Por: Laura Cano Periodista Pares Cali fue uno de los epicentros del paro nacional. Desde abril fue una de las zonas donde tuvo más presencia y participación las jornadas de movilización. No obstante, también fue uno de los puntos donde más ocurrieron vulneraciones de derechos humanos en contra de los manifestantes. Siguiendo información de El Tiempo y la Comisión por la Vida, hasta julio de 2021 se habían reportado 44 asesinatos en el marco del paro, la mayoría de estos cometidos o relacionados con la acción de uniformados de la Policía Nacional. Apesar de la gravedad de estos hechos en los que perdieron la vida muchas personas, durante las jornadas de Paro en la capital del Valle del Cauca también resaltaron otros hechos que afectaron a las y los manifestantes, entre los que están agresiones físicas, represión violenta, desapariciones, detenciones ilegales, e incluso actos de paramilitarismo urbano cometidos por civiles armados, quienes acompañaron a agentes de la Policía Nacional. Hay que recordar que aun cuando el panorama nacional era crítico y habían cifras como las de Temblores ONG, en las que se señalaba que en el país desde el 28 de abril al 15 de julio se habían presentado 4852 casos de violencia policial, los pasos de la justicia se quedaban cortos, y muestra de ello era que se presentaba por el Ministerio de Defensa como un importante avance que para el 04 de junio se adelantaban 180 investigaciones en contra de integrantes de la fuerza pública, por irregularidades cometidas durante el paro. Asimismo, a principios de junio se informaba desde la Procuraduría que se estaban adelantando 127 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de la fuerza pública, con ocasión de sus intervenciones en los actos de protesta. Por su parte, puntualmente en Cali, la Procuraduría abrió investigación en mayo, luego de que la Defensoría del Pueblo denunciara que uniformados de la Policía agredieron a una funcionaria de esa entidad, a un representante de la Procuraduría y a tres delegados de organizaciones de derechos humanos, mientras atendían a unos detenidos en una estación de Policía de Cali. Las personas, como se expresó desde la Defensoría, “fueron objeto de amenazas por parte de agentes de la Policía Nacional quienes dispararon en repetidas ocasiones al aire y al piso, turaron granadas aturdidoras, los maltrataron verbalmente y les exigieron retirarse el lugar", señaló Carlos Camargo. Ahora, también respecto a Cali, se conoció que la Fiscalía imputarán cargos a policías por muerte de manifestantes en Cali durante el paro. Más exactamente los uniformados implicados son el coronel Édgar Vega Gómez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali; al teniente Néstor Mantilla, comandante del grupo GOES; y al patrullero de la Policía Wilson Orlando Esparragoza.Más exactamente esta imputación se haría por el asesinato de 06 civiles ocurridos el pasado 03 de mayo en las zonas de Siloé, Calipso y Puerto Resistencia. Hay que señalar que según medios de comunicación entre los hechos de asesinatos ocurridos en Cali están los de Cristian Alexis Moncayo (28 de abril-Puente del Comercio); Miguel Ángel Pinto (29 de abril - Puerto Resistencia), Edwin Villa, Rosemberg Duglas, Einer Alexander Lasso (Calipso - 30 de abril); Michael Andrés Aranda (28 de mayo - Siloé); Jhon Alexander Changuendo, Michael Joan Vargas y José Mauricio Velasco; Dadimir Daza (29 de abril - Yumbo); Michael Joan Vargas López, Jhon Alexander Yotengo Chagüendo y José Mauricio Velasco Orozco (17 de mayo - Yumbo); y Michael García Yepes (19 de mayo - Yumbo). Hay que señalar que la audiencia contra los uniformados se tenía prevista para esta semana, no obstante la defensa de los policías solicitó reprogramarla, quedando así para el próximo primero de diciembre, en donde se espera el ente acusador impute a los oficiales el delito de homicidio agravado, y luego se pida que sean apartados de sus cargos. Este sería un paso importante para que en todos los casos de vulneraciones de derechos humanos contra los manifestantes por parte de los policías se comience a hacer justicia sin dilaciones.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Esta semana una amiga me dijo que en el mundo a las personas las podemos dividir en dos clases: las que aguantan hambre porque les toca y las que lo hacen por decisión propia. Es decir, entre aquella población que está obligada a soportar el hambre por que no cuenta con los recursos suficientes para acceder a una alimentación apropiada –tanto en cantidad como en calidad–, y aquella que, a pesar de contar con los recursos, decide no comer porque sus mentes así se lo exigen. En esta ocasión quiero hablar sobre el primer grupo; compuesto por todos aquellos hombres y mujeres a quienes les gustaría tener en su mesa –si es que la tienen– las tres comidas diarias, pero debido a sus bajos flujos de ingresos o mínimo nivel de riqueza monetaria no pueden tenerlas. Un grupo bastante numeroso en el mundo que, según cifras de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), está compuesto por entre 720 y 811 millones de personas para 2020, o sea, cerca del 10% de la población mundial. Porcentaje que –si bien se han dado cuenta– crece en la medida en que nos acercamos al lugar donde habitamos; incluso cuando se trata de aquellos sitios –como la ciudad amurallada en Cartagena o El Poblado en Medellín– donde están los hogares con mayor nivel de riqueza en Colombia. Lugares que, al mismo tiempo, están rodeados por una amplia población en situación de pobreza que carece, casi por completo, de una alimentación diaria y que tienen una alta probabilidad de padecer hambre en el tiempo presente. Así lo muestran las cifras para Colombia y Medellín. Según la Encuesta Pulso Social del Departamento Nacional de Estadística (DANE), en mayo de 2021, en el país, el 34,5% de las familias –es decir, 2.6 millones de hogares– sólo podían acceder a dos platos de comida al día. Y para Medellín este porcentaje aumenta: según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) de 2020, el 59,1% de los hogares se encontraban en inseguridad alimentaria, de los cuales el 19,2% estaba en el nivel severo. Una condición altamente preocupante para el país, pues se esperaría que Medellín, al ser la segunda ciudad más importante de Colombia –tanto en términos poblacionales como económicos–, donde las condiciones de vida son relativamente altas en comparación con el sector rural y donde existe una institucionalidad muy preocupada por el bienestar social de su población, no ocurriera esto. Sin embargo, allí, uno de cada cinco habitantes está en riesgo alto de padecer de hambre en la actualidad. Situación que, por supuesto, no es igual para todo el territorio. Si incrementamos el zoom del lente que observa el hambre nos daremos cuenta de que existen zonas aún más vulnerables. En lugares como la Comuna 1 de Medellín, la misma Encuesta de Calidad de Vida de 2020 encontró que el 74% de los hogares se encontraban en inseguridad alimentaria, es decir, solo una de cada cuatro familias cuenta con los recursos para no padecer de física hambre. Para informar al lector, digámosle que la Comuna 1 está ubicada en las laderas de la ciudad de Medellín y se encuentra habitada por una población históricamente excluida, compuesta por personas desplazadas –víctimas del destierro del que fueron objeto por causa del conflicto armado del país–, migrantes –en especial provenientes del vecino país de Venezuela–, mujeres cabeza de familia, población étnica (como afrodescendientes e indígenas) y personas con discapacidad. Este rezago histórico –que bien puede ser el mismo de otros territorios urbanos en Colombia– ha convertido a la Comuna 1 en un lugar con precarias condiciones socioeconómicas para sus habitantes. De esta forma, nos encontramos con un territorio habitado por una población que padece de estigmatización y que hace parte de la economía informal. La mayoría de su economía está basada en pequeños empresarios dedicados a las ventas ambulantes y el reciclaje. Además, cuenta con una alta proporción de mujeres en situación de empleo precario y economía del “rebusque”. Y como todo puede ser peor para la población vulnerable, a la aguantada de hambre se le ha unido un incremento de problemáticas psicosociales y el aumento de la violencia hacia grupos vulnerables –niños, niñas y las mujeres–, sobre todo en los hogares. Esto sin nombrar el reclutamiento de menores que hacen los grupos criminales que ocupan el territorio y que extraen de los escasos ingresos de la población rentas por vigilancia y control territorial. En este entorno desfavorable, el hambre se ha profundizado y la inseguridad alimentaria y nutricional se ha agudizado como consecuencia de la pandemia de la covid-19. La desaceleración de la economía, producto de las medidas de confinamiento para controlar el contagio del virus, recrudeció la inequidad distributiva. El confinamiento obligó a la mayoría de los habitantes de la Comuna 1 a quedarse en casa y a no percibir ingresos a causa de su condición de empleados informales o trabajadores del rebusque. De esta manera, para la población que habita esta comuna se redujo la posibilidad de comprar alimentos. Carencia que, a pocos días de iniciar la pandemia, dibujó el hambre en los rostros de los niños y niñas, de las mujeres y de los adultos mayores, y que obligó a que, en medio del desespero, optaran, inicialmente, por colocar trapos rojos en las ventanas y puertas de sus hogares, buscando que las autoridades municipales y la población civil les brindaran ayuda alimentaria. Sin embargo, con el pasar del tiempo y ante la reducción de las ayudas asistencialistas tanto del Estado como de la población civil, surgieron innovaciones sociales para resistir ante la difícil situación de hambre e inseguridad alimentaria. Entre estas, se destacan el fortalecimiento de las huertas urbanas, los comedores comunitarios y algunas estrategias para mejorar la educación alimentaria y nutricional. Esfuerzos comunitarios con el objetivo de construir entornos y capacidades para garantizar el derecho a una alimentación saludable. Innovaciones sociales que están descritas en una reciente investigación financiada la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia y que realizó este año la Escuela de Nutrición y Dietética, que puso el zoom en la Comuna 1 en tiempo de aislamiento social –proyecto realizado en el contexto de la convocatoria Iniciativa UdeA responde al Covid-19–. Allí, el equipo investigativo evidenció el avance en el deterioro de las condiciones socioeconómicas de la población de la Comuna 1 de Medellín, y muestra cómo el suministro de alimentos para esta territorialidad se ha visto afectado de manera creciente. También reveló cómo, en este contexto, se fortalecieron las capacidades organizativas comunitarias que emergieron de las lideresas y líderes que jugaron un papel fundamental para la articulación de esfuerzos como un motor para afrontar la crisis social y alimentaria producto de la pandemia. No obstante, igualmente insisten que, a pesar de estos esfuerzos, el riesgo del hambre aumenta para la ciudad. Sus habitantes no tienen garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos que requiere una persona para agenciar su proyecto de vida digna. Las políticas asistencialistas y cortoplacistas, además de la persistencia de determinantes de la pobreza, hacen que los problemas alimentarios y nutricionales continúen en el territorio. La inseguridad alimentaria es la constante y, como diría Augusto Monterroso, “el dinosaurio” del hambre aún sigue aquí. Hoy, en la ciudad, como en la mayoría de las capitales del país, se observa una notable dificultad para acceder a los alimentos básicos de la canasta familiar. Una situación lamentable que es posible evidenciar en todos los lugares cuando se le ve con el zoom del hambre; circunstancia que es fruto de las condiciones estructurales y preexistentes de pobreza e injusticia social y que, unido al deterioro provocado por la covid-19, ha llevado a un recrudecimiento de las inequidades sociales y de la inseguridad alimentaria y nutricional. De allí que, como reflexión final, resulta muy pertinente que en estos momentos –donde inicia la época navideña y se supone hay abundancia y un creciente de gastos por las fiestas de fin de año– nos preguntemos, como parte de esta colectividad, por las personas que hoy sufren hambre, en especial por aquellas que no comen por falta de recursos –y no porque tienen miedo a engordar–. Es necesario reflexionar sobre esta población más vulnerable y proponer innovaciones sociales que ayuden a actuar por cambiar esta situación. No podemos, como sociedad, seguir permitiendo que los problemas alimentarios y nutricionales persistan y crezcan. La inseguridad alimentaria provoca trastornos en la vida de las personas que se verán reflejados en los rostros de los niñas y niños, y en el de las generaciones futuras. Su impacto no solo es fisiológico o biológico, también es psicológico y emocional; y afectará a la población venidera, impactando la salud de los recién nacidos, el desempeño económico y social de las personas, y el bienestar y la libertad de toda la sociedad. Debemos unirnos para exigirle a los gobiernos –nacional, regional y local– respuestas integrales no convencionales –asistencialistas y cortoplacistas–, políticas y programas que cincelen las bases de las brechas de desigualdad; acciones bien planificadas que generen condiciones para que los hogares colombianos cuenten con los alimentos necesarios para la consolidación del sistema alimentario, propendiendo por la soberanía y la seguridad alimentaria y por la garantía del derecho humano a la alimentación adecuada.

Por: Redacción Pares

Por: Laura Cano Periodista Pares La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicciòn Especial para la Paz citó a Carlos Jair Salamanca Robles, excomandante de la Brigada 29 del Ejército, a una nueva jornada de versión voluntaria en la que se espera entregue información que aporte al esclarecimiento en los hechos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por los uniformados del Batallón Cacique Pigoanzá en el Huila. La diligencia tendrá lugar el próximo 20 de diciembre y será de forma presencial en las instalaciones de la JEP. Hay que señalar que Salamanca comparece en calidad de comandante de la unidad militar mencionada, y ha sido mencionado en informes entregados por víctimas, así como por militares que también han dado sus versiones ante Tribunal. Las implicaciones de Carlos Jair Salamanca Hay que recordar que el Huila, el departamento en donde se concentró la gestión de Salamanca, fue uno de los departamentos priorizados por la JEP por sus altos números de ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate. Allí también están Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Casanare y Meta. Vale la pena señalar que en febrero de este año, desde el Tribunal se determinó que por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. El 66% del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo. En el Huila se habla de cerca de 327 víctimas, las cuales se concentraron en el sur y el centro del departamento del Huila, particularmente en el municipio de Pitalito con 39 víctimas, correspondiente al 26.9% del total de las muertes, seguido del municipio de Garzón en donde se registraron 19 víctimas, es decir el 13.1% del total presentado. Asimismo, hay que trae a colación que las brigadas Cuarta (perteneciente a la Primera División y actualmente a la Séptima División), Segunda (perteneciente a la Primera División) y Vigésima Novena (perteneciente a la Tercera División y de la que Salamanca hizo parte) del Ejército Nacional, concentraron casi el 40% del total de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el 2002 y el 2008. Hay que señalar que uno de los hechos en los que está involucrado el excomandante es el assinato de cuatro personas en una finca de la vereda Potreritos, del municipio de Gigante en el Huila. Siguiendo lo anterior, vale la pena traer a colación que en octubre de 2007 tres jóvenes, entre ellos un soldado regular que acaba de prestar su servicio militar, fueron acribillados a mansalva por tropas del Batallón Pigoanza, a quienes presentaron como miembros de una banda delictiva. A esto se sumó el asesinato de un jóven consumidor de boxer. A ellos los presentaron como miembros de una organización criminal, idea que pretendían lograr poniéndoles armas de fuego. Por otro lado, hay que recordar que el Caso 03 conocido como Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, que tuvo apertura el 12 de julio de 2018, ya ha recibido 388 versiones. Además, más de 2.963 miembros de la fuerza pública, de todos los rangos, han suscrito actas de sometimiento ante la JEP. En esta lista se cuentan 10 generales —algunos de ellos activos— que ya han rendido versión como el general retirado Mario Montoya, excomandante del Ejército; el general (r) Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30; el general (r) Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16 y el general Miguel Bastidas, segundo comandante del Batallón de Artillería No. 4. Ahora, la comparecencia que dará Carlos Jair Salamanca Robles, se convierte en una posibilidad de que se continúe esclareciendo este caso en la JEP, y en especial en relación con los casos ocurridos en el Huila. Así habrá que esperar qué avances se tienen luego de la versión que el excomandante dé el próximo 20 de diciembre.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad - Pares Se acercan las elecciones del 21N en Venezuela, un país en donde se vive una crisis política desde hace varios años, que ahora también se ve atravesada por la pandemia del Covid-19 y el actual plan de vacunación. En esta próxima fecha se elegirán 3.082 cargos de elección popular, entre los que se encuentran 23 gobernaciones, 335 alcaldías y 2.724 cargos para las asambleas legislativas y concejos municipales, con un total de 38 partidos con tarjeta electoral. Sin embargo, las condiciones particulares marcadas por la pandemia del COVID-19, los procesos de vacunación, la mesa de diálogos instalada en México entre la oposición y el oficialismo y la apertura de la frontera con Colombia, inciden en esta contienda electoral marcada, al igual que en el pasado 6 de diciembre (6D) de 2020, por el ventajismo institucional, la ausencia de un sistema de pesos y contrapesos, y las dificultades que presenta un sistema democrático del que sus participantes, candidatos y electores, desconfían. Les invitamos a leer este informe en donde profundizamos sobre todos los contextos que influirán en las próximas elecciones en Venezuela. Previsualiza y descarga el informe completo aquí.

Por: Laura Cano Periodista Pares Hace algunos meses se desató un escándalo por cuenta de la pérdida de $70.000 millones con los que se pretendía llevar internet a zonas alejadas del país. Esto se haría a través de una Unión Temporal, la cual debía comprometerse a garantizar todo el proceso de arquitectura, diseño, solución tecnológica, instalación y funcionamiento hasta diciembre de 2031. No obstante, Paola Herrera, periodista de La W Radio alertó que los 70.000 millones que se le habían adelantado a la Unión Temporal Centros Poblados estaban extraviados. Además, Herrera también fue la encargada de advertir la poca experiencia del consorcio y de señalar que “no fue solo una sino que fueron tres las garantías bancarias falsas que se presentaron por parte de Centros Poblados. Estas tres pólizas tienen un valor total de $145.866 millones”, escribió la periodista en su cuenta de Twitter. Tras esto, se desarrollaron una serie de hechos e investigaciones, entre los que resaltan,, por ejemplo, la renuncia de Karen Abudinen como ministra de las TIC, y el proceso contra Emilio Tapia, quien estaría detrás de la empresa Unión Temporal Centros Poblados, la misma a la que el Ministerio TIC le adjudicó el contrato en cuestión. A esto se suma que también, y desde muchos sectores, los ojos han estado encima para que se cumpla con el objeto del contrato, y que así zonas como Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada, finalmente tengan una mejor cobertura del servicio. Tras esto, los también los ojos de los organismos de control han estado puestos frente a las acciones que se están realizando para garantizar que el servicio de internet sea una realidad, sobre todo, en los territorios más apartados del país. Así las cosas, recientemente la Procuraduría General de la Nación envió un comunicado en el que se insta al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) y al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FTIC) a realizar las acciones necesarias para garantizar la instalación y puesta en marcha los Centros Digitales ubicados en 17 departamentos del país. Esto dado que a pesar de que las acciones del contrato están en marcha, se han presentado demoras en cuanto al cronograma que estaba establecido. Hay que señalar que este contrato se realizó con COMCEL S.A. por un valor de 1,06 billones de pesos, bajo el objetivo principal de llevar internet gratuito a los departamentos de Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés. Hay que señalar que son dos grupos los que se priorizaron para dar cumplimiento al contrato, pero según lo investigado por la Procuraduría “el Grupo 1B correspondiente a dieciséis coma veinticinco por ciento (16.25%) de los Centros Digitales presenta varios meses de retraso, de acuerdo con el cronograma de trabajo establecido”, señaló el organismo de control. Además, se advierte que que “en cuanto a la Meta 10 relacionada con el “Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 2 correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros Digitales”, se encontró que el contratista para el Grupo 2 no ha reportado ni siquiera el 10% de los Centros Digitales de esta entrega, pactados contractualmente”. Ahora bien, teniendo en cuenta los hechos anteriores, y el problema de conectividad que brilla en muchas zonas del país, urge que la empresa contratada acelere efectivamente las acciones para responder por los objetos por los que fue contratada, igualmente, es de vital importancia que los organismos competentes estén al tanto de este tipo de retrasos para no repetir otro capítulo del caso de Centros Poblados.

Por: Camilo Díaz Suárez Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad El pasado 10 de noviembre, se dio a conocer que una tutela admitida por la Sección Primera del Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá frenó, momentáneamente, la suspensión del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, más conocida como Ley de Garantías Electorales. Sin embargo, la restricción aplicada por la jueza solo será por 30 días, dejando en un limbo jurídico a la suspensión o aplicación de la Ley de Garantías. Si bien el presidente Iván Duque puede sancionar la ley marco que incluye la suspensión, el periodo de 30 días da un tiempo para esperar un pronunciamiento de la Corte Constitucional. No obstante, desde el 13 de noviembre empezó a regir la Ley de Garantías. ¿Qué dice el fallo? La jueza Edna Paola Rodríguez falló en favor de una acción de tutela interpuesta por el abogado Miguel Ángel Bravo Gutiérrez, en contra del Senado de la República y la Cámara de Representantes. De esta forma, se decidió: En primer lugar, amparar los derechos fundamentales vulnerados con la tramitación del Proyecto de ley 096 de Senado y 158 de Cámara, con el que se decretó el Presupuesto General de la Nación 2022, pues estos órganos legislativos al votar y aprobar dicho Proyecto de ley, habrían desconocido el principio de reserva y afectado tanto a imparcialidad como la igualdad electoral. Por ello, en segundo lugar, un juez le ordenó al presidente de la República, Iván Duque, y a los gobernadores y alcaldes abstenerse de aplicar la modificación al parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005. Dicho parágrafo establece que las autoridades departamentales, municipales y distritales no pueden celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos 4 meses antes de elecciones, así como tampoco pueden participar de actividades proselitistas en las que participen candidatos. De igual forma, no se pueden inaugurar obras públicas o comenzar programas sociales, autorizar el uso de inmuebles para actividades proselitistas ni modificar la nómina. El freno a esta aplicación se debe a que el juez consideró que el parágrafo del artículo 38 garantiza el debido proceso, la igualdad y la imparcialidad del proceso electoral. Sin embargo, se establece que la restricción estará vigente hasta el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Es decir, la restricción es transitoria por un periodo válido de 30 días hábiles, que le den un espacio para que la Corte Constitucional se pronuncie. Si pasados los 30 días no se declara la inconstitucionalidad, la restricción perderá efectos de forma inmediata. Esta medida aplica únicamente al artículo 125 del Presupuesto General de la Nación 2022 aprobado. Finalmente, se ordenó que mientras la Corte Constitucional emite un pronunciamiento, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República debe informar y velar por la publicación del fallo. ¿Qué se viene? Mientras sale un pronunciamiento de la Corte Constitucional, desde el 13 de noviembre, iniciaron las restricciones por elecciones al Congreso de la República, que serán el 13 de marzo de 2022. Así, quedaría ya prohibido realizar contratos o convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, pero la contratación directa seguiría aplicando. Por otro lado, el 29 de enero comenzarían las restricciones por las elecciones presidenciales, que se realizarán el 29 de mayo de 2022. Para esa fecha, quedaría prohibido celebrar también los contratos realizados mediante contratación directa, con excepción de los que sean para defensa y seguridad del Estado, crédito público, emergencias educativas o desastres, reconstrucción de infraestructura y los adelantados por entidades hospitalarias. De todas formas, el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, mandó un comunicado al Juez que emitió el fallo, afirmando que “es improcedente para modificar o suspender una norma cuyo trámite legislativo ya se agotó”. Aclara que le corresponde al Gobierno Nacional sancionar u objetar el proyecto de ley, al que se le envió el proyecto de ley el pasado 4 noviembre y tiene 20 días para su sanción. En cuanto al representante a la Cámara César Lorduy, manifestó que el falló era ilegal en la medida que la tutela presentada fue en contra del Congreso de la República, pero el fallo fue emitido en contra del presidente Iván Duque. En ese mismo orden de ideas, el representante a la Cámara Edward Rodríguez, pidió a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que investigue a la jueza Edna Rodríguez, por presuntamente haber sustituido el Estado Social de Derecho. Según él, al no ser una ley sancionada, la jueza no puede ordenarle al Congreso y la Corte Constitucional tomar decisiones. Pese a estos pronunciamientos, la suspensión de la Ley de Garantías queda en un limbo jurídico, esperando al pronunciamiento de la Corte Constitucional. Sin embargo, desde su tramitación, ha estado envuelta en polémica. La modificación del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 debió tramitarse como un proyecto de ley estatutaria, pero fue tramitada por medio del Presupuesto General de la Nación, un proyecto de ley ordinario, para que la suspensión fuera más rápida y se evitara la revisión de exquibilidad de la Corte Constitucional. Lo que sí es cierto, es que la aplicación de la Ley de Garantías constituye una herramienta de prevención respecto a la compra de votos y la corrupción en el marco de contienda electoral. Especialmente, en unas elecciones en las que al menos 127 precandidatos al Congreso de República llegan con serios cuestionamientos y en las que muchos clanes políticos buscarán quedarse en el poder.

Por: Walter Aldana Político social alternativo El panel 2021 versión digital de Cifras y Conceptos, en relación al Cauca, en la sección "Cómo se informan los líderes", me ha reseñado como uno de los columnistas más leídos. Creo, sin modestia, que es un reconocimiento a una voz social respetuosa del otro, pero crítica y defensora de un modelo político, administrativo, económico y social que se suma a la ola de mujeres y hombres convencidos de la necesidad de aportar, con sus reflexiones y acciones, a consolidar el Estado social de derecho con todo lo que ello implica en relación a la participación, la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, la defensa de los derechos humanos, la construcción de un modelo conservacionista frente al actual depredador extractivista, entre otros. Esta mención como columnista tiene muchos nombres: es la defensa del macizo y su ecosistema; se llama (con lágrimas en los ojos) Alison, quien se suicidó después del "manoseo" de policías en el marco del estallido social de este año; es la denuncia de la muerte de Sebastián Múnera por la violencia Esmad, así como la de Esteban Mosquera, líder estudiantil; es a la lucha por el reconocimiento del campesinado como sujeto político; igualmente, se llama Luis Alfonso, nuestro líder de víctimas coordinador de la mesa municipal de la Vega asesinado hace pocos días; y es, también, de nuestro hermano Gustavo Herrera, gerente de campaña 2018 de Gustavo Petro, quien fue asesinado en Popayán. De igual forma, este reconocimiento se llama resistencia y dignidad, CRIC, Congreso de los Pueblos, Pupsoc, Ordeurca, ANUC, Ruta Pacífica de Mujeres, Aconc, Cima, entre otras organizaciones junto a sus propuestas, sus procesos organizativos y su visibilidad (lamentablemente más por las amenazas y la eliminación física de líderes y lideresas, y por las aterradoras masacres ante la vista ciega de la institucionalidad y la fuerza pública, que por nuestros sueños de vida digna). Me alegra que esas reseñas de lo cotidiano y de las dificultades estructurales que se registran en el país y en el Cauca son generosamente leídas y rotadas a través de las redes sociales por ustedes, personas de diferentes tendencias y pensamientos filosóficos y políticos. Permítanme que lo diga: yo hago trazos y pretendo fotografiar con las palabras para los más desposeídos que me alegran el alma cuando, desde una vereda o una cabecera municipal, me animan a seguir opinando; municipios del Cauca afectados por el conflicto armado, como Argelia, que con sus organizaciones sociales Ascamta y la Asociación de Juntas Comunales, por ejemplo, resisten a la muerte y al desplazamiento. Ángel María y Blanca Flor, mis padres, me enseñaron el valor de decir cosas como "por favor", "sí señora”, “sí señor", pero, sobre todo, me dibujaron en el corazón y la razón la palabra "gracias". Y hoy, agradecido, les digo a ustedes... ¡Mil gracias!

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda El 7 de noviembre de 2021, Daniel Ortega fue elegido por quinta vez como presidente de Nicaragua. Producto de un ejercicio en apariencia democrático, o mejor, formalmente democrático, su reelección suscitó el asombro de la comunidad de países de nuestro hemisferio (exceptuando a Bolivia, a Cuba y a Venezuela, que lo respaldaron), pues Ortega les resulta un voraz dictador y, en el más considerado de los casos, un autoritario. Con todo, a la par del asombro manifestado en el seno de los pasillos políticos gubernamentales, y parejo a lo propagado por sus oficinas de comunicación, los norteamericanos, los centroamericanos y los suramericanos, aunque entienden muy bien lo que hay detrás del apoyo de los países nombrados –como también el dado por China y Rusia– no comprenden por qué los Estados Unidos, la OEA y la ONU no sancionan al Gobierno de Ortega, o por qué no promueven una campaña en pro de las libertades civiles y políticas en Nicaragua. Lo cierto es que tanto unos como otros coinciden en concederle a Daniel Ortega el tiempo de espera de la acostumbrada “paciencia diplomática”, y se pliegan al ritmo de los aletargados organismos internacionales. Mientras tanto, miran de soslayo cómo a los oponentes políticos del Gobierno les encarcelan y cómo a sus adeptos y simpatizantes les persiguen e intimidan de la peor manera. A ese “silencio y espera” de corte diplomático, a esa sumida tolerancia, no encuentro cómo nombrarla sin pensar en el “autoritarismo[1] consentido[2]”, pues el tiempo pasa y entre tanto los Gobiernos, y con mayor rapacidad muchos empresarios privados, negocian con el autoritario y le empoderan cada vez más sin importarles el talante delincuencial que posea. Una doble moral propia de las altas élites capitalistas, conformada por banqueros, industriales y gente de comercio; por “gente de bien” a quienes la ambición les permite transigir con “gente de mal”. Con todo, lo más grave del autoritarismo de Ortega es la semejanza que guarda con los Gobiernos del hemisferio; porque en el mapa político centro y suramericano no es una manzana podrida. Excepto las dictaduras de partido (recordemos al PRI en México, que duró en el poder más de 50 años bajo el honorífico título del partido de “la dictadura perfecta”; y en Colombia la alianza entre liberales y conservadores que ya dura más de cien años), apartando estos casos malsanos que implican el poder repartido entre pocos, todos los demás Gobiernos, al concentrar el poder en una sola persona han sido o son autocracias. De hecho, el totalitarismo, la dictadura y el autoritarismo se caracterizan por el ejercicio unipersonal del poder o, como lo describe la RAE, por ser una “forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema Ley”. Sin duda, algo muy parecido al presidencialismo latinoamericano, cuyas ilimitadas funciones y facultades (como gobernar exclusivamente con decretos-ley) le hacen parejo al “autoritarismo consentido”. El presidencialismo, al enmascararse de institución democrática, evita y trivializa el desdén con el cual se califica a las formas de la autocracia ¿O acaso alguien conoce un país latinoamericano donde realmente se practiquen elecciones libres? ¿Alguien sabe de un país donde haya elecciones justas? o ¿conocen alguno que tenga respeto por las libertades civiles? Si apreciamos a todos los países teniendo en cuenta su nivel de tolerancia y de equidad demostradas, su grado de democracia, inevitablemente encontraremos en sus gobernantes (en sus modos y maneras) conductas opuestas a la democracia e idénticas a las del autoritarismo consentido. En fin, conductas comunes a Daniel Ortega. Así como la autoridad se basa en el prestigio, en la fuerza y en el poder, el autoritarismo consentido tiene como pilares a cualquiera de esas tres características o, en el más abominable de los casos, usa la tríada completa. No en vano discriminarlas nos permite saber qué hace a la gente seguir a los autoritarios con fervor o quimera –antes de empoderarlos–, y qué hace que los soporten con tanto estoicismo y miedo luego de haberlos empoderado. En efecto, el autoritarismo hace de quien lo detenta un ser inevitablemente superior, pues está fundado, al igual que la autoridad, en el prestigio (en las hazañas y proezas del elegido) y en la fuerza (cuando tiene capacidad criminal o, más crudamente, cuando usa el asesinato como medio para mantener el estado de autoridad), y porque está fundado en el poder (es decir en el control absoluto de las ramas del poder público). Así, entre los autócratas es fácil precisar en qué basaron sus triunfos personales personajes de la traza de Hitler y de Stalin, que lo hicieron fundados en la fuerza militar y en el control del poder. No obstante, valga decir que el término autoritarismo, en el ámbito de los politólogos, es un concepto posterior al totalitarismo de Hitler y de Stalin, y fue acuñado por el sociólogo español Juan Linz, estrictamente para connotar que el franquismo, no siendo una democracia, tampoco era un gobierno totalitario comparable a los de Hitler, Stalin y Mussolini. En Latinoamérica, los gobernantes que han basado o basan su autoritarismo en la fuerza son numerosos –basta recordar a Pinochet, que no se contuvo a la hora de perseguir a sus oponentes políticos mostrando su fuerza; o a los dictadores de la República de Argentina, que se sintieron hasta con el vigor para confrontar a la flota más poderosa de toda la historia en lides marinas–. Aquí, en Colombia, hemos tenido gobernantes autoritarios por vía del poder. El mismo presidente Iván Duque es un claro ejemplo del autoritarismo basado en el poder. De hecho, ha concentrado todos los poderes públicos y los ha vuelto partes de su maquinaria autoritaria. Por eso el defensor del Pueblo se esconde en los momentos en que debe salir a proteger a la población de los abusos del Estado; por eso la procuradora se reúne a puertas abiertas con funcionarios públicos y personajes de la política señalados de corruptos; por eso el registrador confiesa indirectamente que va a poner a votar a los muertos; por eso la Fiscalía tiene como misión institucional defender al expresidente Uribe y perseguir a sus oponentes políticos; y por eso los ministros actúan como reyezuelos. Sin embargo, hay autócratas que se han posesionado gracias a su prestigio, lo cual no los hace menos malos. Gobernantes que hicieron méritos en el corazón de sus paisanos, por ejemplo, en calidad de héroes de una revolución, como Fidel Castro, aunque luego exigiera que le pagaran con sumisión. La población de Corea del Norte, de manera semejante, obedece a Kim Jong-un porque está convencida de que los americanos y el mundo occidental la quiere aplastar, como efectivamente en su historia lo han intentado de manera atroz; y sabe la población norcoreana que así toque pagarle con la sumisión, su líder es capaz de protegerla como hasta ahora lo ha demostrado. La experiencia cubana, como la norcoreana, devela con nitidez la desigual simbiosis entre intereses que dan vida al autoritarismo consentido. Una suerte de trueque malvado: cambiar seguridad por esclavitud. El caso de Daniel Ortega es de semejante talante: es un autoritario consentido que usa la fuerza y el poder, pero, además, usa el prestigio por ser un héroe de la revolución. Y ni qué decir del sentimiento de gratitud de su pueblo, que le vio agrandar el mapa en más de 180.000 km² de aguas territoriales sobrecargadas de recursos para la subsistencia de toda la población. Para terminar, aunque no defiendo ningún acto político del señor Ortega, debo reconocer que –en una respetuosa comparación con los fines del movimiento “Me too”– todos los mandatarios latinoamericanos son Daniel Ortega. O, acaso, ¿cuál es la diferencia? [1]El término autoritarismo se convirtió en un concepto especializado y fundamental de la política comparada desde que en la década de 1960 fuera usado y connotado por Juan Linz para caracterizar al franquismo y diferenciarlo de distintas experiencias políticas europeas y soviéticas nombradas o no como totalitarismos: estalinismo, fascismo, nazismo. En: http://www.scielo.org.mx/scielo. Perfiles latinoamericanos. [2] El adjetivo consentido, inserto en la frase “autoritarismo consentido”, fue usado por el político español Marcelino Lastra para referirse a la aceptación popular que tienen los excepcionales Decretos-Ley, una figura a todas luces rasante con el autoritarismo. En:https://www.miciudadreal.es/2018/08/25/el-peligro-de-un-autoritarismo-consentido/ * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Laura Cano Periodista Pares Recientemente una misión de la ONU visitó Popayán, capital del departamento del Cauca, donde desde los últimos años se ha agudizado una guerra que ha dejado en medio a la población civil, situación que constantemente ha sido alertada por diferentes sectores y organizaciones, entre estas, Pares. En la visita a la capital de Cauca estuvieron el Jefe de la Misión de Verificación de la ONU para el Acuerdo de Paz, Carlos Ruiz Massieu, y la jefa de la Oficina para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, quienes escucharon a líderes y lideresas de los municipios del departamento, quienes expusieron la grave situación de derechos humanos que se vive. Asimismo, se reunieron con funcionarios del Gobierno Departamental, del Ministerio Público y de la Alcaldía de Argelia. Luego de los diálogos que se sostuvieron se identificó que entre las victimizaciones que más están afectando a la sociedad civil, especialmente de minucipios como Argelia, están el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la violencia sexual, las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, los asesinatos selectivos, la instalación de minas antipersonal, y los desplazamientos forzados. Así las cosas, por una lado, se hizo un llamado al respeto por la vida por parte de los actores armados. Adicional, se instó al Gobierno Nacional y las instituciones competentes a que “coordinen las respuestas interinstitucionales apropiadas para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades, incluido el acceso a la justicia. Se llama a reforzar la implementación de las recomendaciones de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y los mecanismos de protección colectiva en el territorio. Y se invita a las autoridades nacionales y regionales a no escatimar esfuerzos para encontrar soluciones duraderas a la situación de inseguridad que afecta el departamento y a que se privilegie el diálogo para resolver los conflictos vigentes”. Un panorama de la situación en Argelia Las noticias acerca de la grave situación en Argelia han sido constantes, situación que no ha sido nueva, pues incluso llevó a que en octubre de 2020 se emitiera desde la Defensoría del Pueblo la alerta 047-20, en la que se llama la atención sobre la ola de violencia en el municipio. Situación similar a la de otros municipios del Cauca, donde hay intereses de los grupos armados por el control de las economías ilegales que se desarrollan en el territorio, como la producción asociada al narcotráfico y el tránsito de insumos de guerra utilizados por los grupos armados. Asimismo, la constitución geográfica y topográfica de estos municipios permite la configuración de diversas estrategias de movilidad y comercialización de sustancias relacionadas con la cadena del narcotráfico. Esta situación ha desembocado en muchas situaciones, que ahora también son advertidas desde la ONU. Por ejemplo, vale la pena señalar que recientementr la Defensoría del Pueblo informó que “en los últimos dos meses se han presentado dos homicidios de líderes comunitarios, un accidente con minas antipersonal e incidentes con artefactos explosivos en el corregimiento del Plateado, múltiples confrontaciones armadas entre grupos armados ilegales con interposición de población civil y 5 eventos de desplazamientos masivos afectando a 1.094 familias desplazadas (2.077 personas)”. Además agregaron que debido a la agudización de la violencia en lo que va del 2021, el organismo “ha documentado 15 desplazamientos masivos forzados, los cuales afectaron a 2.819 familias, conformadas por 6.501 personas; el confinamiento en tres veredas (El Pinche, La Ceiba y Las Vegas), afectando al menos a 1.000 personas; así como la ocurrencia de 59 homicidios, diez víctimas de minas antipersona, 20 enfrentamientos entre grupos armados no estatales y cinco combates con interposición de la población civil”. En relación con esto, vale la pena mencionar que, según el Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES), en lo que va del año, en Argelia se han cometido 10 asesinatos selectivos, en donde se han reportado acciones contra familiares de la Mesa de Víctimas del municipio, líderes campesinos, integrantes de organizaciones sociales, firmantes de paz y políticos (como fue el caso del concejal Fermiliano Meneses, ocurrido en el mes de enero). Vale la pena señalar que la Defensoría del Pueblo ha identificaddo que la región es disputada por la columna móvil Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, y el frente José María Becerra del ELN, pero en los últimos meses también estarían haciendo presencia en el territorio integrantes de la Segunda Marquetalia a través de la estructura Diomer Cortés. Asimismo, anteriormente, Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), había señalado que “La situación en Argelia se ha agravado en los últimos tres años, pero la incursión del frente ‘Carlos Patiño’, que hace parte del comando coordinador de occidente, alineado a las facciones disidentes de ‘Gentil Duarte’, es el que alteró totalmente la situación. A su llegada, empezó una disputa muy fuerte con el frente ‘José María Becerra’, que tenía un poder muy grande en la zona. Además, el frente ‘Carlos Patiño’ llegó a acosar a excombatientes para que se les unieran. Ha sido tanta la presión que se terminó configurando un tercer grupo, inicialmente lo llamaban ‘Los Pocillos’, por un comandante de las antiguas FARC. Este grupo ya se configuró como la ‘Segunda Marquetalia’. Esto ha sido un rifirrafe, en el último año y medio, que ha llevado a una situación constante de amenaza”, agregó Torres. Por otro lado, hay que recordar que recientemente siete campesinos de San Juan del Micay, Puerto Rico y otras veredas vecinas habían sido víctimas de minas antipersonal en hechos en los que estarían involucrados actores armados que hacen presencia en la región. A esto se suma el municipio durante semanas, incluso meses, ha estado bajo la ley del fuego cruzado dejando en medio a la población, de hecho solo un día antes de que desde la Misión de la ONU se advirtiera y se mostrara preocupación sobre este contexto, desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, se denunciaban enfrentamientos entre grupos ilegales y el Ejército. Sobre esto el consejero del CRIC, Edwin Mauricio Capaz Lectamo, dijo al diario Diario Occidente que esta “es una situación muy lamentable para las familias y las comunidades, que también resultan afectadas de manera colateral por los hechos que se presentan en Argelia, están sepultando a sus comuneros que provienen de esos combates”. Todo esto respalda el llamado a la ONU, a que Gobierno Nacional, departamental e instituciones con injerencia tomen acciones efectivas para reducir la ola de violencia en Argelia, Cauca, el municipio que se ha convertido en uno de los peores escenarios del posconflicto.

Por: Laura Cano Periodista Pares Hoy, 11 de noviembre de 2021, desde Cifras & Conceptos se informó que la Fundación Paz & Reconciliación es la organización más admirada en el país. Esto luego de una medición realizada a través de líderes de opinión, en la que se da cuenta de cómo va el país en varios sectores relacionados con la opinión pública. Así, en la decimotercera versión del Panel de Opinión se reconocieron también las opiniones de los líderes de opinión respecto a los actores que influyeron en el paro nacional y los que tienen injerencia en el tratamiento del Covid-19. Además se indagó acerca del nivel de confianza que se tiene frente a instituciones como el Banco de la República, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, entre otras. Adicionalmente, se evaluó la gestión de distintos organismos de Gobierno, así como del accionar del presidente Iván Duque durante sus años de periodo presidencial. Con esto se especifican una serie de desafíos a nivel social, internacional, así como para el próximo año, y otros relacionados con las reformas más urgentes que necesita el país. Así las cosas, se identifica también cómo se informan los líderes, en donde se destacan medios como El Tiempo, El Espectador, La W, Caracol Televisión y La Silla Vacía. Además, el trabajo de Cifras & Conceptos también permitió conocer cuáles son los 25 columnistas más leídos en el país. Todo esto dio lugar a saber cuáles son las 25 ONG´s más admiradas en el país de las casi 200.000 existentes. Como se mencionó más arriba, esta medición la lidera la Fundación Paz & Reconciliación, una organización que desde el 2013, también desarrollada por líderes de opinión como León Valencia, Claudia López, María Elvira Bonilla, Ariel Ávila, Marta Cecilia Ruiz, Luis Eduardo Celis, Ana Margarita Almonacid y Paola Núñez, han buscado día a contribuir, desde la investigación y el análisis crítico de la realidad nacional, a la defensa del Estado social de derecho y a la transformación de la democracia en Colombia. Aportando también e instando a la construcción de paz y a la reconciliación de manera sostenible, duradera e incluyente. Hoy por hoy, la Fundación continúa apostándole a ser el mejor tanque de pensamiento y de acción social transformador en Colombia y la región, a través del trabajo que se da través de 07 líneas temáticas en las que están: conflicto, paz y posconflicto en el Pacífico; conflicto, posconflicto y seguridad rural; jóvenes en riesgo y participación juvenil; conflicto y seguridad en fronteras; conflictos socio-ambientales y cambio climático; etnia y diversidad; democracia, gobernabilidad y transparencia; y seguridad urbana y economías ilegales. “Pares es la ONG más admirada y reconocida en Colombia mi gratitud inmensa a los líderes de opinión que respaldan nuestra labor y a los donantes nacionales e internacionales que financian nuestro trabajo”, aseveró León Valencia, director de la Fundación. Este reconocimiento es también para cada una de las personas que hacen y han hecho parte del equipo Pares, quienes desde lo logístico, investigativo y comunicativo hacen posible que hoy seamos una de las ONG’s más admiradas. Mi gratitud con los líderes de opinión que respaldan nuestra labor. Mi gratitud con la comunidad internacional que financian nuestra labor y con los cooperantes internacionales que también lo hacen. A mi equipo de la Fundación Paz & Reconciliación, también va mi gratitud y reconocimiento. Son ellos los actores de esta realidad. Somos una organización muy seria, como lo ha reconocido el país, muy equilibrada en investigaciones profundas para aportarle a los líderes políticos y sociales en sus labores diarias alrededor del país. Esa es nuestra Fundación, lo hemos hecho durante muchos años, y este año nos reconocen como la ONG principal del país”, concluyó León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación.

Por: Camilo Díaz Suárez Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad El pasado 2 de noviembre, el representante a la Cámara Inti Asprilla radicó una proposición para que la Cámara de Representantes regresara a la presencialidad totalmente, bajo la lógica que el Congreso de la República fue priorizado para la vacunación en contra del Covid-19 y, por tanto, la mayoría de integrantes de la corporación se encuentran con el esquema completo. Con 144 votos a favor y 1 en contra, la propuesta fue aceptada y se aprobó sesionar de forma presencial los lunes, martes y miércoles. Ante toda la polémica que suscito al interior de la Cámara, finalmente el día de ayer, 9 de noviembre, la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes y voceros de cada partido decidieron mantener finalmente la presencialidad para realizar las sesiones legislativas, de acuerdo a la proposición previamente aprobada. La necesidad del retorno a la presencialidad para sesionar La cercanía a las elecciones presidenciales y del Congreso, inciden en que la última legislatura del cuatrienio parlamentarios sea de las que menos se sesione. En la presente legislatura, incluso, varios legisladores se tomaron la semana de receso escolar para ellos también, pese a que este está habilitado solo para centros educativos. Es ha llevado, junto con la virtualidad, a una reducción de las horas trabajadas y sesionadas. De acuerdo con El Espectador, haciendo una comparación entre la legislatura 2020-2021 y la 2021-2022, hay de momento una importante reducción. Analizando el corte entre el 20 de julio y el 3 de noviembre, en el Senado se pasó de 28 sesiones, correspondientes a 169 horas con 42 minutos, en 2020, a 24 sesiones equivalentes a 89 horas. En el caso de la Cámara de Representantes, en el 2020 se realizaron 42 sesiones que ocuparon 313 horas, mientras que en el 2021 van 32 sesiones que suman un total de 177 horas. En esta corporación la duración de las sesiones ha pasado de un promedio de 6,1 horas a poco más de la mitad, con 3,7 horas. Por ello, el regreso a la presencialidad, si bien no es una garantía del aumento del trabajo de las corporaciones legislativas, sí pone un punto de control. Pero tras la proposición aprobada de Inti Asprilla, el lunes 8 de noviembre, primer día de presencialidad, generó bastante polémica entre los representantes a la Cámara. En primer lugar, un cierre presentado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá llevó a que algunos legisladores no pudieran llegar a la primera sesión presencial y se conectaron de forma virtual. Eso llevó a que ese día se reabriera el debate sobre el retorno a la presencialidad o no, pese a ya haber sido aprobada. Con una asistencia del 63% de la plenaria en la primera sesión presencial, varios congresistas defendían que se mantuviera la virtualidad. Entre los que alzaron la voz se encuentra Edgar Alfonso Gómez, representante por el Partido Liberal, quien consideraba que con la presencialidad tenían todavía el riesgo de contagio. También se vieron casos como el Gloria Betty Zorro, de Cambio Radical, quien se ausentó de la plenaria del lunes, por considerar que no existen las condiciones de bioseguridad necesarias para un retorno presencial. Sin embargo, se le vio en un evento político en el marco de su propia campaña, en el que no estaba utilizando tapabocas. Pese a las críticas y la polémica generada, se mantiene la presencialidad, con algunas modificaciones. En primer lugar, no sesionarán en el salón elíptico, porque hay un proceso de actualización tecnológica que utilizan los computadores que se encuentran en el Congreso, que todavía operan con sistemas operativos antiguos como Windows 7. Además, hay una reformar de infraestructura para adecuar la inclusión de las 16 curules de paz. Por ello, la Cámara de Representantes sesionará desde el salón Boyacá con un aforo máximo de 71 personas y solo podrán asistir las personas con un esquema de vacunación completa, sin comorbilidades y menores de 60 años. Sumado a ello, con el proceso de actualización tecnológica, el sistema de votación presencial se mantendría, aproximadamente, 4 meses sin estar habilitado, por lo que el sistema de votación se mantendrá virtual. Esto fue algo que congresistas como César Martínez, del partido Centro Democrático, consideraran como un elemento en contra del retorno presencial. Con el mantenimiento de la presencialidad, falta ver cómo se van a desarrollar las actividades legislativas de la Cámara de Representantes. Si bien varios sectores alternativos, que venían desde hace varios meses haciendo el llamado para el retorno presencial lo consiguieron, falta que en los últimos meses que le quedan a la presente legislatura se avance en la tramitación de varios proyectos de ley de interés nacional, como la ratificación del Acuerdo de Escazú o la Reforma a la Justicia.