Por: Esteban Salazar. Coordinador Pares. @estebanalitic A menos de 6 meses de las elecciones al Congreso de 2022, la Fundación Paz y Reconciliación -Pares- advierte de 127 precandidatos cuestionados que están buscando un aval en los partidos de siempre y que significan un riesgo para la democracia en Colombia. Para las elecciones de 2022, mediante un Plan Maestro de Seguimiento Electoral que priorizó 25 departamentos del país, y que cuenta con un equipo de trabajo de 100 enlaces, colaboradores e investigadores, Pares ha recogido todas las investigaciones realizadas con el objetivo de ampliar el seguimiento que se hace a las candidaturas, los partidos políticos, los clanes y los cuestionamientos que acompañan a estas aspiraciones. De hecho, desde 2014 Pares ha documentado, para las elecciones legislativas, 201 candidaturas cuestionadas (131 en 2014 y 70 en 2018) por heredar capitales políticos de personas condenadas por concierto para delinquir (en lo que más comúnmente han sido conocidos como casos de “parapolítica”); así como por estar relacionadas con escándalos de corrupción como el de Odebrecht y el del ‘Cartel de la Toga’, entre otros sofisticados mecanismos irregulares identificados por Pares y otras organizaciones. De estas 201 candidaturas, en 2014 resultaron elegidos 70 congresistas cuestionados; mientras que en 2018 resultaron elegidos 68. Se trata de una cifra que no varía significativamente en el tiempo y que, al parecer, de cara a las elecciones que se avecinan, parece no tener una mejora. De acuerdo con el ejercicio realizado durante los primeros 7 meses del calendario electoral para el 2022, Pares lanzó su primer informe Los Herederos y las Herederas de Todas las Formas de Corrupción, en donde se registraron 127 precandidatas y precandidatos cuestionados que buscarían un aval en partidos o movimientos independientes. Las vitrinas electorales El paro nacional, el desgobierno del presidente Iván Duque y la nefasta gestión del Congreso, tienen hoy a los partidos contra las cuerdas. En su mayoría, estos partidos han estado inmersos en escándalos porque han avalado a varios de los candidatos cuestionados que Pares ha advertido históricamente. Sin embargo, para las elecciones de 2022, parecen estar desesperados buscando combinar todas las formas de competencia electoral para no perder sus curules. Una vez más, los partidos que tienen en sus huestes a los más cuestionados, son 5 de los 19 partidos con personería jurídica, los cuales concentran el 90% de precandidatos y precandidatas cuestionados. Se trata de los partidos Conservador, La U, Partido Liberal y Cambio Radical. En el análisis de los datos registrados, de los 438 precandidatos, 299 aspiran lanzarse a la Cámara de Representantes y 139 al Senado de la República. Para el caso de las 299 precandidaturas a la Cámara, el 24% (71) tiene diversos cuestionamientos; mientras que, para el caso de quienes aspiran al Senado, el 40% (56) también tiene cuestionamientos. Departamentos en Riesgo A nivel territorial, dentro de este seguimiento, Pares identificó los departamentos que cuentan con precandidatas y precandidatos cuestionados que aspiran a una curul en la Cámara de Representantes y que, por lo tanto, son un riesgo político. En 22 departamentos y en la circunscripción afro se identificaron 71 precandidaturas cuestionadas. El top 5 de departamentos que concentran la mayor cantidad de precandidatos y precandidatas con cuestionamientos son: Antioquia (8), Córdoba (8), Tolima (6), Risaralda (5) y Valle del Cauca (5). En total, solo estos cinco departamentos concentran el 45% de precandidaturas cuestionadas que están asociadas a una circunscripción territorial para Cámara de Representantes. Los Clanes De acuerdo con el análisis político, las encuestas y las estadísticas de las proyecciones de la Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad de Pares, la tendencia para el 2022 evidencia la posibilidad de que partidos alternativos, progresistas, de izquierda y centroizquierda aumenten sus curules. Este aumento significa un riesgo para los clanes políticos tradicionales y los partidos que los han avalado. También significa un riesgo para casas políticas que no alcanzan a ser clanes por no contar con una estructura de poder tradicional, pero que se han erigido a través de prácticas de corrupción o en asocio con mafias ilegales. Por esta razón, la decadencia de estos clanes y de partidos como la U y Cambio Radical ha llevado a que varios de sus integrantes se trasladen a partidos como el Conservador, el Liberal y el Centro Democrático. Incluso, en algunos casos excepcionales, han transitado hacia partidos alternativos y progresistas. De las anteriores categorías, Pares registró que, de las 127 precandidaturas cuestionadas, en su mayoría (54) cuentan con investigaciones judiciales, disciplinarias y/o fiscales. Unas a causa de investigaciones o denuncias por presuntos hechos de corrupción (21); otras al ser herederos o herederas de clanes o casas políticos con cuestionamientos (22);o por posibles nexos con parapolítica (20); grupos armados organizados (8); o por heredar caudales políticos derivados de Odebrecht (2). La Cumbre de los y las Herederas de todas las formas de corrupción A continuación, Pares presenta la lista del top de precandidatos y precandidatas que buscarían un aval por partidos políticos, con el apoyo de clanes políticos, y que cuentan con uno o varios cuestionamientos para aspirar a las elecciones de Congreso de 2022; y que, además, de acuerdo con el ejercicio que se ha realizado desde hace casi una década por Pares, podrían significar un riesgo para la democracia en Colombia. 1. Ana Ucrós Rosales: es la esposa del condenado exsenador del Partido de la U, Eduardo Pulgar. Ucrós buscaría reemplazarlo con su capital electoral, con aval de ese mismo partido. Hay que señalar que ella perteneció a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la cuestionada representante a la Cámara, Kelyn Johana González. Esto se puede demostrar con los registros de la UTL de los representantes a la Cámara que registran su nombre hasta julio de 2020. Kelyn Johana Gonzalez, exjefe de Ucrós, es una de las herederas de parapolítica registradas por Pares para las elecciones de 2018, pues es esposa del excongresista Rodrigo Roncallo, procesado por la Corte Suprema por su presunta participación en el pacto de Chivoló y que en julio de 2021 recobró la libertad por un habeas corpus. 2. Jhon Moises Besaile Fayad: Jhon Besaile es heredero de la estructura política de su hermano, el exsenador Musa Besaile, líder del Clan del Musismo, quien se encuentra preso por su participación en los escándalos de Odebrecht y del “Cartel de la Toga”. Musa fue recientemente expulsado de la Justicia Especial de Paz (JEP) por su falta de “seriedad y compromiso” durante el proceso de acogimiento. Johnny Besaile, su hermano y actual senador, no es objeto de investigación judicial; sin embargo, fue mencionado en el proceso que se adelanta contra su hermano Musa por el Cartel de la Toga. 3. Julio Alberto Elias Vidal: Julio Elías es heredero de la estructura política de su hermano, el exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, quien perdió su curul por ser objeto de investigación en el escándalo de Odebrecht y fue condenado en agosto de 2021 a ocho años y cuatro meses de prisión como coautor de los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con el ilícito de lavado de activos. Le apuesta a una curul en el Senado para recuperar el poder del Clan de la Ñoñomanía. 4. Hugo Abel Aguilar Villa: Hugo Aguilar Villa es heredero del Clan Aguilar. Su padre, Hugo Aguilar, fue condenado en 2013 a nueve años de prisión por sus nexos con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para ganar las elecciones a la gobernación de Santander en 2003. Hugo Aguilar padre también ha sido investigado por hechos de corrupción como la existencia de irregularidades en el manejo de 20.000 millones del Parque Nacional del Chicamocha. Hugo Aguilar Villa también es hermano del senador Richard Aguilar, quien fue capturado en el 2021 por presuntas irregularidades en contratos que suscribió entre 2014 y 2015 mientras fue gobernador y que renunció a su curul como senador en julio pasado. En ese caso también está involucrado Edwin Ballesteros, exrepresentante a la Cámara del Centro Democrático, que también renunció a su curul, y otro de sus hermanos, Mauricio Aguilar, actual gobernador de Santander, quien es investigado por la Procuraduría por presuntamente haber ocultado material probatorio a la Corte Suprema de Justicia. También puedes leer: La jugadita que no le salió a Richard Aguilar: su proceso sigue 5. Lina Martínez: Lina Martínez es heredera de la estructura de parapolítica de su padre Juan Carlos Martínez Sinisterra. De acuerdo con el Diario la verdad, Martínez Sinisterra adquirió su poder político del exparlamentario Carlos Herney Abadía, condenado por el proceso 8.000 tras recibir dineros del cartel de Cali. Martínez en el 2011 fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica, específicamente por sus nexos con el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Así mismo, en el 2016 fue condenado a 48 meses de prisión por cohecho en un intento por favorecer al candidato Francined Cano en las elecciones atípicas de 2012 para la gobernación del Valle. La Corte Suprema de Justicia decretó la extinción del proceso penal por enriquecimiento ilícito en 2019.

Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de la Fundación Paz & Reconciliación. A la memoria de los que han sufrido y siguen sufriendo en una Arauca donde no hay garantías para el ejercicio de la política Sin acción política de calidad y sin garantías las sociedades no pueden progresar en un sentido de construcción de nuevas realidades, donde sea posible la vida digna y el ejercicio de una ciudadanía construida desde los derechos. Todo pasa por la política: la gestión pública y la acción de sociedad. Que las niñas y los niños de Puerto Lleras puedan ir a la escuela, para lo cual requieren el servicio de transporte por el río Arauca; que las mujeres araucanas puedan vivir libres de violencias y participar de manera activa; que las familias campesinas del Charo, en Saravena, puedan decidir si quieren o no petróleo en su territorio; que las comunidades indígenas puedan construir sus proyectos de vida en medio de tantas dificultades; que el cacao, los lácteos y el buen plátano que se produce en el Sarare logre buenos mercados y las familias campesinas puedan enviar a sus hijas e hijos a buenas universidades; en fin, ningún tema de la vida familiar y comunitaria se puede llevar adelante si no hay políticas que den garantías y condiciones para hacerlo posible. Ningún tema público está por fuera de la política. Ninguno. Ejercer la acción y el liderazgo político en Arauca es una profesión de alto riesgo, se puede terminar en la tumba, la cárcel, desterrado o autosilenciado. No es fácil, no lo ha sido ni lo es, en el presente, ser líder o lideresa en este territorio. Las y los destinatarios de esta carta lo saben muy bien y mejor que quien esto escribe desde la comodidad de no vivir en Arauca; lo saben concejales, diputados, alcaldes y gobernadores, la mayoría de ellos muertos, prófugos o en la cárcel al día de hoy. Triste realidad. Hoy, nuevamente, se hace evidente que hay graves problemas en Arauca para ejercer la acción política. No hay garantías para ejercerla de manera democrática. Así ha sido desde hace décadas, y es el momento de que toda la clase política se pregunte si van a seguir así por los próximos años. No es pequeño el desafío que enfrentan: continuar en este orden de violencia, intimidación, miedo y todo lo que lo anterior trae, o la posibilidad de buscar nuevos caminos. Fácil decirlo y escribirlo, y muy difícil darle otro rumbo a la política en Arauca. Bien lo sé. Servir a dos señores es dura tarea. Muchos de ustedes lo han tenido que vivir todos los días desde hace cuarenta y un años: “servir” al Estado colombiano con sus leyes y controles, y “servir” a las guerrillas con sus códigos, demandas y lógicas. Eso es lo que han vivido y siguen viviendo hasta el presente quienes hacen política y ejercen la función pública en este departamento. Yo digo que no hay garantías en Arauca, que la Constitución nacional no rige plenamente en este territorio, que hay un poder formal del Estado colombiano con sus instituciones y un poder informal de la guerrilla, que no hay político hoy en Arauca que no tenga que vérselas con la guerrilla de una u otra forma: para esquivarles, para escucharles, para concertar, para hacerse cerca o lejos de su influencia. No hay forma de hacer política y ejercer el gobierno en los siete municipios de Arauca sin tener presente la variable: acción de la guerrilla. Hay dos Estados en Arauca: uno formal y uno informal. Así, todo es difícil y problemático. Se requiere un solo Estado y que funcione de manera democrática. La dirigencia política Araucana debe salir de este orden de autoritarismo, violencias y miedo en el que vive. Deben ponerle la cara a esta dura realidad y decir que no hay garantías en el departamento, que se requiere un proceso de paz con el ELN y volver a pensar el tratamiento a las estructuras de las FARC que persisten en el territorio. La dirigencia política araucana y también la social deben reunirse en un cabildo abierto y decirle al Estado colombiano que no hay garantías para ejercer sus derechos, que es la hora de pensar y definir un nuevo rumbo para este territorio. Es un buen momento para decirles a todas y todos quienes compiten por la Presidencia de la República que Arauca también es Colombia, y que no hay garantías para ejercer el derecho ciudadano a la participación, que no es un tema menor y que se paga con la vida o con la libertad. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Camilo Díaz Suárez Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad En los primeros días del mes de noviembre fue radicado, nuevamente, el proyecto de ley “por medio del cual se aprueba el ‘Acuerdo Regional sobre el acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe’, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018” ante el Congreso de la República. Durante la celebración de la XXVI Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), realizada en Glasgow, Escocia, Carlos Correa, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, anunció la radicación del proyecto de ley. Sin embargo, esta radicación se hizo sin mensaje de urgencia. Cabe recordar que de acuerdo al artículo 163 de la Constitución Política, el mensaje de urgencia es una solicitud que puede realizar el presidente de la República ante el Congreso, para que un proyecto de ley sea tramitado de forma priorizada y más rápida. De esta forma, de los cuatro debates que se necesitan para aprobar un proyecto de ley ordinario, se realizarían solo tres: un debate conjunto de las comisiones encargadas, uno en plenaria de Senado y otro en la Cámara de Representantes. Sin este mensaje de urgencia, existe la posibilidad en que se demore su trámite y se complique su aprobación. El Acuerdo El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú, tiene por objetivo la implementación de los derechos una serie de derechos en materia de acceso a la información ambiental y participación en la toma de decisiones de carácter ambiental, junto con la creación y fortalecimiento de capacidades para proteger los derechos de cada persona. El 27 de septiembre de 2018 fue suscrito por 27 de los 33 países de América Latina, de los cuales solo 12 lo han ratificado. En Colombia ha sido difícil su ratificación, a pesar de que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, ya ha hecho el llamado a avanzar en el tema por la realidad que enfrenta el país. Este acuerdo es importante, por ser el primero regional en materia ambiental de América Latina y el Caribe, y el primero en el mundo que contiene elementos específicos sobre la protección de derechos humanos de defensores del medio ambiente. Se busca que se puedan garantizar entornos seguros y libres de violencia para las personas u organizaciones que promueven la protección del ambiente. Colombia, haciéndole conejo al Acuerdo Desde el 12 de diciembre de 2019 el Gobierno Colombia se había comprometido a ratificar el Acuerdo de Escazú, pero fue presentado 7 meses después ante las comisiones segundas de Senado y Cámara. El 20 de julio de 2020 fue radicado con mensaje de urgencia, sin que esto lograra un avance en su aprobación. Así, la pasada legislatura terminó sin que fuera votado el proyecto radicado por el gobierno. Principalmente, porque estuvo parada la discusión del proyecto por 11 meses fruto de una petición de un grupo de congresistas que exigía archivarlo. Hubo especial oposición por parte de congresistas del Centro Democrático, quienes no lo consideraban importante y que no contribuía a la defensa del medio ambiente. Así, el 20 de junio de 2021, último día de la pasada legislatura, el Acuerdo de Escazú se presentó en las discusiones de las comisiones segundas del Congreso con una dilación por parte de partidos de gobierno. Eso llevó a que ese día se denunciara una presunta artimaña de Paola Holguín y Juan David Vélez, congresistas del Centro Democrático, que extendieron sus intervenciones en el debate, para que la sesión terminara sin alcanzar a llegar a la votación y, así, terminara el periodo legislativo 2020-2021 sin ratificar el Acuerdo. De las comisiones segundas, aparte de Paola Holguín y Juan David Vélez, Ernesto Macías y Gustavo Londoño, del Centro Democrático; José Luis Pérez, de Cambio Radical; Jhon Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libre y Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, se mostraron en contra y no apoyaron la ratificación del Acuerdo. Eso llevó a que un grupo de 41 congresistas de los partidos Liberal, Conservador, Alianza Verde, Polo Democrático, Mais, Colombia Humana, Decentes, Comunes, Dignidad y Cambio Radical presentaran una solicitud a Iván Duque para que se volviera a radicar ante el Congreso la solicitud de ratificación del Acuerdo de Escazú en esta última legislatura. De igual forma, los congresistas Iván Cepeda, Feliciano Valencia, Antonio Sanguino y Abel David Jaramillo presentaron una acción de cumplimiento, para impulsar la radicación del proyecto de ley, ante el temor de posibles dilaciones por parte de Iván Duque. Incluso, 157 organizaciones de la sociedad civil le habían pedido al presidente de la República que se radicara el proyecto de ley antes del 31 de agosto, para que pudiera quedar aprobado el presente año. También le solicitaban que fuera radicado con mensaje de urgencia. Pese a ello, y aunque pudo haberlo radicado desde el 20 de julio, tres meses después de iniciar la última legislatura de este Congreso, fue radicado el proyecto y sin mensaje de urgencia. El desafío persiste Pese al nuevo intento de ratificar el Acuerdo de Escazú, en el Congreso, de nuevo, hay oposición a este, liderada especialmente por congresistas del Centro Democrático. Se oponen por diversas cuestiones como que si se ratifica el Acuerdo, organizaciones internacionales podrían decidir en temas ambientales en Colombia. Bajo esa lógica, el precandidato presidencial del Centro Democrático, Rafael Nieto hizo un llamado a que se hunda el Acuerdo en el Congreso. Cabe mencionar que el Acuerdo de Escazú no otorga facultades especiales a cortes, órganos u organismos para que intervengan en decisiones en materia ambiental de los países que lo ratifiquen. De igual forma, la práctica internacional de los Acuerdos Multilaterales Ambientales para solucionar controversias se mantiene. Solo se le insta a los Estados que se esfuercen por la solución como consideren aceptable. Tampoco existe una modificación a las reglas del derecho internacional. Al igual que Rafael Nieto, la senadora María del Rosario Guerra considera que no se debe insistir en el proyecto por atentar en contra de la soberanía del país. De igual forma, el senador José Obdulio Gaviria, considera que ratificarlo afectaría los proyectos de minería adelantados en el país. Con esa lógica, el Centro Democrático no apoyará la ratificación del Acuerdo de Escazú, porque para ellos traería inseguridad jurídica al país y se frenarían proyectos nacionales. Esa oposición a la ratificación del Acuerdo lleva al mismo desafío de la pasada legislatura y deja presenta la posibilidad de que el Acuerdo se vuelva a hundir en el Congreso. Eso se suma a que su radicación sin mensaje de urgencia deja en vilo el inicio de su discusión. Esto genera preocupación, especialmente en materia de protección de defensores del medio ambiente, en un país como Colombia, en el que desde la firma del Acuerdo de Paz, 611 personas líderes y lideresas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas. Un país que ocupa el primer lugar en cuanto a líderes ambientales asesinados, según la ONG Global Witness, que identificó solo en 2020 a 65 defensores del medio ambiente asesinados, un 28,6% de los registrados en todo el mundo.

Por: Francisco Daza, investigador nacional y Zabier Hernández, investigador regional Línea de Conflicto, Paz y Posconflicto La violencia entre grupos armados en la costa pacífica nariñense no da tregua. La disputa por el control social y territorial por parte de actores armados aumenta la crisis humanitaria de la población civil de los municipios de esta subregión de Nariño. En este contexto, organizaciones como la ORIPAP-Organización de Resguardos Indígenas del Pueblo AWÁ del Pacífico, han expresado su inconformismo frente a la falta de efectividad de las medidas tomadas por las fuerzas militares en materia de protección de la población civil de esta subregión del departamento de Nariño. En el marco de la inoperancia de la fuerza pública ORIPAP y otras organizaciones afro e indígenas del pacífico nariñense decidieran movilizarse pacíficamente en la Vía Panamericana que conecta a Tumaco con otras zonas del país para visibilizar las afectaciones contra la población civil que solo en los primeros cuatro meses del año ya había dejado más 3.000 personas desplazadas en Nariño. Las afectaciones contra la población civil en el marco de las disputas entre actores armados por el territorio de municipios como Tumaco, Roberto Payán, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Maguí Payán y Barbacoas obedece a un reacomodamiento de las fichas de la criminalidad en esta zona del país. Es conocida la diversidad de actores armados que existe en este departamento; estando activos por lo menos 7 grupos armados postfarc solamente en la costa pacífica nariñense, además de diversas estructuras del ELN y el Clan del Golfo. Entre esta larga lista de estructuras armadas ilegales se encuentra la Columna Móvil Franco Benavides, Bloque Suroccidental Alfonso Cano o Frente 30, el Frente Oliver Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico, Los Contadores, entre otros, que están empezando a tomar partido en el marco de la fuerte avanzada que están teniendo las grandes líneas de los GAPF (Segunda Marquetalia y Gentil Duarte) hacia esta región del país. Así las cosas, la Segunda Marquetalia tiene una fuerte presencia en municipios como Barbacoas, Roberto Payán y Magüi Payán a través de posibles pactos que habrían establecido con el Bloque Occidental Alfonso Cano, mientras que el Comando Coordinador de Occidente, CCO, de la línea de Gentil Duarte, estaría consolidando su presencia en las subregiones del Sanquianga y Cordillera, las cuales conectan a Nariño con los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. En este proceso de ampliación territorial de las grandes líneas de los GAPF, otros actores armados como el Clan del Golfo y el ELN, estarían jugando un papel secundario buscando mantener su presencia en un menor espacio territorial evitando así un confrontación con los GAPF. Se encuentra, por ejemplo, que la fuerte presencia del CCO en la cordillera nariñense, hace que el Clan del Golfo establezca acuerdos que lo llevan, por un lado, a ceder el control militar territorial de la región, y por otro, a concentrase en puntos específicos de la subregión alrededor del control de la minería ilegal y la producción de pasta base de coca. De manera similar ocurre en Tumaco, pues el avance de la Segunda Marquetalia desde Barbacoas y Ricaurte hizo que el Clan del Golfo se replegara en ese municipio, cediendo su papel como grupo dominante. A esto se suma que el ELN está pasando por la misma situación del Clan del Golfo en Nariño, este actor armado estaría buscando establecer pactos con los GAPF antes que enfrentarlos y así mantener su hegemonía en municipios como Ancuyá, Linares, Samaniego, Guachavez, Túquerres y Ricaurte. Este panorama expone que actualmente existe una actividad muy dinámica de pactos, acuerdos y articulaciones de coordinación de estructuras armadas ilegales en el departamento de Nariño, en la que los GAPF han asumido la direccionalidad de la guerra supeditando al resto de las estructuras a sus estrategias, incluso, llevando a su órbita de incidencia a grupos tan fuertes como el Clan del Golfo y el ELN. Esta reconfiguración de actores armados en Nariño ha traído consigo la reactivación de dinámicas de conflictividades y de confrontaciones que se expresan una disputa territorial muy fuerte, dejando a la población civil en el medio del tablero de la guerra por el control del pacífico nariñense, que ha dejó entre enero y agosto de este año 7 masacres y un total de 37 víctimas. Bajo este contexto, es imperante que la fuerza pública proteja a las comunidades de Nariño, encontrando estrategias para la prevención de escenarios de riesgo ante las confrontaciones entre actores armados que agravan cada vez más la crisis humanitaria del departamento. Desde PARES nos unimos al llamado de ORIPAP y las demás organizaciones que harán parte de las movilizaciones en Tumaco que buscan llamar la atención del Gobierno Nacional ante el desolador escenario de violencia que afecta permanentemente a las comunidades de la costa pacífica nariñense.

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Por: Laura Cano Periodista Pares De nuevo, como una noticia constante en Colombia, se resportó un nuevo asesinato selectivo cometido contra un líder social. Esta vez el hecho se registró en Montelíbano, Córdoba, y la víctima fue Luis Alberto Ramos Vertel, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Antonio, y líder activo de la red de Derechos Humanos de la Asociación de Campesinos del sur de Córdoba , ASCSUCOR. Sobre estos hechos se conoció que el líder fue asesinado cerca a su vivienda por sujetos aún no identificados. Además, se ha informado que le fue propinada una herida a la altura del corazón con un arma cortopunzante, así como otros impactos corporales con un objeto contundente. Hay que señalar que el líder comunal era altamente reconocido en la región del alto San Jorge. En mi visita al corregimiento Juan José, Puerto Libertador, conocí a Luis Alberto Ramos Vertel y el trabajo que hacía por su comunidad. Es inaceptable que diariamente contemos asesinatos a líderes, lideresas y firmantes ¡La implementación del Acuerdo es un compromiso de Estado! https://t.co/NKB7n9ySXg— Victoria Sandino (@SandinoVictoria) November 8, 2021 Sobre los hechos desde El Heraldo se citó lo comunicado por la Fundación Social Cordoberxia: “Creemos que ha habido desatención de la Alerta Temprana, creemos que el ente territorial ha hecho caso omiso a las obligaciones que tiene enmarcadas en la protección de los líderes y lideresas, especialmente en la implementación del Programa Integral de Seguridad y Protección”. Sobre esto, hay que señalar que desde la Defensoría del Pueblo se había emitido en diciembre de 2016 la Alerta Temprana 054, en la que se advertía el riesgo en relación con la disputa entre actores armados ilegales por el control de los corredores de movilidad para el tráfico de armas y el narcotráfico. Este documento había estado enfocado en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta. Vale la pena señalar que por medio de esta acción de la Defensoría, se llamaba la atención sobre la seguridad de los líderes sociales y miembros de juntas de acción comunal. Adicionalmente, se identificaba como focos de riesgo a los dirigentes campesinos vinculados a ASODECAS, ASCSUCOR, COCCAM, FUNSACP, ANZORC y CORDOBERXIA; así como a quienes participan del Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, PNIS. Es decir, desde el 2019 había sido identificados varios factores de riesgo que abarcaban la condición de dirigente y líder de Luis Alberto Ramos Verte. Sobre el contexto de estas zonas la Defensoría exponía: “En este espacio confluyen los intereses de diversos actores armados legales e ilegales atraídos por la fertilidad de los valles del Sinú y el San Jorge, la riqueza hídrica y los recursos del subsuelo que han dado origen a la creación del Distrito Minero Montelíbano en la subregión del San Jorge, cuyos principales recursos minerales están representados en ferroníquel, carbón, oro, plata y cobre. Ello ha favorecido la implementación de una economía extractiva de enclave que permite la transferencia de la mayor parte de las ganancias a urbes lejanas, a costa de la explotación de los recursos y pobladores locales que se ven impactados por el incremento de la concentración de la tierra, la pérdida de referentes culturales, sitios de culto y la afectación a los medios de vida derivados de la economía campesina e indígena de subsistencia. Tal escenario ha impelido a los campesinos a la ampliación de la frontera agrícola, a costa de las zonas amortiguadoras y ecosistemas estratégicos del Parque Nacional Natural Paramillo y ha sido un factor de vulnerabilidad frente a su vinculación a economías ilícitas para poder sobrevivir”. Hay que recordar que e estos municipios de C´rdoba operaban los frentes 5, 18 y 58 de las desmovilizadas FARC-EP, y luego de la firma del Acuerdo la zona ha ido siendo copada y controlada por las AGC, los disidentes de las Farc Frente 18, quienes tendrían una alianza con el Bloque Virgilio Peralta Arenas –conocido por la fuerza pública como ‘Caparrapos’ o ‘Caparros’- y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). “A partir de la presencia de estos actores armados ilegales, con intereses antagónicos sobre las economías ilícitas y el control del territorio, se han reconfigurado las dinámicas territoriales de violencia en Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré: de tal suerte, se ha dado un tránsito de zonas de control hegemónico de las AGC a zonas en disputa”, se afirmaba desde la Defensoría del Pueblo. Así las cosas, vale la pena traer a colación que entre 2020 y lo que va del 2021 en el Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación, SIPARES, se han registrado 15 asesinatos contra personas que ejercen liderazgos sociales en este departamento. Asimismo, durante este periodo de tiempo se identificó desde el SIPARES que los líderes más afectados por cuenta de los asesinatos selectivos, fueron los pertenecientes a juntas de acción comunal. Además, y como es común en este tipo de hechos, en la mayoría no se ha identificado al actor victimario. Adicionalmente, dos de estos asesinatos fueron cometidos contra mujeres lideresas. Con este contexto, el llamado es a activar las recomendaciones dadas por la Defensoría del Pueblo a través de la Alerta Temprana 054, así como a que las instituciones con injerencia tengan en cuenta y actúen frente a las denuncias hechas por las organizaciones sociales del sur de Córdoba. Por otro lado, el caso de Luis Alberto Ramos Verte se convierte en una nueva exigencia en todos los casos de líderes sociales asesinados en Colombia.

Por: Camilo Díaz Suárez Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad Durante el periodo legislativo 2020-2021 fueron presentadas 9 iniciativas anticorrupción, de las cuáles solo 3 sobrevivieron. En la presente legislatura, de esas tres iniciativas, el 27 de octubre con su último debate en Senado, fue aprobado el Proyecto de ley 341 de 2020 de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción, pasando a debate en la Cámara de Representantes. Por otro lado, el 12 de del mismo mes, superando el primer debate en Cámara de Representantes, el Proyecto de acto legislativo 320 de 2021 quedó a la espera de los tres debates que le hacen falta en Cámara y que de momento algunos elementos suscitan polémica. A la espera de que acontece con estos dos proyectos, la tercera de las iniciativas, la reforma al Código Disciplinario ha sido la única aprobada y en días recientes fue demandada. Reforma a la Justicia El Proyecto de acto legislativo 320/2021, pretende modificar varios elemento de la justicia colombiana. Este ya fue aprobado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, y está a la espera de los próximos debates. Además, hay que señalar que este ha suscitado polémica e inconformidad por varios cambios constitucionales. El objeto del proyecto de acto legislativo es cambiar la forma de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, para que estas elijan sus magistrados por medio de una convocatoria pública de méritos y no dependan de la lista de elegibles por del Consejo Superior de la Judicatura, como funciona actualmente. El riesgo frente a esto, como lo anunció el representante a la Cámara Germán Nava Talero, radica en que se pueda incurrir en una práctica de nombrar personas cercanos o afines en dichos cargos. Sin embargo, fueron principalmente otros cambios los que motivaron la polémica. Uno de ellos se centra en el cambio de requisitos para que elegir al fiscal general de la Nación, procurador general de la Nación, defensor del pueblo y registrador nacional del Estado Civil, a los que se les exigían lo mismo que a los magistrados. Entre los requisitos está el acreditar 15 años de experiencia laboral en la Rama Judicial, lo que la Reforma pretendía quitar, permitiendo que se pudiera acreditar cualquier experiencia adquirida como abogado o alguna profesión similar. Eso llevó a que surgiera una preocupación sobre la preparación sobre las personas que pudiesen llegar. El otro “mico” tenía que ver con que el juzgamiento del procurador, contralor y defensor del pueblo pasaría a la Comisión de Acusaciones del Congreso y ya no la llevaría la Corte Suprema de Justicia, lo cual llevaría a que existiera un posible matiz político a la hora de juzgar a estos funcionarios. Lo anterior instó a que, en la ponencia del segundo debate en la Cámara de Representantes, fueran eliminados del proyecto de acto legislativos los artículos que suscitaron polémica. Pero la primera semana de noviembre, en plenaria de la Cámara, los representantes seguían en la discusión sobre estos cambios cuestionados. En especial, el cambio de la autoridad encargada de juzgar a los funcionarios mencionados. Actualmente, el proyecto de acto legislativo fue aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes el pasado 12 de octubre. Sin embargo, le falta superar 3 debates para su aprobación, si esto ocurre, pasaría a la Comisión Primera del Senado. Medidas contra la corrupción El Proyecto de ley 341/2020, planteado para adoptar medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y otras disposiciones, fue aprobado el 27 de octubre por unanimidad en el Senado de la República. En términos generales, busca que se refuerce la prevención, sanción y fortalecimiento institucional en Colombia. Su objeto es que existan disposiciones para prevenir hechos de corrupción, la articulación y coordinación entre entidades estatales y que se recuperen los daños ocasionados por estos hechos. Con 90 artículos, introduce distintos cambios en materia de extinción de responsabilidad, medidas de protección, régimen sancionatorio por corrupción a las empresas, entre otros. Sin embargo, el Proyecto de Ley Anticorrupción, pasó los debates en el Senado sin el capítulo I del documento original, que planteaba medidas de protección para los quejosos, denunciantes o quien informe actos de corrupción, conocidos como whistleblowers. Vale la pena traer a colación, que el 2019, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) anunció la falta de legislación en materia de protección a estos denunciantes en Colombia. Aludió a que el marco normativo existente en Colombia respecto a este tema es inadecuado y ha demostrado ser inefectivo en materia de protección, lo que, con la supresión del capítulo mencionado, parece seguir manteniéndose igual. Hay que mencionar que la protección a los whistleblowers, está también amparada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual establece que la protección de denunciantes de irregularidades está fundamentada en la suscripción de los pactos suscritos por Estados miembros en los que se protege la libertad de expresión y el acceso a la información. De esta forma, ante la persecución, intimidación, acoso o represalias que sufren estos denunciantes, desde la ONU se exige un desarrollo normativo y fortalecimiento institucional que fortalezca la protección de denunciantes de corrupción. Mientras el Proyecto de Ley sigue su curso para ser aprobado, lo hace sin el capítulo que planteaba medidas de protección. De esta forma, la iniciativa continúa con el vacío que tiene Colombia respecto a una protección especial a denunciantes de actos de corrupción. Esta falta de garantías se traduce en temor para presentar denuncias, lo que termina favoreciendo la impunidad. Esa ausencia de protección se releja en que el 78% de los encuestados en Barómetro Global de Corrupción del 2019 en Colombia, piense que puede sufrir represalias si denuncia un hecho de corrupción. Reforma al Código General Disciplinario La Reforma al Código Disciplinario fue presentada por la Procuraduría General de la Nación, y aprobada el 29 de junio de 2021, cuya vigencia entrará hasta el 19 de marzo del 2022, con excepción de los artículos 69 y 74 que tendrán vigencia a partir del 29 de diciembre de 2023. Con esta reforma, bajo la Ley 2094 del 29 de junio de 2021 se le otorgó a la Procuraduría las funciones jurisdiccionales de suspender derechos políticos de servidores públicos electos por elección popular. Desde que estuvo la ley en debate, fue cuestionada por ir contra el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitido en el caso de Gustavo Petro, en el que se estableció que la restricción de derechos políticos solo podía ser producida por una condena emitida por un juez. Si bien desde la Procuraduría se hizo referencia siempre a que sí se cumplía el fallo, se vulnera el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque se le permite a una autoridad administrativa la limitación de derechos políticos. Por este mismo hecho, se dio a conocer el 5 de noviembre que distintos congresistas y organizaciones civiles demandaron la Ley 2094 de 2021, bajo el argumento de que esta vulneraba los derechos políticos y el debido proceso de servidores públicos elegidos popularmente. Por ello, fueron demandados 14 artículos y se aseveró que la ley debió haber sido tramitada como una ley estatutaria, por el cambio jurisdiccional que introduce. La demanda fue instaurada por los congresistas Ángela María Robledo y Alexander López Maya, junto con la Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ante la Corte Suprema de Justicia.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia A las universidades –desde su nacimiento, hace casi mil años– se les concibió como espacios, por excelencia, para que el conocimiento crezca y se desarrolle. Se pensaron y construyeron como centros de pensamiento donde debían prevalecer los discursos críticos, los argumentos sólidos y la búsqueda incansable de la verdad, cuyo principal compromiso estaría siempre con el cultivo de la razón, la información y la ciencia. Sin embargo, con el pasar de los siglos, debido a su naturaleza universal, a las universidades se les permitió ampliar sus responsabilidades. Además del compromiso con la formación académica y la producción de saber científico, se les ha dicho que también deberían ocuparse, con igual intensidad, por mejorar el bienestar social, las condiciones de vida de la población y la transformación del mundo real. Se les dijo que no basta con conocer el átomo, saber qué es la política o maximizar la ganancia del productor a través de fórmulas matemáticas; sino que se requería, además, que adapten ese conjunto de conocimientos a la realidad y necesidades sociales; que busquen de manera continua proporcionar nuevas y mejores herramientas para que la sociedad solucione sus problemas. En breve, que fueran centros de pensamiento comprometidos con el bienestar social. Esta petición fue reafirmada a comienzos del siglo XX por Joseph Schumpeter y Max Weber, quienes incorporaron el concepto de emprendimiento e innovación social y lo ligaron, de forma inseparable, al trabajo de las universidades. A partir de ese momento, a estas se les concibió como las organizaciones que tienen entre sus tareas atender los desafíos sociales y mejorar el bienestar de las poblaciones, en cualquiera de los ámbitos de la vida individual y colectiva –familiar, grupal o comunitaria–. Así, desde aquel tiempo, las universidades han intentado convertirse en espacios de emprendimiento, donde los diversos actores que las ocupan –docentes, estudiantes, investigadores, personal administrativo, empleados, contratistas– piensen, trabajen y cooperen en la búsqueda del bienestar colectivo, a través de proyectos de innovación social con los cuales intentan dotar a territorios y sus comunidades de conocimientos, capacidades y habilidades para que gestionen sus propias ideas de vida buena y para que, en ese sentido, mejoren su calidad de vida. Así, la labor de la universidad va más allá de un espacio físico, de un campus –hoy un poco deshabitado a causa de la pandemia–; busca con su recurso humano integrarse en los territorios para trabajar coordinadamente con la población en el mejoramiento de la calidad de vida y propone trabajar junto a otros en la atender sus necesidades específicas en temas como empleo, educación o salud, buscando la construcción de soluciones que les permitan desarrollar sus capacidades en libertad política y económica. Se trata de unas comunidades educativas que intentan poner sus capacidades organizativas al servicio de las demandas sentidas de las comunidades. Van a los territorios y, de manera concertada y participativa, ayudan a co-construir soluciones a sus problemáticas. Así, logran enseñar, asesorar y construir nuevas formas de organización y gestión de sus proyectos económicos, políticos y culturales. Innovaciones sociales que, finalmente, les den confianza a las comunidades y les permitan generar las capacidades para fortalecer su entorno y atender sus realidades y dinámicas sociales. Y es que, a las universidades, compuestas por seres sentipensantes, les queda imposible no darse cuenta de las dolencias sociales en que están sus territorios. Para el caso de Colombia, resulta alarmante, por ejemplo, el incremento acelerado de la pobreza y el desempleo, la manera en que se expande la delincuencia en las ciudades, la forma en que llegan miles de personas desplazadas por el conflicto y la violencia sistemática contra líderes y lideresas sociales en el campo. Por eso es tan necesario y urgente que se siga trabajando desde las universidades en formar profesionales conocedores de la realidad y ciudadanos comprometidos con la igualdad de oportunidades en los variados proyectos de vida. Profesionales que logren formarse con una visión compleja que les permita darse cuenta de los problemas estructurales e iniciar la búsqueda de cómo atenderlos. Innovadores sociales que ataquen la inequidad, las injusticias y la manera inhumana como se comportan con la ciudadanía. De allí que sea conveniente incentivar la participación de la comunidad universitaria y de la comunidad en general en la Semana de la Innovación UdeA 2021, que se realizará del 16 al 19 de noviembre. Este es un espacio académico en el que se buscará promover el fortalecimiento de capacidades y competencias alrededor de la innovación y el emprendimiento como una apuesta al desarrollo de los territorios. Es una semana en la que, nuevamente, se propone a la universidad como un laboratorio social donde se presentan distintos proyectos para mejorar el bienestar de las personas. Un evento que tendrá un especial interés en estudiar y proponer los desarrollos tecnológicos de la industria 4.0 para la transformación de los territorios. Un tema desafiante para la docencia universitaria –por el desarrollo creciente de plataformas online de aprendizaje y que debe llevarse a los territorios–, pero, al mismo tiempo, un horizonte de transformación que se abre por las oportunidades que ofrece para la innovación social en términos de conocimientos, comunicación, gestión y organización social para poblaciones apartadas y marginadas. Eventos como este –que buscan formas nuevas de organización y gestión de las tecnologías– permitirán el encuentro para que la comunidad universitaria trabaje articuladamente con otros actores –autoridades municipales, profesionales, organizaciones comunitarias, entre otras– para mejorar los procesos productivos, sociales, culturales, comunitarios, y generen mayor bienestar social y calidad de vida. Innovaciones sociales que no tienen que ser grandes propuestas de transformación de una región o del país, sino que pueden ser pequeñas modificaciones en la organización social de las comunidades que podrían ayudar a resolver los problemas cotidianos. En definitiva, las universidades se están convirtiendo en espacios que trabajan para un mundo nuevo y mejor, donde a través de personas emprendedoras e innovadoras sociales se intenta atender a los grupos sociales más desprotegidos y marginados, aquellos que no son atendidos muchas veces por el Estado ni el mercado; donde se invita a los múltiples actores que las habitan para que trabajen en conciliar la ciencia, la verdad y la excelencia académica con una propuesta de sociedad más justa, solidaria, equitativa, sostenible y defensora de la vida.

Por: Laura Cano Periodista Pares Los liderazgos sociales han vivido, en los últimos años, la reconfiguración de muchos de sus aspectos; algunos, desde su lucha estructural, otros, desde la participación y la confluencias de intereses. Y, además, en la mayoría, se han producido transformaciones tanto de los escenarios de riesgo como de las formas de realizar su trabajo en zonas que, hoy por hoy, en el escenario del posconflicto, se han visto copadas por estructuras armadas que llegaron o se fortalecieron posterior a la firma del Acuerdo de Paz. Todo este escenario ha supuesto cambios en las formas en las que se ejercen liderazgos sociales en el país. Y es que, justamente, el panorama no pinta ni ha pintado favorable para las personas líderes y defensoras de derechos humanos del país. Según información del SIPARES, durante el 2020, en el país se registraron, al menos, 216 asesinatos selectivos contra esta población. Durante lo que va del 2021, este mismo sistema de información reporta, por lo menos, la ocurrencia de 100 de estos hechos. Hay que señalar que, en los dos últimos años, especialmente, el Cauca ha sido uno de los departamentos más peligrosos para los liderazgos sociales. En 2020, el SIPARES reportó 58 casos, del total, mientras que en este año se han reportado, al menos 11 casos. Ante la complejidad de la situación, han sido múltiples las acciones que se han tomado desde la autonomía de muchas organizaciones. Esto en contraste con respuestas que, en ocasiones, son escasas por parte de la institucionalidad, y ante un panorama cada vez más amenazante para las personas líderes y defensoras de derechos humanos. En el marco de esas acciones que se han emprendido por diferente sectores, se encuentra el desarrollo de los Espacios Comunitarios para la Protección y Autoprotección, los cuales son una apuesta que se gesta en varias subregiones del país, entre ellas, en el norte del Cauca, una de las zonas que, actual e históricamente, ha sido fuertemente afectada por la violencia. Por un lado, esto ha llevado a altas cifras de victimizaciones, pero, por otro lado, también ha instado y propiciado la organización social para hacerle frente a las condiciones de vulneración. Hay que señalar que estos Espacios Comunitarios para la Protección y Autoprotección, una apuesta desde los territorios, vienen siendo acompañados por la Fundación Paz & Reconciliación, Pares, junto a la Embajada de Noruega,quienes desde hace tres años desarrollan este proyecto en el Bajo Cauca Antioqueño, Catatumbo, Costa Pacífica Nariñense y el Norte del Cauca, bajo el objetivo de contribuir al fortalecimiento de capacidades para la seguridad en comunidades afectadas por la guerra a través del diseño, implementación y sostenimiento de espacios de confluencia de organizaciones sociales de cada subregión, en los cuales se dialogará alrededor del “saber hacer” de las organizaciones. "La Fundación Paz & Reconciliación, junto a la Embajada de Noruega, desarrolla actualmente el proyecto “Espacios Comunitarios para la protección y autoprotección: una apuesta desde los territorios”, se trata de un proyecto focalizado en cuatro subregiones del país: Bajo Cauca Antioqueño, Catatumbo, Costa Pacífica Nariñense y el Norte del Cauca, que propone contribuir al fortalecimiento de capacidades para la seguridad en comunidades afectadas por la guerra a través del diseño, implementación y sostenimiento de espacios de confluencia de organizaciones sociales de cada subregión, en los cuales se dialogará alrededor del “saber hacer” de las organizaciones y el de la Fundación Paz & Reconciliación, particularmente, frente a la identificación (1), monitoreo y seguimiento de riesgos que amenazan la seguridad de las comunidades (2) e incidencia como estrategia de protección y autoprotección (3)." Es así como nace la Red de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, Territoriales y Ambientales del Norte del Cauca (REDODEN): un espacio de diálogo en donde confluyen múltiples organizaciones con enfoques étnicos, ambientales, territoriales y de género. Este espacio ha posibilitado el reconocimiento entre organizaciones de la subregión, partiendo y poniendo en común las agendas particulares, para llegar a puntos e intereses conjuntos; todo esto, permitiendo un intercambio de experiencias, especialmente de prácticas de protección y autoprotección. Este escenario ha posibilitado que REDODEN, durante tres años, se configure como un punto de encuentro con multiplicidad de saberes que promueve la sostenibilidad de cada una de las organizaciones que conforman el espacio, el cual también ha desarrollado formas organizativas con el fin de consolidar y potenciar a REDODEN como espacio de confluencia, impacto e influencia en cuanto a la defensa de los derechos humanos en el norte del Cauca. Toda esta labor se ha desarrollado desde acciones autónomas y de reconocimiento de los contextos de la subregión. “Es un proyecto muy flexible que logra acercarse a las realidades de los territorios. Además, es un potenciador a que las organizaciones se sienten a dialogar, pensándose como parte de la subregión del Norte del Cauca, en aras de poder hacerle frente a las situaciones que se viven en la zona, como la ola de violencia que se vive por parte de la presencia de diferentes actores armados que entran a conflictuar con estas organizaciones”, contó Harvey Moyan, enlace territorial de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Hay que señalar que REDODEN es un tejido en el que convergen organizaciones que trabajan por la vida, el territorio y las costumbres ancestrales. Actualmente, allí confluyen ocho organizaciones: la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC); la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos del norte del Cauca (ANUC norte del Cauca); la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Integral (ASOCODITA); el Colectivo Afrofemenino, Venga Que Sí Se Puede; el Movimiento de la Mujer Nasa Hilando Pensamiento; la Red de Mujeres del Norte del Cauca (Redmunorca); El Colectivo de Mujeres Trascendiendo y Unidad de Organizaciones Afrocaucanas (UOAFROC). Es necesario mencionar que estas son las organizaciones que hacen parte hasta el momento, sin embargo, REDODEN es un espacio de participación abierta para las organizaciones del Norte del Cauca que buscan construir, conjuntamente, un territorio menos peligroso para la defensa de los derechos humanos de las comunidades. Les invitamos a conocer más de REDODEN y sus acciones en el Norte del Cauca, aquí.

Por: Camilo Díaz Suárez y Daniela Garzón, investigadores nacionales. Línea de Democracia y Gobernabilidad La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la petición de la defensa del exgobernador de Santander y exsenador Richard Aguilar, de anular el proceso que se lleva en su contra por presuntas irregularidades en contratación cuando ejerció como gobernador. El exgobernador buscaba que se empezara desde cero la investigación que pasó de manos de la Corte Suprema a la Fiscalía delegada ante la Corte en julio, después de haber renunciado a su curul como senador por Cambio Radical. La defensa de Aguilar argumentó que la indagatoria que rindió ante la Corte no podía equipararse a la imputación en la Fiscalía, y que, como al renunciar el procesado está bajo otro sistema penal (Ley 600 y Ley 906), el proceso debía arrancar nuevamente. Pero la Corte Suprema dijo que ambos sistemas son respetuosos de la Constitución y que lo actuado no puede considerarse nulo. La Fiscalía presentó el escrito de acusación los primeros días de octubre y desde allí se espera que Aguilar responda por los delitos de concierto para delinquir; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Hay que recordar que siendo gobernador, Aguilar habría favorecido a familiares y amigos en la contratación de obras civiles y del Plan de Alimentación Escolar (PAE) a cambio de recibir un porcentaje sobre los contratos. Aunque el ente acusador pasó de ser la Corte Suprema a la Fiscalía por la renuncia de Aguilar al Senado, seguirá siendo la Corte la que recibirá el material probatorio que acumule la Fiscalía y así mismo la que enjuiciará a Aguilar, pues esta tiene competencia sobre las actuaciones de los gobernadores. Según lo presentado por la Fiscalía ante la Sala Especial de Primera Instancia, mientras que Aguilar estuvo frente a la gobernación entre 2012 y 2015, este creó un comité asesor para orientar los procesos contractuales en el departamento. En ese proceso nombró a dos personas de su confianza: la secretaria de infraestructura y el director de Gestión de infraestructura, con el objetivo de asegurar que la contratación quedara en manos de quien él indicaba. Habría irregularidades en al menos seis contratos: Uno para reforzar el estadio de fútbol y hacer adecuación de piscinas y un coliseo, de 2014 y con un valor de $15.278 millones. Un contrato de interventoría con una adición reconocida por más de $6.700 millones. Un contrato para mejorar y rehabilitar un corredor agroforestal que fue entregado a una Unión Temporal en la que era empleado un primo de Hugo Aguilar padre. Un negocio jurídico para el suministro de raciones de comida a estudiantes de 82 municipios de Santander. Un contrato de obras en el corredor vial San Gil- Charalá de septiembre de 2014. Y, finalmente, un contrato para la construcción del tercer carril de la vía Bucaramanga- Floridablanca, también de septiembre de 2014. Con la reciente decisión de la Corte, se sienta jurisprudencia sobre una jugada que se ha vuelto recurrente entre los congresistas acusados de diversos delitos: la de renunciar a sus curules no solo para cambiar de ente acusador, sino para echar para atrás los procesos en los que la Corte ya ha avanzado. En este caso, Aguilar y su abogado, Iván Cancino, que también defiende al abogado Diego Cadena, involucrado en el caso Uribe, perdieron. También puede leer: Richard Aguilar: una ficha del clan político de Santander que cayó El círculo de la corrupción Por los actos de corrupción en los que presuntamente habría incurrido Richard Aguilar también están involucrados el actual gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien es su hermano, y el exrepresentante a la Cámara Edwin Ballesteros. Siendo una de las fichas del Clan Aguilar, Edwin Ballesteros se vio implicado por haber participado del entramado de corrupción de la gobernación de Santander, mientras fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant S. A.). El 7 de septiembre de 2021, Ballesteros fue formalmente vinculado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por irregularidades en la contratación de la Esant, tras lo cual presentó la renuncia a su curul, que fue aprobada el 9 de septiembre en plenaria de la Cámara de Representantes. Los hechos se habrían presentado entre 2014 y 2016, y se investigan tres contratos. El primero de ellos fue suscrito entre la Esant e Ingream S.A.S para realizar el mantenimiento del sistema de alcantarillado en el municipio de Sucre, por un valor de $1.188 millones. El segundo fue suscrito con la Unión Temporal Enciso Potable, para una planta de potabilización de agua en Enciso, con un valor de $472 millones. El tercer contrato se realizó con la misma Unión Temporal, para mantenimiento del sistema de acueducto en el municipio de Landázuri, con un valor de $4.000 millones. La investigación en contra de Ballesteros nació en el marco de la adelantada en contra de Richard Aguilar, luego de las declaraciones de Claudia Toledo y Lenin Pardo en el marco de sus propios procesos judiciales. Claudia Yaneth Toledo, ex secretaria de Infraestructura departamental, y su esposo, Lenin Darío Pulido, contratista de la Gobernación, habían sido detenidos en el 2018 por irregularidades en la contratación para mejorar la Villa Olímpica del Estadio de Bucaramanga. Sin embargo, en el marco de sus propios procesos, Toledo y Pulido llegaron a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, para tener inmunidad penal y actuar como testigos en contra de Richard Aguilar. Según ellos, Edwin Ballesteros habría actuado como intermediario entre Aguilar y terceras partes, para amañar la adjudicación de contratos en Santander. Tras su renuncia y porque la Corte consideró que los hechos por los que se le abrió la investigación no tienen que ver con su función como congresista, el 11 de octubre la investigación fue remitida a la Fiscalía General de la Nación. Los delitos por los que se le investiga son concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho. Por su parte, a Mauricio Aguilar, actual gobernador de Santander, la Procuraduría General de la Nación le abrió una investigación en septiembre de este año, pues habría favorecido a su hermano, mediante la desaparición de documentos en la gobernación de Santander. El órgano de control investiga si Mauricio ocultó documentos que comprometían la responsabilidad penal de Richard Aguilar, por el aparente envío de documentos falsos a la Corte Suprema sobre la adición del contrato de la Villa Olímpica y el conflicto de interés de la gobernación al contratar los abogados el exsenador. El pasado 27 de octubre, la Fiscalía le abrió una investigación por la desaparición de una caja con nueve carpetas con documentos que contenían resoluciones de despacho de la gobernación durante el mandato de su hermano. El Clan Aguilar Hugo Aguilar Naranjo es el padre de Richard y Mauricio Aguilar, y fundador del Clan Aguilar. Fue un coronel de la Policía, que ganó reconocimiento por haber sido el policía que abatió a Pablo Escobar. Ingresó a la política en el 2001, tras convertirse en diputado de la Asamblea Departamental de Santander, cargo al cual renunció para aspirar a la gobernación del departamento, quedando electo en el 2003. En 2011, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos, por presuntos nexos con el Bloque Central Bolívar (BCB) de las AUC, para lograr apoyo electoral en el 2003. Por estos nexos, había sido condenado por la Corte Suprema a 9 años de prisión. A lo anterior se suma un proceso abierto en la Corte Suprema, por irregularidades en contratación durante su mandato como gobernador. La investigación se adelanta en 12 convenios suscritos con la Corporación Parque Nacional de Chicamocha para ejecutar varias obras. Al igual que Hugo Aguilar, sus hijos se encuentran actualmente investigados y acusados, añadiendo expedientes adicionales al prontuario familiar. Un aliado del Clan Aguilar, Edwin Ballesteros, también se encuentra en líos judiciales.

Por: Laura Cano Periodista Pares Durante la semana pasada se había conocido que la Justicia Especial para la Paz, JEP, había decidido reconocer un concepto emitido por la Procuraduría General de Nación, en el que se afirmaba que durante los años en el que la guerrilla estuvo inmersa en el conflicto armado en Colombia incurrieron en acciones de trabajo forzado y/o esclavitud contra las personas que fueron secuestradas por la guerrilla. Para llegar a esto, la Procuraduría documentó más de 70 casos, en los que víctimas de secuestro, principalmente, aseguraban que habían sido obligadas a realizar trabajos forzados. Además, principalmente, los testimonios provenían de personas campesinas, quienes afirmaron que el grupo guerrillero les habría obligado a transportarlos y a realizar actividades agrícolas como formas de castigo ilegítimo. Además desde el Ministerio Público se afirmó que hubo “varios casos en los que las víctimas fueron comercializadas entre la guerrilla y la delincuencia común, ejerciendo atributos de propiedad sobre las personas. Estas conductas configuran crímenes de lesa humanidad, por lo que los comparecientes del caso 01 tendrán 10 días hábiles para reconocer esta conducta ante la Sala de Verdad”. Así las cosas, antes de que se cumplieran los días establecidos para que el antiguo secretariado de las Farc se pronunciara ante los hechos, se conoció que los dirigentes del partido Comunes, habían rechazado haber incurrido en estas prácticas, aseverando que no fueron una organización esclavista, por lo que aseguraron que interpondrán los recursos que contempla la ley y el Acuerdo ante la jurisdicción. “Por todas estas razones y porque está en juego la dignidad de quienes firmamos y cumplimos el acuerdo y hemos tomado conciencia de nuestros errores, no compartimos que las conductas que ya hemos reconocido y que afectaron la dignidad de los secuestrados, sean ahora calificadas como esclavitud. (...) Sería faltar a la verdad y quedar en deuda con la historia permitir que se imponga la narrativa de que las Farc-EP fue una organización esclavista”, afirmó Rodrigo Londoño, quien a través de un video hizo el pronunciamiento. Asimismo, Londoño aseguró que desde la firma del Acuerdo de Paz han estado comprometidos con la construcción de paz, y en ese sentido y en relación con el Caso 01 que se desarrolla en la JEP, han aceptado su responsabilidad, y han llevado a cabo más de 200 actos de reconocimiento de manera unilateral, donde escucharon a las víctimas. Hay que traer a colación que desde julio de 2018, en la JEP se resuelve el caso 01 de Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las FARC-EP, donde hay 2.664 víctimas acreditadas. En el marco de este caso se ha logrado reconocer a 21.396 víctimas de secuestro. Además, el 26 de enero de 2021, se imputó al antiguo secretariado de las FARC-EP por el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes, entre otros. Por estos hechos fueron determinados culpables: Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. “El macrocaso 01 ha sido una posibilidad para reflexionar sobre la errada política de secuestro, que en su momento adoptamos. Hemos reconocido, con sinceridad, que estos hechos, por su gravedad, son crímenes de guerra de lesa humanidad. Hemos reconocido el dolor que causamos a las víctimas al privarlas de su libertad y atentar contra su dignidad. Además de haber sometido a sus familias al sufrimiento ante la incertidumbre del paradero de sus allegados”, agregó. Además, desde el antiguo secretariado de las Farc, se instó a que a que desde la JEP se priorice el enfoque de la justicia restaurativa, más no el punitivista de la justicia ordinaria. “El rol del juez transicional debería ser garantizar la verdad, justicia y reparación de las víctimas y al mismo tiempo, buscar que sus decisiones allanen el camino de la paz estable duradera y completa como lo pactamos en el acuerdo final de paz”, concluyó Londoño.

Por: Walter Aldana Político social alternativo Se espera que la máxima autoridad guardiana de la carta magna se pronuncie en relación a la exequibilidad o no del total o de alguna parte del Acto Legislativo #02, expedido por el Congreso de la República y denominado "circunscripciones transitorias especiales de paz". De igual manera, se está a la espera de fallos de tutela por parte del Consejo de Estado. En la agenda pactada entre el Gobierno y las otrora FARC-EP, de los seis puntos acordados, el segundo se refiere a la participación: por un lado, de los armados y, por otro lado, de las víctimas del conflicto. El resultado consignado en el documento del "Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera" fue: la asignación de 10 curules para excombatientes (5 en senado y 5 en cámara de representantes), así como la definición de 16 territorios (los más afectados por la guerra) y la elección de una o un representante a la Cámara por cada uno (es decir, por dos periodos, 16 parlamentarios de las víctimas). Se creía que el Congreso referido al año 2016 desarrollaría este punto del Acuerdo y daría vida al compromiso, con fuerza constitucional, adquirido por el Estado a través del Gobierno nacional de Juan Manuel Santos. Las curules a las FARC fueron asignadas, pero las de las víctimas no. Con la política de hacer trizas el Acuerdo, el Gobierno Duque se dio a la tarea de colocar todas las trabas. No fueron suficientes los llamados y pronunciamientos de las organizaciones sociales solicitando su cumplimiento, erróneamente el Gobierno creyó que, de cumplir este aspecto del Acuerdo, se fortalecerían las FARC. Fue una tutela ante la honorable Corte Constitucional lo que "revivió" este asunto. Fue la rectora de nuestra Constitución la que ordenó a la Registraduría Nacional y al mismo Gobierno cumplir el acuerdo a partir de una ley con fuerza constitucional; no es una ley ordinaria, es el acto legislativo 02 el que ha solicitado hacer cumplir el mandato de la Corte Constitucional. Y claro, en la acción de entorpecer, tanto la resolución 10592 del 28 de septiembre de la Registraduría como el decreto presidencial 1207, del 5 de octubre del presente año, modifican la esencia de lo dictado por la Corte al interpretar una coma en el texto como punto y coma, cosa que genera otra interpretación y conlleva la separación de un párrafo originariamente del acto legislativo en tres. Y es que la falsa interpretación se refiere al artículo transitorio 5, parágrafo 2, sobre inhabilidades, que impide que las víctimas (más de 8 millones en Colombia) que hayan participado en cualquier tipo de campaña (hayan resultado elegidas o no) a Concejo, Alcaldía, Asamblea, Gobernación, Presidencia, entre otros, puedan participar en esta circunscripción especial de paz, pero deja abierta la posibilidad a personas que hayan desarrollado procesos de negociación después de 20 años a la fecha; muerte política para esta circunscripción transitoria de paz a víctimas del conflicto armado y posibilidad de participación para algunos de los victimarios. Inducir al error es, igualmente, lo que pretenden lograr las dos entidades, aspecto que influenciaría en la decisión de la Corte y del mismo Consejo de Estado ante quienes se han interpuesto sendas tutelas.