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Por: Lucas Marín Llanes* -Experto de la semana El gobierno del presidente Petro empezó con un aire esperanzador para la reforma a la política de drogas. En sus primeros meses, durante la primera intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario pronunció un elocuente y audaz discurso sobre la necesidad de terminar la guerra contra las drogas. Algunos sentimos ilusión.   Algunas organizaciones de la sociedad civil, reconociendo las barreras para reformar la política de drogas y la necesidad de mostrar resultados en el corto plazo, realizaron un memorando con recomendaciones para estructurar estratégicamente las acciones necesarias en el corto, mediano y largo plazo . Era un momento único, histórico, donde no se podía desperdiciar la oportunidad de implementar medidas orientadas a la regulación de estas economías y a mejorarar las condiciones materiales de las comunidades y personas históricamente criminalizadas por “la guerra contra las drogas”. Ahora, después de 32 meses, es momento de empezar a hacer un balance de los resultados de la política de drogas del gobierno de Gustavo Petro.   El presidente, tanto en campaña como durante los primeros meses de gobierno, prometió la gradualidad en la transformación económica de las regiones productoras de cultivos de uso ilícito, no erradicar estas matas, especialmente con glifosato y, por último,   la regulación del mercado de cannabis para uso adulto y los usos industriales de la hoja de coca. ¿Qué ha pasado desde agosto del 2022?   Desafortunadamente, los resultados no son positivos e, incluso, podrán ser perjudiciales para los futuros intentos de reforma a la política de drogas. Me concentraré en el eslabón de producción de cannabis y coca para la producción de cocaína. Si bien el consumo, la reducción de riesgos y daños y la salud pública son temas importantes en la política de drogas, en el caso colombiano no deberíamos alejar nuestra atención, ni los recursos, de los primeros eslabones de la cadena de producción puesto que, precisamente, es ahí donde se concentra la mayor represión, la mayor violencia y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos.   El presidente y su equipo empezaron criticando acertadamente el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) por sus errores de diseño e implementación. Durante este gobierno, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) e Ipsos hicieron la evaluación institucional y de resultados  del programa para el Departamento Nacional de Planeación (DNP). En la mayoría de recomendaciones, tanto el gobierno como la evaluación del DNP estaban alineados. Por ejemplo, para los siguientes programas de transformación territorial se recomendaba incluir la gradualidad y así se comprometió a hacerlo el presidente en El Tarra en diciembre del 2022. Adicionalmente, en octubre del 2023 se publicó la política decenal de drogas y en esta se incluyó un lenguaje orientado a la transformación territorial, alejándose, aunque fuera poco, de los programas tradicionales de sustitución como el PNIS.   La primera tarea que debía lograr el gobierno Petro era terminar de implementar los componentes individuales del PNIS y esto, a abril del 2025, no ha ocurrido. Ocho años después de firmar los acuerdos y de que las personas confiaran en la palabra del Estado, los hogares no han recibido los proyectos productivos que debieron haber recibido en 24 meses. Adicionalmente, las iniciativas que se están desarrollando actualmente en el Cauca y en el Catatumbo no solo repiten las mismas falencias del PNIS, sino que cuentan con aún menos recursos para promover la transición a economías legales. El PNIS, con todos sus errores, presupuestó al rededor de 88 millones de pesos por hectárea sustituida en los componentes individuales mientras que en el Catatumbo esta cifra no supera los 14 millones. Por supuesto, en estas nuevas iniciativas, la gradualidad, prometida por el presidente en el Catatumbo en el 2022, está completamente ausente mientras que el fantasma de la erradicación forzada vuelve a asomarse.   Recientemente, se conoció en la opinión pública un proceso licitatorio para comprar glifosato y usarlo en la erradicación terrestre de los cultivos de uso ilícito. Si bien esta estrategia no ha sido suspendida, uno de los acuerdos políticos del presidente y del gobierno fue detener cualquier tipo de erradicación. Aunque no haya habido procesos administrativos, los datos de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional muestran que efectivamente ha habido una reducción significativa en el uso de esta estrategia. Mientras que en los últimos dos años del gobierno Duque se erradicaron terrestremente 60,044 y 43,430 hectáreas, de las cuales 71% y 62%, respectivamente, se hizo con glifosato, en el 2024 se erradicaron 9,403 hectáreas y ninguna fue erradicada con esta sustancia. Este había sido un logro del Gobierno para cumplir con las obligaciones adquiridas con las comunidades cocaleras, exponerlas a menos violencia, igual que a los miembros de la fuerza pública, y para reducir el gasto ineficiente de recursos públicos.   Por lo tanto, la compra y potencial uso del glifosato nuevamente incumple los compromisos hechos por el presidente y puede ser un factor adicional de desestabilización y aumento de la violencia en las regiones del país en las que se implemente. Desafortunadamente, volvimos a esta discusión por la ausencia de un cambio en las condiciones materiales de las regiones cocaleras, la inexistencia de una nueva política de drogas y por la incapacidad administrativa de lograr pequeñas victorias como la derogación de la Resolución 1 del Consejo Nacional de Estupefacientes del 2017 que autoriza la erradicación terrestre con glifosato o el Decreto 380 del 2021 que pretendía regular el control de los riesgos a la salud y el medio ambiente para retomar la aspersión aérea [1] .    Por otro lado, en un reciente Consejo de Ministros, el presidente se refirió a la regulación del mercado de cannabis de uso adulto e invitó al Congreso de la República a aprobar la reforma constitucional que la permite. Sin embargo, en junio del 2023, teniendo el capital político suficiente y a un voto de aprobar esta reforma durante el primer año de Gobierno, el ejecutivo abandonó esta iniciativa y por la ausencia de uno de sus senadores el proyecto no fue aprobado. Este pudo ser el logro más importante y de corto plazo del Gobierno Petro en la política de drogas y lo dejó pasar. Algo similar ha ocurrido con la normatividad necesaria para avanzar en la regulación de los usos industriales de la hoja de coca puesto que el decreto para comentarios fue publicado a finales del 2023 y, hasta el momento, el Gobierno Nacional no lo ha firmado.   Estos hechos muestran que el balance de la reforma a la política de drogas durante el Gobierno Petro es negativo y, en mi opinión, la falta de compromiso del gobierno con este tema ha llevado a que nuevamente tengamos la presión de la descertificación por parte de Estados Unidos. Si bien este proceso tiene consecuencias económicas, comerciales y sociales importantes, en este momento está en juego la soberanía del país además de las posibles conflictividades   que se pueden desatar en algunas regiones si la respuesta del Gobierno son las medidas represivas que se han hecho en las administraciones pasadas para cumplir con las metas impuestas desde Washington.    Este Gobierno ha mostrado que es insuficiente creer y estar convencido que el prohibicionismo es un fracaso. El Presidente Petro lo tiene claro e, incluso, conoce las medidas necesarias para avanzar en una política de drogas que se enfoque en proteger la vida y no aumentar la violencia. Sin embargo, además de creer en la regulación como una alternativa de política pública, falta que el Gobierno Nacional materialice acciones concretas que permitan, efectivamente, avanzar en esa dirección. La reforma a la política de drogas tiene que lograr resultados de corto, mediano y largo plazo, no quedarse en las vaguedades de la articulación institucional ni en textos pretenciosos que no mejoran las condiciones socioeconómicas de los hogares ni reducen la violencia que enfrentan.   La política de drogas y las economías ilegales en Colombia son temas fundamentales que el presidente y su Gobierno, así como los anteriores, no han querido asumir con realismo y seriedad. La reforma a la política de drogas requiere un gobierno y un liderazgo que se tome en serio las complejidades de las economías de la coca, la cocaína y el cannabis. Estas reformas no se logran con respuestas de corto plazo a partir de presiones políticas y diplomáticas, y sin una planeación estratégica de un equipo calificado para materializar los cambios que demanda el país. La reforma a la política de drogas requiere capital y compromiso político del Presidente, y Petro no lo tuvo.   Por último, este balance negativo de la política de drogas del Gobierno Petro puede tener costos políticos importantes que sigan alejandonos de la regulación. Desafortunadamente, la ausencia de una reforma y de su implementación puede ser explotada por los sectores políticos que se aferran a la prohibición para mostrar que es la única alternativa posible. Lo cierto es que no hubo reforma, no se materializó ningún cambio en la política de drogas ni en las condiciones materiales de las comunidades, estamos volviendo a estrategias represivas e ineficientes, y la política de drogas de Petro puede ser una de las banderas de la derecha para intentar volver al poder en el 2026.   *Estudiante doctoral en Ciencias Políticas de la Universidad de Northwestern. Economista con maestría en Economía de la Universidad de los Andes. Director de Desarrollo y Relaciones Institucionales de la Red de Estudios sobre Drogas en América Latina (REDESDAL) e investigador afiliado al Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED). Su investigación se centra en el rol de la economía cocalera, la evaluación de políticas de drogas y seguridad, la regulación de las economías ilegales, así como en el análisis de políticas públicas en territorios afectados por el conflicto armado. [1]  Para consultar la evolución normativa del uso del glifosato en Colombia, el lector puede referirse a esta línea de tiempo realizada por Dejusticia.

"Es como si el Estado me hubiese escupido en la cara una y otra vez" “Mi aspiración de justicia ha muerto" [1] Jineth Bedoya Por: Juan Guillermo Sepúlveda Arroyave [2] La víctima Fuente: Getty Images         Fuente artículo de la https://www.bbc.com/mundo/articles/c3v949r1n0xo     del 2 mayo 2025 A sus 25 años la periodista Jineth Bedoya, el 25 de mayo de 2000, mientras realizaba un reportaje sobre el tráfico de armas dentro de la prisión la Modelo de Bogotá, cayó en una trampa que, contó con la complicidad de los policías de la cárcel, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al salir de dicho penal fue drogada, torturada y violada por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, y posteriormente abandonada en una carretera en la vía a Villavicencio. La activista                                        Fuente: Getty Images    Fuente artículo de la https://www.bbc.com/mundo/articles/c3v949r1n0xo   del 2 mayo 2025                        La víctima de estos delitos, se volvió una activista de su propia causa de las de cientos de mujeres, que, según datos del Ministerio Público, de acuerdo con las cifras del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a septiembre de 2024, se registraron 16.797 exámenes médico legales realizados por presunto delito sexual, con el 88 % de las victimas siendo mujeres. [3] Bogotá, septiembre 19 de 2012, producto de la lentitud judicial Jineth envía carta abierta al señor Fiscal General Eduardo Montealegre, manifestó su inconformidad por la forma como avanzaba la investigación de su caso, en los siguientes términos :   creo que me he ganado el derecho a tener claridad sobre el proceso y no esperar a que mi familia lo reclame en unos años, cuando yo ya no esté y no haya nada que hacer. Esta incertidumbre y estas acciones de la Fiscalía juegan con mis expectativas de justicia y me producen más angustia y dolor. [4] Hillary Clinton, excandidata presidencial de Estados Unidos por el Partido Demócrata, resaltó la labor de la periodista colombiana para lograr justicia para ella y otras víctimas de abuso sexual durante el conflicto armado colombiano (13 abril, 2021). El activismo y denuncia de Jineth Bedoya trascendió fronteras y el 26 de agosto del 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia en la que declaró la responsabilidad del Estado colombiano por los hechos de los que fue víctima e indicó una serie de medidas para reparar los daños ocasionados a ella en el ejercicio de su labor periodística. Las principales medidas reparatorias dictadas  por la Corte a favor de la periodista fueron: Disculpas públicas; Actos públicos de reconocimiento; Garantías de no repetición; Reparación económica; y Atención a la salud y la psico-rehabilitación. En marzo de 2024, Jineth Bedoya por iniciativa y recursos propios, hizo un mural en la cárcel la Modelo, en el pabellón central, para reivindicar su proceso. El hecho fue avalado y apoyado por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Lo anterior produjo el efecto contrario de pacificación, que era el fin del mural, y volvieron las amenazas, pues según la periodista, sus victimarios lo tomaron como una afrenta, y se une a lo anterior el asesinato del director de la cárcel. “ Terminamos el mural y se lo entregamos al país, pero a mí se me desbarató la vida otra vez.” [5]   La revictimizada  Fuente.: Getty Images      Fuente artículo de la https://www.bbc.com/mundo/articles/c3v949r1n0xo    del 2 mayo 2025 "Vi pasar a seis fiscales generales sin que ninguno abanderara con rigor el llevar ante un tribunal a los autores materiales de mi secuestro, tortura, violación y amenazas (...) Mi aspiración de justicia ha muerto" [6] Bedoya dice que cada vez que cuenta su caso ante la justicia sufre tanto como la vez que la violaron, abusaron y torturaron. [7] "No puedo más. Estoy muy cansada” [8] A sus 50 años Jineth Bedoya entra en la fase de victimización secundaria o revictimización  que  significa que ella que ha sufrido violencia vuelva a revivir esas experiencias trágicas, asumiendo nuevamente el papel de víctima debido a ciertas acciones u omisiones que hacen que el daño sufrido se agudice, representado en innumerables citaciones ante la Fiscalía a contar nuevamente su caso, extenuantes relatos, a ser investigada, a tener escoltas, a ser mirada en la calle, a ver afectada su vida familiar y privada. Luego, de 25 años de denunciar los hechos ante la justicia colombiana, la periodista decidió tirar la toalla, desistir de la acción judicial debido a la falta de avances significativos, incluyendo la fuga de uno de los condenados y la falta de información y garantías de seguridad por parte del Estado. [9] Dice que renuncia al proceso de justicia, pero no desiste de hablar. No me callaré. Mi precedente es decirle a la Justicia que nos están fallando, que nos están abandonando, que les importa cero todo el fenómeno de violencia sexual en Colombia. [10] En el 2025 Jineth Bedoya renuncia a la justicia, al sentirse inmersa en un proceso inhumano de revictimización. Ver cuadro.   Proceso de victimización de Jineth Bedoya . Elaboración propia El caso de la periodista evidencia cómo el proceso de victimización se activó en sus tres niveles, a causa de que el sistema judicial no protege adecuadamente a las víctimas ni garantiza el acceso a la justicia, especialmente en contextos de violencia de género y conflicto armado.                                                     La justicia de Jineth Bedoya No obstante que la periodista ha renunciado y renegado de la justicia colombiana que durante 25 años no ha mostrado resultados de acuerdo a lo ya visto, sigue confiando en la reparación ordenada por la Corte Interamericana; tiene la ilusión de crear un programa transmedia en el que pueda hablar de los derechos de la gente, las mujeres, su camino recorrido y trabajar en el centro investigativo y de memoria y afirma tajantemente "No es hora de callar" [11] . ¿Qué mejor justicia que esa? [12] Al renunciar a la justicia de la Fiscalía, Jineth Bedoya está apostando por una justicia más inclusiva, humana, restaurativa o ética, alejándose del sistema judicial tradicional y buscando algo que considere más justo y acorde con los intereses y derechos de la sociedad, esa justicia tiene nombre propio, se llama JUSTICIA RESTAURATIVA. La justicia restaurativa [13]   ofrece a las victimas la posibilidad de recuperar su voz, no como victimas sino como supervivientes. Las victimas pueden querer conocer al responsable del daño que han sufrido para poder obtener respuestas a sus preguntas: "¿Por qué lo hiciste?" "¿Por qué a mí?" "¿Volverás a hacerlo, a mí o a otra persona?" "¿Cuánto te arrepientes del sufrimiento que me has causado?". Un encuentro con el responsable puede ayudar en el proceso de recuperación de las víctimas y permitirles continuar con sus vidas. Las intervenciones de la justicia restaurativa también pueden ayudar en el proceso de rehabilitación de los delincuentes sexuales . La justicia restaurativa puede contribuir a que se alejen de la vida criminal y encaja con el foco de muchos enfoques de intervención con delincuentes sexuales. La justicia restaurativa en casos de violencia sexual tiene un gran efecto transformativo en la vergüenza que experimentan las víctimas, los ofensores y   sus familias , aunque sus experiencias sean claramente distintas. [14]   Esto y más, es lo que merece una persona, una mujer, una periodista como Jineth Bedoya…   Fuente: El diario El Tiempo   Jineth Bedoya, una mujer RESILIENTE [15]        “…con Fragmentos que florecen   se hace un homenaje a la herida, que no desaparece, sino que permite el nacimiento de algo nuevo, algo que se puede compartir para que otros encuentren un alivio. Habla del apoyo entre mujeres, de las marcas de sus luchas, que finalmente florecen ” [16] . Natalia García, autora del mural que viste uno de los pasillos de la cárcel La Modelo.                      Una Flor para Jineth   [1]  Cueto, José Carlos. Corresponsal de BBC News Mundo en Colombia. 2 mayo 2025 https://www.bbc.com/mundo/articles/c3v949r1n0xo   [12]  Abogado, criminólogo, con experiencia en victimología y Justicia Restaurativa. Reconocido por la Organización de Estados Americanos como generador de confianza en América Latina. Creador y director general de la Fundación Colombia Restaurativa. www.colombiarestaurativa.com      juanguillermo.sepulveda@gmail.com   [3]  Procuraduría General de la Nación. Violencia de género: 88 % de las víctimas de delitos sexuales son mujeres, alerta la Procuradora. Boletín 1364, de 2024. https://www.procuraduria.gov.co/Pages/violencia-genero-victimas-delitos-sexuales-son-mujeres-alerta-procuradora.aspx   [4]  Carta abierta de Jineth Bedoya al fiscal General Eduardo Montealegre. Bogotá, septiembre 19 de 2012. Fundación para la Libertad de Prensa. https://flip.org.co/pronunciamientos/carta-abierta-de-jineth-bedoya-al-fiscal-general-eduardo-montealegre   [5]  Cueto, José Carlos. Corresponsal de BBC News Mundo en Colombia. 2 mayo 2025 https://www.bbc.com/mundo/articles/c3v949r1n0xo   [6]  Ibidem [7]   Ibidem [8]  Ibidem [9] Cueto, José Carlos. Corresponsal de BBC News Mundo en Colombia. 2 mayo 2025 https://www.bbc.com/mundo/articles/c3v949r1n0xo   [10]  Ibidem [11]  Gobierno del Cambio lanza fondo ‘No es hora de callar’ para proteger a mujeres periodistas víctimas de violencia de género. El Gobierno reafirmó su compromiso con la justicia, reparación y garantía de los derechos humanos de las periodistas en el país. El Gobierno de Colombia presentó oficialmente la Ley 2358 de 2024, que crea el fondo ‘No Es Hora de Callar’, un mecanismo para financiar programas orientados a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas y comunicadoras víctimas de violencia de género. Este Fondo se enmarca en el cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso Jineth Bedoya Lima y Otra vs. Colombia. Bogotá, 9 de septiembre de 2024. https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Gobierno-del-Cambio-lanza-fondo-No-es-hora-de-callar-para-proteger-a-mujere-240909.aspx   [12]  Cueto, José Carlos. Corresponsal de BBC News Mundo en Colombia. 2 mayo 2025 https://www.bbc.com/mundo/articles/c3v949r1n0xo   [13]  Annemieke Wolthuis, European Forum for Restaurative Justice, Leuven, Bélgica. Referencia: European Forum for Restorative Justice (2020). Informe sobre Justicia Restaurativa y Violencia Sexual. Leuven, Bélgica. https://www.euforumrj.org/sites/default/files/2021-04/EFRJ_Thematic_Brief_RJ_and_Sexual_Violence_ES.pdf   [14]  Ibidem [15]  La resiliencia  es la capacidad que tienen los individuos, los hogares, las comunidades, las ciudades, las instituciones, los sistemas y las sociedades para prevenir, resistir, absorber, adaptarse, responder y recuperarse de forma positiva, eficiente y eficaz cuando se enfrentan a una amplia gama de riesgos, manteniendo un nivel aceptable de funcionamiento sin comprometer las perspectivas a largo plazo de desarrollo sostenible, paz y seguridad, derechos humanos y bienestar para todos . Directrices comunes de las Naciones Unidas para contribuir a la creación de sociedades resilientes. © Naciones Unidas 2020. Todos los derechos reservados. https://unsdg.un.org/sites/default/files/2023-03/UN%20Resilience%20Guidance_ES_Summary.pdf   [16]  ONU Mujeres. Entregan mural de reparación a la periodista Jineth Bedoya en la cárcel La Modelo. 1 de julio de 2024. En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos el pasado 19 de junio, el Estado colombiano a través del Ministerio de Justicia entregó oficialmente el mural ‘Fragmentos que florecen’ a la periodista Jineth Bedoya. https://colombia.unwomen.org/es/stories/noticia/2024/07/entregan-mural-de-reparacion-a-la-periodista-jineth-bedoya-en-la-carcel-la-modelo

Por: Redacción Pares En menos de un mes dos cartas de Álvaro Leyva han agitado el ambiente político en la casa de Nariño. Las repercusiones han sido muy duras. Petro se ha sentido traicionado. Hay que recordar que la primera decisión que tomó el presidente, una vez fue elegido, fue nombrar como canciller al experimentado político conservador. Son muy fuertes las acusaciones personales sobre uso desbordado de drogas y desplantes al presidente de China e incumplimientos en visitas diplomáticas a otros países. En la madrugada de este 7 de mayo el presidente anunció una demanda contra su ex canciller no por calumnia sino por un intento internacional de sacarlo del cargo presidencial. Petro, quien no se ha ahorrado adjetivos para descalificar a su ex funcionario, afirmó que Leyva se reunió en varias ocasiones con el congresista republicano Miguel Diaz-Balart y el objetivo era armar un complot para sacarlo del cargo.  "Quiero presentarle las pruebas a la fiscal general de la Nación, ojalá mañana mismo, que muestra los actos de sedición de lo que Leyva llama: acuerdo nacional, que ahora propone con grupos de extrema derecha y grupos armados en guerra, al cual ha invitado a algunas personas muy conocidas, y donde se demuestra la reunión con Diaz Balart, que él ahora niega". Leyva afirmó que le entregará copias de sus cartas al cuerpo diplomático norteamericano que está en el país. Hay que aclarar que, a pesar de la dureza con que han estado escritos estas cartas, el ex canciller no ha aportado una sola prueba. En el trino, publicado en la madrugada de este 7 de mayo, Petro sigue dando detalles de la reunión entre Leyva y Diaz-Balart “Quien dirige la reunión no es un colombiano, es el senador (sic) de los Estados Unidos Díaz-Balart, de extrema derecha (...) Él es el jefe y lo que buscan es usar al Congreso (colombiano) para tumbar al presidente y si eso llegase a pasar debe estallar la revolución colombiana, porque es un infundio de los nazis en Estados Unidos. ¡Y no renuncio!" Díaz-Balart desde el pasado 6 de mayo ha estallado contra Petro después de que el presidente le dedicara varios mensajes desde su red social X  “No intentes derribar al presidente de Colombia, porque desencadenarás la revolución colombiana”. Díaz-Balart, de ascendencia cubana, es considerado por políticos como Petro como de “extrema derecha” por eso afirmó sobre él lo siguiente: “Es la extrema derecha estadounidense, la misma que mató a John F. Kennedy. Él es el jefe y lo que buscan es usar al Congreso para tumbar al presidente. Si eso llegase a pasar, debe estallar la revolución colombiana porque es un infundio de los nazis en Estados Unidos”. Tampoco se ahorró adjetivos en su respuesta el congresista republicano: “Parece que está de nuevo bajo la influencia de drogas, alcohol o ambos. Ha llegado al punto que no puede ni deletrear nombres comunes”. No es aconsejable que el presidente entre en una disputa con un congresista norteamericano. En este momento entraría a terciar la canciller Laura Sarabia pero, como se ha podido comprobar en varias de las respuestas del presidente, la distancia entre Petro y Sarabia es cada día más grande.

Por: Redacción Pares Hace unos días recordamos el estallido social que arrancó en noviembre del 2019 en Colombia, que se interrumpió por la contingencia generada por el COVID pero que se avivó en abril del 2021. La brutalidad con el que el gobierno Duque intentó reprimir el clamor popular no hizo más que echarle gasolina al incendio. El descontento general tuvo que ver, primero, con la propuesta de Reforma Tributaria que propuso el ministro de hacienda Alberto Carrasquilla al congreso. Y después con la brutalidad policial. La derecha tildó este legítimo levantamiento popular como una toma guerrillera. La verdad este no fue el primer estallido social, hay un precedente y fue el del 14 de septiembre de 1977. El presidente era un liberal, Alfonso López Michelsen. Fue el primer gobierno post Frente Nacional y heredó una deuda de su antecesor, el conservador Misael Pastrana quien había obtenido la presidencia después de unos fuertes rumores de fraude electoral.  El mismo año en el que fue elegido, 1974, el gobierno López impuso unas medidas económicas que tenían como fin atenuar el déficit fiscal. Estas medidas son reconocidas históricamente como el primer paso de un gobierno colombiano hacia el neoliberalismo. La Colombia del periodo 1974-1978 empezó a cimentar el horror que se impondría en la década del ochenta. Empezó a nacer el narcotráfico y el gobierno, en su empeño por reducir gastos, desmontó derechos que se había ganado a pulso el trabajador colombiano. Sin embargo la bomba de tiempo estallaría el 14 de septiembre de 1977. Se empezaron a coincidir más de 100 huelgas de todos los sectores productivos. Como sucedería cuarenta años después con el gobierno Duque, quisieron apagar el incendio con Napalm. El ministro de gobierno de López, Rafael pardo Buelvas, declaró los paros como manifestaciones subversivas. El 14 de septiembre se decretó un paro cívico que tenía las siguientes exigencias: Suspensión del estado de sitio, aumento del salario en un 50%, jornada de trabajo de ocho horas, abolición de la reforma administrativa entre otras exigencias. El país se insufló de un clima de revolución. Si bien los sindicatos fueron los que principalmente impulsaron el paro y la movilizaciones a ellas se sumó otro sector que siempre prende la mecha de los cambios: los estudiantes, los jóvenes. En ciudades como Medellín y Bogotá se montaron barricadas que recordaban el Mayo Francés. Se bloquearon las vías de las principales ciudades del país, se pusieron tachuelas en el asfalto y escombros en las esquinas. Además de las dos ciudades anteriormente nombradas se sumaron Bucaramanga, Cali y Barranquilla. En los barrios populares -como sucedería en Cali en el 2021 con Puerto Rellena- fue donde se levantaron las manifestaciones. Lejos del diálogo el gobierno no escuchó a nadie y reprimió. Oficialmente fueron 33 los muertos y hubo tantos detenidos que se tuvo que habilitar la plaza de toros de la Santamaría para meterlos a todos. Se contaron más de 3.000. Si bien se consiguieron algunos objetivos, como el aumento salarial y el levantamiento del estado de sitio, los participantes de estas huelgas fueron perseguidos durante el gobierno de Julio César Turbay que se caracterizó por su mano dura: su estatuto de seguridad es uno de los ejemplos de represión más duros que ha vivido el país. Septiembre de 1977 fue un mes que no se olvidará en el país, se demostró que los cambios y la verdadera democracia tenía que vivirse en las calles. Los que no aprendieron nada fueron otros gobiernos de derecha que, lejos de escuchar el clamor del pueblo, lo que hicieron fue responder con bala y garrote como sucedió con la reacción de Iván Duque en el 2021.

Por: León Valencia Voltear la arepa. Es lo que ha hecho Gustavo Petro al proponer una consulta popular para sacar adelante la reforma laboral que le negó el Congreso de la República. Si Petro se hubiera cruzado de manos ante la decisión de ocho senadores de la Comisión Séptima del Senado de archivar su proyecto de reforma, habría quedado muy mal parado frente a las organizaciones sindicales del país y frente a millones de trabajadores.   Alfonso López Michelsen y María Elena de Crovo son dos personajes que han rondado mi memoria, insistentemente, en estos meses de grandes dificultades para las reformas sociales que ha intentado el gobierno de Petro.  Pensaba que al primer presidente de izquierda le podría ocurrir lo mismo que a López hace cincuenta años.   López llegó a la presidencia en 1974 con la promesa de enterrar el Frente Nacional entre liberales y conservadores y producir grandes cambios sociales, entre ellos una transformación de las relaciones laborales. Fracasó en los dos propósitos y ese fracaso desató una oleada de movilizaciones y protestas que tuvo su punto más alto en el Paro Cívico Nacional de 1977.   María Elena de Crovo, su ministra del trabajo, era la muestra de que López tenía el firme propósito de llevar a cabo las reformas. Una mujer rebelde que abandonó el camino religioso y se vinculó al Comité de Resistencia Liberal contra el gobierno de Laureano Gómez en 1953; que fue a la cárcel por su aventura; que, luego, se enroló en el Movimiento Revolucionario Liberal [MRL], la fuerza con la que López se opuso al Frente Nacional y le amargó la vida a la dirigencia del país apoyando tempranamente la revolución cubana.     Una Periodista y aguerrida parlamentaria, que fácilmente se metía en las parrandas a cantar rancheras y bambucos al lado de la gente del común y en esos tiempos donde la mujer poco contaba se ganó un puesto en la política colombiana.   La señora de Crovo estuvo en el gobierno hasta el año 1976, cuando ya se veía que las reformas prometidas no iban para ningún lado. La decepción fue tal que un año después estalló el movimiento social más poderoso del siglo XX; y las guerrillas, que eran fuerzas marginales, ancladas en la periferia rural del país, saltaron al mundo urbano y se convirtieron en protagonistas de la política nacional.   Las élites políticas doblaron entonces la apuesta y catapultaron a Julio Cesar Turbay Ayala a la presidencia. Era el más oscuro, el más clientelista y uno de los más derechistas en sus filas y con él dieron un salto las mafias del narcotráfico y se desataron los militares y entonces el país entró en un espiral de violencias del cual no hemos podido salir.   No sé a quién se le ocurrió la idea de la consulta, pero, sin duda, fue un gran cabezazo. Con esa propuesta el gobierno le dio vuelta a la situación. Encontró una manera de poner el fracaso en los hombros de la oposición. Con esta decisión estrechó aún más los lazos con las fuerzas sindicales. Las marchas del primero de mayo fueron la primera muestra de la certeza de la propuesta, en Bogotá y en todas las ciudades del país se congregaron una multitud de personas para apoyar la consulta popular.   También en los primeros sondeos de opinión hay un abierto espaldarazo a la consulta y la favorabilidad del presidente ha crecido varios puntos. Cifras y Conceptos publicó una encuesta este 5 de mayo y en ella la consulta popular aparece con un respaldo del 57% y más del ochenta por ciento de los encuestados afirma que votará sí en la consulta; por otro lado, la favorabilidad del presidente aparece con un 45%, nada mal para un mandatario que ya atravesó la mitad de su periodo y afronta no pocas dificultades.     Los ocho senadores, que de manera arbitraria archivaron una reforma que ya había sido bastante moderada en la concertación realizada en la cámara de representantes, mostraron una extraña insensibilidad al clamor que se expresó en el estallido social de abril de 2021 y a los resultados electorales de 2022.   No sé si la plenaria del Senado, en cabeza de Efraín Cepeda, se atreva a negarle el aval a la consulta, pero lo que sé de cierto es que Petro gana con cara y con sello en esta disputa. Cualquiera sea el resultado, los trabajadores del país sentirán que, al contrario de López, se la jugó toda para sacar adelante las reformas en medio de la grave e insensata hostilidad de la oposición.

Por: Iván Gallo - Coordinador de Comunicaciones Iván Cepeda tiene tres perras grandes. Cuando las tres se ponen a ladrar el coro puede ser tan fuerte como el que se siente en un concierto de trash metal. Los ladridos son tan atronadores como cascadas de piedra debido al silencio y tranquilidad que emana el apartamento y que parecen ser una extensión del senador. Sobre la mesa de la sala está un DVD de Serrat. La banda de sonora de sus luchas está en su discoteca. Ahí está su equipo de tres niveles y sus compact disc. Después me arrepiento por no preguntarle sobre la música que escucha. Hay un tema más apremiante y es el de Uribe.   En el año 2002 Iván Cepeda estaba en Francia, había aprovechado su exilio para estudiar un magister en derechos humanos de la Universidad de Lyon, cuando se enteró que Alvaro Uribe Vélez había sido elegido presidente de la república. A Uribe lo había escuchado nombrar por ser gobernador de Antioquia y por la implementación del decreto que permitía la creación de grupos armados particulares para defenderse de las guerrillas que azotaban a Antioquia y que llevaba el nombre de CONVIVIR.   Fue un golpe para él saber que Uribe sería presidente. La publicación y luego el éxito de ventas que constituyó Mi confesión, las memorias de Carlos Castaño, era la confirmación que el proyecto paramilitar en Colombia estaba ganando respetabilidad. Las dos entrevistas que concedió Castaño a los grandes canales del país, lo pusieron en la baraja incluso de posibles candidatos a la presidencia.   El papá de Iván Cepeda, Manuel Cepeda Vargas, había sido asesinado por orden de oficiales de las Fuerzas Armadas con apoyo de grupos paramilitares en 1994. Era una víctima del Estado. Ver este auge del paramilitarismo de comienzos del siglo XXI en Colombia era ser revictimizado. Así que regresó al país en el 2003 después de estar tres años ausente.   Un año después los comandantes Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza entraron de Everfit al Congreso de la República. En ese momento en senado se consideraba discutir la ley de alternatividad penal que sería una gran victoria para estos grupos paramilitares. Bajo esa ley lavarían buena parte de sus fortunas y podrían aspirar incluso a iniciar una carrera política. Desde el Magdalena Medio los paras pagaron buses repletos de gente para congregarse en la Plaza de Bolívar y apoyar el advenimiento de los comandantes en el Congreso. Habían sido invitados, directamente, por las congresistas Eleanora Pineda, quien antes de incursionar en política se dedicaba a gerenciar un salón de belleza en Tierralta Córdoba, y Rocío Arias, del Bajo Cauca, muy cercana al proyecto político de los paramilitares. A pesar de que ambas eran completamente desconocidas en el 2002 ese año obtuvieron, entre las dos, más de 80 mil votos lo que les permitió ser representantes a la cámara.   Los paras no sólo entraron al congreso vitoreados sino que hicieron esperar a los senadores. Al llegar a CATAM en donde eran esperados por sus chaperonas, Arias y Pineda, ella les tenían listos los trajes a la medida. Pero había un problema con los zapatos de Mancuso y es que era casi imposible conseguirlos con su talla, 44, así que fueron a varias tiendas de la ciudad a encontrar uno que les calzaran. Mientras tanto, en la plaza, un pequeño sector de víctimas y de ciudadanos que rechazaban el paramilitarismo se enfrentaban con quienes habían llegado desde el Magdalena Media. Además, la Fuerza Pública empezó a interceder jalando por el lado que sentían mayor simpatía.   Iván Cepeda tenía una foto de su papá. En ese momento estaba gestando uno de sus grandes proyectos, el MOVICE. Como pudo entró al Congreso junto con otro puñado de víctimas de crímenes de estado. Era su primera aparición pública desde que se fue del país. Cepeda tenía claro lo que significaba el discurso de los comandantes paramilitares del congreso: era la entronización de un proyecto político y militar, eso significaba la entronización de Uribe. En los años venideros la labor de magistrados como Iván Velásquez y de la sociedad civil sirvieron para descubrir que ese congreso más del 30% de sus integrantes habían sido elegidos con la ayuda de las AUC. Cepeda también identificó en ese discurso de los paras la satisfacción, el orgullo de saber que habían ganado, de que, a pesar de sus crímenes, se impondría la impunidad. Estaban seguros que nos someterían a una nueva gobernanza de país.   La memoria, cuando no está debidamente documentada, es frágil, y, después de todo lo que ha pasado, se ha olvidado que en esos dos primeros años del gobierno Uribe se vendía la narrativa de cuento de hadas de los paras. Ellos eran los salvadores del país, los que habían evitado que esto se convirtiera en una nueva Cuba. No importaban las cabezas cercenadas, los cuerpos hinchandose en los ríos, los niños sin familia, lo que importaba es que el comunismo no aterrizaría en Colombia. Pero, después de la visita de los paras al Congreso alfiles que hasta ese momento eran incondicionales a Uribe, como Gina Parodi, empezaron a cuestionar al uribismo.  A partir de allí, a pesar de las encuestas, siempre favorables a quien llamaron El presidente eterno, empezarían los años tormentosos para él. Su pelea con la Corte Suprema, representada en la confrontación con Iván Velásquez y con la izquierda y todo aquel que no decidiera arrodillarse a su paso, empezaría a minarlo.   Como lo dice el propio Cepeda “El proyecto de Uribe tenía un talón de Aquiles y este era que carecía de escrúpulos morales”. Es que en su momento el gobierno contaba con el DAS y las Fuerzas Militares como elementos de opresión contra las voces que lo criticaban.   Un primer encontronazo entre Cepeda y Uribe fue desde la presión que estaba ejerciendo el Movice para evitar que siguieran extraditando a comandantes paramilitares sin que pudieran contar la verdad. El primer gran logro de Cepeda y que le habrá sacado unas canas a Uribe fue aplazar la extradición de Macaco, este comandandante fue el primero de las AUC en ser extraditado a los Estados Unidos.   Al escuchar el testimonio de Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”,en la Alpujarra de Medellín, Capo del cartel del Norte del Valle quien financió a los paras y terminó metido dentro de las AUC, comandando el Bloque Central Bolívar en el que llegó a manejar un ejército de 1922 hombres, sus declaraciones en Justicia y Paz fueron fundamentales para que Iván Cepeda entendiera cómo era el engranaje entre paramilitares, empresarios, ganaderos y políticos. Apenas veíamos la piel de la bestia. Macaco duró unas semanas viviendo en un buque cárcel en altamar. Su abogado, Henry Rodríguez, llegó una vez a una audiencia vestido de buzo, para criticar lo difícil que era defenderlo en esas condiciones.   Pero al final se lo llevaron a los Estados Unidos, como a la mayoría de los otros comandantes y todo por orden presidencial. Si los miembros del MOVICE, pensó Cepeda, querían saber la verdad, necesitaban viajar a las cárceles norteamericanas. Sobre el 2009 empezaron a llegar las cartas de Salvatore Mancuso. Después de una discusión con el movimiento de víctimas se organizó un grupo para viajar a EEUU, estaba compuesto por Danilo Rueda y Piedad Cordoba. Para Cepeda, ver a Mancuso vestido de naranja, el uniforme de los presos, fue impactante. El contraste con el emperador bien trajeado que miraba con la altivez de sus dos metros, con este hombre afable, de saludo fácil, fue absoluto. El ex comandante le tendió la mano y Cepeda se la dejó extendida.   La visita tenía como objetivo poder dejar claro la relación entre Estado y paramilitarismo. Esta visita a Mancuso, al Tuso Sierra y a otros comandantes presos en Estados Unidos les dio luces por donde seguir. Las cuerdas para tirar. Mancuso habló durante horas y uno de sus temas de conversación fue como ayudaron a Uribe a ser presidente y como ellos en retribución les brindaron las garantías de éxito a la Seguridad Democrática. Según Iván Cepeda, El Tuso fue particularmente elocuente. Como buen paisa fue bien descriptivo sobre su infancia en Andes, y sobre como fue su relación con los hermanos Rendón, con los Gallón que fueron socios de Uribe y después de 1996, cuando ocurre el robo de seiscientas cabezas de ganado y la quema de la hacienda por parte del ELN, pasaron a comprarle Las Guacharacas a Uribe. Se escucha por primera vez que en ese lugar se preparó y se entrenó al bloque Metro. El Tuso Sierra habló a cambio de nada, ¿se lo pedía su consciencia?  Lo único que necesitaban eran las más elementales gestiones de protección. Cepeda les creyó y les sigue creyendo por una razón muy sencilla: es difícil mantener la misma versión desde hace 15 años. Nadie los ha podido contradecir.   Cepeda obviamente escuchó a hablar de Uribe durante su polémica gobernación de Antioquia pero, mientras estaba en su exilio europeo, entre el 2000 y el 2002, le empezaba a llegar información sobre este paisa de andurriales que decía desayunar buñuelo con café cerrero. Una amenaza para la clase política bogotana. A Cepeda le traía preocupación su pasado de hacendado y la capacidad de conectarse con la gente lo que hizo que en pocos meses de campaña presidencial pasara de ser un eficiente gobernador de Antioquia y un senador muy destacado, a ser considerado realmente como el sucesor de Andrés Pastrana en las elecciones del 2002. Su discurso contra el proceso de paz del Caguán fue muy eficiente y disparó su popularidad a pesar de lo que decían las primeras encuestas. Arrasó en primera vuelta con el que parecía iba a ser el presidente en esas elecciones, el liberal Horacio Serpa. Desde Europa Cepeda leí libros como La biografía no autorizada de Uribe, escrito por Joseph Contreras, editor de Newsweek para Latinoamérica y las referencias no eran buenas. Personalmente lo conoció recién llegó del exilio en el año 2003. Se hizo una reunión con la sociedad civil en donde se le contaría las preocupaciones que generaban sus políticas de seguridad en cuanto a impacto a las comunidades. Uribe parecía tan inofensivo como un sacerdote de pueblo. Según lo cuenta Iván Cepeda  llegó a la reunión condescendiente. A las mujeres de las organizaciones sociales las trataba de “hijitas” a los hombres de “doctores”. Hablaba bajito, como un labriego bueno y humilde.  Llegó un momento en que la situación era tan bizarra que una mujer le pidió igualdad en el trato. Inmediatamente pasó de ese tono pausado a la ira. Empezó a tratar a los miembros de las organizaciones como si fueran terroristas. La sesión duró media hora. Les quedaba claro quien era el presidente.   Mientras Uribe se convertía en el presidente con mayor popularidad en el siglo XXI Cepeda inició su carrera política en firme desde el congreso, sin abandonar la investigación. Atraído por la figura de Uribe escribió el libro A las puertas del Ubérrimo. Su método lo obligaba a ir al lugar donde ocurrían los hechos y se quedó impactado al ver los contrastes de Córdoba, en donde habían grandes señores como Uribe que tenían haciendas tan grandes que habían pequeños poblados en medio de ellas. La desigualdad era brutal,  los campesinos que no tenían nada.   Por eso, cuando viajó a las cárceles de Estados Unidos, a escuchar la verdad que necesitaban saber las víctimas del paramilitarismo y que el gobierno Uribe se los había negado el velo cayó de sus ojos. El nombre Uribe aparecía constantemente en el relato. ¿Por qué  no se había escuchado a estos comandantes paras? ¿Por qué nadie los había tomado en serio?. Parecía que testimonios, como los que contaban al detalle la creación del Bloque Metro, quedaran instalados como el producto de una alucinación colectiva.   Es entonces cuando a Cepeda le llega la notificación de que Pablo Hernán Sierra, un paramilitar mejor conocido con el alias de “Pipintá” quería hablar con él. En ese momento estaba en la cárcel de Itagui. El recorrido del hoy senador Iván Cepeda por las cárceles del país tiene que ver con su preocupación por la situación extremamente frágil que sufren los presos del país. Siempre fue un tema que tenía que ver con la protección de los derechos humanos de los presos. Pero  Sierra tenía información sobre  Uribe y su participación en la creación del proyecto paramilitar en Antioquia. Iván Cepeda lo escuchó.   Sierra, con la elocuencia del paisa, es quien le habla del que es considerado el testigo estrella del caso Uribe, Juan Guillermo Monsalve, a quien le decían Guacharaco porque se había criado en esa hacienda de los Uribe y quien, afirmó, fue miembro del Bloque Metro y se hizo como paraco siendo entrenado en esa propiedad a comienzos de los años noventa. Las pruebas las tenía, una de ellas era una foto de él vestido con el uniforme de las AUC en las Guacharacas. Cepeda viajó a San Roque, municipio donde está ubicada la hacienda y comprobó que efectivamente la foto era real. Esa foto aparece en el libro de Olga Behar llamado los Doce apóstoles que involucra al otro Uribe Vélez, Santiago, con la creación de un grupo de limpieza social en el pueblo de Yarumal.   Todos esos pueblos, San Roque, Yarumal y Amalfi tenían en común, en los años noventa, el surgimiento de grupos paramilitares.  se gestó el paramilitarismo.  En el relato de Monsalve aparecen los hermanos Gallón -quienes incluso estuvieron implicados en el asesinato de Andrés Escobar, los hermanos Villegas y los Uribe Vélez como los grandes artífices de la creación del Bloque Metro.   En el 2011 las grabaciones del testimonio de Monsalve y de Sierra se los pasa Cepeda a Vivianne Morales quien era la fiscal general durante el primer año en el que Santos era presidente. El propio comandante conocido como “Pipintá” quería hacerle llegar ese testimonio a la fiscalía y Cepeda lo hace.   Morales se tomó en serio la investigación e incluso abrió un caso contra Uribe que involucra la creación del Bloque Metro con las masacres del Aro, la Granja y el asesinato de Jesús María Valle.  Cepeda además de haber entregado las grabaciones a la fiscal Morales hizo una rueda de prensa y contó lo que había escuchado. Uribe, ya como ex presidente, preparaba la creación de su propio partido político, el Centro Democrático y una posible candidatura al congreso.   Lo que contaba Cepeda era una espina en la garganta de Uribe. Por eso lo demandó la primera vez en el 2012. Dos años después Cepeda hace un candente debate en el Congreso en donde intenta probar que Uribe fue el creador del Bloque Metro.   En un episodio que retrata los impulsos de  Urib, quien ya era senador, salió del congreso, cruzó la plaza de Bolívar e impuso una demanda por manipulación de testigos contra Cepeda. El senador, que en ese entonces militaba en el Polo Democrático,  temía que su destitución fuera  inminente.   La Corte duró entre el 2014 y el 2018 buscando pruebas para tomar una decisión. Cuatro años después, como un boomerang, a Uribe se le devuelve la investigación: es acusado de haber cometido el delito de manipular testigos. Empiezan a aparecer nombres de abogados asociados con mafiosos y ex paras. Se le abre investigación a Uribe. Cepeda es inocente. Pero cada victoria viene acompañado de una derrota, ese año el senador fue diagnosticado con cáncer. Todas las luchas que dio por la paz, sobre todo su participación en la mesa de diálogo en La Habana con las FARC, lo debilitó. Ni hablar Del pulso con Uribe. En el 2019, por primera vez en la historia de este país, un presidente tiene las suficientes pruebas en su contra como para ir a juicio. Además es detenido. Renuncia a su curul en el senado para ser juzgado por alguien muy cercano a él, Francisco Barbosa, quien era en ese momento Fiscal.  Desde entonces está en esa pelea.   Dos horas dura la conversación, Cepeda debe ocuparse de sus perros quien no paran de ladrar pidiéndole que los saque al parque. Con mucha cortesía nos da señales de que está agotado. Al otro día estará en la marcha del 1 de mayo en donde Petro, sacando la espada de Bolívar, radicó las 12 preguntas que compenden la consulta popular. Entendemos y nos vamos. No alcancé a tomarme el vaso de agua que me dio.   Antes de irnos deja flotando una frase “Yo no odio a Uribe, mi objetivo no es el que él vaya a la cárcel, lo que quiero es que se sepa la verdad”.

Por: John Correa Romero El reciente apagón eléctrico que paralizó a España, Portugal y partes de Francia no solo dejó a millones de personas sin luz, sino que encendió una alerta global sobre los límites físicos y técnicos de la transición energética. A medida que se consolidan matrices basadas en fuentes renovables variables, la estabilidad del sistema interconectado enfrenta desafíos estructurales que ya no pueden ser ignorados. Nuevas hipótesis técnicas surgidas de expertos del sector eléctrico apuntan a una causa menos espectacular que un ciberataque, pero mucho más preocupante: la falta de inercia en el sistema  debido a una alta penetración de fuentes solares y eólicas sin almacenamiento ni respaldo sincrónico. Al momento del colapso, más del 75 % de la generación provenía de renovables, lo cual, si bien es un logro desde el punto de vista ambiental, representa un riesgo si no se acompaña de inversiones en estabilidad de red: almacenamiento, regulación primaria, y sistemas que emulen inercia . Para entender qué pasó, imagina que el sistema eléctrico funciona como una bicicleta que debe mantener una velocidad constante (la frecuencia eléctrica). Esa velocidad solo se logra si la fuerza de pedaleo (la generación de energía) se equilibra perfectamente con la resistencia del terreno (el consumo de energía). En los sistemas eléctricos tradicionales, los pedales están conectados a grandes ruedas con masa —como turbinas de agua, de vapor o de gas—. Esa "masa rotatoria" proporciona inercia , que ayuda a mantener la bicicleta en movimiento incluso si el pedaleo se detiene un momento. Es decir, si ocurre un fallo, esta inercia da tiempo para reaccionar antes de que la bicicleta se caiga (o, en este caso, antes de que el sistema se apague). Pero con las energías renovables como la solar o la eólica, que no tienen partes giratorias pesadas conectadas a la red, no hay esa inercia natural . Si algo falla —como una caída repentina en la producción o un aumento de la demanda—, el sistema no tiene "colchón" para resistir, y se desestabiliza muy rápido. Así fue como se produjo el apagón: una red con muy poca capacidad de resistir un desequilibrio terminó desconectándose en cascada. En este escenario, Colombia se encuentra en una posición ventajosa, pero no exenta de riesgos . Su matriz energética sigue dominada por fuentes hidroeléctricas que aportan inercia y flexibilidad. Además, la expansión de fuentes renovables no convencionales como la solar y la eólica aún es incipiente, lo que permite aprender de errores ajenos antes de avanzar sin red de protección. Sin embargo, el país se enfrenta a retos similares en el mediano plazo : La variabilidad climática asociada al fenómeno de El Niño puede comprometer la generación hidroeléctrica. La creciente digitalización del sistema lo hace más vulnerable a ciberataques. La presión por descarbonizar podría llevar a reducir aceleradamente el uso de fuentes térmicas sin garantizar el respaldo necesario.   ¿Es momento de rediseñar la transición? El apagón europeo no es un argumento contra las energías renovables. Al contrario, reafirma su valor estratégico en términos de soberanía y sostenibilidad. Pero sí evidencia una verdad incómoda : la transición energética no es solo un cambio de fuentes, sino un rediseño completo del sistema eléctrico , desde la infraestructura hasta la regulación. Para Colombia, el debate no puede limitarse a porcentajes de penetración renovable o precios del kWh. Es urgente hablar de resiliencia del sistema , de seguridad energética en escenarios extremos y de una planificación que integre lo técnico con lo político. La red debe ser capaz no solo de operar de forma eficiente en condiciones normales, sino también de resistir, adaptarse y recuperarse ante fallos masivos. Eso exige inversiones en almacenamiento, redes inteligentes, respaldo térmico flexible, y —sobre todo— una visión de largo plazo que evite caer en falsas dicotomías entre renovables y confiabilidad. En resumen, el apagón europeo es una llamada de atención: la estabilidad del sistema no se improvisa , y si Colombia quiere liderar una transición energética segura, debe anticipar los problemas que hoy paralizan a otros.

Por: Redacción Pares Llegó el día. El pasado 5 de mayo Álvaro Uribe se sentó en el banquillo de los acusados y dio testimonio desde el banquillo de los acusados por los supuestos crímenes que habría cometido: soborno a testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal. Uribe habló durante tres horas y, entre los momentos más destacados, está el de haber mencionado a su ex ministro de agricultura, Andrés Felipe Martínez, quien estuvo preso en una cárcel en Estados Unidos. Según el testimonio de Uribe, Martínez le contó que los paramilitares habían decidido hablar contra él y meterlo en ese lío por una venganza por haberlos extraditado a los Estados Unidos. Otro de los personajes que salió a relucir durante su audiencia fue Diego Cadena, el enigmático abogado que apareció en el 2018 y que habría desencadenado el lío que convirtió a Uribe en el primer expresidente en ser juzgado en Colombia. Uribe fue tajante y negó que hubiera mandado a Cadena a cualquier cárcel para hablar con paramilitares y manipularlos Si envió a Cadena a las cárceles fue, según él, para lo siguiente: “Lo único que he buscado es verificar las muchas informaciones que me han llegado sobre las visitas del senador Cepeda a las cárceles para ofrecer beneficios a cambio de que me acusara. Nunca se me había ocurrido, señora juez, nunca se me había ocurrido ir a buscar testigos para algo distinto a verificar hechos“. Demostrando uno de sus credos, de que la mejor defensa es el ataque, volvió a irse contra el senador Iván Cepeda, a quien demandó desde el 2012 ante la Corte Suprema por una supuesta manipulación de testigos. Cepeda se basó en los testimonios de dos ex paras, Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, para acusar a Uribe. Esto respondió el expresidente sobre estos dos testigos: “Lo único que he buscado es verificar las muchas informaciones que me han llegado sobre las visitas del senador Cepeda a las cárceles para ofrecer beneficios a cambio de que me acusara. Nunca se me había ocurrido, señora juez, nunca se me había ocurrido ir a buscar testigos para algo distinto a verificar hechos”. Es bueno recordar que la Corte duró más de cuatro años investigando las acusaciones de Uribe. El fallo, como un boomerang, resultó hundiendo al expresidente ya que se encontró suficiente material probatorio como para abrírsele una investigación por presunta manipulación de testigos. Para evitar ser juzgado por la Corte Suprema, con quien ha tenido roces desde que fue presidente, Uribe decidió renunciar a su curul en el senado y ser juzgado por la Fiscalía de Francisco Barbosa, de quien era cercano. Pero hace más de un año se fue de la Fiscalía Barbosa y el panorama para el expresidente empezó a ensombrecerse. Durante la comparecencia el presidente intentó descalificar al testigo Sierra y lo que ha dicho sobre él y su hermano Santiago Uribe Vélez, acusado de haber creado en Yarumal el grupo de limpieza social llamado Los doce apóstoles. El expresidente afirmó que todo se trata de “rumores”. El juicio del expresidente entró a una de sus etapas más atrapantes, la de la exposición de la defensa. Con Uribe empezó esta nueva etapa.

Por: Iván Gallo - Coordinador de Comunicaciones “Petro está arrastrando al país al abismo”. El expresidente y líder del partido liberal, César Gaviria, se despachó en una carta contra Gustavo Petro y se refirió a la paz total como una “fantasía improvisada”. En este momento el país vive una nueva oleada de Plan Pistola que está segando la vida de miembros de la fuerza pública. Esta práctica nació en 1989 y se intensificó en 1992, en plena presidencia de César Gaviria. Una de las preguntas que le hace Gaviria a Petro en el escrito fue la siguiente: “¿Qué clase de liderazgo permite que el “plan pistola” del Clan del Golfo asesine a más de veinte policías sin una reacción institucional contundente? ¿Qué clase de lógica perversa es esa que, frente al terror, responde que hay que “verificar”? ¿Verificar qué? ¿Que están muertos? ¿Que los informes no mienten? ¿Que el Estado ya no tiene control territorial?“. Sobre la política de Paz Total, donde Petro intentó llegar a una negociación integral con la totalidad de los grupos armados en el país, Gaviria afirmó lo siguiente: “La paz total no es una política de Estado. Es una fantasía improvisada, diseñada sin cabeza militar, sin inteligencia estratégica, sin una hoja de ruta realista. Delegar su implementación en tres entidades —la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio del Interior y la Unidad de Implementación— ha resultado ser un desastre. Ninguna tiene capacidad operativa, ninguna cuenta con presencia efectiva en los territorios críticos, ninguna articula una estrategia integral". Esta andanada de César Gaviria contra Petro y sus políticas de seguridad y negociación con grupos armados llama la atención porque el expresidente, durante su mandato, fue el centro del repudio mundial al ceder a todas las exigencias que hizo en su momento Pablo Escobar para someterse a la justicia. Esta es la historia que escandalizó al planeta. Por intermedio del sacerdote Rafael García-Herreros, quien era considerado un santo y era famoso en todo el país por su intervención diaria en el microprograma El minuto de Dios, Pablo Escobar empezó a establecer un puente con el gobierno Gaviria. En ese momento el capo del cartel de Medellín estaba mermado tanto militar como financieramente. Su primo Gustado había sido asesinado y con él el dinero constante se le cortó abruptamente. Sus antiguos socios, como los hermanos Castaño o Don Berna, habían formado un grupo llamado los PEPES, Perseguidos por Pablo Escobar. Sus enemigos del Cartel de Cali cada vez lo cercaban más. Así que decidió activar un plan B que tenía desde hacía muchos años atrás: intentar llegar a un acuerdo con el gobierno de turno e irse a La Catedral, un terreno ubicado en La Ceja, escogido sistemáticamente para convertirse en un búnker inexpugnable para sus enemigos y que le brindara a Escobar además todas las comodidades del mejor de los resort. La entrega venía acordándose desde noviembre de 1990 pero es difícil negociar con un tipo tan poderoso y con tantos cambios de humor como Escobar. Además necesitaba ganar tiempo para que se terminara de construir esas tres hectáreas que tendría su cárcel personal, compuesto por 1.800 metros cuadrados en donde Escobar se iría con sus sicarios de confianza. El contrato que firmó Escobar con el gobierno Gaviria haría rodar actualmente la cabeza de cualquier presidente: “No tendrá acceso ninguna autoridad policial o militar a la parte interna del establecimiento carcelario”. La cárcel no estaba hecha para evitar que los presos se salieran, sino para que nadie entrara. Tenía un techo de acero para resistir un bombardeo. Eso le angustiaba mucho a Escobar, que sus enemigos decidieran atacarlo por el aire. Las condiciones sólo estuvieron dadas después del 19 de junio cuando Horacio Serpa, Álvaro Gómez y Antonio Navarro Wolf firmaron la nueva constitución colombiana que prohibía la extradición de colombianos a los Estados Unidos. Unos días después se entregaría. Las autoridades carcelarias hicieron la inspección y, aparentemente, la cárcel parecía un establecimiento penitenciario normal. Al menos así lo mostraron los medios de comunicación. Pero evitaron mostrar pequeños detalles. La habitación de Escobar tenía chimenea, tenía cinco cuadros de autores clásicos, velas para aromatizar el ambiente, camas de agua, que en ese momento era el último grito de la moda. Las celdas no tenían rejas y, en la noche, todo se transformaba en una inmensa discoteca, con prostitutas traídas desde Medellín, grupos de música y trago y droga sin límite. En la Catedral Pablo Escobar atendía a sus socios, también los mataba, extorsionaba, traficaba y rumbeaba. Así duró más de un año. Allí intentó incluso tener una vida normal con su familia. Pero, después de asesinar dentro de la cárcel a dos de sus socios de confianza, el negro Galeano y Kiko Moncada, el gobierno Gaviria decidió intervenir. Escobar y su círculo de confianza implementó otro plan que tenían montado: fugarse y así lo hicieron. Fue un ridículo internacional. Ningún grupo armado ha burlado de tal manera a un presidente como sucedió con Escobar y Gaviria. Por eso resulta paradójico que sea el expresidente liberal uno de los más críticos con la Paz Total de Petro.

Por: Redacción Pares El pasado lunes 5 de mayo fue elegida la diplomática Laura Gil como secretaria general adjunta de la Organización de Estados Americanos. Desde el próximo 16 de julio asumirá el cargo reemplazando al beliceño Néstor Méndez. Este es el segundo cargo más importante de la organización, sólo superada por el surinamés Albert Randim quien será el nuevo secretario general de la OEA. Hay que recordar que el actual secretario es el uruguayo Luis Almagro. Laura Gil tiene 59 años y actualmente es la embajadora de Colombia en Austria un cargo que ocupa desde el 2023 después de haber sido vicecanciller. Desde ese lugar asumió una postura de vanguardia con respecto a la guerra contra las drogas.   Desde la era Nixon, a mediados de los años setenta, se empezó a satanizar el consumo de drogas. Más que un problema de salud pública lo que le preocupaba a los Estados Unidos es la fuga de capitales. Paradójicamente, al perseguir la fabricación de drogas, se disparó inmediatamente el precio. Desde países como Colombia se fundaron carteles de droga que en unos cuantos años hicieron un imperio con el narcotráfico. Llegaron a tener tanto poder que respondieron la cruzada que lanzaban desde Washington creando ejércitos privados. La guerra contra las drogas hizo más rico al productor y dejó, en países como el nuestro, un río incontable de muertos.   El viernes 14 de marzo del 2024 Laura Gil consiguió un logro histórico al encabezar el trámite de la resolución que fue presentada en la 68 Comisión de Estupefacientes en Viena. La resolución fue idea de la actual embajadora de Colombia en Viena y llevaba como título “Fortalecimiento del sistema mundial de fiscalización de drogas: vías para la aplicación eficaz”.   Según los datos que mostró Gil y su equipo en Viena Colombia es responsable de el 5% por eso ella hizo en su momento esta declaración en la Comisión de estupefacientes: "¿Por qué cada colombiano, cada colombiana siente que lo que llamamos el problema mundial de las drogas reposa sobre sus hombros?  Esta es una invitación dentro del marco de las convenciones a repensarnos para resaltar lo el significado del principio de responsabilidad común y compartida hoy en este momento".   La propuesta de Colombia, de crear una comisión de expertos que revise el marco de política de drogas a nivel mundial tuvo 30 votos a favor, 18 abstenciones y sólo tres votos en contra, Estados Unidos, Rusia y Argentina.   Entre las labores y retos más importantes que ha tenido Laura Gil como embajadora está la de sacar a la hoja de coca de la lista de sustancias peligrosas y consiguió que Bogotá fuera la sede de la Conferencia Internacional para reducción de daños HR 25.   Hay que recordar que en el 2024 Laura Gil lideró una propuesta para firmar por primera vez una declaración en donde se reconociera el fracaso de la política mundial antidrogas. Otra de las intervenciones destacadas de Gil en Viena fue la de introducir aspectos del medioambiente en la lucha contra las drogas teniendo en cuenta que si bien el cultivo y la producción de drogas devasta ecosistemas, también lo es que el uso del glifosato arrasa la vida humana y la naturaleza. Los párrafos introducidos por Colombia piden excluir la utilización de químicos tóxicos en la erradicación de cultivos ilicitos.   A lo largo de su carrera esta uruguaya con corazón colombiano se ha distinguido por su defensa a los derechos de las mujeres, la comunidad LGBTIQ+ y los pueblos indígenas. La OEA, en tiempos de Trump, tendrá varios retos que tienen que ver directamente con las políticas del actual presidente norteamericano apuntadas contra los migrantes, la gran mayoría de ellos pertenecientes a esta porción de la tierra.

Por: Oscar A. Chala Padilla, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Ha sido debate de los últimos días si los gobernadores pueden apoyar la Consulta Popular que el pasado 1 de mayo fue radicada en la Secretaría del Senado. Esto, luego de dos episodios que han generado ruido en la opinión pública nacional. El primero tiene que ver con las declaraciones del Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya , el 29 de abril  donde, además de declarar su intención de lanzarse a una candidatura por la presidencia, también indicó que apoyaría el SÍ a la Consulta. El segundo, porque el alcalde de Barbosa (Santander), Marco Alirio Cortés Torres , electo en 2023 por una coalición entre el partido Colombia Renaciente y el Partido de la U, salió también en una alocución en redes sociales declarando que votaría SÍ y haría campaña por la consulta , invitando a la ciudadanía de su municipio a votar por esta opción. En ambos casos, varios medios de comunicación han salido a hacer cubrimiento sobre la posibilidad de que alcaldes, gobernadores, diputados y concejales puedan hacer declaraciones a favor o en contra de una Consulta que hasta hace menos de una semana se radicó y que aún no ha sido discutida y aprobada por el Senado. Noticias Caracol, en su emisión nocturna del 30 de abril ha señalado la falta de jurisprudencia al respecto de este tema, indicando que hay un concepto de la Procuraduría que daría luces frente al tema tras la Consulta Anticorrupción de 2018, pero que no existen reglas de juego claras, lo que ha llevado a que exista una zona gris en la que funcionarios públicos elegidos por voto popular hagan campaña sin claridad de si pueden hacerlo o no. Pero ¿qué dice la jurisprudencia existente al respecto?, ¿existe esta jurisprudencia o, como dijo Camila Zuluaga en su Código Caracol del pasado 29 de abril , esta no existe? Desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad le pusimos la lupa a este tema, esperando la nueva circular que la Procuraduría debe emitir en las próximas semanas dejando claras las inhabilidades e incapacidades que tienen los funcionarios públicos frente a estas elecciones y las de 2026.   ¿Qué dice la ley al respecto? La ley que regula los mecanismos de participación ciudadana es la Ley Estatutaria 1757 de 2015 . En todo su articulado no hace referencia a las potenciales inhabilidades e incompatibilidades que tienen los funcionarios públicos frente a este ejercicio, aun cuando se podría inferir del Artículo 34  que, si el gobierno hace campaña por alguna de las opciones, debe notificar sus intenciones ante el Consejo Nacional Electoral luego de 15 días de publicado el decreto de convocatoria a la Consulta Popular. Partiendo de allí, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los funcionarios públicos frente a escenarios electorales está regulado, ante todo, para aquellas elecciones ligadas a partidos políticos y para cargos de elección popular. En ese caso, la legislación dice lo siguiente. 1. El Artículo 127 de la Constitución Política indica que los funcionarios públicos relacionados con la Rama Judicial, los órganos de control y los órganos electorales tienen prohibido tomar parte de las actividades de los partidos políticos ni entrar en controversias relacionados con ellos. En este caso, la Directiva 010 de 2018  de la Procuraduría, que regulaba la participación de funcionarios públicos en la Consulta Anticorrupción de ese año, va en consonancia con este artículo, pues también limitaba la participación en el proceso a estos mismos entes. 2. El Artículo 48 del Código Único Disciplinario dice, en su numeral 39 , que los funcionarios públicos no pueden utilizar sus cargos para participar en actividades ligadas a los partidos políticos y para entrar en controversias políticas. Del mismo modo, en el numeral 40 , afirma que los funcionarios públicos tienen prohibido usar sus cargos para presionar a particulares por influir en procesos electorales, ni pueden usar su cargo para apoyar campañas políticas. 3. El Artículo 422 del Código Penal  indica que los funcionarios públicos no pueden intervenir en política para perjudicar o favorecer candidatos. 4. El Artículo 38 de la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías) señala que los funcionarios públicos tienen prohibido el uso de los bienes y recursos del Estado y su propio servicio público para favorecer campañas políticas. No obstante, el problema que radica con la participación de funcionarios públicos en procesos electorales surgidos por mecanismos de participación ciudadana es que no existe una ley estatutaria que desarrolle de manera específica los alcances de las prohibiciones y las conductas que estos funcionarios deben tener en estos escenarios. Aun así, la sentencia C-794 de 2014  de la Corte Constitucional , que toca el tema de las controversias políticas en las que pueden participar funcionarios con un cargo público, da algunas luces sobre este tema. Frente al concepto de “controversias políticas” consagrado en el Artículo 127 de la constitución, la Corte establece que: “En efecto, la expresión “controversias políticas”, consagrada en el artículo 127 de la Constitución como prohibición dirigida a empleados estatales, hace referencia a las controversias políticas de tipo partidista o en el marco de procesos electorales, y en modo alguno a la intervención de estos en deliberaciones o discusiones sobre temas públicos de interés general ajenas a los debates electorales o a las disputas partidistas -de partidos o movimientos políticos-, pues supondría desconocer la importancia de la deliberación pública entre todos los ciudadanos para el funcionamiento de la democracia representativa y participativa. En esa medida, establecido así el alcance constitucional de la propia expresión demandada, la disposición del artículo 48 -numeral 39- del CDU, ha de ser entendida en su alcance estrictamente partidista o electoral, no pudiendo presentarse una incompatibilidad entre el precepto legal y la norma superior” . Lo que, en concepto de la Corte Constitucional, no impide que funcionarios públicos como gobernadores o alcaldes participen en deliberaciones públicas sobre el interés general ciudadano. En cierto modo, impedirlo vulneraría su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de participación en la conformación, control y ejercicio del poder político en el país, consagrados ambos en el Artículo 20 y 40 de la Constitución Política . Lo que no pueden hacer los funcionarios públicos que no estén señalados como inhabilitados en el Artículo 127 de la Constitución es usar su cargo y los recursos que poseen a su disposición para promover cualquier acto de proselitismo político. En ese caso, el Concepto 1845/2007  de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado  señaló que “no es factible que las autoridades territoriales […] destinen […] ninguno de los bienes públicos para actividades relacionadas con [el] activismo político en época preelectoral”. Además, la Sentencia C-1153 de 2005 de la Corte Constitucional indica que “los recursos del Estado están reservados para el interés general”, por lo que los funcionarios públicos solo pueden usar los bienes indispensables para su función, no para campañas políticas de ninguna índole. Esto significa que los gobernadores y alcaldes, así como concejales y diputados, tendrían prohibido usar sus vehículos, la publicidad gubernamental, los bienes estatales, el presupuesto público y su personal dependiente de su cargo para hacer campaña en esta Consulta. Esto queda reafirmado en lo señalado por la Directiva 010 de 2018 , en la que la Procuraduría General de la Nación estableció la misma normativa, al indicar que los servidores públicos no pueden usar recursos públicos ni bienes del Estado para hacer campaña por alguna opción en la Consulta. Del mismo modo, esto, según la Procuraduría, se extiende a su tiempo de trabajo reflejado en su jornada laboral, ni total ni parcialmente, para hacer estas labores de proselitismo. Es decir, los gobernadores y alcaldes, en el caso de Carlos Amaya y Marco Alirio Cortés, sí podrían manifestar su postura política sobre la consulta y participar en campañas informativas sobre la consulta, pero NO PODRÍAN  usar ni recursos del Estado ni su cargo para hacer campaña, lo que implicaría que pueden participar en escenarios de debate y deliberación sobre la misma, apoyar una de las opciones o la abstención, pero como ciudadanos, por fuera de su ejercicio como servidores públicos y con los trámites regulares necesarios. En este último punto, la Procuraduría fue clara en su Directiva 010 de 2018 , en que cualquier funcionario público que decida participar en la Consulta debe declarar su intención y la opción que ha decidido apoyar ante las autoridades competentes. Esto es importante, porque la Procuraduría, además de publicar una nueva directiva frente a este proceso, debe hacer seguimiento y emitir concepto sobre si las declaraciones de Amaya y Cortés, en el ejercicio pleno de sus funciones como gobernador de Boyacá y Alcalde de Barbosa (Santander) respectivamente pasa por encima de lo establecido tanto en las sentencias de la Corte reseñadas en este artículo, junto con lo indicado en la directiva 010 de 2018, o si, en este caso, existe una zona gris hasta que la Procuraduría emita concepto. Para ello, será necesario esperar, pues la Procuraduría sólo puede emitir este concepto cuando el Senado apruebe la Consulta Popular y se organicen los comités del SÍ, del NO y los grupos que llamarán a la abstención. Aun así, según Camila Zuluaga, en las próximas semanas habría luces frente a esta normativa si la Procuraduría publica una circular dirigida a funcionarios públicos  frente a sus derechos, deberes e inhabilidades ante el escenario electoral de 2026. ¿Y el gobierno, puede hacer proselitismo por la Consulta sin haberse aún aprobado? Dos hechos han generado ruido frente a la posibilidad de que el gobierno se haya adelantado a la campaña por el SÍ instalando los comités ciudadanos para la Consulta Popular. El primero sucedió el 30 de marzo en Soledad (Atlántico) y para el 24 de abril se hizo una instalación formal de los mismos en la Casa de Nariño . Frente a esto, según El Tiempo , la opinión de los expertos es que no contraviene en sí mismo la ley, especialmente en tanto estos comités, según los congresistas del Pacto y de los partidos de su bancada de gobierno y por el mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, se han dedicado a hacer pedagogía sobre la reforma y son expresiones autónomas de la ciudadanía que quiere expresar su mensaje al Congreso frente a la defensa de sus derechos y la urgencia del debate sobre las reformas sociales. No obstante, han sido denunciadas varias irregularidades frente a la posibilidad de que el gobierno presuntamente esté entregando contratos a organizaciones sociales para moverlas a favor de la consulta. Esto, debido a la firma de varios contratos con la ONIC, la OPIAC y el CRIC tras la minga indígena  que hubo en Bogotá la semana pasada y la marcha del 1ro. de mayo, que suman en total 400.000 millones de pesos. No obstante,   según el artículo 34 de la Ley 1757 de 2015 , en el que hablamos al inicio de este análisis, las campañas sólo pueden empezar cuando las autoridades competentes decreten la fecha en la que se va a realizar la Consulta Popular. Es decir, cuando el Senado apruebe la Consulta y el gobierno la decrete. Aun así, el gobierno, a través de su gabinete ejecutivo y de sus congresistas, sigue organizando los comités a nivel local y regional, buscando recortar tiempo mientras el debate sobre la Consulta comienza próximamente en Senado. Por ahora, en medio de esas líneas grises, el gobierno, los gobernadores y los alcaldes se han movido para irse acomodando ante el escenario preelectoral previo a la Consulta Popular que puede ser otra de las aperturas a la campaña de 2026, que ya se ha movido con algunas precandidaturas y con la posibilidad de realizar elecciones primarias para algunos partidos en octubre de 2025.

Por: Daniel Parra y Francisco Daza El mes de mayo inició con un anuncio trascendental por parte del presidente Gustavo Petro: la instalación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) en la zona rural del municipio de Tibú, en la región  del Catatumbo. Esta medida, enmarcada en la Ley 2272 de 2022 que establece los lineamientos de la llamada "Paz Total", busca fortalecer el Estado social de derecho a través de la presencia institucional y la implementación de transformaciones territoriales pactadas con estructuras armadas en proceso de diálogo con el gobierno nacional. Como antecedente inmediato, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 0448 de 2025, mediante el cual se suspenden durante un mes —hasta el 18 de mayo— todas las operaciones militares contra el EMBF. Esta medida se produce tras 18 meses de cese al fuego bilateral y tiene como propósito habilitar condiciones de seguridad y logísticas que permitan el tránsito ordenado de las estructuras que componen el EMBF hacia las ZUT, facilitando así procesos de transformación territorial, particularmente en las regiones de Caquetá y el Catatumbo. Sin embargo, la designación de Tibú como sede de una de estas zonas ha encendido las alarmas entre autoridades locales, organizaciones sociales y comunidades, debido al frágil contexto de seguridad en la región y la superposición de actores armados con una disputa armada abierta. A continuación, exponemos por qué no existen condiciones adecuadas para su implementación y los posibles efectos adversos que esto podría desencadenar en la ya compleja dinámica del conflicto en el Catatumbo. Un enclave en disputa: riesgos geoestratégicos de la ZUT La concertación de una ZUT en Tibú para el Frente 33 representa un riesgo geoestratégico de alto nivel. Aunque el Gobierno ha manifestado que la zona estaría protegida por la fuerza pública, la realidad es que Tibú constituye un territorio altamente disputado, donde la presencia activa del Ejército de Liberación Nacional (ELN) genera condiciones de extrema vulnerabilidad. En este contexto, la eventual concentración del Frente 33 en una ubicación fija podría representar una oportunidad para el ELN, que ha intensificado su ofensiva armada en la región, incluyendo el uso de drones con explosivos y emboscadas, para debilitar o expulsar a su contraparte del territorio. Por otra parte, el Frente 33 ha operado históricamente en el Catatumbo, y su negativa a ser reubicado fuera de su zona de influencia demuestra la importancia estratégica de este enclave para su estructura. Esta situación anticipa una resistencia a cualquier propuesta de desplazamiento y, al mismo tiempo, eleva las tensiones con el ELN, que ha reiterado en múltiples ocasiones su intención de confrontar a este grupo armado y al Ejército Nacional hasta consolidar su control territorial. Como consecuencia, las comunidades rurales, ya afectadas por décadas de violencia, quedarían aún más expuestas al fuego cruzado, el desplazamiento forzado, las amenazas y otras violaciones de derechos humanos, profundizando la crisis humanitaria que se viene presentando desde enero de este año. Un frágil equilibrio y el riesgo de colapso del proceso El escenario se torna aún más preocupante ante la posibilidad de una ruptura de la mesa de diálogo entre el EMBF y el Gobierno Nacional. De suceder, los distintos frentes del Bloque Magdalena Medio permanecerían replegados en el Catatumbo —como lo autoriza el Decreto 0448—, lo que transformaría las ZUT, concebidas como espacios de tránsito hacia la paz, en enclaves de consolidación armada. Esta concentración militarizada podría desencadenar una escalada de confrontaciones con el ELN o con la fuerza pública, agudizando la violencia y debilitando gravemente el proceso de paz. A esto se suma una preocupante ausencia de claridad en aspectos logísticos y operativos esenciales: ¿quién garantizará la protección efectiva de las zonas?, ¿qué mecanismos de verificación se implementarán?, ¿cómo se identificará a los miembros del EMBF reubicados?, ¿qué rol jugarán las autoridades locales en el proceso? Estas preguntas siguen sin respuesta y alimentan el escepticismo entre la población civil y las instituciones regionales. Advertencias desde el territorio: voces que deben ser escuchadas Luis Fernando Niño, Alto Consejero para la Paz y la Reconciliación en Norte de Santander, ha expresado con franqueza las preocupaciones que genera la instalación de la ZUT en Tibú. Si bien reconoce el potencial beneficio de reducir la violencia armada (“menos muertos y menos ataques a la población civil”), también alerta sobre los vacíos estructurales del proceso: “No sabemos quiénes serán los verificadores, quiénes los van a proteger, cuáles serán las condiciones logísticas para garantizar la seguridad”. Niño advierte, además, sobre los posibles efectos de una reacción armada por parte del ELN ante la presencia del Frente 33 en la región. En sus palabras: “Una situación que se puede presentar es que todos los hombres armados en una zona no van a irse a luchar a otras zonas, sino que estarán todos ubicados luchando contra el ELN”. De ser así, la ZUT no sería un paso hacia la paz, sino la antesala de una intensificación del conflicto armado en el corazón del Catatumbo. Reflexiones finales: el Catatumbo no puede ser un experimento La instalación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Tibú, sin garantías mínimas de seguridad y sin claridad institucional sobre su implementación, representa un riesgo significativo para la población civil, el gobierno nacional y el propio proceso de negociación con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF). Las experiencias previas en contextos similares han demostrado que los procesos mal planificados, o llevados a cabo sin el involucramiento activo de las comunidades ni mecanismos robustos de verificación, terminan profundizando los ciclos de violencia, debilitando la confianza ciudadana y erosionando la legitimidad de las negociaciones. En este contexto, se hace urgente una evaluación más rigurosa del terreno, así como una articulación efectiva con los actores territoriales, entre ellos los gobiernos locales, las organizaciones sociales y las comunidades del Catatumbo. Del mismo modo, es indispensable diseñar e implementar un sistema sólido de monitoreo, verificación y protección que brinde garantías reales tanto a la población como a los actores en proceso de transición. Además, la implementación de cualquier medida de ubicación transitoria debe ir acompañada de condiciones contextuales que la habiliten, es decir, de un entorno mínimo de seguridad, confianza institucional y compromiso real con los cambios prometidos. Esto implica mostrar resultados tangibles en el territorio, que reflejen la voluntad política de avanzar hacia una paz duradera. Hoy por hoy, esas condiciones no están dadas en el Catatumbo. La prioridad para esta región debe centrarse en reducir las acciones armadas de todos los grupos presentes, garantizar el retorno digno y seguro de las familias desplazadas, y avanzar en la consolidación de una estructura estatal integral que responda a las demandas históricas del territorio. Sin esto, cualquier intento de establecer una ZUT corre el riesgo de convertirse en un experimento fallido, con consecuencias graves e irreversibles para la paz y la seguridad en la región.