Por: Observatorio para la Defensa de la Vida ( ODEVIDA ) Día a día, las organizaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, las organizaciones de mujeres, ecologistas o de víctimas fortalecen su lucha por la Madre Tierra. Son la primera línea de defensa. Y son ellas las responsables de que en Colombia, Perú y Venezuela todavía haya territorios no intervenidos por el afán industrializador. A todas ellas, desde el Observatorio para la Defensa de la Vida, dedicamos este trabajo. Este boletín es el abrebocas de una investigación realizada con el fin de visibilizar las vulneraciones que enfrentan líderes y lideresas ambientales. En él encontrarás un análisis de la sistematicidad del asesinato de estos liderazgos en Colombia; otro sobre la priorización de la industria minera y cómo esta ha afectado a las comunidades en Perú y, por último, una revisión sobre los conflictos políticos y socioambientales a partir del extractivismo minero y carbonífero en Venezuela. Te invitamos a consultar el boletín completo y a estar al tanto de la publicación del informe final.

Por: Walter Aldana Político social alternativo En la anterior columna retomaba las propuestas de “permiso previo del campesinado”, similar a la consulta previa étnica para mega proyectos; el diálogo hacia un "Pacto por la vida y el desarrollo" y un acuerdo entre la agroindustria y las comunidades para asegurar un desarrollo social y ambientalmente sostenible, así como el reordenamiento del territorio para afianzar la implementación de los acuerdos firmados con las FAR-EP, y los más de mil pactos de carretera. En esta segunda columna de propuestas para el Cauca, debemos decir que: Primero, se hace urgente una Constituyente Educativa Departamental que culmine su labor de planeación con una ordenanza expedida por la honorable Asamblea Departamental, y que consigne las definiciones del constituyente primario en políticas públicas para su mejoramiento. Segundo, siendo de carácter nacional su determinación, y reconocido el fracaso gubernamental del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), sustentado en la falta de voluntad política institucional y el San Benito de la falta de recursos económicos, es necesario generar una especie de amnistía financiera (ejemplo pasado de la ventanilla del Banco de la República por donde se legalizaron capitales ilícitos) que para nuestro caso sería de obligatoria inversión en el desarrollo regional agroindustrial y de conservación ambiental del Cauca. Tercero, poblaciones como Piamonte, Río Chiquito, el Alto Naya, el Sinaí, etc, que se ven aisladas de la dinámica político administrativa de nuestra capital Popayán por inexistencia o precariedad vial, deben tener como alternativa la construcción de pequeñas pistas de aterrizaje de no más de 1 kilómetro para aeronaves pequeñas de pasajeros, en una alianza mixta; pistas construidas con recursos gubernamentales y avionetas compradas con dineros legalizados en la amnistía financiera en el párrafo anterior descrita. Una de las ganancias de la firma del acuerdo con las FARC-EP, es que las comunidades pudieron expresar sus esperanzas y dificultades. Por ello, pasamos de 25 conflictos interétnicos e interculturales reconocidos en el 2012 a más de 120 en 2016, tan solo en el departamento del Cauca. Lo anterior, según actas de la Mesa Interétnica e Intercultural del Cauca. Por esto, otra propuesta apunta a reconocer y fortalecer, mediante una ordenanza departamental, a los actores de la Mesa Interétnica e Intercultural del Cauca, como el espacio de resolución de conflictos con la participación del Gobierno nacional. Acá donde nos aprestamos a las delicias de diciembre y la navidad, tiempo nos quedará para reflexionar sobre más temas y el cómo debe ser, con quién y cómo hacerlo. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Laura Cano Periodista Pares Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) alertamos sobre la desaparición de dos líderes del territorio ancestral y colectivo de la cuenca del río Yurumanguí. Se trata de Abencio Caicedo, delegado por la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario al Equipo de Resolución de Conflictos y Edison Valencia, Coordinador de Control y Vigilancia de la Organización Étnico Territorial APONURY del río Yurumanguí, de quienes no se obtiene información desde el pasado 28 de noviembre. Caicedo, además, había sido candidato al concejo en el 2019 por el partido Polo Democratico. Al cumplirse 04 días de su desaparición, y al no obtener ninguna respuesta, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, CONPAZ, y el Proceso de Comunidades Negras, PCN, elevaron la denuncia para que organismos estatales e instancias nacionales e internacionales tomen, prontamente, las medidas necesarias para que Abencio y Edison puedan volver con vida a sus territorios. La última información que se tiene es que se dirigían a una reunión en el Naya, junto a ellos iba otra persona más, a quien no retuvieron. Justamente fue esta otra persona la que posteriormente alertó sobre lo sucedido. No obstante, más allá de lo denunciado en el comunicado hasta el momento lo que se conoce es muy poco. No hay certezas ni de paraderos, ni de las personas involucradas en la detención. ¿Qué rodea este hecho? Hace algunas semanas, desde la oficina Pacífico de Pares se había alertado sobre la situación de las comunidades ribereñas de Buenaventura. En el texto escrito por Dennis Huffington, investigador territorial, se advertía que en la zona rural de Buenaventura se está viviendo un fuerte proceso de disputa entre actores armados provenientes del Cauca y el Chocó. Justamente uno de los grupos que ha ganado control en Buenaventura es el Comando Coordinador de Occidente (CCO), “conformado por diferentes frentes y columnas que, en algunos casos, se enfrentaban entre sí. Algunas de estas son: las 'Columna Móvil Jaime Martínez', 'Columna Móvil Dagoberto Ramos', 'Columna Móvil Franco Benavídez', los frentes 'Carlos Patiño' y 'Rafael Aguilera', y compañías como la 'Adán Izquierdo'”, se lee en el texto. Además se agrega que: “Dicho comando nace con la necesidad de unificar poder militar para hacerle frente a la expansión territorial del ELN y la 'Nueva Marquetalia', por lo que se agrupan en la denominada 'línea de Gentil Duarte'. Esto permitió que, en la subregión del Naya y la cuenca del río Yurumanguí, en Buenaventura, la 'Jaime Martínez' estableciera su control territorial, casi hegemónico, absorbiendo grupos dispersos como las Guerrillas Unidas del Pacífico y Defensores del Pacífico, que se enfrentaban como herederos del 'Frente 30'”. Uno de los motivos de disputa en esta zona son las economías de la guerra y las rutas hacia el mar Pacífico. Además, el CCO, que se ha venido fortaleciendo desde febrero de 2020, se vale de restricciones a la comunicación para no permitir la denuncia de los hechos victimizantes contra la comunidad, cortando en internet, por ejemplo. A esto se suma la constante amenaza en la que está la población a quienes señalan de ser colaboradores de otros grupos armados ilegales o de la Fuerza Pública, relata Huffington. El investigador, además, señala que en la zona el CCO está conformado principalmente por personas jóvenes, a quienes reclutan de regiones como el Naya, siendo esta otras de las victimizaciones que afecta a las comunidades ribereñas. Justamente esta es una de las razones por las que trabaja la Organización Étnico Territorial del río Yurumanguí, una de las más consolidadas de la zona, que además también ha adelantado acciones por la efectiva implementación del Acuerdo de Paz. Asimismo, dicha colectividad ha hecho una fuerte oposición al sembrado de cultivos de uso ilícito. En relación con lo anterior, según el Observatorio de Drogas de Colombia, en Buenaventura hay 907 hectáreas de coca, con corte de 2020. Además, a través de información suministrada por Huffington se conoce que en el distrito especial “entre enero y octubre de este año hubo 21 desplazamientos, son 863 familias, 4013 personas registradas. En la zona rural, como Cajambre, Raposo y Yurumanguí se han desplazado hacia el casco urbano unas 150 personas. Se han reportado 191 asesinatos, oficialmente reportados, según datos de la Personería, y hay 12 denuncias de desaparecidos en lo que va del año. Cabe resaltar que en muchos casos los desaparecidos pertenecen a estructuras armadas y las familias son amenazadas para no denunciar”. Así las cosas, el llamado es a que las instituciones salvaguarden la vida de los liderazgos sociales y de las comunidades que hoy, nuevamente, viven con angustia la situación de su territorio. Asimismo, desde Pares nos sumamos a los exigencias para que se atienda con urgencia el caso de Abencio Caicedo y Edison Valencia, para que pronto puedan retornar a sus comunidades.

Por: Laura Cano Periodista Pares El tablero electoral de las fichas que competirán por la presidencia continúan configurándose; entran unos salen otros. Esta vez los movimientos estuvieron al interior del Partido Verde Oxígeno, el cual le dio el aval al exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, para participar en la consulta de marzo dentro de la Coalición Centro Esperanza. Hay que recordar que en dicha consulta también participarían: Alejandro Gaviria, por la Alianza Social Independiente (ASI); Sergio Fajardo, por el movimiento Compromiso Ciudadano; Jorge Robledo, por Dignidad; Juan Manuel Galán, por el Nuevo Liberalismo; Carlos Amaya, por el sector de la Alianza Verde y Juan Fernando Cristo, que va como independiente. Esta decisión se comunicó en la convención Somos Verde Esperanza, allí Ingrid Betancourt, fundadora del Partido dijo que: “A nombre de Verde Oxígeno le entregó a Carlos Amaya un árbol que va a crecer mucho porque lo vamos a cuidar entre todos”. Con esto, cabe mencionar dos cosas. Por un lado, sobre la carrera política de Amaya, quien inició en cargos de elección popular desde 2010, cuando fue elegido como representante a la Cámara por Boyacá, siendo el más joven de Colombia, pues para ese momento tenía 25 años. En 2015, con 30 años de edad, fue candidato a la Gobernación de Boyacá por el partido Alianza Verde, salió como vencedor en esa contienda y, de nuevo, se convirtió en el gobernador más joven. Durante su periodo en la Gobernación (2016-2019) fue elegido como el mandatario regional más destacado, según Cifras y Conceptos. Además, finalizó su mandato como el gobernador con la mejor imagen favorable, según encuesta del Centro Nacional de Consultoría para el noticiero CM&. Así las cosas, la Coalición, en el marco de la Convención Somos Verde Esperanza, dijo a través de un comunicado: “Expresamos nuestro apoyo al ingeniero Cralos Andrés Amaya Rodríguez como nuestro candidato, con miras a la consulta que realizará esta coalición en marzo de 2022, para definir un aspirante único a la presidencia de la República. Con la convicción de que será el próximo presidente, toda vez que estamos convencidos de quien será quien lleve a cabo los cambios que necesita el país para empezar a caminar por una senda de paz política sostenida y de desarrollo económico estable”. Por otra parte, hay que traer a colación que hace tan solo un par de días el Consejo Nacional Electoral (CNE) le devolvió la personería jurídica al partido Verde Oxígeno lo que posibilitó que hoy se le dé el aval a Amaya. Esto vino luego de que Ingrid Betancourt solicitará a finales de octubre la restitución de la personería jurídica de su partido, el mismo por el que ella fue candidata a la presidencia para las elecciones de 2002, mismo año en el que fue secuestrada por las Farc y en el que desapareció su partido. La decisión del CNE llegó luego de que la Corte Constitucional determinara que el Nuevo Liberalismo tenía derecho a la personería jurídica, pues el partido había perdido la posibilidad de ejercer política de manera violenta. Así las cosas, bajo este mismo argumento se dio vía libre a Verde Oxígeno para que participe de las contiendas tanto presidenciales, como al Congreso. Es preciso aclarar que, como lo afirmó en La W antes de que le fuera devuelta la personería jurídica a Verde Oxígeno, Betancuort señaló no aspirar a la presidencia, y que en cuanto a al Congreso, ante la posibilidad de la personería, que ya es un hecho, optarían por una alianza con el Nuevo Liberalismo para Bogotá. No obstante, para la presidencia sus apuestas son a través de la Coalición de la Esperanza, y en eso vale la pena señalar que “ desde hace varios meses atrás, Angélica Lozano y miembros del partido Verde estaban en acercamientos con Betancourt para participar en la contienda electoral, como candidata, garante o asesora del proceso. Estas conversaciones resultaron recientemente en la vocería de Betancourt del Cónclave del Centro Esperanza, así como en la inclusión del nuevo partido Verde Oxígeno dentro de esta coalición”, como explicó Esteban Salazar de coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares. Hay que resaltar que el pasado 12 de noviembre la Alianza Verde tomó la decisión de que las personas militantes del partido apoyarán al candidato alternativo a la presidencia que más se acercará a los intereses de individuales, lo que llevó a que el partido se quedará sin candidatura oficial,y Carlos Amaya, quien se perfilaba como precandidato del movimiento, tuviera que barajar sus opciones, decidiendose por la Coalición de la Esperanza y, ahora, contando con este aval. No obstante, como indica Salazar, “El partido Verde Oxígeno no tiene votantes, ni bases, ni nada. Es una fachada para garantizar el aval presidencial, sin estructura y votos dentro del nuevo partido”. Así las cosas, faltaría ver cómo será la campaña de Carlos Amaya y qué alcanza a obtener con los caminos que ha tomado su candidatura.

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda. La mayoría de las personas, más por desinformación que por insensatez, relacionan al comunismo con Fidel Castro, Hugo Chávez, Daniel Ortega, Lula da Silva, e incluso, con Gustavo Petro; cuando en verdad ninguno de ellos es ni ha sido comunista. Hay también quienes, estudiando la historia, lo relacionan con la Revolución rusa, liderada por Lenin y con la Revolución China, liderada por Mao Tse-Tung, ambos levantamientos populares y ambos líderes lejanos de lo que desde su definición es el comunismo. E igual hay quienes, más aguzados que los anteriores, relacionan al comunismo con Marx y Engels, que lo determinaron científicamente como un modelo de economía política, cuya implantación tan a largo plazo les resultaba más parecida a una utopía que a una esperanza. De hecho, los filósofos advirtieron rápidamente que para su desempeño funcional sería indispensable preparar a la población a tal punto que su comportamiento ciudadano fuera naturalmente ejemplar y en consecuencia, las normas y las leyes innecesarias. Con todo, siendo el comunismo un proyecto a todas luces más utópico que posible, Marx y Engels previeron puntuales etapas para su implementación futura. Se requería, primero, el desmonte de las formas de gobierno y de los modos de producción regentes -las sociedades capitalistas del industrialismo- y luego de esto requería el establecimiento de un estado socialista, plegado a los entendimientos ya consolidados en Francia, Inglaterra y en buena parte de Europa. Cabe decir, cómo a Marx y a Engels les endilgan la creación del socialismo como modelo anticapitalista, siendo que mucho tiempo antes de ellos ya en Francia se había gestado, con ese mismo rótulo de socialismo, a una línea político y filosófica abanderada entre otros por Saint-Simón y Owen, que buscaban -desde la crítica al individualismo y a las competencias manipulables del mercado- un control colectivo, o mejor, un régimen económico corporativo; es decir, constituido por empresas de muchas personas (“la unión hace la fuerza”) y no por empresas de una sola persona poderosa. De igual manera, a mediados del siglo XIX, en Inglaterra se había avanzado bastante alrededor de la misma idea, animados por el eslogan revolucionario “políticas para la gente” y en conexión con los principios filosóficos del cristianismo, tendientes al reconocimiento del otro. Luego, ya en los comienzos del siglo XX, George Douglas, reviviría la noción del socialismo corporativo, implícita en el socialismo utópico, pero esta vez delegando el manejo de las corporaciones a la clase trabajadora y no a las personas en general, como era la idea de Saint Simons. De manera que, Karl Marx y Friedrich Engels, conscientes de la inaplicabilidad a corto y mediano plazo del comunismo, visualizaron como realizable sólo la etapa correspondiente al socialismo, y lo tomaron tan en serio que le consideraron siempre bajo el rótulo de “socialismo científico”, para precisar que su devenir era un asunto histórico y su materialización la continua lucha de clases. Un entendimiento bajo el cual nadie puede cuestionar la aplicación del sistema comunista mientras exista una realidad histórica entregada a las formas del capitalismo y mientras continúe la lucha de clases como todavía hoy ocurre. Sin embargo, bajo el señalamiento de comunistas, todos los socialistas, desde Marx hasta Chávez, han sido y siguen siendo blanco de críticas adversas, no sin justa razón, porque quiérase o no, con el socialismo en el poder hubo mucha desigualdad e injusticia durante el siglo XX tanto en Europa, Asia, China como en el Caribe. Y más que un intento por derribar a las clases poderosas y por desmontar al capitalismo, hicieron lo mismo que los gobiernos capitalistas con distintas banderas y excusas. Lo cierto es que hay muy pocas personas enteradas del Comunismo, tal y como Friedrich Engels lo describió en su ensayo “El origen de la familia, la propiedad privada y el estado”; es decir, como el primer momento en el desarrollo de las sociedades con un modo económico de producción basado en el sentido común y en las buenas relaciones entre los humanos; todo como resultado de haber advertido la necesidad -motivados por la misma supervivencia- de pensar para el beneficio de la colectividad antes que hacerlo para el beneficio de sí mismos. Ese es el principal elemento del comunismo fundacional: la búsqueda del interés social por encima del interés individual. Una premisa tan fuerte que, desde entonces y hasta hoy, los gobiernos democráticos coinciden en ese principio comunista materializado en el campo jurídico de la administración pública: “El interés general prevalece sobre el particular”. En efecto, ya está demostrado científicamente -con la lógica de los entendimientos y con las comprobaciones arqueológicas- cómo las relaciones de ese grupo social primigenio, donde cada uno de sus integrantes estaba acostumbrado a pensar en sí mismo como individuo, empezó de pronto a desarrollar un modo de vida, una cotidianidad y unas relaciones grupales, plenas de armonía social, donde todas las personas eran buenas y donde a nadie le faltaba algo, excepto que les faltara a todos. La descripción que hizo Engels en su ensayo “El origen de la familia, la propiedad privada y el estado”, acerca de la organización social de los indios piel roja norteamericanos, lo ilustra mejor: “La grandeza del régimen de la gens, pero también su limitación, es que en ella no tienen cabida la dominación ni la servidumbre. En el interior, no existe aún diferencia entre derechos y deberes; para el indio no existe el problema de saber si es un derecho o un deber tomar parte en los negocios sociales, sumarse a una venganza de sangre o aceptar una compensación; el planteárselo le parecería tan absurdo como preguntarse si comer, dormir o cazar es un deber o un derecho”. (F. Engels. El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. Cap. IX, Barbarie y Civilización). Eso es lo que veríamos, de existir el comunismo real; pero ese comunismo primitivo se desdibujó y fue sucedido por modelos de organización social total y atrozmente contrarios a las bondades de la sana convivencia y al sentido común. Ese comunismo natural se perdió y cuando Marx y Engels advirtieron que había existido, decidieron explicarlo científicamente. De ahí que Lenin, Stalin y Mao Tse Tung se abstrajeron en la obtención del poder -la primera etapa del comunismo- para luego imponer el socialismo con la intención de abonar el camino hacia el comunismo; pero no alcanzaron ni lo uno (el socialismo) ni lo otro (el comunismo). En adelante se erigieron gobiernos socialistas que no pudieron consolidar más que la primera etapa, la guerrerista, porque cuando hubo la opción de implementar la etapa correspondiente al socialismo, tomaron un camino distinto al de los primigenios comunistas. De modo que no hay porqué oponerse a una nueva versión del comunismo si ésta busca reivindicar no a los movimientos socialistas, fracasados todos, sino el modelo del comunismo primitivo. Por tales razones, no entiendo por qué la gente se va en contra de unas nuevas posibilidades del comunismo, o mejor, de lo que sería el Neocomunismo. El neocomunismo, de existir como una nueva versión del comunismo primitivo, tendrá que desmontar la acumulación de riquezas y los demás abusos del capitalismo salvaje o del esclavismo posmoderno; pero como nuevo que es tendrá que promover la propiedad privada. Si el neocomunismo es efectivamente nuevo, eso quiere decir que los estados dejarían de ser los únicos administradores de los bienes públicos y los únicos dictadores de las conductas morales de la sociedad, y tendrían que considerar, necesariamente, la igualdad hasta en términos de poder. Si el neocomunismo existiera, tendría que dejar de ser un proyecto soportado sobre la base de sepultar las formas viejas a través de las rupturas violentas de las revoluciones, como se creía que era la única manera de llegar a un cambio que posibilitará la opción del comunismo. Ya se logró en Latinoamérica con Chávez, Evo Morales, Lula da Silva, Rafael Correa, Cristina Fernández y con el actual presidente del Perú, Pedro Castillo, que han tenido la opción de la ruptura con las formas políticas tradicionales, sin necesidad de actos violentos y sin el uso de las armas. Esa característica del cambio desde la paz, tendría que ser bandera del Neocomunismo. Los comunistas ortodoxos (los socialistas del siglo XX ) pretendían, por ejemplo, suprimir las clases sociales eliminando las diferencias entre quienes tenían mucho capital, los que tenían menos y los que nada tenían. En el neocomunismo -sin llegar a ser un modelo de sociedad donde todos tengan lo mismo-, tendrían que garantizarse al menos las necesidades básicas, como la salud, alimentación, vivienda y educación, que en el presente son un lujo de privilegiados. Lo demás, podría resolverse incluso con fórmulas capitalistas. Si el neocomunismo en verdad fuera una fórmula aplicable como ideología y modelo de producción económica, entonces tendría que desmontar el criterio de que quienes han sido de derecha, quienes han delinquido políticamente, deban excluirse o ser llevados a la picota pública. Por el contrario -sin perdonar a los criminales- habría que incluir, como la democracia lo exige y como no lo hicieron los socialistas del siglo XX, a los opositores. Los mal llamados comunistas del siglo XX torturaban y asesinaban a sus opositores, como suelen hacerlo los gobiernos de derecha, o los obligaban a salir del país cuando no eran expulsados. Eso también tendría que cambiar y tendría que ocurrir algo semejante a lo que en Colombia están tratando de alcanzar los grupos de partidos o fuerzas políticas reunidas (aliados bajo los nombres de Coalición de la Esperanza, Coalición de la Experiencia y el Pacto Histórico) que buscan, precisamente, una comunión donde, cualquiera sea el resultado de las elecciones, los candidatos asociados a cada grupo acompañarán a quien de ellos sea el ganador, sin importar lo opuesto que sean políticamente. Esto, ya es un elemento constitutivo del neocomunismo, y una prueba de que puede existir buenamente. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Cayo Mario Sepúlveda Líder político y social de Tame, Arauca “A los imperios no los derriba nadie, se pudren por dentro, se caen solos'' decía Rodolfo Walsh. La ineptitud y la corrupción a nivel humano y moral, el despilfarro y la falta de austeridad abundan en sociedades corrompidas por el sustento fácil que proporcionan sus dirigentes. Lo anterior suena como una sentencia natural, todo nace, crece, se reproduce y muere. Solo que siempre, al final, la intención de abarcar todo, y creer que todo lo mueve el dinero y las armas no es tan cierto. La política o la politiquería son aspectos mucho más letales a la hora de definir supremacías. Podríamos hablar de muchos ejemplos, pero me voy a remitir solo a un caso y lo demostró Pablo Escobar. Apenas asomó las narices en la política empezó a desmoronarse su imperio. En una región como Arauca, llena de conflictos y diversidad de intereses, unos buenos y otros malos, me parece imposible que un dirigente pueda ser capaz de montar un imperio o mejor, un cartel. Facundo Castillo, un médico que se superó con mucho sacrificio, incursionó en la política Araucana y comenzó a ejercer su profesión no en un consultorio sino en un despacho, como director del Hospital San Vicente. Y, de la mano de Julio Acosta Bernal, llegó al primer cargo del Departamento: la Gobernación de Arauca. En la política se le conoció como un hombre carismático, humanitario, buen servidor y todo un fenómeno en el manejo de las relaciones personales con sus gobernados. Estudios demuestran que pensar en dinero o tenerlo en exceso disminuye la empatía y la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Me parece que ahí está la médula de la situación que vive hoy el exgobernador de Arauca. En su primer periodo de gobierno manejó los ahorros de FAEP (Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera), y el FOMPET (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales). Hay quienes aseguran que en el primer periodo, Castillo manejó una suma aproximada entre 3.5 y 4 billones de pesos, mucho dinero que bien utilizado hubiera permitido superar muchas de las falencias que vive la sociedad araucana. Si bien es cierto que se hicieron algunas cosas, la mayoría de esos dineros Facundo los dedicó a construir su imperio y con un estilo populista del cual él es todo un campeón; aplastó a todos los partidos, organizaciones sociales o cívicas; fue capaz de someter a sus contradictores e hizo todo un cartel entre lo legal e ilegal. Sumando a lo anterior, se ha demostrado, una y otra vez, que los segundos tiempos no son buenos en el ejercicio del poder o mejor, que las reelecciones no son buenas consejeras. La reelección de Facundo no se obtuvo por sus logros en cuanto a obras ejecutadas, se logró gracias a su estilo simpático, su carisma y el dinero que repartió a sus amigos y contradictores. No calculó bien la nueva realidad financiera del departamento que podríamos decir que es diez veces menor a la del primer periodo y que muy seguramente no le permitirían cumplir sus compromisos y repartir dinero como en el primer periodo. Para nadie es un secreto que en nuestro departamento se hacían las recolectas en dinero para torcerle el cuello a la justicia y los entes disciplinarios y fiscales. Cuando todos los araucanos pensábamos que no había nada qué hacer y que la impunidad iba a reinar, los procesos le estallaron en la cara y hoy está recluido en una cárcel a la espera de un juicio que bien podría demorar uno o dos años. En nuestros cálculos políticos, esto es el principio del fin del imperio que quiso establecer Facundo Castillo. Será la Corte Suprema de Justicia la que fallará y ahí no será fácil tumbar estos procesos y, muy seguramente, las investigaciones disciplinarias y fiscales llegarán en cascada y como dice el dicho: “al caído caerle”. Se da como un hecho que al final no solamente podría pagar algunos años de cárcel sino que también quedará sancionado para ocupar cargos públicos. Estas situaciones, al final, lo dejarían por fuera de cualquier participación en elecciones durante varios periodos. Los que observamos el desarrollo de la vida política, sabemos que Facundo aspiraba a establecer hegemonía en las próximas elecciones a la Cámara y se suponía que su esposa podría heredar su empresa electoral. ¿Qué podría venir en el futuro? que muchos trataran de heredar o sacar provecho de la imagen positiva que tienen muchos araucanos, pero lo más importante, es que habrá espacio para nuevos líderes y propuestas que corrijan el rumbo y procuren hacer el mejor uso del poder político. Creemos que llegó el fin de la supremacía política de Facundo y de un estilo populista que ha permitido el afianzamiento temporal de varios líderes que han intentado manejar irresponsablemente nuestra región, pero que, al final, la lógica les pasa factura de cobro por sus excesos. Veamos el caso de Goyo González, Alfredo Colmenares, Julio Acosta Bernal y Facundo Castillo. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Laura Cano Periodista Pares Han pasado un poco más de siete meses desde que en Cali se vivían días y noches de horror, días en los que en las calles de la capital del Valle del Cauca se vivía el miedo de ser asesinado a causa de manifestarse. Pues, mientras muchas personas salían de sus casas para pedir condiciones de vida más dignas, otras pretendían parar este levantamiento social a través de la violencia. Y, a pesar de que la justicia pareciese tardar, ahora se reconoce como si empezará a dar pasos, o, por lo menos, en el caso de Andrés Escobar, a quien la Fiscalía le imputará cargos. Hay que recordar lo que pasó ese 28 de mayo de 2021, cuando las calles fueron punto de encuentro al cumplirse un mes del Paro Nacional, retomado el 28 de abril de este año, luego de que en 2019 comenzará la movilización social como respuesta a la inconformidad frente a temas como la reforma laboral, pensional, el holding financiero, entre otros. Dicha convulsión social, que con la pandemia parecía opacarse, en 2021 se retomó con un motivo principal: el rechazo a la reforma tributaria. Ese 28 de mayo, la fuerza de la protesta social seguía movilizando a miles de personas, incluso cuando solo en un mes, según Temblores, se habían presentado 3789 casos de violencia policial, en los que habían 1248 casos de violencia física y 45 de violencia homicida. Ese día, la situación violenta en la capital del Valle no se calmó, aún cuando el presidente Iván Duque visitó al Comando de la Policía Metropolitana en Cali. Varias zonas de la Sucursal del Cielo fueron alertadas, y una de esas fue Ciudad Jardín, en donde se presentaron reportes de disparos en contra de las y los manifestantes. Dicha situación se pudo evidenciar a través de transmisiones en vivo que realizaron habitantes de la zona, manifestantes y personas de prensa. Poco después se conoció que una de las personas de civil que estaba intimidando y amenazando a quienes protestaban en dicha zona del sur de Cali era Andrés Escobar, quien, al igual que las personas que estaban allí con armas de fuego, estaba actuando al, parecer, en complicidad y con el aval de la Policía. De hecho, para ese momento, desde la misma institución se había informado que al menos 10 uniformados entrarían a investigación, al ser acusados de permitir a civiles disparar contra manifestantes en dicha ciudad. Lo que vino después de las grabaciones en vivo y a las fotografías que permitieron identificar a Andrés Escobar, fue una serie de intentos para limpiar su imagen frente a los graves hechos. Días después, el implicado grabó un video en el que se presentó, diciendo que era un empresario de la industria de la publicidad y que “no tenía intención de causarle daño a una persona, tampoco se presentó ningún herido ni mucho menos un homicidio. Los disparos (al aire) fueron para disuadir a los vándalos, ya que estaban avanzando para quemar el CAI; lo hubieran logrado si nosotros no hubiésemos estado ahí”. Además, agregó que era “una persona de bien, trabajadora, sin antecedentes judiciales, pago impuestos (…) Comprometido con mi ciudad, me duele Cali”. Incluso, en dicho video señaló que el arma con el que había salido era una pistola traumática, y mostró el registro de la DIAN de dicho elemento y su factura. No obstante, en junio la Fiscalía abrió indagación por los hechos ocurridos aquel v28 de mayo. A pesar de que el proceso no parecía dar muchos pasos, medios como Cuestión Pública y 404 productora lograron poner sobre la mesa que el arma que Escobar mostraba en el video, como la supuesta pistola con la que salió a amenazar a los manifestantes, era diferente a la que verdaderamente tenía ese día. “En contraste, en las fotos analizadas y publicadas por este medio, se ve al empresario sostener un arma diferente a la que mostró en el video. Estos aspectos indicarían que Escobar no solo no habría contado toda la verdad sobre su actuación ese 28 de mayo durante el Paro Nacional, sino que habría ocultado, posteriormente, el arma con la que salió a disparar, engañando a la opinión pública y a los fiscales que adelantan la investigación en su contra”. Cuestión Pública, además, habló con Sebastián Caballero, abogado de las personas afectadas en los hechos. El profesional también le dijo al medio que: “Mientras en las imágenes obtenidas por Cuestión Pública se ve una pistola de color oscuro con proveedor ampliado [30 proyectiles], la mostrada por Escobar en el video del 31 de mayo es de color gris, con un proveedor sencillo [15 municiones]. Consideramos que la primera es de fuego, mientras que la segunda es traumática. La Fiscalía debe revisar esta nueva prueba”. De esta forma, el medio no sólo evidenciaba la culpabilidad de Escobar en lo ocurrido en Ciudad Jardín, sino que también debía tener en cuenta que la investigación que adelantaba la Fiscalía pudo haber sido tergiversada por el implicado a través de pruebas falsas. Ahora bien, el abogado Elmer Montaña, quien lo denunció por disparar contra manifestantes, contó, a través de El Espectador, que Escobar será imputado en compañía de otras 16 personas. Al total de implicados se les adelantará el proceso por los delitos de amenazas, tortura, usurpación de funciones públicas, violación de los derechos de reunión, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, detención arbitraria, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión. De acuerdo con el medio los otros imputados son: Andrés Felipe Chicaiza, Juan Antonio Córdoba, Francisco Córdoba García, Diego León Quiroz, Jhon Madrid Quiñonez, Andrés Felipe Quintero, Germán Alejandro Ospina, Alexis Mosquera Mena, José Fernando León, Mauricio Gómez Valencia, Aurelio Guevara Machuca, Christian Ulises Chilito, Jhony Andrés Cuspian, Eder Javier Sico, Ricardo Guzmán Gonzáles y Ariel Augusto Nossa. Al respecto, Isaac Morales, coordinador de la Línea de Investigación de Seguridad Urbana y Crimen Organizado de la Fundación Paz & Reconciliación, señala que este paso “es ejemplarizante, pero también era algo que debía pasar, pues fue un delito de arremetida armada contra manifestantes. Al convertirse en un caso ejemplarizante tendría que verse también en qué tipo de circunstancias se da la condena, pues muchas veces se termina apelando sin que pase mucho con el caso, sobre todo teniendo en cuenta que esto también fue un hecho de neoparamilitarismo urbano”. Siguiendo lo anterior, es necesario señalar que aún no hay una comunicación oficial, pero se espera que pronto se dé, así como que el proceso que se adelante sea tratado con la importancia, rigor y efectividad, dada la gravedad del hecho.

Por: Laura Cano Periodista Pares En noviembre del 2020 se realizó una jornada de prospección y exhumación de cuerpos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia. Allí la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reportó 17 hallazgos forenses, que se encontraron en seis nuevas fosas comunes, que podrían pertenecer a personas desaparecidas en medio del conflicto armado. De esta forma se completaron 71 hallazgos en total, lo que hizo que el cementerio entrará en fase de análisis e identificación por parte de Medicina Legal. La JEP, a través de un comunicado, afirmó que algunas de las características que se identificaron en los cuerpos inhumados eran: la aparición del cuerpo dentro de bolsas negras; amarres en las manos, pies y cuello; heridas de armas de fuego en el cráneo; y vestidos con prendas militares. “Tras la tercera jornada realizada en Dabeiba se encontraron indicios preliminares que indican la realización de necropsias antes de las inhumaciones. Esta condición no es común en personas enterradas de forma ilegal, como tampoco es usual la disposición de los cuerpos en los lugares en que fueron hallados, que no estuvieran en ataúdes, encontrados sin ropa, boca abajo, o dentro de bolsas negras”, explicó la Jurisdicción. En estas visitas se entregaron cinco cuerpos de personas que habían sido reportadas como desaparecidas por acción de miembros de la Fuerza Pública, la mayoría identificados como campesinos de la región y no milicianos, como lo señalaban algunas de las versiones. No eran milicianos, eran civiles En una exclusiva para W radio, se dio a conocer la confesión de un soldado que, ante la JEP, destapó la “olla podrida” de los falsos positivos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba (Antioquia). El soldado reveló que conocía exactamente el lugar en el que habían sido enterradas las víctimas y confesó la forma macabra en la que fueron asesinados los civiles, así como la manipulación de la escena del crimen. El soldado, además, reveló que las víctimas eran traídas de la ciudad de Medellín y por lo general eran habitantes de calle o drogadictos, los cuales eran reclutados por los soldados para complacer a sus superiores. En dicho interrogatorio, el militar sostuvo que los soldados reunían dinero para la compra de las armas y prendas que se les ponía como forma de “engaño”. Estos hechos fueron favorecidos por el comandante del batallón, Mayor Efraín Prada. En una de las confesiones que hizo el soldado ante los magistrados de la JEP, señaló que en Dabeiba, el comandante de pelotón, Sargento Jaime Coral, los ponía a fabricar explosivos como minas antipersona para ponérselos a los cadáveres y, con ello, hacer más convincente el relato de que eran supuestos criminales, cuando en realidad eran civiles que no tenían ningún nexo legal. La W ofició a Fondetec para conocer la respuesta del mayor Efraín Prada y el Sargento Coral, sobre las acusaciones, y se espera una respuesta. La ley del silencio Por medio de amenazas a los soldados del Batallón, el mayor Prada les impuso la ley del silencio, donde la orden explícita era que si alguien “hablaba” podría poner en riesgo a su familia, porque así “morían los sapos, lo más aterrador, era la forma en la que ejecutaban a las víctimas ya que para que los cuerpos no fueran reconocidos, usaban ametralladoras donde le disparaban a la víctima desde la nuca, hacia la cara, hasta reventar su cabeza, todo esto bajo orden de autoridades mayores”, aseguraba el soldado. La mente del soldado guarda algunas historias. Por ejemplo, en uno de los casos de asesinatos extrajudiciales, una de las víctimas contó antes de morir que iba a ser padre. Otro relato, escalofriante, fue el fusilamiento de un señor que llevaron engañado, al parecer era un albañil, que al momento de morir los bendijo y fue asesinado mientras oraba de rodillas por su vida. Gracias a la confesión militar, todo dio un giró para convertirse en una nueva línea de investigación para la JEP, luego de que el compareciente revelara que conocía los lugares exactos en los que esos cuerpos habían sido inhumados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba. En una entrevista que realizó SEMANA a un abogado, el profesional asegura que “Dabeiba es un tapete de muertos”. Su relato afirma que la tragedia de este pueblo es mucho más grande de la que quisieron ocultar en el cementerio. “La quebrada La Llorona es la fosa más grande, paramilitares, guerrilleros y soldados habrían arrojado centenares de víctimas”. La dimensión de la desaparición forzada en Dabeiba es aberrante, y se vuelve evidente al ver la larga fila de personas que siempre acuden al palacio municipal para entregar muestras genéticas a la JEP, con la esperanza de encontrar a sus seres queridos, desaparecidos por todos los actores del conflicto. Se espera que se pueda imputar cargos a los grandes responsables de estos crímenes que dieron lugar en el camposanto.

Por: Laura Cano Periodista Pares El pasado 12 de febrero del año 2020, se dio a conocer el caso que le puso fin a la carrera diplomática del exembajador, Fernando Sanclemente, por el hallazgo de un narcolaboratorio en predios de la hacienda familiar Haras de San Fernando. Para aquel momento, el presidente Iván Duque no solicitó la renuncia del funcionario, sino que fue este quien, por medio de una carta, notificó su retiro y argumentó que tenía la absoluta certeza que quedaría demostrada su inocencia, transparencia y honorabilidad. En abril de ese mismo año, la Fiscalía, por medio de un comunicado, aclaró que Sanclemente iba a ser citado y vinculado a la investigación. Sin embargo, los hechos quedaron sin esclarecer. Según la revista Semana, las únicas pruebas contundentes eran cartas que escribía Sanclemente a su mayordomo de la finca, Laureano Martínez Cortés, en las que había señalado que un grupo de hombres armados lo habían obligado, bajo amenazas, a instalar y dejar en funcionamiento el narcolaboratorio. Él, junto con su otro compañero y mayordomo, Gustavo Enrique Bejarano, negociaron ante la Fiscalía decir toda la verdad a cambio de una reducción de condena. “No soy bandido, soy una víctima de estas circunstancias”: Fernando Sanclemente El exembajador ha negado tener conocimiento o relación con los laboratorios de coca que fueron encontrados en su finca, ubicada en el municipio de Guasca, Cundinamarca. Sin embargo, esta investigación, que inició el 12 de febrero de 2020, encontró cerca de siete toneladas de insumos químicos y 9.453 gramos de cocaína. Al respecto, las autoridades estaban tras el rastro de una red que sacaba cocaína a través del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá con destino a Europa y Estados Unidos. De acuerdo con El Tiempo, la Fiscalía General de la Nación citó este 13 de diciembre al exembajador Sanclemente, por supuesta manipulación de pruebas. En la audiencia, que será realizada en horas de la mañana, el fiscal que lleva el caso acusará a Sanclemente por los delitos de destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. Según El Espectador, la imputación se basa en las declaraciones brindadas por los mayordomos de la finca, quienes aseguran que Sanclemente sí tenía conocimiento de las actividades ilícitas que se desarrollaban en la propiedad. De igual forma, lo señalan de ser el responsable de haber destruido algunas pruebas que estaban en el predio, después de ser descubierto el laboratorio de droga. Uno de sus mayordomos, Laureano Martínez, contó que el exembajador quemó un computador en donde contenía el material que lo involucraría. Además, también es motivo de indagación un celular en el que se encontraban audios y mensajes que lo comprometían, asegurando que Sanclemente se refiere a los narcóticos como cultivos de papa. Dicho lo anterior, Sanclemente se manifestó sorprendido. En una entrevista con La W, calificó tales señalamientos como “pura infamia, son tan torpes los mayordomos, con auspicio de su abogado, que pretenden insinuar que yo hablaba en clave haciendo uso del término ‘papas’ “, dijo a la emisora, negando también que hubiese un contrato por el trozo de terreno donde se encontraba el laboratorio. Se espera que con esta audiencia Sanclemente rinda su testimonio y que, con las pruebas y declaraciones de las personas implicadas, el caso se esclarezca en el marco de lo establecido por el debido proceso.

Por: Nataly Triana Guerrero Asistente de investigación – Línea de Democracia y Gobernabilidad El Estado de Barinas en Venezuela, luego de 8 días de las elecciones locales y regionales del 21 de noviembre, aún no conoce quién será su nuevo gobernador. Esto debido a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha informado los resultados totales de estos comicios, a pesar de que el 26 de noviembre se llevó a cabo la Auditoría de Verificación Ciudadana fase II. De acuerdo con Crónica Uno, el CNE ha totalizado 957 de 961 actas, es decir, un 99.58% de las mesas electorales. Estas actas son producto del funcionamiento del software electoral, el cual emite un registro físico y digital del escrutinio de todos los centros de votación de cada Estado. Sin embargo, está institución no emite resultados en tiempo real con el sistema digital o más conocido sistema automatizado electoral. El proceso de totalización de las actas en Barinas aparentemente se ha visto obstaculizado por la falta de ciertas actas de escrutinio, las cuales parecen pertenecer a municipios de difícil acceso. Por el momento, el primer y único boletín que ha recibido Barinas informó que con el 90% actas transmitidas, el ganador sería Argenis Chávez del PSUV, con 93.097 votos. Sin embargo, este triunfo no es absoluto, dada una diferencia de 673 votos con Freddy Superlano del MUD, quien obtuvo 92.424 votos. Debido al incumplimiento en este proceso y en especial a la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), el 28 de noviembre la Junta Electoral designó una Comisión AD HOC para totalizar las actas faltantes en el cargo de gobernador del estado de Barinas. Está comisión se instalaría el día 29 de noviembre, según lo previsto por el CNE. Ventajismo Pos Electoral El 29 de noviembre, día de instalación de la Comisión AD HOC, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en solicitud de Argenis Chávez, ordenó al CNE suspender los procedimientos vinculados a la totalización, adjudicación y proclamación de los candidatos a Gobernador de Barinas. Asimismo, señaló que la candidatura de Freddy Superlano se encuentra inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público. De acuerdo con este órgano, la Sala electoral aceptó “la existencia de un expediente de oficio dentro de la Contraloría General de la República el cual inhabilita a Freddy Superlano”. Este proceso vulnera los acuerdos a los que el oficialismo había llegado con la oposición para la participación política y electoral, entre los que se encuentra la participación de dirigentes políticos que estaban inhabilitados. En vista de esta decisión, la nueva cúpula del CNE acató las órdenes del judicial y nuevamente expresó, al igual que el TSJ, ser una institución cooptada y/o dominada por el oficialismo que usa a beneficio propio las reglas descritas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y las leyes del proceso electoral: Ley Orgánica del poder Electoral y Ley Orgánica de procesos electorales. Para los sectores de oposición, está medida se fundamenta en la desesperación de usurpar el voto legítimo de los electores y el posible triunfo de Freddy Superlano, entretanto este candidato promueve una movilización pacífica y alista acciones legales en contra de esta medida, las cuales probablemente no tengan ningún efecto real. Rivalidad electoral y la cuna de Chávez La disputa electoral por la gobernación de Barinas entre Freddy Superlano y Argenis Chávez se remonta al 2015, en donde en los mismos comicios en un primer informe y con resultados reversibles, el CNE informó que el candidato de la MUD obtuvo una votación superior al del oficialismo, 103.804 y 101.274 votos respectivamente. Pese a esto, el CNE declaró en un informe final como gobernador a Chávez por la diferencia de un 1%. Según Superlano, en ese proceso de escrutinio y totalización hubo irregularidades, lo que incentivó una serie de movilizaciones y protestas en las que participaron miembros de la observación electoral de la Unión Europea, las cuales no surtieron ningún efecto. La relevancia de este estado para el oficialismo se debe a su relación con Hugo Chávez, puesto que es el estado natal del difunto mandatario y casa política de su familia desde 1999. En la trayectoria política de este estado se destacan que los últimos gobernadores han sido Hugo de los Reyes Chávez, padre del ex mandatario, Adán Chávez Frías y Argenis Chávez Frías, hermanos del expresidente. A pesar que el oficialismo sea el gran ganador de las elecciones regionales, la posible pérdida de Barinas representa una afectación política y moral en las bases del chavismo, debido a la relevancia histórica y política de este Estado con la Venezuela del siglo XXI.

Por: Línea de investigación de Conflicto, Paz y Postconflicto – Pares Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presentamos el boletín #10 sobre las masacres cometidas en el país. De acuerdo con este reporte, entre el 1 y el 30 de noviembre del 2021, se perpetraron 6 masacres que dejaron 18 víctimas mortales. Para el mismo periodo, en el año 2020, se reportaron 8 masacres con un total de 31 víctimas. Según el Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES), en lo que va corrido del año se han registrado 82 masacres, en 63 municipios, para un total de 296 víctimas. Si quieres conocer en detalle este reporte, te invitamos a descargar el boletín. Allí encontrarás información de contexto sobre los territorios donde se presentaron los hechos, características de las víctimas y análisis comparativos sobre las cifras del año 2020. Descarga el boletín completo: A continuación, presentamos un mapa interactivo que contempla el registro completo de las masacres cometidas durante el año 2021, el cual fue realizado por SIPARES.

Por: Esteban Alexander Salazar Giraldo, coordinador de la Línea de Investigación Democracia y Gobernabilidad. Desde 2014, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) le ha seguido los pasos a Luis Pérez Gutiérrez, quien recientemente ha generado polémica por su posible ingreso al Pacto Histórico, a pesar de las distancias ideológicas con este proyecto político. Aunque ha sido señalado por su responsabilidad en la operación Orión en Medellín, que ha significado una cicatriz imborrable del conflicto armado en la comuna 13, esta es apenas la punta del iceberg. Luis Pérez y sus alianzas non-sanctas Para la campaña a la gobernación en 2015, Pares documentó cómo Pérez se convirtió en uno de los candidatos más cuestionados del país. Se presentó con el aval de los partidos Cambio Radical, Partido de la U y Partido Liberal. En 2008 el entonces alcalde Alonso Salazar, denunció a Luís Pérez de recibir apoyo de paramilitares para su campaña a alcaldía, por medio de alias “Don Berna”. De acuerdo con Salazar, se recibieron denuncias de enlaces directos entre la campaña de Pérez y los paramilitares de las comunas 8 y 9 de Medellín. Esta disputa entre Salazar y Luis Pérez también vinculó las denuncias de la operación Orión en Medellín, bajo la alcaldía de Pérez, donde paramilitares desplazaron, asesinaron y desaparecieron a decenas de personas, sobre las cuales no se han esclarecido estos hechos. A pesar de estos cuestionamientos, Luis Pérez se alzó con la victoria en las elecciones con su coalición Pensando en Grande, con 816.337 votos. Desde el primer día de su gobernación, Pérez retribuyó los apoyos de los Clanes de Julián Bedoya, en ese entonces representante a la Cámara del Partido Liberal, y de los Suárez Mira de Bello. Para el caso de Bedoya, Gutiérrez nombró como secretario de Hacienda a Adolfo León Palacio, miembro del Clan político de Bedoya y célebremente recordado por el escándalo de la difusión de una grabación ilegal de un consejo de redacción de Teleantioquia. Bedoya también tuvo sociedad con Luis Pérez, mediante el nombramiento en 2016 de Juan Diego Echavarría como gerente de municipios de la gobernación. Echavarría venía de haber trabajado en el municipio de La Estrella, en el periodo 2012-2015 con el apoyo de Julián Bedoya. Para el caso de los Suárez Mira, Luis Pérez les otorgó la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia (MANA), mediante Gloria Elena Montoya Castaño, quien previamente fue diputada con el apoyo de los Suárez Mira. Representaba al grupo de Óscar Suárez Mira, quien estaba prófugo para esa época. La abogada también había fungido como secretaria general y alcaldesa encargada de Bello, bastión electoral de los Suárez Mira. Así como los clanes tradicionales, Pérez Gutiérrez gobernó con cuotas de los conservadores, Cambio Radical, la U y el Centro Democrático. La plana mayor de la politiquería antioqueña. El Sofisticado Mecanismo de Corrupción Sobre esta repartición burocrática, además de los diversos cuestionamientos, Pares documentó diversas denuncias sobre presuntas irregularidades contractuales durante su administración, asociadas a un sofisticado mecanismo de corrupción. Esto quedó documentado en una extensa investigación, y en una columna de opinión del entonces subdirector Ariel Ávila. Este sofisticado entramado se sustenta en la creación de una sociedad de economía mixta, denominada Valor +, con aportes de capital público y privado proveniente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) a espaldas de la Asamblea departamental. A través de esta sociedad, durante la administración de Luis Pérez miles de millones de pesos habrían sido presuntamente desviados de forma irregular. De acuerdo con la investigación, Valor + sirvió como fachada para evadir las exigencias de contratación pública y socavar los recursos del IDEA mediante contratos y convenios interadministrativos con cuestionados “Aliados Estratégicos”, diversas administraciones locales y la gobernación del departamento. Los artífices de este potencial caso de corrupción fueron: el exgobernador, Luis Pérez Gutiérrez; el exgerente del IDEA nombrado por el gobernador, y excandidato a la gobernación de Antioquia, Mauricio Tobón Franco, quien manejó un presupuesto aproximado de 200 mil millones de pesos de la entidad; y el exgerente y otrora representante legal de Valor+, Esteban Tobón Urrea, quien se desempeñaba previamente como subgerente financiero del IDEA. Con el IDEA y Valor+ se favorecieron políticos, congresistas, ex congresistas y criminales. Estos recursos públicos estuvieron al servicio de empresas privadas, de las cuales no se obtuvieron registros de domicilio, no cumplían con los requisitos de contratación pública y no ha habido ningún tipo de vigilancia por parte de los órganos de control, esto a pesar de las diversas denuncias recogidas durante la investigación. Al saltarse los procesos de contratación pública, se evidenciaron contratos asignados a dedo, con sobrecostos y mal ejecutados. En este entramado salió salpicado hasta el actual presidente del Congreso, Juan Diego Gómez Jiménez, quien tenía dentro de la empresa Valor + a su esposa Elizabeth Zapata como secretaria general. Nuevamente en Valor + aparecía Adolfo León Palacios, exsecretario de Luis Pérez y cuota de Bedoya Pulgarín, como uno de los principales dentro de la asamblea de accionistas de Valor +. También apareció Jorge Enrique Vélez, entonces director de la Dimayor y exjefe de Cambio Radical, como uno de los designados “principales” dentro de la Asamblea de Accionistas de esta cuestionada empresa. En suma, este sofisticado mecanismo fue denunciado por Pares en Antioquia y, posterior a este informe, se identificaron al menos 3 casos más relacionados en Córdoba, Cundinamarca y Valle del Cauca. Al final, los órganos de control no hicieron absolutamente nada, a pesar de las pruebas demostradas. Luis Pérez, Quintero y los liberales de los Clanes Con todo este prontuario y trabajo de investigación realizado por Pares en la última década, Luis Pérez se ha convertido en uno de los políticos cuestionados más relevantes de Antioquia, llegando a construir un emporio político que hoy goza de cuotas políticas en el Congreso y en la alcaldía de Medellín. En el primer caso, el del Congreso, Luis Pérez, muy cercano al uribismo, puso a su sobrino Nicolás Pérez como senador del Centro Democrático. Para el segundo caso, en una entrevista para La Silla Vacía, Pérez Gutiérrez manifestó ser amigo de Daniel Quintero desde que se lanzó al Concejo de Medellín en 2007. Esta amistad le ha valido a Pérez Gutiérrez para que Quintero le contrate a más de 40 exfuncionarios de su administración. Al parecer, esos vasos comunicantes de Pérez Gutiérrez y Quintero también han favorecido a Julián Bedoya, como lo hizo Pérez Gutiérrez durante la gobernación. Cabe recordar que, luego de una investigación de Pares, se demostró cómo Bedoya obtuvo fraudulentamente su título como abogado. Sin embargo, luego de una investigación realizada por Vorágine, se encontró que dos de sus maestros fueron premiados por Quintero en la alcaldía y otro en la personería. Los tres fueron imputados por la Fiscalía y retirados de la Universidad de Medellín, según el portal investigativo. ¿Y el Pacto Histórico? A pesar de estas investigaciones y advertencias, recientemente se conoció de los acercamientos de Luis Pérez Gutiérrez al Pacto Histórico, con una amplia defensa de Gustavo Petro de lo que sería una posible adhesión a la consulta que se hará con Camilo Romero, Francia Márquez, Arelis Uriana, Roy Barreras y el pastor cristiano Saade. Esto estaría en línea con los coqueteos que han empezado a tener el Pacto Histórico y Daniel Quintero en la alcaldía de Medellín. Tanto Quintero como Luis Pérez están rodeados de peligrosos clanes como los de Julián Bedoya y los Suárez Mira en Bello, que contradicen el espíritu de cambio que representa una apuesta alternativa. No hay ninguna justificación a este tipo de alianzas que, de acuerdo con la investigación realizada por Pares, representa todo lo contrario a lo que debería ser un gobierno alternativo y progresista. Incluso, de acuerdo con las visiones de varios de sus líderes como Iván Cepeda, Camilo Romero y Francia Márquez, se ha rechazado tajantemente que Gustavo Petro pretenda incluir a Pérez, a los clanes y al uribismo dentro del Pacto Histórico.