Por: Harvey Moyan Polindara Enlace regional del norte del Cauca Santander de Quilichao es un municipio ubicado al norte del Cauca. Esta es una subregión que históricamente ha sido afectada por la violencia y, actualmente, padece la reconfiguración del conflicto armado con la presencia de grupos Armados PosFarc (GAPF), quienes, a través de acciones como asesinatos selectivos, desplazamientos, combates con la fuerza pública y economías ilegales, se han disputado y ganado el control territorial de la mayoría de los municipios de esta subregión. Dicha reconfiguración ha permeado en la cotidianidad de los habitantes de Santander, posicionándose como uno de los temas de conversación más relevantes y actuales entre sus pobladores. A continuación, relataré una situación que da cuenta de ello: en una cafetería del casco urbano de ese municipio, se encontraron casualmente dos hombres que por la forma en la que se saludaron parecían ser viejos conocidos. Tras la grata coincidencia decidieron compartir el café de la mañana. En otra época, su conversación pudiese haber iniciado preguntando cómo está la familia, hablando sobre la vida de algún amigo en común, sobre el último partido de la selección Colombia o, simplemente, comentando qué ha cambiado desde la última vez que se vieron, pero estos no fueron los temas de conversación. Uno de los hechos que tuvo gran impacto en la comunidad tuvo lugar en la vereda San Antonio, el cual fue el punto de partida de su conversación. Tal como lo mencionaron, este ocurrió en el Consejo Comunitario Aires de Garrapatero, a escasos minutos del casco urbano del municipio. “Ole, y fueron 2 a los que mataron, primero decían que solo [acentuación mía] era uno, pero han sido dos”. En 18 palabras describieron la primera parte de la historia de un asesinato, en el que los protagonistas eran dos jóvenes, Samuel Carabali Tegue, de 22 años y Juan Diego Carabali Amu, de 16 años, oriundos del lugar, quienes el pasado 31 de octubre fueron asesinados en las gradas de la capilla por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta, disparándoles indiscriminadamente. Minutos más tarde uno de ellos lanzó una frase que denotaba cierto aire de tristeza “pobres muchachos, y eso que solo fueron dos a los que mataron porque habían más, los otros alcanzaron a escapar”. A lo ya mencionado, uno de los hombres agregó tajantemente: “eso ya se sabe quienes fueron, pero eso no va a pasar nada”, haciendo alusión a la capacidad de respuesta y acción por parte de la institucionalidad para hacer frente a la ola de asesinatos que se están presentando no solo en el casco urbano; la situación en la zona rural del municipio es mucho peor. Tras el asesinato surgieron múltiples reacciones de denuncia, entre ellas se destaca la realizada por Roxana Mejía Caicedo, Consejera Mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), a través de la página de Facebook de su organización: “Es indignante para nosotros como gente negra, que cada semana tengamos que seguir levantando la voz de protesta para clamar por la vida de nuestros jóvenes”. Según cifras de Medicina Legal, en el año 2020 en Santander de Quilichao se presentaron 86 homicidios. Para el 2021, esta misma cifra se registra entre los meses de enero y octubre, lo cual enunciaría que en la actual vigencia el número de homicidios en el municipio superaría al anterior. Cabe mencionar que en el municipio hace presencia la columna móvil ‘Dagoberto Ramos’ y la columna móvil ‘Jaime Martínez’ del ‘Comando Coordinador de Occidente’ (CCO), GAPF que ha logrado —parcialmente— ser el actor armado con mayor autoridad en el norte del Cauca. A lo ya mencionado, se suma que en la alerta temprana 040 del 2020 de la Defensoría del Pueblo, se advirtió sobre la llegada de la ‘Segunda Marquetalia’, otro GAPF al mando de ‘Iván Márquez’, que actualmente pretende afianzarse en la subregión y sumarse a la disputa por el control territorial. Esta situación ha dejado varias personas asesinadas, quienes además han sido sindicadas de pertenecer a este GAPF. Es por ello que se prevé que, en los próximos años, un enfrentamiento entre el CCO y la ‘Segunda Marquetalia’ será inminente, no solo en Santander de Quilichao, puesto que esta confrontación podría esparcirse a todo el norte del Cauca. Por otro lado, el pasado mes de septiembre, en un video en el que aparecen varias personas que se auto reconocen como Frente urbano del Ejército Popular de Liberación (EPL), mencionaron que hacen presencia en varios centros urbanos del país, entre ellos se encuentra Santander de Quilichao. Cabe destacar que este grupo amenazó con iniciar la mal llamada “limpieza social”, acción a través de la cual, actores armados, en este caso el EPL, siguiendo sus propias interpretaciones, amenaza y asesina a personas que estén relacionadas con robos, drogadicción, prostitución, entre otras actividades que no son bien vistas por este grupo. Además, es importante destacar la presencia de una comisión del Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN, las ‘Águilas Negras’, Pandillas y la Fuerza Pública, quienes completan el abanico de actores armados que hacen presencia en Santander de Quilichao, y que han generado que, en el municipio, la violencia sea una realidad y un tema recurrentemente mencionado en las conversaciones cotidianas de sus habitantes. Cuando el café de aquellos hombres iba por la mitad, cambiaron de manera brusca el tema de conversación, dejando entrever un alto grado de indignación que llamó la atención de quienes nos encontrábamos en el lugar. - Ni que decir de esos pelaos que se los llevan para Argelia, eso por allá los matan y la familia ni tiene para ir por ellos y poder traerlos y enterrarlos acá. - Sí, eso sí da mucha tristeza, ¿se acuerda de doña Gloria, la hermana de Carlos? - Sí, claro. - Le mataron el hijo por allá y ni modos de poder enterrarlo, quién sabe dónde quedó el cuerpo, solo le mandaron a decir que al hijo se lo habían matado en esos combates. A través de estas frases los dos hombres lograron resumir experiencias que describen cómo se ha vivido en Santander el reclutamiento de menores, una práctica históricamente empleada por los grupos armados para aumentar el número de sus filas. Principalmente, se lleva a cabo en zonas rurales donde existe una presencia diferenciada del Estado, donde las posibilidades laborales y de educación son mínimas—solo por mencionar dos—, situación que es aprovechada por los grupos armados para captar nuevos integrantes para sus filas, a través de promesas que, usualmente, no son cumplidas. Dicha práctica de reclutamiento ha sido denunciada en los últimos meses por organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), al manifestar que es usualmente empleada por los actores armados, principalmente por el CCO. Algunos menores son enviados al municipio de Argelia, debido a la creciente necesidad de aumentar el pie de fuerza del GAPF Frente Carlos Patiño, el cual también pertenece al CCO, y que se encuentra en una guerra contra el ELN, el ejército y la ‘Segunda Marquetalia’. Al terminar el café, ambos hombres se despidieron, tomaron rumbos diferentes, dejando atrás aquella conversación que logró sobresaltar a aquellos que no vivimos en el municipio. En contraste, para quienes diariamente transitan las calles de Santander de Quilichao, la conversación fue solo una más sobre el tema que constantemente impacta la realidad de su municipio, y que suele acompañar los cafés de las mañanas, los encuentros en la plaza o las charlas en los andenes.

Por: Nataly Triana Guerrero Asistente de investigación Línea de Democracia y Gobernabilidad La Asociación de Víctimas Caminos de la Esperanza del Corregimiento de las Mercedes (AVCEM), para las circunscripciones especiales para la paz (CTEP), está a punto de inscribir en la lista de Catatumbo a los candidatos Pedro Elías y Mayra Gaona, quienes se encuentran presuntamente inhabilitados para participar en está contienda. De acuerdo con la Registraduría, Pedro Elías y Mayra Gaona fueron candidatos en el 2015 para las alcaldías de Taorama y San Calixto en Norte de Santander por UP- Alianza Verde y AICO, respectivamente. Pedro Elías ocupó el tercer lugar, con una votación de 1.368 votos. Previamente, en 2011, Pedro Elías también participó en las elecciones para la alcaldía de Teorama, cuando ocupó el segundo lugar con 1.569 votos. Por su parte, Gaona ocupó también el tercer lugar con una votación de 659 apoyos. Según el decreto 1207 del 2021, una de las inhabilidades de los candidatos de estas circunscripciones es haber sido candidatos elegidos o no popularmente con el aval de partidos políticos que en la actualidad tengan representación política en el Congreso o cuenten con personería jurídica. Los partidos Alianza Verde, UP y AICO actualmente cuentan con personería jurídica y representación en el Congreso. Por lo tanto, los candidatos y ACVEM podrían estar incurriendo en una de las prohibiciones de inscripción para está contienda electoral que en el caso de ser inscritos y ganar esta contienda, resultaría en la nulidad de la elección. Este hecho suscita dudas sobre el conocimiento de las distintas asociaciones de víctimas, campesinos y/o de mujeres sobre el funcionamiento y reglamentación de las CTEP, en especial, apunta a una falencia de las autoridades electorales competentes sobre la educación de las circunscripciones especiales. La Fundación Paz & Reconciliación - Pares alerta sobre la inscripción de estas candidaturas que estarían presuntamente inhabilitadas y exhorta a nuestros lectores y lectoras a que denuncien si conocen de posibles inhabilidades o casos en los que haya irregularidades en la inscripción de candidatos a las CTEP.

Por: Laura Cano Periodista Pares El pasado 18 de noviembre, el exdirector del DAS, general (r) Miguel Maza Márquez, radicó ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un documento en el que expresaba su voluntad de ejercer el derecho a guardar silencio y no comparecer a las diligencias. Esto se conoció el 23 de noviembre, día en que Maza Marquez no se presentó ante la Jurisdicción. El exdirector había sido citado ante el tribunal por su presunta responsabilidad y conocimiento sobre el exterminio de la Unión Patriótica, UP. La decisión había sido dada a conocer a través de una tutela presentada por el exdirector del DAS, en la que decía que la JEP le estaba vulnerando su derecho a guardar silencio y que le era difícil acordarse de hechos ocurridos hace 40 años. Al respecto, El Espectador informó: “ El instituto penitenciario aseguró que muy temprano los conductores de la entidad estuvieron en la escuela de Policía, pero un patrullero les negó el paso ante la verificación del área jurídica. Como lo relató Salazar, el Inpec informó que la abogada de Maza llamó y aseguró que su defendido no se iba a presentar”. Pues bien, luego de un par de semanas se conoció que la JEP negó la tutela presentada por Maza Márquez. En información dada a conocer por la W Radio, se aseveró que el implicado deberá acudir a la audiencia, pues solo puede hacer uso del derecho a guardar silencio una vez le sean realizadas preguntas durante la diligencia. No obstante, no es posible hacer uso de este recurso cuando el exfuncionario ni siquiera ha acudido declarar. “El referido derecho se concreta en el momento en que la autoridad judicial formula las preguntas o plantea hechos en determinada diligencia, sobre los cuales, por estrategia de defensa la persona quiera guardar silencio, y no en un escenario anterior, como lo es la sola citación o convocatoria a rendir versión” señala la decisión conocida por La W. Así, se especificó que desde la JEP “existe una expectativa de contribución a la verdad cuya insatisfacción podría acarrear consecuencias”. Justamente, se mencionó desde el medio de comunicación que la decisión fue respaldada por la Procuraduría, que incluso mencionó la posibilidad de abrirle un incidente de incumplimiento a Maza Marquéz. Maza Maárquez en la JEP Con lo anterior, vale la pena recordar que en febrero de 2018 la JEP recibió la solicitud de Maza Márquez para someterse a la JEP por el asesinato de Luis Carlos Galán. Dicho sometimiento llegó después de que en 2013 fuera condenado a 30 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia, al encontrarlo responsable en este caso. Tras esto, en abril de 2019 la JEP resolvió: “declarar la falta de competencia para resolver las solicitudes de sometimiento y de concesión del beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada presentadas por el general en retiro y exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, y el excongresista Alberto Santofimio Botero, ambos condenados por el homicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. A través de la resolución 001307, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP consideró que es la Corte Suprema de Justicia la competente para resolver las peticiones de sometimiento, de beneficio anticipado y de revisión de sentencias de Maza Márquez y Santofimio Botero”. Así las cosas, en enero de 2020 la Sección de Apelación de la JEP rechazó las solicitudes de sometimiento a esta jurisdicción. El tribunal informó que, a través de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, se estableció que el delito cometido contra el líder político Luis Carlos Galán Sarmiento “se produjo por razones de narcotráfico y sin ninguna relación con el conflicto armado”. Siendo así, Maza renunció a finales de 2020 al sometimiento voluntario que había firmado ante la JEP al cuestionar que esa jurisdicción no asumió la competencia para revisar su condena por el homicidio de Galán. No obstante, en la JEP había un tema que sí podía tener rumbo en el tribunal: los crímenes cometidos contra miembros del partido Unión Patriótica. Por eso, el pasado 26 de marzo había sido citado a rendir versión en el marco del Caso 06 por su posible participación en crímenes. Hay que señalar que la JEP había señalado que su entrada para declarar en este caso había sido posible pues en “su plan de contribución a la verdad ante la JEP, el general (r) Maza Márquez prometió, entre otros asuntos, ofrecer información sobre la posible infiltración del DAS por organizaciones criminales y la “relación entre el estamento militar y los grupos paramilitares, [que] sirvió de plataforma no sólo para el magnicidio del Dr. [Luis Carlos Galán], sino también para la comisión de auténticos crímenes contra la humanidad, como el genocidio de la [UP]". Bajo este proceso que recientemente la JEP se pronunció rechazando la tutela que había sido presentada por Maza Márquez, ordenando que debe declarar y no puede alegar el derecho a guardar silencio. Esta situación genera varios cuestionamientos, uno de ellos cuestiona cuáles son las intenciones de los exfuncionarios públicos al pedir sean admitidos en la JEP, pues luego de que se adelanta el proceso muchos deciden no aportar a la verdad, generando un desgaste del Tribunal, y poniendo barreras a que se esclarezca lo sucedido. Así las cosas, se espera la fecha en la que será de nuevo citado Maza y las respuestas y acciones que tendrá el exdirector del DAS.

Por: Observatorio para la Defensa de la Vida A propósito del Día Internacional de Los Derechos Humanos, El Observatorio para la Defensa de La Vida (ODEVIDA) presenta el informe “El aire huele a mal: situación de personas defensoras del ambiente y el territorio en Colombia y Venezuela”. Se trata de un producto conmemorativo para homenajear a quienes día a día luchan en contra de las desigualdades e injusticias. Sus páginas hablan de las historias y resistencias de quienes alzan su voz para que los ríos Caura, en Venezuela y Putumayo, en Colombia fluyan cristalinos y no llenos de mercurio y restos humanos. En él se presenta un análisis sobre los conflictos socioambientales que generan diferentes tipos de violencia para las personas que abanderan la defensa del territorio. Te invitamos a conocer sobre los fenómenos, actores, disputas y lugares que conocimos de cada país. Consulta el informe completo aquí. Como una apuesta narrativa, que visibilizara las historias hechas sentires, frustraciones y acciones de las comunidades que resisten por la vida, el equipo investigador realizó dos crónicas de viajes que te invitamos a conocer. Volver a las tortugas, crónica de la resistencia de La Perla Amazónica, Colombia Juan y Lina, investigadores del Observatorio para la defensa de la vida , conocieron la Zona de Reserva Campesina de La Perla Amazónica. Esta crónica describe lo visto y sentido en el trayecto. Para conocer esta historia completa, descárgala aquí . Lo que traen las arenas al sur del Orinoco, crónica de la resistencia minera en Venezuela Regreso a la Amazonía venezolana para investigar cómo se ha transformado el proyecto Arco Minero del Orinoco (AMO), aprobado y promovido de manera ilegal e inconsulta por el gobierno venezolano desde hace cinco años. Esta crónica de viaje mantiene la esperanza de contribuir a que este modelo depredador cambie. En honor a ustedes este relato. Para conocer esta historia completa, descárgala aquí .

Por: Laura Cano Periodista Pares Cada vez se acerca más el 2022, año en el que se acudirá a las urnas para la elección de quién llegará a la Casa de Nariño y al Congreso de la República. Las movidas se intensifican pues desde cada partido y coalición se intenta poner las fichas que representen más afinidad con los votantes. En estos días, en los que además iniciaron las celebraciones decembrina, en el país se han configurado nuevos movimientos al interior de los partidos que le apuestan a cargos de elección popular, y desde Pares le hacemos un recuento de lo que ha sucedido en lo que va de la semana. 1. Roy Barreras se descarta como precandidato presidencial Luego de ser uno de los posibles precandidatos a la presidencia por el Pacto Histórico, y de haber recogido y entregado ante la Registraduría, hace tan solo unos días, cerca de un millón de firmas, se conoció que Roy Barreras había declinado su decisión. Esta decisión se conoció luego de que el senador participara de un debate con los demás precandidatos presidenciales del Pacto Histórico. Allí Barreras dijo: “Asumo el reto para construir las mayorías en el nuevo Congreso, elegiremos el mayor número de senadores y de representantes a la Cámara en las listas del Pacto Histórico para darle a Colombia la certeza de que habrá gobernabilidad para hacer las reformas y los cambios que el pueblo colombiano está exigiendo, y también el control político que requiere el equilibrio de poderes”. Así las cosas, Barreras afirmó que sería jefe de debate parlamentario del Pacto Histórico. Frente a esto, Daniela Garzón, investigadora nacional la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación, opina: “La salida de Roy Barreras de la baraja de precandidatos no supone un cambio sustancial ya que es claro que el candidato presidencial del Pacto Histórico es Gustavo Petro. Sin embargo,hay que preguntarse por qué después de haber recolectado firmas, Barreras decide no ir como candidato, pues para él es primordial mantener su poder político y por eso durante meses se ha considerado que su esposa, Gloria Arizabaleta, será su ficha dentro de la lista cerrada del Pacto Histórico al Senado. Sin duda Roy ha sido una voz clave para Petro en medio de su aspiración presidencial, ha sido un camaleón político y sabe bien cómo se negocian las alianzas que se necesitan para ganar, así estas riñan con los principios del partido”. En marzo de este año se había anunciado que Roy Barreras sería precandidato presidencial y que iría a consulta a través del Pacto Histórico. Para ese momento afirmaba: "Anunciarles que a 12 meses de la consulta presidencial ha iniciado la campaña presidencial, estaremos en el tarjetón de la consulta de centroizquierda, competiremos con Gustavo Petro y lo vamos hacer sin miedos en esta gran alianza por el Pacto histórico". Posterior a esto, el 07 de julio el senador inscribió oficialmente su postulación ante la Registraduría. Lo hizo por medio del movimiento significativo de ciudadanos 'La Fuerza de la Paz', a través del cual buscaba recoger un millón de firmas para impulsar su candidatura, entregadas el pasado 06 de diciembre. 2. Rodrigo Lara ingresa al Nuevo Liberalismo Como unos salen, otros entran, y esta vez el turno fue para Rodrigo Lara quien, luego de enviar una carta al Nuevo Liberalismo con el fin de unirse a su partido, fue aceptado. En la misiva que había sido enviada días atrás se leía: “Por medio de la presente, solicito mi ingreso oficial al partido Nuevo Liberalismo. Lo hago en virtud de la habilitación proferida por la Corte Constitucional en el Numeral 410 del reciente fallo que reconstituyó su personería jurídica. El fallo de la Corte Constitucional propende por una reparación histórica que reviva a los partidos políticos que truncó la violencia política de los últimos cuarenta años”. Cabe recordar que en octubre de este año el Consejo Nacional Electoral informó que se resolvió: “Acatar la orden impartida por la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral -CNE- y en consecuencia reconocer personería jurídica al Partido Nuevo Liberalismo, la cual se mantendrá hasta las elecciones de Congreso de la República del próximo 2026”. Desde ese entonces, Lara mostró su interés en ingresar a este partido político, el cual fue integrado también por su padre, Rodrigo Lara. Así, Lara ingresaría a la Coalición de la Esperanza y el próximo 13 de marzo de 2022 participará de una consulta en la que también estarían Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Carlos Amaya, Jorge Robledo, Alejandro Gaviria y Juan Fernando Cristo. Con lo anterior, Garzón, analiza que: “Lara aumenta la lista de precandidatos de la Coalición Centro Esperanza, en la que todos tienen la sospecha de que podrían ganar. Es un político polémico pues si bien no tiene cuestionamientos propios, avaló siendo director de Cambio Radical a políticos como Oneida Pinto o Rosa Cotes. Por otro lado, es muy recordado el papel de torpedar la paz que cumplió Lara siendo presidente de la Cámara de Representantes entre 2017 y 2018, pues fue el palo en la rueda para muchas de las leyes que debieron tramitarse o que se vieron seriamente en riesgo, como lo relativo a la Jurisdicción Especial de Paz. A la coalición de Centro Esperanza con Lara dentro le quedará difícil defender una posición pro acuerdos de paz y anticorrupción cuando varios de los miembros del Nuevo Liberalismo que están dentro de la coalición provienen de un partido tan cuestionado como Cambio Radical”. 3. Alirio Uribe encabeza la lista a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico Otro de los movimientos que se dieron recientemente fue el nombramiento de Alirio Uribe como cabeza de la lista por la Cámara de Representantes. Alirio fue postulado por medio del partido Polo Democrático, el cual anunció por medio de una carta que: “Manifestamos la voluntad de participar activamente en el Pacto Histórico, motivo por el cual ha sido voluntad de los candidatos y candidatas a la Cámara por Bogotá que la lista sea abierta para facilitar la participación democrática de los diferentes aspirantes, en el caso del Polo resaltar que hoy tiene una curul y antes tenía dos curules por Bogotá y que aspiramos a recuperarlas en el 2022″. Analiza Garzón que: “Alirio Uribe es un político experimentado que ya ha sido representante a la Cámara. Perdió su curul en 2018 pero en este caso intenta recuperarla, en lo que muestra que es un voto de confianza con el Polo Democrático que ante la división con Dignidad verá afectado su caudal electoral. Sin embargo, hay que preguntarse si es inteligente poner como cabeza de lista a alguien que ha estado alejado por lo menos estos últimos cuatro años del ejercicio político; teniendo actualmente a David Racero como representante a la Cámara por Bogotá, quien se ha destacado especialmente por sus denuncias sobre redes clientelares de otros políticos en varias instituciones del Estado”. 4. El Centro Democrático se va con lista abierta Por último, se conoció que el Centro Democratico tendrá lista abierta para las elecciones a la Cámara de Representantes por Bogotá. Esto quiere decir que los ciudadanos podrán votar por el candidato de su preferencia sin importar el orden de la lista. Hay que recordar que en las listas cerradas, las personas votan por partidos y no por candidato. “El Centro Democrático utilizaba el mecanismo de lista cerrada porque tenía un gran elector en la cabeza del Senado, el expresidente Uribe, que jalonaba votos para ambas corporaciones. Sin embargo, frente a su renuncia y la pérdida de liderazgo que ha venido mostrando en los últimos años, es normal que el partido se decante por listas abiertas, donde cada candidato debe hacer el trabajo de buscar sus votos. Esto ayuda a que todos compitan y hagan campaña y permite ver si el partido sigue siendo o no dependiente de los votos que arrastra Álvaro Uribe”, concluyó Daniela Garzón.

Por: Paola Perdomo - Investigadora Nacional Línea de Investigación Conflicto, Paz y Postconflicto Tal como lo había advertido la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), tras el monitoreo y análisis de seguridad en territorio colombo venezolano, hoy se observa una creciente dinámica de violencia y disputa en la zona fronteriza entre el departamento de Arauca y el Estado de Apure. Dicha dinámica está relacionada con la presencia y accionar de los Grupos Armados Postfarc (GAPF), correspondientes a la línea de ‘Gentil Duarte’ y la ‘Segunda Marquetalia’, los cuales, desde el 2019 y luego de la conformación de esta última línea en cabeza de ‘Iván Márquez’ y ‘Santrich’, libran un enfrentamiento por el control territorial y social, así como por el tráfico de drogas. Dicho enfrentamiento era apenas perceptible a sus inicios cuando se empezaron a conocer hechos de reclutamiento de excombatientes por parte de la ‘Segunda Marquetalia’, entre Arauca y Apure, donde el GAPF Frente Décimo Martín Villa, perteneciente a la línea de Gentil Durarte, había venido consolidándose y compartiendo territorio con el ELN desde el 2018. Esto condujo a un fuerte rechazo por parte del GAPF Frente Décimo que, bajo el mando de alias ‘Jerónimo’, empezó a arremeter contra el GAPF de la ‘Segunda Marquetalia’ ubicado en Arauca, al mando de alias ‘Porrón, y a amenazar de muerte a quienes les estuvieran obedeciendo. Esta situación pronto se convirtió en una declaración de guerra. Entonces, sin éxito en su propósito de posicionarse en Arauca, el GAPF vinculado a la Segunda Marquetalia ha debido permanecer al margen del departamento en territorio venezolano, en el estado de Apure, principalmente, sector de La Victoria, limítrofe con el municipio de Arauquita. Desde entonces, la violencia contra la población civil en ambos lados de la frontera se ha agudizado, así como las acciones militares, no solo de estos GAPF, sino del ELN y la fuerza pública de los dos países. Es asi que en 2020 se registraron hechos de violencia entre Arauca y el estado de Apure relacionados con 2 masacres y 6 asesinatos selectivos, según Pares, que llamaron la atención de las autoridades y defensores de derechos humanos. Esto alertó teniendo en cuenta que se trataban de repertorios de violencia contra la población civil que durante los últimos años no venían presentándose en la zona de manera tan álgida, y estarían relacionados con acciones de control territorial que los GAPF habrían intensificado en el marco de su disputa. No obstante, en 2021 dicho enfrentamiento se ha evidenciado de forma más abierta con las acciones bélicas que se han registrado a largo de este, especialmente, a inicios de año cuando alrededor de 3.000 personas venezolanas fueron desplazadas por cuenta de los enfrentamientos entre GAPF y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Esto, además de la compleja situación humanitaria que desató, abrió un importante interrogante acerca de cuál es el lugar de dichos GAPF en territorio venezolano y cuál es su relacionamiento con otros actores armados, tales como las FANB y el mismo ELN. Por un lado, el Frente Décimo hace presencia en la zona desde el 2018 y hasta 2021 no se habían reportado enfrentamientos similares con la fuerza pública de este país. Esto se puede explicar, aparentemente, por dos razones. Primero, la presencia diferenciada que tendría este grupo a ambos lados de la frontera, siendo de mayor alcance y más activo el accionar desde el territorio colombiano. Segundo, la anuencia que tiene por parte del ELN, que ejerce una presencia y accionar muy fuerte también desde el lado venezolano y que, en este sentido, facilitaría el relacionamiento del GAPF con actores armados legales e ilegales en Venezuela. Por otro lado, el GAPF correspondiente a la ‘Segunda Marquetalia’ habría podido establecerse en territorio venezolano desde el 2019 sin que se esto desatara mayores tensiones con dicha fuerza pública. De hecho, organizaciones de derechos humanos y autoridades del país vecino habrían denunciado la facilidad con la que comandantes de la ‘Segunda Marquetalia’, tales como Márquez y Santrich, se estarían moviendo junto con el grupo armado en territorio venezolano, donde ambos tendrían una trayectoria que se remite a sus operaciones como jefes de las extintas FARC-EP. Sin embargo, la disputa entre estos GAPF condujo a un complejo escenario que ha revelado cómo se han reconfigurado aceleradamente las relaciones entre dichos grupos y el resto de actores armados involucrados. Pues, contrario a lo estimado con la ‘Segunda Marquetalia’ y el predominio que tendrían en territorio venezolano, el GAPF Frente Décimo de ‘Gentil Duarte’ estaría consiguiendo debilitarlo a través de la estrategia de combate de las FANB contra las disidencias, de la que estarían siendo obejto principalmente la ‘Segunda Marquetalia’, incluso, presuntamente, con apoyo del ELN. A estos, se suman ataques contundentes, también en territorio venezolano, contra comandancias, tales como las de ‘El Paisa’ y ‘Romaña’, tras los que estaría el Frente Décimo, según las primeras hipótesis, y con los que estaría dando un duro golpe a esta estructura, que viene en una acelerada desintegración a la que se suma la dada de baja de ‘Jesus Santrich’ en mayo de 2021. De ser cierto este escenario, son tres los principales elementos a resaltar. Primero, estas disputas revelan la importancia que ha recobrado la zona fronteriza entre Arauca y Apure en la estrategia de control territorial y tráfico de drogas de grupos armados ilegales, especialmente, GAPF en proceso de expansión y fortaleciemiento, y con un accionar altamente relacionado con esta economía ilegal. Segundo, evidencia las relaciones de disputa y alianza que se estarían tejiendo alrededor de estos intereseses, tal como lo expresa el provechoso relacionamiento que el GAPF de ‘Gentil Duarte’ estaría teniendo con el ELN y, a su vez, con actores legales e ilegales del vecino país que favorecerían la consolidación de cada uno de estos grupos. Tercero, este escenario de seguridad es disiente de las inexistentes relaciones binacionales que favorecen la presencia y accionar de grupos armados ilegales que pueden delinquir en ambos territorios, sin que las autoridades pertinentes mantengan comunicación y puedan adelantar estrategias conjuntas de control.

Por: Daniela Garzón Investigadora Nacional Foto: El Espectador El domingo 5 de diciembre, después de varios cambios en el calendario, se llevaron a cabo las elecciones de los Consejos de Juventud, nuevas instancias de consulta en las que se espera que las y los jóvenes entre 14 y 28 años tengan más participación en la agenda de los entes territoriales. Los Consejos de Juventud surgieron de la Ley estatutaria 1885 de 2018, que modificó la ley 1622 de 2013, por medio de la cual se expidió el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, reglamentando lo que respecta al Sistema Nacional de Juventudes. En este sentido, son “mecanismos autónomos de participación y concertación, vigilancia y control de la gestión pública” y buscan ayudar a la juventud en la interlocución entre sus agendas territoriales y las instituciones públicas. A pesar de que se inscribieron 8.592 listas, la primera jornada electoral, que convocaba a personas entre los 14 y los 28 años, no puede calificarse de exitosa si se analizan los niveles de participación, pues apenas un poco más del 10% del censo electoral habilitado para hacerlo acudió a las urnas. De los 12.282.273 jóvenes habilitados para votar, según los resultados del preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), votaron 1.279.961, una de las abstenciones más grandes de la historia de los eventos electorales en Colombia y, sin duda, la más alta de un evento nacional de la última época. ¿Qué se puede concluir de los resultados? 1. El abstencionismo es una constante en Colombia A pesar de que es histórico el abstencionismo de esta jornada, Colombia, usualmente, ha tenido cifras de abstención más altas que sus pares latinoamericanos. Según cifras de la RNEC, desde 1958 hasta 2010 el promedio de asistencia a elecciones presidenciales fluctuó alrededor del 56,52%. Por ejemplo, en el plebiscito, convocado para refrendar el acuerdo firmado entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, la participación no superó el 38%. El abstencionismo es un problema porque si la mayoría no participa la legitimidad política de quienes salen elegidos se pone en tela de juicio. El abstencionismo, por supuesto, es un fenómeno que responde a diversas variables, como decir: desinterés en la política; una posición militante, asumida como una forma de protesta, que cree que votar no funciona porque el ejercicio electoral ya está “amañado” o no cambia en mayor cosa los sucesos de la vida política; el cálculo cuando se reconoce que los costos de votar superan los beneficios para quien elige; o cuando, simplemente, no se tiene información de que va a haber un proceso electoral. La última encuesta de cultura política del DANE, publicada en 2019, que utiliza una muestra de mayores de 18 años, mostró entre otras cosas que: 1. Para el 80,7% es importante vivir en un país democrático. 2. El 47,1% está muy insatisfecho con la manera en la que funciona la democracia en Colombia. 3. El 71,4% ha oído hablar de mecanismos de participación ciudadana. 4. Solo el 32,6% considera que el conteo de votos en su municipio es transparente. Esto hace evidente que muchas personas sí consideran importante vivir en una democracia, pero que a la vez desconfían de los procesos electorales. Por lo cual, es probable que por ello no participen. 2. Los jóvenes no se enteraron ni confían en los mecanismos de participación electoral Ahora bien, en el caso específico de los jóvenes, lo sucedido con los Consejos de Juventud sorprende, en parte, porque fueron ellos quienes tuvieron especial protagonismo en las sucesivas protestas que se han dado en Colombia desde 2019, incluso con la organización de grupos como las primeras líneas, por lo cual podría haberse esperado una participación mayor. ¿Por qué la participación no fue masiva? En primer lugar, puede decirse que los jóvenes, a pesar de ser los mayores entusiastas en las marchas, paros, plantones, etc, son de las poblaciones que menos acuden a las urnas. Esto se ha explicado usualmente con una apatía electoral, pero al ver que en efecto han impulsado procesos de democracia directa como las marchas no puede explicarlo todo el desinterés. En este sentido, es evidente que muy pocas personas sabían que el proceso electoral se llevaría a cabo el domingo 5 de diciembre. De hecho, según la Ley 1885 de 2018 el proceso electoral debería haberse realizado a más tardar dentro de los dos años posteriores a la promulgación de la misma, pero por la pandemia y los cambios sucesivos en el calendario hechos por el registrador Alexander Vega, finalmente el proceso se llevó a cabo en un mes en el que no son usuales las elecciones en Colombia y con un despliegue de información mínimo. Al mismo tiempo, hay que preguntarse por los beneficios de la votación vs. sus costos. Los Consejos serán órganos de carácter consultivo, no se les pagará a sus miembros por su participación y sus funciones, como consta en la Ley 1885, dependen principalmente de la buena voluntad y el diálogo que las instancias que están encargadas de los planes, programas y proyectos que afectan a la juventud quieran tener. En pocas palabras, los Consejos tienen muy pocos dientes para llevar a cabo su tarea de veeduría pública y su tarea se limita a emitir recomendaciones, que no serán de carácter vinculante, para las dependencias encargadas de sus asuntos. Esto, por supuesto, desestimula la participación, pues no hace expresos los beneficios de la existencia de estos órganos. A la vez, los jóvenes que han protestado no tienen necesariamente que ver en la política electoral una vía para encauzar sus demandas; justamente utilizan otras formas porque no ven en las urnas posibilidades de encontrar respuestas a problemas como el desempleo, el acceso a la educación superior o a ser las principales víctimas de la represión policial. De hecho, en las tareas de los consejos no es claro que estos temas hagan parte de la conversación. 3. El vergonzoso papel de la Registraduría En estos comicios fue evidente la falta de experiencia de la RNEC. En primer lugar, debido a los sucesivos aplazamientos para realizarlos, sumado a los cambios en el calendario electoral para la inscripción de candidaturas que acabaron beneficiando a los partidos políticos tradicionales. Aún cuando la conformación inicial de los consejos trata de beneficiar a las listas independientes, los hechos mostraron que la Registraduría no se los tomó suficientemente en serio. A la vez, los cambios en el despliegue del aparato electoral y de la logística necesaria para el proceso electoral se hicieron sin previo aviso ni información suficiente para los votantes. Como no era posible extender la misma cantidad de puestos de votación que en una elección nacional de Congreso o Presidenciales, se asignaron nuevos puestos de votación sin informar a los participantes, lo que hace más difícil que las personas supieran a dónde debían acudir para poder votar. Como la información solo puede consultarse por internet, en las páginas de la registraduría, esto supone serias limitaciones para los jóvenes que no cuentan con fácil acceso a la red y que no saben que es allí donde tal información se encuentra. La improvisación del registrador Alexander Vega llegó al punto de emitir la resolución 15881 de 2021 el 4 de diciembre, un día antes de las elecciones, para autorizar que los jóvenes de 14 a 17 años pudieran votar en el puesto más cercano a la residencia y no en el que estaban inscritos, con el registro del documento de identidad en un formulario E-10. Esto implica abrir una puerta enorme a un posible fraude electoral, pues la verificación sobre si una persona votó dos veces o se inventaron números de documento para poner votos se hace prácticamente imposible. Siguiendo esta misma línea, es diciente que una denuncia en Twitter haya mostrado que una persona mayor de edad, es decir no cobijada por la resolución anterior, presuntamente haya podido votar en dos mesas distintas en la misma zona de votación: Otro problema ocurrió con el diseño del tarjetón electoral, que se vio en las cifras alarmantes de votos nulos. Los votos válidos, de acuerdo con el preconteo, fueron apenas el 72,46% del total, mientras que los nulos alcanzaron a ser el 22,76%. Para tener una idea, en la segunda vuelta presidencial de 2018 los votos nulos fueron el 7,31%. Es decir, mientras que en esas elecciones en todo el país hubo 263.373 votos nulos, en las elecciones del pasado domingo hubo 291.345 votos nulos, 27.972 más, con casi 19 veces menos número de votos. Como lo ha denunciado la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), esta no es la primera sombra que se pone sobre el registrador Vega. El jugoso negocio detrás de la aprobación del Código Electoral; haber puesto cuotas políticas en las delegaciones departamentales; las peleas con el director del DANE para sembrar dudas sobre el censo electoral; las amenazas a la oposición sobre las garantías electorales; seguir beneficiando a los mismos contratistas privados que han encontrado una mina de oro en los software de conteo y digitalización electoral, entre otras, hacen parte de lo documentado por la Fundación. Si esto pasa con unas elecciones con muchos menos intereses que las elecciones nacionales, ¿qué se puede esperar de las elecciones del próximo año en las que la RNEC es quien está encargada, como organismo autónomo, de brindar las garantías electorales? 4. Los partidos salieron ganando A pesar de que la conformación de los Consejos de Juventud, en el artículo 47 de la norma que los regula, pretende beneficiar a las listas independientes y a los procesos organizativos y darle menos representación a los partidos al designar sólo el 30% de los Consejos para estos, las votaciones que obtuvieron las listas de los partidos políticos muestran que siguen teniendo mucha más capacidad de agregación y movilización que los procesos y prácticas organizativas y las listas independientes. Sobre esto, es importante ver que los partidos lograron que se ampliara el plazo de inscripción de candidaturas y con ello inscribieron muchas más listas que en algunos casos superaron en número las que habían inscrito durante el primer periodo designado para ello, con lo que tenían muchos más chances de ganar. Por otro lado, es claro que los partidos, como organizaciones dedicadas a lo electoral, tienen un mayor acceso a la información que otro tipo de organizaciones políticas y tienen capacidades de negociación que estas organizaciones, muchas de ellas incipientes, no poseen. En unas elecciones con pocos recursos para quienes se organizaron para participar, los partidos también tienen todas las ventajas para ganar. Ellos pueden disponer de dinero, logística, y de sus políticos ya consolidados para impulsar las candidaturas de los jóvenes inscritos, es decir, pueden ofrecer muchos más incentivos para que participen y hagan campaña. De hecho, como muchos candidatos a Congreso ya están en correrías regionales para buscar su reelección, en no pocos casos estuvieron en eventos impulsando tanto sus candidaturas como las de los aspirantes a consejeros al mismo tiempo. A la vez, los partidos políticos pueden explayar campañas en todo el país mientras que las listas independientes y los procesos y prácticas organizativas apenas trabajan localmente. Esto se hace evidente al ver los resultados: mientras el partido Liberal, que fue el que más obtuvo votos, sacó un poco más de 100.000 (100.592 según el preconteo); tanto la lista independiente Unidad Popular- Cali en Resistencia, como el proceso y práctica organizativa Asociación Red Departamental de Jóvenes del Cauca obtuvieron cada una un poco más de 2.300 votos (2.345 y 2.352 respectivamente). Esos resultados, además, confirman que las maquinarias políticas no surgen de la noche a la mañana, sino que son procesos que los partidos consolidan poco a poco y que son efectivos en diversos escenarios electorales. Es justamente el partido Liberal, que hace mucho tiempo no cuenta con un líder visible, el que hasta hoy cuenta con la mayor cantidad de curules en la Cámara de Representantes. Los partidos que se mueven alrededor de caudillismos y liderazgos personalistas obtuvieron peores resultados: las listas del Centro Democrático ocuparon el quinto lugar y las de la Colombia Humana-UP el séptimo. Es probable que los jóvenes con aspiraciones políticas y quienes quieren encontrar en ella una profesión vean en los partidos más opciones que trabajando en solitario, no solo para llegar a un cargo de elección popular, sino para entrar en redes de contactos, obtener un empleo o empezar a entender cómo funciona la política electoral. Particularmente, los resultados de estos consejos le dejan como lección a muchos de sus participantes que la tarea de buscar votos y encontrar electores interesados en sus propuestas demandan esfuerzos titánicos. Los partidos políticos, a su vez, siguen siendo, a pesar de su impopularidad, los principales agregadores electorales de las democracias representativas. 5. Esto no es un medidor de las elecciones de 2022 Aunque muchos creen que esto puede ser un termómetro sobre el escenario electoral del próximo año, al ver que este proceso sufrió de improvisaciones, falta de información y de seriedad de las instituciones que las tuvieron a su cargo las comparaciones son difíciles. Lo primero que puede decirse es que los partidos políticos, siendo unos de los ganadores, tienen una base electoral que se manifiesta en cada proceso electoral y que están dispuestos a disputarse espacios que no fueron pensados para ellos. Lo segundo, que la Registraduría no está a la altura de las garantías electorales que necesita Colombia en un escenario con mucha incertidumbre. La improvisación de Vega mina la confianza en el papel de la entidad y aumenta el recelo que tiene la ciudadanía respecto de los procesos electorales. La fecha de realización de los comicios fue tremendamente inconveniente porque muchos de los escenarios convocantes de jóvenes, como los colegios y las universidades ya se encuentran en su mayoría en vacaciones. Lo tercero, aún no es posible medir los efectos de las movilizaciones sociales que se han hecho noticia desde el 2019, pues muchos de sus participantes están apuntando a las elecciones de Congreso y a las presidenciales y el desgaste de llevar a cabo varios procesos de campaña política es bastante alto y puede ser ineficiente. Además, en particular sobre los consejos de juventud, aún son inciertos los réditos de la participación e inclusión en esos espacios. Muestra, de igual forma, que los procesos organizativos impulsados por los y las jóvenes tardarán tiempo en consolidarse, necesitan apoyo institucional, recursos, publicidad y una articulación con otras instancias como las juntas de acción comunal y local, que llevan tiempo funcionando, para que puedan crearse redes de transmisión de experiencia y conocimiento. Hacer política no es fácil, se necesitan más que buenas intenciones y, a la vez, hay que revisar si los escenarios de democracia representativa son siempre la respuesta para el trámite de las demandas de la ciudadanía y si no sería más útil desarrollar otro tipo de organizaciones y entidades consultivas.

Por: Daniela Garzón Investigadora de la línea de Democracia y Gobernabilidad La austeridad se quedó en el papel Una de las principales banderas del presidente Duque ha sido la de la austeridad. La incluye en casi todos sus discursos y desde noviembre de 2018 ha anunciado diversos planes para reducir gastos, algunos sin mayor importancia como reciclar el agua o gastar menos en papelería o café. La pandemia, por supuesto, aumentó considerablemente la presión sobre el fisco, por lo cual se han firmado decretos y directivas presidenciales para frenar el “derroche” de gasto público. El principio de economía en las actuaciones de los órganos de poder público está consignado en la constitución y en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, por lo que no es un capricho o una buena intención, es un deber. En abril de este año se firmó el decreto 371 de 2021 que establece el Plan de Austeridad del Gasto 2021 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. Ese decreto incluye medidas como la imposibilidad de modificar la estructura, planta de personal y gastos de personal de las entidades que pertenecen a la Rama Ejecutiva del Poder Público, a menos de que dichas modificaciones sean para ahorrar o no cuesten. En el mismo decreto se incluyen medidas para evitar la excesiva contratación de personal para la prestación de servicios y de apoyo a la gestión, así como otras que afectan el mantenimiento de bienes inmuebles, el suministro de tiquetes, la realización de eventos, los esquemas de seguridad, etc. Siguiendo el plan de austeridad, en junio de este año se firmó la directiva presidencial 05 para garantizarla en lo referente al arrendamiento y comodato de bienes inmuebles de las entidades públicas de la rama ejecutiva de orden nacional, donde se limita la suscripción de nuevos contratos de arrendamientos a aquellos “que sean indispensables para el funcionamiento del servicio público”. Aunque el gobierno en el papel pareciera cumplir con sus intenciones austeras, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha documentado diversos casos de derroche en entidades como la UNGRD, a cargo del Plan de Vacunación y la atención de la pandemia. El exagerado aumento salarial de los funcionarios de la Registraduría Adicional al gobierno nacional, la Registraduría Nacional, en cabeza de Alexander Vega Rocha, se ha convertido en la entidad más derrochadora del Estado colombiano. Esto se debe, además de los contratos de eventos innecesarios, a los aumentos salariales que tuvieron este año los funcionarios de dicha entidad. La Registraduría Nacional del Estado Civil es, según su naturaleza jurídica, un organismo autónomo, de creación constitucional, independiente de las tres ramas del poder público. Por eso, en este caso, no la afectan el decreto y directiva antes señalados. Asimismo, los aumentos salariales son independientes de los de otros funcionarios cuyas instituciones sí pertenecen a las tres ramas del poder público. En agosto de 2021, se firmó el decreto 962 de 2021, por medio del cual “se fijan las escalas de asignaciones básicas de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se dictan otras disposiciones”. Ese decreto después fue modificado por el decreto 1310 de 2021 y, finalmente, por el decreto 1506 de 2021. Originalmente el decreto 962 de 2021 decía que los salarios se ajustarían en 2,61%, como se ajustaron los de funcionarios de otras entidades para el 2021, con vigencia fiscal desde el 1 de enero. Es decir, el incremento se hacía retroactivo. Eso implicaba que la tabla salarial de la Registraduría quedaba de la siguiente manera, con respecto a la de 2020. Sin embargo, el decreto 1506 de 2021, que modificó el 962, hizo otro aumento salarial. Según el decreto, el 5 de marzo de 2021 se emitió la viabilidad presupuestal para modificar la escala salarial de la Registraduría, tomando en cuenta el estudio técnico que esta le presentó el 13 de enero de 2020 al Departamento Administrativo de la Función Pública. De acuerdo con la modificación, el artículo 1 del decreto 962 de 2021 fijó unas nuevas escalas de asignaciones básicas mensuales para los empleos de carácter permanente y de tiempo completo de la Registraduría: Como puede observarse, hubo variaciones porcentuales de diferente tipo para cada salario entre lo contemplado en el decreto inicial y su modificación. Las variaciones porcentuales entre el decreto como inicialmente fue firmado y como quedó después de las modificaciones del 1506 de 2021 son las siguientes: Estas variaciones están entre el 5,54% y el 36,89%. Este aumento salarial está contemplado dentro de la ejecución del Plan de Acción Estratégico de la Registraduría de enero de 2021, que tiene como objetivo “rediseñar la arquitectura organizacional de la entidad para fortalecer sus capacidades”. En ese plan se expone “modificar la escala salarial, incrementando en dos grados las asignaciones básicas para los niveles profesional, técnico y asistencial (…) [y] para los niveles directivo y asesor la propuesta (…) se sustenta en un incremento de un grado”. La justificación del aumento salarial aprobada se presenta porque los funcionarios de la Registraduría no estarían ganando el mismo salario que sus pares en otras entidades. La pregunta es ¿por qué se decide hacer un reajuste de este tamaño en medio de una crisis y cuando muchos colombianos ni siquiera tienen empleo? Los ajustes decretados, que también se hacen retroactivos desde el 1 de enero de 2021, y que ya se están pagando, tampoco se relacionan con la baja variación en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el 2020 que fue de 1,61% y que influye en el aumento salarial de todos los funcionarios. Ahora bien, otro asunto preocupante es el aumento del presupuesto que se le asignó a la Registraduría para el próximo año. Aún considerando que es un año electoral y por lo mismo el órgano electoral tendrá que asumir más tareas. Mientras que en 2021 le fue aprobado un presupuesto de un poco más de un billón de pesos para gastos de funcionamiento (1.040.426.650.00), para el 2022 el Presupuesto General de la Nación, que deberá expedirse este mes mediante decreto, le aprobó en el mismo renglón más de dos billones de pesos (2.197.076.994.695), 111% más que el año anterior. Si se compara, además, con el presupuesto de 2020 (547.545.521.024) el aumento es superior al 300% y con el año de elecciones nacionales anterior (2018) el aumento es de 31.6%. ¿Cuál es la contribución que está haciendo la Registraduría a la reducción del gasto que el presidente ha manifestado como necesaria múltiples veces? Gastar más para modernizarnos ¿o para favorecer contratistas? La principal justificación para el aumento presupuestal del que ha disfrutado la Registraduría ha sido la modernización y el paso a sistemas digitales de identificación y de escrutinio. En el mismo plan estratégico se recoge que: “la pandemia de Covid-19 representa una oportunidad para la Registraduría (…) en el avance hacia una transformación digital de forma más efectiva para contribuir con la posibilitación de permitir a los colombianos el acceso al Registro Civil e identificación, así como explorar alternativas de sufragio, pues es imperioso buscar nuevas soluciones a las incertidumbres generadas por la imposibilidad de concurrir físicamente” Pero tal avance en la modernización no se ha dado y está claro que con la vacunación las votaciones del siguiente año se darán presencialmente. Sobre este punto, es diciente que la Registraduría haya declarado desierta la licitación para adquirir un nuevo software de escrutinios, el pasado 19 de noviembre. Esa licitación se hizo mediante selección abreviada de menor cuantía, que tenía por objeto como se recoge en el SECOP: “Prestar el servicio para el desarrollo de una solución informática, incluyendo disposición de hardware tendiente a la consolidación (base de datos) de la información pertinente utilizada para el Escrutinio General que desarrolla el Consejo Nacional Electoral, garantizando funcionamiento con la implementación de un sistema de seguridad, centro de datos, canales de comunicación y soporte técnico, en las elecciones de Congreso de la República y Fórmula Presidencial a realizarse en el año 2002” La licitación era muy importante porque era la primera vez que la entidad contrataría un software propio para contar los votos en 2022 por exigencia del Consejo de Estado, pues normalmente esta tarea ha quedado en manos de privados. En el nuevo código electoral, que fue aprobado el año pasado en el Congreso, pero que aún no pasa a examen de constitucionalidad por lo que no estará vigente para las elecciones del próximo año, se dispone sobre el software de escrutinios que: "El software dispuesto para la consolidación nacional del escrutinio será de propiedad de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y administrado por el Consejo Nacional Electoral (…)” (Art 25 – Proyecto de Ley 234 de 2020). Ante las constantes manifestaciones de sospecha de los partidos opositores frente a las garantías electorales el 25 de octubre, se instaló una comisión exploratoria de observación electoral para las elecciones de 2022 y ese mismo día, el registrador Vega dijo que se abriría la licitación para la compra del software, al otro día, como parte de esas garantías electorales. Pero eso ya no se cumplirá, por lo menos para el próximo año. La licitación abierta mediante la modalidad de selección abreviada de menor cuantía por un valor de $27.161.619.750 se declaró desierta porque ninguna empresa envió su propuesta a pesar de que tres habían manifestado interés en presentarse. Al declararse desierta, seguramente la Registraduría deberá contratar nuevamente a un privado para administrar el software que consolide los datos de los formularios que son diligenciados por los jurados de votación, los E-14. Una denuncia de Pares de mayo de 2018 había alertado sobre los problemas del software electoral, en mecanismos que permitían “fraude en las elecciones”. Esta investigación, hecha como seguimiento a la denuncia del partido MIRA, que acabó en la devolución de tres curules a ese partido por las irregularidades en el conteo de votos en las elecciones de 2014, y que resolvió el Consejo de Estado en la sentencia No. 11001-03-28-00-2014-00117-00, mostró que en las elecciones al Congreso de 2018 se habrían modificado mediante manipulación del software entre el 10 y el 20% de la conformación del legislativo y que hubo irregularidades en la destrucción del material electoral de las dos consultas interpartidistas que se hicieron el 11 de marzo de 2018. En ese momento, una de las empresas que administraba el software electoral era la empresa Thomas Greg & Sons (TG&S), dedicada a los sistemas de seguridad que ha encontrado una mina de oro, literalmente, en los multimillonarios contratos con la Registraduría. Según el informe de Pares de 2018 “en los años 2014 y 2015 la empresa se ganó $690.000 millones en contratos en servicios de logística, sumado a $234.000 de un consorcio con otras empresas para servicio de escrutinio y digitalización, junto con otro consorcio en el que participó y fue beneficiado por $60.000 millones por inscripciones de cédulas”. Ahora bien, este año se abrió una nueva licitación de $1.2 billones para contratar el servicio de logística de las elecciones del próximo año, y en medio del proceso en septiembre de este año varias empresas manifestaron su inconformidad y la necesidad de que este se suspendiera ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la Republica porque estaría hecho a la medida de Thomas Greg & Sons, pues es la única empresa que cuenta con el software que pide la Registraduría. Además, señalaron que el tiempo otorgado era demasiado corto para desarrollar un software similar y porque en los pliegos se exigía experiencia en las anteriores elecciones presidenciales, criterio que solo cumplía TG&S. Sin ninguna sorpresa, la licitación finalmente fue adjudicada a la Unión Temporal Distribución de Procesos Electorales 2021, de la que hace parte TG&S, y en la que además hay un gran botín asociado a la identificación biométrica. Nuevamente se favoreció a esta compañía, que ha estado presente en la mayoría de Uniones Temporales que se han quedado con los contratos para administrar los datos electorales desde 2010. De nada han servido las advertencias sobre la posible manipulación a la libre competencia, ni los problemas que se han presentado en los escrutinios de los que ha estado a cargo. Con esa nueva licitación, además, se confirma que Alexander Vega llegó a la Registraduría con el firme propósito de moldear el multimillonario negocio de la “modernización tecnológica” que beneficia a un puñado de contratistas y de la que, por ahora, se ha visto muy poco. Lo anterior, dado que hoy ni siquiera es sencillo acceder a los datos electorales de los años anteriores o de las elecciones atípicas que se han dado recientemente por cuenta de los alcaldes fallecidos a causa del COVID-19. La palabra austeridad no está en el diccionario de Vega, la de una verdadera modernización con garantías electorales serias, tampoco.

Por: Camilo Díaz Suárez Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad El Proyecto de Ley No 369/2021 Cámara – 341/2020 Senado “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y otras disposiciones”, más conocido como la Ley Anticorrupción, ha generado polémica por la aprobación, en segundo debate, de una adición al artículo 68 que amenazaría la libertad de prensa en Colombia. La Ley Anticorrupción es un articulado que busca fortalecer, precisamente, las acciones para prevenir y luchar contra la corrupción. Fue liderado por el presidente de la República, la Vicepresidencia y la Secretaría de Transparencia, con participación de 25 entidades estatales como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Justicia, entre otras. Su objetivo es la implementación de herramientas que contribuyan a la prevención de posibles hechos de corrupción, junto con fomentar una cultura de legalidad y buen manejo de los recursos públicos. Entre esas herramientas se encuentra el fortalecimiento de la institucionalidad, con la finalidad de que tengan mayores competencias que le permitan actuar frente a la corrupción. El artículo 68, que se encuentra en el ojo del huracán en el Proyecto de Ley original, trata los acuerdos de pago tras una condena obtenida por repetición o en el proceso de jurisdicción coactiva. A este se le hizo una proposición para adicionar el artículo 221A, a la Ley 599 de 2000, para tratar la injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos. Entre lo que se añadió se encontraba que se promovía el uso de la vía penal como una forma sancionatoria contra la libertad de prensa. De esta forma, se tendrían penas y multas en contra de las personas que profieran una calumnia o injuria contra funcionarios o exfuncionarios públicos. Ante la polémica generada por esto, esta parte de la adición fue modificada y fue eliminada. Sin embargo, la adición al artículo 68 fue aprobada con 59 votos por el sí y 53 por el no, pasando la otra parte que crea un fuero extraordinario de protección para funcionarios públicos, estableciendo que: “Cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o exfuncionario público, o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece, en los mismos términos del artículo 91 de la Ley 906 de 2004”. Pese a que hubo intentos para que este artículo fuera archivado por los representantes Inti Aprilla, Gabriel Santos, Juan Fernando Reyes Kuri, María José Pizarro, León Fredy Muñoz, Wilmer Leal y Mauricio Toro, el artículo avanzó, aunque se haya eliminado la parte que establecía penas por injuria y calumnia. Desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se hizo un llamado a que dicho artículo ataca la libertad de expresión y es un ejercicio contra el periodismo y la veeduría ciudadana. De acuerdo con la FLIP , los funcionarios públicos, por su rol, deben asumir la vigilancia que existe sobre ellos. Por ello, deben tener una postura abierta a la discusión frente a elementos que puedan considerarse inexactos o erróneos. Dado este ataque contra la libertad de prensa, también se manifestaron la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) y Asomedios solicitando la eliminación de la adición al artículo 68, no solo la parte ya eliminada que establecía penas y multas, sino también la que establece la posibilidad de eliminación de la personería jurídica de la organización que profiera injuria y calumnia. La existencia del apartado que dicta la posibilidad de eliminación de personería jurídica sigue siendo una amenaza en contra del ejercicio periodístico y de veeduría ciudadana. Esto desconoce que existen otras vías legales para tratar los casos de injuria y calumnia como el derecho a la rectificación, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política, que consiste en la corrección de información falsa, inexacta o equivocada sin ir a instancias penales. Incluso, en el debate de la Ley Anticorrupción también había sido presentada una proposición, que no logró pasar, denunciada por la representante Juanita Goebertus, que buscaba agravar las penas y multas por injuria y calumnia y eliminando la posibilidad a retractación. La Ley Anticorrupción que no protege los denunciantes de la corrupción La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) le ha hecho un seguimiento a este Proyecto de Ley y ya había anunciado que este había pasado en el Senado sin el capítulo I del documento original, que establecía medidas de protección para los quejosos, denunciantes o quien informe actos de corrupción, conocidos como ‘whistleblowers’. Ante la ausencia de un marco normativo en Colombia para la protección de estas personas, entre las que se encuentran periodistas y veedores ciudadanos, se había planteado que estuvieran amparados por esta Ley Anticorrupción, pero no se logró, pese a que desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se exige un desarrollo normativo y fortalecimiento institucional que favorezca la protección de denunciantes de corrupción. Con la aprobación del cuestionado artículo 68, se da una herramienta más de persecución e intimidación a la hora de denunciar hechos de corrupción y, como manifestó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), este tipo de acciones sirven para blindar a las autoridades y funcionarios de críticas o investigaciones.

Por: David Tobón Orozco Profesor titular – Universidad de Antioquia Si el bienestar económico se representa por el flujo de bienes y servicios disponibles, nuestra sociedad cada vez está más boyante. Esta percepción resulta aparente dado que la economía ha estado sujeta a embates que la dejan cada vez menos resiliente, es decir, que funciona en condiciones que la sostienen más precarias que las anteriores y más vulnerables a perturbaciones externas. Primero estuvieron las crisis financieras que muestran la fragilidad y supeditación de la economía real a los juegos especulativos de corto plazo. Luego la pandemia paralizó la actividad económica y la interacción social, llevando a impensables restricciones a la movilidad y gastos públicos para poder mantener a flote el aparato productivo y el consumo de subsistencia de los hogares. Lo anterior, sin tener claridades sobre el control venidero de sus variantes u otras pestes. Enfrentamos problemas sociopolíticos debido a la pobreza, las migraciones, la agitación social y gobiernos frágiles. Todo esto enmarcado en una degradación climática incontrolable con probables efectos catastróficos en los estilos de vida desbordantes a los que nos acostumbramos. Estas dinámicas han estado fundamentadas en un modelo de desarrollo basado en el libre mercado, la desregulación, la liberalización comercial y las privatizaciones; junto con la idea de un Estado subsidiario mínimo. Un modelo justificado en que un Estado grande significa mayores trabas e impuestos a la actividad económica, regulaciones que sólo favorecen a determinados grupos de interés y comportamientos buscadores de rentas por parte de los agentes económicos, en lugar de empresariales e innovadores, todo con cargo al tesoro público. Colombia es un caso a medias, con una apertura económica que motivó: la especialización exportadora de materias primas y minería extractiva; la reducción de la participación de la industria manufacturera, haciendo parte de cadenas de valor cada vez más pequeñas y menos estratégicas; la generación de empleo sustentada en, su mayoría, en los servicios y el comercio; la participación desmedida de las economías informales e ilegales; y un Estado de tamaño medio pero ineficiente, débil, mal descentralizado y capturado por políticos y distintos grupos de interés privados. Se ha estado hablando de las restricciones al comercio basadas en la escasez de contenedores y barcos, porque las economías están creciendo a tasas desbordadas en busca del tiempo perdido por la pandemia Covid 19, multiplicando n veces los fletes marítimos. Se debe recordar que el atasco del gigantesco buque Ever given, en el canal de Suez, ya había puesto en jaque a una de las rutas comerciales más importante del mundo en marzo. Luego aparecen los mensajes de alarma de comerciantes y productores pidiéndole al Gobierno que enfrente la crisis reduciendo aranceles a cero en materias primas, que en su mayoría ya no se producen en el país, y de algunos productos al 5%. Estos mensajes de auxilio revelan, por ejemplo, que importamos maíz amarillo, trigo, cebada, fríjol, lentejas y garbanzo para consumo humano y animal; que la mayoría de los insumos para producir pinturas no son locales; que para producir cerveza se importan la cebada, el trigo, el lúpulo y la hojalata, entre muchos otros.ꝉ Es importante preguntamos si estas alarmas son síntoma de “la fragilidad de las cadenas de valor globales y los desafíos asociados al aprovisionamiento de economías lejanas” (Pla Barber et al., 2021), y una oportunidad para subvertir las tendencias de especialización y fragilidad de la economía colombiana al depender de gran cantidad de insumos y bienes importados. Las pandemias, los problemas de seguridad y la crisis de los fletes también dan señales para ser autosuficientes en algunos bienes como son los alimentos, algunos productos farmacéuticos y médicos, y componentes de las cadenas de valor que localmente pueden ser más costosos, pero que disminuyen problemas de seguridad y confiabilidad en el suministro y ayudarían a reconfigurar la producción nacional. Además, se observa una reconfiguración de las cadenas de valor mundial hacia lo regional, replicándose estas cadenas en las principales regiones del mundo o relocalizando algunas operaciones de producción más cerca de los consumidores. Se tienen retos inmediatos como mejorar la precaria infraestructura interna de transporte, logística y comunicaciones; fomentar la inversión extranjera directa desde economías más sostenibles y que integren a la producción local a eslabones más estratégicos de las cadenas de valor; ajustar la oferta de educación superior a las demandas del mercado laboral; apoyar directamente a los clústeres empresariales que vinculen las Mypymes, donde hay mucho empleo y creatividad pero escaso acceso a fondos para aumentar la formalización, la competitividad y la inserción en las cadenas de valor locales y regionales. También hay retos enormes como incorporar tecnologías emergentes sustentadas en fábricas digitales, capaces de realizar una fabricación versátil con producciones de menor escala, y atender la nueva tendencia de la customización que facilita la producción personalizada y que rompe con el modelo de provisión a gran escala de bienes y servicios homogéneos que tiende a desaparecer. Si seguimos especializados en insumos primarios o en sectores donde las economías de escala y los costos mínimos son clave, compitiendo por ofrecer costos laborales, tributación y legislaciones ambientales más flexibles en lugar de talento, calidad y tecnología, estaremos alejados de las oportunidades que hoy ofrece el comercio internacional y condenados a ser el último eslabón de las cadenas de valor. Las nuevas materias primas tienden a hacer más uso de la biotecnología, la nanotecnología y las energías alternativas, las cuales son más eficientes y sostenibles. ¿Qué pasará a mediados del próximo decenio cuando se sustituya en el mundo los combustibles de origen fósil que abarcan hoy el 43% las exportaciones de Colombia? Para atender la pandemia se acudió a la ortodoxia económica más pura y se desaprovechó una oportunidad de oro con los más de 40 billones destinados a sortear el hambre, mantener el empleo y las máquinas funcionando; pero sin pensar en que estas ayudas podrían haberse condicionado, luego de la primera etapa, a capacitación laboral y creación de valor agregado, principalmente en pequeñas y medianas empresas, y a mejorar la precaria infraestructura de bienes públicos. El status quo que tenemos es el de una economía basada en la disminución de costos para poder competir, se trata de una coordinación entre productores y comerciantes que funciona mediante las señales de precios del mercado sin creación de recursos y capacidades en las empresas. Eso está bien sólo en un mundo estático donde las empresas son iguales y el mercado funciona perfectamente. Este status se complementa con un gobierno poco inteligente, con incentivos fiscales muy heterogéneos y con grandes trabas burocráticas que no crean las condiciones mínimas para una economía más productiva. Solo se saldría de esta lógica mercado-estado si se operara dentro de un conjunto de instituciones, estructuras de coordinación y redes de intercambio de información más amplios (Fainshmidt et al., 2018). Esto significa la apuesta por un modelo de intervención económica que cree en los incentivos que genera el mercado, pero que requiere de instituciones inteligentes de apoyo y de subsidiaridad. De ahí que desde los gremios conviene insistir en la consolidación de las instituciones existentes de fomento al desarrollo desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Procolombia, los bancos de fomento, y el Sistema Nacional de Innovación. Todos los actores sociales deberían converger en la idea de una Misión para una sociedad más equitativa, sostenible y resiliente (Mazucatto, 2021), que se defina la agenda política venidera y de largo plazo en términos objetivos y específicos sin que los partidos políticos condicionen el futuro de la economía a sus intereses particulares o a las visiones de sociedad del pasado, que permitan la transparencia y la rendición de cuentas, que puedan contar con instrumentos financieros y ayuda internacional de soporte y que estén acompañados de capacidades institucionales donde converja lo público y lo privado. ꝉ También en los Días sin IVA los comerciantes aprovechan el estímulo oficial para deshacerse de inventarios con escaso o nulo valor agregado nacional y con efectos insignificantes en la economía, motivando a que los consumidores gasten y conviertan en obsoleto lo que hoy se usa mucho antes que pierda su utilidad material. Referencias Fainshmidt, S., Judge, W. Q., Aguilera, R. V., Smith, A. 2018. Varieties of institutional systems: A contextual taxonomy of understudied countries. Journal of World Business, 53(3), 307-322. Mazzucato, M., 2021. The Mission-Driven Economy. MIT Press. Pla-Barber, J., Villar, C. and Narula, R., 2021. Governance of global value chains after the Covid-19 pandemic: A new wave of regionalization?. Business Research Quarterly. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Laura Cano Periodista Pares Ya está finalizando el año, y cada vez está más cercana la fecha en la que las y los colombianos acudirán a las urnas a elegir a quien llegará a la Casa de Nariño, así como al Congreso de la República. Por estas fechas, también, se intensifican los movimientos al interior de los partidos políticos que le apuestan a quedarse con los cargos de elección popular. Justamente uno de esos movimientos fue dado por el Centro Democrático, partido que dio a conocer que Miguel Uribe será quien encabezará la lista de candidatos al Senado. La noticia la dió a conocer el expresidente Álvaro Uribe a través de su cuenta de Twitter. Puntualmente, el también exsenador dijo: "En agosto de 2020, en las dificultades de la pandemia y las personales, estas por el proceso judicial de quienes solo me conocen por la tergiversación de adversarios, acordé con el joven Miguel Uribe Turbay que él asumiría encabezar la lista al Senado. Lo hice en virtud de una atribución estatutaria, que poco ejerzo, porque prefiero la discusión y búsqueda de consenso en el seno del partido, el tranquilo tratamiento de las contradicciones en la base de la colectividad. Miguel Uribe Turbay también combina la política con el estudio, comparte que las ansiedades de la juventud tienen un camino en los principios que nos inspiran". "Es ideal que los cuatro precandidatos, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Rafael Nieto y Alirio Barrera, llegaren a ser elegidos como senadores”, adicionó Uribe Vélez, refiriéndose a quienes también estarían en las listas al Senado por el Centro Democrático. Hay que señalar que en 2019 Miguel Uribe fue el candidato a la Alcaldía de Bogotá por medio de la Coalición Avancemos, de la cual participaron los partidos Liberal, Centro Democrático, MIRA, Colombia Justa Libres y el Partido Consevador. No obstante, Uribe Turbay no alcanzó a llegar al Palacio de Lievano, pues tan solo obtuvo el 13.56% de la votación en los comicios, es decir 426.625 votos. Aún así, como señala Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, "esta votación le puede servir para reencaucharse en el Centro Democrático como cabeza de lista por 4 razones". Estas razones que expone el investigador son: “Miguel Uribe mantiene la marca Uribe. Así no sean familiares, el apellido logra en marketing ahorrar el ejercicio de posicionar un nuevo nombre”. “Miguel Uribe tiene capacidad de concertar con partidos cristianos y derecha, por su labor con Peñalosa en la secretaría de gobierno y la coalición que armó para la alcaldía”. “Al ser cercano de Peñalosa y Cambio Radical, podría tender puentes en segunda vuelta con las credenciales que logren en el Congreso para una posible disputa de un candidato de derecha contra uno de izquierda”. “Finalmente, Uribe Turbay es una figura que se vende como un político joven, de renovación dentro del Centro Democrático, donde Cabal, ni Paloma, ni Rafael Nieto ni mucho menos Alirio Barrera tienen cómo competirle”. Justamente, en relación con el último punto señalado por Salazar, vale la pena recordar que, por un lado, Paloma Valencia había manifestado su intención de no volver al Senado, en donde ha estado en los últimos dos periodos. No obstante, la senadora afirmó en Semana que está evaluando la propuesta de Uribe. Mientras que los otros precandidatos, a excepción de María Fernanda Cabal, no se han pronunciado al respecto. Cabal por su parte aceptó la decisión pero dijo: “Finalmente, ya lo que sucedió, sucedió. Los tiempos de Dios son perfectos. Por algo será. Pero saquemos la curul más votada, ese puede ser el premio que pueden darme y a quienes nos acompañan (…) Esa conexión que hicimos quiero que sea lo que se traduzca electoralmente”. Ahora falta ver qué otras decisiones tomará el Centro Democrático, el cual ya tiene candidato a la presidencia y cabeza al Senado elegidos. Así mismo, habrá qué estar pendiente de la campaña que adelanten los otros candidatos al Senado por el Centro Democrático, partido que en las anteriores elecciones quedó con el mayor número de curules.

Por: Camilo Díaz Suárez y Daniela Garzón Investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Con los anuncios sobre el resultado de las encuestas que se hicieron dentro del Centro Democrático, que dieron como ganador a Óscar Iván Zuluaga, y el ‘cónclave’ de los candidatos de centro que irán a una consulta conjunta en marzo, se completó el ajedrez de las presidenciales que se votarán en mayo del próximo año. Cinco son los caminos por los cuales alguno de los muchos que quiere ser presidente llegará a la Casa de Nariño. En el espectro ideológico parece haber opciones para todos los gustos, pues finalmente se consolidaron tres grandes coaliciones, una de derecha, una de centro y otra de izquierda, un candidato del oficialismo y un outsider que arranca solo. Así se configura cada una de las opciones que buscarán un lugar en la segunda vuelta. 1. El uribismo con Óscar Iván Zuluaga: una candidatura cuestionada Después de un proceso de encuestas llevado a cabo por dos firmas, YanHass y el Centro Nacional de Consultoría, que suscitó variadas críticas al revelar sus resultados, el candidato elegido entre los militantes del Centro Democrático y una encuesta abierta es Óscar Iván Zuluaga, quién ganó con el 43%. Zuluaga compitió contra otros cuatro candidatos: María Fernanda Cabal que obtuvo el 22%; Paloma Valencia, el 13%; Alirio Barrera, el 12%; y Rafael Nieto, el 11%. Las suspicacias dentro del partido por el mecanismo usado no se hicieron esperar. Por ejemplo, María Fernanda Cabal exigió que se publicaran detalladamente los resultados y en entrevista con El Tiempo dijo que, aunque reconocía con generosidad los resultados, era obvio que había inconformismo entre sus seguidores y en redes sociales. Las grietas dentro del uribismo son evidentes y empezaron a hacerse más públicas desde la carta que un sector de congresistas publicó en septiembre en apoyo a la candidatura de Zuluaga. A eso se le suma la negativa de Uribe sobre involucrarse de lleno en la campaña y los rumores que dicen que su verdadero candidato es el exalcalde de Medellín, hoy en el Equipo Colombia, Federico ‘Fico’ Gutiérrez. El resquebrajamiento dentro del uribismo se ha dado no solo por esa falta de liderazgo de Uribe, que está más ocupado atendiendo su proceso judicial que, a pesar de su renuncia al congreso, aún no se resuelve a su favor, sino porque cargan a cuestas con la impopularidad del gobierno de Iván Duque. Con todo, la era posuribista parece ser un hecho. (Te podría interesar: "El posuribismo y la ruptura de la derecha") Después de haber cobrado el triunfo del plebiscito con la elección de Duque como presidente, sin la presencia de las FARC-EP y con la situación de los migrantes venezolanos dentro de un tenue control parece que se quedaron sin discurso político. Con los cuestionables resultados en materia de seguridad, al uribismo le queda poco de lo cual alardear. Óscar Iván Zuluaga, exministro de Hacienda, es un candidato con poco carisma pero que, en medio de la pelea con el expresidente Santos, pasó a segunda vuelta en 2014 y perdió por poco. En esa ocasión obtuvo casi siete millones de votos y de no haber sido por la andanada de la maquinaria santista que operó en la costa atlántica habría podido ser presidente. Sin embargo, la vinculación de su campaña con el escándalo de Odebrecht empañó su carrera pública y aunque salió jurídicamente bien librado, la sombra del pago hecho al asesor político brasilero Duda Mendonça y su presunta participación en la infiltración de las conversaciones de paz que se desarrollaban en La Habana, Cuba entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC-EP pesan en su hoja de vida, aunque esta última investigación también se archivó. 2. Equipo Colombia: una reunión de políticos experimentados, ¿más de lo mismo? Lo que el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry llamó la “Coalición de la Experiencia” acabó siendo el Equipo Colombia, la unión de varios exmandatarios locales que podría calificarse de centro derecha y que irán a una consulta en marzo para elegir a un solo candidato. En esta coalición están los exalcaldes de Medellín, Bogotá y Barranquilla, ‘Fico’ Gutiérrez, Enrique Peñalosa y Alejandro Char; la exgobernadora del Valle hoy presidenta del partido de la U, Dilian Francisca Toro, el candidato conservador David Barguil y Echeverry. De este grupo de candidatos la mayoría buscará su aval por firmas, incluso la segunda voz más poderosa dentro de Cambio Radical, Alejandro Char. Aún no se conoce un acuerdo programático del ‘Equipo Colombia’ y en sus declaraciones públicas ha quedado claro que esperan ser un contrapeso al Pacto Histórico, liderado por Gustavo Petro, y que ni le abren aún pero tampoco le cierran la puerta al uribismo y su candidato, Óscar Iván Zuluaga. Esta reunión de exmandatarios ha ido tomando forma durante meses, aunque pareció desinflarse después de los primeros encuentros que tuvieron algunos en marzo y junio. La Coalición de la Experiencia se llama así porque busca vender la imagen de un grupo de ”buenos gerentes públicos” que intentan desmarcarse del uribismo y el actual gobierno, como lo mencionó Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad de Pares, pero que tienen trayectorias cuestionadas y han sido avalados siempre por los partidos que guardan en su seno a los más poderosos clanes políticos del país. ‘Fico’ Gutiérrez, quien es de todos el que más ha adoptado el discurso uribista contra instituciones como la Justicia Especial de Paz (JEP), tuvo que afrontar durante su mandato la captura de su secretario de seguridad, Gustavo Villegas, porque estaría vinculado con “La Oficina”, una organización criminal que lleva décadas operando en el Valle de Aburrá. El funcionario fue condenado a dos años y siete meses de cárcel en 2018 e inhabilitado, en primera instancia en octubre del año pasado, por dieciséis años para ejercer cargos públicos. Por su parte, el hoy senador David Barguil es el candidato presidencial del Partido Conservador y ha construido su caudal electoral primero, del lado de los García Pineda, un cuestionado clan político de Córdoba, y ahora, en solitario. Una demanda cursó en su contra por pérdida de investidura por no asistir en 63 ocasiones al Congreso entre 2014 y 2018, pero se resolvió a su favor en primera instancia. Siguiendo con la lista, se encuentra la exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien ha lidiado múltiples batallas legales dentro de las cuales las más relevantes han sido por lavado de activos y presuntos nexos con grupos paramilitares, sin que haya condenas en su contra. Su poder en el Valle del Cauca es innegable y se ve reflejado en haber podido elegir a su sucesora, Clara Luz Roldán, sin problemas. Hoy intenta revivir al Partido de la U, uno de los partidos con más cuestionados y condenados que Pares ha denunciado, de la mano de figuras como Catherine Ibargüen. En el Equipo Colombia también está Alejandro Char, miembro del clan político más poderoso del país, que ha dominado la política del Atlántico en la última década. Char ha sido alcalde de Barranquilla en dos ocasiones y su familia es dueña de un emporio económico que los clasifica como la quinta familia más rica del país, según la revista Forbes. Hoy el nombre de su familia y particularmente de su hermano, el senador de Cambio Radical Arturo Char, están involucrados en la investigación sobre la empresa criminal que ayudó a elegir a Aída Merlano, quien el mismo día que se eligió senadora por el Partido Conservador fue capturada, ya está condenada y hoy es prófuga de la justicia. Finalmente, de la coalición hacen parte Enrique Peñalosa, dos veces alcalde de Bogotá, y Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y expresidente de Ecopetrol, sin mayores escándalos. Al segundo de ellos la Procuraduría le archivó una investigación en medio del desfalco que supuso la construcción de la refinería petrolera Reficar. Si esta coalición logra un acuerdo con el uribismo podrían elegir al candidato de derecha que se presentará en la primera vuelta presidencial y que recogería los votos del Centro Democrático, el Partido Conservador, La U y Cambio Radical. Han invitado a conversar también al precandidato John Milton Rodríguez, que reuniría los votos de los partidos cristianos Colombia Justa Libres y Mira, que presentarán listas conjuntas para Congreso. 3. El centro unido: sin mujeres, pero con acuerdos La Coalición Centro Esperanza llegó a un acuerdo el pasado 29 de noviembre para presentar una candidatura única por los partidos que se definen en el espectro político como centro o centroizquierda. En el acuerdo se comprometieron a realizar cinco debates programáticos y a participar en giras o eventos de forma conjunta, para que sus simpatizantes puedan elegir al candidato presidencial en la consulta interna que realizarán el 13 de marzo de 2022. (Te podría interesar: "La Coalición Centro Esperanza, la cara visible del centro")” Con varios nombres reconocidos en el escenario político, esta es una de las alternativas que más fuerza ha cobrado en los últimos días. Los aspirantes a ser ese candidato único son Alejandro Gaviria, por la Alianza Social Independiente (ASI); Sergio Fajardo, por el movimiento Compromiso Ciudadano; Jorge Robledo, por Dignidad; Juan Manuel Galán, por el Nuevo Liberalismo; Carlos Amaya, por el sector de la Alianza Verde que decidió irse con esta coalición y que tendría el aval del nuevo partido Verde Oxígeno de Íngrid Betancourt, y Juan Fernando Cristo, que va como independiente. A priori, el candidato con mayor fuerza dentro de la coalición es Fajardo, luego de que en 2018 alcanzara un gran reconocimiento nacional al conseguir 4.589.696 votos en las presidenciales, quedando muy cerca de pasar en la segunda vuelta. Pese a ello, tiene que resolver primero su situación jurídica, fiscal y disciplinaria luego del fallo en segunda instancia por responsabilidad fiscal en el caso de Hidroituango emitido por la Contraloría, que lo incluye y que se encuentra en revisión de su legalidad. El único sin una votación que le preceda es Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Salud y Protección Social y rector de la Universidad de los Andes. El resto, Robledo, Galán y Cristo, cuentan con votaciones importantes en el Congreso de la República y Carlos Amaya, en la gobernación de Boyacá. Pese a lograr este acuerdo, es manifiesta la ausencia de una mujer como precandidata presidencial en la coalición Centro Esperanza. Si bien la vocera oficial hoy parece ser la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, queda en vilo si, al menos, para la vicepresidencia se decidan a ir en fórmula con una mujer o si será quien ocupe el segundo lugar en la consulta de marzo. 4. El Pacto Histórico: Con P de Petro El Pacto Histórico es una coalición de partidos y movimientos políticos de izquierda y centro-izquierda, entre los que se encuentran la Colombia Humana, la Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA), la Unión Patriótica (UP), el Polo Democrático Alternativo, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), el Partido del Trabajo de Colombia (PTC), el Partido Comunista de Colombia (PCC), el Movimiento por el Agua y por la Vida, Soy porque somos, La Fuerza de la Paz y otra serie de movimientos que se califican a sí mismos como progresistas. Pese a agrupar una serie de personalidades políticas, la consulta interna que se realizará en la coalición se disputará entre seis precandidatos: Gustavo Petro, por la Colombia Humana y la UP; Francia Márquez, de Soy porque somos; Roy Barreras, avalado por la ADA y La Fuerza de la Paz; y Arelis Uriana, por MAIS. El sexto precandidato es Camilo Romero, que llega a la coalición con el apoyo del sector de la Alianza Verde que buscó acercarse al Pacto Histórico y no a la Coalición de la Esperanza. El último que integra la lista se trata de Alfredo Saade, un líder cristiano de varios departamentos de la costa caribe colombiana. De todas formas, parece ser que la carrera está en definir quién queda como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, la personalidad más fuerte y la cara visible del Pacto Histórico. Su votación en la primera vuelta presidencial del 2018 fue de 4.851.254 votos, que lo llevaron a una segunda vuelta donde consiguió 8.034.189 de votos. Con esa votación, Petro consiguió la mayor votación obtenida por un candidato de izquierda en la historia, superando por lejos a Carlos Gaviria, que en 2006 había logrado 2.613.157 votos. Por ello, se ve difícil que algún otro logre quedar como candidato presidencial dentro del Pacto. Por lejos, en votación, le sigue Camilo Romero, que en el 2015 logró quedarse con la gobernación de Nariño con 331.394 votos. A Romero le seguiría Roy Barreras, que en el 2018 llegó al Senado con 110.358 votos. Ya quedando mucho más lejos, Arelis Uriana llegó a la Cámara de Representantes en 2018 con 16.495 votos. Finalmente, se encuentra Francia Márquez, que no cuenta con ninguna votación que la preceda y que se ha destacado principalmente por su activismo medioambiental, por el cual se ganó en 2018 el premio Goldman. Márquez es el primer liderazgo comunitario que logra destacar en la política electoral en décadas y aunque no será presidenta, ganará cualquiera sea el resultado, pues su carrera política arrancó con mucha fuerza. El Pacto Histórico todavía se enfrenta a un camino difuso, ya que Petro ha admitido diferentes personalidades que han causado revuelo dentro de sus propias bases, bajo el discurso de que el Pacto debe agrupar a los diferentes. Eso ha llevado a acercarse a personas cuestionadas como Luis Pérez, Alfredo Saade y Armando Benedetti. Este último iba a participar en la consulta interna hasta que la Corte Suprema le abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y que tiene una lista amplia de pendientes en curso con la justicia. 5. Rodolfo Hernández: el llanero solitario de discurso populista Rodolfo Hernández es un reconocido ingeniero y empresario en Santander que antes de aspirar a un cargo público se había desempeñado principalmente en el sector de la construcción. En 2015 aspiró a la Alcaldía de Bucaramanga y ganó con 77.272 votos, sacándole 5.000 votos al segundo en esa votación. Su slogan ha sido la lucha contra la corrupción y se encuentra en recolección de firmas para avalar su candidatura por el movimiento Liga Anticorrupción. Bajo el slogan de “no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad”, busca destacarse como un candidato outsider comprometido en atacar la corrupción, con un discurso antipolítico que acerca a una parte del electorado que ve en la política una práctica sucia. En diferentes ocasiones, ha manifestado que no se unirá a ninguna alianza y se mantendrá como independiente. Pese a ello, y aunque negó la invitación de Gustavo Petro para que se uniera al Pacto Histórico, Petro es la opción más afín a Hernández, pues ha sostenido que en una eventual segunda vuelta en la que él no esté, votaría por él. El fenómeno de Rodolfo Hernández es una alternativa diferente a la Coalición de la Esperanza y el Pacto Histórico que recibirá y quitará votos a los candidatos de la derecha, y que podría recoger una parte de la clásica indignación ciudadana con la clase política. De acuerdo con la encuesta sobre intención de voto para las presidenciales, realizada en noviembre por el Centro Nacional de Consultoría, Hernández sería la segunda opción más votada, después de Petro. Sin embargo, aunque su batuta ha sido la lucha contra la corrupción, Hernández se ha visto envuelto en varias polémicas. En 2019 la Procuraduría lo suspendió por participación indebida en política, por grabar un video con el candidato a la Alcaldía de Málaga, Javier Márquez, haciendo un llamado a que votaran por él. Adicionalmente, está en un proceso en el que la Fiscalía lo acusa de interés indebido en celebración de contratos, al haber utilizado su posición para direccionar contratos hacia la empresa Vitalogic con la Empresa de Aseo de Bucaramanga. El juicio por este caso fue fijado para el 18 de abril de 2022. Sumado a esto, en agosto de 2021 se filtró un audio en el que exigía pagos a quienes quisieran pertenecer a la lista cerrada a la Cámara de Representantes por su movimiento. ¿Y Cambio Radical, Vargas Lleras y los Liberales? Adicional a todo lo anterior, hay 2 partidos y 2 líderes políticos que no han decidido finalmente qué camino tomarán. Por Cambio Radical, con una desbandada de congresistas para las próximas elecciones, como es el caso de Rodrigo Lara que se fue a hacer campaña presidencial en el Nuevo Liberalismo, o de Germán Varón Cotrino que no volverá a participar para el Congreso, a este partido le queda una carta por jugar con el ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras, quien se atrincheró en su columna de opinión de El Tiempo, donde lanza dardos al gobierno de Duque y en otros casos le coquetea a la Fuerza Pública. Hasta el momento, Cambio Radical no ha definido el rumbo, más allá del apoyo de los congresistas del Clan Char a Alejandro en su lista independiente. Sin embargo, de acuerdo con algunas fuentes consultadas por Pares, Vargas Lleras podría aspirar a último momento con el objetivo de salvar su partido, bien sea a la presidencia o a encabezar la lista al Congreso. Otro de los grandes partidos políticos que no ha estado por fuera del poder en las últimas décadas es el partido Liberal, quienes pasaron de tener candidatos propios como Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo en 2018, a una división interna de algunos disidentes que ya están dentro del Pacto Histórico, como Juan Fernando Velasco, y los que partieron hacia la Coalición Centro Esperanza. A pesar de esto, César Gaviria, quien ha manejado los avales y el control del partido saliendo a flote en cada elección, estaría apuntándole en dos bandas al Equipo Colombia, con posibilidades dentro de la consulta, y al Pacto Histórico, mediante los liberales que ya están en el proceso. Sea cual sea el camino, el partido Liberal tiene 2 millones de votos en cada elección, como mínimo, y una maquinaria necesaria para llegar a la presidencia en segunda vuelta. De estas cinco opciones, más la decisión que tomen Vargas Lleras y Gaviria, saldrá el hombre -porque las mujeres se cuentan con los dedos de una mano- que gobierne a Colombia por los próximos cuatro años. Que entren los electores y electoras, y escojan.