Por: Redacción Pares La Asociación Campesina de Arauca (ACA) conmemora dos años de la muerte de Luz Perly Córdoba Mosquera, dirigenta social, líder campesina y defensora de los derechos humanos. Hoy, cuando la situación en el departamento parece incontrolable, sus compañeros y compañeras escriben un comunicado para exaltar su legado y, en honor a su memoria y las luchas que gestó, también reclaman a las insurgencias el silenciamiento de los fusiles y a las autoridades locales y nacionales la construcción de propuestas “serias y aterrizadas” para superar la crisis araucana. “Los únicos responsables por acción y omisión de la guerra que hoy se vive contra el pueblo araucano; es la burguesía y Estado Colombiano. El fracaso casi rotundo de los acuerdos de la Habana con las Farc y los diálogos con el ELN, el rearme de las guerrillas, la existencia de un estado fallido en Arauca, son responsabilidad exclusiva de este Estado colombiano indolente que ahora se lava las manos diciendo que lo de Arauca es una guerra entre bandas criminales orquestada desde Venezuela. La falta de voluntad de parte de la burguesía colombiana para lograr una paz verdadera, atizan hoy con más fuerza el conflicto social y armado en el país”. Comunicado ACA Compartimos sus voces que recuerdan todas las veces que Luz Perly denunció la situación de su departamento, situaciones que, desafortunadamente, parecen inmutables. Conoce el comunicado completo aquí

Omar Gutiérrez Máster en Ciencias Políticas, Economía y Relaciones Internacionales. Sociólogo/ Investigador Social. Mi intervención gira alrededor de dos dimensiones de la vida araucana; la política y el conflicto armado. En lo fundamental desde 2003, año de importantes cambios en este territorio por lo que mencionaré. También desde 2016 año en que se materializa el proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC. Lo que sustento a continuación tiene un carácter histórico-político y está sujeto al debate. Tampoco representa la posición de una organización o institución. Menos puede ser considerado como verdad establecida y representa ante todo un punto de vista personal. Aun así, es resultado de un largo proceso de trabajo investigativo en el territorio en mención. Subsiste además el deber ético de pronunciarse con prudencia dada la confusión que reina por los sucesos de enero. Decir primero entonces, a manera de hipótesis, que: 1) A diferencia de lo sostenido por diversos analistas y medios de comunicación, pienso que la situación vivida en Arauca, en particular desde 2018, no tiene una relación fundamental con el narcotráfico y/o las disputas por sus rutas. Tampoco con el contrabando de gasolina o las rentas del petróleo. Sostengo, en cambio, que se debe a una lucha por el poder en un nuevo ciclo del conflicto armado. Con notables diferencias a lo sucedido antes de 2016. Esto, sin embargo, no significa la ausencia de fuertes intereses ligados con estas actividades económicas ilícitas. Pero valga subrayar que lo económico es aquí un tema subordinado. 2. Cuando hablo de poder me refiero a la capacidad efectiva de recibir obediencia de la población civil y de controlar un territorio y su economía. No importa, en principio, calificar este poder de legal o ilegal; estatal o irregular o subversivo. Además, porque esta capacidad no ha sido un atributo exclusivo del estado ni ahora, ni en 1980 cuando aparecen las guerrillas en Arauca. Tampoco se limita al ejercicio de gobierno civil o la presencia armada de la fuerza pública o de estas guerrillas. 3. En esta perspectiva, la del ejercicio del gobierno civil, se puede incluso decir que las alcaldías y gobernaciones han sido ocupadas, a partir de 2003, por partidos o coaliciones abiertamente afines a los gobiernos nacionales, con el Partido de Unidad Nacional y Cambio Radical. Es decir, gobiernos que pueden ser calificados de derecha, en el espectro ideológico. Tampoco las guerrillas han ejercido una presencia armada permanente, ostensible y cotidiana frente a la población civil, su influencia ha sido, entonces, también política y social. 4. A toda esta situación, se agrega, entre 2013-2014, una nueva realidad fronteriza resultado, por una parte, del balance de fuerza en el conflicto armado en Colombia y por otro, de los cambios en la situación política y económica en Venezuela. Con la muerte de Chávez (2013), la preocupación por la seguridad en esta zona se agudiza y acerca intereses locales de uno y otro lado de la frontera, esta vez con un papel más activo de las guerrillas, en especial el ELN. Indirectamente, a esta situación contribuyó la torpe posición del gobierno colombiano a partir de 2018 (Iván Duque). En este escenario, desde Caracas se teme una agresión en escala ascendente desde el lado colombiano; por su parte, las guerrillas han reacomodado sus estrategias y ven en el territorio venezolano una oportunidad efectiva de recursos de diferente tipo, incluido el apoyo interesado de sectores políticos y sociales. En payo de lo anterior, debo decir lo siguiente: En Arauca, el narcotráfico no echó raíces. La breve historia al respecto se circunscribe a la presencia paramilitar de los hermanos Mejía Múnera, entre 1999 y 2006. En realidad, este territorio ha sido marginal en lo que se refiere a la existencia de cultivos ilícitos en el país. En su momento de mayor auge, en 2001, apenas alcanzó el 1,6 % del total nacional de esta cifra. Año que coincide, precisamente, con la ofensiva del Bloque Vencedores en el territorio. El foco de tales cultivos estuvo en Arauquita y Tame; en menor medida, Fortul, Saravena y Puerto Rondón. El primer municipio de fuerte control de las FARC; el segundo de disputa entre guerrillas y paramilitares y el último de establecimiento del Bloque Vencedores. En años posteriores, hasta 2003, la tendencia fue el decrecimiento, pero luego se revierte hasta alcanzar un máximo en 2007, año de plena disputa (la primera) entre las FARC y el ELN. Curiosamente, este mismo año, Arauca registra mayor superficie en coca que Norte de Santander; 2.116 has y 1.946, respectivamente. No por azar este crecimiento del cultivo y la producción de base de coca fue una de las razones del enfrentamiento entre estas guerrillas. Saldado este enfrentamiento, en 2010, el protocolo que se estableció incluyó la erradicación de la coca. En verdad, 2010 marca el momento de la casi desaparición de estos cultivos en Arauca y su logro se achaca al acuerdo entre las guerrillas y, sobre todo, a la decisión expresa del ELN sobre este punto. No a la intervención del estado. Al no ser el narcotráfico el factor fundamental del conflicto armado en Arauca, ni existir bandas paramilitares, la supuesta financiación de las guerrillas se cifra en otras fuentes, menos opulentas. Como pudieran ser la extorsión o pago de contribuciones de propietarios y comerciantes o empresas contratistas de obras o suministros, en especial al petróleo. Y en ciertas ocasiones el secuestro. Las rentas petroleras que obtienen los municipios por regalías, vía participación en contratos. El contrabando de gasolina en la frontera, el pago por el paso de mercancías en la misma zona, etc. A lo sumo, pudieran existir rutas de transporte aéreo de cocaína siendo éstas relativamente menos destacadas que las existentes en otros territorios. Así, lo observado desde 2018, con el aumento de los asesinatos de civiles, por ejemplo, podría estar asociado realmente (por lo menos en parte) con el intento de instaurar de fondo esta actividad en Arauca. Además de tener conexión con lo sucedido en territorios vecinos con la zona limítrofe de Cúcuta y El Catatumbo, donde el narcotráfico tiene, por el contrario, ya una larga historia. Es esto lo que se puede entrever con el resurgimiento de los frentes 10 y 28 o con el intento de instalación del llamado Tren de Aragua (entre 2018 y 2021). Desde 2003, el departamento ha estado gobernado por sectores cercanos al Uribismo. En efecto, la elección de Julio Acosta ese año tiró por la borda la historia de sucesiones partidistas en las administraciones ligadas al liberalismo y a la Unión Patriótica, muy comunes en las décadas de 1980 y 1990. Ese fue un momento de ruptura en que se logró consolidar un apoyo político-electoral a las políticas que desde Bogotá impulsaron la lucha contra las guerrillas, por no decir, de abierta alineación con el paramilitarismo, entre 2003 y 2006. Valga decir, entonces, que Cambio Radical y el Partido de la U han gobernado Arauca en los últimos veinte años (Freddy Forero, Luis E. Ataya, Facundo Castillo, Ricardo Alvarado, etc.). Es más, el inicio de la gobernación de Acosta Bernal, en 2004, casi coincide con el enfrentamiento entre las FARC y el ELN en Arauca. Además de esto, su candidatura se abrió paso en alianza con el Bloque Vencedores, que dirigió la eliminación física de aquellos que se le oponían. Entre estos asesinados estuvo el registrador departamental Juan Alejandro Plazas Lomónaco, crimen por el cual fue condenado Acosta. Adicionalmente, se mencionó la existencia de una lista de cincuenta líderes políticos y sociales que el mismo Acosta Bernal entregó a los Mellizos Mejía Múnera para ser asesinados. Lo anterior produjo un incremento en estos graves crímenes entre 2002 y 2003. En síntesis, para 2004 habían confluido varios procesos: Uribe había asumido el poder; Arauca era declarada zona de rehabilitación y consolidación y Julio Acosta Bernal llegaba a la gobernación apoyado por los paramilitares y a nombre del partido Cambio Radical. Además de esto, buena parte de la dirigencia política y social del departamento estaba en la cárcel bajo una investigación adelantada por la Fiscalía dirigida por Luis Camilo Osorio y el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, entonces, a cargo de Jorge Noguera. Este particular escenario determinó cambios en la política y los procesos electorales hasta hoy, los más importantes, repito: la desaparición de la Unión Patriótica y el retiro del Partido Liberal de la conducción del gobierno de Arauca. Igual, esta historia de ingobernabilidad en Arauca parece repetirse ahora con la destitución del Gobernador Facundo Castillo, el nombramiento interino de un militar retirado en su lugar, Miguel Navas, y las investigaciones contra el anterior gobernador, Ricardo Alvarado. Acusados juntos de estar al servicio del ELN. Hechos que parecen coincidir con un nuevo periodo de enfrentamiento entre las resurgencias de las FARC y el Frente de Guerra Oriental del ELN. Lo que nadie se ha propuesto explicar es cómo estos sectores cercanos al uribismo, en las sucesivas gobernaciones, terminan supuestamente aliados con el ELN. Como fuere, en este contexto de crisis política recurrente ligada al conflicto armado y a los intentos del narcotráfico por anidar en Arauca cobra fuerza la hipótesis según la cual más allá de una particular disputa entre grupos armados, está es en juego una reconfiguración de la economía y el poder de facto en el territorio, además de una mayor sujeción de la población civil a estos grupos. En este mismo escenario, como puede inferirse, el gobierno central y las fuerzas armadas no están ausentes; en realidad toman posición en apoyo de alguno de estos mismos sectores o grupos. Pero es precisamente en este nuevo contexto, que como se advierte tampoco es reciente, cuando toma forma el nuevo escenario de disputa armada en Arauca. Que, a mi parecer, apunta, además y de nuevo, a destruir -en buena parte, por lo menos desde el estado- el poder y la influencia social acumulada por el frente Domingo Laín durante cuarenta años. Mientras tanto, las guerrillas mantienen un acuerdo de convivencia y acciones conjuntas vigente, en lo básico, por lo menos hasta 2018, que les permitió aumentar su capacidad de fuego a través de operaciones conjuntas. Pese al relativo aumento del conflicto en estos años (2011-2015), 2016 significó un año de caída de los indicadores de acciones bélicas y violencia política. Sin embargo, poco después se reanudó la tendencia al incremento de los mismos marcadores (2018). Un nuevo otro ciclo parece arrancar bajo lógicas y apuestas parcialmente distintas al periodo anterior (2003- 2016). En adelante, por ejemplo, el conflicto armado admite un factor de tensión mayor con respecto a lo que sucede en territorio venezolano. En consecuencia, la frontera toma cada vez más forma como un espacio de conflicto peculiar, a menos que los gobiernos de cada país modifiquen sus políticas recíprocas. Luego de la muerte de Chávez, (marzo de 2013) los gobiernos de ambos países llegaron a acuerdos en materia de seguridad, intercambio de información y coordinación de operaciones conjuntas, los flujos migratorios se incrementaron debido a los desplazamientos forzados en Colombia. Al mismo tiempo, se registraron movimientos de retorno al país por el deterioro de las condiciones económicas en Venezuela. Igualmente, el contrabando de combustible, alimentos, medicinas, materiales de construcción, repuestos, entre otros, registró un fortalecimiento debido al diferencial cambiario. La política cambiaria, monetaria y de precios en Venezuela contribuyó con ello. Como fuere, desde 2015, de manera especial en los alrededores de Cúcuta, el cierre de los pasos oficiales reconfiguró las disputas entre algunos grupos armados - denominados pos-desmovilización o neo-paramilitares- alrededor del control de los pasos ilegales -trochas-, debido, en parte, al cobro de un pago -renta- por la movilidad de personas y el contrabando de mercancías. Esta situación, unida a la intensificación del flujo migratorio de población venezolana hacia Colombia, recrudeció la violencia y las dinámicas del conflicto armado entre estas bandas y las guerrillas. Entonces aumentó el saldo de muertes violentas, las graves violaciones de derechos humanos y la vinculación de población venezolana en las estructuras de los grupos armados y las redes de microtráfico, trata de personas y explotación sexual. En síntesis, las tensiones entre los gobiernos, el diferencial cambiario, los sistemas de precios, la corrupción de miembros de las fuerzas de seguridad y de las instituciones locales facilitaron la consolidación y/o aparición de nuevas estructuras criminales, que se disputaron negocios, mercancías, rutas y territorio a ambos lados del límite. Esto es particularmente cierto en la frontera de Norte de Santander dado que, desde 2015, se consolidó como un espacio dominado por la violencia, la ilegalidad y la criminalidad, en apariencia indiscriminada, de distintas bandas y guerrillas que se disputan el control territorial y del corredor fronterizo para el desarrollo de una economía de guerra. Finalmente, la situación política venezolana se convirtió en centro de atención internacional y, en la misma coyuntura, Colombia se posicionó como principal apoyo de los sectores opositores al gobierno de Caracas, con amplio respaldo de la OEA, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y el Grupo de Lima. Este escenario recrudeció las tensiones bilaterales y ha imposibilitado un diálogo binacional que permita abordar la situación de la frontera desde una perspectiva social y humanitaria; además de la diplomática, comercial, etc. Así, la nueva etapa del conflicto armado se podría caracterizar, en principio, como de disputa por el territorio -segmentación y fragmentación - en la que se ponen en juego nuevas estrategias y tácticas. Así, mientras a lo largo de la frontera con Venezuela (no solamente Arauca), las Fuerzas Armadas delegan cada vez más la lucha contra las guerrillas en los denominados neo-paramilitares o grupos armados organizados -GAO- o esperan los resultados favorables de los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC, el ELN y el EPL; éstos mismos grupos reacomodan sus apuestas políticas y militares. De un recorrido histórico de quince años de conflicto (2006- 2021) la conclusión más importante es, quizás, la fractura territorial de los órdenes instaurados en algún momento por las guerrillas, muy relacionada ésta con la eventual crisis política de los proyectos insurgentes. Estos resultados son consecuencia de la guerra contra el estado, pero también de los infortunios vividos en las conversaciones y negociaciones de paz. Igual, se encuentran atravesados por el nuevo auge del narcotráfico y las economías ilegales en la frontera. Incluso parece ser algo deseado y calculado por sectores que todavía se benefician de este estado de cosas inconstitucional. Resaltar apenas que, iniciada la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, el estado asumió con desprecio su tarea de llevar seguridad y gobernabilidad civil al territorio. Al finalizar 2020, cerca de 23 excombatientes habían sido asesinados. Primó la coerción sobre la construcción de confianza y la legitimación de tales acuerdos. No hubo un gestor institucional con decidido poder para un periodo fundamental de transición a la paz. A su vez, los grupos guerrilleros sobrevivientes, en concordancia con sus intereses, se adaptan, como se mencionó, a las nuevas condiciones de esta guerra asimétrica. En este contexto, la situación de la población civil continúa en medio de la completa incertidumbre. ¿Qué se dice, entonces, con lo sucedido a partir del 2 de enero de 2022? De forma abierta, poner fin a los acuerdos que se habían establecido desde 2010, entre las FARC y el ELN, sin posibilidades prontas de un diálogo. Se abre una nueva etapa de confrontación tan o más intensa que la anterior (2005-2010) con imprevisibles consecuencias. Fue una muestra de poder coercitivo del ELN contra presuntos integrantes de las disidencias. Sin embargo, esta misma acción se convierte en la puerta de entrada para acciones de similares de otros grupos contra la población civil. Involucra a otras fuerzas, entre ellas las existentes al otro lado de la frontera. (regulares e irregulares. v.gr. Fuerzas Bolivarianas de Liberación). Pero también advierte del proceder de la inteligencia militar colombiana (v.gr. presencia de mercenarios y asesores) en un segundo escenario de confrontación después del conocido en la zona rural de Cúcuta y Catatumbo (2018-2020). Muestra la insistencia del gobierno colombiano en una guerra contra-insurgente muy agresiva y de hostilidad con su homólogo venezolano; además de la intención de aplicar una nueva táctica para acabar con el Frente de Guerra Oriental del ELN. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Camilo Díaz Suárez Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad El pasado 25 de enero, el presidente Iván Duque sancionó la Ley 2197 de 2022, conocida como la Ley de Seguridad Ciudadana. Para ello, incluye una serie de reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y al Código de Extinción de Dominio. De esta forma, pretende crear y fortalecer algunos instrumentos jurídicos para que las autoridades puedan “garantizar” dicha seguridad. Sin embargo, la inclusión de ciertas reformas ha causado polémica por los riesgos que pueden acarrear. Eso llevó a que la oposición decidiera demandar la ley, mientras se espera la revisión por parte de la Corte Constitucional. Estos son algunos puntos clave y peligrosos de la ley. La legítima defensa privilegiada Entre las normas que modifican el Código Penal, el artículo 3, en su numeral 6.1, de la Ley de Seguridad Ciudadana introduce la “legítima defensa privilegiada”, dictando que se podrá ejercer la fuerza letal para repeler o rechazar una agresión al derecho propio, cuando haya una amenaza por ingresar a alguna propiedad privada sin autorización, siendo limitada a la vivienda y el carro, sin acarrear responsabilidad penal. Esta modificación lo que introduce es la proporcionalidad a la hora de ser juzgada una acción de legítima defensa. En palabras de Daniel Palacios, ministro del Interior, utilizar la fuerza letal presume la legalidad cuando dicho ejercicio iría en proporcionalidad al riesgo que tenía la vida de la persona que lo realizó. Si bien la legítima defensa ya se encontraba en el ordenamiento jurídico colombiano, cabe aclarar que la denominación de legítima defensa cuenta con dos acepciones. La primera de ella es la real o efectiva, que supone que una persona se está defendiendo de una amenaza real. Por su parte, la presunta o privilegiada implica la presunción de que una persona que ejerció esta defensa se encontraba en un estado que lo ameritaba. Es decir, es un privilegio que goza la persona que ejerció la defensa sin que necesariamente exista claridad sobre la naturaleza o magnitud de la agresión. La legítima defensa privilegiada presume que cualquier persona extraña que ingrese a la vivienda o al carro de quien ejerce la defensa es un injusto agresor que ejerce una fuerza de ataque sobre un injusto agredido que ejerce un fuerza o violencia de defensa. Eso ha llevado a que abogados como Francisco Bernate consideren esto una legalización de la pena de muerte. Penas por el uso de la capucha y aumento en las condenas por atentar contra la infraestructura pública Por su parte, el artículo 16 de la Ley adiciona al Código Penal el artículo 353B, que considera circunstancias de agravación punitiva emplear “mascaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten”. En todo caso, este artículo pone un limbo; toda vez que no es una obligación mostrar la identidad en el espacio público. Sin embargo, a raíz de los hechos vividos en el paro nacional del 2021, la medida ganó aprobación debido a la criminalización del símbolo de la capucha en la protesta social. El asociar la capucha con hechos vandálicos en la protesta social llevó a que, incluso, se propusiera un proyecto de ley anti-capuchas la pasada legislatura. Si bien detrás del uso de la capucha hay varias razones como el de defensa a la integridad ante la posibilidad de posibles abusos policiales, la medida es un absurdo por el hecho de que no es obligación mostrar la identidad. Eso llevó a que desde sectores de la oposición se calificara la medida como una persecución a la protesta social, por ser una herramienta para facilitar la judicialización de manifestantes. Por otro lado, la oposición también planteó su posición con respecto al tema de la infraestructura; considera una persecución el que se aumentaran las penas por atentar contra la infraestructura pública. En el artículo 14 de la Ley de Seguridad Ciudadana se estableció que la pena “será de cuarenta y ocho (48) meses a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión cuando se afecte la infraestructura' destinada a la seguridad ciudadana, a la administración de Justicia, el sistema de transporte público' masivo, instalaciones militares o de policía”. Esta medida fue calificada por el presidente Iván Duque como una estrategia para atacar el vandalismo para legitimar causas. Recrudecimiento de penas y el hacinamiento carcelario Entre otras medidas que plantea la ley, se aumenta tiempo de las penas al cometer distintos delitos como la fabricación, importación, tráfico, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, el porte de arma blanca; delitos contra servidores públicos, agravadas cuando se cometa en contra de policías y militares; el uso de arma de fuego, arma blanca o elemento menos letal; la reincidencia y el hurto de $4 millones o más, por mencionar algunas. Todo este recrudecimiento de penas, como sostiene Santiago Tobón, analista de crimen y seguridad de la Universidad Eafit, puede conducir al aumento la impunidad, “porque va a aumentar el hacinamiento carcelario y el trabajo de policías, fiscales y jueces”. El aumento en la duración de penas no deja de ser un problema, principalmente, por el hacinamiento que se vive en las cárceles de Colombia. Como fue evidente en un análisis realizado por la Defensoría del Pueblo y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el hacinamiento es uno de los elementos que han contribuido a la violación de derechos de personas privadas de la libertad desde comienzos de los 2000. A eso se suma que, desde entonces, como sostiene el análisis, se ha demostrado que el sistema penitenciario es un aparato reproductor de delincuencia y no ofrece opción de cambio. Cabe resaltar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado ratificado por Colombia, establece en su artículo 5 las que penas privativas de la libertad tienen por finalidad “la reforma y la readaptación social de los condenados”. Sin embargo, trabajos como el realizado por la abogada Margarita Londoño López, muestran que el hacinamiento carcelario ha sido un problema constante en Colombia que se ha traducido en violencia al interior de las cárceles, violación de las condiciones mínimas de vida digna, vulneración de derechos e impedimentos para su resocialización. Con el aumento de penas establecidas en la Ley de Seguridad Ciudadana se contribuye a la problemática de la política criminal que establece mayores niveles de encarcelamiento como solución a la inseguridad, lo cual no ha sido efectivo en el país. Además, como reveló Santiago Tobón, fruto del hacinamiento, es un 36% más probable la reincidencia. Para septiembre del 2021 el hacinamiento en el país se encontraba en el 20% y con la nueva ley falta ver cuánto podría aumentar. La demanda de la oposición y su constitucionalidad Ante la polémica generada por la sanción de la ley, integrantes de partidos como el Polo Democrático, Colombia Humana, MAIS o la UP la demandaron. Uno de ellos fue Iván Cepeda, quien en diciembre del 2021 la demandó ante la Corte Constitucional, a la vez que envió una carta a la Comisión Interamericana de DD.HH por un presunto incumplimiento del gobierno a sus recomendaciones sobre el respeto de la protesta social. Desde la oposición se cuestionó la constitucionalidad de la ley y preparan una demanda a varios artículos para que la Corte Constitucional decida si los modifica, deroga o mantiene. Aparte de estas demandas, es cuestionable el trámite de la ley, toda vez que el Decreto 2055 de 2014, que reglamenta el Consejo Superior de Política Criminal, estableció que entre sus funciones se encuentra el “emitir concepto previo, no vinculante, sobre todos los proyectos de ley y de acto legislativo, que se encuentran en etapa de diseño, y antes de su trámite en el Congreso de la República, que incidan en la política criminal y en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal”. Pese a ello, dicho concepto, aunque estuvo de acuerdo con la ley, fue emitido hasta el 7 de diciembre del 2021, mucho después de haber sido radicado. De todas formas, ante las demandas emitidas por parte de la oposición y la revisión misma de la ley sobre su constitucionalidad, de momento se encuentra vigente la Ley de Seguridad Ciudadana que plantea, como se muestra, una serie de peligros y problemáticas.

Por: Línea de migración, región y frontera En los últimos meses hemos escuchado las difíciles circunstancias que deben asumir las y los migrantes en su empeño por salir hacia Panamá por el delicado cruce del Tapón del Darién. Esta es una configuración geográfica en la que las amenazas naturales y de estructuras armadas agreden a las personas que se aventuran a esta travesía con el fin de instalarse en Estados Unidos y conseguir oportunidades para sus familias. La región del Urabá, frontera con Panamá, es una de las regiones donde el conflicto armado ha sido persistente y donde se halla el epicentro del Clan del Golfo, una poderosa organización del narcotráfico que persiste en su acción ilegal y que dicta normas de comportamiento y de control sobre este territorio y sus comunidades. No es posible hablar y analizar los temas migratorios en el Urabá sin encontrarse con esta organización que sigue siendo un desafío para el Estado colombiano, al igual que otras estructuras más pequeñas y subordinadas al Clan del Golfo que vulneran múltiples derechos de la población migrante. En este informe encontrarán un análisis de la región del Urabá y las dinámicas que se viven en cuanto a la migración en los municipios de Turbo, Necoclí y Acandí, tres municipios pertenecientes a este territorio. Conoce cifras y testimonios que develan cómo se vulneran los derechos en esta frontera de Colombia. Descarga el informe

Por: Laura Cano Periodista Pares Este martes, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del interior, en cabeza de Daniel Palacios, instaló y comunicó cuál será el enfoque de la Comisión Nacional para la coordinación y seguimiento de Procesos Electorales, en cuanto a la seguridad en las elecciones desde el rol de las fuerzas militares y la policía. Esta Comisión está encargada de asegurar y garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales, el cumplimiento de las garantías electorales y la salvaguarda de los derechos y deberes de los partidos y movimientos políticos. La Comisión se estableció a través del Decreto 2821 de 2013 e integra un trabajo nacional como departamental, municipal y distrital para brindar las garantías mencionadas. Asimismo, también le compete coordinar el suministro de la información electoral, en conjunto con el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil; así como promover, a través de la autoridad competente, las acciones preventivas en relación con la seguridad de los candidatos, los promotores de mecanismos de participación ciudadana, las sedes de campaña, los comicios, la seguridad y la libertad de los sufragantes y los puestos de votación. Justamente, en relación con esto último, durante la instalación de la Comisión se habló sobre el Plan Ágora 2, el cual tiene seis subcomisiones relacionadas con: participación indebida en política; financiación de campañas; riesgos electorales, orden público; protección y tolerancia; y no violencia y no estigmatización. Además, también se presentó el Plan Democracia, el cual, como se menciona desde el Ministerio, garantizaría la transparencia y seguridad en las elecciones de 2022. Sobre esta Comisión, Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad, aseveró que: “es una instancia de mera articulación interinstitucional, donde solamente por la calidad de quienes hoy tienen asiento ahí es una endogamia de clanes, partidos tradicionales e irregularidades. Las funciones de esta instancia dependen de la voluntad de cada una de las entidades, y las más importantes hoy son la Registraduría, los órganos de control y la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF. Todas cooptadas, a excepción de la UIAF. Pero no hemos visto grandes resultados hasta este momento. Apenas la Procuraduría dijo que había 13 inhabilitados, pero no dijo quiénes... Es realmente preocupante que esta comisión cumpla con sus objetivos”. Sobre esto último, hay que mencionar que la Procuraduría informó que luego de que la Registraduría recibiera en diciembre las listas de las candidaturas inscritas (para ese momento 2.830 candidaturas), el ente de control tras un proceso de verificación de antecedentes comprobó que habían 13 candidatos inhabilitados para ejercer cargos públicos. No obstante, y como lo mencionaba Salazar, esta información no fue profundizada, ni tampoco se dejó saber de quiénes se trataba. También puedes leer: Informe de precandidatas y precandidatos al Congreso con cuestionamientos Por otro lado, y durante la instalación de la Comisión, Palacios puntualizó que para materializar los objetivos de la instancia, se asignaron más de 1.300 hombres de protección que se encuentran asignados a esquemas de seguridad. De estos, 846 son de la Unidad Nacional de Protección; y 487, de la Policía Nacional. Estos ya estarían siendo parte de los esquemas de protección de candidatos al Congreso, a las curules de víctimas y a candidatos a la Presidencia. Además, para dar cumplimiento a los objetivos de la Comisión, también fueron dispuestos y asignados 462 vehículos blindados, y más de 185 vehículos convencionales. Se señala también que de los 925 candidatos al Senado, 150 tienen medidas de protección. Mientras que de los 1493 candidatos a la Cámara, 141 cuentan con estas herramientas. “Esta Comisión plantea un pie de fuerza en materia de protección de los candidatos. Pero estamos viendo un incremento conforme llegamos al día de las elecciones de hechos victimizantes a candidatos y a los mismos partidos. La labor no es solamente medir cuántos tienen escoltas o camionetas blindadas, el problema es que no se ha desplegado una estrategia para desmantelar de raíz el fenómeno de violencia político-electoral del país”, agregó Salazar. Sobre esto, según el seguimiento que se ha hecho desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, entre el 13 de marzo de 2021, fecha que marcó el inicio del calendario electoral, hasta el pasado 7 de octubre se presentaron, al menos, 62 hechos de violencia electoral que dejaron 79 víctimas. Esto quiere decir que, aproximadamente, cada 3 días una persona estaba siendo víctima de este tipo de violencia política en Colombia. En dicho reporte también se expone que en 2021 hubo dos meses que fueron aún más letales para quienes tienen un ejercicio político: junio y septiembre. De hecho, también se encontró que los casos se concentraron en Valle del Cauca (11), Antioquia (6), Magdalena (5), Norte de Santander (4), Cauca (4), Atlántico (4) y Caquetá (4). Asimismo, es importante mencionar que el 52% del total de las víctimas eran del Valle del Cauca (11), Norte de Santander (10), Antioquia (6) y Magdalena (6). Además, del total de víctimas (79), 68 fueron amenazadas, y 11 fueron asesinadas. Así las cosas, es necesario poner la lupa sobre esta Comisión. Primero, para verificar la efectiva articulación que debe tener entre instituciones estatales, segundo, para evaluar la efectividad de las medidas y acciones que están tomando, pues es un hecho que la violencia en el marco de las elecciones ha venido en aumento, y como se ha advertido desde Pares en distintas ocasiones, este panorama puede empeorar en cuanto se acerque el día en que la ciudadanía acuda a las urnas.

Por: Laura Cano Periodista Pares Ha sido un inicio de año marcado de forma alarmante por la violencia. Durante solo el primer mes del 2022, fueron casi diarias las noticias sobre asesinatos selectivos, atentados, amenazas, enfrentamientos entre grupos armados o desplazamientos. Uno de los departamentos que más ha vivido esta situación es el Cauca, zona que además, históricamente y durante los últimos años, ha estado inmersa en constantes acciones violentas. Construimos un recuento sobre los hechos del 2022 registrados en esta zona, así como de algunos factores que explican la conflictividad armada que allí persiste. Antes de repasar lo que sucedió durante el primer mes en el Cauca, es necesario traer a colación el proceso de reconfiguración de grupos armados en el departamento, lo que además ha traído una serie de repertorios de violencia que han dejado en el medio, y mayormente victimizada, a la población civil. Esta reconfiguración que trajo nuevas estructuras armadas y fortaleció otras ya existentes se comenzó a desarrollar, por lo menos, desde finales de 2016, cuando la extinta guerrilla FARC-EP dejó la zona. Y es que a pesar de que se suponía que con la firma del Acuerdo de Paz el contexto iba a cambiar e iban a haber ciertas condiciones para la garantía de los Derechos Humanos, esto hasta el momento no ha pasado, y lo que se tiene en la actualidad es un departamento que ha sido epicentro de hecho violentos, lo que además, por ejemplo, ha servido de gasolina para la configuración de grupos armados posfarc, GAPF. Estos GAPF tuvieron como base el “Nuevo Sexto” o “Frente Sexto”, uno de los primeros grupos armados posfarc, el cual posteriormente se convirtió en “las Columnas Móviles Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, estructuras que emprendieron una disputa frontal con el Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN y también con Los Pelusos o EPL con el propósito de hacerse al control territorial producto del vacío de poder dejado por las Farc. Sumado a estas disputas, en la subregión han aparecido amenazas de Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas de Colombia e incluso del Cartel de Sinaloa, asuntos denunciados de manera reiterativa por las comunidades y la Defensoría del Pueblo, pero no esclarecido por la institucionalidad”, se señaló desde Pares respecto a la situación en el Norte del Cauca. También le interesaría leer: La tragedia del Cauca, un escenario de reconfiguración armada Se especificaba desde la Fundación, que desde el año 2019, en esta zona del Cauca llegó la Segunda Marquetalia, “lo cual pareció influir en la unificación de la Dagoberto Ramos y la Jaime Martínez bajo el paraguas del Comando Coordinador de Occidente-CCO, proyecto de unificación de expresiones de disidencia dispersas en el suroccidente del país al mando de Gentil Duarte. Para el año 2020, la situación de violencia en el Cauca se agudizó por cuenta de los múltiples enfrentamientos entre estos grupos armados, dejando como saldo alrededor de 246 violaciones a derechos humanos entre las que se cuentan 117 asesinatos selectivos. Durante el 2021, las estructuras del Comando Coordinador de Occidente-CCO se fortalecieron y extendieron su presencia a 7 municipios del Norte del departamento y 4 del Oriente”. Mientras tanto, en el sur del Cauca se tiene presencia del Frente Carlos Patiño desde 2018, el cual llegó a tener disputas por el control del territorio con el ELN. Hacia el año 2020 “Los Patiños” recibieron el respaldo de la Columna Móvil Jaime Martínez para atacar al grupo guerrillero. De hecho, en esta zona del Cauca se encuentra ubicado uno de los municipios más golpeados por la violencia de los últimos años: Argelia, donde hay una alta conflictividad como consecuencia de la presencia del ELN, GAPF y Grupos Armados Organizados (GAO) sucesores del paramilitarismo. Justamente, Argelia ha sido una de las zonas en las cuales se ha venido presentado un aumento significativo en los casos de desplazamiento forzado; en 2018 hubo un total de 596 víctimas de este tipo de victimizaciones, en 2019 se registraron 979 y en 2020, 1012. Lea también: Sur del Cauca: una trayectoria de conflicto armado que se recrudece en la actualidad Ahora bien, el SIPARES tiene un registro de 19 hechos que terminaron con la vida de líderes y lideresas sociales en el Cauca durante el 2021. Sobre esto vale la pena resaltar que fueron los liderazgos indígenas los más afectados, de hecho fue el Consejo Regional Indígena del Cauca la organización que más perdió vidas a raíz de la guerra que se ha agudizado en el Cauca. Además, se presentaron 09 asesinatos contra personas en proceso de reincorporación: Brayan Secur Ipia (31 de enero), Franky Ortega (24 de febrero), Arnoldo Medina (30 de abril), Arbey Garcés (13 de mayo), José Ignacio Loaiza (21 de mayo), Norelia Trompeta (25 de junio), Yorbis Valencia Carabali (25 de julio), Ruber Erney Dorado (09 de octubre), y María Steffania Muñoz Villa (14 de octubre). Por otro lado, y como parte de la diversidad de hechos violentos que afecta a la sociedad civil del Cauca, es necesario también nombrar que en esta zona entre enero y noviembre de 2021 se registraron 13 masacres, en las cuales hubo un total de 41 víctimas mortales. Lo anterior demuestra que la violencia en el Cauca ha sido sistemática, y aunque se han expuesto muchos de los motivos que están llevando a estas condiciones, tanto por parte de organizaciones sociales, líderes, y organismos que han hecho seguimiento a este contexto, las medidas del Gobierno local y nacional no han sido suficientes. Esto ha tenido como consecuencia que el panorama esté lejos de cambiar, y por el contrario,que se sigan perpetrando múltiples formas de violencia que afectan indiscriminadamente a la población civil. Las comunidades indígenas y afros han sido las más victimizadas. Un inicio de año bajo la violencia 03 de enero: autoridades indígenas reportaron que al menos seis sujetos fuertemente armados interceptaron a menores de edad en la zona alta del resguardo ubicado en Páez, Cauca. Esto, según la denuncia, se hizo con el fin de que los menores dieran información sobre Aida Quilcué, candidata al Senado, y su hija Mayerly Alejandra e hijo; así como de Luz Omaira Quilcué Vivas; Lisímaco Mestizo Julicué; Esmilson Huetia; Lisímaco Pontón y Leider Quilcué. 11 de enero: la comunidad de Caldono reportó que el cuerpo de un ciudadano de apariencia indígena fue encontrado sin vida y amarrado en las inmediaciones del río Chindaco. Se informaba en Infobae que el hombre fue identificado como Jhon Alexis Collazos Findo y además su cuerpo tendría signos de tortura. 11 de enero: luego de fuertes enfrentamientos entre grupos armados, cerca de 67 familias, más de 220 personas de las veredas Hojarascal y El Chigüero del Consejo Comunitario del Alto Guapi, fueron desplazadas. 12 de enero: tras el enfrentamiento armado entre la Columna Móvil Dagoberto Ramos y tropas del Ejército Nacional, varias personas indígenas del Resguardo de La Aguada, San Antonio tuvieron que protegerse del fuego cruzado, pues esta acción se llevó a cabo muy cerca del resguardo. Además, como consecuencia del hecho, la Secretaría de Gobierno reportó que habían familias desplazadas. 12 de enero: en Corinto, un vehículo utilizado para transportar uniformados del Ejército Nacional. fue atacado con impactos de arma de fuego. 13 de enero: en límites entre El Tambo y Popayán un conductor fue asesinado y su vehículo fue incinerado en vía pública. En el lugar de los hechos fueron encontrados carteles alusivos a las disidencias de las Farc, estructura Carlos Patiño. La víctima fue identificada como Cristian Idrobo. 14 de enero: tres personas fueron asesinadas en el municipio de Miranda, Cauca. Los casos ocurrieron en diferentes hechos, no obstante, para ese momento la comunidad denunciaba el intento de lo que sería una limpieza social en la zona. 14 de enero: fue asesinado el joven indígena Breiner David Cucuñame, un comunero de 14 años, quien perdió la vida el pasado viernes en la zona conocida como Las Delicias, en Buenos Aires, Cauca, tras un ataque armado el cual habría sido perpetrado por hombres armados pertenecientes a la Columna Móvil Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. En este hecho también perdió la vida el guardia indígena Guillermo Chicame. Esto además desató un constante hostigamiento por parte del grupo ilegal en contra de las comunidades indígenas. 24 de enero: el exmilitar Farly Puentes Valencia, de 28 años, fue encontrado muerto en el corregimiento Río Chiquito, de Páez, Cauca. El hombre habría sido abordado por hombres que le propinaron varios disparos con arma de fuego hasta causarle la muerte. 24 de enero: se presentaron fuertes enfrentamientos entre tropas de la Tercera División del Ejército Nacional y miembros de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, en Tacueyó, zona rural de Toribío, Cauca. En el hecho la población civil quedó en medio del fuego cruzado, lo que generó temor. 24 de enero: fue asesinado el ex coordinador de la guardia indígena, Albeiro Camayo, en hechos ocurridos en el resguardo de Las Delicias, municipio de Buenos Aires (Cauca). El hecho se presentó en medio de un ataque armado cometido por la Columna Móvil Jaime Martínez. 26 de enero: hombres armados hostigaron la estación de Policía de la zona. Autoridades estiman que la incursión armada fue realizada por miembros del grupo de disidencias de las Farc, Dagoberto Ramos. 28 de enero: tres personas de una misma familia (padre, madre e hijo) fueron asesinadas en Miranda, Cauca. Las personas fueron identificadas como Arbey Gómez, María Elsy Carabali, y José David Gómez Carabali. Además, una menor quedó herida y tuvo que ser trasladada a un centro de salud, donde permanece. 29 de enero: cuatro jóvenes de entre 16 y 27 fueron asesinados en Timbiquí, Cauca. Las víctimas, cuya identidad se desconoce por el momento, tenían heridas de arma de fuego. 29 de enero: fue asesinada la lideresa comunitaria Deisy Sotelo. Además, su esposo se encuentra desaparecido. El cuerpo de la víctima fue encontrado con impactos de bala en la vía que comunica la vereda Llano Alto con el corregimiento de El Plateado. 30 de enero: en El Bordo, Cauca, policías de las unidades de la Estación de dicho municipio, fueron atacados. Ellos realizaban actividades operativas cuando fueron interceptados con disparos de arma de fuego por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. En el hecho dos uniformados resultaron heridos. 31 de enero: se presentó un hostigamiento con explosivos contra uniformados de la Policía Nacional en zona rural de Buenos Aires, Cauca. Tras esto en los municipios de Suárez y Buenos Aires, se registraron combates entre uniformados y disidentes de la columna móvil Jaime Martínez. 31 de enero: en Caloto, Cauca, fue asesinado el líder social y defensor de derechos humanos José Eulides González Marín, quien era vicepresidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Zona de Reserva Campesina del Municipio de Caloto, ASTRAZONACAL, filial de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, e integrante de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANZORC, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, PUPSOC, y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica. Así las cosas, durante lo que va del año se han presentado, al menos, 18 hechos violentos en el Cauca, en los cuales, la mayoría de víctimas han sido personas de la sociedad civil, habitantes de este departamento que históricamente ha estado marcado por la violencia. Además, preocupa esta cantidad de hechos de enero, pues podrían registrar una tendencia de lo que serán las dificultades para este departamento, en un año que, además, es electoral, y donde habrá que ver cómo se comporta el CCO con un nuevo mando, luego de la baja de alias ‘Jhonier’. Lea también: Murió alias "Jhonier", ¿cómo deja al Comando Coordinador de Occidente?

Por: Laura Cano Periodista Pares Un nuevo asesinato contra un líder social y defensor de derechos humanos fue denunciado en horas de la noche de este 31 enero. El hecho se presentó en Caloto, Cauca, en donde hombres armados acabaron con la vida de José Eulides González Marín, vicepresidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Zona de Reserva Campesina del Municipio de Caloto, ASTRAZONACAL, filial de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, e integrante de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANZORC, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, PUPSOC, y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica. Como se narró a través de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes, siendo cerca de las 4:30 de la tarde, y luego de terminar sus labores, el líder se dirigía a su vivienda cuando un hombre armado le propinó impactos de arma de fuego. El hombre, luego de quedar herido, intentó pedir ayuda, por lo que varios habitantes de la zona llegaron hasta el punto y lo trasladaron hasta el centro poblado de la Vereda El Placer. Posteriormente, y ante la gravedad de las heridas, lo transportaron hasta el centro poblado del corregimiento Huasano, lugar en donde se decidió llevarlo hasta la IPS ESE Norte 2 Caloto en el carro de bomberos de la zona. No obstante, a ese punto el líder llegó sin signos vitales. José Eulides, además, “fue integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda el Placer (de la cual fue presidente). A raíz de las amenazas proferidas por grupos paramilitares en contra de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto – ASTRAZONACAL, José Eulides participó en la solicitud de medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección, pero hasta la fecha no había recibido ningún tipo de medida de protección por parte del Estado Colombiano”, se expone desde la Red de Derechos Humanos. Aunque aún no se conocen responsables de los hechos, pero vale la pena aclarar que, según información del Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES), en Caloto tienen presencia la Compañia Miltón Hernández del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y la Columna Móvil Dagoberto Ramos, de las disidencias de las FARC. De hecho, para marzo de 2021, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta 007 ante la inminencia del riesgo de infracciones a los Derechos Humanos, y al Derecho Internacional Humanitario, particularmente aquella en los sectores de El Palo, El Vergel, El Pedregal, La Cuchilla, Venadillo y El Placer. Esta última vereda es la misma donde ocurrieron los más recientes hechos. La Defensoría mencionaba en el documento que: “en el territorio mencionado, se presenta una exacerbación del conflicto armado a raíz del avance y consolidación de la Facción Disidente de las ex FARC-EP, autodenominada Columna Móvil Dagoberto Ramos. Dicho grupo, en el contexto actual, sostiene confrontaciones armadas con el Ejército Nacional, mediante el uso indiscriminado de artefactos explosivos improvisados. Asimismo, conviene destacar que, en el marco de los enfrentamientos, se ha monitoreado la ubicación de personal de ambos bandos cerca de las viviendas y centros poblados, lo que representaría un desconocimiento del principio de precaución en el desarrollo de las hostilidades, con alta probabilidad de afectación a la población civil y sus bienes, la ocurrencia de desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad, confinamientos, señalamientos y estigmatización de las comunidades”. Este hecho, además, se suma a otros crímenes contra líderes sociales que se han presentado en lo que va del año, por ejemplo, también en el Cauca han ocurrido los asesinatos del joven indígena Breiner David Cucuñame, un comunero de 14 años, del guardia indígena Guillermo Chicame y del ex coordinador de la guardia indígena, Albeiro Camayo. Estos hechos ocurrieron en el resguardo de Las Delicias, municipio de Buenos Aires (Cauca). Ahora bien, el SIPARES tiene un registro de 19 hechos que terminaron con la vida de líderes y lideresas sociales en el Cauca durante el 2021. Sobre esto vale la pena resaltar que fueron los liderazgos indígenas los más afectados, de hecho fue el Consejo Regional Indígena del Cauca la organización que más perdió vidas a raíz de la guerra que se ha agudizado en el Cauca. El más reciente hecho, y el contexto que ha estado marcando al Cauca, no solo es un llamado a las autoridades nacionales, también es una alerta para organismos internacionales, pues este contexto de violencia requiere más que consejos de seguridad y el aumento del pie de fuerza pública, necesita soluciones integrales, que realmente salvaguarden la vida de quienes habitan en este departamento, y más aún de quienes defienden las comunidades y el territorio en el Cauca.

Por: Laura Cano Periodista Pares El debate para que el país sea paritario dentro de las esferas políticas y de entes de toma de decisiones ha sido largo y constante, y aunque se han dado pasos hay una realidad que se espera que no se repita en las próximas elecciones: las mujeres baronesas como las que ocupan la política en el país, bajo la idea de las cuotas de género. Como se mencionaba en el informe Baronesas electorales en Colombia, las baronesas son: “Mujeres tradicionalmente cisgénero y heteronormadas que, en el marco de las dinámicas políticas colombianas, han heredado caudal económico, político, clientelar y electoral de manos de algún padre, hermano, primo, tío y/o esposo. Generalmente, se convierten en herederas luego de que los hombres que originariamente ostentaban este caudal fueron condenados por la justicia y/o murieron. Sin embargo, esta denominación también hace referencia a mujeres que han construido un caudal propio, sin haberlo heredado de alguien más, aunque estos casos sean excepcionales. En cualquiera de las dos circunstancias, es interesante comprender que son mujeres que, en el marco de su ejercicio político y de poder, han tenido que adoptar comportamientos y actitudes tradicionalmente asociadas a lo masculino y a la práctica masculinizada de la política colombiana”. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), para las próximas elecciones legislativas de 2022 en Colombia, de 2432 candidaturas, solamente 929 son mujeres, de las cuales 21 pertenecen a clanes políticos; y, entre estas, únicamente 3 candidatas pertenecen a clanes políticos liderados por mujeres. Mientras tanto, se registran cerca de 17 candidatos hombres en las filas de estos clanes liderados por mujeres. En este sentido, puede afirmarse que las baronesas no incentivan la inclusión política de las mujeres y, en cambio, perpetúan en su ejercicio las brechas de acceso al escenario público en sus propias estructuras clientelares. Hoy queremos presentar algunos de los perfiles de las mujeres baronesas que desde hace años se han posicionado como las herederas del poder de los clanes, apoyando a que estos se perpetúen, y sigan montando fichas tanto en el Congreso como en la presidencia. Dilian Francisco Toro En un principio esta política sonaba como candidata presidencial, sin embargo, dejó atrás su aspiración dentro de la coalición Equipo por Colombia, incluso luego se conoció que el partido de la U, al que pertenece, le dio el aval al exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. No obstante, y a pesar de que Dilian Francisca ya no estará en la contienda hacia la presidencia, esto no supone que no pondrá a jugar su capital político. Incluso desde Las2Orillas se afirmó que: “Ya se está proyectando en una nueva campaña para ella. Toro estaría considerando lanzarse a la Alcaldía de Cali en 2023, aprovechando que la gestión de Jorge Iván Ospina no está siendo muy respaldada por la gente. (...) Dilian no se ha quedado quieta y está recorriendo el Valle del Cauca donde tiene su fuerza electoral.” Sobre Dilian Francisco Toro hay que señalar que es oriunda de Guacarí, Valle del Cauca, y hace parte de la cúpula política del departamento desde que tenía 25 años, incluso la vena la heredó de su abuelo, quien fue seis veces alcalde del municipio donde ella nació, cargo que ella también llegó a ocupar en el año 1992. Por otra parte, su salto a la política nacional se dio en las elecciones legislativas de 2002, cuando llegó al Congreso como senadora con un total de 71.721 votos. Como se menciona en el informe: “Esto, para muchas personas, fue reflejo de la herencia electoral de su esposo, Julio César Caicedo, quien para ese entonces salía del Congreso”. En 2006, luego de decir que apoyaba a Álvaro Uribe Vélez, el Partido Liberal, que le venía dando el aval desde que llegó a la Alcaldía de Guacarí, le retiro el apyo y la expulso de este grupo político. No obstante, luego se convertiría en parte fundamental del para entonces naciente Partido de la Unidad. Uno de los primeros escándalos en los que se vio implicada Toro se dio cuando “fue señalada por tener presuntos vínculos con la parapolítica, pues testigos como la excongresista Rocío Arias aseguraron haber escuchado que Dilian Francisca tenía relaciones con paramilitares en el Valle del Cauca, particularmente con el bloque Calima y Libertadores del Sur”, como narra el informe de Pares. Ante esto la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación por sus presuntos vínculos con el Bloque Calima de las AUC en el año 2006. En el 2013 se le dictó medida de aseguramiento, pero para ese entonces ella renunció a su curul y el caso pasó a la Fiscalía, ente que lo cerró 2018. No obstante, sobre su nombre recae otro escándalo que ha pesado más en su carrera política: la indagación que la Corte Suprema de Justicia, iniciada en 2012, por presunto lavado de activos, al haber adquirido unos predios que resultaron siendo de Víctor Patiño Fómeque, líder del cartel del Valle. Por otra parte, y regresando a los cargos políticos de Toro, en 2015 quedó como gobernadora de su tierra, del Valle del Cauca, allí, incluso, fue catalogada como “la mejor gobernadora” por la Fundación Colombia Líder. Su reconocimiento en esta función la llevó a ganar un amplio respaldo electoral y político. Gracias a eso fue que, luego de que ella terminara su periodo, Clara Luz Roldán llegara a la Gobernación en las elecciones de 2019 y obtuviera 953.358 votos propios, “en su mayoría, de las maquinarias electorales regionales”, se expone en informe de Pares. Roldan venía de ser jefe de la campaña de Toro a la Gobernación en el 2015, y luego fue la cuota política de la gobernadora en Coldeportes, donde fue directora del Departamento Administrativo (2016-2018). Pero no solo ella es una de las fichas de Toro en el Valle del Cauca. Como ha encontrado la Fundación, “Toro también manejaría con propiedad las cuotas y puestos de las entidades estatales, presuntamente mediante favores políticos, asegurando así su poder y protección en el nivel nacional, departamental y municipal . De acuerdo con las fuentes de Pares, sus cuotas políticas en la Asamblea Departamental del Valle del Cauca serían los diputados del Partido de la U, Juan Carlos Garcés, Juan Rengifo Arboleda, Mario Germán Fernández y Ramiro Chaux. Asimismo, en el Concejo de Cali sus cuotas serían Tatiana Fernández y Audry Toro, ambos del Partido de la U”. Además, actualmente en el Congreso sus fichas son Jhon Arley Murillo Benítez, representante a la Cámara por Colombia Renaciente; Norma Hurtado Sánchez, Elbert Díaz Lozano y Jorge Eliécer Tamayo Marulanda, representantes a la Cámara por el Partido de la U; y José Ritter López Peña y Roosvelt Rodríguez Rengifo, por la misma colectividad, en el Senado. Además, se prepara para las elecciones del 2022, y ya tiene en la mesa del juego electoral a Juan Carlos Garcés Rojas, Roosvelt Rodríguez Rengifo, Norma Hurtado y Caterine Ibargüen Mena, al Senado. Mientras que para Cámara de representantes serían: Víctor Manuel Salcedo Guerrero, Jorge Eliécer Tamayo Marulanda, Julián David López Tenorio y Ángela Patricia Hernández Álvarez. Cielo Gnecco De la familia de uno de los clanes más poderosos del país: el clan Gnecco, de allí viene Cielo Gnecco, otra de las baronesas de Colombia. El Clan Gnecco tuvo un vuelco luego que su mayor líder, Jorge Gnecco, fuera asesinado en 2001, por lo que podría ser una venganza por parte del exparamilitar alias “Jorge 40”. No obstante, desde el 2011 hubo de nuevo un ascenso político de este clan, el que se dio por medio del poder económico de la familia y el constreñimiento electoral. Hay que recordar que el ‘Clan Gnecco’ inició a través de cinco hermanos: Jorge, José Eduardo, Cielo, Nelson y Lucas, quienes desde los 90 incursionaron en la política, conformando un clan que se adueñaría de la política en el César. Para 1992, Lucas Gnecco ya se había quedado con la Gobernación del departamento. Sin embargo, su poder no solamente se quedó en el César, pues para ese mismo año Hugo Gnecco, sobrino de Jorge Gnecco, se quedó con la Alcaldía de Santa Marta. En ese momento empezaron algunos de los cuestionamientos al clan, pues luego se conocería que Hugo había nombrado funcionarios sugeridos por el Bloque de las Autodefensas Resistencia Tayrona. Luego llegaría otro escándalo cuando Rafael Bolaños, cuñado de Lucas Gnecco, tras ser elegido en el 2000 como gobernador del Cesar, fue destituido por fraude contractual. Adicionalmente, otra sombra que persigue al clan es la relación entre Jorge Gnecco con los paramilitares Hernán Giraldo y ‘Jorge 40’, quienes compartían rutas de contrabando y negocios de armas. No obstante, en las dinámicas de confrontación por el poder, Giraldo y ‘Jorge 40’ entraron en enfrentamientos, y el grupo de los Gnecco presuntamente habría decidido apoyar a Hernán Giraldo. Esta situación habría llevado, como se mencionó, a que Jorge Gnecco fuera asesinado en el 2001 por tropas del Bloque Norte de las AUC. En ese año, además, la familia tuvo una disminución de su poder político; para el 2002 el único puesto que lograron fue con Luis Monsalvo, quien llegó a la Cámara de Representantes. Mosnalvo Gnecco, además, llegó a la Gobernación por primera vez en 2011, año en el que de nuevo el clan fue tomando fuerza en esta región del norte del país. Vale la pena traer a colación que en el 2021 la Fiscalía General de la Nación imputó a Luis Alberto Monsalvo Gnecco, tras evidenciar presuntas anomalías en un contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) suscrito en agosto de 2015, año en el que ejercía su primer periodo como gobernador, pues Monsalvo, quien además es hijo de la baronesa, repitió gobernación en el 2020. Por otra parte, se señala en el informe de Pares, el clan ejerce tiene a su favor “el constreñimiento electoral que ha estado marcado por dos dinámicas: la primera, por el conocimiento público de la presunta alianza violenta entre los Gnecco, ‘Kiko’ Gómez y ‘Marquitos’ Figueroa, unión que les permitiría tener un acumulado electoral bajo la amenaza del uso de la violencia; y la segunda, por la amenaza económica, principalmente de empleo, pues es ampliamente conocido que los Gnecco manejaría buena parte de la contratación estatal del departamento del Cesar. De forma que votar por sus candidatos podría ser, en algunos casos, la única manera de sostener o aspirar a algún empleo público en la región”. Este Clan, que hoy tiene como una de sus amas y señoras a Cielo Gnecco, y que de nuevo tiene miras a quedarse con cargos de elección popular, durante las elecciones para el periodo para el periodo 2018-2022, se quedó con dos curules en Senado (José Alfredo Gnecco Zuleta y Didier ‘Lobo’ Chinchilla) y dos en Cámara de Representantes (Alfredo Ape Cuello y Eloy ‘Chichi’ Quintero). Además, para el próximo marzo ya están intentando encaminar al Congreso a Christian José Moreno Villamizar, José Alfredo Gnecco Zuleta, Didier Lobo Chinchilla, Alfredo Ape Cuello y Carlos Felipe Quintero Ovalle. Estas son solo dos mujeres de las tantas que le vienen haciendo el juego a los clanes políticos, no solo para que se mantengan en el poder y pongan candidaturas cada cuatro años en el Congreso y presidencia, sino también para seguir manteniendo políticas patriarcales, sin perspectiva de género, y sin escuchar las agendas, prioridades y demandas de las mujeres.

Por: Laura Cano Periodista Pares Este inicio de año ha estado marcado por una ola de violencia que ha tenido como epicentro varias zonas del país y diversas comunidades. Como ya lo hemos venido advirtiendo desde Pares, pueblos indígenas, menores de edad y liderazgos sociales han sido las principales víctimas de diferentes repertorios de violencia, los cuales han sido la herramienta de diferentes grupos armados ilegales para reforzar su dominación. A esto se suma el panorama de atentados contra la Fuerza Pública, el cual se ha vuelto más crítico en esta última semana, poniendo sobre la mesa la efectividad de las acciones que hasta el momento se han tomado respecto a la seguridad en los territorios. Hay que decir que los ataques contra miembros de la Fuerza Pública, históricamente, han sido de los hechos a los que más recurren los grupos armados ilegales. De hecho, de acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, en Colombia, entre 1958 y 2017, 23.086 miembros de la fuerza pública sufrieron afectaciones relacionadas con el conflicto armado en el país. Y a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde distintos sectores para mitigar los hechos violentos, el panorama no ha cambiado mucho, e incluso, lo que ha pasado en este mes, y en estos últimos días, ha sido muestra de ello. En la tarde de este 29 de enero, el Gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca, sufrió un ataque en la vereda Palmeras, del municipio de Montañita, Caquetá. En el hecho fallecieron dos policías y cinco más resultaron heridos. Una de las personas que perdió la vida fue el patrullero William Echeverría, oriundo de Güepsa, Santander, quien tenía 28 años, y llevaba 7 años dentro de esta institución. La otra víctima mortal fue el patrullero Miguel Ángel Bernal Espitia, quien también llevaba 7 años de servicio en la Policía, y en 2017 había sido asignado a una unidad policial antiterrorista. El día del ataque, junto al gobernador se movilizaron 40 carros y 30 motos del equipo de trabajo del mandatario, incluido el esquema de seguridad, cerca a este equipo fue que un cilindro bomba explotó. Luego de los hechos, desde la Gobernación y el Ministerio de Defensa se atribuyeron los hechos a las disidencias de las FARC, e incluso establecieron recompensas para quien aporte información sobre quiénes serían los responsables principales. En este territorio convergen diversas estructuras, según la información recolectada por el Sistema de información de la Fundación Paz & Reconciliación, SIPARES, además del Frente 62, en este departamento también tiene presencia la Compañía Fernando Díaz, el Frente 7, el Frente 16 y 40, todos los anteriores Grupos Armados Posfarc (GAPF). Por otro lado, en estas últimas horas también se reportaron hechos de violencia en la ciudad de Cali. Al oriente de la ciudad, un ​​artefacto explosivo fue lanzado contra un grupo de policías que se encontraba en el sector de la Autopista Suroriental con Transversal 25, en inmediaciones de Comfandi El Prado. Dos agentes de Policía y un civil resultaron heridos tras el atentado. Además, también se conoció que el 30 de enero el ELN atacó con un artefacto explosivo a una patrulla de Policía en zona rural de Anorí, Antioquia; siete policías resultaron heridos. Como se mencionaba en El Colombiano, también en el departamento de Antioquia, el pasado 27 de enero se presentó la detonación de un artefacto explosivo, el cual “causó alarma en Remedios, cuando desconocidos arrojaron una granada en la estación de Policía de ese municipio. La explosión, que no dejó personas fallecidas o heridas, provocó afectaciones en la parte trasera de la edificación, en el sector del parqueadero, daños en una camioneta de esa institución y esquirlas que impactaron en otros puntos del lugar”. Por último, y también durante este fin de semana, una patrulla de tránsito fue atacada con arma de fuego en zona rural de Curumaní, Cesar. En los hechos que se presentaron mientras los uniformados realizaban labores de rutina en la vía que comunica del corregimiento de San Roque al municipio, un policía resultó herido. Hasta el momento se conocen los responsables del ataque, sin embargo, hace algunos días el alcalde Curumaní, Henry Chacón, aseveró que “en la cabecera municipal y en el corregimiento de San Roque aparecieron varias banderas alusivas al ELN que fueron instaladas en diferentes zonas de nuestro municipio”. Según datos del SIPARES, durante el 2021 se presentaron 63 hechos de ataques contra la Fuerza Pública, siendo Norte de Santander, seguido de Cauca, las zonas donde se concentraron más casos. Asimismo, hay que resaltar que en la mayoría de hechos no se ha identificado el actor responsable. No obstante, el ELN y la Columna Móvil Dagoberto Ramos son los grupos a los cuales más se les ha atribuido casos; 9 y 8, respectivamente. Fuente: SIPARES. Todos estos hechos, sumado a los ocurridos en lo que va del mes, que han incluido ataque a la Fuerza Pública como a la sociedad civil, son un llamado para que más se busquen caminos que puedan mitigar la violencia que sigue cobrando la vida de muchas personas.

Por: Camilo Díaz Suárez Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad El pasado 29 de enero entró en vigencia la Ley de Garantías, cuya finalidad es limitar la contratación pública para que recursos públicos no sean utilizados con fines electorales de cara a las elecciones presidenciales del 29 de mayo. Sin embargo, empezó a regir con demandas que reclaman la suspensión del artículo 38. ¿Qué ampara este artículo? ¿Cuáles restricciones sí se mantienen? En concreto, la Ley 996 de 2005 es un instrumento que busca establecer condiciones transparentes y equitativas en las contiendas electorales. Así, define el marco legal para evitar que autoridades locales puedan ejecutar el presupuesto o establecer convenios administrativos cinco meses antes de las elecciones a Congreso y Presidencia. El propósito de esto es impedir la aparición de incentivos perversos que interfieran con el sano desarrollo de la democracia y garantizar la igualdad de condiciones para los candidatos a cargos de elección popular. La Ley de Garantías plantea una serie de restricciones y prohibiciones respecto a la ejecución de recursos públicos que se mantienen, pese a la suspensión de una de ellas consagrada en el artículo 38 de la ley, respecto a la celebración de convenios interadministrativos. Las restricciones que se mantienen De acuerdo con la Circular Conjunta 100-006, de noviembre 16 del 2021, emitida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), hay 6 prohibiciones o medidas macro para las elecciones a cargos de elección popular: Garantizar la igualdad y equidad entre candidatos. Evitar que la voluntad de los electores sea influenciada por la acción u omisión de los servidores públicos. Asegurar la objetividad y transparencia en las decisiones administrativas. Impedir que el empleo público se utilice para obtener votos de los servidores o sus allegados. Proteger al empleado que tiene una inclinación política distinta al nominador. Imposibilitar que las vinculaciones al Estado se utilicen como un mecanismo para buscar favores políticos durante las contiendas electorales. La Ley dicta que 4 meses antes de las elecciones al Congreso de la República empiezan a regir las primeras restricciones. De esta forma, el 13 de noviembre del 2021 y hasta las elecciones presidenciales, las autoridades locales como gobernadores, alcaldes o secretarios tienen prohibido realizar contratos o convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. Así, desde esa fecha no pueden: Inaugurar obras públicas o dar inicio a programas sociales en reuniones o eventos en los que participen candidatos al Congreso o la Presidencia. Autorizar que se utilicen inmuebles o bienes muebles públicos para actividades electorales, así como transportar o facilitar el alojamiento de electores. Modificar la nómina del respectivo ente territorial o entidad, salvo excepciones específicas. A partir del 29 de enero del 2022, 4 meses antes de las elecciones presidenciales, es cuando comenzaron a regir las prohibiciones y restricciones en materia de contratación directa: No se pueden aumentar los recursos destinados a la publicidad del Estado, ni utilizar esta para propaganda política. Se ordena suspender cualquier forma de vinculación a la nómina estatal, con excepción de los que sean para defensa y seguridad del Estado, crédito público, emergencias educativas o desastres, reconstrucción de infraestructura y los adelantados por entidades hospitalarias. Se restringe la contratación directa de todos los entes estatales. Las demandas en contra de la suspensión de la Ley de Garantías Entre las prohibiciones que dictaba la Ley de Garantías estaba que no se podrían celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo. Esta fue la prohibición suspendida por el artículo 124 del Presupuesto General de la Nación 2022. La suspensión de esa prohibición hizo prender las alarmas por la posibilidad de que recursos públicos sean destinados a campañas políticas. Los convenios interadministrativos no cuentan con algunos controles establecidos en el estatuto de contratación pública, siendo un mecanismo con alta discrecionalidad en la ejecución de recursos públicos. Por ello, existe un incentivo para que se capturen recursos públicos para ser utilizados en campañas políticas. Eso llevó a que se presentaran 42 demandas por distintos congresistas en contra de la suspensión del artículo 38 de la Ley de Garantías, establecida por el artículo 124 del Presupuesto General de la Nación 2022, ante la Corte Constitucional. De esas 42 demandas, de acuerdo a un auto proferido por la Corte el 11 de enero del 2022, se admitieron, integralmente, las demandas de Roy Leonardo Barreras Montealegre (expediente D-14522), Álvaro Garro Parra (expediente D-14525), Iván Cepeda Castro (expediente D-14533) y Juan Manuel López Molina (expediente D-14538). A su vez, otras 17 demandas fueron admitidas parcialmente. La razón detrás de las demandas alude a una aparente inconstitucionalidad de la suspensión del artículo 38 de la Ley de Garantías, una ley de carácter estatutaria, a través de una ley ordinaria como la ley anual de presupuesto. Cabe mencionar que la aprobación de una ley estatutaria, de carácter especial frente a otras leyes y referente a temas de derechos fundamentales, requiere la aprobación de la mayoría de miembros del Congreso y precisa tener 8 debates. Por su parte, una ley ordinaria, de tramitación sencilla y que regula asuntos sobre las entidades estatales, solo necesita 4 debates y ser aprobada por la mayoría de congresistas que integran la comisión a la que le corresponde el trámite de la ley. Mientras la Corte Constitucional estudia las demandas y emite un fallo, ya empezó a regir la Ley de Garantías con la suspensión de su artículo 38 que hace prender las alarmas respecto a la utilización de recursos públicos para campañas políticas. En especial, teniendo en cuenta que hay una serie de candidatos que cuentan con un poder político a nivel local y que se podrían ver beneficiados por la suspensión de dicho artículo. Tal y como señaló la Fundación Paz & Reconciliación en el informe “Los herederos y las herederas de todas las formas de corrupción”, existen 58 candidatos que pertenecen a un clan político o casa política cuestionada que han construido su capital a través de alianzas con mafias, grupos armados organizados, corrupción, clientelismo y/o cooptación institucional.

Daniela Garzón Investigadora Línea Democracia y Gobernabilidad A la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha llegado un derecho de petición, con fecha del 24 de enero, de una de las candidatas inscritas en la circunscripción de paz que corresponde a la subregión del Catatumbo. En este se solicita a la Registraduría garantías para la inscripción y traslado de cédulas, después de que la plataforma que dispuso la entidad presentara múltiples errores y limitara los derechos de participación de los habitantes de la región, muchos de los cuales son víctimas del conflicto armado colombiano. La petición se hace teniendo en cuenta que es deber de la Registraduría garantizar la participación equitativa de todas las personas dentro del territorio colombiano y que los cambios adelantados por el registrador, Alexander Vega, (a quien parece que los peticionarios no reconocen como el actual registrador, lo que habla mal de su presencia y recordación en el cargo) respecto a adelantar el proceso por internet y utilizando celulares ignora las condiciones de vida de las personas en el Catatumbo. En esta región no solo es sumamente limitado el acceso a internet, sino que buena parte de la población no cuenta con acceso y formación en ciencia y tecnología que les permita utilizar herramientas como la autenticación biométrica con facilidad. Como se expresa en el derecho de petición, las personas que querían llevar a cabo su inscripción en el Catatumbo se organizaron mediante sus juntas de acción comunal para realizar el proceso como lo indicaban las plataformas de la Registraduría. Esto, con grandes esfuerzos de desplazamiento y de recursos. Sin embargo, el proceso de inscripción adelantado virtualmente ha sido un problema no solo en regiones apartadas de Bogotá, sino que el sistema presentó fallas generales en los días anteriores al cierre de la inscripción de cédulas, por lo que hoy esperan que las personas hagan una nuevo proceso de autenticación que se indicará a sus correos electrónicos, fuera del mismo calendario estipulado para llevar a cabo la inscripción, perjudicando enormemente a personas como las que viven en el Catatumbo, que no utilizan correos electrónicos ni pueden desplazarse a las oficinas de la Registraduría. La petición solicita que de manera urgente se subsanen las dificultades que se han presentado para la inscripción de cédulas en el Catatumbo, utilizando medios diferentes a los tecnológicos para llevarla a cabo. Cabe decir que el proceso de inscripción virtual de cédulas desconoce el artículo 78 del Código Electoral que establece que: “La inscripción es acto que requiere para su validez la presencia del ciudadano y la impresión de la huella del dedo índice derecho del inscrito (…) No surtirán efecto las inscripciones que se efectúen sin el lleno de los requisitos prescritos en el presente artículo (…)” De esta forma, la Registraduría podría haber desarrollado no solo una inscripción de cédulas que no garantiza la participación de cientos de personas en Colombia, sino que es ilegal. Además, las fallas en el proceso de inscripción no han permitido que se conozca el censo electoral definitivo para las elecciones del 13 de marzo. Teniendo en cuenta que en la misma resolución, en la que la Registraduría reglamentó la actualización del censo y la inscripción de candidatos para aspirar a las circunscripciones especiales, se establece que debía hacerse “dos meses antes del día de la elección” (Resolución 10592 de 2021), es decir el 13 de enero. Las irregularidades en este proceso y en otros que Pares ha denunciado son muchas, y se reafirma que son cuestionables algunas de las actuaciones del registrador Alexander Vega, quien parece desconocer normas electorales básicas, las condiciones de algunas de las regiones más afectadas por la violencia armada, sus deberes como funcionario público y que podría estar actuando por fuera de la ley. La aclamada modernización de la Registraduría, que ha costado miles de millones de pesos, no solo no funciona, sino que acabó menoscabando aún más los derechos de participación en territorios que no tienen ni el acceso a tecnologías ni las condiciones de movilidad de las grandes ciudades; justo cuando sus habitantes más necesitan tener garantías para asistir a las urnas, pues por primera vez van a poder tener una representación especial, producto del surgimiento de las dieciséis curules transitorias de paz. Debería ser una exigencia ciudadana que se responda de manera eficiente a la petición que presentan las víctimas en el Catatumbo y que el registrador no evada su responsabilidad por los grandes errores que se cometieron en el proceso de inscripción de cédulas que hoy tienen a una porción de los inscritos en vilo porque no sabrán si podrán votar, y que pueden abrir la puerta al fraude electoral. Puede ver el derecho de petición completo haciendo click aquí

Por: Walter Aldana Político social y alternativo Aunque dolorosas, las decisiones gubernamentales se deben tomar; ahí se demuestra la casta, el carácter y el criterio de un gobernante. Me refiero a la aún tardía acción con relación a la investigación que abrió la Procuraduría General de la Nación, el pasado 20 de enero bajo el número E-202-029173, contra Julián Muñoz Imbachí, actual gerente de Emcaservicios, empresa departamental que administra recursos económicos para atender el saneamiento básico de varios municipios del Cauca. Si partimos de que la moral pública se refiere a valores y normas que rigen y permiten juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad, y que la ética estudia la relación con la moral pública y el comportamiento de las personas en una sociedad, clarificando actuaciones entre el bien y el mal, debemos entonces desentrañar lo sucedido. La ley prohíbe a los funcionarios públicos participar en campañas electorales. Como todo ciudadano, el funcionario puede ejercer el derecho al voto, pero no puede ni debe utilizar su situación de poder para "presionar" decisiones a favor o en contra de un candidato o candidata, partido o movimiento, actuación que se denomina: constreñimiento al elector. Rueda en redes sociales un audio donde el gerente, de manera velada y haciendo referencia al eslogan de campaña del candidato de "El equipo de la gente", invita a una serie de personas (se cree que funcionarios de la empresa que gerencia), para que le acompañen en la presente gesta electoral y agradece su participación. Como dice Marlon Brando, en la película de Francis Ford Copola llamada El Padrino, muchos le decimos hoy a los gobernantes: "no insultes nuestra inteligencia". No nos crean tan despistados. Decir que esa grabación fue en otro escenario, es creer que no entendemos, lo que quizás genera mayor irritación en la población. En una sociedad decente, los habitantes no son presionados por sus gobernantes, se respeta su postura política, no depende de ella la comida de sus hijos; son los méritos y capacidades físicas e intelectuales las que se valoran para su continuidad en el espacio laboral. Es más, el sistema de contratación no permitiría que bellacos obliguen a quienes de ellos depende su vinculación laboral Es por ello que solicitar al Gobernador Elías la suspensión del mencionado funcionario no es descabellado, es garantizar que no se entrabe la investigación. Que la investigación duerma el sueño “de los justos”, se convertiría en una nueva burla a la opinión pública y la comunidad que está expectante. Por encima del querer del actual gobernante regional, debe estar el apego a la ley. Todo estímulo genera una reacción, y el funcionario lo sabe, y por sobre los jueces no deben estar los políticos.