que desnudan lo que, en todo caso, ya era evidente para muchos: en Colombia algunas elecciones se ganan a punta de compra de votos, de negociaciones entre grandes empresarios, transando acuerdos entre congresistas y el ejecutivo, cuando desfilan ríos de dinero del erario. La candidatura de Alejandro Char, que solo ha atinado a decir que Merlano miente y que se encuentra respaldada por el silencio de la coalición de la que hace parte, el Equipo Colombia, probablemente se hunda, como se hundió la de Germán Vargas Lleras en 2018. Solo queda preguntarle a Duque ¿el que la hace, la paga?

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia La región del Urabá parece condenada a vivir con la presencia de grupos armados ilegales. Desde la década de 1970, luego de un largo período de colonización, esta territorialidad –compuesta por subregiones de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó– ha tenido que convivir con la mayoría de los grupos armados que han surgido en Colombia: desde la primera generación de guerrillas –como el EPL y las FARC-EP– hasta las actuales organizaciones criminales. Todos estos actores –como nos lo explica María Teresa Uribe en su clásico libro Urabá: ¿región o territorio?– se han involucrado en los diversos conflictos que se han desarrollado en la región: las luchas por la tierra, por el control político institucional –local y regional–, por el mejoramiento de las condiciones de los habitantes urbanos, en los antagonismos obrero-patronales y las confrontaciones armadas entre guerrillas y paramilitarismo. Además, en las últimas dos décadas, se le ha sumado los actores de las nuevas guerras, quienes se ocupan, básicamente, de la extracción de rentas criminales. Después del desmonte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a mediados de la década de 2000, los señores de la guerra han comprendido que deben aprovechar la riqueza donde tienen presencia para generar nuevas ideas de negocio y para consolidar las viejas empresas criminales; que, para el caso del Urabá, es su ubicación geoestratégica. Es decir, las organizaciones paramilitares han mutado en empresas criminales, que buscan exprimir al máximo la extracción de rentas de la región sustentada en su ubicación física. Esta región posee 1.800 kilómetros de costa en el mar Caribe, que la han convertido en la mejor opción para que los narcotraficantes saquen su droga a Estados Unidos, Centro América y Europa. También permite, en corto tiempo –aunque con difíciles condiciones– el acceso al océano Pacífico. Y, finalmente, cruzando las selvas del bajo Atrato-Darién del departamento del Chocó, se puede llegar a Panamá por tierra –una frontera porosa de 266 kilómetros– y, con ello, a toda Centroamérica. Es decir, sus tierras poseen un alto valor geopolítico y estratégico por ser frontera internacional. Entre las actividades económicas de los actores armados en Urabá están el viejo negocio del narcotráfico y el nuevo de prestación de servicios a los migrantes internacionales. Para la primera actividad, la región del Urabá le ofrece unas condiciones geográficas excepcionales. Por un lado, es un territorio rodeado por nueve Parques Nacionales Naturales protegidos –entre ellos el Darién, Los Katios, Paramillo y Utría – por los cuales transitan como amos sin ley llevando su droga. Por el otro, tiene acceso a unos océanos que se convierten en verdaderas autopistas para el transporte internacional de estupefacientes. Frente al nuevo negocio de servicios a migrantes, este se viene consolidando en los últimos cinco años. Según informes de la Policía Nacional y demás organismos de inteligencia del Estado, en la región confluyen organizaciones criminales del orden nacional e internacional. El Clan del Golfo es el actor hegemónico de este territorio. Es quien permite que los diversos actores involucrados en la cadena del negocio de la migración ejerzan sus actividades, pero, eso sí, retribuyéndole, por lo menos, la mitad de las rentas ilegales que se obtengan, y la promesa de no afectar su gran negocio del narcotráfico. En esta reciente actividad participan una amplia variedad de actores legales e ilegales, tal como lo muestra el informe La Ruta de los Migrantes Ilegales en Urabá. El calvario para los migrantes se inicia con la participación de las organizaciones internacionales, quienes se encargan de traerlos desde lugares remotos –como Sierra Leona, Pakistán, Guinea, Somalia y Nepal situados en Asía y África– y dejarlos en Suramérica; para luego ser transportados por Colombia a puertos no autorizados en el Urabá Antioqueño. Le siguen en la cadena las personas que ofrecen a los necesitados migrantes el servicio de hospedaje y estadía provisional, quienes los albergan en fincas, casas y hoteles abandonados, a altos precios y sin las mínimas condiciones de salubridad. En este entorno, nuevamente aparecen los “coyotes” –expertos en el tránsito de los migrantes internacionales– quienes aprovechan las necesidades de estos y les extraen jugosas sumas de dinero para pasarlos a Panamá. Los coyotes, que trabajan bajo el amparo del Clan del Golfo –como queda documentado en el reciente informe de la Fundación Pares–, les ofrecen a las migrantes dos opciones: llevarlos en lanchas o pangas a las playas colombianas, en la frontera con Panamá –La Miel–, o cruzar el mar y dejarlos en el territorio panameño. También, como buenos negociantes, les ofrecen a los migrantes con mayores problemas rutas alternas por tierra – a los que quieren evitar que se les niegue el paso migratorio en la frontera–, cruzando la selva chocoana o Tapón del Darién; donde, adicional al pago de guía, deben entregar dólares a los hombres que cargan sus pertenencias o los niños y mujeres desvalidas que siguen la ruta. De esta manera, las organizaciones criminales en el Urabá antioqueño se comportan como ávidos extractores de rentas ilegales. Por un lado, ejerciendo el dominio territorial en el Urabá antioqueño que les posibilita mantener su clásico negocio de transporte de drogas ilícitas; y, por el otro, complementa su negocio de forma funcional con el lucrativo nuevo negocio de servicios al migrante desfavorecido. En este último, buscan agotar los recursos limitados de los migrantes y abusan de la necesidad que tienen para quitarles el sueño de llegar a Estados Unidos. En conclusión, la región del Urabá, como se ha hecho costumbre, se ha convertido en el territorio con presencia persistente de los grupos armados ilegales. Estos están aprovechando de tener, como enclave estratégico, a la mejor esquina de América. Un territorio que si no se hace nada seguirá siendo un lugar de disputa de los actores ilegales, sobre todo, en un contexto cercano donde se piensa construir un canal interoceánico –Atlántico-Pacifico– y una vía de interconexión terrestre –la Panamericana– que aumentará las presiones por las rentas ilegales. Ante este posible escenario y a modo de cierre, es necesario recordarle al Gobierno y la comunidad internacional la necesidad de atender este territorio. Primero, para trabajar de forma coordinada la lucha contra los grandes carteles de la droga, minando sus rentas criminales. Segundo, la urgencia de una política pública con enfoque diferencial que proteja de manera integral a la población migrante en tránsito. Y tercero, un trabajo decidido de protección de los parques naturales nacionales, pues son patrimonios de la humanidad, y en un contexto de cambio climático y de protección de la biosfera, su cuidado adquiere un valor especial. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Camilo Díaz Suárez Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad Tras la captura de Keyrineth Fernández, alcaldesa del municipio Jesús María Semprum, del estado del Zulia, Venezuela, por posesión y tráfico de droga; en los próximos 30 días deben convocarse nuevas elecciones. De acuerdo al artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, cuando un alcalde sea detenido, la suplencia debe ser designada por el Concejo Municipal, excepto cuando se haya dado antes de tomar posesión del cargo o antes de cumplir la mitad del período legal. Cuando es este caso, corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE) convocar a unas nuevas elecciones. A la espera de las nuevas elecciones, es manifiesta la alerta por la existencia de una red de narcotráfico, que implicaba a la exalcaldesa Keyrineth Fernández, en un estado que se ha enfrentado al aumento del este fenómeno; es un corredor estratégico para el traslado de cocaína. Keyrineth Fernández, crónica de una captura anunciada El operativo 'Manos de Hierro', cuyo propósito era desmantelar la red de narcotráfico que operaba en los estados Zulia y Falcón, condujo a la captura de los diputados Taína González, militante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y Luis Viloria Chirinos, vinculado al oficialismo, junto con la alcaldesa Keyrineth Fernández. Keyrineth Selenia Fernández Epieyu fue elegida alcaldesa del municipio Jesús María Semprún por primera vez en 2017 con 6.413 votos y avalada por el PSUV, y fue reelegida en los comicios electorales de noviembre del 2021 con 5.905 votos. Su proceso de elección estuvo rodeado de denuncias, que ya hacían cuestionable su posesión como alcaldesa. El secretario político del Partido Comunista de Venezuela, Gustavo Lara, había denunciado que el día de las elecciones, cuerpos policiales imposibilitaron que en centros de votación el proceso se desenvolviera de forma democrática, por ser, presuntamente, afines a Fernández. De igual forma, Eraima Varela, presidenta de la Junta Electoral del municipio, denunció que en el proceso electoral del 21 de noviembre del 2021 existió una serie de irregularidades,e entre estos, como que funcionarios del Plan República y personas adscritas al CNE permitieron que personas ejercieran el voto presentando solo la fotocopia de la cédula o el carnet de la patria. Además, señaló que cuerpos policiales le impidieron supervisar la instalación de las máquinas, el día 19 de noviembre y en varios casos no les dejaron pasar a los centros de votación. Por este tipo de hechos, se consideró que en el municipio el proceso y el resultado fueron manipulados. La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ya anunciaba en el informe “La salud de la democracia en Venezuela: Elecciones del 21N y su impacto en la frontera”, que en Venezuela existe un ventajismo institucional con el cual se da un favorecimiento político que afecta la transparencia e imparcialidad de los procesos electorales. Esto se da, en parte, mediante la utilización de mecanismos de cooptación de votos como el uso del carnet de la patria, una estrategia clientelar que se ha utilizado para conseguir votos negociando los “beneficios” que se pueden obtener quienes lo tengan. Además, el uso de fuerzas policiales a manos del oficialismo también se ha utilizado como forma de obtener una ventaja electoral. Este parece ser el caso de la elección de Keyrineth Selenia Fernández Epieyu. Se presume que tras las irregularidades presentadas en las elecciones del municipio existían intereses particulares para construir una red de narcotráfico sólida. En este entramado, Víctor Julio Cano Páez, colombiano, se encargaba de captar a funcionarios públicos de elección popular para que hicieran parte de la red. Según el exalcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, el grupo detrás de la red se trata de Timberland 404, que utiliza los corredores en el estado de Zulia para sacar droga hacia Estados Unidos y Europa. La captura el año pasado de Cano Páez fue el primer golpe que sufrió la red descubierta. El Zulia, un corredor de droga La captura de Keyrineth Selenia Fernández Epieyu es un indicio de lo permeado que está el estado por el narcotráfico, ya que se ha convertido en un enclave estratégico para grupos delincuenciales dedicados al tráfico de droga. La posición estratégica del estado, con salida al Mar Caribe por el Lago Maracaibo, lo vuelve un punto importante para los envíos de droga que salen desde Colombia. De acuerdo con Panorama, hay dos rutas identificadas. La “Ruta Caliente”, que pasa por Zulia hasta su capital, Maracibo, y la “Ruta Fría”, que comienza en el municipio de San Cristóbal y llega hasta Caracas. Además, el estado de Zulia tiene cercanía con la subregión colombiana del Catatumbo, una zona que, de acuerdo a InSight Crime, ha tenido uno de los mayores crecimientos de cocaína en Colombia. Precisamente por su ubicación, ha tenido un crecimiento en la presencia de grupos armados colombianos como el ELN y disidencias de las FARC. En este contexto, tras la captura de Keyrineth Fernández, le corresponde al CNE hacer el llamado a unas nuevas elecciones, a la espera de cuáles candidatos se puedan presentar. De momento, pese a que el PSUV la expulsó del partido, el partido queda con una imagen debilitada en el municipio, estando en uno de los pocos estados en el que la oposición en las elecciones del 21 de noviembre tuvo grandes éxitos.

Por: Nataly Triana Guerrero Línea de Democracia y Gobernabilidad La reciente solicitud de revocatoria del mandato de Nicolás Maduro solo fue una ilusión constitucional, como muchas de las actuaciones llevadas a cabo por la oposición. A pesar de los pocos triunfos de este sector político en estados como el Zulia y Barinas, el ventajismo institucional al interior de las autoridades electorales como el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha generado las condiciones para que este mecanismo no surtiera efecto, por ende, no vuelva a presentarse hasta el final del mandato del actual presidente. De acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la revocatoria del mandato es un medio de participación política de los ciudadanos para ejercer soberanía sobre todos los cargos y magistraturas de elección popular. Este mecanismo sólo puede presentarse a mitad del periodo del mandatario por única vez y para solicitarse requiere, inicialmente, la recolección de firmas del 1% del censo electoral por estado. Luego, al ser aprobadas por el CNE, se procede a la recolección de firmas del 20% del censo electoral en cada estado. Posteriormente, al ser admitidas y verificadas, se convoca nuevamente a elecciones del cargo en cuestión. En Venezuela se ha presentado la solicitud de este mecanismo en 2004, 2016 y 2022 contra Hugo Chávez y Nicolás Maduro, respectivamente. No obstante, solamente con Hugo Chávez en el 2004, la solicitud derivó a un efectivo referendo revocatorio que determinó la negativa de revocar el mandato de Chávez con una votación de 58,5%, siendo este hecho reconocido por el oficialismo como “el referendo ratificatorio”. No obstante, ha sido la única solicitud de revocatoria de mandato que el oficialismo aparentemente no bloqueó a través del ventajismo institucional: acciones que permiten el favorecimiento político e institucional que compromete la transparencia e integralidad de distintas instituciones del Estado. En 2016, la recolección de 20% de las manifestaciones de voluntad fue suspendida primero de manera indefinida por el CNE, tras haber acatado las órdenes de la Rama Judicial al existir presuntas denuncias sobre falsa atestación ante funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministros de datos falsos al Poder Electoral en la manifestación del 1% de la población en los estados de Apure, Bolívar, Aragua y Valencia. Posteriormente, esta acción se convirtió de manera indefinida en el jaque mate de la solicitud. Para el 2022, el CNE aprobó tres solicitudes de inicio de procedimiento para una eventual activación de un referendo revocatorio. Estas solicitudes fueron presentadas por el Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover), Todos Unidos por el Referendo Revocatorio y el Comité Ejecutivo Nacional de Confedejunta ligado al Comité de la Democracia Nacional como Internacional. De acuerdo con A.C Súmate, estas solicitudes fueron aprobadas el 17 de enero, sin embargo, solamente hasta el 31 de enero se hizo público en la Gaceta Electoral. Esta acción vulneró, en primera instancia, la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), ya que el CNE tiene la obligación de publicar las gacetas que afecten derechos subjetivos en 5 contados a partir de su adopción, como lo es el referendo revocatorio. A pesar de esto, esta autoridad electoral anunció el 21 de enero que la recolección de 20% de las manifestaciones de voluntad se llevaría a cabo el 26 del mismo mes. No obstante, los términos impuestos hacían imposible la recolección de firmas necesarias para activar el mecanismo de participación, destacándose entre las razones más fundamentales la imposición del desarrollo de esta jornada solamente en un día y no en tres, como se encuentra previsto en las Normas para Regular la Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular. Esta decisión generaba una primera dificultad para poder alcanzar 4.185.998 de los 20.929.987 electores inscritos en el último Registro Electoral (RE), puesto que se redujo el tiempo de recolección de firmas, en este sentido, el tiempo destinado por elector para ejercer su voto. Según A.C Súmate, a diferencia de las elecciones del 21N en las que cada ciudadano tenía alrededor de 3 minutos para votar, en este proceso se impuso que 5 electores debían realizar este proceso en 1 minuto. Así mismo, la disposición de los puntos de recolección fue arbitraria en tanto únicamente se cumplieron con 709 de los 1.2000 centros de recolección anunciados, con el agravante de que el 67% fueron ubicados en parroquias de tendencias favorables al PSUV. Esto sin mencionar que los puntos de recolección solo fueron anunciados 4 días antes de la fecha de recolección, en contrario de las normas de referendos que estipulan que este procedimiento debe darse “por lo menos quince (15) días de anticipación al acto de recepción de manifestaciones de voluntad”. La selección de los puntos de recolección insinúa un posible sesgo político por parte de las autoridades electorales que aumentaba la dificultad de recolectar las firmas. En especial, si se considera que en estos sectores es incluso un riesgo participar en este certamen electoral ya que no además de perder “beneficios” como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), también pueden ser objeto de persecución política. Debido a las condiciones anunciadas, la misma oposición llamó a la no votación y los centros de votación se mantuvieron vacíos. Según el CNE, solamente se obtuvieron 42.421 manifestaciones de voluntad, es decir, solamente el 1,01% del RE. Debido a este resultado el CNE declaró improcedente la solicitud de la revocatoria y declaró sin lugar una nueva solicitud de referendo. El camino de una posible nueva revocatoria es solo viable luego del 2024. El reto de la oposición es crear los caminos democráticos para replicar las elecciones de Barinas en todos los estados de Venezuela tanto para la presidencia como para la Asamblea Nacional. Sin embargo, esto antepone una serie de retos como la falta de transparencia de la actuación del G4 con los activos del exterior y en particular, la ausencia de un mecanismo democrático que otorgue nuevamente legitimidad al gobierno interino.

Por: Laura Cano Periodista Pares El pasado 03 de febrero, a través de las redes sociales de Dignidad Ganadera se publicó una carta de denuncia en la que se exponía que la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegan, estaría ejerciendo presiones a ganaderos de varias regiones para que voten por María Fernanda Cabal, quien está en la lista del Centro Democratico para el Senado. Desde hace más de 20 días, en varias sedes de organizaciones de ganaderos, se hicieron llamados por parte de funcionarios de Fedegan a que debían respaldar a María Fernanda Cabal, poniéndoles cuotas de número de votos que deberían sacar y, chantajenadolos con que, si no lo hacen, no les darán o renovarán el manejo del ciclo de vacunación de fiebre aftosa”, se lee en el documento. Además, también se denunció que estaba llegando publicidad de la candidata para que se pegará en las sedes de organizaciones ganaderas. Así las cosas, se solicitó que el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Zea, y al contralor general, Felipe Córdoba, adelanten una investigación de control administrativo contra Fedegan. Tras esto, José Félix Lafourie, presidente de Fedegan y esposo de María Fernanda Cabal, en entrevista con El Tiempo, aseveró que estas acusaciones son falsas y que responden a una campaña a favor de Jorge Robledo, pues, como mencionó el ganadero “Óscar Gutiérrez crea a Dignidad Agropecuaria para respaldar, desde hace muchísimos años, al Polo Democrático y, por supuesto a Robledo. Hay una campaña a favor de él". Asimismo, agregó que "las organizaciones que realizan la campaña de vacunación no las escoge Fedegan, sino que las definen, a través de un proceso reglado, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), por eso, si un gremio quiere o no apoyar a María Fernanda Cabal está en todo su derecho". Hay que recordar que esta no es la primera vez que a la senadora o los votos a su favor están relacionados con hechos irregulares. De hecho, en 2018 el juez 27 de control de garantías de Bogotá envió a la cárcel La Modelo a John Rafael Garzón y Julián Alberto Gutiérrez, funcionarios de la Secretaría de Integración Social que ofrecieron dinero a trabajadores de este ente para votar por Diego Caro y María Fernanda Cabal. Tiempo después, en entrevista con Revista Semana, la senadora, quien para el 2018 consiguió un total de 37.905 votos, aseguró que “cuando arranqué campaña a Senado hubo un muchacho que pidió el aval en el Centro Democrático, se lo negaron y él se dedicó en alma, vida y corazón, como si fuera culpa mía, a ver cómo me hacía daño", dijo respecto a los hechos que la salpicaban. En ese mismo medio se advirtió que los directamente implicados en el caso pedían a docentes de jardines infantiles que votaran por Cabal, y que de no ser así no se renovaría su contratación. "Para confirmar el compromiso, les exigió la elaboración de un listado con el nombre de al menos diez familiares, sus números de cédula y barrio de residencia y la participación en reuniones a las que asistieron mínimo veinte personas. A algunas de ellas habría asistido como veedor el señor Jhon Francisco Rodríguez, subdirector regional de la Secretaría de Integración Social de la localidad de Kennedy". "Cabal, fundamentalmente, ha gozado de impunidad porque ella y su esposo han construido un emporio político a punta de acciones irregulares y de promover la guerra y la violencia en Colombia. Su cercanía con altas esferas militares, así como su relación con hechos de corrupción comprobados de compra de votos para su campaña y de presiones para que voten por ella, son la prueba de que entre corruptos se cuidan", expone Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares. De hecho, en el Congreso, Cabal ha sido ficha clave para esferas que se han opuesto a la restitución de tierras. Justamente hay que recordar que durante su precampaña presidencial se reunió con el exmagistrado Jorge Pretelt, involucrado en hechos de despojo de tierras y corrupción. Justamente ella fue quien estuvo detrás del Proyecto de Ley 20 de 2019, que como denunciaba en ese momento Coljuristas, “esta iniciativa legislativa representa un grave retroceso para la Reparación a las Víctimas de Despojo y Abandono Forzado y pone en riesgo la restitución formal y material de los predios, así como el goce efectivo del derecho a la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición”. Uno de los objetivos de dicho proyecto, que además había sugerido de varias formas por la congresista, era reemplazar los dos pilares de la Ley de Tierras, dando reconocimiento a terceros de la buena fe, exceptuados de culpa, y motivando a que el llamado segundo ocupante ya no fuera el que tuviera que comprobar si compró la tierra de buena fe, sino que la víctima era la que debía demostrar su despojo. Ahora que de nuevo los escándalos rodean la campaña de esta senadora, que de quedar elegida llegaría por tercera vez consecutiva al Congreso, se esperaría ver cuáles son los intereses que motivan su permanencia en el Senado, pues Cabal no solo ha motivado proyectos de ley per se, sino que con hecho ha obstaculizado procesos necesarios como el Acuerdo de Escazú, el cumplimiento del Acuerdo de Paz y para la reparación con millones de víctimas que dejó el conflicto armado, en especial aquellas que se vieron afectadas por las acción directa de los llamados "terceros de buena fe". Como concluye Esteban Salazar, “no se puede esperar mucho de las acciones que se puedan presentar respecto a la reciente denuncia. No se cayó con compra de votos demostrado por un fallo judicial, mucho menos por esto.Van a buscar algún culpable dentro de la entidad y van a exculparla a ella, pues siempre sacrifican al más inocente”.

Por: Walter Aldana Político social alternativo Las prácticas electorales se venían repitiendo cada cuatro años, al igual que los nombres de la mayoría de candidatas y candidatos. Este 2022 la consulta presidencial y la elección de Senado y Cámara de Representantes tendrá características algo diversas. “Centrémonos en las propuestas y no en los discursos”, decía un líder en el municipio de Mercaderes, como una muestra clara del cambio en las prácticas. Otra característica de esta época es la creatividad versus las formas históricas de hacer la política electoral. Antes, las lideresas y los líderes eran simples operarios electorales que generaban estándares en la publicidad, los actos o las reuniones locales, estimulados por el refrigerio y el tamal. Hoy en día, lo nuevo es que los proyectos organizativos alternativos y la representación social proponen participar no sólo en lo logístico, dicen y hacen: entregan propaganda puerta a puerta con sus propuestas, reflexionan y autogestionan recursos económicos para no depender de financiadores de campañas. Sinceridad y ética “para servir al pueblo y no a sus bolsillos”. En una sociedad decente, cuando la política se convirtió en politiquería y su filosofía noble fue secuestrada por los actores políticos, es importante volver a participar, acercarla al ciudadano libre para que este tome decisiones sobre las políticas públicas que para bien o para mal afectan a la comunidad. Con dignidad popular, son los liderazgos sociales quienes determinan cómo debe ser la campaña en su territorio (las propuestas programáticas locales, las sedes, etc.), rompiendo la práctica tradicional en la que el Senador o el Representante a la Cámara era quien definía. Algunos candidatos (del movimiento social, campesinos, indígenas, afros y urbanos) pueden ser desconocidos en el escenario político electoral, pero no desconocen las necesidades de las comunidades, similares en todos los territorios de nuestro país. O, ¿qué región tiene en sus veredas agua potable, salud y educación de calidad y pertinente? De lo individual a lo colectivo: una cosa es una aspiración electoral que parte del interés personal y otra es una delegación o entrega de vocería a una o un dirigente de organización social. Es por ello que unos presentan propuestas programáticas, mientras otros pronuncian discursos veintejulieros. Regularmente las prácticas se transforman con el tiempo, pero en lo electoral se perpetúan porque ello garantiza el statu quo, y este año la sociedad colombiana, como en Chile, cambiará su rumbo con nuevas prácticas. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.