Por: Walter Aldana Político social alternativo Este 2021 termina con menos miedo que el anterior, signado por la incertidumbre, que no por poco se le denominó el año de la pandemia, ello sin negar el dolor causado por la partida de más de 129.163 personas en el país y 1592 en el Cauca. De igual forma, estos dos aspectos se dibujaron en los rostros de indígenas, afros y campesinos ante la incursión en sus territorios de “nuevas” organizaciones armadas. Solo el silencio es la manera efectiva de garantizarse la vida, es el seguro que permite continuar en veredas, resguardos y consejos comunitarios sin tener que abandonarlos; quienes llegaron son hoy el gobierno real en esas zonas, y de eso el Cauca da testimonio. La política que mantiene el gobierno nacional es la de ampliar la brecha entre pobres y ricos, evidenciada en el gasto de pandemia y su impulso de ”política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente: nuevo compromiso por el futuro de Colombia” escrita en el documento Conpes 4023 del 11 de Febrero de 2021. Esta se encuentra sustentada en el fortalecimiento de la gran industria, los días sin IVA (en los que parece que se esconde el virus ante las aglomeraciones de ciudadanos en compra), pero manteniendo su negativa para aprobar la renta básica propuesta desde lo popular, eso sí, manteniendo los programitas asistencialistas y de apocamiento de la dignidad de los más pobres y siendo entonces discurso electoral de los tradicionales para su mantenimiento. Mientras la bancarización de los programas asistenciales permitió la entrega de nuestro dinero a los bancos, favoreciendo que estos, según la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ganaran al sexto mes del año, utilidades por $4,9 billones de pesos, la pobreza e indignidad de los habitantes aumentó. Según el periódico de la Unal.edu.co de noviembre 9 de 2020, tomando información del Dane: “el 35,7 % de las personas en Colombia se encontraría en pobreza, y de estos el 9,6 % en pobreza extrema”. Varios y dolorosos los costos para nosotros en este 2021: ochenta jóvenes asesinados, según informe de 21 de julio-2021; 82 casos de afectaciones oculares, cifra de - plataforma Grita!, de la ONG Temblores; y un número indeterminado de desaparecidos ocurridos en el marco del estallido social entre el 28 de abril y finales de junio. Estallido convocado por las organizaciones sociales, pero, sobre todo, expresión de los habitantes de los barrios marginados del desarrollo y de la inversión pública. Una superposición de mapas da como resultado áreas urbanas de mayor pobreza coincidente con espacios territoriales de fuerte expresión del paro. Pero derrotamos al ministro Carrasquilla, a la tercera reforma tributaria de este frágil gobierno, y gracias a los jóvenes enfrentando la brutalidad del Esmad, (lo vimos todos por las redes sociales), su lucha dio como resultado la matrícula cero. Por otro lado, el gobierno demostró que en su ética pública “ser pillo paga". Abudinear se convirtió en sinónimo de timar recursos públicos sin que pase nada; setenta mil millones en el olvido de la "justicia colombiana" es solo una muestra de su “gobernar con legalidad". Aún así, somos alegres, damos gracias a Dios (quienes en él creemos), hacemos y comemos plato de dulce Caucano, batimos dulce, sonreímos más y nos recargamos de amor y afecto para regresar a la lucha social en el 2022, año de la esperanza y el Pacto. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Francisco Javier Daza y Harvey Moyan Polindara Fotografía: Sergio Saavedra, realizador audiovisual Pares. Euclides España Caicedo, conocido como alias “Jhonier”, fue dado de baja en horas de la tarde de este lunes 24 de enero, en la vereda Huila del municipio de Toribío, en el departamento del Cauca. Alias “Jhonier” era el comandante del Comando Coordinador de Occidente (CCO), confederación integrada por diferentes estructuras de los GAPF que hacen parte de la línea de “Gentil Duarte” y que desde el año pasado habían realizado un amplio despliegue territorial en el departamento del Cauca, haciendo presencia, inclusive, en departamentos como Valle del Cauca, Tolima, Huila y Nariño. Alias “Jhonier” había sido enviado al suroccidente del país por alias “Gentil Duarte” para hacerse con el control de las rentas del narcotráfico de este grupo disidente. El líder del CCO contaba con una amplia trayectoria guerrillera (29 años). Participó de múltiples acciones entre las que se encuentra la toma de Mitú, en 1998, a través de la operación Marquetalia que dejó un saldo de 56 muertos (46 combatientes y 10 civiles) y 61 secuestrados. En el año 2020, la Fiscalía General de la Nación emitió una orden de captura contra alias “Jhonier” y otros 10 comandantes de los GAPF (entre los que se encuentran alias “Gentil Duarte”, “Iván Mordisco” y “Alonso 45”) al ser los presuntos perpetradores de los homicidios de 14 excombatientes de las FARC entre el 2018 y el 2020. En el año 2020, el equipo de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), liderado por Ariel Ávila, Andrea Aldana y Sergio Saavedra, entrevistó a alias “Jhonier” en las montañas del departamento del Cauca. En este encuentro, el comandante del Comando Coordinador de Occidente hizo énfasis en que este grupo armado, conformado por diversos frentes y estructuras, era “la verdadera resistencia armada de las FARC”: “Nosotros nos quedamos haciendo resistencia en el Frente Primero Armando Ríos y, por tal razón, no somos ni disidentes ni somos grupos narcoparamilitares, como nos suelen llamar, somos la verdadera resistencia armada de las FARC, que hemos seguido el legado que nos dejó nuestro inolvidable comandante Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arena, el mismo camarada, Jorge Briceño, y muchos más mártires que perdieron la vida en esta justa causa”. En esta entrevista, alias “Jhonier” señalaba, entre otras cosas, los desencuentros con el proceso de paz, al denominarlo como una “traición” y una injusticia con un gran número de integrantes de la guerrilla que no fueron escuchados en los diálogos con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos o que no vieron las garantías suficientes en materia económica y de seguridad para reincorporarse a la vida civil. Asimismo, alias “Jhonier” hizo énfasis en la disputa armada que tenían con su contraparte disidente, conocida como la “Segunda Marquetalia”, con la cual mantienen en la actualidad una disputa armada. En la entrevista realizada por Pares, alias “Jhonier” habló, además, de temas como la vinculación de niños, niñas y adolescentes al CCO y los medios de financiación de este grupo. En esta negó la participación de menores de edad en sus filas y los señalamientos que los vinculaba con actividades asociadas con el narcotráfico en el occidente del país. Comando Coordinador de Occidente El equipo de investigación de la Línea de Conflicto, Paz y Conflicto de Pares ha estudiado los movimientos y alianzas de esta organización. A partir de ello, se construye esta caracterización. El Comando Coordinador de Occidente (CCO) surgió a finales del 2019 a través de una alianza estratégica entre pequeños Grupos Armados PosFarc (GAPF o disidentes) que surgieron en el año 2017, integrados por combatientes de las antiguas FARC-EP (Frente sexto) que decidieron no acogerse al acuerdo de paz, conformando así las estructuras armadas autodenominadas Columna Móvil Jaime Martínez y Columna Móvil Dagoberto Ramos. Estos grupos, al mando de alias ‘Jhonier’ y bajo las orientaciones del Frente Primero (del cual Gentil Duarte tenía control directo en el departamento del Guaviare), se ubicaron inicialmente en el norte del Cauca, subregión que históricamente se ha configurado como una zona geográfica importante para la confrontación militar y para el control de economías ilegales, e inició así una campaña de control y expansión territorial sobre otras geografías de ese departamento. A partir de este proceso de expansión, la columna móvil Jaime Martínez se ubicó sobre la cordillera occidental, situándose hacia el centro del departamento del Cauca. Ello permitió la integración del Frente Carlos Patiño al CCO, el cual se encuentra establecido al sur del Cauca, junto a la Columna Móvil Franco Benavidez y el Frente Rafael Aguilera, o también conocido como Frente 30, ubicados en la costa Pacífica Caucana. Para finales de 2021, el CCO año había logrado expandirse, además, hacia el departamento del Valle del Cauca, principalmente en su zona media, a través de la Compañía Adán Izquierdo, mientras que la columna móvil Dagoberto Ramos, ubicada sobre la cordillera central, se desplegaría hacia el oriente caucano, posicionándose inclusive en el departamento del Huila por medio de su Quinta Comisión. Otras estructuras que hacen parte del CCO son el Frente Ismael Ruiz, el cual opera en el departamento del Tolima, y la Columna Móvil Urías Rendón, que comenzó su presencia en el departamento de Nariño el año pasado. Actualmente, el CCO es el grupo armado con el mayor poder militar, presencia y control territorial sobre el suroccidente colombiano, gracias a un importante crecimiento en sus filas, permitiéndoles controlar, además, un gran porcentaje de las economías ilegales que circulan en esta subregión. Cabe mencionar que, en los departamentos de Valle del Cauca, Tolima y Huila, el CCO es el GAO-R más fuerte y su accionar se concentra en acciones hacia la fuerza pública. En el Cauca, departamento que se configura como el bastión del CCO, en la mayoría de las subregiones no solo acciona contra la fuerza pública. Actualmente, sobre el Cañón del Micay, en el sur del departamento, se concentra una confrontación armada por medio del Frente Carlos Patiño (CCO) contra el ELN y la Segunda Marquetalia La muerte de alias “Jhonier” se suma a las bajas que tuvo la segunda Marquetalia a finales del año pasado con la muerte alias “Romaña” y alias “El Paisa”, en el estado Apure en límite con el departamento de Arauca. En general, las muertes de estos tres comandantes representan bajas sensibles para ambas facciones de los grupos armados PosFarc (disidencias) que se encuentran en disputa. Sin embargo, para la línea de Gentil Duarte esto no implica un cambio significativo en su proyecto de expansión y control territorial, a través de CCO en el occidente del país, ya que las estructuras que lo conforman han demostrado un amplio despliegue militar que les ha permitido tener una cobertura en esta parte del territorio colombiano. Además, son grupos que, como estrategia de supervivencia, garantizan la renovación en su línea de mando, lo que les blinda de la desarticulación, el debilitamiento militar y la pérdida del control sobre las economías ilegales. Así sucedió, por ejemplo, con la Columna Móvil Dagoberto Ramos; cuando fue capturado su primer cabecilla, el relevo aseguró su pervivencia a pesar de los cambios. Esta renovación y persistencia de su accionar permite romper con el discurso del Gobierno nacional que asume que la muerte de los mandos supone la desarticulación de los grupos armados.

Por: Walter Aldana Político social alternativo Los actores que hacen uso de la intimidación y la violencia armada se encuentran en el país y el departamento del Cauca. Y digo grupos pues conozco bien de su filosofía y su proceder, por ello son diversos sus nombres en cada uno de los territorios. Hace unos meses dirigí a ellos una misiva reclamando respetuosamente su respuesta, cosa que aún no ha sucedido. Nuevamente les escribo precedido de "rumores" sobre la prohibición del desarrollo de campaña política electoral a todos los partidos y movimientos independiente de su orientación. Hoy 24 de enero del 2022 reitero ante ustedes, señores del Ejército de Liberación Nacional; Farc-ep Segunda Marquetalia; Comando Coordinador de Occidente; Columna Móvil Dagoberto Ramos; Columna Móvil Jaime Martínez; Frente Carlos Patiño; Águilas Negras y Autodefensas Gaitanistas de Colombia; la solicitud de que se conozca públicamente cuál será su comportamiento en esta coyuntura signada por las esperanzas de cambio en lo concerniente a la vida económica, política y social de nuestras comunidades. La zozobra en veredas, corregimientos y cabeceras municipales a la salida de la otrora Farc (hoy partido Comunes) en el 2016, por la presencia de otras agrupaciones, dio como resultado la incertidumbre del no saber con quién se interlocuta por parte de los pobladores de los sitios donde hacen presencia; convirtiéndose el silencio en el seguro de vida de indígenas, afros y del campesinado. Además de la retirada de publicidad electoral de candidatos tradicionales, de partidos igualmente añejos como Cambio Radical y la U (puesta en postes públicos) en varias zonas del Cauca, la investigación aperturada por la Procuraduría General de la Nación al gerente de Emcaservicios, Julián Muñoz, por su “presunta” participación en política (rueda por redes y como prueba, un audio, grabado en una reunión), acción contra los lábaro y pasacalles, denuncias por participación en política de funcionarios, son síntomas de inconformidad comunitaria que en ningún caso se podría señalar como estrategia de la oposición. Es por lo anterior que la solicitud es clara y precisa, por favor dejen ustedes, que hoy son la ley y el gobierno en esos territorios, que las posturas se expresen libremente sea cual fuere la inclinación ideológica de las y los candidatos. Esperamos su respuesta. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Luis Eduardo Celis La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) hizo parte de un diálogo por la paz en Estocolmo. La Folke Bernadotte Academy organizó el “Encuentro de expertos sobre: Procesos de diálogo y negociaciones de paz en Colombia”, entre los días 18 y 21 de enero del año en curso, y allí estuvimos. Por amabilidad de la FBA, tuve la oportunidad, en nombre de Pares, de participar en esta importante iniciativa. Dicho espacio es la continuidad de un largo involucramiento del Gobierno sueco en acompañar a la sociedad colombiana y sus gobiernos en este largo esfuerzo de construir una Colombia en paz. El conde Folke Bernadotte nació en Estocolmo el 2 de enero de 1895. Fue miembro de la nobleza, militar y líder de la Cruz Roja Sueca. Se le recuerda, principalmente, por su participación en el rescate de prisioneros de guerra en campos de concentración Nazi, durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. El Conde Bernadotte, actuando como mediador de las Naciones Unidas en la guerra árabe-israelí de 1948, fue asesinado por un grupo judío en Jerusalén el 17 de septiembre de 1948. Hoy su nombre lo lleva la agencia del Gobierno sueco para los asuntos de paz, seguridad y desarrollo, la Folke Bernadotte Academy (FBA). En la pagina de presentación de la FBA, se lee: “Como parte de la ayuda al desarrollo internacional de Suecia, promovemos la paz en los países afectados por conflictos. Ofrecemos capacitación y asesoría e investigamos para fortalecer la construcción de paz y del estado, y otorgamos fondos a organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la paz y la seguridad. Además, desplegamos personal civil en operaciones de paz y misiones de observación electoral dirigidas principalmente por la ONU, la UE y la OSCE. La agencia lleva el nombre del Conde Folke Bernadotte, el primer mediador de paz de la ONU”. De esta forma, bajo la consigna del fortalecimiento de la construcción de paz, se ofició este gran espacio de diálogo. El centro del encuentro fue dialogar e intercambiar análisis y propuestas sobre el proceso de paz pendiente entre el Gobierno colombiano y el ELN, proceso de paz que ojalá sea asumido por el gobierno que se instale en la casa de Nariño el próximo 7 de agosto. La reunión de Estocolmo fue muy importante porque contó con la participación de delegados de las campañas de: Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán y Oscar Iván Zuluaga, solo faltó la campaña de Federico Gutiérrez. El desarrollo del encuentro estuvo centrado en entender de qué conflicto estamos hablando, las dificultades para resolverlo y los temas que hay que considerar para una definitiva superación del proyecto de resistencia armada en el que se mantiene el ELN, el cual persiste desde hace ya casi seis décadas y cuya única alternativa viable es construir una mesa de diálogos para la formulación de un acuerdo de paz. Hay variadas lecturas sobre las dificultades a superar y los temas que deben ser abordados por el futuro gobierno, si este decide retomar un proceso de paz. Sin tratar de ser exhaustivo, resalto estos temas para animar el debate y el intercambio en un tema por resolver, que sigue siendo un asunto público y que espero que el próximo gobierno lo lidere y lo lleve a buen puerto. Un primer conjunto de temas está referido a la dimensión internacional que tiene este conflicto entre el Estado colombiano y el ELN, y que sigue sufriendo la sociedad colombiana. En primerísimo lugar, está el reconocimiento a Cuba por todo su trabajo y compromiso y la necesidad de resolver la situación con la delegación de diálogo del ELN que permanece en Cuba. Dicho reconocimiento expone que existe y es vigente el protocolo de ruptura, e implica asumir una tónica de respeto y diplomática propositiva con quienes tanto nos han ayudado. En segundo lugar, se encuentra el reconocimiento de la importancia de Venezuela en la resolución de este conflicto, en tanto que el ELN permanece en Venezuela y se ha fortalecido en la zona de frontera, lo cual implica volver a las relaciones diplomáticas y a la consolidación de un diálogo respetuoso de lado y lado; y en tercer lugar, y de máxima importancia, se refirió al papel de los Estados Unidos para acompañar y apoyar este futuro proceso de paz. El segundo grupo de temas analizados es la postura del ELN frente a un proceso de paz, su disposición para avanzar y las dudas que genera su postura inflexible de no estar dispuesto a gestos de fondo como la suspensión del secuestro. Dicho cese es importante para generar credibilidad frente a un mundo político escéptico y para demostrar su compromiso de paz en una sociedad donde ha calado el mensaje que el ELN no tiene voluntad de paz. La otra cara de críticas a las posturas del ELN es la ausencia de un gobierno con liderazgo e iniciativa para dinamizar una negociación de paz frente a un actor lleno de desconfianza y que nunca ha vislumbrado un camino de paz a recorrer. Todos los intentos se han quedado en recriminaciones mutuas y nunca se ha podido ver un proceso con dinamismo y propuestas de lado y lado. Igualmente, una buena parte del encuentro se concentró en la importancia de suscribir acuerdos humanitarios que alivien la situación de tantas comunidades que hoy sufren los estragos de la continuidad de esta violencia, comunidades que hoy sufren muertes, confinamientos, la dureza de las minas que se siguen usando, el secuestro, el desplazamiento, en fin, la dura violencia con todas sus afectaciones. Pudimos escuchar, nuevamente, que hay propuestas muy concretas de acuerdos humanitarios que hay que trabajar y, junto a este tema, la pertinencia o no de construir de manera pronta un proceso de paz, un acuerdo de cese bilateral de fuego y hostilidades. Sobre estos asuntos se dieron variados argumentos y opiniones sobre su viabilidad y dificultades a considerar. Allí vale la pena insistir en que las comunidades de por los menos 170 siguen sufriendo esta violencia y como lo decía un participante en alguna charla de corredor: “es muy fácil desde el parque de la 93 decir no a los acuerdos humanitarios y la necesidad de cese bilateral”. El tema de participación de la sociedad en este proceso fue central en la discusión del encuentro. Se habló sobre el alcance de esta y cómo dinamizarla para que sea incidente y para que, sin que se vuelva una mesa infinita, ni reúna todos los asuntos de la agenda pública. Allí hay un gran desafío; no se trata de diluir la negociación en una dinámica amorfa donde no se sabe quién es el que negocia y que esto no obsta para hacer viable un proceso de paz con la variable participación de la sociedad. Se habló de muchos asuntos, pero uno en el que hubo mucha coincidencia es que el escalamiento del conflicto por parte del ELN no ayuda a generar credibilidad para este proceso pendiente y que es de esperar que el ELN asuma una distensión en este periodo electoral. Distensión genera credibilidad e intensificación genera crispación. El gobierno del presidente Iván Duque terminará su mandato sin solucionar este asunto, espero que el próximo gobierno tenga decisión, propuestas y estrategia para resolverlo. Agradecemos al Gobierno sueco por todo su compromiso con una Colombia en paz y al profesional y comprometido equipo de la Folke Bernadotte Academy (FBA) por abrir esta oportunidad para que un grupo de colombianas y colombianos, junto a la solidaria comunidad internacional, nos diéramos esta oportunidad de dialogo y escucha.

Por: Laura Cano y Nataly Triana El pasado 19 de noviembre había quedado estancado el debate por la despenalización del aborto. Esto después de que anterior a la discusión de fondo, la decisión tomara otro rumbo luego que el magistrado Alejandro Linares se declarara impedido tras haber dado declaraciones públicas sobre el tema en medios de comunicación. Con esto, los magistrados debían definir si era aceptado o no el impedimento. Sin embargo, esto no se logró resolver, pues resultaron 4 votos a favor del impedimento y 4 votos en contra, quedando suspendidos los términos para tomar la decisión frente a la despenalización. Lee también: Quedó estancado el debate sobre la despenalización del aborto Aunque se esperaba que retomando el debate finalmente se tomará una decisión, esto no fue así. Por un lado, se aceptó el impedimento de Alejandro Linares, pues con una votación de 5 a favor y 4 en contra, más la participación del conjuez Hernando Yepes Arcila, se dio luz verde al impedimento en Sala Plena de la Corte Constitucional. Sobre esto organizaciones de mujeres se pronunciaron, entre ellas Causa Justa, quienes dijeron que se: "lamenta que la Corte Constitucional no haya escuchado las razones expuestas. Sin embargo, respeta la decisión del alto tribunal y le hace un llamado urgente a que agilice el debate de fondo: la eliminación del delito de aborto del Código Penal, por ser injusto, ineficaz y violatorio derechos fundamentales de las mujeres y de los y las profesionales de la salud”. Con la aceptación del impedimento de Linares el panorama en la Corte parecía estar en veremos, pues se partía de que a favor estaban los magistrados Alberto Rojas, José Fernando Reyes y Antonio Lizarazo. En contra Jorge Ibáñez, Paola Meneses y Cristina Pardo. Mientras que aún estaba por saberse con certeza las posturas de Diana Fajardo y Gloria Stella Ortiz. Finalmente, y luego de la jornada del día de ayer en la que se estudiaban las dos demandas que buscan la despenalización del aborto, la Sala Plena de la Corte Constitucional votó dejando otra vez sin definición esta importante decisión, pues hubo un empate con cuatro votos a favor por parte de Alberto Rojas, José Fdo. Reyes, Antonio J. Lizarazo y Diana Fajardo; y cuatro en contra de Cristina Pardo, Paola Meneses, Jorge Ibáñez y Gloria Ortiz. Así las cosas, de nuevo quien definirá el asunto son los conjueces, que en este caso serán dos magistrados hombres que fueron elegidos por sorteo: Juan Carlos Henao y Julio Andrés Ossa. Se explica en El Espectador que ellos "deberán asumir su postura y argumentar ante la Sala Plena su posición. Conocer y analizar el proceso puede tomar de dos a tres semanas. Con lo anterior, la discusión sobre el aborto podría estarse retomando a mediados de febrero". Ahora, cuando otra vez queda en pausa esta decisión, es necesario resaltar lo urgente de la agilidad de la Corte. En un informe de Profamilia, publicado en el mes de septiembre, se informó que, tan solo en el 2020, al menos 70.000 embarazos no deseados no pudieron ser evitados en el país. Sumado a esto, hay que señalar que en el país se realizan poco menos de 17.000 abortos legales al año, según cifras de Profamilia; mientras que, al menos, 400.000 se realizan de forma irregular, siguiendo los datos del Instituto Guttmacher publicados en el medio BBC. A propósito de esto, vale la pena mencionar que, según la Organización Mundial de Salud, anualmente cerca de 67.000 mujeres mueren a causa de abortos mal realizados, lo que corresponde al 13% de la tasa de mortalidad materna. A esto se suma que, según la Fiscalía General de la Nación, hasta el 2019 había 5.833 denuncias por aborto. Entre estas, 4.834 son casos activos que siguen en alguna etapa del proceso penal. Además, el 97% de las denuncias interpuestas entre 2010 y 2017 se hicieron contra mujeres que viven en zonas rurales, mientras que el 2% correspondía a mujeres que habitan áreas urbanas. Lo que demuestra, entre otras cosas, cómo la estigmatización está atravesada también por la ausencia de instituciones que informen sobre el derecho a la IVE. También puedes leer: El aborto legal, seguro y gratuito: una lucha que no para Ahora bien, con esto es necesario plantear cuál es la verdadera representatividad de las mujeres en instituciones de la Rama Judicial como la Corte Constitucional, pues a pesar de haber una cierta paridad dentro del organismo, la realidad que hay con la no despenalización total del aborto abre un retroceso en los derechos de las mujeres por parte de sus copartidarias. La deuda histórica de las altas cortes con la paridad Los Estados de derecho excluyen a las mujeres en el acceso a la justicia, esto significa que los gobiernos no tienen compromisos firmes para aumentar el acceso efectivo de esta población a este derecho universal. No obstante, esta limitación no solo se reduce al acceso en función de los principios de igualdad y no discriminación en el proceso judicial, sino también en la inclusión como una figura de autoridad en ejercicio de un cargo público en las mayores instancias de decisión judicial, lo que paradojicamente no se traduce en una legislación progresista o feminista a favor de su población. De acuerdo con la Corporación Excelencia Justicia, en Colombia la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional reportan que desde su respectiva creación y/o primera inclusión de una magistrada hasta la fecha del informe tenían una inclusión correspondiente al 15,1%, 24,2%, 20,6% y el 25%, respectivamente. En la actualidad está inclusión se encuentra representada en un 22,7%, 25,8%, 50% y 44,4%, respectivamente. Por otro lado, las cortes que son presididas al día de hoy por mujeres son el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Teniendo en cuenta lo mencionado, las cortes que evidencian una mejora significativa de la paridad son el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional. La diferencia porcentual en la inclusión de mujeres se debe a las desigualdades en el ejercicio de la profesión jurídica, estas se encuentran relacionadas con la inserción laboral y el ejercicio de una especialidad en relación a los roles de género; la subrepresentación de las mujeres en las posiciones de jerarquía del poder judicial y la poca conciliación de está profesión con las labores domésticas (Gastiazoro, 2013). La incursión en el ámbito laboral de las mujeres no se ha transformado en la distribución equitativa y el reconocimiento de las tareas del cuidado. Lo anterior, sin mencionar las dificultades de las mujeres racializadas las cuales implican mayores niveles de desigualdad y violencia que impiden el ejercicio de la profesión. Hoy en día no hay representación de está población en condición de magistradas en ninguna de las altas cortes. La relevancia de la participación y representación en espacios de poder en la rama judicial radica en la necesidad no solamente de avanzar en la paridad de género, sino también la evolución de la legislación en ciertos tipos de crímenes directamente relacionados con la condición de ser mujer como lo es el feminicidio. La Corte Penal Internacional señala que tras el aumento progresivo de las mujeres en esta rama, se han visibilizado las violencias basadas en género (VBG). No obstante, no es una relación de causalidad, es decir, no existe una correlación directa entre aumentar el nivel de paridad con el nivel de representatividad, por lo menos en la totalidad de las agendas feministas. De acuerdo con un análisis realizado por Manifiesta, las trayectorias de las magistradas Gloria Stella Ortiz, Cristina Pardo, Diana Fajardo y Paola Meneses han tenido precedentes en la defensa de los derechos de las mujeres y las poblaciones diversas, sin embargo está trayectoria no implica que consideren el aborto como una causa justa de las mujeres, como recientemente se evidenció. La presencia y, posteriormente, la paridad de las mujeres, en especial de las mujeres racializadas y más vulnerables en el poder judicial es uno de los primeros pasos, pero no el único para el desarrollo de precedentes jurídicos en favor de los intereses y demandas de los movimientos feministas. La paridad y la representatividad implica el re pensamiento y re educación de la formación jurídica de hombres y mujeres en función del enfoque de género, por lo que es necesario no solo limitarlo a cuotas de género, sino garantizar que las necesidades y las voces garantes de los derechos de las mujeres tengan una verdadera participación.

Por: Dennis Arley Huffington Investigador territorial Pares Pacífico En el Distrito de Buenaventura la crisis humanitaria se agrava producto de las disputas armadas que se presentan en lo ancho y largo del territorio. El último territorio afectado es Bajo Calima, donde las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ELN llegaron desde San Juan a tomarse la entrada norte del municipio sin ninguna resistencia por parte de las instituciones de seguridad del Estado. Prueba de ello es la difícil situación de seguridad en el casco urbano. Según el seguimiento realizado por la oficina Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en el año 2021 se registraron más de 190 asesinatos por los enfrentamientos entre Los Shotas y los Espartanos que, a pesar de las capturas, continúan ejerciendo el control territorial en los barrios de la ciudad. Además, inicia el 2022 con 12 asesinatos en 20 días. En lo rural el panorama tampoco es alentador, debido al riesgo en el que se encuentran las comunidades del corregimiento de Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, por la reciente disputa armada que sostienen el ELN y las AGC. Como ha investigado la oficina Pares Pacífico, el domingo 16 de enero, un joven fue asesinado cuando transitaba en una embarcación de civiles por el río, la cual fue atacada con arma de fuego; el martes 18, otros 2 jóvenes murieron cuando quedaron en medio de los enfrentamientos; y alrededor de 940 personas se encuentran confinadas por la orden de las AGC de no transitar en el corregimiento ni por el río. Hubo tiempo de prevenir Como lo advirtió hace meses la Fundación Paz & Reconciliación, desde su oficina Pares Pacífico, a través del artículo “Prevenir nuevas tragedias de la guerra”, la situación del puerto se trata de una disputa armada que se extiende desde el Chocó, departamento donde las AGC y el ELN han sostenido una guerra sin cuartel por ocupar y controlar los territorios y las economías ilegales que dejó la antigua guerrilla de las FARC y que el Estado no ocupó después de la firma del Acuerdo de Paz. Todo indica que, debido a las operaciones de la fuerza pública y los reiterados combates con las AGC, el ELN se ha visto diezmado en su capacidad bélica y ha perdido casi todo el control de las zonas del departamento vecino donde tenía presencia, como el Litoral del San Juan, municipio limítrofe con Buenaventura. Hasta ese lugar se han replegado los Gaitanistas, que además desde hace un año vienen amenazando con incursionar desde ahí hacia Buenaventura por el río Calima. Esta amenaza se cumplió el 10 de enero, cuando hombres armados con pasamontañas y camuflados se asentaron en las veredas San Isidro y La Esperanza del consejo comunitario de Bajo Calima. Esto generó que 5 comunidades de las orillas del río se desplazaran hacia otras veredas y el casco urbano, ya que, como lo pudo constatar el equipo de Pares Pacífico, el ELN ejerce dominio en la zona y se preveía enfrentamientos que se hicieron realidad una semana después. Hoy está en disputa la vereda La Colonia, lugar donde está el embarcadero que sirve de atraque de las comunidades que van desde Buenaventura hacia el Chocó y conecta los ríos Camila y San Juan. Esto permitiría tener un mayor control del tránsito en el consejo comunitario, así como impedir el avance de la agrupación contrincante. Además de la salida al San Juan y posteriormente al océano pacífico, está en disputa la entrada norte hacia Buenaventura y el casco urbano donde convergen otras agrupaciones y economías ilegales, como La Local y el Comando Coordinar de Occidente. La urgencia de evitar una guerra de tres frentes La misión de Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, en su último informe de diciembre de 2021, alertó que “la ausencia de una presencia efectiva del Estado en Buenaventura ha hecho que se intensifiquen las disputas entre los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales por el control social, territorial y estratégico, lo cual ha agravado aún más la violencia contra la población civil, socavado la gobernanza y alterado la vida de comunidades enteras”. Por ello, el llamado de las comunidades al Gobierno nacional, departamental y locales de tomar medidas oportunas y frenar la configuración de nuevos escenarios de disputa que se están presentando en el distrito. Como es el caso del casco urbano de Buenaventura, donde dos asesinatos ocurridos el 13 y 16 de enero tienen en zozobra a sus habitantes. Si bien se conoce que las dos víctimas no tenían nexos con actividades ilegales, cada uno sostenía una relación íntima de varios años de amistad con los jefes de las facciones de la Local, situación que podría desencadenar una vendetta, no solo entre miembros de los grupos, sino cercanos, vecinos o simplemente contra moradores de un barrio donde tenga presencia el grupo contrario. En lo rural, la situación es doblemente compleja. El 19 de enero el ELN comunicó que daba un plazo de 3 días a las comunidades para desalojar la vereda La Colonia en Bajo Calima, por lo que se prevé un desplazamiento masivo hacia otras veredas y el casco urbano de Buenaventura. Esto se contrapone a la orden de las AGC de no transitar por el corregimiento, por lo que las personas obligadas a desplazarse podrían ser doblemente victimizadas con ataques indiscriminados por “desobedecer”. En Zaragoza, Córdoba y San Cipriano también hay denuncias de grupos armados. En este caso se trata del Comando Coordinador de Occidente con la columna móvil Jaime Martínez, donde han reunido a la comunidad asegurando que se quedarán en el territorio y están llevando a cabo lo que se denomina como ‘limpieza social’. Como consecuencia, familias se han desplazado evitando que los jóvenes sean reclutados y 5 sujetos se encuentran desaparecidos, acusados ser integrantes de los Shotas. Además, está el riesgo de que las disputas urbanas y rurales se entrelacen, es cuestión de tiempo para que el ELN se vea obligado a salir de los territorios de Buenaventura, no sin antes accionar lo que le queda de su capacidad bélica afectando a la población civil. Con ello, la disputa en zona rural tendría como protagonistas a las AGC y las Jaime Martínez y, como es sabido, los Gaitanistas operan a través de la cooptación y subcontratación de pequeñas y medianas agrupaciones armadas, por lo que Shotas o Espartanos podrían aliarse con ellos para reforzar su economía diezmada por la prolongada confrontación armada, obligando a su rival a asociarse criminalmente con el grupo posfarc. Así, lo que hoy son tres confrontaciones diferentes, podrían convertirse en una sola guerra que se expande por todo el territorio distrital con tres frentes: la frontera norte con Chocó; la frontera suroriente con el Cauca, Farallones y Jamundí; y los barrios del casco urbano de Buenaventura. Por consiguiente, desde Pares Pacífico reiteramos el llamado a las autoridades nacionales a tomar acciones inmediatas que impidan el avance de los grupos armados desde los departamentos vecinos, cortar las rutas de tránsito y, sobre todo, impedir nuevas alianzas criminales que prolonguen la guerra. De las promesas en campaña del presidente Duque de ser el hijo adoptivo de Buenaventura y gobernar el país desde ahí en sus primeros meses, al distrito portuario solo le cumplió con la palabra prometida a todo el país: “hacer trizas la paz”.

Por: Laura Cano Periodista Pares En horas de la mañana de este viernes, el Partido comunes informó que en uno de los lugares de Bogotá que ha servido como sede de campaña, y que además funciona como sede de uno de los proyectos productivos de las personas firmantes de paz, se había instalado un artefacto explosivo que tendría como finalidad atentar contra la vida de quienes hacen parte del partido y quienes vienen apoyando los procesos de cara a las próximas elecciones. Este hecho ocurrió en el sector conocido como Teusaquillo, y el artefacto fue hallado por la persona encargada del establecimiento en el baño de las mujeres, ubicado en el segundo piso de la casa. Posteriormente se avisó a las autoridades y se hizo pública la situación a través de redes sociales. Como afirmó Julián Gallo, también conocido como ‘Carlos Lozada’, a Pares, en este lugar no solo se reunían miembros de Comunes, sino también de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, así como de la coalición del Pacto Histórico, incluso se advirtió que el pasado jueves se había realizado una actividad con el Pacto Histórico, en la cual habían participado candidatos como Alirio Uribe y María Fernanda Carrascal. Adicionalmente, este viernes habría un encuentro de juventudes del partido Comunes, así como el lanzamiento de campaña al Congreso de la República. Esta casa realmente se convirtió en un lugar de encuentro y de actividad política y cultural muy importante”. Además, el senador aseveró que “la Policía confirmó que se trataba de 2 kilos y me dio de explosivo anfo, reforzado con cordón detonante, conectado a dispositivo electrónico, posiblemente un celular. De haberse detonado esto, seguramente hoy estaríamos lamentando una tragedia enorme, en un ambiente de violencia y seguridad muy complejo”. Hay que señalar, y a partir de las investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación, que este hecho se suma a los 99 hechos de violencia electoral que han dejado 140 víctimas en el país desde el pasado 13 de marzo, fecha que marcó el inicio del calendario electoral, hasta el pasado 13 de diciembre. Vale la pena mencionar que el 21% de las víctimas que ha identificado Pares se concentran en Bogotá. Sobre esto, Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, expone que: “Lo que sucedió con el atentado al partido Comunes es regresar a la época de la violencia de los 2000, cuando se atacaba la infraestructura de los partidos políticos, que además era una violencia política asociada al conflicto armado. Este hecho además tiene otro tema que analizar, y es el hecho de la sistematicidad de hechos violentos contra firmantes de paz, que por un lado se ha dado por las disidencias de la exguerrilla. Así que este hecho abre el análisis sobre si fue cometido por un agente perpetrador como las disidencias, o si se trata de acciones de ultra derecha o herederos del paramilitarismo”. En relación con lo anterior, hay que nombrar que desde la firma del Acuerdo, y según el seguimiento de Comunes que compartió Julián Gallo con Pares, se han registrado 309 asesinatos contra firmantes de paz. Además, como mencionaba el senador, varios dirigentes del partido han recibido panfletos amenazantes, y otras de las personas que se acogieron al Acuerdo de Paz han tenido que salir desplazadas de los ETCR.. Por otra parte, Gallo denunció que este año comenzó con la desaparición de un firmante de paz en el departamento de Arauca. A esto se suma que, como lo advirtió el dirigente político, durante este periodo electoral, el partido se ha tenido que enfrentar a hechos como la falta de garantías para recorrer los territorios, así como la falta de recursos. “Nosotros estamos haciendo campaña sin recursos, porque los recursos que el Estado debe dar adelantados no han llegado”, agrega Gallo. Siguiendo lo expuesto por el integrante de Comunes, Esteban Salazar enfatiza que “desde Pares hemos advertido la hipótesis que, conforme se acerca el proceso de elecciones, en el país va a ver más violencia en el país, generalizada, y además se van a incrementar y recrudecer los hechos violentos de carácter político electoral”. Por último, desde el Partido Comunes se invitó a un plantón el día de hoy en la zona donde sucedieron los hechos. Además se envió un mensaje al Gobierno: “Pedimos que se pare la estigmatización que incluso desde el Gobierno se tiene, desconociendo los compromisos que están contenidos en el Acuerdo de Paz. De manera que enviamos el mensaje para que el Gobierno deje de ser negacionista, estigmatizante, pues esto alienta que estos hechos que enrarecen y afectan el ambiente político electoral sucedan, impidiendo que las fuerzas alternativas y de oposición tengan representación en el próximo congreso y gobierno”.

Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de la Fundación Paz & Reconciliación. Nuevamente, la dura violencia estropea la vida en Arauca. Mala cosa porque es una violencia entre conocidos, la cual es de la peores y las que más daño causan, difícil de parar y de pronóstico reservado. El 2 de enero el ELN abrió fuego contra supuestos o reales integrantes de las disidencias de las FARC, 24 muertos en los municipios de Arauquita, Tame, Saravena y Fortul. Las razones aducidas por el ELN están en el involucramiento de esta estructura con militares colombianos para trabajar de manera coordinada en una acción contrainsurgente contra el ELN y de preparar acciones para desestabilizar la frontera. Igualmente, el grupo armado denuncia el involucramiento de los disidentes de las FARC en la promoción de cultivos de coca, lo cual considera inadmisible. De parte de las disidencias de las FARC han manifestado que han sido agredidos, que venían en conversaciones para tratar las dificultades y un compromiso mutuo de no agresión, que el ELN se comporta de manera “contrarevolucionaria”, fuera de un comportamiento de “compañeros de lucha”. Igualmente, acusa al ELN de estar infiltrado por el Ejército colombiano y de actuar de manera coordinada. Cada día hay hechos nuevos de esta violencia en curso: el martes fue asesinado Miguel Carrillo, gestor en la Casa de la cultura de Arauquita y el jueves en la madrugada hubo un carro bomba en Saravena, dirigido contra el edificio de organizaciones sociales, causándole la muerte a Simeón Delgado Ruiz, vigilante de la sede del ICA, heridas a más de veinte personas y afectaciones a cerca de 100 establecimientos. La respuesta del Gobierno nacional ante esta grave situación ha sido reforzar la presencia militar y policial, en el departamento donde hay mayor presencia de la fuerza publica por kilómetro cuadrado y aun así es un territorio donde las condiciones de convivencia y seguridad han sido muy delicadas antes del 2 de enero y ahora son más graves, lo cual evidencia que este gobierno no tiene ni idea de cómo asumir este gran desafío. La disputa entre ELN y disidentes de las FARC es una lucha por el control territorial, son viejos conocidos y llevan allí cuatro décadas. La última vez que se enfrentaron entre 2005-2011, fueron cerca de mil muertos, en su inmensa mayoría civiles, fue una violencia que las dos partes ejercieron contra comunidades y liderazgos, tristes hechos, aun poco mencionados. El rico mundo social araucano ha levantado su voz exigiendo respeto a las partes enfrentadas y pidiendo el cese de la confrontación. Igualmente, exigen en que se aborden las causas estructurales que siguen alimentando un territorio con conflictos por tratar, que han demandan dialogo y concertaciones difíciles, pero necesarios y posibles. Arauca requiere hoy un reforzamiento de la acción de la defensoría del Pueblo, de las medidas de prevención y protección a los liderazgos políticos y comunitarios, planes humanitarios, todo un conjunto de acciones para proteger comunidades, organizaciones, personas. Esto no da espera y debe ser responsabilidad del Gobierno nacional, en diálogo y concertaciones con quienes hoy nuevamente sufren el duro rigor de la violencia. La violencia en curso entre ELN y disidentes de las FARC, solo la pueden parar ellos, esperemos que no sea tan larga y dolorosa como la anterior. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares #QuéPasaEnLasFronteras | Análisis sobre la situación en la capital nortesantandereana ¿cómo aprovechar las oportunidades de cara a la migración? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué falta?

Por: Laura Cano Periodista Pares En este 2022, Arauca ha sido el departamento con más hechos de violencia. El inicio del año estuvo marcado por los enfrentamientos entre disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN que, según datos de la Defensoría del Pueblo, provocó el asesinato de 33 personas y el desplazamiento forzado de 170 familias de diferentes municipios del departamento. El panorama no ha cambiado, a pesar de que el Gobierno afirma que ha tomado acciones, como los llamados consejos de seguridad, y que el ministro de Defensa, Diego Molano, haya manifestado que el ELN no está haciendo patrullajes, sino que salen únicamente a posar para fotos. El más reciente hecho tuvo lugar en el municipio de Saravena, en donde se presentó un atentado terrorista que se habría presentado cerca de las 11:00 de la noche del 19 de enero, hora en la que se escuchó una fuerte explosión en las inmediaciones de las sedes de organizaciones campesinas y defensoras de derechos humanos. Puntualmente, el blanco sería la sede de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra. No obstante, la explosión también afectó algunos locales comerciales y viviendas, en especial el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. “La estacionaron al frente del ICA. Unos manes salieron corriendo y a los minuticos estallaron. Afortunadamente nosotros alcanzamos a reaccionar y a resguardarnos. Hay tres compañeros heridos leves y los vamos a llevar al hospital. De resto cortaduras de los vidrios y habría otras personas que resultaron lesionadas”, se cita en Infobae de uno de los testimonios dados a medios locales. Hasta el momento se conoce que en el hecho perdió la vida Simeón Delgado, quien se desempeñaba como celador del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y quien falleció debido a la fuerte explosión. Además, cinco personas más quedaron heridas. A este hecho se sumaron los asesinatos de Miguel Alexi Amado y de Jose Abelino Pérez, quien se desempeñaba como líder social. El primer caso ocurrió el 17 de enero en Arauquita, allí Miguel Amado, integrante de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro, fue asesinado por hombres armados. Mientras que el 19 de enero le fue arrebatada la vida a Jose Abelino Pérez, en el municipio de Arauca. Él hacía parte de la seccional de Tame de la Fundación Joel Sierra. Señala Francisco Daza, investigador Nacional de la Línea de Conflicto, Paz y Posconflicto de Pares, que “es preocupante que este hecho haya ocurrido cerca del cordón de seguridad dispuesto por la fuerza pública para evitar las alteraciones de orden público. Sin embargo, existe un manto de duda frente a la efectividad del refuerzo militar que se ha hecho en el departamento desde la semana pasada”. Además, el investigador expone que “como antecedente del atentado con carrobomba, se debe mencionar que el pasado 9 de enero de 2022 fue atacado con explosivos el acueducto comunitario del municipio de Saravena. Además, tal como lo había informado la Fundación Joel Sierra, en la tarde de ese día se conoció un audio de un personaje identificándose como Antonio Medina, del frente 28 de las disidencias de las Farc, diciendo que “la idea es volar esos negocios de esos manes”, mencionando a integrantes Asojuntas y líderes de la zona”. Por otra parte, hay que mencionar que en Arauca hay presencia del Frente 10 de las disidencias de las Farc, así como de la estructura Domingo Laín del Frente de Guerra Oriental del ELN y la Segunda Marquetalia. Adicionalmente, como analiza el investigador: “Los recientes enfrentamientos y acciones bélicas que se han dado en el departamento y que involucran al GAPF estructura décima Martín Villa, que opera bajo la dirección de Gentil Duarte y el Frente de Guerra Oriental del ELN, supone el resquebrajamiento del pacto de no agresión que desde años atrás tenían ambas estructuras en el departamento de Arauca. Sobre la ruptura de dicho pacto hay varias hipótesis que se complementan entre sí, la primera es que este pacto se pudo venir desgastando en el marco de la pandemia de COVID-19 afectando la manera como se habían distribuido el control territorial de Arauca. Otra hipótesis se relaciona con los desencuentros por el control de las economías ilegales de ese departamento. Y Finalmente, una tercera hipótesis apunta a que hubo un malestar de la estructura décima Martín Villa con el ELN por su inacción en el conflicto que tiene esta estructura y la Guardia Nacional Bolivariana”. Finalmente, hay que traer a colación que desde el Ministerio de Defensa, durante el día de hoy, se ha realizado un consejo de seguridad en la zona, sobre el que habría que esperar qué decisiones se toman, teniendo en cuenta que se ha hecho un llamado a que no solo se piense en el aumento de pie de Fuerza Pública, sino que realmente lleguen acciones contundentes, eficaces y garantes con los derechos de la población araucana.

Por: Laura Cano Periodista Pares Los intentos para el regreso de las aspersiones aéreas con glifosato han generado innumerables acciones de comunidades y organizaciones sociales que exigen que sus opiniones sean tenidas en cuenta y no vuelva a sus territorios este herbicida. Esas exigencias han sido escuchadas y, recientemente, la Corte Constitucional resolvió frenar una resolución que avalaba la erradicación de cultivos de uso ilícito mediante la fumigación con glifosato. La decisión llegó luego de que la Corte estudiara cuatro tutelas que habían puesto las comunidades contra la ANLA y la Policía, en las que sustentaban que la ANLA vulneró su derecho a la participación, por haber convocado audiencias públicas virtuales, en las cuales no pudieron tener una amplia participación a raíz de los problemas de conectividad que se acentuaron y se hicieron más evidentes durante la pandemia. Situación que además desconocía la importancia de la consulta previa, proceso que ha sido resaltado por la Corte como necesario para este tipo de acciones sobre los territorios. “La consulta previa no es informar a las comunidades sobre lo que se va a hacer, sino concertar con ellas el mejor camino para hacerlo”, señala Juan Camilo Rodríguez, investigador nacional de la línea de Conflicto, Paz y Posconflicto de Pares. La ponencia fue presentada por la magistrada Cristina Pardo, y otro de los argumentos para dar con esta decisión fue que el Gobierno no cumplió con una de las reglas que la misma Corte había establecido para el retorno de las aspersiones. Se trataba de las consultas previas que debían ser realizadas en 104 municipios en todo el país, distribuidos en 14 departamentos, donde pretendían llevar a cabo esta acción. Ante esto, el argumentó del Ministerio del Interior era que sí había un proceso de socialización y audiencia con las comunidades de manera pública. Sin embargo, como se señaló más arriba, este se habría dado de forma virtual y sin las garantías de participación necesarias. Además, esta pelea y los argumentos de las comunidades respecto a su participación no son nuevos. Hay que recordar que en mayo de 2020 un juez del Juzgado Segundo Administrativo de Pasto ordenó suspender provisionalmente la primera audiencia pública del trámite de modificación del Plan de Manejo Ambiental para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea, la cual estaba convocada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para ser realizada el 27 de mayo de dicho año. No obstante, en esa ocasión también fue aplazada luego de que varias organizaciones y campesinos/as, parte de ellos/as pertenecientes a la Asociación de Cacaocultores del Municipio de Policarpa, Nariño, argumentaron que se vulneraría su derecho a la participación, pues se tenía prevista realizarla de forma virtual. Luego, una situación similar se presentó en agosto de 2020, cuando se tenía prevista una nueva audiencia que se realizaría en el mes de septiembre. Sin embargo, de nuevo se solicitó que fuera corrida, pues no había garantías reales y efectivas de participación para la comunidad en general, conforme a los parámetros de la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y la Corte Constitucional en la sentencia T-236 de 2017. Hay que señalar que a pesar de todos los debates que fueron puestos sobre la mesa por parte de las comunidades, la ANLA y la Policía Nacional autorizaron para finales de 2020 una audiencia pública para el 19 de diciembre de ese año, y que conjuntamente se llevarían a cabo 17 reuniones informativas previas, las cuales se realizaron entre el 28 de noviembre y el 3 de diciembre de forma virtual y en algunos espacios presenciales. Aunque organizaciones solicitaron al el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto que suspendiera la diligencia, esta, finalmente, fue realizada. Adicional, y tras varias idas y venidas, en abril de 2021 , la ANLA aprobó el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato (Pecig). Y a su vez, el Ministerio de Justicia publicó el Decreto 380 de 2021, en el que establecía los pasos a seguir para el regreso de las aspersiones. Prácticamente había una victoria cantada por los sectores que defienden el glifosato. Hay que señalar que tanto el Plan como el Decreto fueron impulsados, incluso, cuando estudios científicos y comunidades han denunciado que la fumigación con este herbicida tiene costos sobre el ambiente y la salud humana; la primera relacionada con la contaminación de recursos hídricos, así como al daño a cultivos lícitos, y la segunda afectación en relación con las consecuencias evidenciadas físicamente en irritación de los ojos y de la piel, daños en el sistemas respiratorio y a nivel pulmonar, mareos, descenso de la presión sanguínea, dolor abdominal, destrucción de glóbulos rojos y fallas renales. Asimismo, se habla de la aparición de enfermedades de tipo crónico, desarrollo neurológico anormal, afección en la placenta humana con probable incidencia en el desarrollo de abortos e incidencia en la aparición de cánceres. Justamente sobre estas afectaciones hablaba la Sentencia T-236 del 2017 de la Corte Constitucional. Marino Hurtado, líder del municipio de Timbiquí (Cauca), habló con Pares en una ocasión anterior, en esta había afirmado que: “Todavía hay gente pidiendo indemnizaciones por los daños causados principalmente con cultivos que se dañaron y todavía no sabemos cómo recuperar. Situación que ha afectado a toda la comunidad, donde hay cerca de 14.000 habitantes, pues, por un lado, hay que decir, que hay comunidades que no tienen acueducto, y muchas veces ese químico era tirado al río sin ningún control, lo que afectó a la gente que se abastecía del río, donde además de consumirse esta agua, también se navegaba por ella”. Asimismo, Olger Pérez, vocero político de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT) había narrado a Pares lo siguiente: “En el año 2000 empezaron las fumigaciones, prácticamente fueron del 2000 al 2008 los años en los que se fumigó todo el campo del Catatumbo, no solo fueron los cultivos de uso ilícito, también fueron los de pancoger, fumigaron los potreros, los nacimientos de agua, además de los campesinos a quienes les cayó el veneno y que a los pocos meses empezaron a tener enfermedades y después fallecieron”. Volviendo al reciente hecho, hay que recordar que el reversazo a este Plan, no solo se dio bajo el contexto actual. Por ejemplo, con anterioridad se venía planteando la necesidad de fortalecer la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, como medida más efectiva y garante de los derechos de las comunidades. De hecho, en el Informe No. 23 sobre el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), con corte al 31 de diciembre de 2020, se reveló que en el 98% de los casos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito hubo cumplimiento de la no resiembra por parte de las familias que se acogieron al PNIS. Con todo esto, Juan Camilo Rodríguez expone que, “esta última decisión se relaciona con que hay un precedente, ahora mucho más fuerte, en que la consulta previa debe hacerse presencial, promoviendo la concertación con las comunidades y teniendo en cuenta todas las comunidades en riesgo en los lugares en donde se haría la aspersión con glifosato. Así las cosas, el haber dejado sin efectos la resolución con la que la ANLA autorizaba la erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con glifosato, es un avance en tema de derechos humanos que blinda a muchas personas que viven en lugares donde no hay condiciones respecto a los daños que puede generar el glifosato”. Vale la pena señalar que el presidente Iván Duque aseguró que su gobierno acatará la decisión de la Corte Constitucional. El mandatario puntualmente señaló que: “Miraremos el alcance del fallo, miraremos en qué casos consideran ellos que aplican las consultas previas, pero lo cierto es que Colombia no se puede quedar sin ninguna herramienta para enfrentar esta situación y más aún cuando es evidente que el narcotráfico es el que financia los grupos armados ilegales”. Ahora, falta ver cuáles serán las siguientes medidas a tomar para que los organismos ambientales y gubernamentales den cumplimiento a lo establecido por la Corte Constitucional y las exigencias de las comunidades. Lo que sí es un hecho es que las posibilidades de que Iván Duque implemente acciones de aspersión aérea en lo que queda de su mandato son muy reducidas, casi que inexistentes. Sin embargo, y como anota Juan Camilo Rodríguez, es necesario tener en cuenta que “que el despliegue para garantizar la consulta previa en los municipios y departamentos en los que se pretende hacer aspersiones debe ser muy grande, y es muy difícil de lograr”.

Por: Redacción Pares