Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Esta semana estuvo en Colombia el economista francés Thomas Piketty, quien es profesor de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París (EHESS) y autor del libro El Capital del Siglo XXI. Una obra de impacto mundial que se caracteriza por el uso de bases de datos, la estadística y la matemática para mostrar cómo se ha comportando la repartición  mundial del ingreso y la concentración del capital en los últimos dos siglos. Este economista social representa la punta del iceberg de una larga tradición en la economía –iniciada por Robert Thomas Malthus y Karl Marx–, la cual argumenta que el capitalismo se caracteriza por la búsqueda desmedida de la riqueza; esta es apropiada por un pequeña porción de la población, dejando en situación de pobreza a la otra gran mayoría. O en otras palabras, que existe una pequeña y pudiente clase dueña del capital que acapara la creciente riqueza. Los estudios de Piketty se remontan a la revolución industrial, en los siglos XVII y XVII; desde allí analiza –de  manera similar a como lo hizo Malthus– el comportamiento de las tasas de crecimiento poblacional y de la producción en los países capitalistas. Pone énfasis en  la relación capital/ingreso para evidenciar cómo el mundo del mercado la mayoría de economías –desde la inglesa y francesa, que fueron los primeros en industrializarse, hasta la norteamericana– se caracteriza por la desigualdad en la distribución de ingresos: mucha riqueza para los dueños del capital y poca para las demás clases sociales. Esta conducta –muestra Piketty en sus obras El Capital del Siglo XXI, Capital e Ideología y Una Breve Historia de la Igualdad– es la norma del capitalismo. En el capítulo 12, del primer libro, demuestra cómo la evolución de la repartición  global  de los  patrimonios  se mantiene; pero, en lugar de condenar a la humanidad a vivir eternamente en esta sociedad desigual, dedica buena parte de su obra a presentar lecciones  de políticas y  sugerencias normativas  para cambiar esta lógica perversa. Piketty es consciente de que el capitalismo se funda en la idea de propiedad privada, la cual se considera un derecho humano; también, que somos condescendientes con los derechos a la competencia, la acumulación y el consumismo. Pero advierte –al igual que el economista utilitarista Jhon Stuar Mill– que todos estos comportamientos son meros acuerdos sociales, pactos basados en ideología y creencias. Así, las leyes de la distribución y el consumo son susceptibles de modificar si nos ponemos de acuerdo todos. De no hacer pactos y permitir que la lógica de desigualdad y acumulación desmedida se mantenga, las consecuencias para el mundo social serán desastrosas. Tal como pasa en el mundo natural, donde algunas especies, si no se controla su conducta destructora, acabarán con otras. De no hacer nada, la clase media desaparecerá, quedará un mundo de unos pocos ricos –que hoy representan el 3 por ciento de la población y que poseen más de la mitad de la riqueza– y una gran población pobre y miserable –que son más del 70% de la gente y solo tiene un 3 por ciento del ingreso mundial–. Una lógica que se extiende y se consolida en todo los territorios. En el continente americano, por ejemplo, en el 2020 los países del norte produjeron 136,3 billones de dólares, mientras América Latina tan solo una treceava parte de aquella riqueza –10.8 billones de dólares–. O Europa que alcanzó la cifra de 103,2 billones, mientras que África –su continente vecino– tan solo llegó en su conjunto a una producción de los 4,9 billones de riqueza –una veinteava parte del gigante europeo–. Para el caso nuestro, en Colombia, las tres principales ciudades –Bogotá, Medellín y Cali– concentran, desde hace muchas décadas, producen y se quedan con dos terceras partes de la riqueza nacional. Y en departamentos como Antioquia, Medellín y su Área Metropolitana produce y concentra sus recursos en similar proporción. Incluso, a nivel local, piénsese como en toda ciudad existen unos cuantos barrios ricos y el resto de localidades, comunas o barrios –que crecen cada día más a causa del desplazamiento forzado– los niveles de pobreza son altos. No cabe duda entonces que esta lógica de concentración de la riqueza, desigualdad económica y aumento de la pobreza a nivel planetario se mantiene y crece. Una dinámica que podría ser controlada y revertida mediante acuerdos sociales, una tarea que es posible de ejecutar si todos nos pusiéramos de acuerdo. El comportamiento de la economía depende de las decisiones que se tomen en el sistema político. Es el colectivo quien puede tomar las decisiones sobre asuntos vinculantes. En una sociedad democrática se podría proponer y acordar reformas económicas y sociales que cambien la lógica de las desigualdades y concentración del ingreso, tanto a nivel global como nacional. De allí que el economista francés dedique la buena parte de su trabajo a discutir propuestas que ayuden a transformar lo social. A advertir que “la mejor manera de aumentar la riqueza es a través de la reducción de la desigualdad”. Y en este sentido, a sugerirle a los políticos y al Estado –como principal regulador de la conducta económica– reformas como la de poner impuestos progresivos al ingreso, a los capitales y al patrimonio –en especial a los dueños de la tierra–. Esto como formas de  control  y regulación que permita avanzar en la construcción y consolidación de un estado social de derecho. Peketty enfatiza en la regulación impositiva a los capitales. Insiste en la necesidad de una reforma global al sistema fiscal justa y progresiva, en la que trabajen todas las economías. Reformas impositivas que deben iniciar con los grandes capitales de las empresas multinacionales, incluso perseguirlos en los paraísos fiscales. Cargas tributarias que no soporten las medianas y pequeñas empresas nacionales como se hace hoy. Impuestos que permitan que los mayores patrimonios y capitales se comprometan con el desarrollo social y la estabilidad democrática. El economista social advierte que esta tarea reformista es difícil, pero posible. Todo depende del juego que se haga en la política. Se necesita la confluencia de los múltiples actores del sistema político para realizar las reformas tributarias progresivas y justas. Se requiere de una ciudadanía que reconozca el problema y presione a la clase política para el cambio, además que elija bien; de unos políticos decididos a proponer reformas y que actúen en coherencia; y de un Poder Legislativo que no se deje comprar por los dueños de las grandes propiedades y de los poderosos grupos de presión y que elaboren leyes con justicia fiscal –ojalá atadas a la constitución, nos los dice en su libro Capital e Ideología–. Todo este trámite político haría desviar el camino actual de concentración de la riqueza. Reglas que exijan a los grandes capitales de sociedades y propietarios que contribuyan con el gasto público. Reglas que respetando los derechos de propiedad y las libertades de las sociedad económicas a producir y acumular, se comprometan con el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población. En breve, recomienda Piketty a países como Colombia que deberíamos realizar reformas impositivas que reduzcan la inequidad económica y la pobreza, pero que lo hagan bajo la lógica del respeto a la democracia, usando los canales de la votación y el consenso.

Por: Redacción Pares Con Pares Destaca y Pares Cuestiona queremos poner sobre la mesa a los liderazgos sociales, políticos y económicos que merecen tu atención. Esta semana destacamos a una lideresa que cree que la política ejercida por las mujeres será capaz de alcanzar la autonomía, el antirracismo y la eliminación de las discriminaciones. Ella es Elizabeth Giraldo, de Estamos Listas. Y, por otro lado, cuestionamos al comandante del Comando Coordinador de Occidente, alias “Jhonnier”. En enero de 2022, al menos dos liderazgos indígenas se apagaron a causa de la violencia de sus hombres.

Por: Juan Camilo Rodríguez Guerra Durante los últimos cinco años, Colombia ha experimentado una transformación vertiginosa en materia de violencia y de movilización social. El 2021, por ejemplo, constituyó un importante estallido social y una reconfiguración de las acciones de los grupos armados. Construimos un boletín para exponer la situación derechos humanos en el 2021 y el inicio del 2022. Consúltalo aquí.

Por: Línea de migración, región y frontera Hay que decirlo claramente: hemos vivido en guerra. No hemos conocido la paz. Como es de común conocimiento, el periodo de “Violencia” entre conservadores y liberales, el Bogotazo, la conformación del Frente Nacional, y el surgimiento de grupos armados, fueron hechos de violencia estructural, cultural y directa que han marcado el país. Así mismo, el conflicto interno impuso normas de convivencia y costumbres sociales en comunidades o zonas en las que se desarrollaba. Con esto, las Estructuras Armadas Ilegales (EAI) se convirtieron, o, mejor dicho, asumieron un rol de Estado, en el que se permitían controlar a la población con sus reglas e imposiciones. Fue así como, poco a poco, acapararon poder económico, político y social, en departamentos como como Arauca, Chocó, Cauca, y en regiones como el Catatumbo. Esta última, golpeada fuertemente por la desidia del Gobierno Nacional, y su falta de voluntad política que, durante las últimas dos décadas, ha optado por minimizar, simplificar e ignorar la crisis humanitaria que padece la región. Cabe mencionar que, a finales del 2021, 21 miembros del ejército (entre los que se encontraban un general, 11 oficiales, seis suboficiales, y tres soldados) reconocieron su responsabilidad ante la Justicia Especial para la Paz, JEP, del asesinato y desaparición forzada de, al menos, 120 personas que fueron presentadas como “bajas en combate”. No obstante, el panorama que dejó el 2021 en la región del Catatumbo no fue alentador: 437 víctimas del desplazamiento forzado, 35 ataques a la infraestructura militar, tres masacres con un saldo de 16 víctimas, y 215 homicidios. Sí, una región sumida en la violencia. Infortunadamente, la víspera navideña, y el anhelo de un año nuevo, no fueron motivos suficientes para que las EAI bajaran su ofensiva: el 31 de diciembre se registró el último homicidio del 2021 en Tibú, y el municipio cerró el año con la tasa más alta de homicidio en el Catatumbo (151 por cien mil habitantes). Además, el año nuevo no trajo un descenso del conflicto, por el contrario, el 02 de enero las disidencias del Frente 33 de las Farc, interceptaron un bus de transporte público (en la vía Tibú - El Tarra), y aparentaron cargarlo con explosivos. El vehículo, presuntamente cargado con material de guerra, fue atravesado en la vía, y duró, aproximadamente, 24 horas. El 03 de enero técnicos antiexplosivos verificaron que el bus se encontraba sin carga detonante. Al día siguiente, funcionarios de la funeraria San Miguel se desplazaron al corregimiento de Petrólea, y realizaron el levantamiento de un occiso que, al parecer, fue impactado con, al menos, tres disparos. También, se desplazaron hasta la Vereda Bertrania, de Tibú, y recogieron el cadáver de Miguel Ángel Guerrero, quien fue ultimado con dos disparos, y en su humanidad colocaron un cartón que decía: “Por paraco”. Pero, como se mencionó, el año nuevo no trajo un descenso del conflicto; ese mismo 04 de enero se presentó un desplazamiento forzado y masivo en Teorama. Aproximadamente, 286 personas abandonaron sus viviendas debido a fuertes enfrentamientos entre el Ejército Nacional y la guerrilla del ELN en la Vereda Llana Alta del Corregimiento de San Pablo. Del 05 al 09 de enero se realizaron tres hostigamientos a la Fuerza Pública en los municipios de El Tarra y Tibú; y hallaron el cadáver de un hombre con un cartel que decía: “Por sapo – Sijin”. De manera análoga, al mediodía del miércoles 12 de enero, fue atacado un retén militar en la entrada a Tibú, en el sector conocido como “La Cuatro”. Según se conoció, los victimarios iban en moto y arrojaron una granada contra los uniformados. En el hecho, resultaron heridos tres militares. Al otro día, el casco urbano de Tibú se estremeció con la reyerta armada que ocasionó la captura de dos hombres, quienes serían integrantes de las disidencias del Frente 33 de las Farc, pues, una hora después de detenidos los sujetos en mención, 12 motorizados llegaron a la estación de Policía y la atacaron incesantemente. El hostigamiento se prolongó hasta la noche, y no dejó uniformados heridos. Esa misma noche, miembros de esa estructura armada ilegal, secuestraron al ingeniero Diego Fernando Lozano, contratista de Ecopetrol, quien se encontraba en la Vereda M14 “desarrollando labores propias al proceso de abandono del pozo T 888K”, según informó Ecopetrol. A su vez, esta misma empresa denunció el robo de un camión contra incendios el 15 de enero en la Vereda Buenos Aires, del mismo municipio. A la fecha, no se tiene conocimiento del paradero del contratista, ni del automotor. De forma semejante se vienen repitiendo los hechos violentos en el Catatumbo: homicidios, hostigamientos, desplazamientos, amenazas e imposiciones sociales. El 16 de enero, 11 personas que residen en cercanías a la estación de Policía de Tibú, abandonaron sus hogares y se dirigieron a Cúcuta, pues las disidencias del Frente 33 de las Farc difundieron por panfletos y cadenas de Whatsapp, que no se hacían responsables “de lo que pueda ocurrir”. Además, este mismo actor armado instaló una valla en la entrada del municipio, en la que ordenaban la prohibición de: i. vidrios polarizados (para los vehículos); y ii. conductores o parrilleros con casco (para las motocicletas). Todo aquel que incumpliese esas medidas, recibiría como consecuencia: “plomo”. Así, a través de sus demostraciones de poder, volvieron a atacar la estación de Policía de Tibú la noche del 20 de enero. El hostigamiento duró unos minutos y no dejó actores heridos. Pero, como si fuera rutina, el 22 de enero integrantes de esta EAI arrojaron dos granadas contra la estación de Policía de Hacarí. En el hecho, los artefactos explosivos no detonaron, y la fuerza pública pudo controlar la situación. Adicional, la noche del 25 de enero se presentó una detonación en el casco urbano de Tibú, al parecer, se trató de la explosión de un cilindro bomba que dejaron ubicado a unos metros de la estación de Policía. Por último, en la madrugada del jueves 27 de enero fueron atacadas guarniciones del Ejercito Nacional en Ocaña y San Calixto. El panorama sigue turbio, el ambiente es hostil en la región, y las soluciones integrales que clama el territorio no se ven venir.

Por: Laura Cano Periodista Pares Este jueves, el juzgado sexto de ejecución de penas de Ibagué determinó cuál será la condena acumulativa que se dará a Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, quien tenía varias condenas pendientes por delitos cometidos cuando perteneció a las Autodefensas Unidas de Colombia. Este juzgado lo condenó a 480 meses (40 años) de cárcel, una multa de 3.500 s.m.l.m.v e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el lapso de 20 años. Hay que señalar que esta decisión se dio a partir de unir las condenas que habían sido emitidas, en su momento, por los juzgados de Bogotá, Barranquilla y Santa Marta. Señala El Tiempo que “aunque podría pedir ante un juez de ejecución de penas que le cuenten el tiempo que pagó en EE. UU., ese descuento no le servirá para quedar libre en el corto plazo. Igualmente podrá redimir la pena con trabajo y estudio en su sitio de reclusión”. El ex integrante de las AUC se encuentra recluido en la cárcel de Picaleña desde el 2020, cuando llegó extraditado a Colombia desde Estados Unidos en Septiembre de 2020. En el país norteamericano había cumplido una pena de 12 años de prisión. Al llegar a Colombia, “Jorge 40” tenía más de 35 órdenes de captura, 40 medidas de aseguramiento y más de 1456 investigaciones penales. Vale la pena traer a colación que el paramilitar fue extraditado en 2008 y en 2015 se le dictó una medida de 16 años y medio de prisión y una multa de 25.000 dólares. No obstante, desde ese año se sabía que era posible que Tovar, a partir del año de la condena, solo estuviera cinco años más en prisión pues estaba la posibilidad, como finalmente se dio, que se tuviera en cuenta el tiempo que llevaba tras las rejas en Estados Unidos y lo que alcanzó a estar en detención en Colombia, tras su desmovilización en marzo del año 2006. Justamente para ese tiempo, el exparamilitar, incluso, había liderado el proceso de desmovilización de unos 30.000 paramilitares a través del proceso de Justicia y Paz. Sin embargo, en el 2015 la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional decidió excluirlo de este proceso por incumplir sus compromisos judiciales. “El pasado 21 de mayo (2015), la Fiscal 58 Delegada ante el Tribunal Superior, durante su intervención en la audiencia, argumentó que alias “Jorge 40” no cumplió con las obligaciones propias de la ley 975 de 2005, entre otras, no garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y no asistir a las diligencias programadas por la Fiscalía en el marco del proceso, pese a los requerimientos escritos enviados al postulado a la cárcel del estado de Virginia (Estados Unidos), donde se encuentra recluido”, comunicaba el ente de control. Luego de esto, Tovar pidió un cupo en la JEP. Sin embargo, a principios de septiembre, y mientras desde Colombia se tramitaba la deportación del exlíder de las Autodefensas, el alto tribunal informó que no iba a admitir a “Jorge 40” por no ser reconocido como un tercero civil dentro del conflicto. Con todo esto, hay que traer a colación que alias “Jorge 40” entró a las autodefensas en 1996, y años más tarde se convertiría en comandante del Bloque Norte, años más tarde, se conoció que bajo su comandancia fue el responsable de 768 personas desaparecidas. En versión libre enunció 175 hechos delictivos de desaparición, desplazamiento y homicidio. “Alcanzó a confesar 600 crímenes, entre los cuales estaba la desaparición, el 9 de marzo del 2000, de 7 agentes del CTI de Codazzi que investigaban a los paramilitares y la muerte de cuarenta pescadores en Ciénaga Grande. De igual forma se le investiga por desplazamiento y homicidio”, señaló Verdad Abierta. Además, en el historia de este exparamilitar reposa la responsabilidad por hechos como la masacre de El Salado, cometida en febrero del 2000 y la masacre de Bahía Portete, zona de rancherías de indígenas Wayúu en la Alta Guajira. En 2005, Tovar fue condenado a 47 años de prisión por la masacre de 40 personas en Sitio Nuevo, departamento de Magdalena. Este hecho ocurrió en noviembre del 2000. Además, también había sido sentenciado a 26 años de cárcel por más de veinte asesinatos cometidos entre 2004 y 2005 en el departamento del Atlántico. En general, Tovar tiene uno de los historiales más largos de criminalidad en el país, donde hay masacres, asesinatos de políticos, de civiles, desplazamientos forzados; todo un repertorio de violencia que fue orquestado por él y su grupo paramilitar, protagonistas en los años en los que en el país hubo mayor derramamiento de sangre. Hoy esta condena recuerda que aún en Colombia queda mucho por ser reparado.

Por: Nataly Triana Guerrero Investigadora Línea de Democracia y Gobernabilidad El 8 de diciembre del 2021, 5 días antes de la finalización del periodo de inscripción para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP), el Consejo de Estado suspendió provisionalmente una de las inhabilidades para estos comicios, descritos por la Registraduría en la Resolución No.10592 de 2021. Se trata de aquella correspondiente a haber sido candidato, elegido o no, a cargo público en cualquier tiempo por un partido o movimiento político. Fuente: Resolución No.10592 de 2021. Esta inhabilidad mencionada es violatoria a la normativa presentada por el Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021, en donde la temporalidad de la inhabilidad está determinada solamente por 5 años anteriores a la fecha de inscripción. De esta manera, la Registraduría volvió intemporal una restricción que tenía un límite determinado. Acto Legislativo 02 de 25 de agosto de 2021. Esta incongruencia entre una norma que reforma a la Constitución Política y una resolución legislativa generó desde el mes de octubre del 2021 una serie de demandas y tutelas por inconstitucionalidad al artículo 7 de la Resolución 10592 de 2021, las cuales solo fueron resueltas, temporalmente, por el Consejo de Estado a última hora. Radicado: 11001-03-28-000-2021-00072-00 Por el momento, mientras se resuelve la demanda, la norma deberá ser entendida desde lo dispuesto por el Acto Legislativo 02 de 25 de agosto de 2021. Esta medida, que desde un principio jurídico cobija y protege la correcta interpretación para categorizar las diferentes clases de normas que componen el sistema jurídico, se convirtió políticamente en la oportunidad para incluir, a pocas horas del cierre de las inscripciones, a candidatos cercanos a sectores políticos, quienes podrían tener mayores ventajas sobre otros candidatos que nunca han participado en política. La improvisación y desconocimiento del ordenamiento jurídico, en especial de las leyes que dieron lugar a las Circunscripciones de Víctimas por parte de la Registraduría, implicó una desigualdad en el proceso de inscripción de candidatos, puesto que no todos fueron inscritos bajo la misma reglamentación en su totalidad. En especial, puede haber una presunta negligencia por parte de la Registraduría al no haber llevado un debido proceso de comunicación de este cambio temporal en la reglamentación de las circunscripciones transitorias, por lo menos una pronta comunicación a las diversas organizaciones sociales inscritas sobre el pronunciamiento del Consejo de Estado. Esta no es la única falencia llevada a cabo por la Registraduría para estas elecciones transitorias, en el proceso de verificación de Pares se pudo evidenciar que en varios territorios las víctimas interesadas en participar no conocían las condiciones de inhabilidades. Y, quienes lograron inscribirse, tampoco conocen los procesos y mecanismos para exigir los fondos destinados a las campañas. Según el Acto Legislativo 02 de 25 de agosto de 2021, estos fondos debieron destinarse un mes después de haber finalizado las inscripciones, es decir el 13 de enero de 2022. Sin embargo, fuentes de Pares en diversos territorios han denunciado que, pasada esta fecha, no han recibido esta financiación, por ende, no han podido dar inicio a sus campañas electorales. Fuente: Acto Legislativo 02 de 25 de agosto de 2021. La improvisación y negligencia de la Registraduría con las distintas CTEP son la demostración de las pocas garantías electorales que se están ofreciendo a las poblaciones víctimas del país. Esta es la ventana de oportunidad para que grupos y/o clanes políticos tengan mayor facilidad de cooptar candidatos en búsqueda de sobrevivir la reñida competencia electoral. Pares hace un llamado a la Registraduría, especialmente a Alexander Vega, de cumplir a cabalidad con las funciones de esta entidad, en especial velar por el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el Acuerdo de Paz.

Por: Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos A 5 años de la firma del acuerdo de paz entre las Farc-EP y el Estado colombiano, surgen puntos de reflexión sobre la presencia de nuevos y viejos actores armados que han generado cambios en las dinámicas de conflictividad y crisis humanitaria en la costa pacífica nariñense. La situación actual de seguridad de las subregiones del departamento de Nariño es preocupante. El representante indígena Jaime Cortez Guanga aseguró que “cinco años después de la firma del proceso de paz, la situación para las comunidades Awá es peor a la vivida en los tiempos de las extintas Farc” (Viracachá, 2021). Desde la línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación construimos este reporte especial sobre la situación de la costa pacífica nariñense. Analizamos los factores que explican las estrategias de control territorial, la confusión y el terror que vive la población, así como la grave situación humanitaria y de seguridad que enfrenta esta zona. Para conocer todos los detalles, consulta el reporte aquí.

Por: Daniela Garzón Investigadora Democracia y Gobernabilidad La semana pasada se conoció la intención de Aída Merlano, excongresista condenada por delitos electorales y prófuga, de ampliar su versión en la investigación que lleva a cabo la Corte Suprema de Justicia, contra el actual senador que intenta reelegirse, Arturo Char. Aunque iba a presentar la ampliación de su declaración este lunes, solicitó un aplazamiento porque, acorde con lo dicho por su abogado, estaría recibiendo amenazas para que no se presente a la citación. La misma quedó para el próximo 31 de enero. Según recoge El Espectador, Merlano le envió una carta al magistrado de la Sala de Instrucción, Francisco Farfán, solicitando “ser escuchada en ampliación de mi testimonio en el proceso, con la finalidad de colaborar eficazmente con la administración de justicia y aclarar los hechos del proceso que se sigue contra el senador Arturo Char Chaljub por el delito de corrupción al sufragante y otros”. A Merlano la Corte Suprema de Justicia la condenó a 11 años y 4 meses de cárcel, por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego. En su sentencia, el informe de Policía Judicial del 14 de septiembre de 2018 detalla cómo funcionaba la “estructura organizativa de la campaña (...) durante los años 2014, 2015 y 2018” la cual estaba “conformada inicialmente por una coalición integrada por las familias políticas (...) conocidas como los “clanes Gerleín, Char y Name”. En el mismo informe se recoge que en 2018 se decidió conformar una alianza electoral entre los Gerlein y los Char para la elección de Aída al Senado y de Llilibeth Llinás a la Cámara de Representantes, como cuota de los Char y de Cambio Radical. Para llevar a cabo la compra de votos, entregaban inicialmente “$15.000 y el saldo cuando el sufragante entregaba al líder el certificado electoral como prueba” Uno de los testigos aseguró que cuando lo invitaron a participar de la campaña, “comprendió que no se trataba de hacer política por cauces normales, sino a través de la compraventa del voto” y que la alianza política con los Char “seguramente se selló en el año 2017 en una reunión entre Arturo Char y la sindicada [Merlano]” La Corte le abrió una indagación preliminar a Arturo Char por delitos de corrupción electoral en 2019 y en junio de 2020 lo llamaron a rendir versión libre, por su presunto vínculo con la “empresa electoral” por la que fue condenada Merlano. Esa misma indagación incluye la posibilidad de ser investigado porque habría participado en la ejecución de su fuga. Pero Char, hijo del poderoso político y empresario Fuad Char, y hermano del exalcalde de Barranquilla y hoy precandidato presidencial, Alejandro Char, no es el único político en campaña al Congreso involucrado en este caso. Otro de los mencionados en su sentencia y sobre el que hablaría Merlano, es el congresista Laureano Acuña, sobre quien también hay una indagación preliminar en la Corte Suprema. Según el mismo informe de Policía Judicial mencionado anteriormente, la organización de la cual hacía parte Merlano y por medio de la cual se hizo elegir, integrada por los Gerlein, los Char y los Name, la habría elegido a ella como representante a la Cámara; y a Roberto Gerlein y a Laureano Acuña como senadores en 2014, todos avalados por el partido Conservador. A Acuña lo conocen como “el gato volador” y según La Silla Vacía ha tenido una “gran capacidad para comprar votos”. Los otros dos involucrados en campaña son Carlos Rojano Llinás, exesposo de Aída y candidato por el Partido Liberal al Senado; y Adriana Blanco, quien fue la coordinadora de la campaña de Merlano en 2018 y hoy es candidata a la Cámara por el Partido Conservador. Rojano fue concejal de Barranquilla en el periodo 2016-2019 por Cambio Radical y siempre ha sido cercano a los Char. Su hija, Karina Rojano, actual representante a la Cámara, es una de las cuotas de este clan en el Congreso. El nombre de Rojano Llinás aparece también en el fallo contra Merlano, como uno de los políticos que se logró elegir por medio de la organización criminal de la cual hacía parte Merlano. De acuerdo con el testimonio de Francisco Palencia, la organización “además de Julio Gerleín Echeverría, la conformaban Carlos Rojano Llinás, Margarita Ballén, los concejales Aissar Castro, Vicente Támara y Juan Carlos Zamora”. La prima de Rojano, Lilibeth Llinás, se habría unido a este “proyecto ilegal” en 2018, como la ficha de los Char y la fórmula por debajo de cuerda (eran de partidos distintos) de Merlano en la Cámara. Por su parte, Adriana Blanco aparece también en el fallo porque según Palencia, testigo del caso, ella era una de las personas que integraba la campaña y habría estado presente en una reunión con Julio Gerleín y Edwin Martínez después de la cual Merlano se habría disgustado porque Julio no le entregaría los $2000 millones para financiar la campaña. Después de esa reunión Merlano habría dicho, siguiendo videos incautados en su sede, que “...a lo bien, ya el debate me lo bajó a 1300 según él; o sea no pagamos casas de apoyo, no pagamos votos, no pagamos… tú crees que yo voy a dejar de pagarles a los líderes.” Blanco también habría intentado ser la heredera de los votos del parapolítico Dieb Maloof en 2010, cuando fue candidata al Senado (obtuvo 16659 votos) por el Partido de Integración Nacional (PIN), uno de los que más tuvo escándalos asociados a la parapolítica y que cambió su nombre a Opción Ciudadana. Por las menciones en el caso Merlano, la Corte compulsó copias para que se investigara a estos y otros políticos. Sin embargo, hasta el momento, por la fuga de Merlano y su permanencia en Venezuela, en esto se ha avanzado muy poco. Su reaparición podría activar los procesos y mover el escenario político de cara a las elecciones de marzo, si finalmente puede declarar.

Luis Eduardo Celis Colombia tiene el reto de lograr un estado social y democrático de derecho que funcione en el 100% del territorio y cubra a todas las comunidades, todas y todos los ciudadanos. No es un pequeño reto, llevamos toda nuestra vida republicana sin lograrlo y en los últimos sesenta años, las cosas han sido más grave. Lo anterior, porque hemos estado en medio de un conflicto armado enorme, con unas insurgencias retadoras del orden y un paramilitarismo con considerable poder y presencia territorial. Todas estas violencias organizadas, con el propósito de atacar un orden o de defenderlo, han dejado nueve millones de víctimas, reordenamiento de territorios y una democracia precaria, llena de violencias y mafias. Todo esto es lo que debemos superar. Llevamos treinta y dos años de procesos de diálogos y negociaciones para cerrar estas violencias. El acuerdo de paz con el M-19, en marzo del 90, inició este camino que ha logrado la integración del EPL, el PRT, el Quintín Lame, la CRS, las milicias de Medellín en varias de sus siglas, el importante proceso con las AUC entre 2003-2006 y la histórica negociación con las FARC y el importante acuerdo firmado en 2016. Las violencias organizadas que hoy persisten en Colombia son más acotadas si se les compara con la presencia que tenían en el año 2000, donde había presencia de organizaciones armadas en la mitad de los municipios. Hoy esa presencia está en 180 de los 1.122 municipios con los que cuenta Colombia. Desde 2016, con la firma del acuerdo de paz con las FARC, se puede afirmar que estamos en un nuevo ciclo de este largo conflicto armado, y que el actor nacional más organizado es el ELN. Igualmente, participan de estas violencias persistentes, los disidentes del proceso de paz desde las FARC y los disidentes del acuerdo firmado, ambas dinámicas provenientes de la dicha guerrilla. Además, queda la acción del Clan del Golfo, que proviene del viejo paramilitarismo. Estas son las dinámicas organizativas más relevantes, que siguen ejerciendo sus proyectos vía violencia. Cerrar todas las violencias organizadas sigue siendo un reto vigente. No podemos resignarnos a seguir viviendo sin una democracia de calidad y con violencias de irregulares que lesionan, permanentemente, múltiples derechos de las comunidades que deben convivir con estas organizaciones, que, por supuesto, tienen variado tipo de relacionamiento. Pero, en últimas, los irregulares de todos los signos terminan imponiéndose a sangre y fuego si ven vulnerados sus derechos. Se requiere una política abarcadora para integrar territorios al desarrollo, territorios donde no hay condiciones para iniciativas económicas viables porque están aislados, donde persiste la economía ilegal de la coca, y no hay debida protección de los recursos naturales, para mencionar algunas consideraciones que colocan la complejidad de este reto. Una política para superar las violencias organizadas debe plantearse de frente a la coca. El narcotráfico es un disolvente de toda posibilidad de avanzar en democracia, con narcotráfico no podemos construir estado social de derecho, el narcotráfico todo lo corrompe y ha sido el capital de mafias que hoy son una fuerza enorme en la sociedad colombiana. Si queremos superar las violencias organizadas, debemos salir de la fracasada guerra contra las drogas, desarrollar de manera autónoma alternativas para el tema coca y cultivos ilícitos y participar de manera activa y propositiva en el debate global, para construir nuevas políticas frente al tema drogas, tema mundial que va a cambiar, no ahora, pero va a cambiar. Una política abarcadora para cerrar las violencias organizadas debe partir de darle impulso al cumplimiento del acuerdo de paz firmado con las FARC. Su incumplimiento sustancial por parte de este gobierno le ha dado nuevos aires a la acción de los disidentes de las FARC. Igualmente, hay que colocar los recursos financieros, el protagonismo ciudadano y las instituciones estatales que hagan realidad este importante acuerdo. Construir una política ante las violencias organizadas que hoy persisten debe plantearse con seriedad y recursos de todo tipo. La presencia legitima del estado en el conjunto del territorio, lo que algunos han denominado una presencia integral y estratégica, implica asumir diálogos difíciles y complejos en los territorios donde permanecen los irregulares, llámese ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo o bandas organizadas. El reto es construir procesos de paz y desarrollo en los territorios. Estamos en pleno debate presidencial, hay que animar el debate sobre cómo vamos a salir de este nuevo ciclo de violencia, es necesario y posible.

Por: Laura Cano Periodista Pares Este año ha iniciado con un escenario constante de violencia; la cual se ha materializado en atentados, enfrentamientos armados, y entre otras muchas cosas, asesinatos. Estos últimos no han sido excluyentes, pues no han respetado la edad. En lo que va del año, se han los casos de Valeria Murillo Murillo, una menor de 10 años que murió al ser víctima de un impacto de arma de fuego, pues este traspasó su vivienda, en donde se encontraba en compañía de su madre. Este hecho se presentó el pasado 17 de enero en el corregimiento Dipurdú de Andagoya, en el departamento de Chocó, tras una incursión armada, al parecer por integrantes del 'Clan del Golfo'. Solo unos días antes, el 14 de enero, se conociódel asesinato del joven indígena Breiner David Cucuñame, un comunero de 14 años, quien murióen la zona conocida como Las Delicias, en Buenos Aires, Cauca, tras un ataque armado el cual habría sido perpetrado por hombres armados pertencientes a la Columna Móvil Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. A pesar de lo anterior, la violencia contra los niños, niñas y adolescentes no solo se ha presentado en el marco del conflicto armado interno, también se han presentado otro tipo de hechos violentos en los que las víctimas son menores. Uno de esos casos ocurrió también durante este mes en Malambo, Atlántico, donde una menor de 15 años resultó con una grave herida en su cara y terminó perdiendo la vida en un hospital de Barranquilla. Este hecho fue cometido por su pareja, y la Fiscalía investiga si los hechos se tratan de un feminicidio. Por otra parte, en los primeros días de enero, en la localidad de Kennedy, en Bogotá, un niño de 8 años fue asesinado por su padrastro. El hecho se presentó luego que el hombre tuvo una discusión con la madre del menor. “De acuerdo con investigaciones, el altercado de la pareja se habría dado después de que la mamá del menor intentara poner fin a la relación sentimental con el sujeto, lo que habría desencadenado la discusión y la actitud violenta del hombre. Al parecer, el pequeño se habría interpuesto para defender a su mamá, pero el victimario terminó por herir el pecho del pequeño”, se informaba a través de RCN Radio. Sin ser poco, y aun sin terminar el primer mes del año, este 26 de enero se informó que luego de reportarse como desaparecida en Tolú, Sucre, fue encontrado el cuerpo sin vida de Kelis Tous Moguea, en el barrio Costa Azul de dicha ciudad. Se puntualizaba en el diario El País que: “El Alcalde de Tolú fue enfático en que Medicina Legal que determinará la causa de la muerte de la menor que, según las hipótesis iniciales, presentaba signos de violencia sexual y tortura”. Por su parte, según se reportaba en El Tiempo, la Policía recibió información que indicaba que el cuerpo de la menor se encontraba en una vivienda vecina a la residencia de la menor, donde en efecto fue hallada. Agrega el medio de comunicación que la menor fue encontrada con una ropa diferente a la que tenía el día que desapareció. Asimismo, a la niña la habrían podido tener escondida en un lugar diferente y posteriormente dejada en el lugar donde se encontró. Además, se pudo establecer que la niña tenía signos de un golpe en la frente y marcas en el cuello, lo que le indicaría a las autoridades que pudo ser asfixiada, además de maltratos en otras partes del cuerpo”, puntualiza El Tiempo. Por este hecho, fue capturado Jairo Julio Monterroza, de 29 años de edad, quien vivía en el lugar donde fue hallado el cuerpo de la menor. Estos hechos, además de preocupar, generan varias preguntas sobre la protección de los menores. Como se había analizado en un análisis anterior de Pares, según datos de COALICO, durante el primer semestre de 2021, 14.321 menores fueron víctimas de hechos relacionados con el conflicto armado; siendo el desplazamiento forzado el tipo de violencia que más les ha afectado, con un total de 6.951 NNA, Sin embargo, NNA no son solo un foco de violencia en el marco del conflicto, sino que también se exponen a hechos violentos como homicidos, violencia sexual, despariciones Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, durante el 2021 se presentaron 567 homicidios, de los cuales 480 fueron contra niños y 87 contra niñas. Siguiendo estos datos, vale la pena mencionar que 31 de los homicidios contra niños fueron cometidos contra menores entre los 0 y 4 años;13, contra menores de 06 a 09 años; 44, contra menores de 10 a 14 años, y 392 víctimas masculinas tenían entre 15 a 17 años. De esta misma manera, de los 87 homicidios contra niñas y adolescentes, 17 tuvieron como víctimas menores de 0 a 04 años, en 6 casos las asesinadas tenían de 06 a 09 años, 19 estaban entre los 10 y 14 años, y 45 tenían entre 15 y 17 años. Ante esto, Isaac Morales, coordinador de la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación, recordó que: “los menores son sujetos de especial protección desde la política marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y con la nueva ley de Seguridad Ciudadana se enfatiza en estos a través de un aumento de penas a quienes agreden a NNA”. Por otra parte, señala: “que muchas de las violencias contra los menores son prevenibles, pues los organismos en muchos casos tienen antecedentes de las situaciones que viven los menores, así que el primer llamado es a fortalecer los canales de prevención y atención de denuncias. En definitiva, las autoridades locales deberían ser las garantes de esta protección especial que deben tener los menores”. Retomando, hay que mencionar que el Instituto Nacional de Medicina Legal registra que 2414 niños fueron víctimas de presunto delito sexual y, por este mismo delito, hay 15.120 niñas reportadas. Asimismo, informan de 16 menores masculinos víctimas de violencia de pareja y 636 menores femeninas. En cuanto a menores desaparecidos/as se tiene un balance de 668 niños y 1706 niñas. Mientras, y sumado a este panorama donde las menores tienden a ser más afectadas por estos últimos delitos, se informa que hubo 11 hechos de feminicidios. Respecto a esto, María Victoria Ramírez, encargada de temas de género en la Fundación Paz & Reconciliación aseveró que: “Estas cifras reflejan el impacto diferenciado que existe de ciertos tipos de violencia que tienen su origen en estereotipos de género y que afectan desproporcionadamente a las niñas y mujeres adolescentes. Por tanto, se requiere con urgencia de planes, proyectos y políticas que hagan que cada vez más personas vean la violencia basada en género (VBG) como inaceptable, que empoderen a las niñas y adolescentes de sus derechos, que transformen positivamente comportamientos basados en costumbres y actitudes de género para conseguir que niñas y niños convivan, crezcan y se desarrollen en una sociedad libre de violencias”. Lo anterior, hace evidente que no solamente se deben garantizar la protección especial que tienen los menores de edad en el país, lo cual es urgente, sino que también urgen medidas de atención y prevención con enfoques de género, que permitan que las niñas y adolescentes habiten lugares seguros, que tengan información sobre rutas de atención y que puedan reconocer cuando son víctimas de algún tipo de violencia basada en género.

Por: Ernesto Medrano y Nataly Triana Asistentes de investigación. Línea Democracia y Gobernabilidad En la carrera electoral por las Circunscripciones Especiales de Paz (CTEP) se prevé que el nivel de representatividad de las víctimas será probablemente bajo si se tiene en cuenta que de los 403 inscritos, solo 16 podrán ostentar una curul, es decir que solamente el 2,5% de los candidatos podrá ser congresista. Esta dificultad ha suscitado el debate entre las distintas organizaciones de víctimas y sus candidatos. Lo mencionado ha llevado a cuestionar las candidaturas de quienes representan las zonas grises del conflicto armado en este país, es decir quiénes pueden ser víctimas y a la vez, indirectamente, representar alguno de los actores responsables de la violencia, como es el caso del actual candidato Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del ex jefe paramilitar “Jorge 40”, quien fue avalado para estos comicios por una organización de víctimas del paramilitarismo. Las aspiraciones de Jorge Rodrigo Tovar Vélez Dos hechos han marcado las intenciones de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del condenado y extraditado jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, por ocupar cargos de representación de víctimas en el gobierno de Iván Duque. El primero fue el nombramiento como coordinador de víctimas del Ministerio del Interior, bajo el mando de la ex ministra Alicia Arango en mayo del 2020, lo que suscitó duros cuestionamientos por varios sectores de víctimas del accionar de su padre. Tovar Vélez abandonó el cargo en septiembre del mismo año por razones personales. Sin embargo, este hecho estuvo posiblemente adjudicado al regreso de su padre al país, tras el cumplimiento de su condena en Estados Unidos. Posteriormente, en el 2021 Tovar Vélez postuló su candidatura para ocupar una de las 16 curules asignadas para las víctimas en el marco de las circunscripciones especiales de paz, lo que encendió de nuevo las alarmas. Para los grupos y asociaciones de víctimas, especialmente de paramilitarismo, no es claro el proceso mediante el cual se reconoció a Tovar Vélez como víctima, teniendo en cuenta que su padre, alias “Jorge 40”, fue deportado a los Estados Unidos y fue expulsado de Justicia y Paz por los reiterados incumplimientos a la verdad y a la reparación a las víctimas. A pesar de esto, Tovar Vélez buscará una curul a la circunscripción de víctimas del Cesar, Magdalena y la Guajira por medio de la organización de víctimas: Asociación de Paz es Vida (PA-VIDA). Frente a este escenario, se interpuso una solicitud para la revocatoria de la candidatura de Vélez Tovar ante el Consejo Nacional Electoral, en la cual se ha cuestionado su postulación, debido a que no es muy claro si cumple con los requisitos y, si siendo el hijo de quien fuera miembro del Estado Mayor de las AUC, no se vulnera la esencia del Acto Legislativo 02 del 25 de agosto del 2021, que crea las circunscripciones especiales de paz. Si bien el acto legislativo no establece limitaciones para casos como el de Tovar Vélez, no es la primera vez que se vulnera a las víctimas desde la institucionalidad. Máxime, cuando el partido de gobierno y el mismo gobierno nacional se opusieron a que las víctimas del conflicto pudieran representar a sus territorios, que se constituyen en los más afectados por la guerra. Ante esta situación el CNE recibió la solicitud que busca detener la aspiración electoral de Tovar Vélez. Análisis de solicitud de revocatoria CNE De acuerdo con la decisión del Consejo Nacional Electoral, tanto la Registraduría como la UARIV tendrán que demostrar los documentos presentados por PA-VIDA que certifiquen su existencia legal en el territorio de la circunscripción, así como las condiciones que llevaron a determinar la condición de víctima de Tovar Vélez. Según el director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, Tovar Vélez fue certificado al hacer parte del Registro Único de Víctimas (RUV) por el hecho victimizante de desplazamiento forzado. Solicitud de práctica de pruebas CNE En el proceso de verificación de Pares, se encontró que Tovar Vélez no tiene antecedentes penales y aparentemente no incumple ninguna de las inhabilidades descritas en el Decreto 1207 del 2021. Por otro lado, la Asociación de Paz es Vida es una entidad sin ánimo de lucro que reside en Valledupar, por ende, se encuentra en los municipios priorizados para la circunscripción del Cesar. En primera instancia, el dilema es de tipo ético y no legal, ¿Tovar Vélez debería ser candidato de la circunscripción donde tuvo mayor injerencia el Bloque Norte de las AUC? Certificado de existencia Asociación Paz es Vida, Pa-Vida Junta directiva de la asociación Pa-Vida Así mismo, se pudo encontrar no solamente que PA-VIDA es una organización debidamente constituida, sino también que su representante legal, Dulvis Estrada Gamez, es una reconocida víctima del paramilitarismo en Valledupar. PA-VIDA presentó dos candidaturas a las CTEP: la de Nairobis Jiménez y Jorge Tovar, ambas en Cesar. Conflicto de intereses en la Unidad de Victimas territorial del Cesar A pesar que Tovar Vélez no tiene antecedentes penales y presuntas inhabilidades, es cuestionable el conflicto de intereses que tiene con la Unidad de Victimas del Cesar. Desde 2019 fue adjudicado el contrato de arrendamiento de la sede de la Unidad de Víctimas territorial Cesar - Riohacha por 236 millones de pesos. Lo que resulta paradójico es que quien figura como arrendadora y representante legal del inmueble es Ana Carolina Vélez, quien según fuentes territoriales de Pares es ex esposa de Jorge Tovar Pupo, alias “Jorge 40” y madre de Jorge Rodrigo Tovar Vélez. Según está entidad territorial, el estudio de mercado arrojó que el edificio en cuestión era el único en Valledupar que cumplía con los requisitos necesarios para el funcionamiento de la entidad. Contrato de arrendamiento entre UARIV y Majusa S.A.S, 2019 Prórroga del contrato arrendamiento entre UARIV y Majusa S.A.S, 2021 Este documento fue publicado el primero de diciembre del 2021 y actualmente se encuentra en operación, debido a que se le otorgó una nueva vigencia para el 2022 por un valor de 94 millones de pesos. En esta prórroga de contrato, Ana Carolina Vélez continúa como representante legal del inmueble de propiedad San Martín LTDA, a pesar de la denuncia realizada en medios locales. Prórroga del contrato arrendamiento entre UARIV y Majusa S.A.S, 2022 Sin embargo, denuncias presentadas por el Espectador señalaron que esta unidad territorial presuntamente le hace campaña política a Tovar y fueron los responsables de promover su candidatura en el 2021. Por tal motivo, Pares exhorta a la Unidad de Víctimas en revelar desde cuando le fue otorgada la condición de víctima a Tovar Vélez y en cuál unidad territorial se llevó a cabo está disposición. El pasado no perdona Rodrigo Tovar Pupo, conocido como “Jorge 40”, fue uno de los jefes paramilitares más sanguinarios del Caribe colombiano. Con su ingreso a las filas de las AUC, Tovar logró ser miembro del Estado Mayor tras el pedido de Salvatore Mancuso, para que coordinara al Bloque Norte, que tenía incidencia en Atlántico, Cesar, Magdalena y La Guajira. El objetivo principal del Bloque Norte de las AUC era lograr el control territorial, desplazando a los poderes tradicionales de Hernán Giraldo, Adán Rojas y Chepe Barrera, conocidos como los “Señores de la sierra”, que controlaban gran parte de las zonas de incidencia del Bloque Norte (CNMH, 2017). Caracterización del Estado Mayor de las AUC En su paso por las AUC, Tovar Pupo logró dirigir entre 2.000 y 5.000 hombres. De acuerdo con la información de Justicia y Paz, además de haber cometido masacres, se le acusa por homicidio, desplazamiento forzado, tortura, reclutamiento ilícito, destrucción y apropiación de bienes protegidos y desaparición forzada. Así mismo, “Jorge 40” admitió haber participado en más de 600 hechoscriminales, ante Justicia y Paz. A pesar de haber ingresado a Justicia y Paz en 2006, de la mano del proceso de paz adelantado por el entonces presidente Álvaro Uribe, Tovar Pupo fue excluido en el 2015 por incumplir con algunas de las condiciones establecidas en la ley 975 de 2005 o ley de Justicia y Paz: aporte a la verdad, reparación a las víctimas y asistencia a las diligencias establecidas. En 2008, alias “Jorge 40” fue extraditado a Estados Unidos por el delito de narcotráfico, por el cual fue condenado a 16 años de prisión y por los cuales pagó 12 en la cárcel Allenwood Low en Estados Unidos. En septiembre del 2020, Tovar Pupo fue deportado a Colombia tras cumplir su condena en Estados Unidos y, al llegar al país, fue puesto a disposición de las autoridades nacionales pues aún pesan sobre él 35 órdenes de captura y 40 medidas de aseguramiento. En síntesis, es claro que no existen los crímenes de sangre y que Jorge Rodrigo Tovar Vélez, al estar registrado como víctima ante la UARIV, tiene derecho de ser candidato por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Sin embargo, la lista de conflictos de intereses es extensa. Por un lado, ha sido respaldado de manera vehemente por sectores del Centro Democrático, partido que se opuso no sólo a las 16 CTEP, sino a todo el acuerdo de paz. Por otra parte, surgen dos conflictos: no es claro si cumplió con el proceso de acreditación como víctima - de acuerdo con las preguntas que realiza el CNE a la UARIV; y su madre resulta ser la dueña de la sede de la Unidad de Víctimas de la territorial Cesar, uno de los departamentos que Tovar Vélez representaría en caso de obtener la curul. Referencias Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017. En honor a su memoria: víctimas del Bloque Norte de las AUC en el Caribe colombiano. Recuperado de https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/BLOQUE_NORTE.pdf Sanín, F. G. (2014). Propiedad, seguridad y despojo: el caso paramilitar. Revista Estudios Socio-Jurídicos, 16(1), 43-74.

Por: Isaac Morales La nueva Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 2197 de 2022), sancionada este martes por el presidente Duque, es básicamente una reforma al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y al Código de Extinción de Dominio. En esencia, esta nueva ley endurece las penas a delitos como el homicidio agravado, el secuestro, el desplazamiento forzado, la violencia intrafamiliar, hurtos, porte de armas (blancas y de fuego) y la violencia contra servidor público; castiga con mayor pena la reincidencia aumentando los meses de cárcel y las multas en salarios mínimos. Lo complicado de este punto es que el sistema penitenciario colombiano sufre de un hacinamiento que supera el 20% y aunque el Ministro del Interior, Daniel Palacios, sostiene que esta nueva ley también busca abrir cerca de 5.000 nuevos cupos carcelarios, aún no se lograría ni siquiera saldar el déficit actual. Para ello, se abre la puerta para que se utilicen recursos de los Fondos Territoriales de Seguridad – FONSET y de los Fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON para la construcción, dotación, mantenimiento y operación de la infraestructura carcelaria. También se incrementan las penas a quien asesine un miembro de la Fuerza Pública, defensor de derechos humanos, un menor de edad o periodista. Se agravan las penas para quien atente contra la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana y la administración de justicia. Esto, para muchos, es una forma de castigar y prevenir los hechos ocurridos en las pasadas jornadas de manifestaciones, producto del descontento social por los casos de abuso policial, donde se destruyeron CAIs en varias partes del país. Por otra parte, da lugar a una nueva figura denominada “Legítima defensa privilegiada” que aplica cuando la víctima se defiende contra quien irrumpe de manera ilegal su habitación o vehículo. Sin embargo, la ley solo establece que en la valoración de la defensa se deberá aplicar un estándar de proporcionalidad en el elemento de racionalidad de la conducta, y de alguna u otra forma permite la fuerza letal, es decir, se abre la opción a que una persona pueda defenderse y quitarle la vida a otra si se ve amenazada. Este ha sido uno de los puntos más controversiales de esta nueva ley, ya que aborda una zona gris de la compleja situación de justicia por mano propia, lo que además resultaría en una sobrecarga al sistema judicial ya que cada uno de los casos en los que se presente este tipo de hechos se debe revisar detalladamente y determinar si efectivamente se puede aplicar o no esta figura. Además, esta ley establece ciertos beneficios a la fuerza pública como el acceso gratuito a los sistemas de transporte masivo, así como la atención preferencial en entidades públicas y privadas. Además, crea la dirección especializada contra los delitos informáticos en la Fiscalía General de la Nación con cerca de 100 nuevos cargos. Como se nota, básicamente la nueva ley de seguridad ciudadana busca generar mayor castigo al delito y de paso abordar diversos temas que no cabrían en otro tipo de reformas. La reflexión que vale la pena hacer es si efectivamente aumentar las penas es directamente proporcional a la reducción del delito. aunque lo cierto es que no necesariamente esta relación sea verídica. Si lo que este gobierno quiere es superar una de las mayores crisis de seguridad que ha vivido Colombia, recientemente, en entornos urbanos y rurales, debe iniciar por comprender las necesidades de los territorios y copar los espacios en los que históricamente ha esta ausente, llevando de forma integral la oferta institucional, profundizar en los esfuerzos por una reforma policial integral y dotar de mayor alcance el poder de policía de las autoridades locales.