Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda. De nuevo se ha revitalizado la información acerca de la existencia de la llamada “cláusula Petro”, que ya en las elecciones de 2018 había sido puesta en práctica por el sector inmobiliario, en rechazo a la propuesta de Gustavo Petro de bajar el precio a los arriendos para que a los trabajadores les alcanzara un poco más el sueldo. Sin embargo, esta vez parece ser una suerte de convenio entre específicos empresarios, adeptos a la ultraderecha, que han propagado -con la velocidad de un secreto a voces y desde su ingenuidad de ricos iletrados- que la postura ideológica de Petro es neocomunista, y que el neo comunismo es peor que los paramilitares degolladores de niños, peor que los responsables de los llamados “falsos positivos”, peor que las antiguas Farc y su desalmada estrategia de lucha, y peor que los actuales grupos guerrilleros, bandoleros sin doctrinas y sin intenciones de tomarse el poder del gobierno para entregárselo al pueblo, porque el dinero y las armas obtenidas con el narcotráfico les hacen sentir, no sin razón, que ya lo detentan. El trasfondo de la mentada cláusula –más infundada que la de 2018- llama la atención porque contiene una burda estrategia política contra el candidato del partido Colombia Humana, por cuenta de su ya visible e irreversible triunfo en las elecciones presidenciales de este año. La cláusula Petro –según el doctor Ramiro Bejarano, su denunciante- prevé que la validez o invalidez de algunos contratos se determine de acuerdo a si triunfa o es derrotado Gustavo Petro. Algo muy ingenuo o infantil, pues parecieran estar preparándose para desbaratar el juego en cuanto vean, en la realidad de las elecciones, que lo llevan perdido: “Ante la eventualidad de que Petro llegue a la Presidencia –escribió el doctor Bejarano en su columna de El Espectador[1]-, se ha puesto en marcha la estrategia sucia de incluir una estipulación en los grandes contratos que se vienen suscribiendo, por medio de la cual las partes, dizque en ejercicio de la autonomía de la voluntad, pactan que el contrato solo empezaría a ejecutarse si Petro resulta vencido en las elecciones presidenciales, o que se deje sin efectos si llegare a convertirse en presidente”. Desde los principios morales –pensemos solo en el juego limpio- se trata de una cláusula a todas luces inapropiada, pero desde la mera interpretación formal tiene algunos amparos legales, como la condición solemne de la “concurrencia de dos voluntades” (lo cual implicaría, que de ocurrir la concurrencia, la fuerza y el dolo –que son los principales vicios de un contrato- no existirían; y por tanto no habría ilicitud y tampoco, desde esa óptica, nadie que la aliente estaría constriñendo a nadie). Tiene además el amparo jurídico del Derecho Civil, que a los contratos entre particulares les otorga “fuerza de ley”. Esto dice el artículo 1602 del Código Civil: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. Cuenta también con el amparo de la “libertad económica”, promovido por la Constitución del 91 en su artículo 333, sobre iniciativa privada y empresa o, más exactamente, acerca de los negocios de los particulares y su independencia del Estado y de los otros particulares distintos a las partes: “El estado, por mandato de la ley impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica” (Es decir que a nadie, ni al estado, le está permitido inhibir las estrategias económicas de los particulares que ven en la presidencia de Petro un negativo evento, muy parecido a la “fuerza mayor” o al “caso fortuito”). Y, por encima de estas tres realidades, la Cláusula Petro cuenta con la licitud de las cláusulas especiales, que buscan resolver asuntos que no siendo esenciales para los contratos (como no debe serlo el hecho de que Gustavo Petro asuma la Presidencia) tampoco pertenecen naturalmente a ellos (como no pertenecen las políticas de Petro a los macro proyectos empresariales de los promotores de la cláusula). En efecto, por no estar ligadas coherentemente a la esencia de los contratos e incluso por ser ajenas a estos, estas cláusulas insólitas se tienen por accidentales y podrían agregarse en calidad de estipulaciones, desde luego dentro de una mínima coherencia como –en este caso de la Cláusula Petro- podría ser, por ejemplo, la opinión unánime de expertos en economía y en análisis de contextos políticos, luego de haber visualizado en el programa de gobierno de Petro un insalvable riesgo para las grandes inversiones y para el país mismo. De modo que, interpretando, literal, sistemática y gramaticalmente, el contexto de la mentada cláusula, todo pareciera justificarla y no parece haber cómo develarle su ilicitud, que la tiene. De hecho, esta es la suerte de la mayoría de las cláusulas –yo les llamo “contratos accesorios de letra menuda”: la dificultad para someterlas a prohibiciones formales. Con todo, en Colombia son corrientes los contratos denominados “leoninos” porque, precisamente, por intermedio de las cláusulas especiales –la letra menuda- descompensan el equilibrio que en todo contrato debe existir entre las partes. Los contratos leoninos se aseguran de no caer en los vicios de consentimiento típicos en los contratos –ya dije que la fuerza y el dolo son los principales- y utilizan a cambio cláusulas leoninas con las cuales contravienen el principio fundamental de las obligaciones en Derecho; la “conmutatividad del contrato”. Cláusulas abusivas les nombran formalmente en Colombia a este tipo de estipulaciones, que sortean el acuerdo de voluntades y el consentimiento, haciendo precisamente lo que los promotores de la Cláusula Petro están haciendo: acuerdos de informalidad precontractual que suelen doblar impunemente las voluntades. Algo muy parecido a lo que ocurre con las llamadas cláusulas predispuestas, creadas de corriente por leones; es decir, por los grandes empresarios. En estas cláusulas, una de las partes se impone por su privilegiada posición de poder -por ejemplo, un grupo económico- y la otra decide si lo suscribe o no -por ejemplo, un comerciante o proveedor menor-. Con todo, y pese a las figuras de amparo legal con que cuentan las cláusulas leoninas, las abusivas y las predispuestas, es la misma ley, la que sin espacio a torcidas interpretaciones, se cuida de que existan adefesios jurídicos venenosos como la Cláusula Petro. En efecto, y a propósito del acuerdo de voluntades y de los vicios del consentimiento, el artículo 1513 del Código Civil precisa esto sobre la fuerza: “Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave”. De facto, el temor infundado entre comerciantes y empresarios por parte de los promotores de la Cláusula Petro, es que el país, bajo la administración del candidato del partido Colombia Humana, caerá en un estado de pobreza e injusticia social como el padecido por la Venezuela de Maduro y por la Colombia de Duque; es decir, le temen a un Petro “duquemadurista”. De otra parte, el artículo 1518 del Código Civil da claridad acerca de que el objeto de los contratos no puede ser “contrario a las buenas costumbres o al orden público”. Siendo así, el objeto de la Cláusula Petro –que a mi juicio es un contrato accesorio de letra menuda- más que atentar contra las buenas costumbres –porque los políticos colombianos no las practican o carecen de ellas- atenta contra el orden público, al poner en riesgo el conjunto de condiciones de seguridad –al prever un estado económicamente caótico y de persecuciones-. Igualmente, quita la tranquilidad e inhibe la prosperidad general y el goce de los derechos humanos, fundados precisamente en el juego limpio. Y finalmente, basta decir que en la cláusula Petro hay un objeto ilícito –bien descrito en el artículo 1519 del Código Civil- pues contraviene al derecho público de la nación, que debe precisar y cuidar los derechos individuales y sobre todo la libertad humana; es decir, la libertad de la mayoría –que desea con urgencia un cambio de gobierno- y no la de pocos individuos que viven felices en un mundo de contratos leoninos, de cláusulas abusivas y de estipulaciones predispuestas. [1] Ramiro Bejarano. La Cláusula Petro. El Espectador https://www.elespectador.com › opinión › *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Sipares La cifra de la semana está centrada en el Cauca. Enero lo cerramos con un crítico balance sobre la situación de violencia en este departamento. Con al menos 18 hechos, el país conoció de vulneraciones a liderazgos sociales, indígenas, jóvenes, población civil y fuerza pública. Es por ello que, desde el Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación, SIPARES, recogimos datos sobre la situación de este territorio. Por ejemplo, desde 2016, se han presentado 414 hechos asesinatos selectivos. Conoce más en estas infografías. ¿Cuáles son los liderazgos más victimizados en el Cauca? ¿Cuáles son los grupos que hacen presencia en el Cauca y cuáles son los hechos victimizantes?

Por: Redacción Pares Con Pares Destaca y Pares Cuestiona queremos poner sobre la mesa a los liderazgos sociales, políticos y económicos que merecen tu atención. Esta semana destacamos a una lideresa que lucha con fervor por la preservación del medio ambiente y de las costumbres campesinas. Se trata de Jani Silva, fundadora de la Zona de Reserva Campesina de La Perla Amazónica. Su defensa contempla, además, un enfoque de género, pues, para ella, “si nosotras dejamos que se acabe la Tierra estamos permitiendo que acaben con la mujer”. Por otro lado, cuestionamos a Carlos Camargo Assis, Defensor Nacional. Lo señalamos, otra vez, por sus gastos excesivos como director de la Federación Nacional de Departamentos, por sus decisiones y omisiones en las investigaciones gestadas cuando estaba en el Consejo Nacional Electoral, por favorecer contratos y, entre otros más, por sus viajes personales a Anapoima en medio de la algidez del paro nacional del 2021.

Por: Línea de investigación de Jóvenes El Paro Nacional hizo evidente la digna rabia social de la juventud colombiana. Las calles se llenaron de reclamos convertidos en grafitis, cumbiambas, bailes, sancochos comunitarios, poesía y canto. Pero, al mismo tiempo, se llenaron de represión estatal. En Pereira, en este contexto, dos jóvenes activistas fueron asesinados: Lucas Villa, abaleado en el viaducto Pereira-Dosquebradas el 5 de mayo de 2021 y quien murió una semana después, y Héctor Fabio Morales, que perdió la vida 3 días más tarde, el 8 de mayo. Ante la negativa institucional para brindar garantías para la protesta, y el asesinato no esclarecido de estos dos líderes, un sector del paro buscó en la Gobernación de Risaralda una interlocución que les permitiera ser escuchados. De esta forma surgió la Escuela de Liderazgo Juvenil: Jóvenes liderando la reconciliación. En ella, a través el juego, 20 jóvenes adquirieron herramientas emocionales y destrezas sociales para tramitar sus desacuerdos, superar sus dolores y dificultades personales y reasumir, después del proceso de protesta y violencia sufridos, una re existencia que fuera más allá del solo acto político de resistir en las calles y las barricadas. Consulta toda su experiencia aquí.

Por: Pares Pacífico. El puerto de Buenaventura ya no es una zona de acogida para las víctimas del conflicto armado. Chocó, Cauca, Nariño y de estos departamentos, los municipios cercanos con el distrito se encuentran azotados por una ola de violencia y de desplazamientos que parece no tener fin y donde las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ELN son protagonistas. Históricamente el distrito ha representado un espacio seguro que permitía que las personas de los diferentes municipios que salían de estos, por cuestiones relacionadas con el conflicto armado interno y los diferentes enfrentamientos, salvarguardaran su vida y en la misma medida, su salud mental al no separarse totalmente del territorio y por ende de sus vivencias cotidianas. Lastimosamente, el inicio del año 2022 ha mencionado con más fuerza y desde diferentes medios, el conflicto que azota a Buenaventura desde sus zonas rurales y urbanas y que ha puesto en vilo a la población, obligándolos a convertirse en transmisores de malas noticias y replicadores de información en tiempo real que ha motivado a que las personas que salen de los diferentes municipios tomen la decisión de no quedarse en el contexto y viajar directamente al distrito de Cali. “La gente está saliendo del Pacífico sin mirar atrás y buscando lugares en donde pueda encontrar estabilidad”, comentó Rodallega, desplazado de la Colonia, zona central del Bajo Calima. Construimos un recuento sobre los hechos de las últimas semanas y de la exposición de violencia directa y estructural que desde el 2022 ha golpeado con mayor fuerza el país y el litoral Pacífico. 24 de enero: al menos el 70% de la población del Bajo Calima (la colonia) y de veredas como San Isidro y La Esperanza, se desplazarán en chivas directamente hasta Cali, después de que grupos armados llegarán. 25 de enero: los habitantes de Bazán La Bocana (playa Buenaventura), reportan sonidos de disparos en la madrugada y presencia de personas fuertemente armadas. El capitán de Guardacostas del Pacífico Javier Augusto Bermudez, citó: “se realizó un control militar de Área en la Bocana en donde se impidió de manera oportuna un enfrentamiento entre la banda La Local y una fracción de estos mismo. Esta acción fue muy importante para evitar que hubiera una confrontación más fuerte entre ellos y por supuesto, para garantizar la seguridad a los habitantes”. 26 de enero: se hallan 2 cuerpos flotando en el corregimiento 8, sector de Cisneros. En este mismo día el personero distrital visita el Bajo Calima e informa al Gobierno Nacional el panorama desalentador que puedo confirmar de primera mano. 27 de enero: comerciantes continúan denunciando y cerrando sus negocios por las constantes amenazas y extorsiones. A estas denuncias y exigencias de atención estatal, se suman los transportadores (taxistas, motorratones y trabajadores de colectivos) y cansados de los robos. 28 de enero: capturan a alias “Rambo” en la Bocana (Buenaventura), a alias “Henry” y a alias “Casillas” integrantes del Clan del Golfo en el Bajo Baudó (Chocó) y encargados de realizar acciones como: tráfico de estupefacientes, armas y coordinación de logística para la misma organización. 29 de enero: se presenta alteración de orden en el barrio La Independencia en las horas de la tarde deja sin vida al joven de 16 años, Luis David Ordoñez y 2 más heridas. 30 de enero: encuentran el cadáver de joven mujer a orillas del Río Calima con muestras de violacion. 31 de enero: mujer abandona todo y sale de la ciudad luego de negarse a ayudar a un grupo al margen de la ley en zona continental a reclutar jóvenes para la guerra. También se presenta alteración de orden en el barrio San Luis, lo que deja herido por bala perdida a Luis Campaz. Aún se espera pronunciamiento de las autoridades y de frente a este hecho. 1 de febrero: población del pacifico nariñense se desplaza hasta zonas urbanas de Buenaventura y Cali por posible paro armado. 1 de febrero: gremio de transportadores de cabotaje denuncian extorsiones y robos en el sector de la Palera y solicitan apoyo que les permita sostenerse hasta que puedan volver a transportarse con normalidad a las diferentes zonas del litoral. 1 de febrero: la comunidad estudiantil de la Universidad del Pacífico exigen garantías que les permitan volver a clases presenciales, con transporte público y sin temer por sus vidas. 2 de febrero: Diego Molano, ministro de Defensa, visitó Buenaventura para reunirse con altos mandos de la Fuerza Pública, escuchó la situación actual e hizo la entrega de 34 motos a la Policía Nacional. Con todo lo expuesto se logra evidenciar que el Distrito Especial de Buenaventura se encuentra en jaque, y ante esto la comunidad espera que la situación entorno a la seguridad cambie antes de que los métodos de autoprotección comiencen a fallar y solo quede como solución: salir del territorio.

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina Línea Jóvenes en riesgo y participación juvenil El siguiente artículo tendrá la estructura de entrevista comentada, para este análisis y seguimiento del recién posesionado Consejo Municipal de juventud de Pereira, se entabló un diálogo con el colectivo político Juventud Transformadora, quienes obtuvieron un escaño en el CMJ municipal en representación de listas independientes. La conversación con Kevin Esteban Santana estudiante de Sociología de la Universidad de Caldas, Juan Camilo Vélez, abogado recién graduado de la Universidad Libre Seccional Pereira y la consejera electa Sofía Castaño, estudiante de tercer año de derecho en la Universidad Libre de Pereira, se realizó el día 31 de enero. El diálogo versó sobre tres temas fundamentales: Los CMJ, bancadas con más representación y poder, y un análisis coyuntural de las pasadas elecciones del pasado 5 de diciembre en todo el país. Miguel Ángel Rubio (MR): ¿Cuántas personas votaron para los CMJ (Consejo municipal de juventud) de Pereira, en términos de representación? Y ¿Cuál fue el partido con más votación? Juventud Transformadora (JT): A nivel de Pereira, fueron alrededor de 6.000 votos en las elecciones de los CMJ y la población juvenil de la ciudad es de 120.000 personas con plena capacidad de votar, esto apenas corresponde a un 5%. de personas jóvenes dentro de las cuales se mostró una tendencia muy fuerte a: tendencias alternativas como listas independientes, organizaciones de trabajo y un hecho muy importante, y es que las personas han sabido interpretar dentro de los partidos como sector alternativo a los Verdes, tanto que la votación de ellos fue predominante, pues ellos obtuvieron 741 votos. MR: ¿Esa votación cuántas curules le dio al partido? JT: Le dio dos, casi tres; lo que pasa es que el CMJ se divide entonces en tres secciones. La primera son partidos políticos, que se pelearon 5 curules, luego están las prácticas organizativas que son ONG’s que ya tienen Cámara de Comercio, o juntas de acción comunal y fundaciones, a las que corresponde otras 5 curules, y en las listas independientes que es, o era la más amplia, se peleaba 7 curules. Dado esto podemos decir que: los partidos políticos sacaron 2.433 votos, prácticas organizativas 605 votos y listas independientes 882 votos. MR: Si sumo la información que ustedes me dan, el resultado son 17 escaños y tengo entendido que para el caso de Pereira hay 19 CMJ elegidos. JT: Originalmente son 17 curules dependiendo del censo poblacional, para Pereira alcanzamos 17 curules, hay otras que son 15 y 13 curules; en Pereira tenemos 17, de hecho nosotros obtuvimos esa curul 17 por votaciones, pero hay unas curules especiales determinadas por ley para las comunidades minoritarias, como indígenas, afrodescendientes, víctimas, comunidad LGBTIQ+. Ellos tendrían 3 pero numéricamente al tener 3 seriamos 17 curules ordinarias más 3 especiales para un total de 20. Sin embargo, por concepto del CNE, cuando en una ciudad tenían el tope máximo de curules ordinarias, y se suman curules especiales y la suma total es un número par, las listas independientes pierden una curul por ser las listas con mayor cupo; entonces nos quitaron 6 para poder quedar en 19, hubieran podido aumentar una y ser 21, pero debido al concepto proferido por el CNE, quedamos en 16 curules ordinarias y tres especiales. Es importante aclarar que a los CMJ nunca se nos informó e incluso estas listas independientes, nunca participaron en lo que fue un debate, después de que se llegó a la elección, fue que se informó que se iba a restar una curul porque hay circunscripción de listas especiales. Creemos que esto lanza un mensaje a los jóvenes y a las personas que están dentro del proceso, realmente su vocería nunca se tuvo en cuenta, pues mientras ustedes estaban encampañados, no se les informaba como iba el proceso y eso es algo muy grave. Un primer diagnóstico del problema al momento de elegir los CMJ, es que estos liderazgos políticos no piensan la política en términos del debate, del ágora, de la argumentación; sin embargo según el análisis de Juventud Transformadora, este deber ser del ejercicio de un CMJ, se convierte en algo difícil y utópico, dada la condición de muchos, sino de todos, de ser delfines políticos de viejos liderazgos, curules heredadas, en las que ser CMJ, es un primer paso para mantener la imagen y el trasunto del poder en estás familias o colectividades. La preocupación de este colectivo ubicado en el espectro de los independientes, es evidenciar el hecho de que estás prácticas se han normalizado, y los jóvenes replican prácticas políticas de sus partidos e incluso parientes. La realidad debería ser que el CMJ lleve propuestas de los jóvenes a sus espacios de interlocución con las administraciones, y su deber ser es proponer en pro de las voluntades y exigencias de la juventud. Una de sus misiones es apoyar a la alcaldía de Pereira en la formulación de la política pública, ahora bien, lo están haciendo según Juventud Transformadora, sin estudios zonales, sin métodos de cartografía social, sin una investigación profunda. MR: ¿Cuántos de esos consejeros elegidos son de estratos bajos de la ciudad, 1 o 2? JT: Ninguno. MR: Continúo haciendo énfasis en este tema, debido a que lo espera la población es que, si los jóvenes se volcaron a las calles en las protestas, ¿Por qué no se volcaron con la misma fuerza para estas elecciones? Podríamos entonces decir lo siguiente, la estratificación económica de los representantes a los CMJ es de estrato 3 hacia arriba, pero no existen consejeros de las clases populares estratos 1 y 2 que lleven las demandas del estallido social a esos debates. JT: No existe, y lo otro es la naturaleza con la que fueron concebidos estos CMJ, pues es evidente que el CMJ se creó para estos mismos estratos, primero por que las sesiones se tienen que realizar en el concejo municipal, porque así lo dispone la misma ley, esto supone un problema, imagínese un muchacho cualquiera como nosotros, que debemos ir a estudiar, debemos trabajar, pagar servicios, etc. Pidiendo permisos en la empresa para ir a las sesiones del concejo, que además son sesiones no pagas, es un cargo ad honorem. Esto nos puede llevar a pensar en un probable sesgo de la política pública, pues el argumento de estos consejeros que son de colegios privados es que sus realidades deben ser las mismas que las de las clases populares y las escuelas y colegios públicos. Otro asunto que nos permite hacer lectura de esta ausencia representacional de los estratos populares, es la falta de pedagogía electoral y política, pues se entiende que estas personas pueden salir a protestar, pero al momento de tomar decisiones políticas no confían en las instituciones, son totalmente antisistema y no creen en las elecciones. MR: Esa radiografía que ustedes hacen es muy amplia y certera, y eso me lleva a que conversemos sobre el tema del abstencionismo en Colombia en estas elecciones. Pues de 12.672.168 cerca de un 25% de la población total del país, que median entre los 14 y 28 años, sólo aproximadamente votaron 1.279.452, según cifras de la Registraduría y el porcentaje de participación está cerca al 10%. ¿A qué se debió según ustedes este alto nivel de abstencionismo? JT: Incluso antes de que llegará el día D, el día de las elecciones, ya nosotros sabíamos que iba a ver poca afluencia de jóvenes votando, porque es que incluso los jóvenes participantes del paro decían: el gobierno está lavando su imagen con esto de los CMJ, en el paro nunca se pidió esto, lo segundo es que no hubo pedagogía, y no hay una formación política sólida en la escuela que debería darse desde primaria. Entonces los pelaos que participaron el paro, incluso los de izquierda decían, “Para que salgo a votar si puedo hacer veeduría desde mi casa” La pelea que estamos dando ahora, es que las propuestas y la formulación de la política pública, se haga con insumos traídos de esas comunidades, y no desde la desconexión de los muchachos de estratos medios y altos que no conocen dichas realidades. MR: La siguiente pregunta es entonces, ¿a pesar del diagnóstico que ustedes hacen, porque insistir en tener una representación en los CMJ? JT: Primero porque eso lanza el mensaje de que si no lo hacemos nosotros, le dejaremos el escaño a los partidos de siempre. Segundo porque es un espacio de interlocución, propuestas y veedurías a la alcaldía y otros entes, tercero, también nos parece que, desde el CMJ como organismo de consejería, se supone que deben leer y entender las dinámicas de los jóvenes y proponer alternativas para la administración municipal, es importante entonces en el sentido de las siguientes herramientas. En la construcción de la política pública le permite a los consejeros municipales proponer, pero allí no debe quedar el trabajo, también debe hacer seguimiento al cumplimiento de estás políticas, y otra función es tener capacidad de difusión sobre organizaciones y plataformas diversas de jóvenes para tener capacidad de presión en la toma de decisiones. ¿Cuáles son las conclusiones de este diálogo? Por primera vez se ha activado el Estatuto de ciudadanía joven y se han revivido las intenciones de dar a las jóvenes posibilidades de incidir en las decisiones de sus territorios. Esto por supuesto tiene defectos aún, la cooptación de maquinarias políticas tradicionales, el delfinisnmo político, es decir, herederos del poder que encuentran en estos organismos modos de visibilizarse, y la apenas mínima formación política de los muchachos electos, que los lleva a terminar siendo instrumentalizados para intereses de poder superiores. Los jóvenes empiezan a ser conscientes de la necesidad e importancia de participar en estos espacios políticos, incluso con los altos índices de abstencionismo y con la poca fe en los métodos electorales, esto supone aunar esfuerzos en refinar el sistema electoral colombiano no solo juvenil sino general, en generar procesos permanentes de formación en democracia, en dar dientes a los mecanismos de participación ciudadana, y en que los dirigentes y líderes cumplan con sus funciones y tengan un accionar ético y plural. Los CMJ elegidos, no recogen el sentir del estallido social, pues los discursos periféricos no son llevados a las sesiones de debate, debido a que la estratificación económica a la que pertenecen estos muchachos, no sufrió de modo profundo las demandas del movimiento social, es posible decir sin temor a equivocarnos que no hay consejeros elegidos de los estratos 1 y 2 de la ciudad, que puedan poner en relieve las demandas de sus comunidades. Lo anterior supone sacar también los espacios de pedagogía y difusión que de por sí son pocos y deficientes, de lugares donde no tienen acceso los jóvenes de las clases populares. Llevar esta estructura a las calles, parques, canchas etc., hubiera generado un impacto poderoso en esta gesta electoral. La apenas creación y resurrección de voluntades y mecanismos de participación política a los jóvenes por medios de los CMJ, los hace vulnerables al utilitarismo político de las maquinarias electorales, un riesgo inminente de esto son las elecciones de marzo de este año, las presidenciales y las regionales del 23, donde en estas últimas los cacicazgos políticos son evidentes y trataran de absorber los CMJ para sus intereses de poder.

Por: León Valencia Desde las elecciones presidenciales de 2014 para acá, las izquierdas se han convertido en fuerzas decisivas en las campañas electorales y ahora, en 2022, están a puertas de elegir una gran bancada parlamentaria y disputar con opción de triunfo la segunda vuelta presidencial. No será fácil. El camino está sembrado de obstáculos. Las derechas adelantan una cruzada de miedo, una de cuyas expresiones es la tal “clausula Petro”. Los dineros que están moviendo los clanes políticos, los empresarios y las fuerzas ilegales son cuantiosos. El primero en abrir el grifo fue Duque al reformar la ley de garantías para que la contratación pública fluyera a favor de los grupos políticos en el poder. En 2014, Juan Manuel Santos, quien aspiraba a la reelección, perdió en primera vuelta con Oscar Iván Zuluaga, candidato del uribismo. Santos había tomado el camino de la paz y Uribe le había declarado una feroz oposición. Las izquierdas salvaron a Santos de la derrota en segunda vuelta y por primera vez inclinaron la balanza electoral. En la primera vuelta de 2018 pusieron la segunda y la tercera votación detrás de Iván Duque, y llevaron a Gustavo Petro a disputar la segunda vuelta presidencial, algo nunca visto en el país. Duque ganó gracias a que el Partido Liberal, Cambio Radical y la U arguyendo el miedo a Petro, lo apoyaron y le agregaron 350 municipios y cerca de 4 millones de votos. En las elecciones locales de 2019, las izquierdas -o si queremos utilizar otro lenguaje- las fuerzas por fuera del establecimiento tradicional, ganaron las alcaldías en las principales ciudades y ampliaron significativamente su influencia. El ascenso de las izquierdas ha sido jalonado por cinco acontecimientos: el acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno nacional que abrió el camino para la emergencia de nuevas alternativas políticas; el agotamiento del proyecto político uribista en el gobierno de Iván Duque; el estallido social que mostró la enorme inconformidad subyacente en el país; la pandemia que incrementó la pobreza y la desigualdad en todo el territorio nacional; y por último, la oleada de protestas y cambios en algunos países de la región que han contagiado el espíritu de una Colombia que se había resistido a las transformaciones. Faltan aún cinco meses para la segunda vuelta presidencial. Pero, entre los analistas hay la certeza de que los candidatos más fuertes para disputar la primera vuelta saldrán de las tres coaliciones que realizarán consultas en el próximo mes: el Pacto Histórico; la Centro Esperanza; y Equipo por Colombia por el lado de la derecha. Si esta realidad se confirma quiere decir que a segunda vuelta pasará si o si un candidato de las izquierdas. Incluso, de mantenerse la división de las derechas en tres o cuatro candidaturas, es posible que pasen dos de izquierdas. Sería una sorpresa enorme en la vida colombiana. Las elecciones parlamentarias son otro cuento. Allí los clanes políticos tienen enorme protagonismo y los partidos tradicionales, aún en crisis, tienen un gran arrastre clientelista. No obstante, en esta oportunidad, perderán muchas curules. En el Senado, el Centro Democrático reducirá ostensiblemente su representación, lo mismo el Partido de la U; también Cambio Radical, el Partido Liberal y el Partido Conservador perderán algunas curules. Las bancadas de las izquierdas crecerán y pueden pasar de 40 senadores en un resultado, que sería extraordinario. En la Cámara de Representantes los cambios serán menores, pero significativos. Es, en todo caso, una mirada optimista del momento político que vive el país. Ahora bien, conjurar el miedo que están infundiendo las derechas; superar el sectarismo tan común en nuestras izquierdas; buscar un gran acuerdo de segunda vuelta que incluya a sectores de las élites tradicionales, sin abandonar el espíritu de cambio profundo al que están obligadas las fuerzas alternativas; y enfrentar el fantasma del fraude acudiendo a las veedurías nacionales e internacionales; son parte de los retos que deben enfrentar las coaliciones del Pacto Histórico y la Centro Esperanza para ganar la presidencia. A la hora de gobernar los retos no serán menores. El populismo, el autoritarismo y los gobiernos unipersonales acechan la democracia, tal como lo describe magistralmente Anne Applebaum en su libro el Ocaso de la Democracia. De ese mal no están exentas las izquierdas colombianas que tendrán que hacer un gran esfuerzo por resistir a la tentación populista. También tendrán que hacer una estrategia muy inteligente para mitigar la inexperiencia en el ejercicio del poder nacional en un país bastante complejo a la hora de gobernar.

Por: León Valencia Si la segunda vuelta presidencial fuera hoy, Gustavo Petro y la Coalición del Pacto histórico ganarían las elecciones. Faltan cinco meses para ese momento, faltan las parlamentarias, las consultas entre las coaliciones y la primera vuelta presidencial. Son muchos eventos encadenados con grandes incertidumbres, pero podemos estar seguros de que la segunda vuelta no será similar a la de 2018, donde las derechas ganaron cómodamente la presidencia en cabeza de Iván Duque. A la segunda vuelta de 2018 llegó el uribismo empoderado, después de haber impuesto el No al acuerdo de paz en el plebiscito. Tenía éxito, igualmente, con la propaganda de que Petro y las izquierdas eran la encarnación de Nicolás Maduro, y el futuro de Colombia sería similar al de Venezuela si ganaba esta corriente política, desatando el miedo entre los votantes y entre buena parte de las élites tradicionales del país. Con estas enseñas, Iván Duque logró que, después de pasar a segunda vuelta en compañía del Partido Conservador y las iglesias evangélicas, obtuviera el respaldo del Partido Liberal, Cambio Radical y el Partido de la U, que le agregaron 350 municipios y cerca de cuatro millones de votos. Petro se quedó con el apoyo de las izquierdas y con una parte del voto de opinión. Ha pasado mucha agua bajo los puentes. El gobierno de Duque ha resultado un desastre y termina con una favorabilidad inferior al 30%, lo mismo le ocurre a su mentor y jefe, Álvaro Uribe Vélez, ahora con una baja popularidad y envuelto en graves escándalos judiciales. La pandemia ha profundizado la crisis social y las desigualdades. El estallido social de 2021 dejó ver la desesperación y la inconformidad ciudadana, en especial la desesperanza de los jóvenes. El acuerdo de paz se ha legitimado y ha ganado un mayor respaldo, a pesar de las interferencias del gobierno. Todos los partidos que apoyaron a Duque en 2018 están divididos y una parte de sus lideres migraron hacia las izquierdas. El país pide cambios, pide transformaciones. Estos acontecimientos se reflejan, claramente, en las encuestas del momento y en la disposición de las consultas y las candidaturas. A Oscar Iván Zuluaga, candidato del uribismo, no lo admitieron en la consulta de la Coalición Equipo por Colombia porque, algunos de sus integrantes, piensan que resta más de lo que suma; le tocará, entonces, ir sólo a primera vuelta sino declina en favor de otro en los próximos meses. La Coalición Equipo Colombia tiene encima el sambenito del continuismo, dado que sus lideres y partidos han acompañado a Duque y marca, la mayoría de las veces, de tercera en las encuestas. Las iglesias evangélicas están buscando un candidato propio. Además, ha saltado a la arena política Rodolfo Hernández, un candidato que les araña votos a las derechas tradicionales. Mientras tanto, lo que queda del Partido Liberal y el ala de Cambio Radical, que respalda a Germán Vargas Lleras, no han definido su postura presidencial. Las derechas tendrán, entonces, tres o cuatro candidaturas en primera vuelta y corren el peligro de que pasen a segunda vuelta Petro y el candidato que salga de la consulta de la Coalición Centro Esperanza, en la que puntea Sergio Fajardo. Lo cual sería un giro de 180 grados en el arco político colombiano. De acuerdo con esta fotografía del momento, los escenarios de segunda vuelta serían: Petro y Fico Gutiérrez; Petro y Fajardo; Fajardo y Fico Gutiérrez. Obviamente hay otras variaciones, porque en la coalición Equipo Colombia también puede ganar Alex Char y en la coalición Centro Esperanza tienen opción Galán y Gaviria. Incluso algunos analistas le dan opción de colarse a segunda vuelta a Rodolfo Hernández. Pero la realidad es que las derechas se presentan con mayores divisiones y fisuras que las izquierdas, con candidatos menos reconocidos por la opinión y con un ambiente electoral de cambio, donde el discurso del miedo a la izquierda ha perdido potencia. Preocupa, eso sí, el fantasma del fraude electoral que ha venido rondando en las últimas semanas por los desafueros del registrador nacional, Alexander Vega. Nota: A mis antiguos lectores de El Colombiano, El Tiempo y Semana, les cuento que esta columna saldrá todos los domingos en Pares.com.co, con el filo independiente y critico que me ha caracterizado desde hace 27 años, cuando inicié mi labor de opinión en los diarios nacionales.

Por: Luis Eduardo Celis Siempre ha habido hambre en Colombia, no es un tema nuevo. Miles y ahora millones de familias colombianas no tienen acceso a la suficiente cantidad de alimentos para suplir sus necesidades calóricas día a día. Es un drama que muchos sufren en silencio, un drama desgarrador que sume a las familias en la desesperanza y las marca para siempre, sobre todo a las niñas y niños que la padecen. En 2003, cuando Luis Eduardo Garzón, electo alcalde de Bogotá, formuló el programa “Bogotá sin Hambre”, construido y liderado por Eduardo Díaz Uribe, se hablaba que había por lo menos medio millón de personas que sufrían hambre en la ciudad, una afrenta que fue asumida con una política pública. Desafortunadamente, hoy el hambre sigue rondando en miles de hogares de Bogotá y la geografía es extensa, o pregunten por la Guajira, el Chocó Cauca, Córdoba, Magdalena, Norte de Santander, Cesar, Huila, Nariño y Sucre, donde se concentra la mayor pobreza en Colombia. En la misma administración de Luis Eduardo Garzón, el Secretario de Educación, Abel Rodríguez Réspedes, colocó como primera prioridad para mejorar los procesos educativos, que se sirviera comida caliente en los colegios, dijo sabiamente: “con hambre nadie aprende nada, solo amargura en el corazón”. Desde ahí surgieron los programas de alimentación escolares, que han sido un paso adelante en las políticas educativas y hoy, en miles de colegios, se sirve desayuno y almuerzo; y ha sido toda una revolución. La pandemia ha mostrado la fragilidad de la sociedad en la que vivimos. En estos días la Red de Bancos de Alimentos, que lidera la Conferencia Episcopal, nos dijo que antes del inicio de la pandemia el 89 % de los colombianos comían tres comidas al día, pero para diciembre de 2021, esa cifra bajó al 69,1 %, es decir, casi 14,4 millones de colombianos comían dos veces al día y alrededor de 155.000 ni siquiera alcanzaban a una comida diaria. En estudios del DANE, se afirma que el 54.2 % de las familias colombianas presenta inseguridad alimentaria, y eso lo ratifica la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, que colocó a Colombia entre los países con más alto riesgo de inseguridad alimentaria, lo cual produjo un airado reclamo del presidente Iván Duque. Descaro total. Las causas que los estudios sobre hambre ubican como las determinantes son: pobreza, inestabilidad laboral, escasez alimentaria y desperdicio, infraestructura deficiente, mercados inestables, cambios climatológicos, guerras y conflictos. Todas estas razones están presentes en Colombia, lo cual muestra el tamaño del desafío que tenemos. Colombia está en el grupo de 14 países donde la agricultura puede crecer, es un grupo pequeño en comparación con el conjunto de países donde han llegado al limite de la producción de alimentos. Antes de la apertura económica promovida por el presidente Cesar Gaviria, éramos autosuficientes en alimentos. Luego nos volvimos importadores y, cada año, entran diez millones de toneladas de alimentos que se podrían producir en Colombia a menores costos, si hubiera una política que promoviera al campesinado colombiano y se transformara la propiedad rural. Esa que está hiper-concentrada y si, además, se cambiara el uso de la tierra; hoy la ganadería tiene demasiada tierra y baja productividad. Sin embargo, son unas transformaciones a las que se oponen poderosos que han defendido este antidemocrático orden a sangre y fuego. Afrontar el hambre que hoy viven cerca de cinco millones de familias colombianas implica un enorme reto de política pública que este gobierno no tuvo interés en asumir, negó una renta básica que hubiera podido darles alimentos a estas familias, había los recursos para ello, pero prefirió darle cuantiosos recursos al sector financiero para ampliar sus arcas y no comida a cinco millones de familias. El próximo gobierno debe asumir este reto. Es una afrenta para toda la sociedad que, en Colombia, con tanto potencial rural, la gente sufra hambre. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Laura Cano Periosta Pares El Tribunal de Cundinamarca negó el reconocimiento como víctima de la sociedad “Las Colinas de Guasca Ltda”. De esta hizo parte y fue representante legal Fernando Sanclemente, el exembajador de Colombia en Uruguay, que actualmente está involucrado con temas de narcotráfico. De hecho, en parte de los terrenos de esta propiedad se encontraba la finca “Haras de San Fernando”. Esta finca fue noticia el pasado 12 de febrero de 2020, cuando se conoció que en la propiedad de Fernando Sanclemente se había encontrado, en medio de un allanamiento, tres laboratorios para el procesamiento de cocaína, además de 6896 kilos de sustancias químicas para elaboración de clorhidrato de cocaína y 9453 gramos de cocaína y pasta base de cocaína. Adicionalmente, en el hecho fueron capturados en flagrancia y judicializados: Cristian Gómez Vanegas, Dumer Bohórquez Daza, Jhon Jairo Morales Zambrano, Pablo Castillo Perilla y Jhefer Castillo Gómez, condenados a ocho (8) años de prisión. De igual forma, se señalaba que en la finca de Sanclemente era procesada cocaína que luego era enviada a Estados Unidos y algunos países de Europa. A este predio se llegó por alertas que se habían presentado por una fuente que llevó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos y a la Policía de Colombia a realizar la investigación y posterior operación. Esto, además, tras las indagaciones sobre la presencia de un grupo narcotraficante ubicado en Cundinamarca y Boyacá, que desde el Aeropuerto Internacional El Dorado hacía los envíos de la droga a sus destinos. Asimismo, el 01 de julio de 2020, la Fiscalía dio a conocer que había materializado las medidas cautelares con fines de extinción de dominio a la finca del exembajador Sanclemente. Este operativo, a cargo de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, arrojó, entre otras cosas, la afectación de los inmuebles que tenían un valor comercial $150.000’000.000 millones de pesos, los cuales se encuentran en control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). De esta forma, procedieron la ocupación de “cuatro (4) predios rurales y dos (2) vehículos pertenecientes a la persona jurídica denominada “Las Colinas de Guasca Ltda., una sociedad de la cual hace parte el exembajador de Colombia en Uruguay Fernando Sanclemente e integrantes de su núcleo familiar y fue su representante legal hasta el 6 febrero de 2019”. Posterior a todo esto, quienes han ido desenredando los hilos de este caso han sido los mayordomos de la finca. De hecho, la Fiscalía y el mayordomo, Laureano Martínez, firmaron una matriz de colaboración en el proceso. Y en medio de lo que han dicho, se afirmó que “el arriendo del lote donde fue descubierto el ‘narcolaboratorio’ nunca se hizo a espaldas del ex embajador”, se puntualizó en la W Radio. Según Martínez, el lote se arrendó por $3.000 millones mensuales. Asimismo, en noviembre del año pasado, la Fiscalía, en medio del proceso que se llevaba con los mayordomos, interpuso un recurso de apelación, por lo que el caso llegó al Tribunal de Cundinamarca. Este dejó en firme la decisión, indicando que a pesar de que el apoderado de la sociedad no representa al exembajador Sanclemente, "es inviable obviar que el precitado hace parte la sociedad y al parecer fue quien contrató al procesado para trabajar en la finca en mención, por lo que eventualmente dicha sociedad podría responder como tercero civilmente responsable no sólo en el evento en el que uno de sus socios fuera condenado, sino también en razón a la obligación de vigilancia que tenían respecto de sus empleados". Ahora que no se reconoció a esta finca como víctima, habría que esperar cuál va a ser el curso de la investigación, y si otras de las personas implicadas también encienden el ventilador y aportan a esclarecer las responsabilidades en el caso de la narcofinca.

Por: Laura Cano Periodista Pares Desde finales del 2021, hay un vaivén en la Sala Plena de la Corte Constitucional respecto a una conversación y decisión que urge: la despenaliación del aborto. Se esperaba que hoy jueves, 03 de febrero, se retomara el debate. Sin embargo, de nuevo este quedó aplazado. Esta vez el motivo fue por las recusaciones presentadas contra el conjuez Juan Carlos Henao, pues se ha pedido que este togado se aparte de la discusión, de hecho Henao tiene más de 50 recusaciones que estiman lo mismo. Henao fue uno de los conjueces que salió elegido luego de que el pasado 20 de enero, en la Sala Plena de la Corte Constitucional, se presentara un empate de los togados que votaron en esta discusión. Por ello, el mencionado conjuez y Julio Andrés Ossa resultaron como las personas que hoy definirían el asunto ante la misma sala. También puedes leer: La paridad de mujeres en la Corte Constitucional no ayudó a la despenalización del aborto Sin embargo, Henao se ha visto enfrentado a recusaciones por parte de movimientos religiosos. Uno de ellos, y el que más pronto llegó luego que fuera designado como conjuez, fue de Vilma Graciela Martínez Rivera, quien firmó como investigadora del Proyecto Católico Tejedores de Amor con Dios. En el documento, ella afirmó que el conjuez debía retirarse de la discusión, pues él ya se había pronunciado sobre el tema en el año 2019 en el Semanario Voz. “Creo que hay una posición ideológica en cada ser humano. Yo estoy a favor del aborto, no creo en imposiciones de la religión, no creo que el Estado tenga que ser confesional, que se limite la dosis mínima. Quienes estamos en contra de esta visión que se impone en el mundo, cuyo ejemplo más visible es Donald Trump, tenemos que seguir luchando por la libertad”, decía Henao en la entrevista, como fue citado en El Tiempo. Por su parte, el movimiento Causa Justa se pronunció en su momento al respecto, y anotaron que: “Sería desproporcionado considerar, únicamente a partir de las afirmaciones de las recusantes y de las notas en prensa, que el conjuez Henao no fallará con base en el respeto al derecho y en cumplimiento de su deber de imparcialidad (...) Por el contrario, y dada la importancia de las funciones que ejercen, se exige de dichos funcionarios conocimientos sólidos y rigurosos sobre los asuntos que serán sometidos a su consideración”, plantean estas organizaciones”, se mencionó. No obstante, y a pesar de que se ha insistido en la urgencia de que la Sala tome una decisión, por ejemplo, tras el caso de Lorena Inmaculada Gelis Palomino, quien en enero de este año murió a raíz de un procedimiento mal hecho e irresponsable en un centro médico de Barranquilla; la Corte, de nuevo, aplazó este tema. Los aplazamientos han sido una constante. El más reciente, como se mencionó más arriba,se dio a causa del empaté que hubo, en donde los magistrados Alberto Rojas, José Fdo. Reyes, Antonio J. Lizarazo y Diana Fajardo votaron a favor; mientras que Cristina Pardo, Paola Meneses, Jorge Ibáñez y Gloria Ortiz, decidieron ir en contra de la despenalización del aborto. Antes de esto, en noviembre de 2021, cuando se iba a definir el tema, el magistrado Alejandro Linares se declaró impedido luego de haber dado declaraciones públicas sobre el tema en medios de comunicación. Tras esto, los magistrados debían definir si era aceptado o no el impedimento, sin embargo, esto no se logró resolver, pues resultaron 4 votos a favor del impedimento y 4 votos en contra, quedando suspendidos los términos para tomar la decisión frente a la despenalización. Lea también: Quedó estancado el debate sobre la despenalización del aborto Reacciones sobre este nuevo aplazamiento Desde la Red Nacional de Mujeres, Beatriz Quintero, directora de esta organización, señaló que “esta estrategia de obstaculizacion viene de los grupos antiderechos y fundamentalistas para generar retrasos, pues desde este sector se está esperando que se dé el cambio de la presidencia de la Corte Constitucional, a donde llegará pronto la señora Cristina Pardo, una de las opositoras a despenalizar el aborto. Y es que, además, no se puede pedir que durante la vida de los magistrados estos no hayan opinado sobre ningún tema”. Adicionó que: “despenalizar el aborto, además de urgente, es una causa justa con las mujeres. Nos preocupa que la señora Pardo se dedique a obstaculizar todavía más esta decisión”. Asimismo, concluyó que: “A las mujeres nos encargan de cuidar la familia, de los hijos, los discapacitados, los niños, pero no nos permiten decidir sobre nuestro cuerpo y sobre cuándo queremos o no tener hijos. Es una sociedad contradictoria. Por un lado, nos da una súper responsabilidad, pero en lo que tiene que ver con una decisión personal nuestra, ahí sí no lo permiten, y ponen a otras personas a decidir por cada una de las mujeres del país”. Por su parte, María Isabel Niño, asesora juridica y de incidencia de la Mesa por la Vida y la Salud de las mujeres, se sumó a esta preocupación “pues es u hecho que todavía no se va a decidir de fondo las demandas presentadas que piden la elimicación del delito del aborto, y la consecuencia de esto es que ciento de mujeres en Colombia siguen enfrentando la amenaza de cárcel por decidir sobre su cuerpo, además, también muchas de nosotras siguen bajo los riesgos que significa realizarse un aborto fuera del sistema de salud”. Hoy, de nuevo, se insiste en que se tome una decisón rápida, una decisón que además tenga presente todos los contextos que viven las mujeres que se enfrentan a abortos clandestinos. Además, en medio de un año electoral, se invita también a este debate en todos los escenarios, pues Colombia debe avanzar y garantizar el bienestar de las mujeres y las maternidades deseadas.

Por: Laura Cano Periodista Pares Luego que se le diera la libertad en 2018 por someterse a la JEP, este 2 de febrero en Pasto, Nariño, fue capturado el coronel del Ejército (retirado) Róbinson González del Río, a quien esta vez se le víncula con la banda narcotraficante Los Contadores, que opera en el departamento de Nariño, y que ha sido la responsable de varios hechos violentos en el departamento. Los Contadores, grupo con el que se vinculó a González del Río, es una subestructura de la Cordillera Sur del Clan del Golfo, además, estaba liderada por alias “Matamba”, actualmente capturado y a la espera de su extradición. Asimismo, hay que mencionar que además de González del Río, más de diez personas también fueron capturadas tras varios operativos que se hicieron en el marco de investigaciones por vínculos con organizaciones al margen de la ley. Estas fueron detenidas por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir agravado, cohecho y lavado de activos. Los operativos fueron realizados en Bogotá, Florencia (Caquetá), Cali (Valle del Cauca), Cúcuta (Norte de Santander), Ibagué (Tolima), Medellín (Antioquia) y Pasto (Nariño), donde se hizo la captura del ex militar. Idas y venidas judiciales de González del Río Esta no es la primera vez que el ex coronel enfrenta procesos con la justicia. Robinson González del Río fue coronel del Ejército hasta 2014, y en medio de lo que fue su carrera como militar se le abrieron varios procesos, no menores. En dos ocasiones se le ha involucrado con tener responsabilidad en los asesinatos de civiles que luego serían presentados como bajas en combate, es decir, con ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’. La primera vez que se vio enfrentado por estos casos fue en 2015, cuando se le acusó por el asesinato de 31 personas. No obstante, este caso quedó en un limbo, pues el fallo que implicaba y condenaba al exmilitar fue tumbado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Antioquia. Sin embargo, en 2016, el Tribunal Superior de Manizales le impuso una condena de 37 años y cinco meses de prisión por el delito de homicidio en persona protegida, pues dos de las personas que habían sido asesinadas de las más de las 30 personas con las que había sido relacionadas González del Río, fueron menores de edad dedicados a la compraventa de vehículos en una vereda de Neira, Caldas. Estas ejecuciones tuvieron lugar en septiembre de 2007, año en el que el implicado era comandante del Batallón Contraguerrilla N° 57. Para el momento de la condena, el ex uniformado fue enviado a la cárcel Picaleña de Ibagué. “Se le condenó por su participación en las ejecuciones extrajudiciales de Janiot César Sepúlveda Ámbito y de Javier Andrés Moreno, el 29 de septiembre de 2007, cuando mediante engaños fueron llevados por Juan Carlos Arenas Huertas (condenado a 50 meses por este hecho) a la vereda Trocaderos del municipio de Neira, para ser fusilados y luego hacerlos pasar por integrantes de grupos alzados en armas”, informaba RCN Radio. No obstante, en el 2017 González del Río pidió junto a otros 52 uniformados ser incluidos en la Justicia Especial para la Paz (JEP) y así conseguir los beneficios de los acuerdos de paz. El argumento de estos militares era que sus casos eran competencia del alto tribunal, y no de la justicia ordinaria. De hecho, en 2018, y tras acogerse a la JEP, el coronel Róbinson González del Río quedó en libertad. Hay que resaltar que lo anterior ha sido respecto a lo que tuvo que ver con la responsabilidad de González del Río con casos de falsos positivos. Sin embargo, en el 2014 la Revista Semana reveló audios en los que se evidenció que el militar estuvo involucrado en un entramado de varios negocios ilegales y licitaciones amañadas. Así mismo, se hablaba de sobornos para manipular algunos procesos. Señala Infobae, que: “Según los audios que se conocieron en ese entonces, el exmilitar había estado relacionado con sobornos a magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. En una de esas conversaciones, con el entonces magistrado de la Sala Disciplinaria de ese tribunal, Henry Villarraga, el coronel en retiro hablaba del traslado de su casos de la justicia ordinaria a la penal militar. Por ese traslado que pretendía González del Río había una suma de dinero de aproximadamente 400 millones de pesos. (...) Así mismo, en otra ocasión fue investigado por presuntamente sacar armamento que pertenecía al Ejército Nacional para venderlo en el mercado negro”. Ahora, faltará ver qué pasa con este nuevo capítulo que se abre en el historial criminal de González del Río. Sobre esto, Sebastián Escobar, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR, mencionó que “la JEP se debe abrir un incidente de incumplimiento al régimen de condicionalidad, el cual hace referencia a los compromisos que los comparecientes a la JEP adquieren el por hecho de someterse a esta jurisdicción. Entre los compromisos está no reincidir en conductas criminales. Siendo así, este hecho se convierte en una causal de incumplimiento de este régimen de condicionalidad. El procedimiento de incidente de incumplimiento puede conducir a múltiples tipos de sanciones, la más drástica podría ser la exclusión de los beneficios de la JEP”. Hay que aclarar que la competencia para investigar hechos posteriores a la firma del Acuerdo de Paz es de la Fiscalía, por lo que será este ente el que deberá investigar los más recientes hechos cometidos por González del Río. No obstante, aún se espera la decisión producto del incidente de incumplimiento, lo que definirá qué pasará con los otros procesos en los que se ha vinculado a este ex militar.