Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda. La semana pasada, el 20 de enero de 2022, se reanudó la audiencia de preclusión contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien se le acusa por presunto fraude procesal y soborno a testigos. Se trata de una noticia ya bastante rayada, pero todavía lo es y lo seguirá siendo hasta cuando en Colombia deje de existir la simbiosis entre la política y la justicia. Se trata de una suerte de mutualismo negativo que ha trastocado los valores más elementales de nuestra sociedad, como el respeto a la vida (hasta la fecha y durante este gobierno han asesinado a más de mil líderes sociales); por la misma causa se ha descontado el respeto a la propiedad privada (los llamados desplazados son dueños de tierras a quienes se las arrebataron); y se ha perdido, desde luego, el respeto a los bienes públicos (basta pensar en los setenta mil millones perdidos en el ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones). En consecuencia, en su corriente actividad sociopolítica, Colombia es un país de robos, asesinatos y masacres; un país de gobernantes corruptos y de una arisca e incómoda convivencia cívica, producto de la poca importancia que los colombianos le dan a la ética –es decir, al seguimiento de las normas legales y morales- y a la moral misma -es decir, al buen comportamiento-. Ahora mismo, también en esta semana trascurrida, buena parte de los colombianos se abstrajeron, para no decir distrajeron -como lo hacían los asistentes al antiguo circo romano- siguiendo por los medios de comunicación y por las redes sociales los pormenores de una audiencia penal previa a un juicio donde deberán resolverse las muertes violentas ocasionadas por el ciudadano Jhonier Leal a su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal, y a su madre, la señora Marleny Hernández. Y aunque esta noticia contenga las características que los periodistas exigen a las noticias (novedad e interés social) lo cierto es que al tiempo ocurrieron otras más relevantes, al menos desde el punto de vista del daño ocasionado al llamado “bien jurídico nacional” o lo que es igual, el daño a la vida y a los bienes de todos y de cada uno de los colombianos. Me refiero a otros hechos que siendo noticiosos parecieran haberle importado poco o nada al público en general, como las continuas masacres y el incesante homicidio de ciudadanos (e incluso de menores de edad) por el solo hecho de ser líderes de su comunidad. Por ser “Líderes sociales”, quién lo creyera, un “perfil” admirable en el mundo civilizado, que en Colombia les resulta mortificante a los políticos tradicionales y a los propagadores del miedo al cambio. En Colombia, que existan líderes sociales mortifica a los poderosos empresarios regionales, casi siempre capitalistas salvajes, y mortifica también a la llamada clase política dirigente, tanto a la empoderada legalmente por el estado (gobernantes, funcionarios públicos, congresistas y jefes de partidos políticos), como a la que se desenvuelve en sus márgenes ilegales (los llamados traquetos y los narcotraficantes, aunque muchos de ellos son a la vez gobernantes, funcionarios públicos, congresistas y jefes de partidos políticos). Con todo, ese fenómeno perverso de la violencia, el de la injusticia y el de los gobernantes corruptos, tiene sus raíces en esa tradición inculta, contraria a las buenas maneras constitucionales, como es el ejercicio en yunta del poder judicial y la política. De hecho, en una verdadera democracia esas dos fuerzas se repelen, no alcanzan a rozarse siquiera, pese a ser el poder judicial consecuencia de la política. En Colombia se han convertido en un solo ente: la rama judicial y el poder político andan tan unidos como siameses. De esa yunta entre justicia y política se surte la barbarie que a diario vivimos los colombianos; y tiene que ver con el caso del expresidente Uribe, porque precisamente su prontuario ilustra con palmaria nitidez dichos nexos. De hecho, no hay colombiano ajeno al entendimiento de cómo –al menos desde los presupuestos jurídicos y desde las valoraciones de la justicia natural que nos brinda el sentido común- Uribe es plenamente culpable de lo que se le acusa. Y tiene que ver con el caso Uribe, además, porque los procesos y decisiones judiciales contra él suelen sucumbir por cuenta de las argucias de su clase política, lo que es posible gracias a que los políticos –que hacen parte integral de la estructura siamés “política-justicia”- se encargan a toda costa de mantenerlo impune. No otra cosa ha demostrado hasta ahora la Fiscalía que, desde el inicio de este caso específico, mostró su rabiosa decisión de defender a ultranza al imputado; o, lo que es igual, echó mano de la perversa liga justicia-política, cuando debía actuar sólo y estrictamente con la justicia y el derecho. Sin embargo, tal vez esto sea así porque ambas fuerzas, justicia y política, constituyen el soporte de toda sociedad. De hecho, la justicia no es otra cosa que política pública. De tal suerte, resulta muy difícil deslindar la política de la justicia y es inevitable que los hechos políticos –cualquiera que estos sean- no tengan consecuencias en el ámbito del Poder Judicial, aunque en la tríada del poder que compone nuestro sistema constitucional, sea precisamente la rama judicial la más ajena a la arena política. Quiérase o no, en todo Estado, las ramas del poder funcionan en un espacio y ambiente compuesto y contaminado por la política. Antes de la existencia de las sociedades, y distinto a lo que hacen hoy en día la mayoría de los políticos -dados a explotar salvajemente los recursos del planeta y a las personas- la política fue el medio que encontraron las hordas de humanos para saltar de un nivel caótico salvaje -basado en el individualismo y donde se maltrataba al planeta y a las personas- a un nivel civilizado -basado en el interés colectivo-. Paradójicamente, siendo sobre evidente el carácter colectivo de lo social, ese proceso fue liderado unipersonalmente por las ideas de personas individuales (los políticos). A fuerza de pelearse con palabras, e incluso con estrategias armamentísticas, los políticos eran obedecidos por la mayoría y eran replicadas sus ideas no importando si estas rayaban con la injusticia, como por ejemplo las disposiciones del rey Hammurabi, dado a mandar bajos criterios de una lógica a raja tabla, plegada estrictamente al sentido común primario o mejor, a la Ley del Talión: “ojo por ojo, diente por diente”. De esas políticas y de esos políticos, nació la justicia, siempre plegada a las maneras impuestas por un líder. Pese a ello la democracia se activa y empieza a funcionar cuando la justicia se desprende de su origen político unipersonal y rige como le corresponde, sin miramientos ideológicos de orden político. Cuando una democracia decae, lo primero que ocurre en su interior es la politización de la justicia, o lo que es lo mismo, los políticos comienzan a administrarla a su favor o, en el peor de los casos, empiezan a intervenirla, como en nuestro país lo están haciendo con los numerosos delitos que se les endilgan, con pruebas fehacientes, al expresidente Uribe. Pero, como todo en la naturaleza es perfecto, en contraprestación ocurre la judicialización de la política: los jueces y los investigadores judiciales sacan provecho de los políticos, bien enjuiciándolos –al mejor estilo de Néstor Humberto Martínez Neira- o bien absolviéndolos, como en nuestro país hasta hace muy poco lo hacía el cartel de la toga. En realidad, el comportamiento formal de estas dos anomalías de la democracia –la politización de la justicia y la judicialización de la política- orbitan mutuamente alrededor de un centro común que se disputan: el poder absoluto. No en vano en el antiguo modelo de división de los poderes de Hobbes ya se privilegiaba la liga justicia y política. Por fortuna, lo verdaderamente cierto es que hoy en Colombia no hace falta consultar encuestadoras, ni analizar estadísticas para saber que la mayoría de los colombianos tiene una percepción negativa de la justicia y de la política; porque consideran que la justicia está politizada o que no es del todo independiente. Desde las revelaciones del ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, así lo dejaron ver, y las acciones –subterráneas o no- del presidente Duque para proteger a su “presidente eterno” son un ejemplo palmario, aunque de baja estofa. En efecto, la Fiscalía, en el presente, hace parte de las cartas de bolsillo del presidente, de su partido político e impúdicamente de su jefe mentor. En fin, la Fiscalía es el ejemplo más diciente de la politización de la justicia, que a la luz de los informes de la ONU y de organizaciones internacionales de Derechos Humanos, poco hace por frenar la desbocada violencia contra los líderes sociales (ahí están las escandalosas cifras de los niños, hombres y mujeres que han dado su vida en defensa de la naturaleza) y contra todos aquellos que muestren valores distintos al traquetismo (ahí están las cifras de quienes han sido asesinados por oponerse a las explotaciones mineras indiscriminadas y a los desalojadores de tierras) y tampoco hace nada el gobierno por detener a quienes asesinaron a los jóvenes por criticar con protestas sus programas (ahí están las cifras de los jóvenes que perdieron los ojos, las de quienes perdieron la vida y la de quienes todavía permanecen desaparecidos). Y para completar el ejemplo de la parcialidad delictual de la Fiscalía, por causa de la liga justicia y política, basta observar su expreso compromiso, no con las causas del gobierno –lo cual se esperaría- sino con las del Centro Democrático y con las de su líder supremo. Y sin duda, el más paupérrimo ejemplo de eso es que ahora la Fiscalía saca pecho, o mejor, reclama créditos de victoria investigativa, en casos de atroz talante doméstico, como la muerte de Mauricio Leal; o saca pecho anunciando la creación de un equipo investigativo para saber si el bus contra el que se estrelló Egan Bernal estaba mal o bien parqueado. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares La noche del 26 de enero y madrugada del 27, demostraron que en Colombia la guerra se sigue agudizando. En menos de 24 horas, se presentaron, al menos, 10 hechos violentos, en los cuales una persona perdió la vida, y más de 20 resultaron heridas. Esto hechos tuvieron como epicentros los departamentos de Antioquia, Cauca, Cesar, Norte de Santander y Valle del Cauca. Incluso, en varios de estos, durante lo que va del año, ya se habían presentado otra serie de violencias, como, el asesinato de líderes indígenas en el Cauca, atentados en el Catatumbo, y la incineración de un tren cañero en Tuluá, Valle del Cauca, además del ataque a la Alcaldía de Andalucía, un municipio valluno. Hoy, de nuevo, el llamado es a que se tomen acciones efectivas respecto a la situación de seguridad y violación de Derechos Humanos en el país. Sobre todo, y de manera urgente, en las zonas que históricamente se han visto afectadas por la guerra.

Por: Laura Cano Periodista Pares El pasado 18 de febrero se conoció el más reciente testimonio de Benito Osorio, exgobernador de Córdoba y exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba, quien aseveró ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que en el año 2005 José Félix Lafaurie pidió al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso que financiara y generara presión para que Mario Iguarán fuera fiscal general. También puedes leer: José Félix Lafaurie vinculado, de nuevo, con paramilitares Según los detalles que entregó, Lafourie habría entregado los contactos de quienes tomarían la decisión de elegir al fiscal general para que Mancuso pudiera contactarlos e influir en su voto. Además, contaba Osorio, que Lafurie afirmaba para ese momento que iba de parte Sabas Pretelt de la Vega, quien para ese entonces era ministro del Interior, y que además la elección de Iguarán como fiscal iba a ser "más benevolente con las autodefensas". Hay que señalar que finalmente, en agosto de 2005, Igurán fue elegido fiscal, cargo en el que estuvo hasta 2009. Justo durante su periodo,María Fernanda Cabal, esposa de José Félix Lafaurie, fue nombrada en la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía. Por otro lado, en 2012 se destapó la controversia sobre si su posesión en este cargo se debió a vínculos con grupos paramilitares. Sobre esto último, desde hace varios años, tanto benito Osorio como Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, han dado sus versiones, en donde se llega al mismo punto: José Félix Lafurie tuvo vínculos con jefes paramilitares, y a través de esos nexos se orquestaron muchas acciones, como, por ejemplo, la elección de Iguarán como fiscal. De hecho, luego de las declaraciones de Benito Osorio, Mancuso, quien por lo menos desde 2012 se viene refiriendo sobre este hecho puntual, envió una carta respaldando lo dicho por Osorio. Pues bien, luego de que este ventilador se volviera a encender, a través de la W Radio se informó que las Águilas Negras habrían declarado como objetivos militares a Osorio y a Mancuso: “Con nuestros bloques, redes de inteligencia y aliados los encontraremos en cualquier parte del territorio nacional donde se escondan y no importa cuántos escoltas tengan, no les servirá ningún esquema de protección, los vamos a encontrar, a torturar, descuartizar vivos y a desaparecer”, cita el medio respecto al documento en el que se amenaza a los dos implicados. Acerca de esto, Benito Osorio afirmó ante La W: ​​“Por supuesto está en riesgo mi vida y la de mi familia. No puedo responsabilizar a alguien si me pasa algo, la verdad es muy difícil. Le pido a las autoridades competentes, a la JEP que evalúe la situación de mi familia porque deben venir represalias de todo tipo”, indicó. Hay que señalar que, luego de las versiones de Osorio, la defensa del exgobernador solicitó a la JEP que se le brindara a Benito Osorio un esquema de seguridad, vehículo blindado, conductor y escolta. Asimismo, se recomendó que las diligencias a las que citara el tribunal al exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba fueran virtuales. También se debe precisar que hace un par de semanas la JEP le concedió la libertad transitoria a Benito Osorio, quien había sido condenado en abril de 2015 a 19 años, 6 meses y 9 días de prisión, al habérsele probado nexos con paramilitares que habían desatado hechos de destrucción y apropiación de bienes protegidos; deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil; lavado de activos agravado; testaferrato y concierto para delinquir. A esto se le sumaba una multa económica de 25.789 salarios mínimos mensuales, que debían ser pagados a la Unidad de Víctimas (UARIV). Por último, hay que traer a colación que luego de que se conociera la declaración de Osorio ante la JEP, Fedegan envió un comunicado a la opinión pública en el que se calificaba de “delirantes” las versiones de Benito Osorio, y además se afirmaba que eran “falsas acusaciones”.

Por: Camilo Díaz Suárez Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad El primer periodo del cuarto y último año del presente Congreso de la República finalizó en sus sesiones ordinarias el 16 de diciembre del 2021 y se extendió hasta el 23 de diciembre con sus sesiones extraordinarias, para regresar hasta el 16 de marzo del 2022 y sesionar hasta el 20 de junio, fecha cuando termina la última legislatura. Para lo que resta de la última legislatura, es claro que históricamente esta se ha caracterizado por una baja cantidad de iniciativas y sesiones legislativas, ya que cuando regresan los congresistas se enfrentan a los últimos meses del gobierno nacional, en un contexto de campañas presidenciales, y conociendo ya los resultados que marcan quienes continúan en el Congreso y quiénes no. Además, es un periodo de apenas tres meses que no plantea mucho tiempo para adelantar proyectos ya radicados. Lo que dejó la primera parte de la última legislatura La pandemia del covid-19 y las movidas electorales de cara a los comicios del próximo 13 de marzo marcaron el primer periodo de la última legislatura. En total, desde el 20 de julio del 2021 fueron radicadas 630 iniciativas de ley, repartidas en 560 proyectos de ley, 49 reformas constitucionales y 21 iniciativas de reforma estatutaria. El alcance de estas iniciativas se repartió en 562 de alcance nacional, 36 local y 16 regional, siendo 25 de origen gubernamental y 605 de parte de congresistas. La mayoría de estas iniciativas fueron presentadas en las comisiones primeras de ambas cámaras, al ser las encargadas de tramitas las reformas constitucionales, leyes estatutarias, organización territorial, reglamentos de los organismos de control, normas generales sobre contratación administrativa, entre otras. En esta comisión se dieron varios debates de proyectos de interés nacional como la Reforma al Estatuto Disciplinario de la Policía, que fue aprobado tras un año marcado por un paro nacional con varios abusos de fuerza policial, lo que llevó a esta reforma que incluyó nuevas tácticas y procedimientos. De todas formas, desde la oposición se manifestó que no incluyeron las recomendaciones realizadas por la CIDH tras su visita a Colombia. En cuanto a la Reforma a la Justicia, en su tercer debate se cayó por falta de quorum, que al no ser votado no tenía cabida en la agenda legislativa. Fue un proyecto altamente criticado por el cambio en la elección de magistrados y en los requisitos para elegir fiscal, procurador, defensor del pueblo y registrador. Otro de los proyectos de gran interés era el que buscaba la reducción del receso legislativo, que también se cayó por la falta de quórum decisorio. El objetivo del proyecto era lograr que en los primeros semestres del año no se reiniciaran las actividades legislativas el 16 de marzo, sino el 16 de febrero. Sin embargo, no logró avanzar. En cuanto a las comisiones segundas, encargadas de asuntos de política internacional, tuvieron en su agenda como proyecto de mayor importancia la ratificación del Acuerdo de Escazú, que al ser radicado sin mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional no alcanzó a ser debatido. Por su parte, las comisiones económicas del Congreso tuvieron un momento bastante álgido entre agosto y octubre. En primer lugar, se enfrentaron a la reforma tributaria que recibió el nombre de Ley de Inversión Social, sancionada como ley el 14 de septiembre del 2021. Fue radicada y aprobada luego del fracaso de la reforma tributaria propuesta por el exministro Alberto Carrasquilla en la legislatura anterior. Estas comisiones, junto con las comisiones cuartas, se enfrentaron también al debate respecto al Presupuesto General de la Nación (PNG) 2022, que fue aprobado por 350.4 billones. Sin embargo, su aprobación generó bastantes críticas, porque incluía la suspensión de la Ley de Garantías, un instrumento para regular y establecer mecanismos de protección de la democracia con el fin de ofrecer la igualdad electoral, de cara a las elecciones del 2022, prendiendo las alarmas de posibilidades de fraude electoral. Las comisiones cuartas, encargadas del Presupuesto, tuvieron en su agenda como proyecto principal el PNG, siendo una de las comisiones con menor cantidad de iniciativas legislativas tramitadas y recibidas. En cuanto a las comisiones quintas, encargadas del régimen agropecuario y proyectos relacionados a medio ambiente y adjudicación y recuperación de tierras, tuvo como proyecto emblema Ley de Acción Climática, para impulsar el desarrollo sostenible a través de una serie de metas y medidas para alcanzar la carbono neutralidad, sancionada como ley en diciembre del 2021. En la Comisión Quinta de Senado se cayó el proyecto de ley que pretendía prohibir el uso del glifosato para fumigar los cultivos ilícitos, el cual contaba con una férrea oposición de parte de los partidos de gobierno. Finalmente, de acuerdo con Vali Consultores, las comisiones sextas y séptimas, fueron las que más iniciativas legislativas llevaron a cabo después de las comisiones primeras. En las comisiones sextas se habrían radicado 97 proyectos de ley sobre comunicaciones, prestación de servicios, sistemas de comunicación, desarrollo turístico e investigación científica y tecnológica. Por su parte, en las comisiones séptimas se habrían radicado 92 proyectos de ley concernientes a seguridad social, cajas de previsión social, fondos de prestaciones, salud, vivienda, economía solidaria, asuntos de la mujer y de la familia. Los escándalos no faltaron Uno de los escándalos más sonados fue el de la presidenta de la Cámara de Representantes para esta legislatura, Jennifer Arias, quien habría plagiado fragmentos de su trabajo de grado para optar por el título de magíster en Gobierno y Políticas Públicas, de la Universidad Externado. El proceso se encuentra en la Comisión de Ética, a manos del representante del Partido Liberal, Crisanto Pisso Mazabuel. Este continuará después del 16 de marzo, cuando regresen los congresistas a sesionar. Sin embargo, la mayoría de las y los 18 representantes que conforman la comisión son afines a Jennifer Arias o hacen parte de partidos de gobierno, a excepción de Juanita Goebertus, del partido Alianza Verde, por lo que se ve difícil cualquier avance en contra de ella. Antes de este sonado escándalo, la Fundación Paz & Reconciliación ya había denunciado en su informe “Los narcopilotos y la campaña política de Jennifer Arias a la presidencia de la Cámara”, que Arias era el puente entre Álvaro Uribe e Iván Duque con los pilotos David Niño Cataño y Juan Camilo Cardenas, de Llanera de Aviación, una compañía investigada por lavado de activos. Ambos pilotos resultaron envueltos en operaciones de narcotráfico en Guatemala y en Providencia. Sumado a ello, esta legislatura no se salvó de tener un congresista condenado. En esta fue Gustavo Hernán Puentes Díaz, representante al Cámara por Boyacá y perteneciente a Cambio Radical, que para esta última legislatura estaba conformando la Comisión Tercera, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a cinco años y siete meses de cárcel por el delito de tráfico de influencias. Los hechos por los que fue condenado Puentes hacen referencia a que influyó indebidamente ante dos directivos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) para que designaran como depositarios de un bien incautado a dos particulares amigos y colaboradores políticos suyos, haciendo uso de su posición como congresista entre 2008 y 2010. Los desafíos del Congreso en el año electoral del 2022 En los tres meses que hacen falta por sesionar, la agenda legislativa estará marcada en gran parte por las elecciones al Congreso y a la Presidencia. Por ello, puede haber una dinámica legislativa pausada y sin mucha celeridad. Además, en los últimos meses del gobierno de Iván Duque no hay iniciativas de gran envergadura que se pretendan tramitar en lo que queda de la última legislatura. De todas formas, quedan una serie de proyectos de gran importancia ya radicados que faltan por avanzar en sus debates y se enfrentan a algunos desafíos para evitar ser archivados. El primero de ellos es el tiempo, ya que tres meses puede que no sean suficientes para que algunos de estos proyectos avancen. En segundo lugar, puede darse el caso en el que congresistas que no vayan repetir curul en Senado o Cámara de Representantes, ya sea porque no se inscribieron para volverse a lanzar o porque no quedaron, no tengan un incentivo para tener un buen desempeño legislativo en los últimos tres meses de la legislatura. De momento, al menos 40 congresistas no aspirarán a repetir una curul en el Congreso y falta esperar los resultados del 13 de marzo, que con el fortalecimiento de partidos de sectores alternativos y el debilitamiento de partidos tradicionales, pueden modificar el panorama de la rama legislativa de cara al nombramiento de un nuevo Congreso. Por ello, los últimos tres meses pueden enfrentarse a dilaciones o poca actividad legislativa. Sin embargo, quedan una serie de proyectos que tienen que avanzar en su trámite, para poder quedar sancionados al finalizar el Congreso 2018-2022. Entre los principales proyectos radicados que falta que avancen sus debates se encuentran: La Reforma al sistema de pagos y mercado de capitales: esta reforma tiene por objetivo (1) implementar un modelo de regulación basado en actividades y no en instituciones, (2) tener un modelo de licenciamiento para dinamizar la regulación y que permita la inserción de nuevos agentes al mercado y (3) lograr implementar un nuevo régimen de emisión. Acuerdo de Escazú: su objetivo es la implementación de una serie de derechos en materia de acceso a la información ambiental y participación en la toma de decisiones de carácter ambiental, junto con la creación y fortalecimiento de capacidades para proteger los derechos de cada persona. Por su importancia en materia de protección a defensores del medio ambiente, se ha insistido en su ratificación, sin mayor éxito, pese a que 27 de los 33 países que suscribieron el acuerdo ya lo ratificaron. Especialidad jurídica agraria: este proyecto es el único que busca desarrollar un punto del Acuerdo de Paz, específicamente el 1.1.8, respecto a mecanismos de resolución de conflictos de tenencia y uso y de fortalecimiento de la producción alimentaria. En un país marcado por conflictos con respecto a la tierra, el proyecto principalmente busca crear jueces especializados que diriman conflictos respecto al uso y tenencia de la tierra. También busca garantizar a la población rural el acceso a la justicia, el debido proceso, la resolución de conflictos y una justicia que responda a la realidad de los territorios. Desmonte del 4x1000: la iniciativa busca que se acabe este impuesto de manera paulatina comenzando en el 2023 y con la finalidad de ser eliminado completamente para el 2025. La regulación de plataformas de transporte: este proyecto busca legalizar la presentación del servicio de transporte por parte de particulares, ofrecido por plataformas como Uber. Es un proyecto que genera una alta división, principalmente por la oposición que tienen los taxistas respecto a este. Además de estos proyectos, se espera que puedan volver a ser radicadas varias iniciativas legislativas como el proyecto que busca la reducción vacaciones de los congresistas que, como se mencionó más arriba, pretende que los congresistas vuelvan a sesionar los 16 de febrero y no el 16 de marzo, como opera actualmente. También se encuentra la reglamentación de la eutanasia, que buscaba reglamentar el derecho a morir dignamente y se cayó en Cámara de Representantes. De igual forma, la regulación del uso del cannabis, que pretendía permitir el uso y consumo de cannabis, la cual se hundió también en plenaria de la Cámara de Representantes y se espera que sea radicado una vez más. Aparte del trámite de estos proyectos, los últimos tres meses de la última legislatura se pueden marcar también por los debates de control político. Al ser el 2022 un año electoral y que está acompañado con la derogación de la Ley de Garantías, es posible el control sobre la inversión de recursos del gobierno y a las instituciones que garantizan la transparencia electoral.

Por: Laura Cano Periodista Pares Desde septiembre de 2021 en Colombia se ha estado resolviendo el caso de Luis Jhon Castro Ramírez, alias ‘El Zarco’, quien fue guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y a quien se le responsabiliza de reclutar jóvenes para que el Ejército en el 2008 los presentara como bajas en combate. Castro Ramírez se encontraba en España hasta septiembre de este año, fecha en que fue extraditado a Colombia, luego de que el Ministerio de Justicia pidiera su extradición desde 2019. Finalmente, la Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación contra ‘El Zarco’, a quien se le implica con el delito de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado. Puntualmente, como señala el organismo de control, las víctimas habrían sido entregadas al Batallón Jaime Rooke del Ejército Nacional. Allí llegaron jóvenes de Cali y otros municipios de Valle del Cauca, quienes, bajo engaños, fueron llevados hasta el Tolima, donde luego fueron presentados como integrantes de organizaciones criminales muertos en combate. El orden de estos hechos, siguiendo lo comunicado por la Fiscalía, habría ocurrido así: el primero tuvo lugar el 28 de febrero de 2008 en Ibagué, Tolima, allí fueron asesinados seis jóvenes en la vereda Potreritos. El 30 de marzo de 2008 un hecho similar ocurrió, pero esa vez fue en Guamo, Tolima y perdieron la vida dos personas. El tercer caso se presentó en Coyaima, Tolima, el 23 de junio del mismo año, y dejó seis víctimas mortales. Se puntualiza desde la Fiscalía que: “Varios integrantes del Ejército Nacional reconocieron que estos tres eventos correspondieron a las denominadas ejecuciones extrajudiciales y señalaron a El Zarco como un desmovilizado del ELN que, conscientemente de la acción criminal que se iba a realizar, ubicó civiles y los persuadió para aceptar viajar al Tolima a cambio de dinero”. Asimismo, se agrega que “En su momento, las tropas detallaron en los reportes operacionales que, en todos los casos, se registraron enfrentamientos armados. Durante las inspecciones a los cuerpos, algunas de las víctimas fueron encontradas con armas en las manos; sin embargo, los estudios forenses y las actividades investigativas evidenciaron que no tenían rastros de disparos o pólvora. Asimismo, se estableció que las escenas de los hechos fueron alteradas”, detalló la Fiscalía. Así las cosas, el organismo, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, imputó recientemente a Luis Jhon Castro Ramírez. Hay que recordar que ‘El Zarco’ fue recapturado en Benissa, provincia de Alicante, en España, el 13 de febrero de 2021. ​​La captura se dio a través del trabajo de la Policía colombiana y el Cuerpo Nacional de Policía de España para lograr la ubicación del 'Zarco’, quien había confesado participación en varios crímenes en 2010, por lo que contra él había una circular roja de Interpol. En marzo de 2021, la W Radio publicó que ‘El Zarco’ había confesado que: “Me fui del país porque cuando me dieron el permiso de mis 72 horas, el 31 de diciembre de 2010, salí de la cárcel de Buga, era como el tercer permiso que me daban y es que estaba pagando una condena por hurto y solo me faltaban tres meses para terminar de pagarla, me presenté a la fiscalía 23 especializada de Cali, donde la doctora Fabiola Bermúdez Roa, que era la fiscal que tenía la investigación (sobre falsos positivos); con ella habíamos hablado de seguridad para mí y toda mi familia, y por eso fue que empecé a colaborarle con las declaraciones”. Además, Castro Ramírez había dicho al medio de comunicación que el 3 de enero de 2011 se acercó a la fiscalía de Cali, y preguntó por la fiscal Bermúdez, ella no estaba pero ”estaba era una muchacha que me dijo que era la secretaria de la fiscal de nombre Patricia, diciéndome que la doctora, se encontraba en Medellín, me preguntó “¿usted no se acuerda de mí?” le dije que no, ella sí sabía quién era, entonces me dijo “yo trabajé en el Gaula seis años y ahora me trasladaron para esta Fiscalía, y me dijo que era la exmujer de Amadeus, uno de los que está implicado en esta investigación, que ellos los militares, habían recogido doscientos millones ($200.000.000) de pesos para que me mataran cuando regresara a la cárcel y que me iban a condenar a 60 años de cárcel, que me fuera del país, que me perdiera, que no volviera más, que la fiscal ya la habían trasladado y que venía otro fiscal”. Incluso, luego de que el implicado se encontraba en España, y tras su detención, en medio de una audiencia que se realizaba en Madrid, España en junio de 2021, ‘El Zarco’ volvió a resaltar que no quería ser extraditado a Colombia pues, según él, en el país tenía amenazas que podrían haberse consumado al momento de regresar al país. No obstante, para ese momento la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Española había dejado en claro que esto no era causal para que el Castro no fuera enviado a Colombia. Finalmente, el exguerrillero llegó a Colombia en septiembre de 2021, y para ese momento ‘El Zarco’ solicitó sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esa acción ya la había hecho en 2019, sin embargo dicha actuación quedó invalidada por la evasión a la justicia. Hay que señalar que ‘El Zarco’ entraría a aportar información ​​​​en el macrocaso 03, que investiga los falsos positivos. Con todo esto, el 15 de septiembre se dio la orden desde la Fiscalía para trasladar a ‘El Zarco’ a la cárcel La Picota o a la cárcel La Modelo, en Bogotá. Además, en esa diligencia el ente acusador le imputó los delitos de homicidio a persona protegida y concierto para delinquir. Durante ese procedimiento se advirtió: “No se conoce un arraigo establecido del señor Luis John Castro Ramírez y se ha documentado la facilidad que ha tenido para abandonar el país. Otro factor que aparece documentado es su falta voluntad para sujetarse a la investigación. Se ha documentado que se encontraba recluido en Buga y se señala que se habría fugado de dicho centro. Aquí hay factores que nos señalan la necesidad de imponer una medida de aseguramiento”. Finalmente, Castro fue enviado a la Cárcel La Picota, en Bogotá, y ubicado en el pabellón de máxima seguridad. Tras esto, hoy, y luego de la carta de imputación emitida por la Fiscalía, se espera que el organismo establezca una condena, que podría ser de más de 40 años de prisión, por su responsabilidad en el caso de falso positivos. Al respecto,Jacqueline Castillo, representante de la Asociación Mafapo, aseveró: “Será importante que realmente cuente en todos los casos que participó y lo más importante que diga a qué miembros del Ejército se los entregó a los jóvenes. En el escenario de que el caso se acepte en la JEP, nos encantaría poder participar en sus audiencias”.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Iniciamos un año especial para la humanidad. En este celebraremos los primeros 50 años de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, realizada en Estocolmo, Suecia, en 1972, donde se posicionó al medio ambiente como el tema central para el planeta. Desde ese año la humanidad tomó la decisión de tratar los temas ambientales como eje articulador del desarrollo y los derechos humanos. Entre las decisiones más importantes de aquella histórica conferencia estuvo la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Además, se asumieron, por lo menos, 26 principios –que aún continúan vigentes– y un plan de acción relacionado con el  monitoreo, la evaluación, la gestión y la planeación del cuidado del ambiente a nivel global. En breve, desde aquel histórico momento, del cual hoy celebramos las bodas de oro, la comunidad internacional se comprometió al cuidado del medio ambiente, a incluir a la naturaleza en las teorías del desarrollo y el crecimiento económico, y a pensar, seriamente, en la formulación de políticas en todos los niveles –internacional y nacional– para preservar este bien público global. De allí que este año se realizará, en  junio, la reunión Estocolmo+50, donde se hará un balance de lo logrado en cinco décadas de cuidado o descuido en torno a la acción ambiental. Además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado este año como el del medio ambiente, y ha invitado a gobiernos, empresarios y sociedad civil a que se unan en esta efeméride para reflexionar de forma profunda sobre el cuidado de la naturaleza. Esta conmemoración se hace, justamente, luego de realizar en Glasgow, Reino Unido, en noviembre de 2021, la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático (COP26). Allí, alrededor de 200 países se dieron cita para evaluar los avances en el cumplimiento del Acuerdo de París, otro gran pacto –realizado en 2015– en torno al calentamiento global y la urgencia de hacer un giro hacia un modelo energético sostenible. El cambio climático es un fenómeno que ha logrado ponerse –junto a la pobreza y la pandemia– en la agenda más urgente e importante a atender por la humanidad en la actualidad. Este es un fenómeno natural –pues habrá cambios en el clima mientras exista la Tierra–, pero se ha convertido en un problema planetario desde hace dos últimos siglos, cuando se ha visto acelerado la trasmutación del clima –entre frío y calor– en todo el mundo. Desde la primera revolución industrial, con el nacimiento del sistema capitalista, se ha provocado un acelerado cambio climático, convirtiendo a este fenómeno en la principal falla de mercado. El uso de combustibles fósiles –gas, gasolina y petróleo–, la producción a gran escala, el urbanismo y el consumismo exagerado han causado un aumento del dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) en el planeta. Es decir, la mano de la humanidad ha logrado incidir en la transformación del clima. Y con ello, estamos afectando toda la vida humana: desde el mundo micro hasta la macroesfera. Nos hemos convertido en la especie más peligrosa y dañina del planeta. Hemos asumido, tal vez sin darnos cuenta, el papel de destructor del mundo. De allí la insistencia de la comunidad de naciones, ambientalistas y de liderazgos políticos responsables con el ambiente de que asumamos, en primer lugar, conciencia de esta situación; y, en segundo lugar, de que tomemos acciones que permitan no avanzar en la afectación desastrosa del planeta. Nuestro deseo desmesurado de crecer económicamente ha generado que el mundo se enfrente a inundaciones –como ocurrió en 2019 en África y Asia– y a calores extremos –como nos pasó ese mismo año en el Cono Sur y en Norte América–. Ahora bien, es cierto que Colombia, como territorialidad, aporta poco a la emisión de bióxido de carbono al mundo y, por el contrario, se comporta como un pulmón que limpia el aire y lo purifica. Pero, como población debemos tomar con responsabilidad el llamado que se hará este año al cuidado del medio ambiente. Esto debido, por lo menos, a dos razones: La primera, es necesario que la población tome conciencia del fenómeno planetario que se está presentando, para que nuestra responsabilidad con el ambiente se lo ponga en la agenda, tanto del gobierno como de las empresas –mercado– y sociedad civil. Debemos saber que estamos dejando una huella de carbono y que pequeños actos como dejar el carro en casa o seleccionar mejor los envases que utilizamos para guardar los alimentos son pequeñas acciones para un gran propósito. La segunda, es que seamos conscientes de la importancia de nuestro territorio para el mundo. Tenemos una gran riqueza natural que debemos salvaguardar. No podemos seguir destruyendo los bosques y selvas. Hay que presionar al Estado para que tome medidas serias y no permita que se siga destruyendo la Amazonía o la selva chocoana. Dejar de captar el dióxido de carbono es también un atentado directo contra todo el planeta. Siendo altruistas, nuestra conducta cuidadosa y consciente podría aportar, por lo menos, a avanzar en nueve de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Podríamos contribuir a que regiones vulnerables como el África, donde existe más de 118 millones de personas en condición de extrema pobreza, puedan ver mermadas las olas de calor extremo y sequías o las grandes inundaciones que ahogan sus esperanzas. Y si fuéramos egoístas, podríamos contribuir a que se desacelere el cambio climático, y con ello, incidir positivamente para que en lugares costeros como Arboletes, en Antioquia, el mar no destruya su volcán de lodo y con ello el turismo; para que manglares, como el de la Ciénaga Grande de Santa Marta, no sean consumidos por las aguas ácidas del océano, acabando con los culturas ancestrales; o para que el calentamiento no siga derritiendo los glaciares de nuestros nevados, como el del Cocuy. Hay que ponernos en la tarea seria de controlar nuestra bestia destructora del planeta. Y así como logramos regular la producción de bombas nucleares, debemos de forma similar controlar el cambio climático. De lo contrario, como lo pronosticó nuestro nobel de literatura, Gabriel García Márquez, en su visión de El cataclismo de Damocles, en pocos siglos estaríamos cumpliendo su presagio: “[…] más de la mitad de los seres humanos habrá muerto, y el polvo y el humo de los continentes en llamas derrotarán a la luz solar; y las tinieblas absolutas volverán a reinar en el mundo; un invierno de lluvias anaranjadas y huracanes helados invertirá el tiempo de los océanos y volteará el curso de los ríos, cuyos peces habrán muerto de sed en las aguas ardientes, y cuyos pájaros no encontrarán el cielo; […] la creación habrá terminado; en el caos final de la humedad y las noches eternas, el único vestigio de lo que fue la vida serán las cucarachas”1. [1]Gabriel García Márquez, agosto 8 de 1986, El cataclismo de Damocles. En https://elpais.com/diario/1986/08/09/internacional/523922413_850215.html *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Nataly Triana Guerrero Las Circunscripciones Transitorias de Paz (CTEP) han demostrado la poca capacidad de las autoridades electorales competentes en educar a la población civil y a las distintas organizaciones de víctimas sobre las condiciones de inhabilidad de los candidatos para estas elecciones. De acuerdo con la Procuraduría, por el momento se han encontrado 6 inhabilitados de los 403 inscritos. No obstante, los riesgos se encuentran más allá de la reglamentación establecida por el Decreto 1207 de 2021. Uno de ellos es la cooptación de estas curules por parte de grupos y/o clanes políticos. Según fuentes territoriales de Pares, el actual gobernador de Córdoba, Orlando David Benítez del Partido Liberal, desde el 2021 habría tenido acercamientos políticos con sus copartidarios, el senador Fabio Amín y el representante Andrés Calle; con el candidato presidencial David Barguil y el representante a Jhon Moisés Besaile (todos candidatos cuestionados por Pares que buscan una curul en 2022), para evitar que ellos no llevaran un candidato propio a la Circunscripción del Sur de Córdoba y, por el contrario, respaldaran a su candidata, Leonor Palencia. De acuerdo con las fuentes consultadas por Pares, Palencia tendría un vínculo familiar con el Gobernador Benítez y sería su candidata en la circunscripción de Córdoba por la Asociación Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó (ASOMUVIJ). De hecho, en la actualidad es la única candidata de esta organización sin inhabilidades para participar en la contienda, luego de que la Procuraduría declarara como inhabilitado a su compañero Juan David Fernández Meneses, de quien no se conoce al día de hoy el motivo de la inhabilidad. A pesar de haber sido declarado inhabilitado, Fernández continúa haciendo campaña electoral pese a estar incurriendo en una falta disciplinaria grave que implica la pérdida de la investidura en caso de quedar elegido. Palencia no solo contaría con el amparo político de la Gobernación, sino también de los concejales del municipio de Valencia del Partido Liberal, quienes aparentemente recibieron la orden de respaldarla políticamente. Las organizaciones de víctimas del sur de Córdoba le denunciaron a Pares también que no han recibido su primer anticipo por parte del CNE para realizar su campaña electoral, lo que les suscita dudas sobre los medios por los cuales Palencia y Fernández han obtenido recursos para realizar su campaña electoral en la región. De acuerdo con fuentes de Pares, la candidatura de Palencia cumple con los requisitos mínimos para su participación política y no incurre, aparentemente, en ninguna inhabilidad. Sin embargo, su presencia en este espacio ha implicado unas condiciones de desigualdad en competencia electoral para los 17 candidatos de esta circunscripción. El Gobernador se estaría convertiendo en juez y parte en las Circunscripciones de Paz en Córdoba por su decisión de inclinar la balanza electoral sobre quienes serían sus familiares: los Benítez Palencia, reconocidos en el departamento por ser víctimas del conflicto armado. El padre del gobernador, Orlando Benítez Palencia, también político del Partido Liberal, fue asesinado en 2005 por órdenes de alias ‘Don Berna’, junto con su hermana y su conductor. Sin embargo, según organizaciones de víctimas, la maquinaria política del Partido Liberal estaría menoscabando liderazgos de víctimas que, a comparación de Palencia, son y han sido mucho más visibles en el territorio. Pares realizó un proceso de verificación sobre esta información, pero dadas las condiciones de novedad de estas elecciones, así como de estos liderazgos y organizaciones, no se pudo corroborar esta información. Por esta razón, Pares hace un llamado a que quienes quieran participar asuman la competencia electoral en el marco de la transparencia y la información pública. Así mismo, se hace un llamado a las autoridades electorales competentes encargadas de vigilar y proveer por las garantías electorales e invita a los lectores y lectoras a que denuncien posibles inhabilidades o irregularidades relacionadas a las candidaturas de las CTEP.

Por: Línea de migración, región y frontera La Guajira es el quinto receptor de la migración venezolana. El retorno en este territorio tiene una particularidad: se desarrolla la vida de la nación Wayúu, pueblo que siempre se ha considerado binacional. Durante toda su existencia, este ha vivido en un permanente ir y venir según las circunstancias y las oportunidades que se den en este lugar. Este informe, sobre las dinámicas de atención a la migración venezolana y el retorno de familias colombianas, es el segundo en el marco de la alianza: “Colombia y sus fronteras de cara a la migración”, una iniciativa entre la Fundación Paz & Reconciliación, El Espectador y FESCOL como un aporte para darle visibilidad y compartir experiencias, reflexiones y propuestas frente a esta delicada situación. Conócelo aquí.

Por: Laura Cano Periodista Pares Los hechos violentos no cesan en el país. Hace menos de una semana se informaba sobre el asesinato del joven indígena Breiner David Cucuñame, un comunero de 14 años, quien perdió la vida el pasado viernes en la zona conocida como Las Delicias, en Buenos Aires, Cauca, tras un ataque armado el cual habría sido perpetrado por hombres armados pertencientes a la Columna Móvil Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. En este hecho también perdió la vida el guardia indígena Guillermo Chicame. Hoy, de nuevo, las comunidades indígenas denunciaron el asesinato del ex coordinador de la guardia indígena, Albeiro Camayo, en hechos ocurridos en el resguardo de Las Delicias, municipio de Buenos Aires (Cauca). El hecho se presentó en medio de un ataque armado cometido por la Columna Móvil Jaime Martínez. Hay que señalar, que como se denunció desde las comunidades, este grupo llegó al territorio desde cerca de las 3:15 p.m., y este hecho tuvo lugar siendo alrededor de las 6:00 p.m. Posterior a este hecho, el senador Feliciano Valencia comunicó que el grupo armado había secuestrado al hijo de Albeiro Camayo, Arlin Camayo, así como a Breiner Camayo,el sobrino del ex coordinador de la guardia indígena. Estos menores fueron liberados en horas de la noche luego de la presión de la comunidad. Se señala en uno de los comunicados emitidos por la comunidad indígena que: “Estos grupos llegaron a obligar a la comunidad a participar en reuniones. Cuando se encontraban en La Primavera, la autoridad neeh we’sx de Las Delicias llega al lugar a exigir respeto por la población civil. De esta manera, en compañía de la comunidad y los kiwe thegnas (guardia indígena) se procedió a sacar a los armados del territorio”. No obstante, y como siguen narrando, “como respuesta los armados hicieron acusaciones contra las autoridades, la guardia y la comunidad, amenazando directamente a los comuneros e ​​intimidándolos con armas de fuego. Entre los armados se encontraba alias “El Paisa”, también responsable de los asesinatos de Breiner David Cucuñame y Guillermo Chicame, hace apenas diez días”. Sobre este hecho, vale la pena mencionar, como explicó Harvey Moyan Polindara, enlace regional del norte del Cauca de Pares, que desde el 2017 en este municipio del Cauca se ha estado viviendo un proceso de reconfiguración de grupos armados ilegales. Justamente, uno de esos grupos que ha surgido tras la firma del Acuerdo de Paz es la columna móvil Jaime Martínez, que en sus inicios fue integrada por algunos excombatientes de las Farc-ep, quienes conformaron este grupo con el interés de disputarse el control de la zona, la cual es geográficamente estratégica, pues es el corredor que se dirige desde el departamento hacia la Costa Pacífica, lo que permite un constante tráfico de economías ilegales y además permite la conexión con la cordillera occidental. Adicionalmente, en este municipio hay una alta concentración de cultivos de hoja de coca y de minería ilegal, otros factores que potencian el interés y disputa de los grupos armados. Asimismo, como señaló el investigador, esta columna móvil hace parte del Comando Coordinador de Occidente, en el cual confluyen estructuras emergentes de grupos armados posfarc que se han aliado por el control territorial de diferentes zonas del Cauca y del suroccidente del país. También hay que mencionar que en ocasiones anteriores, a la columna móvil se le ha relacionado con amenazas y persecuciones contra la población civil y defensora de derechos humanos y territoriales. Por otra parte, posterior al asesinato de Albeiro Camayo se ha denunciado que la columna Dagoberto Ramos se concentran entre Pescador y la Laguna Siberia (Caldono) y están intentando cruzar a las Delicias (Buenos Aires). Hay que señalar que la estructura Dagoberto Ramos, también del Comando Coordinado de Occidente y aliada de la Jaime Martínez, se podría estar movilizando hacia Buenos Aires para apoyar a la Jaime Martínez, señaló el investigador. Según Moyan Polindara, “es constante el ejercicio sistemático por parte de actores armados en atacar, violentar y afectar las comunidades étnico territoriales que habitan en el municipio de Buenos Aires, señalando que estas comunidades cumplen una figura de poder local, que dentro de sus visiones y proyecciones está la protección del territorio y el medio ambiente. En ese sentido, la Jaime Martínez encuentra una contraposición a sus intereses por parte de estas organizaciones, lo que genera este nivel de conflictividad”. Además, indicó el investigador que “la actuación del Estado ha sido muy limitada y precaria; en el sentido de que han sido muy lentas las acciones en cuanto a presencia de Fuerza Pública, por ejemplo. Además, Buenos Aires históricamente cuenta con un bajo nivel de inversión social; es difícil el tema de acceso a servicios de salud, educación, vías. Entonces es un municipio olvidado por los gobiernos departamentales y nacional”. Por último, se hace un llamado a las instancias necesarias para que atiendan la situación en esta zona del Cauca, pues las comunidades han denunciado que con la presencia de estos grupos armados que hoy siguen atentando contra la comunidad, se podrían ver afectadas las condiciones sociales y de seguridad, que de por sí están en una situación alarmante. Hay que recordar que este tipo de hechos, además de sumergir a la población, en este caso indígena, en un profundo temor, también quiebran el tejido social, ancestral y de comunidad, pues hablar de personas asesinadas no es solo sumar números en una cifra que en Colombia pareciera interminable, es también hablar de vidas, vidas que en el caso de José Albeiro Camayo Güetio, significaban un liderazgo, una defensa por su comunidad y por el territorio.

Por: Laura Cano Periodista Pares En horas de la noche de este domingo, se informó que hombres armados habrían obligado al conductor de un tren cañero a bajarse del vehículo cuando se encontraba en la vía Cali - Andalucía, jurisdicción del municipio de Tuluá. Posteriormente, la cabina del medio de transporte fue incinerada, lo que provocó traumatismos en el flujo vehicular. Pero, adicional, se convirtió en nuevo hecho de violencia y terrorismo. El conductor resultó ileso. Por otra parte, desde la Policía del Valle del Cauca señalaron a través de El País que "En el lugar se halla una granada de fragmentación la cual fue necesario detonarla de manera controlada por técnicos antiexplosivos. En el sector delinque el grupo armado organizado residual 'Adán Izquierdo', por lo cual seguimos trabajando para determinar las causas de estos hechos terroristas". ¿Qué pasa en esta zona del país? El coordinador de la Oficina Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación, Juan Manuel Torres Erazo, resaltó que desde Pares se ha venido llamando la atención sobre los hechos violentos que vienen ocurriendo en el centro del departamento del Valle del Cauca, entre la Cordillera Central y el Páramo de las Hermosas. “Lo decimos porque en el 2019 fue publicada la alerta temprana 028 para Tuluá, en la que se planteaba la preocupación a causa del aumento de extorsiones, asesinatos, amenazas, venganzas que ocurrían particularmente en la zona urbana. En dicha alerta se hablaba de una serie de estructuras criminales, de microtráfico, de gota a gota, de extorsión y de narcotráfico. No obstante, en esa alerta no se mencionaba a la Compañía Adán Izquierdo, ni se tenía en cuenta, a pesar de que para ese entonces ya este grupo hacía movimientos en la zona. Hay que señalar que la Compañía Adán Izquierdo hace parte del Comando Coordinador de Occidente en esta zona del Valle del Cauca”. Hay que mencionar, como señaló el investigador, que a este grupo se le empezó a poner atención cuando fueron los responsables de una emboscada cometida en contra de cerca de 20 militares que se encontraban haciendo labores de desminado humanitario en zona rural del municipio de Tuluá, Valle del Cauca. En el hecho los integrantes del grupo de disidentes de las Farc asaltaron las pertenencias de los soldados y se llevaron también sus equipos de trabajo. Esto se confirmó luego de la circulación de un video por parte del grupo guerrillero en el que aceptaban la responsabilidad. Expuso Juan Manuel Torres que este grupo actualmente cuenta con alrededor de 50 jóvenes que podrían haber llegado a la Compañía Adán Izquierdo a través de reclutamiento forzado. Además, anotó que, en este municipio del Valle del Cauca, disidentes podrían haber rotado mínimo ocho panfletos verificados en los últimos dos años. Asimismo, el investigador aseveró que este grupo hace parte del fortalecimiento del Comando Coordinador de Occidente, en el que también están “el Frente Ismael Ruíz al otro lado de la cordillera, al sur del Tolima; la Dagoberto Ramos que en el Valle del Cauca está en los municipios de Florida y Pradera; también está la Jaime Martínez en Jamundí y Buenaventura”. Hay que traer a colación que el Comando Coordinador de Occidente (CCO), como explican Harvey Moyan y Francisco Daza, investigadores de Pares, en el artículo “Murió alias "Jhonier", ¿cómo deja al Comando Coordinador de Occidente?”, es una “confederación integrada por diferentes estructuras de los GAPF que hacen parte de la línea de “Gentil Duarte” y que desde el año pasado habían realizado un amplio despliegue territorial en el departamento del Cauca, haciendo presencia, inclusive, en departamentos como Valle del Cauca, Tolima, Huila y Nariño”. Este comando era liderado por Alias “Jhonier”, quien principalmente era el encargado de las rentas del narcotráfico de este grupo disidente. “Jhonier” fue dado de baja este 24 de enero en la vereda Huila del municipio de Toribío, en el departamento del Cauca. Por otra parte, Tuluá ha sido el foco de repertorios de violencia, incluso, como analiza el Torres Erazo, es una de los municipios con tasas más altas de homicidios por cada 100.000 habitantes. Siguiendo esto hay que anotar que según datos de Medicina Legal, en lo corrido de 2021 se presentaron 125 homicidios en esta zona del Valle del Cauca. Vale la pena mencionar que Tuluá cuenta con 221,684 habitantes. Asimismo, en este municipio, que además es una de las ciudades más grandes e importantes del Valle del Cauca, durante el 2021 se presentaron hechos como el asesinato de Jorge Enrique Corredor, persona en proceso de reincorporación y excomandante del Frente 21 de FARC-EP, el cual ocurrió en el mes de mayo. En esta zona, en junio también tuvo lugar el asesinato de José Alonso Valencia, firmante de paz y quien para ese momento ejercía como presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de La Moralia. Adicional, en Tuluá también ocurrió el asesinato de Marcos Efrain Montalvo, un reconocido periodista local. Puntualizó el Comité para la Protección de los Periodistas que él “había trabajado para periódicos y radioemisoras locales, así como para el diario El País, de la cercana ciudad de Cali, desde los años 70. En los últimos años, publicaba casi todas sus informaciones en su página personal de Facebook, la cual cuenta con unos mil seguidores. (...) Montalvo informaba con frecuencia sobre denuncias de corrupción y mala gestión que implicaban a funcionarios del Gobierno de Tuluá, y también había escrito sobre los actos de grupos del crimen organizado, como el Cartel del Cilantro, una banda local que presuntamente extorsionaba a vendedores de verduras de la ciudad. En 2019, un sujeto que montaba una motocicleta golpeó a Montalvo con el casco y le advirtió al periodista que dejara de informar sobre temas delicados”. De la misma manera, iniciando el 2021 fue hallado el cuerpo sin vida de Gonzalo Cardona Molina, líder ambiental y coordinador de la Reserva ProAves Loros Andinos, donde llevaba cerca de 23 años de trabajo. La organización luego de este asesinato comunicó a través de su portal que: “En sus últimos días, durante el pasado mes de diciembre, Gonzalo alcanzó a realizar el último censo nacional del Loro orejiamarillo y la Cotorra Coroniazul, su libreta arrojaba un número aún impresionante para él mismo: 2.895 loros en Roncesvalles. La alegría desbordó su corazón con el orgullo del deber cumplido. Hoy Colombia no solo perdió otra vida preciosa, Roncesvalles perdió a un líder ambiental y al mejor de sus hijos, su familia a un ser muy amado y nuestro Loro orejiamarillo a su padre y salvador. ProAves y todo su equipo expresamos nuestra solidaridad con su familia, sus seres queridos y toda la comunidad de Roncesvalles, Tolima, en donde su huella permanecerá para siempre”. Por último, expone Juan Manuel Torres que “Tuluá venía de un panorama bastante preocupante, acentuado además con la situación del Paro Nacional, pues esta fue una de las zonas del Valle del Cauca en donde jóvenes participaron de las manifestaciones sociales. Además, y en el marco de las movilizaciones, muchos jóvenes del municipio fueron desaparecidos y asesinados. Muchos aparecieron desmembrados, mutilados posteriormente”. Con todo esto, y en relación con el hecho que recientemente se vivió en el municipio vallecaucano, Torres Erazo concluye que: “en Tuluá están todos los factores a analizar y a poner atención en cuanto a seguridad, conflicto, violencia, estallido social, juventud y paramilitarismo. Hay todo un cóctel de contextos que ponen en riesgo esta importante ciudad”.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad En Colombia, las dinámicas y los liderazgos políticos han estado históricamente dominados por los hombres y sus correspondientes expresiones masculinas, propias de una sociedad profundamente patriarcal y conservadora. A pesar de la aprobación del voto femenino en agosto de 1954 y su aplicación hasta diciembre de 1957, el camino recorrido por las mujeres colombianas para lograr un espacio en la esfera pública y en la política ha sido arduo. Esta situación se encuentra reflejada, por ejemplo, en los datos recogidos por la CEPAL en 2020: el 18.3% de los escaños en el Congreso del país se encuentran ocupados por mujeres. Esta cifra revela que Colombia aún es un país rezagado en cuanto a participación y representatividad de mujeres en la región iberoamericana. Es necesario reconocer la complejidad de factores que atraviesan una verdadera inclusión de las mujeres en la política. Entre ellos se encuentran la educación política, el acceso a la educación superior, la equidad salarial, la eliminación de los estereotipos de género y la erradicación de la violencia política contra las mujeres, entre otros. Esto ha llevado a que únicamente las mujeres privilegiadas de la sociedad sean quienes alcancen los espacios de poder y decisión. En efecto, su representación no se ha traducido necesariamente en la defensa de las agendas, intereses y demandas que desde los movimientos sociales de mujeres y feministas se establecen; sino que, por el contrario, muchas veces encarnan los valores más tradicionales y patriarcales de la política colombiana. Las baronesas electorales son un ejemplo de esta situación. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), para las próximas elecciones legislativas de 2022 en Colombia, de 2432 candidaturas, solamente 929 son mujeres, de las cuales 21 pertenecen a clanes políticos; y, entre estas, únicamente 3 candidatas pertenecen a clanes políticos liderados por mujeres. Mientras tanto, se registran cerca de 17 candidatos hombres en las filas de estos clanes liderados por mujeres. En este sentido, puede afirmarse que las baronesas no incentivan la inclusión política de las mujeres y, en cambio, perpetúan en su ejercicio las brechas de acceso al escenario público en sus propias estructuras clientelares. ¿Quiénes son estas baronesas electorales y cómo entender su accionar? Para conocer más descarga el informe completo aquí.

Por: Laura Alejandra Fajardo Línea Democracia y Gobernabilidad Desde la expedición de la Ley 581 de 2022 y la Ley 1475 de 2011 se aspira a que en Colombia los espacios legislativos y de administración estén compuestos por al menos el 30% de mujeres. La medida aplica también para las candidaturas a cargos de elección popular en corporaciones públicas, de forma que, para el caso del Congreso, cada cuatro años, las mujeres involucradas en el mundo político vigilen el cumplimiento de dichos parámetros, que, a pesar de no tener aún carácter de obligatoriedad, sí revelan el interés de las colectividades políticas por construir y promover la equidad de género en los espacios de representación y participación, históricamente dominados por hombres. Sin embargo, la publicación de las listas de candidaturas legislativas para estas elecciones del próximo marzo dista mucho del cumplimiento de las cuotas establecidas y, en cambio, revelan la continuidad del dominio masculino (y sus prácticas) en el quehacer político. La ruptura del continuismo podría darse de la mano del triunfo electoral de movimientos como ‘Estamos Listas’, primer movimiento social en lanzarse al ruedo electoral parlamentario teniendo como premisa la prevalencia de mujeres en sus listas y la defensa y necesidad de la presencia de estas en las arenas políticas. Esta nota de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) busca poner algunos datos a consideración del debate público en materia de participación política de mujeres, igualdad, equidad y cumplimiento de derechos. De igual forma, pronostica algunos rasgos de prácticas que aparentan ir en pro de la igualdad, pero que más allá de los números resultan ser síntomas del continuismo del dominio masculino en las agendas y representaciones políticas en el Congreso. La fotografía actual de la situación de las mujeres en el Congreso A la fecha, el ejercicio político y electoral para las mujeres en Colombia es el resultado de dinámicas propias de subrepresentación y exclusión. Reflejo de esto es que, según ONU Mujeres, tan sólo hasta las elecciones de 2018, la Registraduría discriminó las estadísticas de votantes por sexo, de forma que hasta hace tan solo cuatro años se tuvo conocimiento de cuántas mujeres votaban en el país y el peso de esta cifra en el panorama electoral. Este ejercicio arrojó que, para 2018, las mujeres representaron cerca del 51,6% del censo electoral (18.606.307 personas) y votaron cerca de 9’619.175 de mujeres; es decir, el 51,7% de todos los y las votantes a Congreso en dicha jornada electoral. Sin embargo, a pesar de ser más de la mitad estricta del censo y la votación, las mujeres elegidas representan apenas el 19,7% de la composición parlamentaria, porcentaje muy bajo, comparado con el promedio de mujeres congresistas en la región (29,7%) y a nivel mundial (24,1%) Ahora bien, las mujeres elegidas y la composición del Congreso en Colombia han variado de forma sustancial en los últimos años, excepto por las últimas elecciones de 2018, año en el que los porcentajes de participación disminuyeron, yendo en contra del aumento progresivo que se esperaba. Gráfico 1. Histórico de presencia de mujeres electas para Congreso La gráfica revela una reducción mínima, pero alarmante, entre las elecciones de 2014 y las de 2018, considerando que la tendencia venía en un importante aumento. Es urgente que dicho incremento se sostenga en el tiempo, no obstante ¿qué pueden esperar las mujeres para las próximas elecciones? El panorama para las próximas elecciones: entre el agridulce del continuismo político tradicional y las esperanzas de las nuevas oportunidades Tras el cierre de inscripción de candidaturas el pasado 13 de diciembre, se analizaron, en materia de paridad, la conformación de las listas a Senado[1] de cada partido, coalición o movimiento significativo, arrojando como resultados los siguientes datos: el partido político con más mujeres inscritas es el Partido Liberal, el que menos mujeres tiene en sus listas es la coalición de la Alianza Verde y Coalición de la Esperanza. El top cinco de los partidos con más mujeres inscritas en sus listas es: En este top se destaca el movimiento de mujeres ‘Estamos Listas’, concentradas particularmente en la presencia y la participación política de las mujeres. Sin embargo, el top no resulta particularmente esperanzador, considerando las altas participaciones de mujeres en partidos tradicionales como el Partido Liberal y Cambio Radical, presencias que no significan de forma alguna un avance en términos de equidad o mayor representatividad para los intereses y los derechos de las mujeres. Reflejo de esta situación es que, según el último informe de candidatos cuestionados publicado en diciembre de 2021 por Pares, los partidos con más candidatas y candidatos cuestionados son, precisamente, el Partido Conservador, el Partido Liberal y Cambio Radical. Esta situación demuestra que la presencia de más mujeres en las listas de estos partidos no significa necesariamente la llegada y defensa de una agenda a favor de los derechos para esta población. Para mejor claridad, cabe mencionar algunos ejemplos, como el caso de Daira de Jesús Galvis, candidata al senado por Cambio Radical y heredera del poder político y económico de Enilse López, ‘La Gata’, famosa empresaria de chance, condenada por sus vínculos con paramilitarismo y la financiación irregular de campañas políticas en Bolívar y otros departamentos de la costa Atlántica colombiana. Otro ejemplo es el de Claudia María Pérez Giraldo, candidata al senado por el Partido Liberal y quien sería la heredera política y cuñada del condenado exsenador Eduardo Pulgar. Estos casos reflejan cómo en las dinámicas de la política tradicional hay mujeres que pertenecen a clanes políticos y que en realidad gobiernan en cuerpo ajeno según los intereses de esposos, padres, hermanos, tíos o figuras masculinas que en otro tiempo dominaron la política electoral en sus regiones. Cabe aclarar que la pertenencia de estas mujeres a estos clanes no niega automáticamente un desinterés por la igualdad y equidad de género, pero sí resulta cuestionable que su llegada a los espacios de representación se dé gracias a la herencia de capitales políticos obtenidos mayoritariamente de prácticas ilegales y corruptas. En contraste con la alta representación femenina de estos cuestionables partidos, es lamentable la precaria presencia de candidatas en el resto de partidos y movimientos políticos alternativos, como lo es la coalición de centro del Partido Alianza Verde y la Coalición de la Esperanza, pues ocupa el último lugar de representación femenina en sus listas, contemplando a solo 30 mujeres de los 100 candidatos inscritos. Es lamentable, además, por tratarse de un partido cuya agenda política incluye la defensa de los sectores históricamente excluidos y defiende la necesidad de alcanzar mejores estándares de equidad e inclusión. Desde los sectores de la sociedad civil es necesario seguir exigiendo el cumplimiento de las cuotas de género legalmente señaladas, así como la presencia de mujeres en las corporaciones públicas para representar efectivamente los intereses y derechos de las mujeres pobres, negras, indígenas, de las madres solteras, de las jóvenes y las adultas mayores. [1] El calculo se hace solamente con los y las candidatas a Senado, considerando la complejidad que implica analizar departamentalmente cada una de las listas a Cámara de Representantes.