Podemos afirmar que las comunidades negras del río San Juan están cada vez más en alto riesgo de extinción física y cultural: es decir, hay un etnocidio en curso. Fragmento extractado del Comunicado del consejo comunitario del San Juan, ACADESAN 17 de enero de 2022 Por: Miguel Ángel Rubio Ospina Covocero de la línea jóvenes en riesgo y participación juvenil de Pares No sólo estamos frente a un etnocidio como bien lo dice este fragmento del comunicado de ACADESAN, sino ante una serie de acciones armadas que vienen costándole mucho en vidas, víctimas y heridos a la niñez y a la juventud colombiana. 2021 no fue un buen año para la juventud en Colombia, el paro iniciado el 28 de abril y su respuesta desde el estado fue un ensañamiento violento contra este segmento poblacional, claramente denunciado ante organismos protectores y garantes de derechos humanos, defensorías y demás entes guardianes de la protesta social. Un símbolo de esto es Lucas Villas, activista estudiantil asesinado el 17 de mayo de 2021 en el Viaducto Pereira- Dosquebradas, en el área metropolitana del centro occidente, vía neurálgica del Eje cafetero, la cual ha sido resignificada y renombrada por el movimiento social como Viaducto Lucas Villa. Así pues, entre protestas, marchas, enfrentamientos con la fuerza pública, etc., pasó el 2021 en su primer semestre para la juventud nacional. Los medios pusieron su foco en lo que pasaba en las grandes ciudades y en las capitales, pues cada día se generaban grandes hechos de violencia que afectaron bienes públicos y privados al fragor de los enfrentamientos con el ESMAD y cuerpos de policía. La coyuntura agrupó diversos hechos: quema de CAIS, jóvenes desaparecidos en batidas, detenidos sin el debido proceso, gasificación de las marchas, barras de fútbol marchando juntas, muchos sectores del movimiento social unidos al paro; para el gobierno, por su lado, significó la salida de varios ministros y funcionarios y el replanteamiento de reformas económicas y tributarias. Recordemos que ya en 2019 a inicios, el movimiento estudiantil le ganó en franca lid el pulso a Duque frente a la reforma a la ley 30 y en noviembre del mismo año, las protestas del 19 N, sólo se vieron interrumpidas por la pandemia del 2020, que aquietó las aguas. ¿Pero qué pasaba en zonas donde la ausencia del estado ha sido el común denominador desde siempre, regiones como el Chocó, Catatumbo y Cauca, históricamente golpeadas por la disputa territorial, rutas del narcotráfico, economía cocalera, bandas criminales, pobreza, conflictos socioambientales, etc.? ¿Cuál ha sido el rol de la juventud en estos territorios? Allí creció el conflicto armado, debido a la histórica ausencia del estado que entiende esta como presencia militar, pero que olvida mínimos básicos necesarios para la supervivencia, agua potable, vías, educación, salud, trabajo, conectividad, entre otras. A esto sumémosle la poca o casi nula voluntad del gobierno en la implementación del acuerdo de paz de la Habana, lo que fortaleció la presencia de disidencias de las FARC, ELN y paramilitarismo. Esto pinta entonces un panorama bastante complejo para la juventud y la niñez en estas regiones y que las noticias de los primeros días del 2022 así lo ponen de relieve. Así pues, en Chocó una niña de 10 años perdió su vida en una incursión armada del Clan del Golfo. El pasado fin de semana, la menor, quien se encontraba refugiada en su casa, fue alcanzada por una bala perdida en medio de los disparos amedrentadores del grupo armado, incursión en la que también perdió la vida el joven Jesús Lerma Murillo. Días antes, el pasado 10 de enero, según comunicado de la ACADESAN, también es secuestrado y luego hallado sin vida Nilson Antonio Velásquez Gil de 51 años de edad, acto atribuido al ELN. En el departamento del Cauca, el joven líder ambientalista Breiner David Cucuñame de 14 años y miembro de la guardia indígena estudiantil del resguardo de Las Delicias, fue asesinado con varios impactos de bala que le costaron la vida. En el mismo lugar también fue asesinado el líder del esquema de seguridad Guillermo Chicame y resultó herido Fabián Camayo, ambos miembros del resguardo. Finalmente, en el municipio del Tarra, Norte de Santander, una niña de nueve años, resultó herida de bala en su pierna, durante enfrentamientos entre el ejército nacional y el GAOR E33, grupo armado organizado residual. Según precisiones hechas por el comunicado de prensa del Ejercito nacional del 9 de enero, emanado del operativo liderado por el Comando Operativo Energético No. 1, la niña fue trasladada a Ocaña, donde es atendida debidamente por especialistas. Dadas estas tres situaciones de orden público, que afectan directamente a la niñez y juventud, y al ejercicio de los liderazgos sociales en zonas de conflicto podemos decir lo siguiente: Es necesario insistir en una presencia integral del Estado, que no solo suponga militarización del territorio, esta debe ir acompañada de procesos de sustitución de cultivos ilícitos, soberanía del territorio y voluntad negociadora con los actores del conflicto. Los procesos de presencia estatal, asistencia humanitaria, garantía de derechos e incidencia territorial, deben ir con alto componente diferencial y étnico, para casos específicos como los del Chocó y Cauca. Es urgente la implementación del acuerdo de paz de la Habana en estas zonas, sobre todo en el capítulo étnico. Esto podría dar, a zonas específicas, garantías de supervivencia digna, con enfoque diferenciado y en consecuencia con sus modos de vivir y cosmogonías propias. Deben buscarse voluntades y estrategias para fortalecer e implementar el estatuto de ciudadanía juvenil, Ley 1622 de 2013, y que se formen liderazgos sociales en este aspecto, buscando crear propias rutas de atención integral a los problemas de la juventud de estos territorios. Este podría ayudar a entablar acciones encaminadas a evitar reclutamientos en economías ilegales y reclutamientos forzados. El sistema de protección a primera infancia en zonas de conflicto recrudecido se ha mostrado débil, Ley 1098 de 2006. Allí la presencia del ICBF debería ser priorizada y con enfoque diferencial étnico y cultural Queda demostrada la incapacidad del Estado de hacer frente a los grupos armados ilegales. Es momento, entonces, de buscar otros caminos y estrategias. Entre ellas, un diálogo que incluya a las víctimas del conflicto como principales protagonistas y un enfoque de política antidrogas diametralmente distinto a lo ya hecho por años. El debilitamiento de la presencia del Estado en estas zonas, y la emergencia de disidencias y otros grupos armados al margen de la ley, le pasarán factura al partido de gobierno en las próximas contiendas electorales, 2022 y 2023. Panorama difícil para estas poblaciones que comienzan el 2022 con dolores y pérdidas muy profundas. Los esfuerzos del Estado deben aumentar en atender estas tragedias, en garantizar seguridad y paz. Ya veremos en términos de lo electoral, cómo decidirán en las urnas estas regiones y qué acciones se darán desde los próximos liderazgos por venir para superar estas complejas condiciones de vida.

Por: Ernesto Medrano Línea Democracia y gobernabilidad El escenario político de cara a las elecciones presidenciales aún está por definirse. El próximo 13 de marzo se llevarán a cabo 2 procesos electorales: por un lado, la elección al Congreso de la República, donde la ciudadanía podrá marcar en el tarjetón su partido y candidatura de preferencia para Senado y Cámara de Representantes. Y, por otro lado, las consultas interpartidistas, en las cuales las coaliciones de varios partidos políticos escogerán, por medio de voto popular, la candidatura única que los representará. La ciudadanía podrá votar por una sola consulta. Particularmente, las tres consultas presidenciales ideológicamente se ubican de la siguiente manera: la de izquierda, del Pacto Histórico; la de Centroizquierda, de la Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza; y la de la derecha, representada por el Equipo Colombia. Cabe resaltar que, además de estas consultas, ya se encuentran 2 candidatos en solitario que irán a primera vuelta: se trata de Oscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, y el candidato avalado por firmas, Rodolfo Hernández. Esto significa que la población colombiana deberá elegir por cuál de los cinco senderos definidos, por el momento, transitarán para poner a un candidato o candidata en la presidencia. Al menos por ahora, mientras se define qué pasará con Germán Vargas Lleras y el Partido Liberal. Coalición Pacto Histórico y el techo En la coalición del Pacto Histórico fue claro desde el principio que debían luchar por sobrepasar su techo electoral. Es decir, superar la votación del 2018 que no le alcanzó para ganar la presidencia. A pesar de que en el abanico de candidatos del Pacto Histórico se encuentran figuras como Francia Márquez, Camilo Romero, Arelis Uriana y el polémico Alfredo Saade, desde hace tiempo parece estar definido Gustavo Petro como candidato presidencial por esta coalición. Así mismo, el hecho de que Petro llegue a ser el candidato único de la izquierda, se plantean inquietudes sobre el cumplimiento de los compromisos con las demás fuerzas que integran el Pacto Histórico, esto teniendo en cuenta la experiencia vivida durante su administración en la alcaldía de Bogotá. Por ahora, solo dos candidatos parecen poder competir por el segundo lugar dentro del Pacto Histórico, Francia Márquez y Camilo Romero. Quien obtenga el segundo lugar en marzo, competirá al lado de Petro en la primera y segunda vuelta, por la presidencia de la República. La coalición Centro Esperanza disminuida En la coalición del centro se enfrentan a un escenario diferente: los candidatos no mejoran en las encuestas y Sergio Fajardo – el candidato más fuerte - parece estar perdiendo respaldos en Antioquia, su departamento. Así mismo, los esfuerzos por lograr la unidad hacia el centro puro le significaron fuertes golpes a los partidos que conforman la coalición, especialmente al partido Alianza Verde, que estuvo a punto de escindirse cuando definían a qué sector político iban a respaldar y quiénes debían estar. De hecho, todo parece indicar que el partido se dividirá después las elecciones presidenciales. Por otra parte, a pesar de que las candidaturas de Gaviria y Amaya fueron anunciadas con bombos y platillos, no han logrado despegar en las encuestas. Por su parte, Fajardo se consolida como el llamado a ganar la consulta, si Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, no da la sorpresa. Esto sin contar con el reciente ingreso a la consulta de Íngrid Betancourt y Luis Gilberto Murillo, que no registran en las encuestas y que no estaban en el sonajero presidencial. El Equipo por Colombia sin fichas para armar el rompecabezas En la coalición de la derecha hay posiciones encontradas. El escenario es difícil porque los votos de maquinaria, amarrados a las redes clientelares, no parecen ser suficientes para competir y llegar a la segunda vuelta. Por esta razón, en la coalición decidieron buscar los votos de los grupos cristianos que representa el partido Mira, mientras rechazan los llamados de unidad del candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga. De hecho, el Centro Democrático, decidió no seguir insistiendo por su ingreso a la coalición Equipo por Colombia, una jugada que deja a Zuluaga y al Centro Democrático a punto de estrellarse contra un muro electoral. A pesar de las dificultades que presenta esta consulta para fortalecerse, lo más probable es que desplieguen su estrategia después de las elecciones legislativas del 13 de marzo, en las que se pondrá a prueba si las maquinarias seguirán dominando, o si como ocurrió en las elecciones locales del 2019, los partidos y candidatos alternativos se impondrán en los principales departamentos y municipios. Candidatos por firmas Desde finales del 2021, la Registraduría recibió las firmas presentadas por los diferentes grupos significativos que aspiran a la Presidencia. De los 52 grupos significativos que se presentaron, 11 cumplieron con el número mínimo de firmas requeridas por la Registraduría y seis de ellos fueron certificados para participar en sus consultas interpartidistas y en la primera vuelta. El pasado 10 de enero, la Registraduría presentó la lista de los primeros grupos significativos de ciudadanos que alcanzaron las 580.620 firmas requeridas para competir a la presidencia el próximo 29 de mayo. Hasta el momento, fueron seis las candidaturas por firmas que recibieron el visto bueno: Luis Emilio Pérez Gutiérrez: Colombia piensa en grande Alejandro Gaviria Uribe: Colombia tiene futuro Federico Gutiérrez Zuluaga: Creemos Colombia Rodolfo Hernández Suárez: Liga de gobernantes anticorrupción Alejandro Char Chaljub: País de oportunidades Juan Carlos Echeverry Garzón: Vamos pa’ lante con Echeverry Tras el anuncio de la certificación de la Registraduría, se empieza a clarificar el panorama. Esto debido a que en caso tal de que alguna de las candidaturas no alcanzara el mínimo de firmas, se presentaría una recomposición de los avales de los partidos con personería jurídica. Pero con las candidaturas decantadas – al menos las más importantes – se completa el rompecabezas. El efecto Rodolfo Hernández Desde Pares se analizaron los cinco caminos a la presidencia y se advirtió del posible efecto que podría tener la candidatura de Rodolfo Hernández en el panorama político-electoral. Con las dificultades que han tenido las candidaturas de la derecha y centroderecha para cautivar al electorado que no se encuentra amarrado a las dinámicas clientelares, surge la figura de Hernández, como una alternativa a la Coalición Centro Esperanza y al Pacto Histórico. Hernández podría quitarle votos a la derecha y centro derecha y recoger una buena parte de los votantes indignados con la clase política tradicional. Es precisamente en este contexto de indignación y de polarización en donde Hernández logra crecer en respaldo ciudadano y en las encuestas. Desde noviembre del 2021, Hernández ha venido en ascenso de acuerdo con la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, ubicándose detrás de Gustavo Petro con un 6% de intención de voto. Para muchos, el efecto Hernández sería marginal, pero de acuerdo con la más reciente encuesta de la firma Yanhass, Rodolfo Hernández llegaría al 13% de intención de voto, siendo el único candidato que creció. La gran encuesta elecciones 2022 Un Futuro Incierto Si bien los caminos se han ido clarificando, a tres meses de consultas y elecciones legislativas falta mucho por definir. Lo que es claro es que el país se enfrentará a un escenario de posuribismo, en el que los candidatos de la derecha no aceptan competir con el candidato del Centro Democrático, lo que implica que, de no obtener una votación importante, tendría que buscar la adhesión en segunda vuelta. Esta posibilidad reduciría mucho la capacidad política del uribismo en la coalición. Sin embargo, Álvaro Uribe podría jugar a dos bandas: con Zuluaga y con Federico Gutiérrez. Por su parte, el centro y centroizquierda tendrá que evaluar la estrategia que hasta ahora no le ha dado resultados. Tendrá que definir su contraparte en el debate público, pues la confrontación con el petrismo no ha dado los resultados esperados. Finalmente, en el Pacto Histórico seguramente buscarán afilar su antiuribismo. Así mismo, al interior del Pacto será importante encontrar los mecanismos para evitar que Petro incumpla con su palabra, mientras se despachan en contra de Rodolfo Hernández, que sube en las encuestas.

"Duele la niñez y la juventud reclutada, cooptada, asesinada… Duele la inercia disfrazada de diálogo Duele la guerra camuflada en la paz Duele la vida y también la muerte cuando nos la siguen imponiendo", Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). En Colombia la guerra nunca ha respetado edades, han sido miles y miles de niños, niñas y adolescentes que durante años han tenido que sufrir los hechos de violencia que se han vivido en el país, y que aún, después de la firma del Acuerdo de Paz, siguen siendo una realidad que sigue golpeando a muchas familias y comunidades. Según información entregada por la Unidad de Víctimas, en el país 3.416.283 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas durante los más de 50 años de conflicto armado, siendo los departamentos de Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca, Nariño y Chocó, donde más se concentraron las afectaciones a menores. A pesar que el país guarda esperanzas de transformación, y de que se han abierto caminos para la reconciliación y reconstrucción del tejido social que tanto se ha afectado, el contexto de muchas regiones no ha permitido que la historia cambie. Por el contrario, se han venido agudizando los escenarios de violencia que, en muchos casos, perpetúan las vulneraciones a la integridad y derechos de niños, niñas y adolescentes. Lo anterior se ha mostrado como una realidad latente, pues en los primeros días de este año ya han sido, al menos, 03 los casos en los que menores han perdido la vida o han visto su bienestar en riesgo a causa de la presencia de dinámicas de guerra, en zonas donde el conflicto armado no ha dejado de ser parte del día a día. Una de esas zonas es el Catatumbo, donde, como ha investigado Pares, los Grupos Armados mantienen una disputa por la búsqueda del control de territorios y corredores fundamentales para su movilización, expansión y fortalecimiento, así como en el interés por las dinámicas financieras basadas en las economías ilícitas. En esta región de Norte de Santander se presentan enfrentamiento entre diversos grupos armados,, especialmente en las zonas de la frontera colombo venezolana, específicamente el sur del municipio de Tibú y el norte de la zona metropolitana de Cúcuta, donde se identifican otros actores armados de origen paramilitar como Los Rastrojos, las AGC, y de accionar internacional. Además, en esta zona resalta la presencia del Clan del Golfo, el ELN, el EPL y el Frente 33 de las disidencias de las Farc. De las dinámicas de estos actores sobresale, por ejemplo, que , el EPL o Pelusos han ido disminuyendo su expansión en el territorio, y que el ELN y el Grupo Armado Pos Farc del Frente 33 mantienen un pacto de no agresión. Esta zona, además, ha sido uno de los epicentros de la violencia sistemática contra la población civil, en donde, por ejemplo, durante el 2021 y según datos de la Secretaría de Posconflicto Y Cultura de Paz de Cúcuta entregados a Caracol Radio, se registraron más de 3000 personas desplazadas de esta subregión del Norte de Santander. Esto sumado a otros hechos victimizantes, como los constantes ataques y enfrentamientos entre grupos armados, en donde los habitantes de esta zona son quienes quedan en medio del fuego cruzado. Uno de esos hechos se presentó iniciando este año, el 8 de enero, en el municipio de El Tarra,, cuando, según informó el Ejército, tropas del Comando Operativo Energético No.1 fueron atacadas con ráfagas de fusil por el Frente 33 de las disidencias de las Farc. En medio de este hecho, los uniformados respondieron y en medio del cruce de disparos una menor de edad fue impactada por una bala, por lo que fue trasladada a un centro asistencial de Ocaña, donde permanece. Por otra parte, el pasado 17 de enero se conoció que en el corregimiento Dipurdú de Andagoya, en el departamento de Chocó, tras una incursión armada, al parecer por integrantes del 'Clan del Golfo', una menor de 10 años, Valeria Murillo Murillo, murió al ser víctima de un impacto de arma de fuego, pues este traspasó su vivienda, en donde se encontraba en compañía de su madre. Hay que señalar que este hecho se habría presentado como parte de los repertorios que estos grupos usan para implantar miedo en la comunidad y reafirmar su control en el territorio. Según informó Semana: “En medio de la jornada violenta la comunidad también reporta que de una de las casas los hombres armados sacaron a un joven, identificado como Jesús Lerma Murillo, quien lamentablemente apareció sin vida sobre una playa del río San Juan”. Además, se agrega que “Medio San Juan es un municipio en el que los niños no solo han sido golpeados por los problemas de orden público sino por las necesidades sociales. En estos primeros días del 2022 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar evacuó de la zona a menores que presentaban altos grados de desnutrición”. Por otra parte, vale la pena precisar, y recogiendo el seguimiento de Pares, que el Clan del Golfo es uno de los grupos que más presencia tiene en el departamento del Chocó junto con el ELN, los cuales están en al menos 22 municipios del departamento. La disputa que hay entre estos dos grupos ha afectado a la población de varias zonas del Chocó. Incluso, en los últimos días y tras los recientes hechos, pobladores del municipio Medio San Juan, al sur departamento del Chocó, han abandonado sus hogares. A estos hechos se suma el asesinato del joven indígena Breiner David Cucuñame, un comunero de 14 años, quien fue asesinado el pasado viernes en la zona conocida como Las Delicias, en Buenos Aires, Cauca, tras un ataque armado el cual habría sido perpetrado por hombres armados pertencientes a la Columna Móvil Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Le puede interesar: ​​La cotidianidad de la violencia en Santander de Quilichao Sobre este hecho, vale la pena mencionar, como explicó Harvey Moyan Polindara, enlace regional del norte del Cauca de Pares, que desde el 2017 en este municipio del Cauca se ha estado viviendo un proceso de reconfiguración de grupos armados ilegales. Justamente, uno de esos grupos que ha surgido tras la firma del Acuerdo de Paz es la columna móvil Jaime Martínez, que en sus inicios fue integrada por algunos excombatientes de las Farc-ep, quienes conformaron este grupo con el interés de disputarse el control de la zona, la cual es geográficamente estratégica, pues es el corredor que se dirige desde el departamento hacia la Costa Pacífica, lo que permite un constante tráfico de economías ilegales y además permite la conexión con la cordillera occidental. Adicionalmente, en este municipio hay una alta concentración de cultivos de hoja de coca y de minería ilegal, otros factores que potencian el interés y disputa de los grupos armados. Asimismo, como señaló el investigador, esta columna móvil hace parte del Comando Coordinador de Occidente, en el cual confluyen estructuras emergentes de grupos armados posfarc que se han aliado por el control territorial de diferentes zonas del Cauca y del suroccidente del país. También hay que mencionar que en ocasiones anteriores, a la columna móvil se le ha relacionado con amenazas y persecuciones contra la población civil y defensora de derechos humanos y territoriales. Así las cosas, y con este contexto vale la pena traer a colación el relato que fue dado al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), por parte de una de las personas que estaba en la zona de los hechos: “Seguimos, nos dividimos en varios grupos, hasta que nos encontramos con Samuel Cucuñame y su hijo que venían de laborar, de construcción. Ellos nos indican que el grupo armado va adelante de nosotros y que tengamos cuidado porque van muy armados. Diez minutos más adelante nos agarran a bala. Nos tocó tirarnos por un peñasco, rodamos. Después nos comunican en la radio de la guardia que habían dos heridos. Salimos a la carretera, pasó el carro de la guardia y nos alzó. Más abajo nos encontramos con los compañeros que estaban heridos. El compañero Guillermo iba demasiado herido, creo que los disparos fueron directamente en el estómago, venía muy mal. El compañero Fabián de la guardia también venía herido. Los logramos sacar en medio de la balacera y después nos llevamos la sorpresa, que más acá arriba, el compañero Samuel, que habíamos encontrado con su hijo, también está herido. Creemos que fue a consecuencia porque los armados tiraron bala a lo que se moviera, a lo que cayera, no tuvieron en cuenta que había caminos, que había personal y que habían niños. Y desafortunadamente cayó un niño de 14 años…”. Tras estos hechos y a pesar de que fueron auxiliados, se informó que tanto Breiner David Cucuñame como Guillermo Chicame perdieron la vida a raíz de las heridas producidas, mientras que las otras personas que se encontraban en el lugar, entre las que están el padre del menor, se encuentran en recuperación. Hay que señalar que el menor, además, adelantaba labores de defensa del medio ambiente, uno de los liderazgos que más se ven expuestos a hechos victimizantes en el país, y en uno de los departamentos que presenta los mayores índices de violencia contra las personas defensoras. Al respecto, vale recordar que Colombia lleva dos años siendo el país más peligroso para líderes y lideresas ambientales, según la ONG Global Witness, la cual reportó que 227 líderes ambientales fueron asesinados en el mundo durante 2020, de los cuales, 65 eran colombianos. Incluso, en el informe se estableció que el Cauca es el departamento con mayor número de casos, 20. Frente a esto, Moyan Polindara añadió que desde el 2020 se ha agudizado la situación de vulneraciones contra menores de edad en el Norte del Cauca. Esto ha tenido que ver con que: “en esta zona hay comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianas; comunidades que juegan un papel muy importante en el ejercicio de protección y control del territorio, son figuras de poder local. En ese sentido, siempre han procurado y han luchado por la defensa de la vida, de los derechos humanos y del medio ambiente. Es por esto que vemos que jóvenes, niñas y niños desde muy temprana edad se vinculan a este ejercicio de protección de la Madre Tierra y del territorio; se convierten en líderes y lideresas que ejercen un control y defensa. En ese sentido, y con este contexto, se puede decir que defender el territorio muchas veces es motivo de persecuciones, que en ocasiones terminan en asesinatos por no estar alineados con los intereses de los grupos armados ilegales. Esto no es nuevo, es una situación que se repite en el Cauca, donde líderes, jóvenes, niños, que vienen de todo un proceso histórico, de formación, de sentipensar la tierra que habita, son perseguidos, estigmatizados y asesinados”. Adicionalmente, y siguiendo lo expuesto por Moyan, estas victimizaciones también se dan por medio de reclutamiento forzado, una de las problemáticas que más afectan a los menores de edad, y que en gran proporción tienen como perpetrador a la la columna móvil Jaime Martínez, el grupo al cual pertenecerían los presuntos responsables de este reciente hecho, quienes ya habrían sido capturados, según se comunicó en la W Radio. El Consejero Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, Mauricio Capaz, dijo al medio de comunicación que “las capturas se presentaron en recorridos de la guardia por la zona donde se presentó el ataque. Hay una absoluta reserva sobre el ejercicio de la justicia y los niveles de investigación. No es posible afirmar que los implicados tengan un nivel de responsabilidad directa. (...) Las investigaciones avanzan y los implicados serán sometidos a la jurisdicción especial indígena y de ser encontrados responsables, se les impondrán castigos relacionados con las prácticas y costumbres de las comunidades”. Sobre toda esta situación vale la pena señalar que según el seguimiento que ha hecho la Coalición contra la vinculación de niños niñas y jóvenes al conflicto armado en colombia (COALICO), durante el primer semestre de 2021, 14.321 menores fueron víctimas de hechos relacionados con el conflicto armado; siendo el desplazamiento forzado el tipo de violencia que más les ha afectado, con un total de 6.951 NNA afectados. Por último, Julia Castellanos Medina, investigadora del Observatorio de Niñez y Conflicto de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), puntualizó que desde la organización de la que hace parte: “Hemos insistido desde hace mucho tiempo que el recrudecimiento de la violencia ha sido permanente, las dinámicas de confrontación armada han estado aumentando de manera significativa en varias zonas del país, y una de las causas es la disputa entre los grupos armados que pelean el control en los territorios, además, de la débil presencia del Estado, pues esta se ha limitado a movilizar tropas, Ejército y Policía, lo que en lugar de mitigar los escenarios de riesgo para la población, los profundiza. Esto es problemático porque los repertorios de violencia que se han agudizado, vulnerando los derechos humanos de la población civil especialmente de los niños, niñas y adolescentes. Desde la Coalico hemos insistido y llamado la atención sobre esto, pues tan solo en el primer semestre del 2021 logramos registrar 121 eventos de violencia que tuvieron una repercusión directa contra menores. Hacemos un llamado a las instituciones a amparar la vida de los niños, niñas y adolescentes”. Todos estos hechos, sumados a los que ya han ocurrido en este 2022, son la radiografía de un país en el que la violencia día a día cobra vidas; vidas de líderes y lideresas, vidas de indígenas, vidas de personas afrocolombianas, vidas de menores de edad; vidas que hacían parte de comunidades que hoy siguen enfrentadas a una guerra que les tiene en el medio, sin respuestas y acciones contundentes para parar estos hechos.

Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de la Fundación Paz & Reconciliación El 17 de enero del 2019, el ELN atacó la Escuela de Policía General Santander en Bogotá, causando 22 muertos y más de sesenta heridos. Hace pocos días atacó un destacamento del Esmad en Cali y el resultado fue 12 heridos. Entre ambos hechos, hay 150 militares y policías heridos o muertos en la persistencia de una acción del ELN, lo cual muestra el fracaso de una política que no logra controlar a esta organización próxima a cumplir seis décadas y que ratifica que el Estado colombiano está lejos de derrotarles. El ELN de hoy es un poco más grande que el ELN al inició del gobierno del Presidente Iván Duque, que está en cuenta regresiva. En el último informe del Ministerio de la Defensa, se reporta que el ELN está hoy sobre dos mil setecientos integrantes y el mismo reporte, al inició del gobierno Duque en 2018, reportaba la cifra de dos mil doscientos. En conclusión, hoy tenemos un ELN en crecimiento, razón más que preocupante para volver a pensar que la estrategia de combatirles y alejarse de la variable diálogos y negociaciones no ha resuelto nada en estos cuatro años. El ELN ha estado en el centro de la opinión y el debate publico en estos cuatro años, debido al apoyo de Cuba al proceso de paz adelantado durante los dos gobiernos del presidente Santos y la permanencia de su delegación de diálogo en La Habana. Frente a esto, la administración del Presidente Trump volvió a incluir a Cuba en su listado de países que apoyan al terrorismo, una acción totalmente arbitraria y sin fundamento que es de esperar que la administración del presidente Biden corrija en los próximos meses. Igualmente, se habla del ELN por su presencia en Venezuela y se hostiga al gobierno venezolano. Se le atribuye al ELN un protagonismo en la protesta social de los últimos años, algo totalmente distorsionado de lo que es una acción legitima de sociedad donde el ELN puede estar de manera muy marginal. Por todo lo anterior, en estos últimos años de una u otra forma se ha seguido hablando del ELN. En estos cuatro años de la administración del presidente Iván Duque el ELN ha perdido destacados mandos unos visibles como “Uriel”, “Fabián”, “El viejo” del Frente de Guerra Noroccidental, o “Mocho Tierra” y “Gallero” del Área Darío Ramírez Castro; y otros no visibles pero importantes en la estructura de mando. Estos golpes, por supuesto, resienten la estructura y las dinámicas territoriales del ELN, pero, con el paso del tiempo, la misma estructura va promoviendo nuevos liderazgos que asimilan las derrotas. La estrategia de golpear los mandos importantes afecta, pero no va a desbaratar una organización que ha demostrado capacidad para adaptarse y superar sus crisis. Eso lo hemos visto en estos años en los que vienen creciendo en tamaño y presencia territorial. Estamos en pleno debate presidencial y el tema ELN de cuando en cuando sale en las declaraciones de los candidatos que compiten. Es la hora de volver al carril de diálogos, negociaciones y construcción de un acuerdo de paz. Esto, en el marco de una política que debe proponerse el tratamiento de todas las violencias organizadas que persisten en Colombia y que tienen su eje de desarrollo en presencias territoriales en doscientos municipios, donde el estado colombiano debe proponerse tener una presencia legitima y efectiva. En este contexto habrá que volver al reto pendiente de un acuerdo de paz con la última guerrilla de nuestro viejo alzamiento armado de los años sesenta. Tenemos una agenda construida entre el ELN y el gobierno del presidente Santos. Es una agenda importante como referente, que puede ajustarse, precisarse o ampliarse, pero para nada obviarla. El nuevo gobierno será el de la construcción de un proceso de paz con el ELN, si tiene decisión, estrategia y propuestas de transformación para darle cuerpo al acuerdo, este buen reto hay que asumirlo, con la convicción de que la senda de los diálogos y la construcción de paz es lo que requiere Colombia, saliendo de tantas tristezas y tragedias que afectan vidas y comunidades. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Camilo Díaz Suárez Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra de Rafael Alejandro Martínez, alcalde de Santa Marta en el periodo 2016-2019 y actual candidato al Senado por Fuerza Ciudadana, por presuntos incumplimientos en la obra Megabiblioteca fase 1 en la Institución Educativa Distrital (IED) Normal San Pedro Alejandrino. El contrato sobre el cual se formuló el pliego de cargos se trata del contrato de obra 067 del 30 de diciembre del 2014, cuyo objeto era la “construcción de una megabiblioteca fase 1 en la Institución Educativa Distrital Normal San Pedro Alejandrino del distrito de Santa Marta, Magdalena, Caribe” por un valor de $10.044.275.255. Dicho contrato fue suscrito por Ingris Mirelda Padilla, en calidad de alcaldesa encargada durante el periodo de Carlos Caicedo como alcalde de Santa Marta. Tras dos adiciones firmadas por Carlos Caicedo, que ampliaron el plazo de ejecución del contrato a 210 días, Rafael Martínez, ya siendo alcalde, firmó una serie de prórrogas que ampliaron todavía más el plazo de ejecución, incurriendo en una presunta afectación del principio de eficacia que rige la contratación estatal. Por ello, la Procuraduría adelanta una actuación disciplinaria por la “presunta omisión en la adopción de decisiones o acciones en las vigencias 2012-2015 y 2016-2019 frente a los incumplimientos contractuales en los que pudo incurrir el contratista del contrato de obra 067 del 30 de noviembre de 2014 y la presunta afectación del principio de eficacia que rige la contratación estatal, en las prórrogas realizadas al contrato en cuestión durante la vigencia 2015”. Así, el cargo proferido es el de incumplimiento a sus funciones por una aparente violación del principio de responsabilidad y del de eficacia que deben regir la actividad contractual, por presuntamente haber omitido el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio que debía declarar el incumplimiento, imponer las multas y/o hacer efectiva la cláusula penal, en contra del contratista Consorcio Megainstituciones. Las adiciones al contrato De acuerdo con la Procuraduría, un informe de la Sociedad Ingeniería de Proyectos S.A.S sobre la interventoría de la obra, habría un presunto incumplimiento en la finalización de obras del contratista Consorcio Megainstituciones, que estaba establecido para el 31 de julio de 2017, por lo que fue necesaria la inyección de recursos por parte del contratista, luego de que fueran ejecutados $12.621 millones de pesos. Adicional a ello, el informe de interventoría expresaba ya en 2017 una preocupación por los retrasos presentados en la ejecución de las obras, la cuales ya cumplían la totalidad del tiempo destinado para ser entregada y un gran porcentaje del valor ejecutado, pero que los avances materiales de la obra apenas alcanzaban el 21,46%, lo cual fue reportado y manifestado a la Alcaldía de Santa Marta. Así, seis años después, existen incumplimientos presentados en esta obra que todavía no ha sido entregada a la ciudad y que ha tenido adiciones presupuestales que aumentaron bastante su costo inicial. La primera adición que firmó Rafael Martínez fue el 6 de mayo de 2016 que le otorgaba al contratista 90 días adicionales para cumplir con la obra, extendiendo el plazo de ejecución hasta el 10 de agosto de 2016. El 4 de agosto del mismo año amplió el plazo de ejecución otros 90 días, siendo la nueva fecha de entrega de la obra el 10 de noviembre de 2016. A pocos días de llegar el nuevo plazo acordado, el 4 de noviembre se firmó otra adición en la que se extendía el plazo de ejecución 54 días más. Para el 28 de diciembre de 2018, se firmó una nueva adición al contrato, la número 6, que adicionaba $857’837.386 y ampliaba el plazo de ejecución de obra 186 días siendo la fecha de entrega el 31 de julio de 2017. En julio de 2017, a pocos días de vencerse el último plazo estipulado, Alejandro Martínez firmó dos adiciones al contrato en las que se ampliaba, nuevamente, el plazo de ejecución de la obra en 184 días y se sumaron al valor del contrato dos valores por $2.890.884.849 y $901.602.920. Es decir, que tras 6 adiciones firmadas por el exalcalde de Santa Marta, la obra que estaba estimada en un valor de $10.044.275.255 terminó costando $16.592’223.304.Finalmente, de nuevo a pocos días de alcanzar la última fecha pactada para entregar la obra, se firmó una última adición que establecía como nueva fecha el 31 de marzo del 2018. Por estos hechos, también el gerente distrital de Infraestructura de Santa Marta en el periodo 2016-2019, Sander Alfonso Rodríguez Peña, se le atribuye el cargo de una presunta omisión de informar a la representante legal de la entidad contratante los incumplimientos sucedidos, durante la vigencia 2017, con respecto al contrato en cuestión. Con la notificación del pliego de cargos, Alejandro Martínez y Sander Rodríguez fueron citados a un juicio disciplinario por estos hechos. A su vez, la Procuraduría ordenó archivar las investigaciones en contra de Carlos Caicedo y Pablo José Lacouture Mercado, gerente distrital de Infraestructura (2012-2015), por estos hechos. Un candidato cuestionado La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ya había hecho un llamado a sus cuestionamientos en el informe “Los herederos y herederas de todas las formas de corrupción”, según el cual se ha visto envuelto en varias investigaciones. La más conocida consiste en una investigación por la presunta celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, así como por presuntas irregularidades en la contratación de obras de construcción y remodelación de varios puestos de salud, que llevó a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía ordenar medidas cautelares de embargo y secuestro a 11 bienes avaluados en $766 millones en contra de Alejandro Martínez. También la Procuraduría ha adelantado en su contra investigaciones por irregularidades en el PAE, de la que se desconoce su estado, y por presunta participación indebida en política, de la que se declaró no probado ese delito.

Por: Laura Cano Periodista Pares Durante años se ha reclamado la responsabilidad de ganaderos y empresarios con el despojo de tierras en muchas zonas del país, despojos que, en muchas ocasiones, significaron desplazamientos forzados, amenazas y hostigamientos; en general, un refuerzo de la violencia que en muchos territorios generó la agudización de escenarios que ya eran de por sí críticos. Ese despojo de tierras, producido con distintos repertorios de violencia, ha sido uno de los hechos en los que se ha visto implicado José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegan. Estos sucesos, como ha sido relatado por distintos actores del conflicto y como se expondrá en este artículo, muchas veces contaron con el apoyo de jefes paramilitares. Esto fue lo que volvió a afirmar Benito Osorio,exgobernador de Córdoba, quien dijo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que en el año 2005 José Félix Lafaurie pidió al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso que financiara y generara presión para que Mario Iguarán fuera fiscal general. La información se dio a conocer por medio de Caracol Televisión, quienes participaron de la jornada de declaración de Benito Osorio en el alto tribunal. Según lo publicado por el medio de comunicación, en el año 2005 Lafaurie se encontró con Mancuso en la casa en la que vivió con su exesposa, Marta Dereix, en el barrio La Castellana de Montería, Córdoba. Allí le habría pedido que apoyara que Mario Iguarán llegara como fiscal general porque, según él, si Iguarán era elegido, sería más benéfico para aquellos paramilitares que se acogieran a Justicia y Paz. Además, Lafourie habría entregado los contactos de quienes tomarían la decisión de elegir al fiscal general para que Mancuso ejerciera presión y, asimismo, se le habría advertido al jefe paramilitar que esta solicitud también venía por parte Sabas Pretelt de la Vega, quien para ese entonces era ministro del Interior. Hay que señalar que para ese momento la contienda estaba entre Jorge Pretelt e Iguarán. Posterior a este encuentro, y cerca de un mes después, Lafourie se volvió a reunir con Mancuso, y él le habría insistido de nuevo al exjefe paramilitar en su idea, añadiéndole que Iguarán sería "más benevolente con las autodefensas", como cuenta Osorio en su declaración. Finalmente, Iguarán llegó a ser fiscal general y, para el mismo momento, María Fernanda Cabal, esposa de José Félix Lafaurie, fue nombrada en la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía. A estas acusaciones Benito Osorio añadió que las relaciones con los altos mandos de los grupos paramilitares no solo eran con Mancuso, sino que el ganadero también era cercano y habría tenido alianzas con Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, comandante del Bloque Norte, y por otros jefes paramilitares de la zona. Adicionalmente, afirmó que Lafourie "conocía de los planes que tenían los paras con el FGC (Fondo Ganadero de Córdoba) para adquirir terrenos en el departamento", siguiendo lo afirmado por Benito Osorio en su declaración en la JEP. Señaló el medio que a pesar de que se intentó la comunicación con José Félix Lafaurie, no sé obtuvo una respuesta del ganadero. Sin embargo, en las últimas horas, el empresario ganadero ha retwitteado dos trinos, uno del abogado Victor Mosquera y otro del candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Sergio Rodríguez. En este punto, es necesario recordar varios sucesos que implican a los mencionados en este hecho. Por un lado, en 2012 Mancuso ya había relacionado a Lafourie con las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo al que habría acudido buscando apoyo para sus fines políticos y gremiales. Incluso, el exjefe paramilitar tras lo declarado por Benito Osorio en la JEP, envió una carta en la que se lee: "De la misma manera, debo corroborar las declaraciones con respecto a la elección del ex fiscal Mario Iguarán y el papel de José Feliz Lafaurie. Todo ello fue verdad y lo hemos dicho desde hace años ante los magistrados de Justicia y Paz. (...) Lo hemos dicho en múltiples ocasiones, que su diseño ha conllevado a que gran parte de la verdad aportada durante 16 años de diligencias judiciales termine engavetada para "comodidad" de una parte del poder político y económico de Colombia. Este relato sobre el Fondo Ganadero de Córdoba como tantos otros, que no es nuevo, que ya se había expuesto en instancias de la justicia transicional y ordinaria". Hay que precisar que, en las versiones dadas por Mancuso, señaladas más arriba, ya se advertía de la reunión de la que Osorio habló recientemente ante la JEP. Incluso, para ese momento el expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba ya había afirmado que había sido testigo de la reunión que hoy de nuevo es noticia. Por otra parte, sobre Lafaurie, Ariel Ávila, exsubdirector de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) y ahora candidato al Senado, había puesto sobre la mesa la evasión que el ganadero estaba haciendo a las investigaciones y acciones sobre restitución de tierras. Nombraba el analista, que Lafuerie negaba la existencia de una persecución o masacre de líderes de restitución de tierras, incluso cuando es una realidad la violencia contra quienes piden que los llamados "terceros de buena fe" sean investigados. "Lafaurie niega la existencia de los ejércitos antirrestitución y dice que eso jamás existió. Nuevamente este señor miente. Los llamados “ejércitos anti restitución”, no son como tal ejércitos, así se hacen llamar, pero son estructuras sicariales de entre 15 y 30 personas que prestan servicios ilegales de seguridad privada o las propias Bandas Criminales prestan estos servicios. Son contratados por lo que la ley llama “terceros de buena fe”, es decir, personas que están en el mundo de la legalidad, son empresarios rurales, ganaderos o políticos locales. Estas personas fueron las que en realidad se quedaron con la tierra despojada a campesinos y algunos ante el miedo de perderla prefieren asesinar a los reclamantes de tierras", exponía Ávila. A esto se suma que María Fernanda Cabal, esposa de Lafourie, ha emprendido una campaña dentro del Congreso para frenar la restitución de tierras. Pues, justamente, fue quien estuvo detrás del Proyecto de Ley 20 de 2019 que, como denunciaba en ese momento Coljuristas, “esta iniciativa legislativa representa un grave retroceso para la Reparación a las Víctimas de Despojo y Abandono Forzado y pone en riesgo la restitución formal y material de los predios, así como el goce efectivo del derecho a la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición”. Uno de los objetivos de dicho proyecto, que además había sido sugerido de varias formas por la congresista, era reemplazar los dos pilares de la Ley de Tierras, dando reconocimiento a terceros de la buena fe, exceptuados de culpa, y motivando a que el llamado segundo ocupante ya no fuera el que tuviera que comprobar si compró la tierra de buena fe, sino que la víctima era la que debía demostrar su despojo. Al respecto, cabe recordar que, en los 54 años de guerra en Colombia, se despojaron más de 6.000.0000 de hectáreas de tierra, la mayoría de estas a campesinos minifundistas. Por otra parte, hay que traer a colación que Sabas Pretetl, quien según lo narrado por Osorio fue quien motivó el encuentro entre Lafaurie y Mancuso, también tuvo otros nexos con paramilitares. Por ejemplo, según lo dicho en medio del proceso de Justicia y Paz, Pretelt le pidió a Vicente Castaño que apoyará y ejerciera presión para la reelección de Álvaro Uribe Vélez en el 2006. Se señala en Verdad Abierta que: " Pretelt reconoció haberse reunido no una, sino muchas veces con jefes de estos grupos, tanto como presidente de Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes) como en su condición de ministro del Interior y de Justicia. Sin embargo, aclaró que en ninguna de esas reuniones se trató de reelección, sino que estas fueron siempre concertadas para tratar el tema de la desmovilización". No obstante, el medio también menciona que estas reuniones venían desde los 90, incluso citan las palabras de Mancuso quien había dicho: “A Sabas lo conocí en 1995, porque era un visitante asiduo de los campamentos de Carlos Castaño, a donde iba a acompañado con el expresidente de Fedegan, Jorge Visbal Martelo, que era muy cercano a las Auc”. Es importante mencionar que en el 2015 la Corte Suprema de Justicia condenó a varios de los funcionarios del gobierno de Uribe, entre ellos Pretelt de la Vega, a quien le dieron seis años y ocho meses de cárcel por corrupción, más exactamente por dar dádivas en 2004 a los entonces representantes a la Cámara Teodolindo Avendaño y Yidis Medina, a cambio de su voto para cambiar la Constitución y permitir la reelección de Uribe. Por otra parte, está Mario Iguarán que, finalmente, fue nombrado fiscal general en agosto de 2005, tal y como pedía Lafourie en sus reuniones con Mancuso. Iguarán estuvo en este cargo hasta el 2009, y en 2012 se destapó la controversia sobre si su posesión en este cargo se debió a vínculos con grupos paramilitares. De hecho, durante ese año en la Cámara de Representantes se abrió una investigación para determinar si hubo infiltraciones de dinero ilegal en la elección del ex fiscal. Posteriormente, Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', exjefe del bloque Central Bolívar, desmintió este hecho. Por último, hay que nombrar que hace un par de semanas la JEP le concedió la libertad transitoria a Benito Osorio, quien había sido condenado en abril de 2015 a 19 años, 6 meses y 9 días de prisión, al habérsele probado nexos con paramilitares que habían desatado hechos de destrucción y apropiación de bienes protegidos; deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil; lavado de activos agravado; testaferrato y concierto para delinquir. A esto se le sumaba una multa económica de 25.789 salarios mínimos mensuales, que debían ser pagados a la Unidad de Víctimas (UARIV). Toda esta situación que hoy envuelve, de nuevo, a José Félix Lafaurie, "es la demostración de porqué el Centro Democrático y el sector de ganaderos cercanos a esta fuerza política han hecho una fuerte oposición a la existencia de la JEP. También demuestra de dónde viene el miedo a que la JEP juzgue a terceros y políticos que tuvieron participación en el conflicto armado interno, ya que este sector ganadero siempre ha tenido una relación muy fuerte con sectores políticos que se materializó en la creación del Centro Democrático", analiza Diego Alejandro Restrepo, coordinador de la línea de Conflicto, Paz y Posconflicto de la Fundación Paz & Reconciliación. Asimismo, Restrepo concluye que "es sumamente importante que se empiecen a tejer las relaciones entre sectores económicos, en este caso ganaderos, paramilitarismo y despojo, pues justamente este es el corazón de la verdad. Por eso se necesita saber quiénes, con nombre propio, acumularon riqueza e incluso continúan sosteniendo privilegios a través de la violencia. Creemos que el centro de la violencia fue la acumulación de esos terceros civiles y actores políticos. Por eso motivamos la investigación, sobre todo en este momento que vive el país: año de elecciones presidenciales y, además, año en el que se espera el informe final de la Comisión de la Verdad".

Por: Camilo Díaz Suárez Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad A falta de poco menos de dos meses para las consultas de las coaliciones, al interior de ellas se han dado una serie de movimientos que modifican el panorama de la carrera hacia las elecciones presidenciales en el 2022. Por un lado, se anunció la participación de Ingrid Betancourt y Luis Gilberto Murillo como candidatos en la Coalición Centro Esperanza; por otro lado, en la Coalición Equipo por Colombia se bajaron de la competencia Dilian Francisca Toro y Juan Carlos Echeverry; mientras que el Partido de la U avaló a Enrique Peñalosa. Finalmente, se dio a conocer que, en definitiva, Óscar Iván Zuluaga no hará parte de la Coalición Equipo por Colombia y continúa su aspiración presidencial por su cuenta. Ingrid Betancourt, la única mujer en la Coalición Centro Esperanza El 17 de enero, en horas de la mañana, Ingrid Betancourt anunció su candidatura para participar en la consulta interna de la Coalición Centro Esperanza, de la cual hacen parte Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, Carlos Amaya, Jorge Enrique Robledo y Juan Fernando Cristo. Con este anuncio, la coalición hace frente a una de sus mayores críticas que era la ausencia de mujeres en la consulta. Su presencia no es sorpresa, ya que fue sonando cada vez más su participación luego de que, en diciembre del 2021, su partido, Verde Oxígeno, recuperara la personería jurídica. La decisión se dio luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) considerara que situaciones fácticas, jurídicas y hechos de violencia repercutieron en la presencia de miembros del partido en la contienda electoral de 1990. Cabe recordar que, tras la restitución de la personería jurídica a Verde Oxígeno, la misma Ingrid Betancourt anunció que Carlos Amaya y Sergio Fajardo serían los candidatos del partido para participar en la consulta de marzo. Esto luego de que el CNE facultó a los partidos políticos que conformen una coalición para que puedan avalar a más de un candidato presidencial para las consultas internas de marzo del 2022. Como ya se analizó desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), dentro de la Coalición Centro Esperanza la cara más visible es Sergio Fajardo, luego de conseguir 4.589.696 votos en la contienda electoral del 2018. Con la llegada de Betancourt, aparece otro rostro visible tras haber sido senadora y candidata presidencial para las elecciones del 2002, que llevaron a su secuestro por parte de la extinta guerrilla de las Farc. (Te podría interesar: “Los cinco caminos a la presidencia”) Otro candidato que se suma a la contienda interna de la Coalición Centro Esperanza es Luis Gilberto Murillo, por parte de Colombia Renaciente. Murillo fue exgobernador del Chocó y Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia en el gobierno de Juan Manuel Santos. Coalición Equipo por Colombia, Enrique Peñalosa la carta del Partido de la U y sin Juan Carlos Echeverry En diciembre del 2021, Enrique Peñalosa anunció que no logró conseguir las firmas necesarias para inscribir su candidatura a la presidencia por este mecanismo. Pese a ello, siguió con su intención de presentarse a la consulta interna de la coalición Equipo por Colombia y buscó acercamientos con el Partido de la U para recibir su aval. Por ello, el día 18 de enero estaba prevista una reunión con la bancada y la dirección del Partido de la U para darle el aval a Enrique Peñalosa. Con ello, Peñalosa sería la carta oficial de la U en la consulta de la coalición, tras el pronunciamiento de Dilian Francisca Toro de no competir por la candidatura única del Equipo por Colombia. Sin embargo, a la espera del comunicado oficial, todo parece indicar que los miembros del partido quedarían en libertad para apoyar al candidato que prefieran al interior de la coalición y no necesariamente a Peñalosa. La salida de Dilian Francisca se suma a la ya anunciada por Juan Carlos Echeverry, que se retiró de la contienda por considerar que todavía no cuenta con un reconocimiento político que lo posicione como un líder ya consolidado. Con ello, la coalición Equipo por Colombia tendría por candidatos a competir en la consulta interna de marzo a los exalcaldes de Medellín, Bogotá y Barranquilla, ‘Fico’ Gutiérrez, Enrique Peñalosa y Alejandro Char; y al candidato conservador David Barguil. Óscar Iván Zuluaga va solo en la contienda presidencial En las últimas movidas que se han dado, el pasado 16 de enero Óscar Iván Zuluaga, en compañía del expresidente Álvaro Uribe, anunció que seguirá en su aspiración propia a la presidencia por el Centro Democrático y no se unirá a la coalición Equipo por Colombia. Pese a tener el apoyo para ingresar a la coalición de Omar Yepes, presidente del Partido Conservador; del candidato conservador, David Barguil; de Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín; y del partido Mira, decidió continuar por su cuenta sin descartar posibles alianzas en un eventual escenario de segunda vuelta. Zuluaga es exministro de Hacienda y un candidato con poco carisma que consiguió pasar a segunda vuelta en la contienda presidencial del 2014 y que perdió por poco, al conseguir casi siete millones de votos. Sin embargo, aunque jurídicamente haya salido bien librado, su figura se vio vinculada con el escándalo de Odebrecht y con filtraciones de conversaciones del gobierno Santos y la guerrilla de las Farc que se desarrollaron en La Habana.

Por: Línea de migración, región y frontera En los últimos cinco años, como indicó Migración Colombia, cerca de 110.000 personas se han establecido con vocación de permanencia en Cúcuta, lo que constituye el 18% del total de la población de esta ciudad. Según el último reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en la capital norte santandereana el 53,3 % de la población es pobre y el 20 % está en pobreza extrema. Estas cifras muestran el tamaño del desafío para la planeación y ejecución de una política pública de atención a la migración. En el marco de la iniciativa “Colombia y sus fronteras de cara a la migración”, entre el El Espectador, FESCOL y La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) construimos un informe para comprender el contexto socioeconómico del territorio y, desde allí, aportar recomendaciones para el seguimiento y debate público sobre la atención a la población migrante en la ciudad de Cúcuta y el Área metropolitana. Para conocer más detalles, consulta el informe aquí.

Por: Laura Cano Periodista Pares Recientemente, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que abrió una investigación disciplinaria en contra de Andrés Mauricio Mayorquín, exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien fue relacionado con contratos en los que habría sido beneficiaria Karen Vaquiro, su esposa. El órgano de control adelantará el proceso contra Mayorquín por posible tráfico de influencias y otras conductas. Además, también se busca establecer si el implicado "habría incurrido en la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y/o conflicto de intereses, al ser adjudicados contratos a su esposa, Karen Vaquiro, en distintas entidades estatales". Asimismo, se aclaró que Vaquiro no será investigada por la Procuraduría "al no ser sujeto disciplinable; como lo señala el Articulo 25 de la Ley 734 de 2002, “son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 del Libro Tercero de este código” (...) Sin embargo, si en el transcurso de la investigación que le ocupa a la Procuraduría se evidencia que asumió funciones públicas, la Entidad procederá con su vinculación formal a la investigación. Karen Vaquiro y Andrés Mayorquín: en medio del primer escándalo de 2022 El pasado 11 de enero, el medio de comunicación Blu Radio reveló uno de los primeros escándalos del año. Se trató de unos millonarios contratos de los que se había beneficiado Karen Vaquiro, esposa de Andrés Mauricio Mayorquín, quien era asesor en la Consejería para Asuntos Políticos de la Presidencia de la República. Se informa en el medio de comunicación que: "Mayorquín está casado con Karen Liseth Vaquiro, una economista caqueteña egresada de la Universidad Sergio Arboleda en el 2017 y quien se convirtió desde enero del 2020, tres meses después de que su esposo llegara a la Presidencia, en contratista de más de quince entidades del Estado". En total se habla de cerca de 24 contratos que habría firmado Vaquiro, por un total de 1,245 millones de pesos. Entre las entidades con las que Vaquiro habría tenido relación contractual están: el Departamento de Prosperidad Social (DPS), la Aeronáutica Civil, la Agencia Nacional de Tierras, la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca. Justamente, en relación con estas últimas dos entidades, Caracol Radio encontró que Vaquiro firmó el contrato con la Gobernación de Cundinamarca por un total de 62 millones 383 mil pesos, bajo el objeto de "prestar servicios profesionales especializados, para el análisis y estudio de proyectos de ley que cursen en Congreso de la República". No obstante, el medio halló, en medio de otras irregularidades, que revisando "los informes de gestión que entregó la contratista para poder cobrar por el trabajo realizado. En esos documentos se evidencia que las funciones que dijo haber cumplido coinciden con lo que escribió en otro de los 24 contratos que obtuvo 2021". El informe, que habría sido copiado para pasar el de la Gobernación, era el que habría presentado en la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá. A esto se suma que, por un lado, Andrés Mayorquín dejó su cargo el 11 de enero del presente año. Además, junto con su esposa defendieron su inocencia, e incluso Vaquiro afirmó que esta situación se había dado debido a su desconocimiento "de las leyes contractuales, específicamente que rigen al sector público", aseveró en Blu Radio. Ahora, falta ver cuál será el rumbo que tome la investigación que adelantará la Procuraduría contra Andrés Mayorquín, y si en medio de ese proceso se abre alguna acción contra Karen Vaquiro.

Por: Walter Aldana Político social alternativo A escasos mes y medio para la gesta electoral parlamentaria y de consultas presidenciales, en nuestro departamento del Cauca, la noticia no es el plan de gobierno de las y los candidatos, es el retiro de los postes del alumbrado público en los municipios, de lábaros y pasacalles, dos herramientas de visibilización de candidaturas. Esta reacción la toman algunos pobladores no organizados. No es estrategia de campaña de ningún partido o coalición, es simplemente el rechazo a la utilización de grandes sumas de dinero en publicidad, por parte de varios candidatos. Inició con el abucheo y el grito de: "que se queme, que se queme...", refiriéndose la comunidad a un globo del partido Cambio Radical, lanzado en los carnavales de Bolívar, Cauca, donde se ostenta un Guinness World Records en la confección de globos. Y, en el afán electoral, haciendo gala de la falta de tacto político, se pretendió sacar "ventaja" en un evento que a pulso las y los bolivarenses han construido para reafirmar su identidad y sentido de pertenencia cultural y social. Un sector grande de la población afectada económicamente en sus ingresos por la pandemia, observa y evalúa este derroche de dinero representado en publicidad electoral, y lo siente como una afrenta a su realidad de merma, (incluso, a veces, de alimentación diaria). Lo anterior, se enmarca en un departamento donde el índice de pobreza es de 50.5 %, y de personas en condición de pobreza extrema es del 24.5%, según el DANE. Como antónimo a la pobreza y en la coyuntura electoral, quienes conocen del costo de esa publicidad refieren que son cifras astronómicas las que deben invertir para lograr tal despliegue en su objetivo de copamiento y presencia territorial. Se pretende hacer gala del "poder", la aplanadora electoral, con otros ingredientes tales como: imaginemos que algún avezado asesor recomendase solicitar a contratistas de una alcaldía o gobernación colocar en su perfil de Facebook la imagen de una candidata o candidato, con la amenaza vedada de la continuidad laboral. La labor de quien hace análisis social y político es explicar las condiciones objetivas y subjetivas que influyen en el actuar de una comunidad, es por ello que considero que, así como el no conocer el precio de una docena de huevos fue el final del ministro Carrasquilla en el estallido social de abril del año pasado, me suena que el rechazo a la publicidad de ciertos políticos se verá refregado en las urnas el 13 de marzo. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Votar es una tarea relativamente fácil; basta con inscribir la cédula y asistir el día programado a depositar en las urnas los tarjetones. Lo difícil, paradójicamente, es decidir a quién apoyar. En 2022, votemos o no, será tiempo de elecciones en Colombia. Este año, la tarea política más importante para la ciudadanía será, tal vez, elegir democráticamente a sus mandatarios nacionales. Se designará a las personas que ocupan los principales cargos en el Poder Ejecutivo –el presidente de la República– y en el Legislativo –senadores y representantes–. Así mismo, se dejará claro el camino para la elección de los otros poderes públicos en el país. En estas elecciones los candidatos son muchos y las ideologías son muy variadas; de allí que la tarea de elegir debería haber iniciado hace tiempo. Incluso, si fuéramos juiciosos, hacer balances y proyectar preferencias debería ser una práctica permanente de toda la ciudadanía. Entre las teorías más usadas en la política para la toma de decisiones está la de la elección racional. Esta plantea que la mejor forma de elegir en una democracia es conocer todas y cada una de las opciones que se nos ofrecen y escoger entre ellas la mejor –para uno o la comunidad a la que pertenece–. Le sugiere al votante estudiar muy bien cada alternativa, luego ordenarlas de la mejor a la menos buena y, finalmente, entregar su apoyo a la opción que mayor beneficio le ofrezca. Sin embargo, la misma teoría reconoce que elegir de esta manera es una tarea muy difícil. En primer lugar, porque generalmente las ofertas programáticas de los candidatos son muchas, lo cual dificulta enormemente a un ciudadano promedio conocer al detalle todo el espectro de opciones posibles y para que así pueda ordenar sus preferencias. Este es el panorama en Colombia para las elecciones del 13 de marzo de 2022. Según la Registraduría, serían 2.835 candidatos al Senado, la Cámara de Representantes y las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. En segundo lugar, es una tarea compleja porque estudiar cada propuesta conlleva altos costos para el elector como tomador de decisiones, partiendo del hecho de que se requiere mucho tiempo para conseguir la información de todos los políticos y procesarla. Pongamos como ejemplo los candidatos a la Presidencia de la República, cuyo número –a pesar de reducirse cada día– hoy está alrededor de las cuatro decenas, por tanto, el esfuerzo de una persona por conocer a cada uno de los candidatos sería muy alto. De allí que la misma teoría sugiere al votante que se relaje, que no pretenda ni conseguir toda la información para decidir por quién votar, ni hacer grandes inversiones para comparar uno a uno de los candidatos y elegir finalmente a quien apoyar. La teoría propone simplemente limitar la racionalidad, reduciendo el espectro a unas pocas opciones y a partir de esta corta lista hacer la elección final. Esto, pues reconoce que el votante no elige la mejor opción sino a la opción menos mala entre las que conoce –cómo pasa al elegir restaurantes, vamos al que más nos gusta–. Además, advierte que no es conveniente para el sistema político que el votante se impaciente, se ofusque y se llene de angustia ante tantas opciones. Podría pasar algo similar al niño que entra a una tienda repleta de juguetes para que elegir un regalo. Dado que no tiene claro la propuesta que le harán ni lo que desea, el infante, finalmente, se llena de ansiedad y desespero, y esto lo conduce a la inacción. En la política se ha demostrado que, en estos casos –donde el votante se encuentra con muchas opciones–, aumenta la posibilidad de que no se vote, ni elija nada. Para no pasar por esta situación, que podría ser la del 13 marzo en Colombia, donde el votante le pida a otro que le indique por quién votar –sin criterio–, o que lo haga por cualquiera –usando el azar–, o que decida no salir a votar –que sería la peor situación–; la recomendación que hace de manera pragmática la teoría es: sea selectivo. Dese a la tarea de reducir la lista de candidatos, por ejemplo, a media docena, y ponga en esta lista corta a las o los candidatos que más le llaman la atención –ya sea por su afinidad política, ideológica o programática–. Una vez tenga la lista corta –un puñado de opciones– lo que debe de hacer es buscar información sobre los candidatos y sus propuestas. Indague por la experiencia, por su trayectoria política y conocimiento acumulados. También mire atentamente qué propone y qué ideas lo identifican con él o ella. Frente a cada opción, diga si estaría dispuesto a dar su voto por esa opción o si se equivocó en la selección inicial. Y, finalmente, ordene la lista de la mejor opción hasta la menos buena y decida por quién votar. Hay que advertir que usted, si así lo desea, puede complejizar todo el proceso de selección; usted decide hasta dónde quiere invertir su tiempo y recursos. Por ejemplo, puede ampliar el número de opciones al Poder Legislativo hasta el número total de aspirantes –los 2.835 para el Congreso de la República o los más de 40 a la Presidencia– y estudiar a cada candidato. Puede revisar su pasado político, su trayectoria administrativa, su experiencia en el puesto al que aspira y los nexos que tiene con otros candidatos y personas. Incluso, podría indagar por la procedencia de los recursos con que financia su campaña. También, podría hacer un estudio detallado de sus propuestas como candidato, pues todos deben de tener al menos una idea para vender. Estudie los temas en que enfatiza, las ideologías que cimientan sus propuestas, la posibilidad de que el candidato, una vez llegue al cargo, pueda realizar su programa –apuestas legislativas o programa de gobierno–. Inclusive, exagerando, use programas computacionales que le permitan calcular beneficios y costos privados y sociales de esta elección –haga prospectiva–. Finalmente, si desea y tiene tiempo, mire la votación como un juego donde su decisión depende de los que realicen los demás ¡y actúe! Piense como un estratega: calcule las posibilidades reales de que su candidato llegue al cargo, de que una vez elegido mantenga su propuesta inicial o la cambie al ser capturado por un grupo de interés contrario a sus preferencias de votación. Y sobre todo, pregúntese qué tan alejado está usted con su elección de otras opciones que benefician el interés general o lo que más le conviene al país. Usted decide hasta dónde complejizar su bella labor de elegir, lo cual depende de los recursos con que cuente –del tiempo suyo y de sus amigos o asesores, de las horas que consulte en internet o de los derechos de petición de información, entre otros caminos–. Lo importante, en todo caso, es que participe en el proceso democrático. Además, que aproveche la oportunidad de ejercer y ampliar su conocimiento sobre la política. Imagínese en esta situación: supongamos que a usted le guste el fútbol y que está viviendo cuartos de final de un campeonato mundial. Piense este momento como una buena oportunidad para disfrutar y, al mismo tiempo, para actualizar y ampliar sus conocimientos deportivos. Al final habrá realizado lo más humano que tenemos: usar la pasión y la razón. Una situación similar la vivirá este año al enfrentar el ejercicio de la política. En todo caso, recuerde que su voto es importante –el valor de su voto es el mismo de cualquier ciudadano colombiano–. No olvide que el voto es el mecanismo de comunicación en la política –sirve para expresar lo que siente y desea–. Y que ejercer o no el derecho al voto conlleva beneficios y costos: los de vivir y sentir una dirigencia política por cuatro años –gobierno y los partidos de gobierno–. Pero, lo más importante, saber elegir con responsabilidad le dota de mejores elementos para hacer el balance y proyectar preferencias. Le legitima a usted para participar en revocatorias del mandato, en proponer juicios políticos y en asistir a rendición de cuentas. En especial, le permite juzgar con razón –para que no lo callen– por el buen o mal gobierno que le tocó vivir o padecer durante cuatro años. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Laura Cano Periodista Pares El inicio del año ha estado marcado por complicados escenarios de violencia en el país. Una de esas zonas que más se ha visto afectada es la frontera colombo-venezolana, puntualmente en el departamento de Arauca, fronterizo con el estado de Apure (Venezuela), donde la guerra entre disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN se ha agudizado por el control territorial. Esta situación en los primeros días del año, según la Defensoría del Pueblo, provocó el asesinato de 33 personas y el desplazamiento forzado de 170 familias de diferentes municipios del departamento. Aunque se han adelantado acciones, la situación sigue siendo una alerta para la población de esta zona. Incluso, recientemente, y mientras Iván Duque desarrollaba un Consejo de Seguridad para tomar medidas que mitiguen la violencia en el departamento, circularon fotos de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Arauquita. Esta situación suscitó, por un lado, la respuesta del ministro de Defensa, Diego Molano, quien dijo que los guerrilleros salieron solo para la foto. Asimismo, desde el Ejército se aseguró que las imágenes fueron editadas. Lo cierto es que en el departamento se ha vivido una guerra que se ha venido recrudeciendo y en la que es un hecho la presencia y c conflictividad entre diferentes actores armados ilegales. Por otra parte, se ha conocido que, desde Venezuela, y a raíz de esta situación, se tomaron otras decisiones. Por esto se desplegó un refuerzo militar en la frontera con Colombia, a la altura del estado de Apure. Según se informó en el diario El Tiempo “desde el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) se anunció que este fin de semana llegaron refuerzos desde el estado oriental de Anzoátegui para “combatir” a los Tancol apostados en el estado Apure”. Hay que señalar que el término Tancol, el cual se refiere a los grupos ‘Terroristas ArmadosNarcotraficantes de Colombia’, ha sido apropiado por el Gobierno venezolano, incluso Nicolás Maduro advirtió que este año Venezuela estará libre de los denominados Tancol. Según el seguimiento que ha hecho la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), se ha identificado que en esta zona de la frontera colombo-venezolana tienen presencia los frentes 10, 45 y 28 de disidencias de las FARC, el Frente Domingo Lain del Frente de Guerra Oriental del ELN y otros grupos pequeños del lado de Venezuela, controlado por la guerrilla colombiana. Al respecto, Luis Eduardo Celis, del equipo de frontera de la Fundación Paz & Reconciliación, analizó que esta decisión responde a la “situación que se ha presentado en las últimas dos semanas en Arauca con los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN, situación que no solo ha afectado a la comunidad de Arauca, y a los liderazgos sociales, sino que también ha profundizado la tensión en la relación Colombia – Venezuela. En ese sentido, el despliegue militar en ambas naciones es un escalamiento que no trae nada bueno, pues lo que se refuerzan son los intereses de mantener el conflicto en la frontera, en donde se ven interesados diferentes actores como los que vienen de Estados Unidos, que se quieren presentar como los garantes de seguridad, pero donde también hay presencia de potencias como Rusia y Turquía con intereses económicos y pactos de cooperación”. Con esto, Celis resaltó que lo que debería primar es la búsqueda de transformar políticas en Colombia, en donde debería priorizarse la situación diplomática con Venezuela, relación que es necesaria para enfrentar los temas de seguridad en la frontera, que hoy por hoy sigue en una crisis y que cada vez se ve más acentuada.