Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Históricamente, al departamento del Chocó se le ha mirado desde sus carencias. Se le ha señalado como el departamento con niveles más bajos en cobertura en salud y educación –el 20% de su población es analfabeta–; como el lugar donde –a pesar de que cae agua todos los días, durante todo el año– el 73% de la población no tiene servicio de agua potable; y como una de las economía colombianas más informal e ilegal. Esta mirada sesgada –por cierto real e histórica– ha servido para que el Estado y los medios de comunicación, al escuchar sobre una nueva masacre, el asesinato de niñas y niños, o el desplazamiento de miles de personas, instalen una cortina de humo y escondan la realidad que se vive en Chocó, advirtiendo que para ellos la única explicación que tiene el conflicto es la pobreza –que, según el DANE, se evidencia en el 80% de la población con necesidades básicas insatisfechas–. Pero el origen de los problemas actuales de este departamento no está en las carencias que tiene sino en las muchas riquezas que posee. Es uno de los territorios naturales más dotados del mundo. Como ecoregión, presenta la mayor pluviosidad del globo –cae del cielo vida, a razón de un litro por metro cuadrado al día– y está cubierto en un 77% por árboles, en su mayoría bosque virgen, que arropan el 25% de las especies endémicas de plantas y animales del mundo. Además, geoestratégicamente es el único departamento de Colombia que posee dos costas –la única herencia que nos dejaron luego de quitarnos al departamento de Panamá hace 127 años–. Debido a sus caudalosos ríos –San Juan, Baudó, Bajo Atrato y Darién, verdaderas autopistas rápidas– este territorio es aprovechado para comunicar los océanos Atlántico y Pacífico, desde la región de Urabá hasta el sur del país. Estas características biogeográficas lo han convertido en un festín que todos los actores –armados y no armados– quieren aprovecharse, en especial los empresarios ilegales, que se vienen convirtiendo en el cáncer que despedaza y reseca este territorio. La más importante y dañina actividad la constituye hoy el narcotráfico. En el norte hacen presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, que usan el territorio, tradicionalmente, para transportar en lanchas rápidas la droga, y más recientemente, como cocinas para producir el alcaloide. Y en el sur, comparten el territorio el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el cartel de los mexicanos quienes, igualmente, regulan el narcotráfico y compiten con su vecino del norte por este negocio. A este cáncer del narcotráfico se le suma el de la minería, que, a pesar de ser legal en algunos sitios, daña todo el ecosistema chocoano. La minería es la actividad que desempeña la mayor parte de la población, la cual se da en el litoral del río San Juan. Allí se tiene la capital mundial del platino (Condoto), un metal que es aún más costoso que el oro, la plata y el cobre, de los que allí también se extrae, y que está provocando el daño irreversible de todo el ecosistema. Le sigue, en menor medida, la producción de madera. Este territorio, rico en naturaleza silvestre, sirve para extraer el 60% de la madera aserrada que se utiliza en el país, lo que pone en riesgo los tres grandes parques naturales que allí se ubican: Los Katíos (parque binacional con el Parque Nacional Darién en Panamá), Ensenada de Utría y el Tatamá. Esta, se trata de extracción que se da de forma lenta –el 55% del bosque se mantiene intacto–, y que debido al conflicto armado y a la falta de vías demora varias décadas para destruir el lugar más biodiverso del mundo. Y por si estos tres cánceres fueran poco, se le suma, en los últimos años, las rentas por el tráfico ilegal de personas. El Chocó, al ser límite natural con Panamá, se ha convertido en lugar de tránsito de personas que buscan los países del norte. Las selvas, por donde transitan los migrantes hacia Juradó y Bahía Solano, comienzan a convertirse en una especie de queso hoyado, donde miles de migrantes transitan por esta frontera –como ocurre con Venezuela–, dejando en los empresarios ilegales millones de dólares por el paso a Panamá. Finalmente, existe la posibilidad de que muy pronto, a este cóctel macabro de actores, se le unan los empresarios legales. Desde hace décadas se ha mirado al Chocó como un territorio estratégico. Esto por dos razones: primero la construcción del restante tramo de la carretera Panamericana que unirá el sur del continente americano con el norte, desde la Patagonia hasta Alaska; y que hoy está paralizado, entre otras razones, por la presión de los ecologistas que se oponen a echarle maquinaria al Tapón del Darién. Y segundo, por la posibilidad de avanzar en la construcción de un canal interoceánico, el cual usará el río Atrato y podría permitir el tránsito de barcos de mayor calado. Esto es un mito empresarial que muchos consideran una realidad para este río, y que ha llevado a pensar al Chocó como uno de los lugares que mayor potencial tiene para el comercio mundial y el tráfico marino entre los océanos del gran Pacífico y el Atlántico. Pero el peor mal está ocurriendo con la destrucción de la riqueza social que allí habita. En el Chocó se encuentra la mayor población negra o afrocolombiana del país que, junto a comunidades indígenas ancestrales, población mestiza y pocos blancos (5,01% del total del departamento), conforman una riqueza cultural sin par en Colombia. Esta población sufre desde hace varias décadas todos los horrores de la guerra: asesinatos selectivos, amenazas a líderes y comunidades, violencia sexual, desplazamientos forzados individuales y masivos, limitación de la movilidad (confinamientos) y reclutamiento forzado. Comunidades campesinas, que como la indígena, de manera constante tiene que desplazarse a ciudades como Medellín para no ser asesinada. A los jóvenes se les obliga a coger el arma y engancharse en los grupos armados; y a los pescadores, a que salgan a buscar los paquetes de cocaína que dejan abandonados en alta mar los traficantes cuando se sienten atrapados por las autoridades. En breve, se destruyen los ecosistemas de confianza poblacional, los tejidos culturales y comunitarios y el futuro de este territorio ancestral. Un territorio que, en todo caso, clama por una acción humanitaria integral y la búsqueda de una solución política al conflicto armado, pues la típica solución militar, de llenar este territorio con la Fuerza Pública, lo que se haría es aumentar la violencia y, con ello, el miedo, el desplazamiento y la pérdida de vida. Por eso ellos piden que se les respete la vida y sus tradiciones culturales, a las autoridades étnicas y sus líderes y lideresas. Igualmente, que se proteja el patrimonio cultural y natural que se tiene en este territorio, que no es solo de Colombia; le pertenece también a la humanidad.

Por: Laura Cano Periodista Pares En una entrevista concedida al noticiero de CM&, el ahora comandante de la ‘Segunda Marquetalia’ y exjefe de las FARC-EP, envió un mensaje, principalmente, para el que sería el próximo presidente del país, elegido o elegida el próximo año entre mayo y junio. En la comunicación, el jefe guerrillero instó a que se adelante un proceso de paz que incluya a todos los sectores armados, tanto a las disidencias de las Farc y al ELN, como a los grupos reductos del paramilitarismo. Además, defendió el Acuerdo de Paz, mencionando que fue lo más justo para devolverle a las y los colombianos "el derecho a la paz y el derecho a la vida, para el disfrute de los demás derechos". No obstante, se refirió al incumplimiento que ha tenido el actual Gobierno con lo pactado. Además, resaltó que, al no haber compromiso por parte de Iván Duque, se han agudizado las violencias en los territorios, y muestra de ello son los altos índices de masacres que, por ejemplo, en los últimos dos años han tenido graves aumentos. (Podrías consultar el seguimiento de masacres realizado por el Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación, SIPARES) Con esto, Márquez afirmó que: “Queremos un gobierno que se la juegue toda por la paz completa, que retome las conversaciones con el ELN, que abra un capítulo de diálogos con todas las insurgencias y que hable también con las organizaciones sucesoras del paramilitarismo que han expresado desde hace años su disposición de acogimiento a la justicia. La paz completa es el primer paso que debe darse si queremos marchar por el camino de una nueva era de concordia, democracia y justicia social. Esperamos que el próximo gobierno active un plan de choque social contra la pobreza que abarque medidas para superar la desnutrición infantil, el analfabetismo, el desempleo y devuelva al pueblo el derecho a la salud”, expresó el comandante de la ‘Segunda Marquetalia’. Márquez, además, afirmó que habían retomado las armas a causa del incumplimiento a lo pactado, y en particular a lo sucedido con Jesús Santrich, y la persecución que se ha desatado contra los excombatientes posterior a la firma. A pesar de esto, aseguró que siguen buscando la paz y que las armas serán "la garantía del cumplimiento de los Acuerdos". Sobre esto, Iván Duque respondió aseverando que: "Al narcoterrorista alias 'Iván Márquez', protegido por la dictadura de Maduro, le expreso que a la “paz completa”, que hace referencia, se llegará capturando o dando de baja a miserables como él, no dándoles concesiones. Que quede claro: les espera el mismo camino de alias 'Otoniel'. Frente a estas declaraciones del presidente, Francisco Daza, investigador nacional de la Línea de Investigación Conflicto, Paz y Posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), expone: "Esta es una respuesta guerrerista. No esperaba menos, pues nunca ha tenido la intención de continuar con la implementación del Acuerdo de Paz. Y ahora, a menos de un año de terminar su Gobierno, su política de defensa se concentra en dar golpes, y en ese orden él no contempla los diálogos". Cabe recordar que desde agosto de 2019 Iván Marquez retomó las armas integrando la ‘Segunda Marquetalia', una de las dos principales líneas de los Grupos Armados PosFarc (GAPF), en las que también está la liderada por ‘Gentil Duarte’. Estos GAFP, como se expuso en un reciente informe de la Fundación Paz & Reconciliación, tienen presencia en 138 municipios del país, demostrando que desde el 2016 han tenido un fuerte y rápido crecimiento. La ‘Segunda Marquetalia’, entonces, se encuentra concentrada en el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba, el Catatumbo y otras zonas fronterizas con Venezuela como Arauca, Guainía y Vichada. Incluso se dice que Iván Márquez permanece en el país vecino. Así, Francisco Daza adiciona que: "Este llamado de Iván Márquez, en medio de las dinámicas de violencia de todo este tiempo,es un llamado importante. Pues es necesario buscar vías para entablar diálogos con las disidencias de las Farc, teniendo en cuenta que no solo es la Segunda Marquetalia, sino que hay otros brazos. Hay que recalcar que no es un mensaje a Duque, sino a quienes harán sus propuestas para las elecciones presidenciales del próximo año, dejando este tema y esta posibilidad esto como una ventana abierta". Cabe recordar que, justamente, hace pocos días Pablo Beltrán, comandante del ELN, señaló en El Espectador que desde el grupo insurgente se tiene la disposición de que, junto con el próximo dirigente del país, se continúen los diálogos que fueron suspendidos durante este Gobierno. "A toda la gente que ha venido a La Habana le hemos dicho que tenemos la plena consciencia y toda la voluntad para desarrollar el camino de la paz con cualquier Presidente que quede. Cualquiera. Es más, nadie que gane va a excluir de su programa ese punto, no hay que ser adivino. Esa es la voluntad nuestra", expresó Beltrán en el medio de comunicación. Ahora bien, estas disposiciones de paz dejan un camino andado y una posibilidad importante para la próxima persona que llegue a la Presidencia del país, posibilidad que se plantea en medio de un contexto en el que es urgente avanzar en diálogos que lleven a configurar mayor seguridad en los territorios. Los cuales, aún con la salida de las FARC-EP siguen siendo afectados constantemente por hechos victimizantes y, quizá, con voluntades bilaterales de paz podrían llegar a reducirse.

Por: Laura Cano Periodista Pares La violencia política es una realidad que por estos tiempos parece hacerse más visible, pues desde el próximo fin de semana, con la elección de los Concejos Municipales de Juventud, empezarán una serie de elecciones de cargos populares. Al respecto, es preciso señalar conceptos. Tal y como se refiere desde la Línea de Investigación Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la violencia electoral es un tipo de violencia política que se ejerce contra un individuo o un colectivo en razón del ejercicio de sus derechos políticos en el marco de una contienda electoral. Y en Colombia, históricamente, la violencia ha sido, de forma constante y recurrente, un mecanismo más de competencia electoral. Según el seguimiento de Pares, entre el 13 de marzo y el 7 de octubre de este año se presentaron, al menos, 62 hechos de violencia electoral que dejaron 79 víctimas. Esto quiere decir que, aproximadamente, cada 3 días una persona es víctima de este tipo de violencia política en Colombia. Estos hechos no han cesado. Por el contrario, conocemos de una reciente amenaza en contra de algunos candidatos, y otros jóvenes simpatizantes de las candidaturas, de los Consejos Municipales de Juventud en Sucre, cuyas elecciones serán este 5 de diciembre. Dicha figura integra a quienes harán parte de los mecanismos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de la juventud ante la institucionalidad. Dentro de los nombres que se encuentran en el comunicado están: Daniela Herrera, Moisés Díaz, Eliana Gamarra, Ciliana Galván, Daniel Acosta, Samira Issa, Edgardo Salcedo, Carlos Tovar, Ange Correa, Camila Romero y Jhon Doria, quienes recibieron amenazas por las Águilas Negras, del frente Montes de María. Según lo que se lee en el panfleto, que fue enviado por WhatsApp, los jóvenes están adelantando acciones políticas con el fin de imponer el pensamiento “castrochavista”, y por esto, el grupo ilegal está amenazando a quienes adelantan campaña política para los Consejos de Juventud. Como lo informó una de las personas amenazadas, los hostigamientos han estado enfocados en contra de personas pertenecientes al Partido Verde y Colombia Humana, y se les ha dado dos días para salir del departamento, estando a menos de una semana de realizarse los comicios. Además, como manifiesta la fuente, la fundación señalada en el panfleto no tiene ningún enlace con temas políticos, Según el Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación, Sipares, en Sucre durante el 2021, se han presentado, al menos, tres hechos de amenaza, los cuales se han centrado en contra de líderes sociales. Tales fueron los casos de: Diana del Carmén Mora (Coveñas - abril), Luis Miguel Caraballo (San Onofre - marzo) y Juan David Díaz (municipio no identificado - febrero). Aunque estos hechos no se refieren directamente a violencia política, reflejan el panorama de vulneración al que se encuentran expuestas las personas que ejercen roles de liderazgo y activismo. Otra fuente de Pares cuenta que en el departamento: “La situación es compleja. Hay un alto índice de inseguridad, los índices de homicidios están disparados; hay más de 200 personas asesinadas. Hay que señalar que esta situación de amenaza se ha dado por primera vez en este contexto y por parte de las Águilas Negras. Nosotros presumimos que son personas del municipio que están en oposición férrea al ejercicio que vienen haciendo los compañeros y que pretenden frenar estas acciones de forma intimidatoria”. Con esto, es necesario elevar el llamado a las instituciones para que hagan veeduría de estas amenazas, y garanticen la situación de seguridad de las personas amenazadas, así como el desarrollo de las jornadas electorales que se llevarán a cabo este fin de semana.

Por: Camilo Díaz Suárez Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad El pasado domingo, 29 de noviembre, la Coalición de la Esperanza llegó a un acuerdo de unidad respecto a las elecciones presidenciales del 2022. Las partes acordaron realizar una consulta interna el próximo 13 de marzo para definir su candidato presidencial. Los aspirantes a ser ese candidato único son Alejandro Gaviria, por la Alianza Social Independiente (ASI); Sergio Fajardo, por el movimiento Compromiso Ciudadano; Jorge Robledo, por Dignidad; Juan Manuel Galán, por el Nuevo Liberalismo; Carlos Amaya, por el sector de la Alianza Verde que decidió irse con esta coalición y Juan Fernando Cristo, que va como independiente. De los seis precandidatos presidenciales, solo Sergio Fajardo tiene una votación de gran relevancia que le precede, luego de que en el 2018 consiguiera 4.589.696 votos, con el apoyo de su movimiento Compromiso Ciudadano, la Alianza Verde y el Polo Democrático. Fajardo es quizás la cara más visible de la coalición y junto con Gaviria y Galán, los que mayores posibilidades tienen para ser candidatos en primera vuelta. Sin embargo, a Fajardo le juega en contra la ratificación, en segunda instancia, de un fallo de responsabilidad fiscal por $4.3 billones por la obra de Hidroituango. De cara a la campaña presidencial, más allá de tener este cuestionamiento ante la opinión pública, deberá resolver su situación jurídica, fiscal y disciplinaria para determinar la viabilidad de su candidatura. Los efectos jurídicos del fallo de responsabilidad fiscal están a la espera de la revisión de legalidad por parte del Consejo de Estado. Sin embargo, desde dicha entidad se han negado a la revisión de este por considerar que se viola el debido proceso, lo cual se encuentra en estudio en la Corte Constitucional para determinar si al Consejo le corresponde hacer esa consideración. De momento, Fajardo sigue participando en la contienda de la Coalición Centro Esperanza. Por otro lado, la Coalición cuenta con figuras que han logrado votaciones significativas en el Congreso, como Robledo, que en 2018 logró conseguir 226.099 votos; Juan Manuel Galán, que estuvo tres periodos en el Senado, siendo su última elección en 2014, cuando alcanzó 75.523 votos, y Juan Fernando Cristo, que en su último periodo como senador obtuvo 42.717 votos. Y, a nivel local, con Carlos Amaya, quien consiguió llegar a la gobernación de Boyacá en 2015 con 236.393 votos. Entre todos, superan el medio millón de votos, según cada última eleccción. A pesar de esto, y de que Fajardo y el partido Verde estuvieran en una situación similar antes de primera vuelta de 2018, sorprendieron con un tercer lugar a pocos votos de Gustavo Petro. Ahora bien, para darle visibilidad a la coalición y movilizar votos para las listas al Senado y Cámaras de Representantes, todos los candidatos son un aporte. Falta ver, en el desarrollo de los debates y los resultados de la consulta, cómo influyen las figuras de Alejandro Gaviria, que se enfrenta a su primera elección; y Juan Manuel Galán, con el naciente partido Nuevo Liberalismo. Acuerdo Programático Los integrantes de la Colación Centro Esperanza también acordaron 10 principios programáticos consagrados en un decálogo, los cuales deben ser seguidos por el candidato que quede elegido en la consulta interna de marzo del 2022. 1. Lucha contra la corrupción y clientelismo. 2. Garantizar la seguridad en el territorio en función de la protección de derechos fundamentales y el desarrollo social, con una nueva política de drogas. 3. Compromiso en la implementación del Acuerdo de Paz, poniendo especial énfasis en los puntos de Reforma Rural Integral y reconocimiento de derecho de las víctimas. 4. Tener una visión social de la economía, promoviendo el desarrollo industrial y agropecuario. 5. Tener como objetivo la igualdad de género, fomentando la participación de las mujeres y teniendo políticas de salud sexual y reproductiva. 6. Tener políticas y proyectos diferenciales para las comunidades étnicas y el campesinado colombiano para cerrar las brechas que existen. 7. Garantizar una educación pública, universal y gratuita. 8. Comprometerse a la transición energética, la transformación productiva y a tomar acciones ambientales como la defensa del agua, protección de la biodiversidad y mitigación de la deforestación. 9. Relaciones internacionales basadas en el beneficio recíproco y la soberanía nacional. 10. Prometer lo que se puede cumplir. Unión para las elecciones legislativas En el acuerdo que llegaron se comprometieron a realizar cinco debates programáticos y a participar en giras o eventos de forma conjunta. Pese a ello, no se realizó ningún acuerdo sobre una posible unión para las elecciones al Congreso de la República, aunque se haya acordado el apoyo a listas legislativas de los partidos que integran la coalición. De momento, el Nuevo Liberalismo anunció listas cerradas y cremallera al Senado para las elecciones legislativas del otro año. Pese a la alianza pactada para las presidenciales, por ahora este partido iría por su cuenta para las listas al Congreso. El camino del Nuevo Liberalismo lo seguiría el partido Verde Oxígeno, de Ingrid Betancourt, en Bogotá, en caso de que le sea devuelta su personería jurídica. En la capital colombiana, dicho partido buscaría unirse al Nuevo Liberalismo, mientras que a nivel nacional integraría la lista de la coalición. Los demás partidos integrarían una lista única para el Senado, bajo el nombre la Coalición de la Esperanza. La lista va a estar encabezada por Humberto de la Calle, quien ha promovido el llamado a que los sectores del centro constituyan una lista única. La Alianza Verde: para legislativas sí, pero presidenciales no Tras varios intentos de conciliación y diversos encuentros, la Alianza Verde no pudo lograr un acuerdo sobre el rumbo del partido de cara a las elecciones presidenciales del 2022. A mediados de octubre se realizó una encuesta entre los militantes del partido con el fin de dar una orientación a la Dirección Nacional sobre las preferencias de su militancia. (Te podría interesar: “Tres encuestas y el futuro del Verde”) Sin embargo, los resultados que se obtuvieron entonces, que no eran vinculantes, no mostraron ninguna aproximación certera. Estos arrojaron que se prefería una alianza con la Coalición de la Esperanza que con el Pacto Histórico, pero, a la vez, que existía una preferencia electoral hacia Gustavo Petro, precandidato por el Pacto, y en menor medida hacia Sergio Fajardo, precandidato por la Coalición. Con la ambigüedad de los resultados, la división que ya presentaba el partido se exacerbó. Por un lado, hay una tendencia encabezada por Antanas Mockus, Antonio Navarro y Angélica Lozano, que se oponen totalmente a una posibilidad de acuerdo con Gustavo Petro y el Pacto Histórico, y que le hicieron fuerza a buscar alianzas con la Coalición de la Esperanza. Por el otro lado, Carlos Ramón González, Camilo Romero e Inti Asprilla siempre se opusieron a esa perspectiva y buscaban un acercamiento al Pacto Histórico. Por ello, la postura del partido de cara las elecciones del 2022 fue dejar en libertad a su militancia para respaldar a algún candidato presidencial, pero integrar listas únicas al Senado y Cámara de Representantes con la Coalición de la Esperanza. Por ello, Carlos Amaya representa un sector del partido para las presidenciales que decidió irse con la Coalición de la Esperanza, y que participará de su consulta interna; mientras que, por el otro lado, Camilo Romero representa al sector de los verdes que participará del Pacto Histórico.

Por: Laura Cano Periodista Pares La semana pasada se conoció que Luis Pérez, precandidato presidencial, había sugerido a César Gaviria, presidente del Partido Liberal, aliarse con el Pacto Histórico con miras a los comicios del ejecutivo para el próximo año. La respuesta de Gaviria fue un no, por lo que Pérez decidió, por su parte, darle el sí a dicha alianza. Pérez afirmó que ha adelantado reuniones con Gustavo Petro en las que han dialogado sobre las propuestas de cada uno, como su iniciativa de bajar el IVA del 19 al 6 %. Su punto central, al proponer esta alianza, es que él también entre a la consulta que se realizaría en el mes de marzo, en la que se encuentran el resto de precandidatos y precandidatas presidenciales que se han sumado al Pacto Histórico. Aunque todo indica que Gustavo Petro está de acuerdo con esta alianza, parte del aglomerado ha manifestado su desacuerdo con darle luz verde a Luis Pérez. No obstante, hay que recordar que el senador Luis Fernando Velasco ya se había unido al Pacto, y es una de las personas que le dan aval a esta decisión: “Luis Pérez invita al liberalismo a volver por sus fueros, tender puentes con sectores sociales y competir con Gustavo Petro en consulta del Pacto Histórico. Esa es la ruta, estimado Luis, y con todos los Liberales rebeldes la camináremos”, señaló Velasco. Por otro lado, otros miembros del Pacto han sido claros con su desacuerdo. El senador Iván Cepeda señaló: “Las relaciones políticas del Pacto Histórico deben estar exentas de personas que hayan hecho parte del uribismo, hayan sido acusadas de complacencia con acciones del narcoparamilitarismo o señaladas por actuaciones corruptas. Rechazo cualquier alianza con el señor Luís Pérez”. De aceptarse dicha adhesión, con miras a la presidencia, por el Pacto Histórico estarían las siguientes precandidaturas: Francia Márquez, Roy Barreras, Arelis Uriana, Camilo Romero, Alfredo Saade, Gustavo Petro y, ahora, probablemente Luis Pérez. ¿Qué hay detrás del rechazo a Luis Perez en el Pacto Histórico? Luis Perez inscribió su candidatura en septiembre de este año. Perteneció por un largo periodo al Partido Liberal, no obstante, pretendía lanzarse a través de firmas, y recolectar 1.1 millones para presentarlas en diciembre. Para ese momento, a través de El Colombiano, expresó: “Este movimiento que estoy creando nos da el camino para llegar directamente a la primera vuelta, vamos a mirar a los otros gobernadores y alcaldes del pasado qué están pensando, si tienen o no la decisión de salir adelante, porque si se quedan esperando a los partidos, es posible que comiencen un proceso de negociación de avales”. No obstante, cambió de estrategia y acudió al Pacto Histórico, donde no ha sido bien recibido a cuenta de algunos cargos y cuestionamientos que ha tenido en su vida política. Pérez viene de haber sido gobernador de Antioquia hasta el 2020. A ese cargo llegó luego de pasar por la Alcaldía de Medellín, en donde estuvo desde enero de 2001 a enero de 2004. Y fue justo durante este periodo cuando se realizó la Operación Orión, liderada por el entonces general del Ejército, Mario Montoya. En este hecho, se denunciaron desapariciones, torturas y asesinatos por parte de grupos paramilitares y la fuerza pública. Luego de años, y cuando ejercía como Gobernador, Perez se refirió a este hecho como “la pacificación de la Comuna 13”, y así lo describió a través de Caracol Radio: “La historia de la Comuna 13 la quieren escribir los que nunca fueron por allá y eso era un infierno urbano. Por eso, siempre digo piensen como estaba la Comuna 13, eran 170 mil y quedaron 100 mil porque fueron desplazados, había fábrica de armas, había reductos de las Farc, ELN y los paramilitares, mataron varias personas con armas largas en otras zonas, había secuestrados, carros bombas, habían quitado todas las direcciones para que EPM no cobrará los servicios, eso era un infierno urbano y a todos les daba miedo, a la Policía la sacaban a bala. (...) La historia de la Comuna 13 no la pueden escribir 30 avivatos que quieren recibir un aplauso, estamos en mora de escribir la verdad sobre la pacificación de la comuna 13” Esta operación ocurrió en octubre de 2002, cuando cerca de 2000 uniformados y funcionarios judiciales del Ejército Nacional, el extinto DAS, la Policía, el CTI y las ‘Fuerzas Especiales Antiterroristas’ se tomaron la comuna 13 de Medellín con armas, helicópteros y tanquetas. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), citado por RCN Radio, esta intervención militar dejó más de 600 víctimas directas entre retenidos, desplazados, heridos, muertos y desaparecidos. Por ese entonces, Álvaro Uribe Vélez estaba recién llegado a la Casa de Nariño después de ser nombrado presidente de Colombia (2002-2010) con la bandera de la seguridad democrática. Ahora, con lo que implica este pasado político, y en relación con el actual panorama del Pacto Histórico, Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Investigación Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación, concluye que: “Este acercamiento es una traición del espíritu democratico, progresista y alternativo del Pacto Histórico, toda vez que Luis Pérez representa las estructuras tradicionales, burocráticas y clientelares en Antioquia. Es altamente cuestionado por diversos hechos, en los que también hay casos de corrupción contractual. También representa estructuras políticas como la de Julián Bedoya. Además, demuestra la crisis que hay al interior del Partido Liberal. Es evidente que está tratando de acercarse al mejor postor. Luis Pérez es un caballo de troya dentro de Pacto Histórico, que para lo único que serviría es para poner votos manchados” Todo esto lleva a cuestionar cuál va a ser el papel de Luis Pérez, partiendo del desacuerdo que ha creado al interior del partido, e incluso con muchos de sus posibles votantes, que pueden ver en esta decisión el motivo del retiro del apoyo en las urnas. Así que es importante preguntar, ¿qué busca el Pacto Histórico con Luis Pérez?, ¿qué suma y resta este personaje dentro del aglomerado?

Por: Walter Aldana Político social alternativo Considero la labor de alguien que, además de reseñar lo que sucede, tiene como obligación consignar propuestas suyas o de las organizaciones sociales que no encuentran suficiente espacio para su socialización. De modo que, a continuación expongo algunas propuestas para la mejora de mí departamento. Primero, cuando de proyectos se trate, es importante considerar y reconocer el permiso previo del campesinado, tanto de aquellas comunidades asentadas en el núcleo del área de intervención como en el área de impacto. Por ejemplo, en el Macizo caucano, en el caso de la Vega, Almaguer y Sucre -las 68 concesiones mineras y 13 títulos mineros que cubren el 80% del territorio con el proyecto denominado ‘Dominical’, el cual compromete 20 mil hectáreas- llevan apegadas a su ser el usufructo del agua como fuente primaria de generación de energía para su desarrollo, y, con ellas, las denominadas Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, como en el caso de la PCH Guachicono. Allí, es preciso la promulgación de una consulta previa, debido a la presencia de comunidades indígenas, y hacer notar que se trata de una figura de derecho que debe ser llevada a política pública. Por otro lado, el Gobierno departamental debe propiciar escenarios claros de acuerdos y definición conjunta. Lo anterior como una alternativa a las pujas existentes entre los ejes de desarrollo planteados por los entes gubernamentales y las apuestas de los planes de vida de las comunidades. De esta forma se garantiza que ello no se convierta en herramienta de imposición de un modelo extractivista. El diálogo debe ser un componente transversal de la gobernabilidad. Es imposible tratar de implementar los ejercicios existentes de planeación en el Cauca, mientras la disputa por el territorio entre grupos armados no institucionales se siga desarrollando. Un "Pacto por la vida y por el desarrollo" será el único que pueda generar un ambiente en el cual los diversos intereses económicos, políticos y sociales puedan emular por ser hegemónicamente aceptados, sin que la respuesta sea el conflicto armado. La superficie del Cauca tiene 3 millones de hectáreas, las comunidades indígenas poseen 544.901, es decir el 18% del total y de ello, solo 174.375 son de uso productivo, esto es 3.5 hectárea por familia. En la región del norte del Cauca, además del monocultivo de la caña para biocombustible o transformación al azúcar, existe una gran problemática por la tenencia y uso de la tierra. Frente a esto, se presenta una pugna: la "defensa de la propiedad privada" vs la "liberación de la madre tierra". Allí el diálogo debe discurrir por escenarios en los que aspectos como las cifras de la población, las hectáreas utilizadas en la producción de azúcar, la aridez del suelo productivo y la conservación de territorios frágiles ambientalmente sean puntos de partida para procurar un acuerdo entre la agroindustria y las comunidades étnicas y campesinas. Todo esto, con el fin de asegurar un desarrollo social y ambientalmente sostenible. Somos un departamento fragmentado, con problemas de identidad y sentido de pertenencia. Por ello, el ordenamiento territorial debe dar cuenta de nuestra realidad actual: una costa pacífica aislada; un oriente que se relaciona mayormente con el Huila; un sur influenciado por Nariño; un norte, en sus dinámicas, relacionado con el Valle; y una zona centro con su capital Popayán, expresión de colonias y con una economía burbuja determinada por los ingresos, principalmente, de los cultivos de uso ilícito. Reordenar el territorio será la única forma o metodología para afianzar, desde las particularidades regionales, el ser caucano y caucana. Bienvenidas las cábalas para avanzar en este Cauca rebelde y digno. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda. Hacer una tesis de grado es muy fácil, porque solo requiere de tres capacidades connaturales a la condición humana: pensar, decir (hablar) y escribir. La tercera –escribir- es consecuencia de la segunda -de hablar-, y esta es resultado de la primera –de pensar-. De hecho, para comprenderlo mejor basta recordar la frase de Wittgenstein: “todo lo que se puede decir se puede escribir con facilidad”. Sin embargo, al filósofo vienés le faltó mencionar que todo lo que se podía decir era porque ya se había podido pensar. Me explico, la frase ha debido ser: “Todo lo que se puede pensar se puede decir, y todo lo que se puede decir se puede escribir con facilidad”. Las tesis, en efecto, son una competencia escritural para decir lo que se piensa acerca de una materia; y es muy lógico que ocurran de manera natural, porque no hay quien piense y se exprese mejor de su oficio que quien lo ejerce. La frase “zapatero a sus zapatos”, por ejemplo, significa que nadie piensa, dice y escribe mejor una tesis que un estudiante de último grado. Por eso la experiencia está fuertemente ligada a dicha triada: pensar, decir y escribir. Entre menos experiencia se haya acumulado –poco estudio y poco laboreo- menos cosas tendremos para pensar, y entre menos cosas tengamos para pensar, más difícil nos resultará decirlas y aun peor, escribir sobre ellas. De manera que quienes hayan estudiado medicina, derecho, ingeniería, etc., o se encuentren en la cúspide de su estudio y quieran pensar algo razonable sobre el conocimiento adquirido, les resultará muy fácil hacerlo, decirlo y escribirlo también. Si eso no ocurre, y esa ha sido mi crítica continua, las universidades deberían devolverles el dinero a sus incompetentes alumnos; si les cobraron hasta el último nivel de estudio no pueden decirles luego que les enseñaron mal, porque ello implicaría el reconocimiento de haber incumplido el negocio jurídico que sinalagmáticamente los alía. Y les enseñaron mal porque no les proporcionaron nociones mínimas de ética; ni les dieron eficaces herramientas de conocimiento para que pensaran por sí solos sin recurrir a plagios; porque no les adiestraron en métodos de investigación para suscitarles qué decir, y porque tampoco advirtieron lo poco o nada que les estaban formando en términos de competencia escritural, que después del habla (poder decir) es el medio dominante en la comunicación. De tal suerte, la pregunta de fondo en el asunto de las tesis es: ¿por qué las universidades -que orientan hasta el último curso a los estudiantes cobrándoles cada peso- no hacen bien su trabajo? Porque en Colombia son muy pocos los estudiantes capacitados para realizar tesis por sí solos. La realidad es que las universidades, y no los estudiantes, son las principales culpables de la incultura existente en torno a cómo se hacen las tesis: si plagiadas, si compradas o si con la ayuda de un asesor externo. Sé de estudiantes desprovistos de competencia escritural que resienten eso y, al ver que no hay más caminos que los del lobo, deciden hacerlas de cualquier forma o mandarlas a hacer; las tesis viabilizan los títulos académicos, que son la llave para la apertura a mejores posicionamientos laborales. No en vano, de las situaciones más aberrantes en la cultura de la incultura académica y empresarial nuestra es creer que los títulos universitarios dan fe de la sabiduría de quienes los obtienen. Las instituciones públicas, al igual que las empresas privadas, antes de considerar las calidades profesionales de una persona a contratar (investigando sobre su experiencia y aportes en el campo cognitivo donde se le requiere), antes de hacer eso, prefieren seleccionar sus empleados y colaboradores a partir de los títulos que demuestren haber acumulado académicamente. Y no es porque les crean ciegamente a los títulos, sino porque así se los exige el establecimiento, dispuesto cada vez más al servicio de la educación privada y a los intereses empresariales, ambos servicios proclives a privilegiar la mano y el cerebro de obra calificados. Por eso muestran desaprecio por quienes no teniendo los títulos -los llamados autodidactas- o por quienes teniendo uno o pocos títulos dominan el área de conocimiento de su interés. Está tan generalizada la creencia de que la eficiencia y la inteligencia se miden con títulos y no con expresos conocimientos, que se ha desarrollado la incultura de proveerse de ellos a como haya lugar y se ha acrecentado la displicencia con el estudio y la investigación académica. Por tales razones, ha proliferado la incultura de la sobrevaloración de los títulos, sin importar si quien los posee es un idiota o un delincuente. De tal suerte, a la hora de emplear o acreditar; o a la hora de emplearse o auto acreditarse, los títulos hacen el camino hacia la meta mucho más corto; mientras que los conocimientos y la eficiencia lo hacen más largo y casi siempre lleno de sacrificios. Ello ha dejado como resultado la práctica de estrategias non sanctas para acceder a los títulos, ya sea insertando en los datos de hoja de vida que se les tiene sin haberlos obtenido (como es el caso del ex alcalde Enrique Peñalosa y sus doctorados en París) o ya sea sorteando los requisitos escolares de medición -los trabajos de investigación y las tesis de grado (como es el caso de Jennifer Arias con su tesis de maestría en el Externado de Colombia). Pienso ahora en mi tesis de grado, titulada “El arte es un fractal”, porque si algo encontré dentro de la investigación para dicha tesis fue que las obras artísticas y las literarias, diferente a como les ocurre a las obras científicas en el ámbito de los conflictos jurídicos, tienen posibilidades amplias con respecto al uso de las informaciones de los otros. Posibilidades basadas en el principio posmodernista: “Todo vale”. Las producciones científicas, por el contrario, tienen de rigor -quizás por el escrupuloso trámite de las patentes- limitaciones puntuales y fáciles de discernir a la hora de proteger los derechos de autoría de alguien. Explicaba en mi tesis que en estos últimos 40 años se han desarrollado y proliferado, como técnicas de creación artística y literaria, algunos recursos que tienen de soporte la técnica del plagio tal y como lo fundamentan las premisas del pensamiento posmodernista. Eso ha traído, digámoslo así, un choque de trenes entre los presupuestos de medición o de tipificación de la violación de los derechos de autor -según la legislación colombiana- y los presupuestos de la posmodernidad, que en asuntos de creación artística y literaria, permiten a escritores y autores tomar como herramientas y/o recursos de creación los trabajos de otros; y lo pueden hacer sostenidos sobre este criterio filosófico: todo pensamiento anterior sobre el arte y las demás ciencias, y toda tendencia estética, es usable cuando se trata de hacer tu propia obra. De manera que las argumentaciones de mi tesis libran a los artistas que producen textos de orden literario o artístico del pago por derechos de autor, e incluso de citar o conseguir la autorización de los autores. Todo eso, descontando aquellos casos, excepciones de la ley, en los que tales usos no sobrepasen una cantidad que los haga protagonistas de la obra en cuestión. El artículo 31 de la ley 32 de 1982 lo especifica así: "Es permitido citar a un autor transcribiendo los pasajes necesarios, siempre que éstos no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del autor de la obra de donde se toman". Y, finalmente, en el papel de abogado del diablo, se me ocurre que: si la tesis de Jennifer Arias y de su amiga, Leidy Lucía Largo, tiene carácter o puede calificarse como de pensamiento político o jurídico, si además cuenta con altura filosófica y si está escrita de manera excelsa como suelen ser los textos literarios; entonces, si eso fuera así, podría escudarse con las licencias permitidas por el posmodernismo a ese tipo de escritos (el “Todo vale”) y para ello podría echar uso de la ley colombiana, que en su texto sobre la protección de derechos de autor pone a los escritos literarios, artísticos y científicos en un mismo nivel de consideración interpretativa. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Camilo Díaz Suárez Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad Con la Resolución 2572 del 22 de noviembre de 2021, la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes decretó la vacancia de la curul ocupada por el exrepresentante a la Cámara por Santander, del partido Centro Democrático, Edwin Gilberto Ballesteros Archila. La declaración de vacancia, más conocido como la “silla vacía”, es un mecanismo de sanción para responsabilizar a los partidos políticos cuando uno de sus integrantes haya sido condenado por delitos como la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos dolosos contra la administración pública y acciones que atenten contra los mecanismos de participación democrática. A su vez, la disposición se encuentra consagrada en el artículo 134 de la Constitución Política y su modificación mediante el Acto Legislativo 04 de 2015, la cual dicta que los condenados no podrán ser reemplazados, así como quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente a procesos penales en Colombia. De esta forma, los partidos no pueden reemplazar la curul de la persona sancionada. Con esto, el Centro Democrático no puede hacer efectivo el cambio de la curul de Ballesteros, que pensaban ocupar con Patricia Botero de Cote, viuda del ex alcalde de Barrancabermeja, Edgar Cote Gravino. Ballesteros llegó por primera vez al Congreso de la República en el 2018, al alcanzar 17.810 votos. Fungió como representante hasta el 8 de septiembre de 2021, tras ser aceptada su renuncia en plenaria de la Cámara de Representantes, con 131 votos a favor y 15 en contra. Sus cuestionamientos La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) le ha hecho seguimiento a los hechos de corrupción de Richard Aguilar, exgobernador de Santander y exsenador de la República, en los que Edwin Ballesteros se vio vinculado. Al ser uno de los aliados del Clan Aguilar, Ballesteros se encuentra implicado en un aparente entramado de corrupción mientras fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant S. A.), junto con la gobernación de Santander. (Te podría interesar: “La jugadita que no le salió a Richard Aguilar: su proceso sigue”) La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justica, mediante el Auto AES-00125-2021, dio apertura de instrucción formal en contra de Ballesteros por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho. Tras ello, el 7 de septiembre de 2021, la Sala de Instrucción vinculó formalmente a Ballesteros a una investigación por las irregularidades presentadas en la contratación de la empresa Esant S.A. Tras esto, a los pocos días decidió renunciar a su curul en la Cámara de Representantes. Los hechos por los cuales se encuentra investigado se habrían presentado entre 2014 y 2016, y se investigan tres contratos. El primero de ellos fue suscrito entre la Esant S.A.e Ingream S.A.S para realizar el mantenimiento del sistema de alcantarillado en el municipio de Sucre, por un valor de $1.188 millones. El segundo se firmó con la Unión Temporal Enciso Potable, para una planta de potabilización de agua en Enciso, con un valor de $472 millones. El tercer contrato se realizó con la misma Unión Temporal, para el mantenimiento del sistema de acueducto en el municipio de Landázuri, con un valor que supera los $4.000 millones. La investigación adelantada en contra de Ballesteros se dio luego de las declaraciones de Claudia Toledo y de Lenin Parado, quienes han sido testigos claves en la investigación que se lleva en contra de Richard Aguilar. Claudia Yaneth Toledo fue secretaria de Infraestructura departamental durante la gobernación de Aguilar y su esposo; Lenin Darío Pulido, contratista de la Gobernación. Ellos habían sido detenidos en el 2018 por irregularidades en la contratación para mejorar la Villa Olímpica del Estadio de Bucaramanga. Sin embargo, en el marco de sus propios procesos, Toledo y Pulido llegaron a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación para tener inmunidad penal y actuar como testigos en contra de Richard Aguilar. Según ellos, Edwin Ballesteros habría actuado como intermediario entre Aguilar y terceras partes, para amañar la adjudicación de contratos en Santander. Tras su renuncia y porque la Corte consideró que los hechos por los que se le abrió la investigación no tienen que ver con su función como congresista, el 11 de octubre la investigación fue remitida a la Fiscalía General de la Nación. En dicha entidad, tiene dos procesos adelantados. El primero de ellos se encuentra con imputación, y hace referencia al proceso que llevaba adelantado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema. El segundo, se encuentra en etapa de indagación por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Por estos cuestionamientos, y tras la renuncia de Edwin Ballesteros, el Centro Democrático se queda sin una curul por lo que resta de la última legislatura del presente Congreso. Ballesteros había hecho parte de la Comisión Quinta Constitucional Permanente y de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista.

Por: Laura Cano Periodista Pares Hace cinco años, al menos 13.000 excombatientes le apostaron a la paz acogiéndose al Acuerdo firmado por la extinta guerrilla y el Gobierno colombiano, en ese momento encabezado por el presidente Juan Manuel Santos. Este proceso de paz significaba muchas cosas para el país, pero, en especial para este grupo que por más de 50 años se consolidó como uno de los actores más fuertes del conflicto armado. Aunque algunas personas salieron de la guerrilla y, en medio de dificultades, le apostaron a proyectos productivos, cerca del 48.9% no tiene aún una iniciativa económica financiada por el Gobierno. Asimismo, muchos han tenido que salir de los ETCR debido a diversas situaciones de violencia causadas por el incumplimiento del Acuerdo. Por ejemplo, y siendo una de las situaciones más preocupantes, al menos 296 personas firmantes han sido asesinadas entre 2016 y 2021. Este panorama de violencia también es paralelo al compromiso de las y los excombatientes para promover la participación política, como se ha evidenciado a través de Comunes, el partido naciente luego de la dejación de armas. Dicho partido ha adquirido una consolidación paulatina, por ejemplo, en las elecciones locales de octubre de 2019, Guillermo Torres, más conocido como Julián Conrado, fue elegido como alcalde de Turbaco, uno de los municipios más importantes del departamento de Bolívar. Pues bien, la convicción y esfuerzo de las y los excombatientes, a pesar de los incumplimientos y las vulneraciones, también ha dado fruto. Uno de ellos se conoció durante esta semana, cuando The Wall Street Journal publicó que se aproximaba la salida de las FARC- EP de la lista de grupos terroristas que tiene Estados Unidos. La guerrilla había entrado en dicho grupo en 1997, lo que implicaba que sus integrantes tuvieron prohibida la entrada a Estados Unidos, vieron restringido su acceso al sistema financiero internacional del dólar, además del costo político de ser considerado como una organización que representaba una amenaza para dicho país. Luego de que el medio adelantará la información de este suceso, Edward Price, asesor político y vocero del Gobierno estadounidense, confirmó que se estaba estudiando dicha posibilidad. “Como saben, el proceso de paz y la firma hace cinco años es algo que fue un punto de inflexión fundamental en algunos aspectos en el prolongado conflicto de Colombia, es algo que hemos elogiado y que hemos buscado en cada paso del camino para preservarlo”, aseguró Price en medios de comunicación. Hay que señalar que a pesar de que la noticia parece confirmada, la notificación oficial se estaría dando en los próximos días. Incluso, el presidente de Colombia, Iván Duque, expresó que hasta el momento no ha recibido esta información desde la presidencia de Joe Biden. “Las decisiones que corresponden al Gobierno de Estados Unidos tendrán que ellos notificarlas y precisarlas en los tiempos y las condiciones que establece la normatividad de sus protocolos. Yo no he sido notificado formalmente del proceso, sobre eso se conoce el pronunciamiento que ha emitido el embajador”, aseguró el mandatario. Para Diego Alejandro Restrepo, coordinador de la Línea de Investigación de Conflicto, Paz y Posconflicto de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), es una decisión “que se da de manera muy tardía, pero que realmente llega en un momento también importante en este período preelectoral, y lo que sería el período de posesión del nuevo gobierno para el otro año, porque le da un espaldarazo a la necesidad de la implementación del Acuerdo de Paz y se alinea con esos elementos de un proceso democrático, de la inclusión de excombatientes, dentro la posibilidad, por ejemplo, de realizar proyectos productivos con fondos y recursos públicos de Estados Unidos, a través de la cooperación norteamericana”. Además, comenta Restrepo, esta decisión también es un llamado al presidente Iván Duque a que cumpla con la implementación del Acuerdo, “pues el Gobierno, junto con su partido, ha sido la piedra en el zapato de la implementación, han sido quienes han permitido que la seguridad en los territorios se complejice. Entonces, esta decisión demuestra que desde Estados Unidos están en contravía del presidente de Colombia y del Centro Democratico, evidenciando la falta de oxígeno del partido de Gobierno, y ojalá también signifique la muerte del uribismo a nivel político”. Por otra parte, con esta noticia vino otro elemento de análisis, pues a pesar de que las FARC- EP saldrían de ese listado, entraron dos frentes de las disidencias de esta exguerrilla. Se trata de los liderados por Iván Márquez y Gentil Duarte, las dos principales líneas de los Grupos Armados PosFarc (GAPF), los cuales, como se informó en un reciente informe de la Fundación Paz & Reconciliación, tienen presencia en 138 municipios del país, demostrando que desde el 2016 han tenido un fuerte y rápido crecimiento. Por el lado de la línea de Iván Márquez, la Segunda Marquetalia, se señala desde Pares que esta tiene un menor alcance y se encuentra concentrada en el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba, el Catatumbo y otras zonas fronterizas con Venezuela como Arauca, Guainía y Vichada. Mientras que la línea bajo el mando de Gentil Duarte, por su lado, tiene una expansión y se ha consolidado, sobre todo, en el suroccidente del país, a través del llamada Comando Coordinador de Occidente (CCO), el cual está conformado por alrededor de diez GAPF distribuidos en los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo, Meta, Caquetá, Guaviare y Valle del Cauca. En relación con lo anterior, y la reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos, el coordinador de la Línea de Conflicto, Paz y Posconflicto, aseveró que esta decisión no es sorpresiva, pues estos grupos están ejerciendo acciones de narcotráfico y ataques a la población civil. “Hay unos elementos políticos que preocupan mucho, y que están intentando movilizar en zonas del país como el suroccidente colombiano, pero era de esperarse esta decisión, pues los disidentes rompieron lo pactado y siguieron en actividades delincuenciales después de diciembre de 2016, por lo que deben atenerse a las consecuencias jurídicas nacionales e internacionales”.

Por: Cayo Mario Sepúlveda Líder político y social de Tame, Arauca. Cuando se conoció la decisión tomada por el Juez de Garantías, donde estableció medida de detención domiciliaria al exgobernador Ricardo Alvarado, se prendieron las alarmas especialmente para los seguidores del gobernador José Facundo Castillo; muchos daban por hecho que los argumentos expuestos por el abogado Iván Cancino serían suficientes para que el actual gobernador saliera bien librado. (Te podría interesar: “Facundo Castillo, Gobernador de Arauca, es detenido por la fiscalía”) De todas formas, cualquier cosa puede pasar. La decisión no es fácil de tomar y habrá que seguir esperando, como la manera más responsable y respetuosa de nosotros, los ciudadanos, para con nuestro departamento. Este proceso ha generado toda clase de especulaciones, unas para bien y otras para mal, pero la que ha causado mayor revuelo sucedió cuando se anunció, a través de las redes sociales, que había una terna que contenía el nombre del General en retiro, Alejandro Miguel Navas Ramos. Según afirman, quienes lo presentan, el militar tiene experiencia diplomática y una buena hoja de vida con títulos en diferentes aspectos y experiencias, especialmente, en operaciones militares. Esta publicación solo abrió el debate, pero no tiene fundamento en lo legal, pues el Juez de Garantías no se ha pronunciado y no creemos que el gobierno Nacional trate de ensillar sin amarrar el caballo. La experiencia de los militares al frente de los encargos de la gobernación, en las ausencias temporales, no ha sido exitosa. El único que tiene un reconocimiento fue el Coronel Fernando González Muñoz, cuando aún éramos Intendencia. Ante este supuesto, muchos creemos que la solución no es un militar. Los araucanos y araucanas no podemos aceptar que la gobernación sea un trofeo de guerra entre la guerrilla y las fuerzas militares, esto le pertenece a los civiles y son estos los que tienen que buscar la solución. Además, se aspira a que el Presidente de la República se ciña a lo establecido por la ley y respete la posible terna, si el gobernador es suspendido de sus funciones. Pero antes de buscar nombres para reemplazar al actual Gobernador, me parece que se tiene que adecuar el escenario. No podemos echar a quien designen al foso de los leones, el Gobierno nacional debe permitir que los dirigentes y mejores hombres del departamento busquen la posibilidad de dialogar con los grupos insurgentes, y acepten que los civiles hagan su trabajo sin presiones y con independencia. La población civil debe estar al margen del conflicto armado, pero si no se respeta este aspecto, el futuro del departamento será insoportable y mucho más, si se nombra un militar que solo precipitaría una confrontación, y las consecuencias de esta puja las pagará, en su mayoría, la población o mejor, la dirigencia civil. Este escrito lo hago solo con la intención de abrir la posibilidad de proponer una salida, en vez de estar sacando escritos para profundizar la crisis o tomar posturas de “chupamedias”, que se pusieron muy de moda en estos momentos de dificultad. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Observatorio para la Defensa de la Vida ( ODEVIDA ) A propósito de la conmemoración del Día internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, presentamos el segundo informe del Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA Internacional), una apuesta para visibilizar la multiplicidad de violencias que enfrentan las mujeres lideresas y defensoras en Colombia, Venezuela y Perú. El documento analiza la sistematicidad de la violencia letal en Colombia; los ataques a lideresas, periodistas, abogadas y profesionales de la salud en Venezuela, en su mayoría, por parte de agentes del Estado; y las vulnerabilidades que enfrentan las mujeres en Perú, desde el ámbito gubernamental y dentro de las mismas organizaciones donde participan. Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), PROVEA, CooperAcción y Caleidoscopio Humano reconocemos la fuerza de las lideresas y defensoras que se enfrentan y transforman las dinámicas que vulneran la vida y dignidad de las mujeres. Para conocer sus historias y luchas, descarga el boletín completo :

Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de la Fundación Paz & Reconciliación. Luego de las elecciones regionales en Venezuela, el pasado domingo 21 de noviembre, queda en evidencia la crisis de representación y ejercicio político que vive un país atravesado por una delicada situación social, política y económica; aunque lentamente se recupere de ella. Aquí presento algunas referencias que lo demuestran, y que perfilan a la Venezuela que se encuentra en el ojo de la comunidad internacional: diáspora de cinco millones de personas, deterioro de los indicadores sociales, dura crispación política, amenazas de invasión internacional y bloqueo económico a activos del Estado venezolano en el exterior. Las elecciones del 21 de noviembre dan como amplio ganador al Chavismo. Desde sus referentes partidarios, el PSUV y el Gran Polo Patriótico, donde están los duros aliados políticos de esta corriente, ganaron 20 de las 23 gobernaciones y la capital. Asimismo, ganaron 205 alcaldías de las 322 cuyos resultados ya se conocieron, lo que se podría considerar como un triunfo impresionante, y lo es, pero tiene un sabor amargo para el Chavismo. Esto último, dado que se presentó una baja participación ciudadana, donde solo el 42% del censo electoral participó del proceso de elecciones, lo cual es una cifra baja que da argumentos a los opositores al gobierno de Nicolas Maduro, quienes afirman que el régimen tiene una ilegitimidad ante las mayorías. Sin embargo, hablar de las “mayorías abstencionistas” es un debate intenso. Bien lo sabemos en Colombia, donde, igualmente, la abstención es considerable, aunque en defensa de nuestro sistema político, tenemos como referente una participación del 55% del censo electoral, en las elecciones regionales del 2019. Pero, si para el Chavismo un amplio triunfo electoral tiene la mácula de la baja participación, para quienes se oponen al régimen los resultados del domingo reafirman que ese archipiélago de opositores es un fracaso total; van dispersos a enfrentar a un Chavismo que ha dado muestras de cohesión, y las cifras son contundentes. Algunos ejemplos: de los 70 mil inscritos para competir por las 23 gobernaciones, las 335 alcaldías y los concejos municipales y estatales -lo que para nosotros son las Asambleas Departamentales- cuatro mil son del Chavismo y los otros 66 mil son del espectro opositor. Con esa enorme dispersión, se tiene lo que se tiene, es decir, el Chavismo es una importante minoría organizada, que puede representar el 30% de la fuerza política. Pero, por el contrario, el otro 70% está fragmentado y se trata de una oposición que pudo haber ganado, según análisis electorales, al menos 17 gobernaciones, si hubieran avanzado unificados. Hago referencia a que persiste un bloqueo político en Venezuela porque la baja participación da argumentos para que cada identidad política se reafirme en sus posturas: para el Chavismo son mayoría, pero para la oposición son ilegítimos ante la baja participación. Y así seguirá un duro debate político en una sociedad que tiene enormes desafíos ante una dependencia del petróleo y todo lo que ello conlleva. Las buenas noticias son que el sistema electoral venezolano ha mostrado sus fortalezas, no hay cuestionamientos serios al rigor del sistema electoral, pero no se puede afirmar lo mismo en cuanto a las garantías para la competencia: hay personas en la cárcel; inhabilitados políticamente; denuncias del manejo de los recursos estatales y los programas sociales para inducir el voto; y así un sinfín de temas que muestran amplias críticas al delicado tema de las garantías para una competencia democrática. Gana el Chavismo, pierde la oposición por su incompetencia y sigue un intenso debate en una Venezuela que requiere de concertaciones en su pluralidad política. Esperemos que los diálogos entre el gobierno del Presidente Nicolas Maduro y la oposición sigan en México, y se construyan acuerdos para el beneficio del conjunto de la sociedad venezolana. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.