Por: Laura Cano Periodista Pares Hoy es el Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Un día, como lo deberían ser todos, en el que es necesario visibilizar que, a pesar de los esfuerzos y reclamos de millones de mujeres, las violencias basadas en género continúan siendo una dramática realidad. En Colombia, según datos de la Defensoría del Pueblo, entre 2018 y septiembre de 2021, se reportaron ante la entidad 17.949 casos de mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas, que denunciaron haber sido víctimas de violencias basadas en género (VBG). De este total, el 95% fueron hechos de violencia económica; el 70%, de violencia patrimonial; el 61%, de violencia física; el 43%, de violencia psicológica y el 31%, de violencia sexual. Además, entre el mismo período, la Defensoría reportó 351 casos de feminicidios. La mayoría fueron cometidos en Córdoba, Cundinamarca, Putumayo, Meta y Magdalena. Asimismo, desde enero de 2021 a septiembre del mismo año, se han reportado 64 casos de feminicidio y 76 de tentativa de feminicidio. Aunque los datos son alarmantes, es un hecho que cuando se habla de este tipo de cifras, los números no son del todo representativos, pues hay una problemática de subregistro. Esto se debe, entre otras, a la falta de garantías que reconocen las mujeres a la hora de denunciar; a la ausencia de información sobre VBG en zonas rurales; y a una pobre cobertura de instituciones que atienden estos hechos en zonas periféricas del país. En este sentido, es necesario observar, o por lo menos aproximarse, a la realidad de las mujeres rurales, quienes cumplen labores de cuidado desde horas muy tempranas del día: labran la tierra, cumplen con sus trabajos propios, y muchas, incluso, ante un panorama de violencia en el país, cumplen liderazgos sociales, comunales, ambientales, etc. Según cifras del DANE, para el 2018, en Colombia habitaban 48.258.494 personas. De este número, el 22.6% se ubicaban en zonas rurales, y de estas, 47.2% eran mujeres. Sin embargo, y a pesar de la importante densidad poblacional de mujeres, en especial en el campo, las condiciones de vida aún son poco dignas. Vale la pena mencionar, siguiendo un informe de la Dirección de la Mujer Rural del Ministerio de Agricultura, que el 40.5% de las personas en hogares rurales con jefatura femenina se encontraban en condición de pobreza para el 2018. Para ese mismo año, la tasa de analfabetismo para las mujeres rurales alcanzó un nivel del 10,6%. Además, se reportó que menos de la mitad de las mujeres del campo, un 40,7%, participaban en el mercado laboral. Como expone dicho informe: “Un aspecto relacionado con la baja participación femenina en el mercado laboral es la presencia de menores en el hogar. En particular, la participación femenina, a mayor número de hijos en el hogar, tiende a decrecer. Sin embargo, la magnitud de esta caída varía según la edad de los menores y la ubicación geográfica de las mujeres. En el caso de las mujeres que habitan en la zona rural, aquellas que integran hogares que no cuentan con menores de 6 años de edad tienen una participación del 41,5%; en la medida en que aumenta el número de menores, la participación de la mujer disminuye”. Esto demuestra que las labores del cuidado, además de no ser reconocidas, también profundizan las desigualdades de género. En el caso de las mujeres rurales representa una menor posibilidad de tener independencia económica a causa de la reducción de las oportunidades de empleabilidad, y todo lo que esto conlleva, por ejemplo, la afiliación a servicios de seguridad social y de pensiones. Además, estas condiciones profundizan otros escenarios de violencia, como la dependencia a su maltratador y la falta de acceso a la información sobre sus derechos y rutas de protección. Frente a esto, el informe señala que: “En cuanto a violencia intrafamiliar, en 2015 el número total de casos reportados a nivel nacional fue de 74.022, de los cuales 4.385 corresponden a casos de violencia en zona rural (5,9%). De estos últimos, 3.414 (77,9% del total en el área rural) estuvieron asociados a violencia basada en género. Entre 2015 y 2018, el número de casos de violencia intrafamiliar en contra de las mujeres a nivel nacional aumentó 3,0% y en zonas rurales 40,9%”. La Dirección de la Mujer de MinAgricultura también destaca que el tipo de violencia con mayor número de casos, tanto en zona rural como urbana, es la de violencia de pareja y además, que los casos de violencia sexual, para este periodo, aumentaron 18,1% a nivel nacional y 40,0% en zonas rurales. Ante este panorama, es preciso señalar las dificultades del acceso a la justicia por parte de estas mujeres; pues existe una menor cobertura de operadores judiciales como lo son la Fiscalía General de la Nación, las Comisarías de Familia, las Casas de Justicia, Estaciones de Policía y los órganos de control en general. Además, de haber presencia de estos organismos, la mayoría de veces están ubicados en las cabeceras municipales, lo que dificulta la conexión con las zonas más alejadas. Además, también hay factores culturales y estructurales que promueven que estos casos sean minimizados. Incluso, esta reducción es replicada por servidores públicos que no atienden los casos, lo que termina re victimizando a las mujeres, y dejando en limbos procesales sus denuncias. Hoy, 25N, es importante hacer un llamado a ver todas las realidades que viven las mujeres, reconociendo el trabajo que día a día muchas adelantan para promover espacios seguros y libres de violencias. Y, de forma especial, es urgente el reconocimiento de las condiciones de vulnerabilidad particulares de las mujeres que habitan el campo.

Por: Laura Cano Periodista Pares Hace cinco años, un jueves de 2016, siendo cerca de las 11 de la mañana, en el Teatro Colón de Bogotá, las delegaciones de paz del Gobierno de Juan Manuel Santos y de la exguerrilla FARC- EP se disponían a firmar el documento que significaba, y significa, una esperanza de cambio en Colombia, una esperanza de un país en paz. Los escenarios desde el principio no eran los mejores. El documento que ese día se firmaría venía de ser modificado. Dicho trámite tardó 40 días y fue el resultado de nuevos diálogos luego de la victoria del “No”, en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, cuando se refrendó la primera versión del acuerdo. Aquel 24 de noviembre, tanto en el Teatro Colón como en muchos hogares, se esperaba con anhelo esa firma final. Incluso muchas personas decidieron reunirse a ver la transmisión que por televisión se estaba realizando. Ese fue el caso de la Plaza de Bolívar, lugar emblemático ubicado a pocos metros del recinto en el que se encontraban las delegaciones, en donde jóvenes, personas adultas, niñas y niños se congregaron con un sueño de paz. Pero no solamente en la ciudad se sentía esa esperanza. En las zonas rurales, las más afectadas por el conflicto armado, también se esperaba dicha firma; una salida dialogada con las FARC-EP significaba la posibilidad de mejores condiciones de seguridad y economía para el campo, restitución de tierras, presencia del Estado, y ,con esto, una oportunidad para mejorar su calidad de vida. Justamente, entre esa ruralidad se encuentran algunas organizaciones que desde hace años exigen paz en sus territorios. Lo anterior, como respuesta a un conflicto de décadas y, que incluso con la salida de la antigua guerrilla, se mantiene en muchas zonas del país. Una de esas organizaciones que hace cinco años veía muchas posibilidades de cambio, especialmente en el Cauca, es la Ruta Pacíficas de Mujeres regional Cauca. Desde 1996 le han apostado a acciones de paz en este departamento, una zona en la que entre 1985 y 2015, se registraron 418.124 víctimas, correspondientes al 5,2% del total de víctimas nacionales. ¿Qué es la Ruta Pacífica de las Mujeres? Esta organización, que nace como movimiento feminista, ha promovido un accionar nacional por la tramitación negociada del conflicto armado en Colombia, y por hacer visible el impacto de la guerra en la vida y cuerpo de las mujeres. Es importante priorizar este enfoque; a pesar que de que la violencia ha afectado a millones de personas en el país, en las mujeres las afectaciones han sido diferentes, pues su corporalidad, sexualidad, e incluso identidad de género, ha sido la herramienta para perpetuar violencias. Sobre esto vale la pena señalar que según el Registro Único de Víctimas, “las mujeres representan el 49.73% de las 8.347.566 víctimas, es decir, 4.151.416. Según las estadísticas, entre los hechos victimizantes contra las mujeres 3’780.677 de ellas fueron víctimas de desplazamiento; 458.781, víctimas de feminicidios; 191.784, de amenazas; 77.100, de desaparición forzada; 47.627, de pérdida de bienes muebles o inmuebles; 40.231 son víctimas de actos terroristas, atentados, combates y hostigamientos; y, 17.350 víctimas por violencia sexual”. En ese sentido, todo este panorama de violencia, que afectaba tanto a mujeres rurales como urbanas, llevó a la constitución de esta organización, como una respuesta a la grave situación de derechos humanos. Actualmente, la Ruta, como se informa en su página, está conformada por mujeres representantes de 300 organizaciones, quienes trabajan por el bienestar y a favor de los derechos de cerca de 10.000 mujeres ubicadas en más de 142 municipios de 18 departamentos de Colombia: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Guajira, Chocó, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander y Valle del Cauca. Las Mujeres Ruta son campesinas, indígenas, afrodescendientes, raizales, jóvenes, mayoras, estudiantes, profesionales, víctimas, rurales, urbanas de barrios populares, productoras, sindicalistas, pertenecientes a organizaciones feministas, ONG feministas, redes de mujeres por los derechos sexuales y reproductivos, organizaciones ecológicas de mujeres, organizaciones de mujeres diversas y organizaciones de artistas. Por su parte, en el Cauca, departamento particularmente afectado, están las siguientes organizaciones: Consejo consultivo de mujeres de Corinto Cauca, UOAFROC, Red de Mujeres de Caldono, Mujeres Víctimas de la Balsa, Proceso de Mujeres ACIN, Asociación de Mujeres Astromelias, Asociación Mujeres Constructoras de Paz, Mujeres Tamboreras Popayán, Proceso de Mujeres del Resguardo de Piagua, Proceso de Mujeres Kitek Kiwe y Proceso de Mujeres Maciceñas. Es importante señalar que en este departamento, en el 2019, tres años después de la firma del Acuerdo de Paz, fue asesinada Cristina Bautista, una de las lideresas indígenas más reconocidas en el Cauca y en la comunidad Indígena Nasa. El caso de Cristina no es aislado, por el contrario, representa uno de los fenómenos más preocupantes que se viene presentando en el marco de la implementación de los acuerdos. De hecho, de los 699 asesinatos contra líderes y lideresas sociales, que se registran en el Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación, SIPARES, entre el 24 de noviembre de 2016 a la fecha, 152 han ocurrido en el Cauca. Es por ello que desde Pares quisimos conocer cómo ha sido la experiencia de la Ruta Pacífica de Mujeres, regional Cauca, durante la implementación del Acuerdo en estos cinco años. Pues, reconocemos su agencia de paz en un departamento donde se ha agudizado el conflicto, aún después de la salida de las FARC-EP, por la presencia de cerca de siete grupos armados ilegales: GAOr Frente Carlos Patiño; GAOr Columna Móvil Jaime Martinez; GAOr Columna Móvil Dagoberto Ramos; GAOr Frente Rafael Aguilera; Frente Manuel Vásquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional; Frente José Maria Becerra del Ejército de Liberación Nacional; y la Compañia Milton Hernández Ortiz del Ejército de Liberación Nacional, (información brindada por la Fiscalía a través de un derecho de petición enviado por la Línea de Investiga Conflicto, Paz y Posconflicto de la Fundación). Por eso hablamos con Valeria Mosquera, integrante de la Ruta Pacífica de las Mujeres, regional Cauca. Pares: ¿Para ustedes, antes de la firma del Acuerdo, qué significaba este hecho dentro de la Ruta? Valeria Mosquera: Para nosotras era, y sigue siendo, una oportunidad histórica. Cuando apenas se anunció la mesa de negociación en la que se abriría la palabra para salir de las conflictividades, que siempre se han abordado a través de las armas, para nosotras fue una sorpresa muy positiva. Pero, al mismo tiempo, sabíamos que era un logro que se transformaría en reto, y es que justamente la Ruta había nacido en un contexto en el que se estaba realizando una negociación política para el conflicto, diciendo que la guerra y los militarismos no son la salida, argumentando que había que avanzar en términos de democracia, afianzando la capacidad de diálogo político. Así las cosas, la posibilidad de iniciar los diálogos para nosotras fue una fiesta, una fiesta que de manera muy rápida se volvió en un compromiso, pues como organización sabíamos que teníamos que tener una ruta metodológica clara para que se garantizara que en las negociaciones se incluyeran las voces de las mujeres. Me acuerdo mucho que una de las compañeras, por ese tiempo, nos repetía mucho que si no entrábamos a hacer parte del pacto, íbamos a ser las pactadas. Y por eso para ese momento nos planteamos cómo nos íbamos a parar frente a esa coyuntura, y no solo como organización, sino como mujeres en general. Pares: ¿Cómo vivieron cómo organización la firma del Acuerdo ese 24 de noviembre de 2016? V.M: Fue una mezcla de mucha satisfacción y alegría, asumiendo la tarea que se nos venía encima, tarea que debíamos resolver con la altura del hecho histórico, en términos de acciones, de propuestas, de análisis crítico. Además, veníamos de pasar el 02 de octubre, un día que fue terriblemente doloroso, pues a nivel territorial las que asumieron el compromiso de generar nuevamente condiciones de esperanza y de confianza fueron las mujeres, quienes salimos a decir que había que volver a creer. Teníamos encima la responsabilidad de salir a las veredas, de decilr a la gente que había que apostarle a la solución diferente a la violencia. Entonces, por la pérdida del plebiscito, las mujeres tuvimos un desgaste emocional, que no ha sido muy reconocido, pues ha resaltado el valor político de ese momento, pero claramente hubo algo que se quebró. Yo recuerdo esos días, y en general hubo muchísimo llanto, mucha tristeza que se sentía en el territorio. El 24 de noviembre se renovó la esperanza, y se volvieron a retomar acciones organizativas para garantizar que, por lo menos desde las comunidades, el objetivo fuera la paz. Pares: Como Ruta Pacífica de las Mujeres, ¿cómo ven lo que ha sucedido con el Acuerdo de Paz? V.M: Lo primero es decir que esperábamos una presencia institucional más fuerte. Lo que nos hemos dado cuenta en este tiempo es que la salida de las FARC- EP no se llenó con presencia del Estado, y eso se ve en muchos vacíos, que hay en el Cauca, que llegaron a ser ocupados por grupos armados ilegales. Los cuales, durante este tiempo han cambiado de nombre, de formas de ejercer control territorial, de alianzas, etc. y esto ha generado muchos riesgos para la población civil y para las mujeres, bajo las dinámicas diferenciales que ha traído la guerra para nosotras. En el Cauca, en estos 5 años se han instalado lógicas del narcotráfico muy marcadas, hay una cultura narco muy fuerte, esto sumado a la presencia de grupos armados con sus dinámicas particulares. Estas situaciones tienen hoy unas consecuencias de violencia, por ejemplo, los índices de desplazamiento son muy altos, sobre todo en zonas como Argelia. Hay también centenares de menores reclutados, sin que nadie se dé cuenta de eso. Y hay que señalar que se agrava si la situación se ve en cuanto a las gestiones del Gobierno. Por ejemplo, con los temas que tienen que ver con la implementación del Acuerdo y las mujeres; hay, en el Cauca, menos de 300 mujeres que han recibido formación en cuanto a restitución de tierras, y así hay muchos indicadores que nos preocupan. Sumado a una situación de riesgo de lideresas que persiste, por ejemplo nosotras tenemos, más o menos, 5 mujeres con amenazas directas. Estas situaciones de alguna forma han ampliado esos retos que como organización tenemos. Y, como mujeres, hay que decir que tenemos otras cargas que no son reconocidas, como el trabajo del cuidado, sumado a una carga de liderazgo, que por supuesto asumimos, pero que además aumentan los riesgos en la zona en la que vivimos.

Por: Camilo Díaz Suárez Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilida El pasado 20 de noviembre, el proyecto de acto legislativo que reconoce al campesinado como sujeto de derechos pasó, con 53 votos, su segundo debate en plenaria del Senado de la República. Este proyecto, radicado por los senadores Alexander López Maya y Alberto Castilla, del Polo Democrático; y respaldado por diferentes congresistas de partidos de la oposición, ya había pasado su primer debate en la Comisión Primera del Senado el pasado mes de septiembre. De esta forma, todavía le espera superar otros seis debates en el Congreso. Los siguientes serán en la Comisión Primera y en plenaria en la Cámara de Representantes. Sin embargo, el camino que le espera no es fácil. Ya para el segundo debate se presentaron una serie de dilaciones y se denunciaron presuntas “jugaditas” de parte de la bancada de gobierno. López Maya, días antes del debate del acto legislativo, denunció que, incluso, había sido removido del orden del día para no ser votado. De igual forma, en dos ocasiones, en las que se iba a discutir el proyecto, la bancada de gobierno se había retirado, quedando la plenaria sin quorum decisorio. Ante el reiterado ausentismo, la senadora Paloma Valencia sostuvo que desde el Centro Democrático no se había incurrido en una “jugadita”. Simplemente, reconoció que fue decisión de la bancada no votar el proyecto, como una forma de voto negativo o contrario para que este avance. Mientras se preparan para los próximos debates, el proyecto se enfrenta a la oposición presentada por la bancada de gobierno, que pueden decidir no votar, como ya pasó. En especial, cuando hay un discurso desde el Centro Democrático que considera que el proyecto puede ser un elemento para instrumentalizar al campesinado colombiano. ¿En qué consiste el proyecto? El Proyecto de Acto Legislativo 08 de 2021 “Por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de derechos, se reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina y se adoptan disposiciones sobre la consulta popular”, busca que se modifique el artículo 64 de la Constitución Política. Actualmente, el artículo mencionado establece que es deber del Estado promover el acceso a la tierra y a servicios como educación, salud, vivienda, seguridad social, comercialización de sus productos, entre otros, para que el campesinado colombiano tenga una mejora en la calidad de vida y de sus ingresos. Con el Proyecto de Acto Legislativo se pretende que los campesinos y campesinas sean considerados como sujetos de especial protección. De esta forma, se les deberá garantizar el derecho a la tierra, por medio de políticas redistributivas para que el campesinado pueda tener acceso a ella. Además, dicho acceso a la tierra debe ir acompañado del acceso a recursos productivos que garantice la equidad de género. Sumado a ello, el proyecto busca reconocerles y proteger su derecho a mantener y llevar a cabo sus prácticas tradicionales, sus recursos genéticos y semillas. Todo ello, reconociendo diversas formas de territorialidad. De igual forma, la propuesta dicta que las comunidades campesinas tendrían el derecho a participar en el ordenamiento del territorio y en aquellos asuntos que las afecten. Así, se debería realizar una consulta popular con la población campesina cuando se presenten proyectos que impliquen la intervención o afectación de sus territorios, cuya decisión será tomada de carácter obligatorio. Finalmente, el acceso a los derechos ya establecidos en el artículo 64 de la Constitución Política se mantienen. Posterior a la modificación planteada, se expediría una ley para reglamentar la protección especial a los campesinos y campesinas, el reconocimiento a la territorialidad y el mecanismo de consulta. ¿Por qué reconocer al campesinado como sujeto de derechos? Desde la Oficina Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras de la Defensoría del Pueblo se sostiene que el campesinado constituye un grupo social que cuenta con condiciones específicas de vulnerabilidad, las cuales llevan a que sea propicio que, desde el Estado, se tomen medidas que promuevan la protección, respeto y garantía de los derechos humanos de campesinos y campesinas. En ese sentido, Robert Daza, líder campesino del Coordinador Nacional Agrario (CNA) e integrante del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), sostiene que el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos posibilita que se creen instituciones de atención y programas estatales para reconocer la economía y cultura propia de esta población. Sumado a ello, desde el orden internacional existe ya un marco normativo específico para atender las particularidades que viven los campesinos y campesinas en el mundo. El 17 de diciembre de 2018, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó formalmente la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales. Después de un largo proceso, que se remonta a los años noventa, en 2008 comenzó el intento del reconocimiento internacional y específico del campesinado, luego de que varias organizaciones presentaran ante la ONU la Declaración de los Derechos de las Campesinas y Campesinos, que, tras varias sesiones, fue aprobado en el 2018. Con 28 artículos, agrupados en seis ejes, el documento aprobado busca la garantía de: 1. El derecho a un nivel de vida adecuado. 2. El derecho a la soberanía alimentaria, lucha contra el cambio climático y conservación de la biodiversidad. 3. La adopción de reformas agrarias estructurales y protección frente al acaparamiento de tierras. 4. El derecho a que las y los campesinos puedan conservar, utilizar, intercambiar y/o vender sus semillas. 5. El derecho a recibir una remuneración digna por sus cosechas y trabajo. 6. Derechos colectivos para contribuir a la justicia social sin ningún tipo de discriminación. Sin embargo, cabe recordar que Colombia se abstuvo de votar la Declaración de Derechos de los Campesinos por considerar que existen implicaciones técnicas que no aplican para Colombia. En esa medida, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que, tras un análisis de varias entidades gubernamentales, los derechos colectivos de la Declaración exceden y trascienden la legislación que existe en el país. Pese a ello, de acuerdo con José Ignacio Ramírez, quien ha investigado temas de campesinado, la identidad y el reconocimiento es lo que posibilita la participación y reivindicación de distintas luchas. Históricamente, la población campesina colombiana ha buscado un reconocimiento institucional que le permita acceder a espacios de participación, y que así se les garanticen condiciones de vida digna, desarrollo rural, acceso a tierras usurpadas y la construcción de una ruralidad segura, entre otras demandas. La identidad del campesinado no es como la de otros sujetos racializados, sino que tiene que ver con su estrecha relación con la tierra. De esta manera, el reconocimiento de esta identidad, al considerarlos sujetos de derechos, es lo que les da el amparo para garantizar su relación con la tierra y la territorialidad.

Por: Walter Aldana Político social alternativo Un video editado, según el protagonista, circuló por redes sociales y causó indignación entre las personas habitantes de Popayán. En este, un reconocido dirigente indígena expresa que si el Gobierno nacional no responde positivamente a su exigibilidad de derechos, consignados en múltiples ocasiones en actas de acuerdo, e incumplidos por la institucionalidad, no habrá navidad. La reacción de rechazo a estas palabras se dio por el peso familiar y comunitario que, para la mayoría de las personas, tiene esta temporada decembrina. Lo comento en esta columna porque no soy la excepción frente al impacto generado por dicha frase; con la misma alegría, esperanza y cánticos con los que voy a la movilización pacífica, disfruto la celebración de los actos navideños: el manjar blanco; la batida del dulce; la elaboración y compartir del plato navideño caucano con el vecindario; la lectura de la novena de aguinaldos; e incluso, la búsqueda de apoyo para la compra de los regalos para la niñez de las comunidades más vulnerables. En los movimientos cívicos aprendí que los pueblos, para conquistar sus demandas, integran algunos elementos: la organización (el comité), la exigibilidad de derechos (el pliego de peticiones) y la metodología (la movilización, el paro), todo ello amparado por nuestra Constitución Política. De igual manera, la historia enseña que cada momento trae su afán; como cuando una importante y mayoritaria parte de la insurgencia armada se aprestó a un proceso de negociación porque en su lectura fue imposible el triunfo armado; o como hace el campesinado y los pueblos indígenas o afro al apresurarse a recoger la cosecha cuando el fruto ya está maduro. Por ello nosotros, que seguimos soportando los embates del conflicto armado y social en el Cauca, nos molestamos cuando un dirigente expresa tal afirmación, (según él editada y fuera de contexto), porque si hay una época que coloca una sonrisa en los rostros de la mayoría de las personas es esta, la que involucra la navidad. No en vano quienes viajan por nuestros centros poblados, en la capital y por las carreteras del departamento, se encuentran con un alto porcentaje de casas con sendas extensiones de bombillos de colores; expresión de alegría desde la familia a lo comunitario. Al fin y al cabo, por fuera de nuestra casa están los espacios públicos y estos son para recrearlos y llenarlos de colorido. De manera que, así como reivindico la marcha sobre la vía, de igual forma aplaudo la importancia de este tiempo de regocijo colectivo. En una sociedad el uso del lenguaje es muy importante; recrea el tipo de estado y modelo a implementar: donde el gobierno no humille (como lo hace el actual) al gobernado, y donde entre similares (la comunidad); no se señalen. Esto no significa, para nada, esconder los postulados; creo, más bien, se trata de saber expresarlos con las palabras acertadas y en el momento preciso. Claro que habrá navidad. No depende de alguien externo, parte de nuestros corazones y nuestra razón, y es lo que nos lleva al clímax del cántico y el abrazo. Recordemos esa esencia colombiana que se resume en la hermosa y decembrina tonada de la Palmireña, Lucy Figueroa, que dice: “Llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y animación (...)”. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Este 24 de noviembre de 2021 se cumple el primer lustro de la implementación del Acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Seguramente serán muchos y muy variados los artículos e informes que se escriban sobre los avances y retrocesos, los logros y vacíos, o los aciertos y desaciertos sobre el balance de lo pactado en el Acuerdo del Teatro Colón de Bogotá. Lo más probable es que muchas personas aprovechen el momento para hablar de la lentitud en la implementación de lo acordado, para lanzar críticas –con justa razón– al Gobierno de Iván Duque y responsabilizarlo por los escasos avances que durante su mandato –entre 2019 y 2021– se han alcanzado en materia de paz, y que ha llevado a que hoy se hable de un retraso de, por lo menos, diez años en el cumplimiento de la totalidad del Acuerdo Final. Dado que el tratado de paz es comprensivo y muy amplio, posiblemente las críticas se detendrán, sobre todo, en el punto uno –relativo a la Reforma Rural Integral– para mostrar que sobre lo fundamental se ha avanzado poco –un cumplimiento de tan solo 4% en la implementación total, según el Instituto Kroc–. Las personas detractoras, quizá, expondrán algunas de las ausencias: la adjudicación de tierras a través del Fondo de Tierras; la realización de las inversiones prometidas en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); y la adopción de los decretos ministeriales de los planes nacionales sectoriales. Lo mismo pasará con los análisis del cuarto punto, denominado Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. En este se hará notar las graves demoras en asegurar el financiamiento y los compromisos adquiridos con las personas beneficiarias del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS); al igual que con la creación e implementación del Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas, que actualmente se encuentra archivado como proyecto de ley. Eso sí, las críticas serán menores en el tema de la participación política, pero se advertirá que, a pesar de la implementación del Estatuto de la Oposición, la aprobación de las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (CTEP) –2022-2026 y 2026-2030– ha sido muy lenta en el Congreso de la República. Los pronunciamientos al respecto insistirán en las demoras que se tuvo en este importante tema, y la incertidumbre que existe actualmente en el funcionamiento de estas curules. Además, se lamentará el incremento de acciones violentas contra la población civil, por parte de grupos armados ilegales, en territorios priorizados para la implementación del Acuerdo Final. Finalmente, quienes ven el vaso medio lleno, le reconocerán al Estado los importantes avances en el punto tres sobre el Fin del Conflicto, donde existe evidencia de la terminación de la confrontación armada con las FARC-EP y de los avances en el proceso de reincorporación económica y social. Pero, recalcarán que estos logros son fruto de la insistencia de las y los excombatientes al comprometerse con el cumplimiento de lo pactado, a pesar de las amenazas y asesinatos que hoy superan los 290 reportes. Quienes priorizan lo positivo, también hablarán de los buenos resultados entorno al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, tanto por su modelo de justicia transicional y los avances en los macrocasos adoptados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como por el informe a punto de publicarse de la Comisión de la Verdad. Pero de nuevo, se dirá que es fruto del compromiso de las y los juristas, y de todas las personas al frente del sistema de verdad y justicia transicional, pues el Gobierno ha objetado todo lo que hacen. De lo que sí no se hablará será del punto sexto, sobre la Implementación, Verificación y Refrendación. Este punto estará en el olvido de la mayoría de análisis y comentarios de la ciudadanía. Un punto que, paradójicamente, es el más avanzado. Según el último informe del Instituto Kroc, el cumplimiento va en un 58% y tan solo le falta un 10% para iniciar la fase de cumplimiento total. Este es un olvido que se debe, básicamente, a tres razones: la primera, al triste episodio de la refrendación del Acuerdo Final, ocurrida el 2 de octubre de 2016, la cual no se quiere recordar. Ese día, debido a una polarizada votación en la cual ganó el No –manipulada por quienes se oponían a la paz negociada– se provocó un inicio con dificultades para la implementación de este importante e inédito tratado de paz. Segundo, a que se considera que este punto –a diferencia de los otros– no atiende temas sustanciales de la paz, aquellos que han dado origen al conflicto o que garantizarán su transición. El punto de la implementación tan solo aborda asuntos técnicos y operativos, de trámite para el cumplimiento de lo acordado, que están contenidos en los demás puntos del acuerdo y, por lo tanto, es una aburrida tarea de la que deben ocuparse las personas expertas en tecnocracia, encargadas de pensar los procedimientos para alcanzar resultados. Y tercero, a que existe en Colombia una tradición en la cultura política en la que los temas de verificación están por fuera de la labor de la ciudadanía. Hacer seguimiento a lo acordado es una responsabilidad que realizan las agencias independientes del Estado –como la Procuraduría y Contraloría– y no el pueblo, aunque debería involucrarse en ello. Además, se confía en los organismos internacionales que –como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o la Unión Europea– con su experiencia y sabiduría hacen muy bien su trabajo y nos mantienen al tanto. Y es que la mayoría de la ciudadanía no reflexiona sobre la gran importancia que tiene el punto sexto en la maquinaria que ayuda a construir la paz en el país. No dimensionan que, sin esta rueda, le faltaría al engranaje de la paz una de sus principales piezas para la implementación del Acuerdo Final. La sociedad no es consciente del gran valor y novedad que tiene este acuerdo al responsabilizar a diversas agencias y organismos para hacer seguimiento al cumplimiento de lo acordado. En esta lógica, será poco el reconocimiento que se le dé, por parte de la ciudadanía, a organismos como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación –conformada por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep)– que a la fecha ha presentado 10 informes. Asimismo sucederá con el Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame, quien brinda apoyo técnico en el seguimiento y verificación a la implementación, y con su Iniciativa Barómetro, del programa de la Matriz de Acuerdos de Paz, nos permite observar y medir los avances en los 578 compromisos que contiene el Acuerdo Final. Tampoco se le dará la real importancia al trabajo que vienen haciendo otras organizaciones como el Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEPDIPO) del Partido Comunes; al Componente Internacional de Verificación de las Naciones Unidas; al Ministerio Público –a través de la Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo–; al trabajo de diversas organizaciones de la sociedad civil –como el Secretariado Nacional de Pastoral Social, INDEPAZ, Somos Defensores, FIP y ONIC, entre otras–; y a la labor investigativa de los centros de pensamiento universitarios –como el IEPRI de la Universidad Nacional o el IEP de la Universidad de Antioquia– dado que, entre todos, logran construir una red de apoyo para que se haga seguimiento al Acuerdo y se insista en su cumplimiento. Gracias a este trabajo de verificación, que realizan los distintos organismos y organizaciones, es posible reportar información y construir balances que nos dan una visión más clara sobre el cumplimiento de las obras para la paz en Colombia. Sin su presencia, sería difícil hablar de forma precisa sobre los aspectos positivos o negativos que enmarcan el acuerdo; y sin sus esfuerzos, los análisis que surgen –como en esta fecha que se cumplen los primeros cinco años– podrían ser inciertos y arriesgados de hacer. Finalmente, sería muy enrevesado construir argumentos para presionar la financiación para la implementación, y así evitar los retrasos o parálisis de fabricación de este importante bien común. Referencias: Instituto Kroc, Informe Trimestral: Estado Efectivo de la Implementación del Acuerdo Final, julio–septiembre de 2021. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Laura Cano Periodista Pares Jennifer Arias llegó a la presidencia de la Cámara de Representantes en medio de cuestionamientos, denunciados por Pares, y aún, sin cumplir su primer semestre en el cargo ya varios sectores piden su renuncia a cuenta del escándalo desatado por el plagio en su tesis de maestría, información que el día de ayer fue confirmada por la Universidad Externado de Colombia. Los ojos están puestos sobre en la funcionaria desde que a finales de octubre se hizo pública una denuncia del portal Plagio S.O.S en la que se advertía que en los fragmentos del trabajo de grado de Arias para optar por el título de magíster en Gobierno y Políticas Públicas, habían copias de fragmentos de otros autores que no habían sido citados en el trabajo. Dicha denuncia estaba siendo analizada por la Universidad Externado, quien ayer emitieron un comunicado a la opinión pública informando que a través de una herramienta de detección de plagio, se encontró un importante número de coincidencias “con fuentes o documentos publicados en internet de diferentes autores a las señoras Arias Falla y Largo Alvarado”. Además, en el documento se cita al perito en derechos de autor contratado por la Universidad, quien expresó que “es ostensible la cantidad de textos reproducidos literalmente (plagio servil) o deliberadamente parafraseados en donde basta la simple lectura para deducir la forma en que tales fragmentos llegaron al trabajo de grado”. Hay que traer a colación que en el texto enviado por la Universidad también se informa que el 7 y 8 de noviembre las autoras del texto se acercaron a las instalaciones de la institución llevando dos copias del mismo. No obstante, esas copias no coincidían por completo con el que había sido entregado por el director de la tesis. “La Universidad acudirá ante lo contencioso administrativo para solicitarle al Consejo de Estado que anule los títulos referidos, y remitirá a la Sala Penal de la Corte Suprema y a la Fiscalía General de la Nación la documentación pertinente, para lo correspondiente. (...) La Universidad ha adoptado correctivos adicionales a los ya existente”, se agrega desde la institución. En El Espectador se señaló que lo anterior significa que: el Externado busca que los magistrados anulen su propio acto administrativo mediante el cual le confirió el título de magister a Arias y su compañera. Es decir, la Universidad Externado demandaría su propio acto administrativo, porque encontró presuntas irregularidades y consideraría que uno de los requisitos para su expedición ya no es válido. En pocas palabras, que la tesis de grado tiene falencias y que éstas anulan el trabajo de grado, y por tanto su título de magister”. Respecto a lo penal se añadió que “Si la Corte encuentra culpable a Arias por el supuesto plagio, la congresista perdería su cargo. En caso de que renunciara al Congreso, la investigación de Arias la asumiría la Fiscalía”. Luego de confirmarse este hecho de plagio las solicitudes de miembros de la Cámara de Representantes han solicitado la renuncia de Jennifer Arias, por su parte la funcionaría ha indicado que “Con la tranquilidad de siempre actuar bajo los preceptos de la Ley, manifiesto que NO he cometido plagio alguno. Solicito a la Universidad Externado que cumpla con el debido proceso y me permita ejercer el derecho de contradicción. Las autoridades judiciales esclarecerán estos hechos”. Las advertencias de Pares sobre Jennifer Arias Antes de que se conociera que Jennifer Arias iba a llegar a la presidencia de la Cámara de Representantes, desde la Fundación Paz & Reconciliación se había alertado que desde el 2018 se planeaba que el Centro Democratico se quedara con este cargo para el periodo 2021 - 2022, y su ficha era Jennifer Arias, quien se desempeñaba como representante a la Cámara por el Meta, quien es muy cercana a Álvaro Uribe Vélez, y además fue la coordinadora de la campaña a la presidencia de Iván Duque en los departamentos de Vaupés y Guaviare. Arias sería el puente de Uribe y Duque con los pilotos David Niño Cataño y Juan Camilo Cardenas, quienes hacían parte de Llanera de Aviación, compañía investigada por lavado de activos, y encargada de transportar a Uribe y a Duque en las zonas donde Jennifer Arias estaba coordinando. Estos dos pilotos de la campaña del Centro Democrático aparecieron involucrados en operaciones de narcotráfico: una en Guatemala y otra en Providencia. “El entonces candidato a la Presidencia de la República del Centro Democrático, Iván Duque Márquez, y un grupo de personas aspirantes al Congreso, lideradas por Álvaro Uribe Vélez, fueron transportadas, durante sus actos de campaña de 2018, en vuelos a los departamentos del llano colombiano por aeronaves de la empresa Llanera de Aviación. Esta compañía de transporte aéreo es investigada por la Dirección Especializada del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación por lavado de activos. Asimismo, la empresa ha obtenido dos contratos con el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil de Colombia sin ningún mérito e incumpliendo los requisitos”, señala el informe. Además, Jennifer Arias ha dicho abiertamente que es lobbista en el Congreso y ante el Gobierno Nacional de las empresas de aviación de los llanos, en donde estaban los pilotos vinculados al narcotráfico. Además, desde Pares se logró demostrar que la congresista actuaba como representante de los pilotos, articulando reuniones, favoreciendo los intereses, logrando incluso que fueran autorizados y elegidos para hacer vuelos humanitarios en medio de la pandemia, justamente una de estas avionetas que hacían este tipo de vuelos se cayó en Providencia con media tonelada de cocaína. Ahora, se suma este nuevo escándalo en el que se implica Jennifer Arias, y llama la atención que en solo la mitad de un año ya haya dado los motivos suficientes para que se solicite su renuncia. Falta esperar si la presión será tal para que Arias deje el cargo, o si serán las instancias judiciales las que determinen cuál será el rumbo en la carrera política de Jennifer Arias.

Daniela Garzón, investigadora de la línea de Democracia y Gobernabilidad. El domingo 21 de noviembre se disputaron las elecciones presidenciales en Chile, en medio de un panorama político complejo por el juicio político que enfrentó el actual presidente, Sebastián Piñera, por su inclusión dentro de los Pandora Papers y del que salió bien librado. Además, estas elecciones llegan después del estallido social de 2019 que derivó en la Constituyente que cambiará la carta magna de Chile, que es uno de los principales legados de la dictadura de Augusto Pinochet. En los comicios participaron un poco más del 47% de chilenos y hubo alrededor de 7.027.068 votos válidos. El candidato de derecha, José Antonio Kast, con el 28,1% y el diputado de izquierda Gabriel Boric, con el 25,5% fueron los dos que pasaron a la segunda vuelta que se disputará el 19 de diciembre, dejando por fuera por primera vez desde el proceso de redemocratización chileno a los candidatos de centro. La gran sorpresa del domingo fue el candidato Franco Parisi, quien haciendo campaña por fuera del país, a través de redes sociales, se quedó con el tercer lugar, desplazando a Sebastián Sichel, representante del oficialismo que había ganado las elecciones primarias de julio, y a la candidata Yasna Provoste de la democracia cristiana de centroizquierda. Los extremos Kast es abogado, tiene 55 años y ha mostrado simpatía con la dictadura de Pinochet. “Díganme ustedes si las dictaduras como las conocen entregan el poder a la democracia y hacen una transición que se respeta”, señaló en una entrevista para El País de España. También señaló que Chile tiene “un desarrollo que permite que haya pasado a ser uno de los países más destacados de Latinoamérica”. Por su parte, Gabriel Boric, con apenas 35 años, lidera la generación de izquierda que ha ido extinguiendo a la Concentración de centroizquierda que gobernó a Chile desde los 90 hasta 2010 y junto con Camila Vallejo, la recordada líder estudiantil de las protestas de 2012 que llegó a la Cámara de Diputados en 2014. Se le considera cercano a Podemos, el partido de izquierda español, y aunque se le ve como un político dialogante, entra a la segunda vuelta con el apoyo del Partido Comunista, que no solo mantiene su adhesión a la doctrina marxista-leninista, sino que apoya el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Según France24, se enfrentarán dos modelos en diciembre: la defensa del libre mercado vs. la construcción de un Estado benefactor. ¿Y las encuestas? Esta vez las encuestas presidenciales acertaron, en medio de un panorama donde la incertidumbre y la indecisión pesó y seguirá pesando en la segunda vuelta. Al menos cinco de las seis encuestas principales sugerían que pasarían a segunda vuelta Kast y Boric, en una contienda con siete competidores y en la que ninguno obtuvo más del 30% de los votos. Según los sondeos, desde agosto de 2021 los candidatos que arrancaron más opcionados fueron Boric y Sebastián Sichel, quien fue uno de los grandes perdedores de la jornada alcanzando solo el 12,8% de los votos. Por otro lado, uno de los que más creció en medio de la campaña electoral fue precisamente Kast, pues arrancó en los sondeos con entre el 10 y el 15% de intención de voto y alcanzó a puntear casi el 38%, en la encuesta realizada por Studio Publico entre el 26 y el 31 de octubre de 2021. La última encuesta, Plaza Pública, hecha por Cadem y llevada a cabo entre el martes 16 y el viernes 19 de noviembre mostró un empate entre los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, cada uno con el 27% de la intención de voto. Esa misma encuesta, preguntando sobre el eventual escenario de segunda vuelta, mostró que Gabriel Boric tendría un 37% de intención de voto frente a un 33% de José Antonio Kast. La contienda estará reñida y los perdedores apenas están definiendo a cuál de los candidatos van a apoyar. Sichel ya dijo que no quiere que gane Boric y por eso está dispuesto a conversar con Kast, mientras que Provoste condicionó su apoyo a Boric a la existencia de “un discurso convocante”, aunque manifestó que no serían neutrales y que no permitirían “el avance del fascismo que representa José Antonio Kast”. La indignación no es suficiente para ganar elecciones Ahora bien, la pregunta es ¿por qué gana en primera vuelta un candidato que califican como de extrema derecha después del estallido social que llevó a una aprobación abrumadora de la redacción de una nueva constitución en octubre de 2020; y que en la Constituyente las fuerzas de izquierda fueran mayoría? La respuesta es simple y la podríamos asociar a la tercera ley de Newton, aplicada a la política: a toda acción corresponde una reacción con igual fuerza y en sentido contrario. En las elecciones de mayo de este año en las que se eligieron a los constituyentes, con una participación del 43% de los votantes, las listas de ciudadanos independientes y la oposición de centroizquierda e izquierda se llevaron un poco más de dos tercios de los 155 escaños de la Convención que escribirá la nueva constitución chilena. La lista oficialista, respaldada por Piñera, obtuvo 37 escaños, menos de un tercio del total. En ese momento, los resultados fueron considerados como un castigo para el gobierno y para los partidos políticos, especialmente por la fuerza electoral que tuvieron las listas independientes. Como era de esperarse, la inestabilidad en el sistema político chileno, producto de las protestas y el descontento ciudadano que llevó al proceso constituyente, causa que una parte del electorado se vea amenazado y, por ende, quiera recuperar el orden perdido por la indignación. Esa es la principal promesa de Kast, como en otros escenarios de derecha populista: la remembranza por un pasado estable y en paz, en la que pesa particularmente el éxito económico, pues Chile fue sin duda por muchos años el fenómeno económico latinoamericano para mostrar. Según Noam Titelman, al menos tres elementos le sirvieron a Kast para crecer fuera del pequeño nicho pinochetista, y para consolidarse como un candidato con posibilidades serias de ser presidente. 1. La oposición a un nuevo texto constitucional, que le permitió sobrepasar el 8% de votos que obtuvo en las presidenciales de 2017. En esa oposición logró unir a aquellos que no reivindican al Chile anterior al plebiscito de 1988, sino a los que extrañan al Chile existente antes del estallido de 2019, un Chile desarrollado bajo la constitución que dejó Pinochet. Es un electorado con posiciones conservadoras, antiinmigrantes y con cierta nostalgia autoritaria. 2. Una suerte de arrepentimiento por parte de los votantes de derecha que participaron en el proceso constituyente. Estos votantes se sienten poco incluidos en el mismo, temen una sucesión de protestas sin fin y ven con recelo los cambios que han sucedido después de las multitudinarias marchas, pues no se identifican con las principales banderas: las ecologistas, feministas e indigenistas, que se llevaron la mayoría de los escaños en la constituyente. Ese tipo de reivindicaciones amenaza el statu quo de muchos que no solo se han visto beneficiados por la apertura económica característica de Chile, sino que tienen posiciones privilegiadas dentro de la sociedad configurada por ella. 3. De acuerdo con Titelman, está la indignación por la inmigración que afecta especialmente el norte del país, la tensión alrededor de los mapuches y la ola de violencia callejera. Esta última vino con la conmemoración de los dos años del estallido del 18 de octubre de 2019. La estructura de oportunidad definitiva para Kast vino por la “tibieza” del candidato del establecimiento, Sebastián Sichel, que siempre quiso mostrarse como “de centro” e hizo evidente la incapacidad de las instituciones para dar respuesta a estas demandas de los votantes de derecha. Que hayan quedado por fuera justamente los candidatos de centro es un correlato de que más que de izquierdas o de derechas, el electorado chileno esté virando hacia una posición mayoritariamente opositora a las formas tradicionales de hacer política y antiélites. Según la última encuesta del Latinobarómetro, el 86% de los chilenos consideran que “se gobierna para un grupo de poderosos” y no para la mayoría. Chile: un espejismo o un vaticinio para Colombia Esa misma posición de hartazgo con los partidos políticos se nota en Colombia, en medio del proceso electoral que aquí se vivirá en marzo y mayo del 2022. El estallido social colombiano, que se inició también a finales de 2019 y alcanzó otro momento cumbre en el paro de abril de este año que se prolongó por más de dos meses, tiene muchos de los elementos de lo sucedido en Chile. Aunque en Chile las manifestaciones fueron contra el sistema pensional y de salud ya vigentes y el modelo privatizador que lleva décadas, en Colombia el temor a que una reforma pensional aumentara la edad de jubilación, el margen de maniobra de los fondos privados y que se pasara una reforma laboral que flexibilizara más las condiciones de los trabajadores, encendió la llama desde 2019. La crisis económica que se agravó con la pandemia, más la indignación por el abuso policial (que también ha sido una fuente movilizadora en Chile), y la presentación de una inconveniente reforma tributaria en abril de 2021 volvieron a sacar a las personas a las calles aún cuando se vivía uno de los peores picos de contagio de COVID-19. Por otro lado, en Chile existe un conflicto étnico que en Colombia no y aunque en ambos países la inmigración venezolana ha sido problemática, la derecha gobernante colombiana se ha abstenido de tener posiciones antiinmigrantes, aunque en ambos países se reivindique el miedo a ser “otra Venezuela” como una bandera de campaña. Ambos escenarios electorales, a su vez, tienen un alto nivel de incertidumbre de por medio, con una cantidad inédita de candidatos del lado colombiano, y reportan similitudes y diferencias. La primera diferencia es que en Colombia el poder nunca ha sido sostenido por una coalición de centroizquierda, de hecho, la izquierda ha sido minoritaria y apenas empieza a reportar buenos resultados electorales en un sistema que fue dominado por un bipartidismo de derecha hasta 2002. La segunda, es que hoy el poder no lo tiene la centroderecha sino el uribismo, una fuerza que puede considerarse de extrema derecha y cuya principal bandera fue acabar a como fuera lugar con la guerrilla de las Farc y que hoy se ve electoralmente desdibujada. Chile no tiene ese pasado de conflicto armado que ha reportado la anomalía colombiana en América Latina y la extrema derecha no es gobierno desde que llegó a su fin la dictadura de Pinochet. En el mismo sentido, mientras que es una sorpresa que en Chile no hayan llegado las opciones de centro que han sido usualmente exitosas en las presidenciales a la segunda vuelta, en Colombia el centro es hoy la principal fuerza electoral en disputa, y es casi seguro que Gustavo Petro, como candidato de la izquierda, tiene un lugar asegurado en la segunda vuelta justamente porque recoge buena parte de la indignación de las protestas. Pero recoger la indignación de las protestas no es suficiente, y menos cuando no se tiene una sola bandera de aglutinación clara. Mientras que en Chile el objetivo de las fuerzas progresistas era lograr el cambio de constitución, en Colombia la agenda luce aún muy desdibujada: puede ser la desigualdad, la pobreza, la corrupción, males que en todo caso no existen desde ahora y cuya indignación no ha sido capaz de llevar a ningún presidente de izquierda a la Casa de Nariño. Además, la indignación que deriva en un estallido social acaba produciendo siempre una contrarreforma incluso antes de la reforma, es lo que significa José Antonio Kast y en eso Colombia tiene una amplia experiencia, pues su orden conservador se ha mantenido sólido en toda la era republicana aún con altísimos niveles de represión y de violencia de por medio. Por eso hay que recordar una máxima electoral: en realidad no gana una elección presidencial la mayoría, sino la minoría mejor consolidada. Ya están sobre la mesa las dos minorías consolidadas hoy en Chile, en medio de un proceso constituyente que, aunque lucía prometedor, puede encontrar su freno de mano en la elección de José Antonio Kast. Para el caso colombiano, eunque el acuerdo de paz firmado con las Farc no tuvo el apoyo popular que tuvo la constituyente chilena, el freno llegó recién comenzó su puesta en marcha con la elección de otro presidente uribista en 2018. Sin embargo, hoy esa minoría mejor consolidada en los últimos veinte años, el uribismo, agotó su capital electoral con el impopular gobierno de Iván Duque. Hay espacio para dos nuevas minorías, una es la de Gustavo Petro que mostró su fuerza electoral en 2018 y que tiene su techo en el miedo a medidas que alteren la afamada estabilidad macroeconómica colombiana; la otra puede provenir del codiciado centro, o de una reacción de los partidos políticos que pelearán con lo que tengan para no ceder el poder político y burocrático que desde el 2002 comparten con el uribismo. La principal oportunidad de la izquierda en la historia colombiana para quedarse con el poder será el proceso electoral de 2022, pero las fuerzas conservadoras estarán prestas a atajarla, justo como en Chile.

Por: Laura Cano Periodista Pares En horas de la mañana se conoció que Oscar Iván Zuluaga será el candidato que lleve las banderas del Centro Democrático en las elecciones por la presidencia, dejando a un lado las aspiraciones de Paloma Valencia, Rafael Nieto, Alirio Barrera y María Fernanda Cabal, quien era la ficha que parecía con más posibilidades de ser la candidata del partido. Cabal incluso ya había iniciado su campaña a la presidencia; había hablado de sus propuestas en medios de comunicación, e incluso ya una de sus estrategias de comunicación se habían vuelto virales con el video Yo soy jóven Cabal. Adicional, Cabal también ya aparecía, aunque con poca fuerza, en las encuestas que se han empezado a realizar con miras de lo que será la contienda hacia la Casa de Nariño. Pues bien, con el triunfo de Óscar Iván Zuluaga el panorama para las elecciones del 2022 cambió para María Fernanda Cabal, sin embargo, hoy confirmó que continuará en campaña, pues ahora tiene miras de mantenerse en el Senado de la República, y completar su tercer periodo en el Congreso. Así también se descarta su posibilidad como fórmula vicepresidencial de Zuluaga. “Yo volvería al Senado. Yo no quiero ser funcionaria si somos gobierno. Tengo la firmeza de defender ideas, de dar los debates y eso no se puede hacer si no es desde el Congreso. (...) Yo no estoy triste. ¿Vos crees que yo me voy a amargar por eso? No. La campaña fue fenomenal, tres meses extraordinarios recorriendo el país. Yo crecí más en estos tres meses que en estos siete años”, mencionó Cabal en entrevista con Semana. Por otra parte, aunque mencionó que no aspira a ningún cargo de Gobierno, sí mencionó que “vamos a acompañar al partido, que es el legado de Uribe, el enemigo es la extrema izquierda. El panorama en el continente no está fácil. Ayer ganó Kast, que es una bendición, pero Perú está Pedro Castillo y en Venezuela se sigue constituyendo una amenaza nacional y continental”. Hay que recordar que María Fernanda Cabal llegó al Congreso en las elecciones del 2014, bajo la lista cerrada de Centro Democrático. En 2018 volvió a hacer carrera, pero en esa ocasión para saltar al Senado, lográndolo con 37.905 votos, y quedando como la quinta senadora con más votos de ese partido. Ahora que se prepara para seguir con una curul, vale la pena señalar que durante sus años en el Senado ha sido cuestionada por varios motivos, y uno de los más recurrentes ha sido por sus acciones por frenar con la restitución de tierras. Pues justamente ella fue quien estuvo detrás del Proyecto de Ley 20 de 2019, que como denunciaba en ese momento Coljuristas, “esta iniciativa legislativa representa un grave retroceso para la Reparación a las Víctimas de Despojo y Abandono Forzado y pone en riesgo la restitución formal y material de los predios, así como el goce efectivo del derecho a la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición”. Uno de los objetivos de dicho proyecto, que además había sugerido de varias formas por la congresista, era reemplazar los dos pilares de la Ley de Tierras, dando reconocimiento a terceros de la buena fe, exceptuados de culpa, y motivando a el llamado segundo ocupante ya no fuera el que tuviera que comprobar si compró la tierra de buena fe, sino que la víctima era la que debía demostrar su despojo. “Los segundos ocupantes pueden ser los mismos despojadores, avivatos de las tierras, ocupadores de grandes extensiones de tierras, testaferros de los grupos armados o narcotraficantes que adquirieron los predios despojados a precios injustos o aprovechando que los legítimos titulares los vendieron por miedo o bajo amenaza. Según el parágrafo del artículo 88 a modificar en el Proyecto de Ley, bastaría con demostrar que “al momento de la compra o negocio jurídico de adquisición del predio” el ocupante cumplió con los requisitos establecidos legalmente para ello, desconociendo que muchos de los terrenos adquiridos por los despojadores se hicieron bajo una apariencia de legalidad, puesto que en algunos casos los legítimos propietarios o dueños de las tierras, me refiero a las víctimas, tuvieron que vender por miedo o bajo amenaza, incluso a bajos precios”, se pronunciaba en junio de 2020 desde el MAIS. Hay que recordar que en los 54 años de guerra en Colombia, se despojaron más de 6.000.0000 de hectáreas de tierra, la mayoría de estas a campesinos minifundistas. Y es necesario recordar esto, pues la carrera que Cabal pretende seguir construyendo en la política ha estado detrás de muchas sobras, entre estas el despojo de tierras con el que se ha relacionado a José Felix Lafourie, su esposo, y que posiblemente la ha motivado a proponer proyectos de ley como el anteriormente nombrado. Hoy de nuevo, y luego de caer como candidata a la presidencia, Cabal se perfila como senadora, convirtiéndose, de quedar con una curul, en una piedra en el camino de la implementación del Acuerdo, y sobre todo de aquellos que por años han luchado por la justicia en cuanto a la tenencia de la tierra.

Por: Ernesto Medrano. El proceso de elección del candidato o candidata oficial del Centro Democrático se llevó a cabo por medio de 4.250 encuestas, en las que los militantes y la dirigencia del partido definieron a Oscar Iván Zuluaga como la persona idónea para alzar sus banderas en la primera vuelta presidencial. De acuerdo con Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático, en las encuestas que realizadas por el Centro Nacional de Consultoría y la firma Yanhaas, el 25% de la votación corresponde a la ponderación de los votos de los militantes y el 75% se determinó por medio de una pregunta filtro para el público en general. Sin embargo, más allá de la forma, en el fondo es claro que la decisión pasa inminentemente por la venia del exsenador Álvaro Uribe, ya que el partido no ha publicado los resultados de la encuesta como lo habían prometido. El margen de error de la encuesta fue del 2%, esto significa que la diferencia entre los candidatos sería del 4%. Los candidatos llamados a competir por la candidatura oficial del Centro Democrático fueron: Alirio Barrera, María Fernanda Cabal, Oscar Iván Zuluaga, Paloma Valencia y Rafael Nieto. Todo parecía indicar que la elegida sería María Fernanda Cabal, quien representa al uribismo puro y duro. De hecho, Cabal logró acercar a su candidatura al pistolero Andrés Escobar, quien en el marco del Paro Nacional habría disparado en contra de civiles en Cali. Es decir, Cabal logra reunir lo peor del Centro Democrático. Era claro que dado el caso de que no ganará María Fernanda Cabal, el candidato llamado a levantar las banderas del Centro Democrático sería Oscar Iván Zuluaga, recordado por la candidatura presidencial en 2014 y la investigación por Odebrecht, en la cual reinó la impunidad, luego de que el entonces magistrado del Consejo Nacional Electoral, Carlos Camargo (actual Defensor del Pueblo), archivara su investigación. Con la victoria de Zuluaga, vuelve a tomar fuerza la tesis de que él sería candidato que podría acercar al Centro Democrático a la coalición Equipo por Colombia, en la que ya se encuentran los partidos tradicionales y sus apéndices, constituyendo un conglomerado de maquinarias políticas, clanes y continuismo. El discurso de Zuluaga, tras su victoria tuvo un destinatario especifico: los alcaldes. De hecho, Zuluaga le solicito a los alcaldes que le enviaran los proyectos más urgentes en sus municipios, para poder abordarlos desde su enfoque programático. Esto es importante, dada la eliminación de la Ley de Garantías y la decisión del presidente Iván Duque de saltarse el fallo de tutela que ordenaba la suspensión de la modificación a dicha ley. Para Paloma Valencia, Alirio Barrera o Rafael Nieto era difícil competir contra Cabal y Zuluaga, quienes habían logrado el respaldo de las mayorías del partido. Sin embargo, el acuerdo realizado al interior del partido determinó que los precandidatos del Centro Democrático apoyarían el contenido programático de quien resulte victorioso. De Coalición de la Experiencia a Equipo por Colombia Equipo por Colombia es la transformación de lo que recientemente se llamó la Coalición de la Experiencia. En un principio, la coalición estaba integrada por los exalcaldes Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez y el exministro Juan Carlos Echeverry, como plataforma para lograr construir una coalición de centro derecha para vencer a la coalición del Pacto Histórico. Entretanto, Peñalosa estaría en una disputa por lograr el aval de Cambio Radical, debido a las diferencias que tuvo con el exgobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, quien tendría mucha fuerza al interior del partido. En ese sentido, la palabra final la tendrá Germán Vargas Lleras, uno de los políticos que más ha disfrutado de la mermelada del gobierno de Iván Duque y quien no tendría hasta el momento un candidato definido. A excepción de que Vargas Lleras decida lanzarse a último momento. Por su parte, el exministro Juan Carlos Echeverry decidió alejarse del Partido Conservador debido a la mala imagen del partido y la crisis profunda que viven los partidos políticos. El exministro optó por hacer una alianza con los exalcaldes Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez, para constituir la nueva coalición Equipo por Colombia. Sin embargo, después de varias reuniones y adhesiones, la Coalición de la Experiencia cambió de nombre a Equipo por Colombia, al que llegarían Dilian Francisca Toro, del Partido de la U; David Barguil, candidato del Partido Conservador; y Alejandro Char, ahora apoyado por el Partido Liberal. Los cálculos del Equipo por Colombia Las nuevas adhesiones de la Coalición de la Experiencia de los exalcaldes, ahora llamada Equipo por Colombia, fueron Dilian Francisca Toro, quien obtuvo 953.358 votos en las pasadas elecciones locales del 2019, a través de Clara Luz Roldán; David Barguil, elegido como candidato único del Partido Conservador, apoyado en los 1.927.320 votos logrados por la colectividad conservadora al Senado en 2018; Alejandro Char, quien consiguió poner a Elsa Noguera en la gobernación del Atlántico, con 692.723 votos y quien ahora contaría con el aval del Partido Liberal, que obtuvo en las pasadas elecciones al congreso 1.901.933 votos al Senado. Los tradicionales y los clanes Esto significaría que la consulta de la coalición de centro derecha contaría con la presencia de los partidos tradicionales y poderosos que han gobernado en el país, pero que además cuentan con un importante número de candidatos cuestionados tanto a la presidencia como al Congreso. Por ejemplo, el candidato del Partido Conservador, David Barguil, se encuentra investigado por ser el congresista con más inasistencias a las sesiones del Congreso, con 63 inasistencias. Además, de acuerdo con el último dictamen pericial, de las incapacidades médicas presentadas por Barguil en los últimos tres años, 24 habrían sido firmadas el mismo día. Así mismo, los partidos integrados en el Equipo por Colombia logran el mayor número de precandidatos cuestionados al Congreso en 2022, por haber sido nombrados en investigaciones y denuncias académicas o periodísticas, por tener investigaciones judiciales o disciplinarias que afectarían el ejercicio de sus funciones, ser herederos de clanes asociados a grandes escándalos de corrupción o parapolítica. De acuerdo con la Fundación Paz & Reconciliación, el Partido Conservador suma un total de 26 precandidatos cuestionados; el partido de La U, el Partido Liberal y Cambio Radical cuentan, cada uno, con 24 precandidatos con cuestionamientos. Ver Informe de precandidatas y precandidatos al Congreso con cuestionamientos. El candidato del Uribismo: Oscar Iván Zuluaga Si bien, los candidatos más fuertes del Centro Democrático eran Oscar Iván Zuluaga y María Fernanda Cabal, todo parece indicar que el candidato de Uribe no tendrá los colores del Centro Democrático, sino que sería Federico Gutiérrez. De hecho, al interior de la coalición Equipo por Colombia de los exalcaldes, Gutiérrez ha defendido la participación del candidato o candidata del Centro Democrático, en mayor medida si se tratará de Oscar Iván Zuluaga. Es tal la cercanía de Federico Gutiérrez con el uribismo, que su posición frente a una Corte, como lo es la Jurisdicción Especial para la Paz, es la misma de Duque en campaña en 2017 y la del uribismo radical. Es un refrito de lo que ha dicho tradicionalmente el Centro Democrático. A pesar de la elección de Zuluaga como candidato oficial del Centro Democrático, es evidente que el candidato definitivo de Uribe no estará en el Centro Democrático, en virtud de la alta desaprobación ciudadana del gobierno de Iván Duque y del mismo Álvaro Uribe. En ese sentido, la elección de Zuluaga como candidato oficial, el discurso de Federico Gutiérrez y su pasado uribista, acercan a Federico Gutiérrez a convertirse en el caballito de troya del uribismo.

Por Camilo Diaz, investigador nacional, y Nataly Triana, asistente de investigación. Línea Democracia y Gobernabilidad. El día de ayer, 21 de noviembre, se llevaron a cabo las elecciones regionales y municipales en Venezuela. Con 70.244 registrados, se eligieron 3.082 cargos de elección popular, entre los que se encontraban 23 gobernaciones y 335 alcaldías municipales. Con la emisión del primer boletín electoral, leído por Pedro Calzadilla, presidente del CNE, se dio a conocer que el oficialismo se había llevado la mayoría de las gobernaciones del país, en medio de varias irregularidades desde el ventajismo institucional y varios hechos de alteración del orden público que marcaron la jornada electoral. Los resultados electorales Pasada la medianoche en Venezuela, se dio a conocer el primer boletín electoral por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Según las cifras reportadas, de los 21.391.620 ciudadanos habilitados para votar, solo participó el 41,8% correspondiente a 8.151.793 personas. De los 23 estados, la oposición ganó en 3 y el oficialismo se quedó con 20. En los estados de Anzoátegui, Mérida y Táchira, que tenía un gobernador opositor, ganó el oficialismo. El estado de Nueva Esparta es el único que mantuvo una votación mayoritaria de la oposición, logrando Alfredo Díaz su reelección. Por su parte, en los estados de Zulia y Cojedes, que estaban en manos del oficialismo, ganó la oposición. Los resultados electorales en los estados fronterizos En el caso de Zulia, ganó Manuel Antonio Rosales en una elección en la que se enfrentaba al controvertido Omar Prieto. Con un 56,9% de la votación, correspondiente a 1.494.994 votos, Manuel Antonio logró quitarle la gobernación de este estado al oficialismo. Rosales es abogado y cuenta con una especialización en Administración, Gerencia y Recursos Humanos. Fue alcalde de Maracaibo en 1995, gobernador del estado de Zulia en el año 2000 y reelecto para el mismo cargo en el 2004. Se retiró de su segundo periodo como gobernador para ser candidato a la presidencia en 2006, elección que perdió al conseguir solo el 36,2% de la votación nacional. En 2008 había sido elegido de nuevo alcalde de Maracaibo, pero tras una presunta persecución política se exilió en 2009 y regresó a Venezuela en 2015. Por su parte, en el estado de Táchira se dio el proceso contrario. Freddy Alirio Bernal, quien había fungido como protector del estado, le ganó a la gobernadora opositora Laidy Yorveys Gómez, que buscaba reelegirse en el cargo. Bernal ha sido diputado, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, alcalde del municipio Libertador, comisario general del Servicio Bolivariano de inteligencia Nacional, jefe de los Comités de Abastecimiento y Producción (CLAP) y nombrado protector del estado Táchira en 2017. Como lo anunció la Fundación Paz y Reconciliación en el informe “La salud de la democracia en Venezuela: Elecciones del 21N y su impacto en la frontera”, Bernal llega al cargo con serios cuestionamientos. Ha sido vinculado varias ocasiones por tener nexos con grupos armados y el narcotráfico, por lo que fue incluido en la “lista Clinton” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC). También ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas irregularidades electorales, censura y corrupción. Sumado a ello, se ha visto envuelto en varios hechos de corrupción que rodean las cajas CLAP y las actuaciones de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). El ventajismo institucional anunciado Las elecciones del pasado domingo en Venezuela transcurrieron con una serie de irregularidades que fueron previstas desde Pares en el informe “La salud de la democracia en Venezuela: Elecciones del 21N y su impacto en la frontera”. En primer lugar, los centros de votación tuvieron retrasos en su apertura debido a la falta de los miembros de mesa sorteados, esta situación permitió la sustitución de estas personas por militantes de partidos políticos que fueron acreditados de manera irregular como miembros de mesa accidentales. De acuerdo con fuentes territoriales de Pares, este proceso se saltó el procedimiento de sustitución establecido en la Ley de Procesos Electorales (LOPRE), en donde se señala que a falta de estos miembros su reemplazo debe darse con los miembros de mesa sorteados suplentes o con los miembros de reserva de las otras mesas. La violación de esta figura radica no solamente en el incumplimiento del proceso de sustitución y quorum, sino también la obligación de ser una figura compuesta por electores independientes de líneas partidistas. Este mecanismo de corrupción fue pronosticado por A.C Súmate, quienes denunciaron previamente que el CNE no se había comprometido en la convocatoria de los miembros de mesa accidentales para cumplir con su servicio electoral. De acuerdo con esta organización, era su deber constitucional haber realizado una campaña informativa pública tal y como se encuentra prevista en la LOPRE. Es posible que este hecho se deba a las alteraciones que llevó a cabo el CNE para la acreditación de los miembros de mesa, según A.C Súmate varios miembros de mesa complementaron su ciclo de formación para hacer parte de las mesas como miembros sorteados suplentes. Sin embargo, no fueron seleccionados en la lista definitiva de esta figura, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos legales para hacerlo. Lo anterior, fue posible tras el cambio o eliminación de los cargos a más de 300.000 miembros de mesa el 19 de noviembre, en especial al permitir la presencia y participación en este proceso a actores ajenos al proceso electoral en vez de miembros y testigos de mesa acreditados. Esto sin mencionar la opacidad de la información por parte del CNE en la instalación de las mesas electorales. En segundo lugar, en esta jornada también se violó el principio de la igualdad en la competencia electoral tras el incumplimiento de la veda electoral impuesta desde el 19 de noviembre. Los partidos oficialistas a través de sus redes sociales y los medios de comunicación nacional han mantenido la campaña electoral en todo el día domingo, en contradicción a lo establecido en el cronograma electoral. Hasta la hora de cierre de las elecciones, el canal Venezolana Televisión difundió a través de su web y cuenta en Twitter 65 espacios informativos de los cuales 53 eran a favor del PSUV, mientras la Radio Nacional de Venezuela y la YVKE publicaron un 100% a favor de este mismo partido. Por otro lado, el funcionamiento de los puestos de votación fue alterado de manera discrecional. En el Zulia en algunos centros de votación se presentó un cierre prematuro que originó protestas que fueron reprimidas violentamente por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). De acuerdo con el Observatorio de Conflictos, se presentaron protestas en Barinas, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Caracas, Monagas, Portuguesa, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia. En los estados Vargas, Monagas, Carabobo, Torres, Yaracuy, Caracas, Portuguesa, Maturín, Miranda, Sucre y otros, no se pudo finalizar, en algunos de sus centros de votación, la jornada electoral y por el contrario se mantuvieron abiertas de manera inconstitucional. Según la LOPRE, los puestos de votación se mantuvieron abiertos hasta las 6:00 pm y solo se permitía la continuidad del proceso de votación, siempre y cuando a esa hora haya personas ingresando para ejercer su derecho. No obstante, en ninguno de los casos mencionados había personas en cola dispuestas a votar. En relación a los mecanismos de cooptación, nuevamente se presentaron los Puntos Rojos, carpas o espacios relativamente cercanos a los puestos de votación donde el oficialismo lleva a cabo campaña política y coacciona a los electores a través del Sistema Patria. De acuerdo con el último reporte de A.C Súmate, la irregularidad más denunciada es la presencia de estos puntos partidistas y según su conteo representa el 23.2% de las irregularidades delatadas. Alteraciones de orden público Human Rights Watch denunció haber recibido denuncias sobre la presencia de colectivos armados cerca de los centros de votación. De acuerdo con el Observatorio de Conflictos, se presentó presencia de colectivos en los estados de Aragua, Apure, Bolívar, Carabobo, Caracas, Lara, Mérida, Portuguesa, Vargas y Zulia. Mientras, fuentes de prensa denunciaron la presencia del ELN en Táchira. En el municipio de San Francisco del estado del Zulia se presentó un tiroteo cerca al centro de votación ubicado en el Colegio Eduardo Emiro Ferrer, mientras en la Unidad Educativa Arquidiocesana Madre Laura hubo hombres armados que realizaron tiros al aire. Según los testigos, los responsables presuntamente son colectivos o bandas afines al chavismo. Estas alteraciones del orden público estuvieron acompañadas de intimidaciones y amenazas de estas mismas organizaciones a candidatos y/o integrantes de la oposición. En el municipio de San Francisco Eduardo Labrador fue agredido por este tipo de organización en la sede de campaña del MUD en el estado del Zulia. De acuerdo con Labrador, este acto fue incentivado por el actual alcalde Dirwings Arrieta del PSUV. En un caso similar, en el estado Lara fueron agredidos físicamente integrantes de Transparencia de Venezuela que se encontraban haciendo monitoreo electoral, conforma su testimonio el colectivo justificó su accionar al haber ellos tomado una foto. De acuerdo con el Colegio Nacional de Periodistas, en estas elecciones se presentaron agresiones hacia periodistas, las más comunes fueron impedimento de acceso a los centros de votación, eliminación de material grabado, intento de decomiso de equipos, hostigamiento y amenazas.

Por: Laura Cano Periodista Pares Ayer tanto las personas providad, como las que defienden el aborto esperaban que la Corte Constitucional tomara una decisión frente a la despenalización del aborto. Esto luego de que fueran interpuestas dos demandas, una por parte de Causa Justa y otra por el abogado Mateo Sánchez en 2020, quienes solicitaban eliminar el delito del aborto. Como se tenía planeado, se esperaba que antes de finalizar esta semana se conociera la decisión, pero todo tomó otro rumbo luego que el magistrado Alejandro Linares se declarara impedido luego de haber dado declaraciones públicas sobre el tema en medios de comunicación la semana pasada. Tras esto los magistrados debían definir si era aceptado o no el impedimento, sin embargo, esto no se logró resolver, pues resultaron 4 votos a favor del impedimento y 4 votos en contra, quedando suspendidos los términos para tomar la decisión frente a la despenalización. ¿Qué dicen las demandas? Hay que recordar que en el 2020 las organizaciones Women´s Link Worldwide, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, el Centro de Derechos Reproductivos, Católicas por el Derecho a Decidir y el Grupo Médico por el Derecho a Decidir, con el apoyo de personas y organizaciones expertas/os en derecho y en salud, eleboraron una demanda que fue presentada por el Movimiento Causa Justa, un movimiento amplio y diverso conformado por organizaciones sociales, activistas y ciudadanas que busca eliminar del delito de aborto en Colombia. En dicha demanda la solicitud instar a “la Corte a eliminar el delito de aborto por ser injusto con las mujeres más vulnerables, ineficiente y violatorio de los derechos de las mujeres y del personal de salud. En vez de usar el derecho penal, podrían existir más y mejores políticas de salud que contribuyan a prevenir las muertes y complicaciones por abortos inseguros y el embarazo no deseado, así como programas de educación sexual integral, información, acceso y disponibilidad de métodos anticonceptivos”. Adicionalmente, dentro de la demanda se caracterizaban una serie cargos inconstitucionales con la penalización del aborto. Hay que recordar que esta tipificación de delito está contemplada en el artículo 122 del Código Penal colombiano , en donde se expone que: "La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses de prisión". Y "a la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior". En ese sentido algunos de los aspectos inconstitucionales, que además respaldaban la demanda, eran la violación del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la violación al derecho a la salud, la violación al derecho a la libertad de profesión u oficio del personal de salud, y la violación al derecho a la libertad de conciencia y el principio del Estado laico. La otra demanda que también se presentó en 2020, fue puesta por el abogado Andrés Mateo Sánchez, en este recurso se sustentaba que la penalización del aborto viola los derechos de libre desarrollo de la personalidad, los derechos reproductivos y la dignidad humana. Además, se argumentaba que en lo que plantea el Código Penal no se analiza el aborto como un derecho conectado con el derecho a la salud. Las demandas llegaron a los despachos de magistrados liberales de la Corte. La primera, la de Causa Justa, fue estudiada por Antonio José Lizarazo, mientras que la del abogado Mateo Sanchez fue analizada por Alberto Rojas. Los dos en sus ponencias apuntaban a la despenalización del aborto, pero siguiendo distintos argumentos. Lizarazo ponía dentro de sus puntos que con la criminalización se violan derechos fundamentales, como el de la salud. Y además, exponía que despenalizar podría derivar en que menos mujeres accedan a abortos inseguros y que el delito afecta la libertad de conciencia, al impedir decidir cuántos hijos se quiere tener. Por su parte, Alberto Rojas ponía sobre la mesa que penalizar el aborto es discriminatorio porque afecta exclusivamente a las mujeres, y que no solucionaba la problematica que hay respecto a los abortos clandestinos. Así las cosas vale la pena señalar dos cosas. Por un lado, antes de conocerse que Alejandro Linares se había declarado impedido, las cosas en la Corte estaban así: cuatro magistrados a favor, en donde estaban Alberto Rojas, Antonio José Lizarazo, Alejandro Linares y José Fernando Reyes. En contra se encontraban Cristina Pardo, Paola Meneses y Enrique Ibáñez. Por su parte, Gloria Stella Ortiz y Diana Fajardo eran las magistradas que se encontraban indecisas. Una decisión necesaria Por otra parte, vale la pena traer a colación algunos datos. Por ejemplo, en un informe de Profamilia publicado en el mes de septiembre se informó que, tan solo en el 2020, al menos 70.000 embarazos no deseados no pudieron ser evitados en el país. Además, apesar de que desde el 2006, a través de la Sentencia C-355, se despenalizó el aborto en los casos en los que la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida y cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto, categorizándose así como interrupción voluntaria del embarazo (IVE); organizaciones como Profamilia y la Mesa por la Vida han alertado que, en Colombia, incluso las mujeres que buscan acceder a la IVE dentro de las tres causales, enfrentan barreras que ponen en riesgo su salud y su vida. Sumado a esto, hay que señalar que en el país se realizan poco menos de 17.000 abortos legales al año, según cifras de Profamilia; mientras que, al menos, 400.000 se realizan de forma ilegal, siguiendo los datos del Instituto Guttmacher. Lo anterior también apesar que en el país hay por lo menos diez estándares normativos que buscan proteger el aborto inscribiéndolo dentro de los derechos reproductivos que, a su vez, son reconocidos como derechos humanos. Estos son: C-355 de 2006, T-636 de 2007, T-585 de 2010, T-841 de 2011, T-627 de 2012, C-754 de 2015, T-301 de 2016, T-697 de 2016, C-327 de 2016 y SU-096 de 2018. Hay que resaltar que estas normativas plantean la obligación del Estado de suministrar información oportuna, suficiente y adecuada respecto a la IVE, y también de garantizar la su práctica en todo el territorio, en todos los niveles de complejidad y en cualquier etapa del embarazo en los casos contemplados. Adicionalmente, establecen la obligación de proteger el derecho a la intimidad y confidencialidad de las niñas y mujeres en quienes, adicionalmente, se reitera el derecho de decidir libremente. Asimismo, se prohíben las dilaciones injustificadas y se exige que, si profesionales de la salud se rehúsan a practicar la IVE por motivos de conciencia, se garantice la prestación del servicio en condiciones de calidad y seguridad. No obstante, y a pesar de estos pasos que se han dado, la práctica del aborto sigue siendo criminalizada, incluso cuando se cumple con alguna de las causales que actualmente ampara la Sentencia C-355. En un contexto como este, y ante la ausencia de una despenalización total del aborto, muchas mujeres deben someterse a procedimientos clandestinos e inseguros para abortar. A propósito de esto, vale la pena mencionar que, según la Organización Mundial de Salud, anualmente cerca de 67.000 mujeres mueren a causa de abortos mal realizados, lo que corresponde al 13% de la tasa de mortalidad materna. A esto se suma que, siguiendo datos de la Fiscalía General de la Nación, hasta el 2019 había 5.833 denuncias por aborto. Entre estas, 4.834 son casos activos que siguen en alguna etapa del proceso penal. Además, siguiendo lo expuesto anteriormente, el 97% de las denuncias interpuestas entre 2010 y 2017 se hicieron contra mujeres que viven en zonas rurales, mientras que el 2% correspondía a mujeres que habitan áreas urbanas. Lo que demuestra, entre otras cosas, cómo la estigmatización está atravesada también por la ausencia de instituciones que informen sobre el derecho a la IVE. Por otra parte, del total de denuncias presentadas en 2019 ante la Fiscalía, el 73% habían sido presentadas por miembros del personal médico, lo que de nuevo pone sobre la mesa la urgencia de que se cumpla el derecho a la intimidad y confidencialidad, pues muchas mujeres dejan de asistir a centros hospitalarios por la tendencia a la vulneración de este derecho y deber. De igual forma, esta realidad evidencia la carga psicológica, emocional y laboral a la que son expuestas las personas que realizan estos procedimientos, pues incluso en el ámbito médico el estigma sigue siendo una constante. Todo esto es importante de mencionar, pues justamente todas estas problemáticas son las que se profundizan con la demora de la decisión de la Corte Constitucional, decisión que se esperaba además de una larga lucha, que además ha sido en nombre de todas las mujeres que han perdido la vida en medio de abortos clandestinos, muchas de ellas incluso nisiquiera aparecen en cifras, a causa de la estigmatización y criminalización que significa la contemplación del aborto como delito. ¿Qué sigue? Con el empate en la votación en la que se definía si se aceptaba o no el impedimento de Alejandro Linares, lo que surgió fue el nombramiento de un conjuez, quien será el que dé el voto definitivo para continuar con la discusión sobre la despenalización del aborto. El conjuez designado es Hernando Yepes Arcila, doctor en derecho de la Universidad de Caldas, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, delegatario a la Asamblea Nacional Constituyente por el Partido Conservador, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, director jurídico de la Federación Nacional de Cafeteros y Ministro del Trabajo y Seguridad Social, entre otros cargos. Así las cosas el conjuez presentará su respectivo voto, y una vez esa parte se resuelva la Corte retomaría el debate sobre el aborto, que por ahora queda suspendido. De admitirse el impedimento, se separaría al magistrado Linares, uno de los votos a favor de la despenalización.

Daniela Garzón, investigadora de la línea de Democracia y Gobernabilidad Después de haberse reunido durante el fin de semana con los exalcaldes Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez, el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció que se unía a la larga lista de precandidatos presidenciales y que empezaría a recolectar firmas para ello. Después de muchos rumores que anunciaban que Char había desestimado presentarse como candidato, la coalición de centro-derecha se consolida tratando de buscar un solo candidato que saldría al menos entre Peñalosa, Gutiérrez, Char y el exministro Juan Carlos Echeverry de una consulta en marzo. A esa coalición, que Echeverry ha nombrado #CoalicionDeLaExperiencia, se podrían unir la hoy directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, y el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez. La candidatura de Char, según La Silla Vacía, tomó por sorpresa hasta a los políticos charistas, pues Alejandro había dicho que no le interesaba postularse. Y también sorprende que siendo uno de los políticos más poderosos del partido Cambio Radical y teniendo una de las bancadas más grandes en el Congreso, haya decidido seguir los pasos de Vargas Lleras en 2018, y posar de independiente recolectando firmas. Eso solo demuestra, una vez más, que por ahora nadie quiere con los partidos, ni siquiera sus fundadores y principales beneficiarios. Alejandro Char ha sido sin duda un fenómeno electoral en el Atlántico, pues siendo alcalde de Barranquilla entre 2016 y 2019 tuvo cifras récord de favorabilidad, cerró con el 95%, y sus fichas políticas -Jaime Pumarejo en la alcaldía y Elsa Noguera en la gobernación- no tuvieron competidor en las elecciones de 2019. Su clan político, el clan Char, amasa un poder político y económico enorme que domina buena parte de la región caribe. Ese poder incluye una larguísima permanencia en el Congreso de la República, senadores y representantes de su cuerda política, un bastión económico basado en las cadenas de supermercado Olímpica y en el banco Serfinanza y un poder cultural innegable en Barranquilla, pues los Char son los dueños del Junior, el equipo de fútbol insignia de la ciudad. El autoricharismo, como lo denominó León Valencia en 2020, tiene una historia larga que arranca con Fuad Char, el padre de Alejandro, siendo gobernador del Atlántico en 1984, ministro de Desarrollo durante el gobierno de Virgilio Barco, y senador desde 1992 hasta 2006. Participó en la fundación de Cambio Radical en 1997 y en las elecciones para Congreso 2006-2010 le cedió su curul a su hijo, Arturo Char, para regresar en 2010 de nuevo a las elecciones y al Senado. Desde 2014 la curul la ocupa Arturo Char, quien piensa lanzarse de nuevo en 2022, siendo un congresista poco destacado y un ausentista consagrado. En 2007 Alejandro, con el aval de Cambio Radical, y el apoyo de los partidos Liberal, La U, Conservdor, Movimiento Colombia Viva y Alas Equipo Colombia, se quedó con la Alcaldía de Barranquilla por primera vez. Volvió a ser alcalde en 2016 y desde 2007 personas pertenecientes a su clan y apoyados en su caudal electoral han ocupado esa silla. Los Char han contado, además, con personas dentro del gobierno nacional, como la exministra TIC Karen Abudinen, involucrada en el escándalo de Centros Poblados. Durante las elecciones de 2018 lograron elegir a seis senadores; Ana María Castañeda, Antonio Zabaraín, Arturo Char, Luis Eduardo Díazgranados, Miguel Amín Escaf y la prófuga Aída Merlano, que se eligió con su apoyo y el de los Gerleín y fue condenada por la Corte Suprema por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal y que durante una entrevista concedida a Vicky Dávila involucró a los Char con su huida. Y a tres representantes a la Cámara: César Lorduy, Karina Rojano y José Gabriel Amar. El poder de los Char no se ha extendido solo en el Atlántico, ha alcanzado otros departamentos como Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba y La Guajira. Dentro de sus aliados se cuentan los Cote, la Gata, los García Romero, los Pestana y la familia Deluque, otros clanes políticos que han tenido miembros investigados y condenados por nexos con paramilitares o corrupción. David Char Navas, sobrino de Fuad, llevó a cabo su carrera política por fuera de su grupo familiar, tiene una investigación abierta por parapolítica y fue el primer político en pedir pista en la Jurisdicción Especial para la Paz. La llegada de Alejandro Char a la contienda presidencial aterriza el poder regional más poderoso del país en una disputa enredada y en la que hay muy pocas claridades, pues los niveles de indecisión mostrados por las últimas encuestas siguen siendo muy altos. Eso significa que cualquier político experimentado con votos, popularidad, que sabe negociar y mover maquinarias políticas como él y su familia, puede pescar en río revuelto. Hay un espacio por disputar en la derecha, pues el uribismo está debilitado y Uribe, sin muchas ganas de hacer campaña por sus líos judiciales, cargando el desastre del gobierno de Duque y con candidatos uribistas desteñidos, podría darle la bendición a quien salga elegido dentro de la consulta que incluiría a Char, Gutiérrez, Peñalosa, Echeverry, quizás a Toro, Pérez o incluso al exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a quien el conservatismo le cerró las puertas al elegir a David Barguil como candidato del partido. Con su aspiración, Char se convierte en un competidor directo de Gustavo Petro, el que mejor marca en esas mismas encuestas, pues la costa caribe fue uno de sus bastiones electorales en su frustrada campaña presidencial de 2018 y su hijo, Nicolás Petro, tuvo poco que hacer en su aspiración a la gobernación del Atlántico frente al poder avasallador del charismo que acabó eligiendo a Elsa Noguera, 692.723 votos contra 191.972. Los partidos políticos tradicionales buscarán aglutinarse en un solo candidato para no quedarse por fuera de la torta burocrática y del gabinete de gobierno, y si alguien podría darles posibilidades de quedarse con la presidencia por su mostrada capacidad electoral, ese es Alejandro Char.