Por: Laura Cano Periodista Pares La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) habría reconocido un concepto, emitido por la Procuraduría General de la Nación, en el que se aseveraba que el grupo guerrillero había instaurado prácticas de trabajo forzado y/o esclavitud durante sus años de combate. Estos hechos se habrían perpetrado contra las personas que fueron secuestradas por la guerrilla. Esta aseveración se da luego de que la Procuraduría, según lo informado, logró documentar más de 70 casos en los que víctimas de secuestro aseguraban que habían sido obligadas a realizar trabajos forzados. Además, principalmente, los testimonios provenían de personas campesinas, quienes afirmaron que el grupo guerrillero les habría obligado a transportarlos y a realizar actividades agrícolas como formas de castigo ilegítimo. De acuerdo a lo referido por el Ministerio Público, esta entidad “documentó varios casos en los que las víctimas fueron comercializadas entre la guerrilla y la delincuencia común, ejerciendo atributos de propiedad sobre las personas. Estas conductas configuraron crímenes de lesa humanidad, por lo que los comparecientes del caso 01 tendrán 10 días hábiles para reconocer esta conducta ante la Sala de Verdad”. Por su parte, desde la JEP se precisó que “las FARC-EP cometieron otros crímenes de lesa humanidad de manera concurrente con las privaciones de la libertad”. Así, estos hechos serán tratados dentro del macrocaso 01 llevado por el Tribunal de Paz. Además, se anunció desde la Procuraduría que “esta es la primera vez que se imputa este tipo de actos como parte de un patrón generalizado y sistemático de ataques dirigidos en contra de la población civil, cometidos por parte de las FARC-EP”. Hay que recordar que, recientemente, la Procuraduría hizo otro llamado a los excombatientes, asegurando que es “determinante que los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reconozcan que existieron órdenes en las filas guerrilleras de matar a secuestrados en casos de insubordinación e intentos de rescate, y que no tenían protocolos claros ni definidos que buscaran garantizar la vida por encima de cualquier otro propósito”. Estas afirmaciones se produjeron luego de que este organismo evidenciara falta de responsabilidad con la verdad por parte de personas que habrían participado de forma directa en los hechos de secuestros. “La Procuraduría cuestiona y considera problemática la manera como se les exigió a los comparecientes la aceptación de responsabilidad por parte de la JEP, en la que solo reconocen la responsabilidad de la organización, teniendo la oportunidad de disolver su participación individual y directa en casos concretos”, señaló el procurador delegado. Frente a esto, es importante traer a colación que, desde julio de 2018, en la JEP se resuelve el caso 01 de Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las FARC-EP, donde hay 2.664 víctimas acreditadas. En el marco de este caso se ha logrado reconocer a 21.396 víctimas de secuestro. Además, el 26 de enero de 2021, se imputó al antiguo secretariado de las FARC-EP por el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes, entre otros. Por estos hechos fueron determinados culpables: Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Ahora bien, con esta nueva implicación, quedan preguntas por resolver sobre los pasos que seguirá dando la JEP, así como sobre la posición y respuesta que darán los excombatientes, pues, como se mencionó anteriormente, tendrán 10 días hábiles para reconocer esta conducta ante la Sala de Verdad de la JEP.

Por: Cayo Mario Sepúlveda Líder político y social de Tame, Arauca ¿Quién quiere ser gobernador de Arauca? Esta podría ser la pregunta del millón. Un cargo que fácilmente podría despertar la codicia de más de uno, dadas las condiciones financieras que tuvo el departamento y que muchos ignoran, pues no saben que Arauca podría ser hoy una de las regiones más pobres del país, presupuestalmente hablando, a pesar de tener, todavía, algunos recursos generados de las regalías petroleras. El departamento de Arauca no generaría ni el cinco por ciento en recursos propios del total de su presupuesto de ingresos. De no ser por las regalías y el sistema nacional de participaciones, nuestro departamento sería inviable en términos financieros; es más, no tendría la posibilidad de ostentar ni siquiera la figura de las antiguas comisaría. Es por eso que en las estadísticas del Ministerio de Hacienda ocupamos el deshonroso último puesto en manejo financiero. Esa es la situación presupuestal que, al fin y al cabo, se podría suplir con buena gestión de los parlamentarios o con reformas fiscales que le podrían dar un pequeño aire a la economía del departamento. Sin embargo, lo más grave no está en la parte administrativa y financiera, sino en el orden público: ese flagelo que se ha llevado la vida de lo mejor de la clase dirigente de Arauca, ya sea por los grupos insurgentes o al margen de la ley, paramilitares y el mismo Estado. Veamos un solo aspecto: me voy a referir solo a los gobernadores elegidos por voto popular. No quiero detallar en los mandatarios regionales que ha mandado el Gobierno central y que han estado fugazmente como gobernadores encargados, que alzan el vuelo cuando terminan y por aquí no vuelven. Alfredo Colmenares Chía fue el primer gobernador elegido por voto popular; fue objeto de un atentado en la ciudad de Arauca antes de ser mandatario del departamento; cayó preso y, finalmente, fue asesinado por paramilitares en la ciudad de Bogotá. Posteriormente, José Vicente Lozano fue secuestrado antes de ser gobernador; luego fue condenado y hoy está prófugo de la justicia. Al parecer, vive en Venezuela y sus condiciones financieras serían precarias. Gustavo Carmelo Castellanos (que en paz descanse) fue judicializado y, finalmente, le fue arrebatada gran parte de su fortuna. Murió en malas condiciones económicas. Federico Gallardo también fue secuestrado; fue detenido y encarcelado y, finalmente, resultó destituido mediante un proceso que todavía los entendidos de la parte judicial no entienden. Julio Acosta Bernal fue objeto de varios atentados y hoy está en manos de la justicia. Paga condena después de ser sentenciado. Fredy Forero estuvo poco tiempo en el cargo, al ser destituido por orden de la Procuraduría. Fue reemplazado por Luis Ataya, a quien la guerrilla le secuestró a uno de sus hijos y, al parecer, le tocó pagar un millonario rescate. Luego vino Facundo Castillo, hoy detenido e inmerso en escándalos de manejo y orden público que tienen a la expectativa no solo a la sociedad araucana, sino también al país. Ricardo Alvarado fue objeto de un atentado cuando fue alcalde de Arauca; cuando terminó su periodo, un grupo alzado en armas le secuestró a un hermano suyo. Hoy se encuentra detenido, y está siendo procesado con detención domiciliaria debido a su mal estado de salud. Con estos antecedentes, cualquier ciudadano sensato difícilmente se le mediría a ocupar este cargo. Sin embargo, las ansias de poder, de dinero, a veces pueden más. Pese a esto, seguramente, entre las personas mencionadas, también están aquellos llenos de buena voluntad pero que no calcularon el abismo que les esperaba. Hoy, como ayer, el poder judicial y los entes de control tratan de armar el show sindicando y satanizando la clase dirigente, culpables en muchos casos, pero sin que el Estado asuma su culpabilidad al no ser capaz de brindarles las más mínimas garantías a sus vidas y las de sus familiares, mucho menos a sus bienes. Podrán encargar hasta al ministro de Defensa nacional en la Gobernación, y solo le quedará la opción de encuevarse como los cachicamos, sin poder salir a ver cómo es el departamento ni interactuar con la comunidad, porque el orden público no se lo permitiría. Qué hacer es la pregunta que nos hacemos las y los araucanos. Algunos dicen que buscar un buen líder (que no es fácil), y otros dicen que el Estado asuma su obligación constitucional y brinde garantías. Mi pregunta es: ¿qué haríamos primero de las dos posibilidades que se proponen? ¿Qué hacemos ya en medio de la crisis que no nos afecta? Dejemos para otro escrito proponer soluciones, que deben arrancar con la participación de la sociedad. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Guillermo Segovia Politólogo, abogado y periodista “La agencia de comunicación estratégica, bendecida con contratos en el Gobierno Duque, fue seleccionada para mejorar «la percepción ciudadana» sobre la cartera. Habrá un especial énfasis en combatir las fake news”, afirmaba un artículo de la redacción judicial de El Espectador, publicado el pasado 21 de abril, sobre un contrato por $898 millones suscrito con la empresa de comunicaciones Alotrópico SAS por el Ministerio de Defensa (en cabeza del para entonces recién posesionado, Diego Molano). Diego Molano conoce muy bien la empresa contratista, pues sus tres fundadoras, en 2015, fueron las comunicadoras Isabel Cristina Quiroga, Martha Isabel Restrepo y Lilian Polanía, subordinadas del actual ministro de Defensa cuando estuvo a la cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre 2012 y 2013, según informó la periodista Ana María Cuesta de la cadena radial La FM. Del 2014 al 2018, Molano fue concejal de Bogotá. En 2018 llegó al Gobierno Iván Duque y, a un mes de su posesión, de acuerdo a lo recogido por El Espectador, Alotrópico SAS habría tenido su primer contrato por $70 millones con el Ministerio de Cultura. Meses después, Molano fue nombrado director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). El medio de comunicación citado señalaba que a Alotrópico SAS le va bien de la mano de Diego Molano, “Por ejemplo, cuando estuvo a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la empresa tuvo un contrato por $219 millones, entre diciembre de 2019 y enero de 2020, para implementar la metodología «Transformar Comunicando»”. Luego, entre febrero y marzo de 2020, entre el Dapre y Alotrópico SAS se habría firmado un contrato por $360 millones para socializar “los temas de interés nacional que le sean asignados por el Presidente de La República mediante la metodología «Transformar Comunicando». Entre abril y diciembre de 2020 se ejecutó otro contrato, por $565 millones” para desarrollar la misma metodología. Según la información de El Espectador, por el lado hubo unos nueve contratos con un promedio de $65 millones, cada uno, para “Transformar comunicando”. Con tan prestigiosos antecedentes, afirmaba el periódico: “Sin concursar con competencia alguna, la empresa Alotrópico SAS fue contratada directamente por el Ministerio de Defensa, en cabeza de Diego Molano, para manejar las comunicaciones estratégicas de la entidad.” En forma coincidente, según lo corroboró el periodista Daniel Coronell, las tres propietarias de la empresa tienen vinculación familiar, son pareja de miembros de la fuerza pública. Incluso, en uno de los casos, con el encargado por la parte contratante de la implementación de la estrategia “Transformar comunicando” en la campaña “Colombia quiere la verdad”, desarrollada en pleno pico del Paro Nacional A-28 para cuestionar su legitimidad. Otra afinidad de las contratistas con Molano, quien, según el presidente Duque dijo para justificar su nombramiento como ministro de Defensa, “nació en el Hospital Militar”. El contrato tiene como fecha de iniciación el 31 de marzo y se desplegará hasta el 24 de diciembre de 2021, cuando el contratista reciba un último pago, por ahora, en plena navidad, por $369 millones. “… se firmó por un total por $898 millones, para mejorar la “percepción ciudadana” y “proteger los imaginarios colectivos” que tenemos los colombianos sobre “la seguridad y defensa del Estado”, precisaba el diario. La contratación directa y urgente de Alotrópico SAS para implementar la estrategia “Transformar Comunicando” está pavimentada: tiene registro de exclusividad en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. De acuerdo con la página web de la empresa, “se trata de una combinación entre comunicación, mercadeo y ciencias sociales”. De esta manera se habilita la contratación directa como único oferente para desarrollar la estrategia. Según lo dispone la ley, el Ministerio debió demostrar que no cuenta con las capacidades necesarias para esa tarea. ¿Será que la oficina de comunicaciones del Ministerio o el departamento respectivo del Ejército carecen de personal idóneo? De acuerdo con el contrato, “Con la implementación de esta metodología en las comunicaciones estratégicas del Ministerio de Defensa se busca desde un enfoque teórico-práctico implementar acciones de transformación y protección de imaginarios que tiene la población colombiana en relación con los temas relacionados con seguridad y defensa del Estado, usando aportes que desde otras disciplinas de las ciencias sociales como la psicología social, la sociología, la filosofía y la antropología se han desarrollado para alcanzar este propósito”. La urgencia “de transformar y proteger imaginarios” explica que el contrato se firmara a las volandas el 31 de marzo, miércoles santo, cuando el ambiente del paro nacional se presagiaba en todo el país frente a los provocadores lanzazos a la integridad de la sociedad colombiana, prodigados desde el Ministerio de Hacienda, con una reforma tributaria alcabalera que colmó la paciencia contenida desde las jornadas de noviembre de 2019 y amainadas por la pandemia. El Ministerio de Defensa se habría comprometido a pagar el 31 de mayo el 20% del contrato (por $179 millones), fecha en que Alotrópico SAS debía documentar un “análisis de contexto y situaciones coyunturales” y un “protocolo de mensajes según las conversaciones ciudadanas e institucionales sobre la defensa y seguridad que pudieran generar la coyuntura o crisis”. Además, tenía el compromiso de haber gestionado encuentros ante la opinión pública para amplificar los mensajes de la cartera dirigida por Molano. La campaña “Colombia es mi verdad” (motivo hoy de denuncia, pues la Fundación para la Libertad de Prensa comprobó que intentó combatir mentiras mintiendo) se desarrolló por esa fecha. Otro desembolso de $359 millones se habría fechado para el 31 de agosto, cuando Alotrópico SAS debió demostrar que llegó a la ciudadanía con un “lenguaje compresible” sobre los temas de defensa y seguridad ciudadana. El tercer y último pago del contrato, para el manejo de las comunicaciones del primer año de Molano en su cartera, se hará en diciembre. Ministro que en su período se ha caracterizado por un lenguaje marcadamente guerrerista, como lo recuerda su calificativo de “máquinas de guerra” a los niños reclutados forzosamente por organizaciones ilegales, muertos en operativos militares; y sus ataques verbales contra los manifestantes en el paro nacional con la etiqueta de “terroristas” y “movimiento subversivo”. Al tiempo, el general Zapateiro, comandante del Ejército, lanzaba gritos de guerra -¡Ajua!- y advertía, con un video de serpientes persiguiendo un lagarto: “No nos dejaremos vencer por más víboras venenosas que quieran atacarnos”. A lo que se suman las denuncias por “perfilamientos” realizados contra periodistas y opositores desde instancias castrenses. Anacrónica y peligrosa comunicación de enemigo. ¿Qué hicieron las amigas del ministro Molano, a la vez fundadoras de Alotrópicos S.A., contratista de comunicaciones del Ministerio, para implementar la enigmática y exclusiva estrategia “Transformar comunicando”? Según la investigación adelantada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP): A finales de abril y comienzos de mayo de este año, durante los días más fuertes de las manifestaciones sociales, el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares comenzaron una campaña para atacar a quienes los critican y cuestionan. Para hacer esto, se valieron de videos y publicaciones en redes sociales pero también de estrategias de ciberpatrullaje y vigilancia en línea. Estas acciones emprendidas por el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares, en las que se han invertido más de 21 mil horas, no han tenido ningún contrapeso ni control institucional, y se agrandan en medio de mentiras y de opacidad. El 6 de mayo, las redes sociales y la página web del Ministerio de Defensa y otras entidades adscritas amanecieron vestidas de negro. El último mensaje que aparecía en sus redes era: “Intento de bloqueo”. Parecía un ciberataque. De las 6 a las 9 de la mañana, ningún funcionario estaba autorizado para atender a periodistas ni medios de comunicación. A las 9, las redes se restablecieron y comenzó la campaña “La verdad en un mar de mentiras #ColombiaEsMiVerdad”. Se publicó un video en el que una voz en off decía “nos intentan bloquear, pero nosotros seguimos de pie”. Luego, el ministro de Defensa Diego Molano y los comandantes de todas las fuerzas militares mencionaron algunas noticias que, a su juicio, consideraron falsas y recalcaron el valor de su trabajo en la protección de los colombianos. En el video se omitió, por completo, la aclaración de que nunca hubo un ciberataque real y que todo este espectáculo hacía parte de su estrategia para llamar la atención de la ciudadanía. Esta era una campaña contra las mentiras que inició con una mentira. La campaña #ColombiaEsMiVerdad partió de la creación de un enemigo: los y las usuarias de redes sociales que criticaban o cuestionaban el accionar de la fuerza pública, especialmente, durante el paro nacional. Con esto, iniciaron acciones de ciberpatrullaje para combatir lo que, según ellos, son noticias falsas que circulan en Internet. No es claro bajo qué criterios definen qué es cierto y qué no. Sin embargo, el MinDefensa anunció que entre el 28 de abril y el 27 de junio identificó 157 noticias falsas a través de acciones de ciberpatrullaje. Para tratar de posicionar la protesta como el obstáculo del progreso y causa de todos los males del país, desde el Gobierno transgreden la Constitución en cuanto a las libertades de pensamiento, expresión, prensa, organización y movilización (¿Es legítimo y legal en una democracia adelantar estrategias de comunicación y propaganda dirigidas a estigmatizar y perseguir ideas políticas contrarias y mecanismos de participación amparados por la Constitución?), y aprovechan grietas en los parámetros de contratación administrativa (¿Quién certificó la idoneidad y exclusividad de la metodología “Transformar comunicando”? ¿Los funcionarios de planta del Ministerio no están en capacidad de desarrollar estrategias?). El ministro Molano salió al quite a las denuncias de la FLIP con la deplorable justificación de que se trataba de una “campaña pedagógica”, explicación que nada explica y que sí aumentó las dudas. Además, evadió responder por su cercanía con las contratistas. Amparados en la “vista gorda” de los organismos de control, asumen que las colombianas y los colombianos somos una montonera a la que se “transforma comunicando” para que acepte, en mansedumbre, el autoritarismo, la propaganda antidemocrática, el derroche y el enriquecimiento entre amigos, entre otras conductas repudiables. Pero parece que no es así, no obstante que, por ahora, la aplanadora del oficialismo lo tape y lo tolere todo. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Daniela Garzón Investigadora nacional - Línea de Democracia y Gobernabilidad Ya está lista la terna que se enviará al Senado para reemplazar al magistrado Alberto Rojas en la Corte Constitucional. El pulso político para que dentro de los nombres quedara el de Álvaro Motta, un candidato conservador muy cercano a Duque, lo perdió el Gobierno, pues el Consejo de Estado decidió postular a dos personas lejanas a los políticos, y ninguna de las tres que están en la terna es de sus afectos. Los elegidos por el Consejo de Estado fueron: Natalia Ángel, profesora de la Universidad de los Andes, quien ha sido magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y actual conjuez; Héctor Riveros, quizás el más visible para la opinión pública por ser panelista de Blu Radio, columnista de La Silla Vacía, y quien ha sido magistrado auxiliar de la Corte Suprema; y Luis Manuel Lasso, magistrado de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el más cercano a la rama Judicial. Al no estar el candidato del Gobierno, no es fácil señalar a una persona favorita, aunque, probablemente, Héctor Riveros entre con los votos de la bancada liberal ganados. La elección de magistrados de la Corte Constitucional es crucial porque esta institución ha jugado un papel preponderante en el avance de los derechos de las minorías (a favor de la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos, del matrimonio entre parejas homosexuales o de la eutanasia, por solo nombrar unos casos), y porque es el órgano de cierre del control de constitucionalidad y en la revisión eventual de sentencias de tutela que guían a las y los jueces del país. La Corte, para algunos extralimitándose y para otros cumpliendo el papel de legislador que no ha querido cumplir el Congreso, ha dictado cátedra sobre asuntos fundamentales para el país desde su instalación en 1992, y fue la que frenó a Uribe en su intento de perseguir una tercera elección. La Corte está integrada por nueve magistrados que son elegidos por el Senado de la República para períodos individuales de ocho años, a partir de ternas que presenta el presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En este caso, la única que ha sido ternada anteriormente es Ángel, en 2017, por Santos; y en 2020, también, por el Consejo de Estado. En este momento, los integrantes de la Corte son: · Antonio José Lizarazo, presidente. Su periodo va desde febrero de 2017 hasta febrero de 2025. · Cristina Pardo Schlesinger, vicepresidenta. Su periodo va desde mayo de 2017 hasta mayo de 2025. · Diana Fajardo Rivera. Su periodo va desde junio de 2017 hasta junio de 2025. · Jorge Enrique Ibáñez. Su periodo va desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2028. · Alejandro Linares Cantillo. Su periodo va desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2023. · Paola Andrea Meneses. Su periodo va desde enero de 2021 hasta enero de 2029. · Gloria Stella Ortiz Delgado. Su periodo va desde julio de 2014 a julio de 2022. · José Fernando Reyes. Su periodo va desde septiembre de 2017 a septiembre de 2025. · Y a quien reemplazará el elegido de esta terna, Alberto Rojas Ríos, que está desde mayo de 2013 en el alto tribunal y saldrá en febrero de 2022 (inicialmente, el magistrado Rojas debía terminar su periodo el 2 de mayo de 2021, sin embargo, un fallo judicial determinó que se le debía sumar el tiempo que permaneció sin ocupar el cargo debido a un fallo que declaró su elección como nula). Como se puede observar en las fechas de retiro de los actuales magistrados, el Congreso que se elegirá en marzo tendrá la responsabilidad de escoger los reemplazos de seis de ellos: Lizarazo, Pardo, Fajardo, Linares, Ortiz y Reyes. La composición de la Corte es especialmente delicada porque de sus balances ideológicos depende buena parte de lo que decida. Debido a que ha tenido que inmiscuirse en tareas muy espinosas, y a que es la que revisa que las leyes y decisiones del Gobierno se ciñan a lo que dice la Carta del 91, un solo nuevo magistrado puede significar el cambio en la mayoría que respalda una decisión que siente precedentes, porque, al final, la Constitución dice lo que la Corte interpreta de ella. Llegar a ser magistrado implica, por lo tanto, no solo tener muchos pergaminos, sino una milimétrica tarea de lobby para conseguir los votos de los senadores. Por eso, muy buenos candidatos como Rodolfo Arango –hoy en la Justicia Especial para la Paz– o Rodrigo Uprimny –uno de los constitucionalistas más reconocidos del país– no han llegado al tribunal por tener insuficiente apoyo político. Aunque no siempre es sencillo decir si un magistrado es de corte liberal o conservador, sin duda, hasta el momento, la Corte Constitucional ha tenido una tendencia más progresista, y el cambio de magistrados a otros de corte conservador podría significar el retroceso para muchas de las victorias que los movimientos LGBTI o de mujeres, por ejemplo, han recogido gracias a su labor; o que leyes como la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños –aprobada por el Congreso, impulsada con vehemencia por Duque y tumbada por la actual Corte– se materialicen. La Corte ha cumplido un papel de contrapeso de los distintos Gobiernos, y de freno a iniciativas muchas veces populares, pero cuestionables desde una perspectiva de respeto de los derechos humanos y de pluralismo jurídico. Solo en este momento, por ejemplo, se debate la posibilidad de una completa despenalización del aborto que vaya más allá de los tres casos en los que la Corte lo avaló en 2006. Con esta terna, la derechización de la Corte no parece un riesgo aún, pues todos son de talante liberal, pero las posibilidades están abiertas cuando en el próximo cuatrienio se cambien seis magistrados. Finalmente, hay que decir que, aunque la Corte es uno de los órganos más respetados por la opinión pública, no ha estado exenta de polémicas. Estuvo envuelta en escándalos como el de Jorge Pretelt, exmagistrado condenado a seis años y seis meses de prisión por haber exigido un soborno de $500 millones para favorecer a la empresa Fidupetrol en el trámite de una tutela, y quien apeló la sentencia. Además, la pérdida de su imagen favorable ha sido casi constante desde el segundo Gobierno de Santos, como lo muestra la encuesta de Invamer Poll publicada en el último mes. El nuevo Congreso tendrá la responsabilidad de mantener dentro de la Corte a personas con la suficiente preparación, experiencia e independencia para tomar decisiones trascendentales para Colombia, que puedan seguir siendo freno de Gobiernos que quieran saltarse los contrapesos de la democracia colombiana o utilizar los mecanismos de participación ciudadana a su favor. De sus labores se desprende buena parte de la confianza que la ciudadanía puede tener en las maltrechas instituciones que la gobiernan.

Por: Línea de Conflicto, Paz y Posconflicto Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presentamos “Sur del Cauca: una trayectoria de conflicto armado que se recrudece en la actualidad”: un recorrido histórico general y un análisis, a partir de los factores más relevantes de las dinámicas del sur del Cauca, que busca dar cuenta de las realidades ligadas a la tierra, los conflictos socioambientales y el conflicto armado en esta región. Realidades que se han transformado, pero que aún siguen vigentes. En el marco de esta indagación, presentamos algunos de los principales hitos a nivel socioeconómico y las múltiples expresiones del conflicto armado a partir de la llegada del ELN y las FARC-EP a esta zona del departamento. Con esto, pretendemos ahondar en las raíces de la configuración actual de la violencia y de cómo esto ha incidido en lo que ocurre actualmente en la subregión del Cauca. Previsualiza y descarga el balance completo aquí:

Por: Dennis Huffington Investigador territorial - Pares Pacífico El posconflicto violento se ha ensañado con la población étnica del país. A la situación crítica que se vive actualmente en departamentos como Cauca, Antioquia y Chocó, se le suma la realidad de Buenaventura en su extensión rural, donde los habitantes de las diferentes cuencas de los ríos se encuentran en alto riesgo por la presencia y acciones de las estructuras armadas ilegales. El más reciente hecho ocurrió el pasado martes, 2 de noviembre, cuando fue asesinado Edinson Valenzuela, líder del consejo comunitario de Raposo, por hombres armados no identificados hasta el momento. Este no es el primer caso que se presenta, hace cerca de un mes, tres jóvenes fueron asesinados en el río Cajambre por hombres vestidos de camuflaje, lo que ocasionó el desplazamiento de, por lo menos, 130 personas hacia el casco urbano. Las alarmas están encendidas, por lo que se le hace el llamado a las autoridades locales y nacionales para que tomen medidas que salvaguarden la vida de los liderazgos sociales y de las comunidades que hoy, nuevamente, están en medio de las disputas armadas por su territorio. Ríos de vida convertidos en angustia La zona rural de Buenaventura experimenta un nuevo proceso de reconfiguración de las disputas entre las estructuras armadas ilegales, en varios casos provenientes del Cauca y el Chocó, departamentos limítrofes donde las llamadas disidencias o grupos armados posFarc (GAPF), Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ELN sostienen enfrentamientos a muerte por el control territorial y comunitario, las economías de la guerra y las rutas hacia el mar Pacífico. El primer escenario proviene del sur, frontera entre Valle y norte del Cauca. Allí, en febrero de 2020, se creó el Comando Coordinador de Occidente (CCO), conformado por diferentes frentes y columnas que, en algunos casos, se enfrentaban entre sí. Algunas de estas son: las 'Columna Móvil Jaime Martínez', 'Columna Móvil Dagoberto Ramos', 'Columna Móvil Franco Benavídez', los frentes 'Carlos Patiño' y 'Rafael Aguilera', y compañías como la 'Adán Izquierdo'. El CCO tiene su enclave en varias subregiones del Cauca y con expansión rápida hacia Nariño, sur y centro del Valle, Buenaventura, Huila y Tolima. Dicho comando nace con la necesidad de unificar poder militar para hacerle frente a la expansión territorial del ELN y la 'Nueva Marquetalia', por lo que se agrupan en la denominada 'línea de Gentil Duarte'. Esto permitió que, en la subregión del Naya y la cuenca del río Yurumanguí, en Buenaventura, la 'Jaime Martínez' estableciera su control territorial, casi hegemónico, absorbiendo grupos dispersos como las Guerrillas Unidas del Pacífico y Defensores del Pacífico, que se enfrentaban como herederos del 'Frente 30'. Desde el norte del Cauca, pasando por los corregimientos de Naya, Yurumanguí, Cajambre, Raposo y Anchicayá, hasta el corregimiento 8, en Sabaletas, dicha columna móvil ha continuado su proceso de expansión. Incluso, ya se han registrado incursiones hasta el casco urbano de Buenaventura, donde habrían colgado un pendón en inmediaciones de la Universidad del Pacífico. Al mismo tiempo, desde el Bajo San Juan, el ELN se moviliza y las AGC vienen en avanzada, ganando espacios en la confrontación armada que desarrolla en el sur del Chocó, por lo que el ELN ha comenzado algunos repliegues en el distrito de Buenaventura. Se conoce que hoy se ubican en Bajo Calima, Mayorquín, Raposo, Cajambre y Corregimiento 8, zona carreteable conocida como la antigua vía al mar. Este último es donde mayor control ejerce, y desde donde ha operado en los últimos meses entre Agua Clara y Sabaletas, ahuyentando la visita de turistas. Por su parte, en Bajo Calima, recientemente, se denunciaron incursiones de grupos armados a los caseríos. Buenaventura, ¿rumbo a ser epicentro de una nueva guerra? En el Cauca se vive una guerra sin cuartel entre el Comando Coordinador de Occidente, al que pertenece la 'Jaime Martínez', y el 'Comando Suroccidental' del ELN; lo mismo ocurre en el Chocó entre el 'Comando Occidental' del ELN y las AGC, grupos que recientemente volvieron a operar en la zona rural de la ciudad. Se prevé que es cuestión de tiempo para que fortalezcan su ofensiva si las autoridades no actúan a tiempo. Los controles por parte de estos grupos armados se ha intensificado en los diferentes territorios: hay comunidades confinadas de manera recurrente, procesos de vinculación y reclutamiento, y personas que han llegado al casco urbano huyendo del fantasma de la guerra que cada vez coge más forma, mientras que las comunidades más desafortunadas ni irse pueden porque se encuentran incomunicadas. Restringen el tránsito de la información, como ocurre en veredas del Naya y la parte alta de Yurumanguí, donde se prohibió la conexión y uso de internet. Los patrullajes y su presencia se han convertido en rutina diaria, con un agravante: se están asentando en medio de la comunidad y no desde las montañas, como otrora. Las personas líderes y defensoras de derechos humanos son constantemente interrogadas e intimidadas por hombre armados, vestidos de camuflado. Otro aspecto que resalta es que la mayoría de combatientes de la 'Jaime Martínez' serían indígenas provenientes del norte y oriente caucano. Hay un escenario de pánico que resulta en un comprensible silencio: en Bajo Calima se espera que las autoridades impidan los enfrentamientos inminentes entre el ELN y las AGC (que, en agosto, anunciaron su llegada a la ciudad); en Cajambre, Raposo y Yurumanguí esperan no quedar en medio de combates entre la 'Jaime Martínez' y el ELN; y en el Naya, donde la Jaime Martínez' tiene control casi absoluto, que los rumores de la llegada de la 'Nueva Marquetalia' sean solo eso, rumores. Para ello, es menester que, desde ya, al igual que se está haciendo en el casco urbano, los gobiernos nacional, departamentales y municipales centren sus esfuerzos en garantizar la vida de las comunidades rurales de las cuencas de Buenaventura y su permanencia en el territorio, especialmente, en medio de este posconflicto violento que no respeta principio de distinción.

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda. Gustavo Petro fue quien más votos de opinión obtuvo en las anteriores elecciones presidenciales. Sin embargo, no alcanzó la Presidencia porque su caudal electoral no receptó los votos de los empresarios –la mayor parte de ellos afectados por un miedo infundado hacia él– ni tampoco los votos de todas las personas pobres y desfavorecidas; porque, como sabemos, muchas de las personas “pobres de dinero” prefirieron cambiar su voto por cincuenta mil pesos, y muchas “pobres de cerebro” optaron por creerse las mentiras de ciertos sectores. Hoy, tres años después de eso, y ya al borde de las próximas elecciones, el abanico de simpatizantes se le ha expandido a Petro y, aunque los votos que suman su caudal electoral siguen siendo los de opinión, esta vez se prevé que no procederán solamente de los pobres advertidos y de los empresarios progresistas, sino que, también –¡quién lo creyera!–, entre otros, provendrán de muchas personas cristianas y católicas que, independientemente de lo que ordenen los curas y los pastores, en el 2022 votarán por Petro. Igualmente, es posible visualizar cómo la ola de acción política petrista, disparada en las redes sociales por las y los jóvenes que no contestan las grandes encuestas, alcanzará su máxima cresta el día de las votaciones. Con los votos de las personas menores de 30 años –que antes desatendían las contiendas electorales–, los votos de opinión arrasarán, por fin, a los conseguidos por piratas y mafiosos. Se verá, por primera vez, al menos en la conducta política de los electores, cómo en Colombia los buenos son muchos más que la gente de bien. En tal contexto, no hay uno solo de los candidatos o candidatas presidenciales que alcance a tallarle a Petro en simpatía electoral. Ni tampoco le dan la talla sus contrarios acérrimos, expertos muchos de ellos, como se sabe, en argucias delincuenciales, que van desde comprar votos hasta el señalamiento continuo a líneas de moral y de conducta ciudadanas enmarcadas en informaciones tan falaces como intimidatorias. Basta repasar las constantes alusiones al “castrochavismo” realizadas con la intención de estigmatizar a las nuevas ideas de izquierda. Ideas que están más apegadas a las causas medioambientales y a los derechos humanos, que a idolatrías a Hugo Chávez o a Fidel Castro. Pese a que las banderas en pro de asegurarnos un mejor ambiente en el planeta provienen de los movimientos europeos denominados “verdes”, y pese a la existencia aquí en Colombia del Partido Alianza Verde, que tiene como principio fundacional “recoger el legado verde ambiental y construir colectivamente un modelo de desarrollo humano sostenible, desde la perspectiva del ciudadano”, al parecer, solo trasmite bien esa preocupación política Gustavo Petro. Se trata de un discurso –el medioambientalista– incuestionablemente benévolo, dado a recibir fácilmente adeptos en un tiempo en que la ciudadanía desea poner en práctica un nuevo modo y unas nuevas maneras de vivir y convivir. Un cambio fundado, precisamente, en la conciencia de la protección al medio ambiente, en la defensa de los derechos humanos y, especialmente, en respuesta fuerte al hastío de la violencia. Subrayar la existencia de un “discurso político de la vida” (comprometido con la explicación de la importancia de los hechos de paz) y de un “discurso político de la muerte” (que busca la aprobación del porte de armas antes que la protección de las personas) es un rédito que se ha embolsado para sí Gustavo Petro. Un rédito que le ha propagado tanto su resonancia de ganador, que hoy puede hilar sus discursos sin nombrar a sus opositores, quienes, por el contrario, soportan sus discursos políticos haciendo mención a su nombre; y cuando no lo hacen (porque a veces no mencionan a Petro) muchas personas no les ven, ni les escuchan, ni les determinan. Por eso, no es difícil aseverar que Petro puede llevar a cabo su campaña política solo; y hacerlo sostenido en su programa político que, como ya lo he dicho en este espacio, es el mejor y el más aplicable. De hacer eso, estoy seguro de que Petro –al mejor estilo del candidato santandereano Rodolfo Hernández– podría ignorar a quienes sí están verdaderamente desprovistos de caudal electoral propio, como los posibles candidatos de los partidos tradicionales: los liberales, los conservadores, los del partido de la U y los de Cambio Radical; pero también las fuerzas de centro: la Alianza Verde y la Coalición de la Esperanza. Todos los posibles candidatos y candidatas a la Presidencia son muy conscientes de que sus nombres no son tan atractivos como el de Petro, y saben que, para llegar a ser presidentes en este momento político, solo es posible si se dedican a cautivar para sí los votos de la “Colombia Humana” y los del petrismo que la trascienden. Incluso, los mismos candidatos del Pacto Histórico son irrelevantes a la hora de la primera vuelta. Por eso, no es descabellado pensar que a Petro se le ocurrió dicho pacto, porque tiene muchas dudas de ganar en la primera vuelta –lo cual es razonable–, y porque confía en que quienes pierdan a nombre del Pacto Histórico, en esa primera ronda electoral, no lo dejarán solo ni se irán a mirar ballenas en la segunda vuelta. De modo que a los políticos de los partidos tradicionales –hoy de capa caída– o a los plegados a las prácticas delincuenciales que incluyen la victimización de sus opositores, no les resultaría muy fácil derrotar a Petro; pero podrían conseguirlo si, y solo si, se unen contra él con la Alianza Verde y con la Coalición de la Esperanza. Y hay que poner sin miedo esta carta sobre la mesa: estos dos movimientos políticos de centro, probablemente, se irían más fácilmente en contra de Petro porque, extrañamente, no siendo traquetos ni corruptos, le tienen un inocultable pavor a Petro, o un fuerte y oculto respeto a Uribe. Si Gustavo Petro, desde ya, les dice “no” a todos cuantos le propongan acercamientos –es decir, negocios jurídicos–, blindaría los contenidos de su programa y, además, probablemente ganaría en la primera vuelta. De hecho, ni siquiera hay que atender lo que dicen las encuestadoras, porque basta observar lo que la realidad nos muestra: mientras que a las otras personas candidatas –sin excluir a ninguna de ellas– no les va nadie a sus citas de campaña –excepto los infaltables cuatro gatos y algunos indignados a rechiflarlos–; a Petro, en cambio, salen por miles a verlo y a escucharle con pasión sus largos discursos. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Laura Cano Periodista Pares En horas de la mañana de este miércoles, 3 de noviembre, se conoció que en Paz de Ariporo, en el departamento del Casanare, se reportó una fuerte explosión a causa de un atentado contra una patrulla del Ejército. El hecho habría ocurrido en el sector de Guayabal, vereda La Motosbaja, luego de que, al parecer, se simulara un accidente, el cual iba a ser atendido por los militares. No obstante, cuando los uniformados del Batallón Guías N°16. de la Décimo Sexta Brigada del Ejército llegaron a la zona, se habrían activado los artefactos explosivos. La explosión habría causado la muerte de cuatro personas: tres militares y un civil. Sobre el caso de los integrantes del Ejército, de quienes se ha dado información, las víctimas han sido identificadas como el cabo primero Edison Manuel Buitrago Prada y los soldados Diner Inocencio de Dios y Brayan Esteban Morales Rincón. Sobre el hecho, desde el Ejército se comunicó que se “dispuso de un equipo interdisciplinario para hacer el acompañamiento a los familiares de nuestro personal militar herido y asesinado en este repudiable hecho, y extiende un sentimiento de pésame a los familiares, compañeros y amigos del personal militar asesinado en cumplimiento del deber”. Entre tanto, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseveró al respecto: "Solidaridad con familias de fallecidos y heridos. Que sepan los autores del crimen que la fuerza pública los perseguirá día y noche. No podrán esconderse”. Hay que traer a colación que, luego que fueron conocidos estos hechos, se conoció un comunicado que, al parecer, habría sido emitido por el ‘Frente 28 José María Córdoba’, de las disidencias de las FARC, bajo el mando de Dairon Rodríguez, en el cual esta estructura se habría atribuido la responsabilidad por lo ocurrido. Así las cosas, vale la pena señalar que, el 5 de junio de 2020, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta 023 para el departamento de Casanare, en donde se puntualizaba lo siguiente: “Los reductos guerrilleros auto-referidos como FARC, quieren retomar las antiguas zonas de control en las estribaciones de la cordillera Oriental, justificada en el «incumplimiento de los acuerdos firmados Gobierno – FARC EP» en el año 2016, representando un incremento de las acciones militares en la zona. Este actor armado no estatal parte del conflicto armado corresponde a una de las Facciones Disidentes de las ex FARC que se autodenomina como ‘FARC frente 28’, en alusión directa al frente de la extinta guerrilla que delinquió en este territorio hasta el 2016 (también conocido como el Frente José María Córdoba). Estaría integrada por presuntos ex integrantes de los antiguos frentes 10, 28, 38 y 45 de la ex guerrilla de las FARC -EP, bajo la coordinación de estructuras de mando vinculadas a la ‘Segunda Marquetalia’”. En el mismo documento, el organismo advierte que, además de este grupo guerrillero, también tiene presencia el ELN, ubicándose en la cordillera Oriental, punto donde confluyen los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare. Su posición en esta zona se encontraría motivada, entre otras cosas, por la obtención de rentas, así como por la intención de generar un mayor reclutamiento de menores. “Estos actores armados no estatales parte del conflicto armado, habrían acordado el control del territorio con base en la distribución que históricamente mantuvieron las extintas FARC EP y el ELN, coexistiendo en el territorio a partir de pactos de no agresión. Como consecuencia del Acuerdo para el fin del conflicto y el establecimiento de una paz estable y duradera entre las FARC EP y el Gobierno Nacional, se generó un vacío territorial que coyunturalmente el Estado no logró cubrir eficazmente, siendo inicialmente ocupado por el ELN, pero que posteriormente, y en la medida en que se fortalecía, fue retomado por la Facción Disidente de las FARC frente 28”, se lee en la Alerta señalada. Así las cosas, y con la responsabilidad del hecho que habría asumido el ‘Frente 28’, es necesario estar al tanto de qué acciones se van a tomar por parte de las instituciones correspondientes, sobre todo teniendo en cuenta las acciones violentas similares que han ocurrido en otras zonas, y la actual situación de violencia que parece expandirse por todo el territorio nacional. Asimismo, también se hace necesario establecer quién fue la persona civil que perdió la vida en el hecho para comenzar el debido proceso de investigación y judicialización.

Por: Laura Cano Periodista Pares En Colombia, según cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), se estima que hay alrededor de 120.000 personas desaparecidas. Muchas de sus familias continúan con la esperanza de encontrarles o de saber la verdad sobre lo que les sucedió. Entre estas, se encuentra la familia de Gerardo Angulo y Carmenza Castañeda, quienes fueron secuestrados por el ‘Bloque Oriental’ de las FARC-EP hace más de 20 años, el 19 de abril del 2000, en la Calera, Cundinamarca. En los días recientes, al parecer, se abrió un nuevo capítulo en la historia de espera de esta familia, pues, luego de una larga búsqueda, todo parecería indicar que fue encontrado el cuerpo de Carmenza Castañeda en zona rural de San Juanito, Meta. El hallazgo fue hecho por la UBPD en el marco del desarrollo del Plan Regional de Búsqueda. Además, durante toda la diligencia, también participaron integrantes del Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial, Equitas y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). “El hallazgo del cuerpo se logró en una zona boscosa bastante compleja, sobre los 2.000 metros, con un clima de lluvia y neblina permanente, por lo que el apoyo de la comunidad fue muy importante para la entrada de los equipos técnicos y humanos, el despeje de la vegetación de la zona y la apertura de alrededor de 1.300 pozos de sondeo en la tierra”, afirmó Luz Marina Monzón Cifuentes, directora de la Unidad de Búsqueda. Hay que recordar que, en este proceso, también participaron los hijos de Gerardo Angulo y Carmenza Castañeda, quienes, junto con los equipos de Equitas y la CCJ, conocieron la información sobre la ubicación del lugar donde podrían encontrarse los cuerpos de la pareja. Además, para este paso, también se tuvo en cuenta y fue importante la información entregada por la Comisión de Búsqueda de las FARC. La UBPD informó que este proceso fue realizado durante 14 días, en los que se adelantaron labores junto con el equipo interdisciplinario de la UBPD en 22 cuadrantes que conforman un área aproximada de 9.200 metros cuadrados. Hay que señalar que el cuerpo recuperado fue entregado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su análisis e identificación. Tras el hallazgo del cuerpo, Helmuth Angulo, hijo de Gerardo Angulo y Carmenza Castañeda, y quien había recorrido la zona en diez oportunidades en busca de noticias de sus padres, aseguró: “Felicidad no tengo, pero sí algo de tranquilidad y paz. Esto de haber encontrado el cuerpo de mi madre me da mucha paz, mucha tranquilidad, porque ha sido un esfuerzo de familia: los seis hermanos hemos estado durante 21 años buscándolos, y pues encontrar a mi madre es una satisfacción muy grande”. Por su parte, desde el equipo de la UBPD, se aseguró que esta misión humanitaria, además de poder dar con el cuerpo que sería de Carmenza Castañeda, también permitió recoger información sobre lo que pudo haber pasado con los cientos de personas que pudieron estar secuestradas en esta zona del país. “Por ejemplo, en esta área donde nos encontramos hubo muchas personas secuestradas que permanecen desaparecidas. Cuando se obtiene información para buscar a los esposos Ángulo, también se está obteniendo información que podría ayudar a buscar los cuerpos de otras personas que no sabemos en dónde se encuentran”, indicó Ana Carolina Guatame, antropóloga de Equitas. Es necesario mencionar que el secuestro de Carmen Castañeda y Gerardo Angulo es uno de los casos que recoge el Auto Número 19 de 2021, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mediante la cual, en enero de este año, se determinaron los hechos y conductas atribuibles a los antiguos miembros del Secretariado de las FARC-EP por toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad. Ahora bien, hay que traer a colación que, luego de que la pareja de esposos fuera secuestrada, les habrían trasladado hacia el municipio de San Juanito, en el departamento del Meta, donde se encontraba un grupo de personas secuestradas por los frentes 54 y 53 de las FARC-EP. Posteriormente, y luego de iniciar la búsqueda, después de los primeros días de su desaparición, el vehículo de la pareja fue hallado a 8 kilómetros en la vía que de Mundo Nuevo conduce a Chingaza. Respecto a las condiciones de su secuestro, se relata a través de la JEP que Castañeda y Angulo "fueron sometidos a realizar prolongadas y forzosas marchas, pese a las dificultades de salud de la señora Castañeda. El 1 de mayo de 2000 sus hijos recibieron una llamada donde les pedían 800 millones de pesos a cambio de su liberación. No obstante, la familia no tenía esa cantidad de dinero, por lo que les redujeron la exigencia del pago a 350 millones de pesos. Después de esto la familia no volvió a tener contacto telefónico con los captores. La pareja fue asesinada por sus captores en obediencia a la instrucción de que, si no podían caminar, debían ser ejecutados". Por estos hechos, Arnobis Tovar, quien fue parte de la guardia de esta pareja, fue condenado en la justicia ordinaria por el delito de secuestro agravado extorsivo. Un exguerrillero que había hecho presencia en la zona, de acuerdo a lo recogido por El Espectador, señaló: “Ese día el Ejército estaba subiendo (...) entonces ‘Yamit’ (jefe de esa comisión de cuidado) dio la orden de bajarlos y ejecutarlos por su dificultad para caminar”. Fue en 2008 cuando la Fiscalía conoció el sitio donde habrían ocurrido los hechos. Hasta allí llegaron luego de conocer "el testimonio de Dumar Yepes Hurtado, conocido como ‘Pata de palo’, ‘Tabique’ o ‘Carrillo’, desmovilizado de las Farc, quien relató que dos meses después de los hechos, encontró los cuerpos a la intemperie y acató la orden de enterrarlos para levantar un campamento en la zona. Yepes Hurtado fue asesinado en 2019, al parecer por la información que había dado de la organización años atrás a las autoridades", se lee en El Espectador. En el mismo medio se expone que la familia, que llegó a la zona del Meta a hacer búsqueda desde marzo de este año, también tuvo la oportunidad de hablar con Guillermo ‘La Chiva’ Cortés, periodista secuestrado durante siete meses en el mismo grupo de los Angulo, quien les contó que los guerrilleros les habían dicho que los adultos mayores iban a ser entregados a sus familiares, sin embargo, habrían sido degollados y enterrados en las montañas de la zona, las misma que fueron investigadas en 2008 por la Fiscalía sin muchos avances. Los sucesos que se han presentado en medio de este caso han mantenido la esperanza de la familia Ángulo Castañeda de poder tener acceso a la verdad y de encontrar el paradero de Carmenza Castañeda y de Gerardo Angulo; esperanza que hoy se torna más fuerte con la posibilidad de que el cuerpo encontrado sea el de Castañeda, y de que, con este hallazgo, se pueda avanzar en la verdad sobre lo que sucedió con la pareja y con personas secuestradas en condiciones similares en la región.

Por: Daniela Garzón Investigadora nacional - Línea de Democracia y Gobernabilidad En los últimos días, Alejandro Gaviria ha sido noticia porque tanto la Coalición de la Esperanza (Robledo, Fajardo, Galán, Cristo, de la Calle, etc.) como diversos candidatos conservadores y de centro derecha, que se han querido llamar la Coalición de la Experiencia (Echeverry, Gutiérrez, Peñalosa, Cárdenas), lo quieren en sus equipos y compitiendo dentro de sus posibles consultas para llegar a una candidatura única. El exrector de los Andes, quien dijo que no, no, no y al fin sí será candidato presidencial, y que recicla el discurso de ser la representación del centro que salva de “los extremos” y de la polarización, se ha mantenido reacio a las alianzas y parece ser el candidato más cotizado, pero solo para los políticos. La última encuesta de Datexco, revelada este martes 2 de noviembre, muestra que, de marzo a hoy, el candidato sigue con un pálido 2% de intención de voto cuando la pregunta se hace abiertamente, lo que no le permite estar ni entre los cinco primeros lugares; mientras que Petro sigue liderando y toma algo de ventaja, pasando del 19% al 23%. El panorama para Gaviria es tan poco alentador que por encima de él están incluso candidatos que han anunciado que no harán parte de la contienda, como el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Cuando la pregunta es cerrada, la intención de voto por Gaviria sube al 6%, pero sigue estando muy lejana de la de su posible contendor en segunda vuelta, pues Petro saca un 26% (16 puntos porcentuales de ventaja sobre el segundo, que es Sergio Fajardo, quien tiene una intención de voto del 10%). En un escenario de segunda vuelta contra Petro, Gaviria pierde 35% contra 28%. Fajardo, en cambio, le gana a Petro 34% contra 30%. No se sabe si es el embrujo de las redes sociales, el ego, la ingenuidad o la excesiva atención de los medios lo que le hace pensar a Gaviria y a quienes lo rodean que es un candidato fuerte, con capacidad para imponer condiciones –o tal vez sea la seguridad de contar, por debajo de la mesa, con la maquinaria liberal, un poco menos de dos millones de votos–, pero las encuestas muestran que, a pesar del autobombo, aún no despega. Aunque, claro, falta aún mucho trecho para las elecciones de marzo, y las pasadas elecciones dejaron la lección de que un candidato puede pasar de desconocido en febrero a invencible en marzo, después de lo que pasó en la interconsulta entre los partidos y movimientos de derecha (sí, eres tú, Iván Duque). Lo que también muestra Datexco es lo que ya otras encuestas venían haciendo evidente desde hace meses: la dispersión de candidaturas –esta vez se miden catorce– ha tenido un correlato en la absoluta incertidumbre e indecisión del electorado. Cuando la pregunta es abierta, hoy las verdaderas opciones ganadoras son: “No sabe” (que pasa del 13% al 16%), “Ninguno” (del 9% al 15%) y el voto en blanco (del 5% al 10%). Entre las tres opciones hay un 41% de votantes, un espacio suficiente para asegurarse un lugar en segunda vuelta. Cambiando la pregunta a candidatos específicos, estas tres opciones acumulan un 27%, un porcentaje aún mayor que la intención de voto de Gustavo Petro. Lo único en lo que los datos de Datexco favorecen a Gaviria es en cuanto a su imagen favorable. A pesar de que no supera el 70% en la pregunta sobre si lo conocen, su favorabilidad es la tercera mejor: con un 56% está detrás del exsenador Juan Manuel Galán y del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Datexco no es la única encuesta en la que le va mal a Gaviria. En las dos últimas reveladas por la Revista Semana, y llevadas a cabo por el Centro Nacional de Consultoría, sus resultados también fueron bajos y preocupantes. En la que se llevó a cabo en los primeros días de septiembre, su intención de voto fue del 3%; y en la de octubre disminuyó levemente y se ubicó en el 2,6%. Todavía se encuentra muy lejos de ser una candidatura lo suficientemente importante como para ver en ella al próximo presidente. Falta mucho camino y las encuestas suelen ser apenas fotografías y no bolas de cristal de los escenarios electorales, pero lo cierto es que, tal vez, los candidatos del centro y la derecha están sobrevalorando la importancia de Gaviria, y que este tendrá que hacer más que grabar vídeos y escribir trinos para ganar votantes. Las elecciones no se disputan en Twitter, tampoco en los auditorios de las universidades.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El pasado 28 de octubre, Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), decidió cerrar el examen preliminar del caso Colombia –abierto desde 2004– por la violación sistemática de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado. Esta decisión, a pesar de lo positivo que puede tener, ha sido objeto de múltiples miradas, algunas de ellas contrapuestas, debido a las lecturas jurídicas y políticas que se hacen por parte de los diversos actores. La mirada más optimista y positiva la encabeza la Justicia Especial para la Paz (JEP). Sus integrantes leyeron la decisión como un gran reconocimiento que le hace la comunidad internacional al organismo de justicia en sus pocos años de funcionamiento. Toman la actuación de la CPI como una validación de los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y como un espaldarazo al Acuerdo Final. Para la JEP, lo que hizo la Oficina del fiscal Khan fue validar las labores que viene realizando este tribunal especial en torno al sistema de justicia transicional. Trabajo que ha realizado bajo los parámetros del Estatuto de Roma, el cual les entrega autonomía a los países para que –una vez lleguen a negociaciones de paz con grupos alzados en armas– puedan administrar justicia propia, amparados en su marco legal y constitucional. Además, celebra la JEP el compromiso que asumió el Gobierno Duque de entregar un apoyo presupuestal para su funcionamiento, como un respaldo a las labores que desarrolla este y los demás organismos que hacen parte del sistema de justicia transicional colombiano, buscando prevenir cualquier interferencia con las funciones de estos tribunales. En breve, para la JEP resulta muy apropiado tanto la visita del fiscal como la decisión que tomó la CPI. Esta debe leerse como la ratificación, una vez más, de la confianza, el apoyo y admiración que tiene la comunidad internacional al sistema de justicia transicional del país. Además, como un respaldo a su actual composición y funcionamiento, y, por ende, al Acuerdo de Paz. Sin embargo, esta visión contrasta con otra pesimista y crítica que han realizado distintas organizaciones tanto nacionales –especialmente colectivos de víctimas– como extranjeras. Para organismos como Human Rights Watch (HRW), el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) o las Madres de víctimas de Falsos Positivos (Mafapo) es lamentable que la CPI haya cerrado el caso colombiano. Todas ellas coinciden en afirmar que esta fue una decisión errónea, pues significa el cierre de una puerta que estaba abierta para la investigación de crímenes que se han cometido y se siguen cometiendo en el país. Desde esta perspectiva, la Fiscalía de la CPI realizaba actividades complementarias a la justicia interna y, al retirarse –aunque sea por un tiempo–, se está quitando un apoyo al esclarecimiento de la verdad sobre los graves crímenes de guerra y de lesa humanidad. Advierten estas organizaciones sobre la situación de inmadurez en la que se encuentra el sistema de justicia en Colombia. Un sistema que presenta pocos avances en cuestión de defensa de derechos humanos, y donde en casos como las masacres de la Granja y El Aro no se ha avanzado mucho. Además, ven con preocupación el paso lento de la JEP y, además, el aumento de la violencia que hace hoy más urgente la presión internacional. De esta manera, con la decisión del fiscal de la CPI, la conclusión desde esta orilla es que el país retrocedió en materia de consecución de garantías para que haya justicia por los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. Ahora, muchos procesos están en el limbo, pues la JEP está creada solo para atender la violencia de la guerra donde participaron las FARC-EP, dejando de lado muchos hechos asociados a otros conflictos, donde participaron el Estado y los paramilitares; así mismo, quedan de lado los expresidentes, que por tener condición especial tiene restricción para judicializarlos. A estas dos posturas antagónicas se le suman otras intermedias, que bien podrán ubicarse del lado optimista o pesimista, pero eso dependerá de la manera como actúen en el tiempo venidero. En este caso, se trata de las posiciones del Gobierno nacional, la Fiscalía General de la Nación y los partidos políticos que hacen parte del Congreso de la República. Aunque se vio una actitud muy proactiva y positiva por parte de la Presidencia de la República con la decisión –que llevó al presidente Duque a comprometerse cada año a permitir que la CPI tenga acceso a los documentos que requiera y a participar con ella en reuniones anuales de verificación–, también se reconoce la ambivalencia que ha mantenido Duque a lo largo de su ejercicio como primer mandatario: una cosa dice hoy y otra contraria el día de mañana. El Gobierno siempre se ha comportado como un crítico de la JEP, y ahora resulta muy difícil confiar en el respaldo que le manifiesta. En una situación similar se encuentra la Fiscalía General de la Nación, que bien podría pensarse que trabaja mancomunadamente con la Oficina del fiscal de la CPI y, por tanto, debería estar actuando de manera comprometida con apoyar las labores de la JEP y poniendo a su disposición sus capacidades investigativas sobre los crímenes más graves y representativos, sin embargo, como es de común conocimiento, este organismo ha tenido una visión crítica frente al mecanismo de justicia transicional y será muy difícil que cambie de parecer. Y en cuanto al Congreso de la República, en la actualidad, varios partidos –entre ellos el Centro Democrático– han propuesto el proyecto de acto legislativo 296 de 2021, el cual busca derogar a la JEP o afectar su estructura operativa contenida en el Acto Legislativo 01 de 2017, lo que, claramente, va en contravía de la solicitud de la CPI. Por lo tanto, se esperaría –luego de la decisión del Gobierno Duque– que se suprima toda propuesta de acabar a la JEP o de cambiar su estructura. Sin embargo, hasta el momento persisten en mantener la propuesta. De esta forma, es evidente la disparidad en opiniones que ha generado la decisión de la CPI respecto al cierre del examen preliminar del caso Colombia. Resulta muy positivo para la JEP la decisión y el acuerdo con el Gobierno, pues se ve cómo la comunidad internacional de nuevo abraza el proceso de paz en Colombia y el importante mecanismo de justicia transicional. Pero resulta muy sospechoso el actuar de los organismos institucionales y agentes que la acompañarán, pues antes tenían toda clase de reparos y críticas al sistema de justicia transicional, y ahora, como por arte de magia, se comportan como los mejores de los amigos. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Laura Cano Periodista Pares En el municipio de Argelia, en el sur del Cauca, no cesan los hechos de violencia contra la población civil. Este ha sido el panorama constante, especialmente, durante los últimos casi 20 meses en los que se han presentado asesinatos selectivos, desplazamientos, masacres, entre otro tipo de victimizaciones. Durante este fin de semana un nuevo hecho violento se registró. El pasado domingo, 31 de octubre, se informó que siete campesinos de San Juan del Micay, Puerto Rico y otras veredas vecinas habían sido víctimas de minas antipersonal en hechos en los que estarían involucrados actores armados que hacen presencia en la región. Por un lado, como se ahondará más adelante, una de las versiones que se han dado es que el ‘Frente Carlos Patiño’, de las disidencias de las FARC, habría amenazado a campesinos de estas veredas previamente nombradas para que fueran a pedir a los militares que dejaran la zona. Posteriormente, se habrían escuchado detonaciones de arma de fuego (que, según se presume, podrían haber sido del Ejército o del grupo guerrillero), lo que habría obligado a la comunidad a retroceder justo a una zona en la que grupos armados ilegales habían instalado minas antipersonal. Otra de las versiones indica que los siete campesinos habrían caído en el campo minado mientras buscaban protegerse de un cruce de fuego entre las disidencias de las FARC y el ELN. Hasta el momento, se conoce que dentro las víctimas de los hechos se encuentran María Jiménez, Anselmo Parra, Jaider Andrada, Jefferson Muñoz, Jefferson Arboleda y Johanny Ortiz. Además, entre las personas afectadas, algunas tendrían comprometidas sus extremidades inferiores (una de estas víctimas sería menor de edad). “Una vez conocimos de los hechos ocurridos se activó la ruta de atención para estas personas, las cuales en estos momentos están siendo atendidas en el hospital San José de la ciudad de Popayán. Como gobierno departamental, rechazar de manera vehemente estos hechos que, claramente, son violatorios del derecho internacional humanitario”, manifestó frente a estos hechos el secretario de gobierno del departamento, Luis Cornelio Angulo. Por su parte, la Defensoría del Pueblo señaló: "Lamentamos y condenamos los hechos ocurridos ayer en el corregimiento de El Sinaí, en Argelia, departamento del Cauca, donde al menos 7 personas resultaron heridas por minas antipersonal. Nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias. Solicitamos desde horas de la mañana la activación de la alerta hospitalaria por el riesgo inminente de afectación al derecho a la vida e integridad de la comunidad. Ante estas situaciones es fundamental la respuesta oportuna del sector salud. Exigimos a los grupos armados ilegales que se respete a la población civil y se le mantenga al margen de las confrontaciones armadas que se vienen presentando en Argelia. Deben mantener los principios de proporcionalidad, precaución y distinción". Con esto, vale la pena recordar las palabras de Juan Manuel Torres, investigador de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) y coordinador de la Oficina Pares-Pacífico, quien mencionaba lo siguiente en relación con la situación de violencia que se ha mantenido en este municipio: “La situación en Argelia se ha agravado en los últimos tres años, pero la incursión del frente ‘Carlos Patiño’, que hace parte del Comando Coordinador de Occidente, alineado a las facciones disidentes de ‘Gentil Duarte’, es lo que alteró totalmente la situación. A su llegada, empezó una disputa muy fuerte con el frente ‘José María Becerra’, que tenía un poder muy grande en la zona. Además, el frente ‘Carlos Patiño’ llegó a acosar a excombatientes para que se les unieran. Ha sido tanta la presión que se terminó configurando un tercer grupo, inicialmente lo llamaban ‘Los Pocillos’, por un comandante de las antiguas FARC. Esto ha sido un rifirrafe, en el último año y medio, que ha llevado a una situación constante de amenaza”. Hay que señalar, además, que justamente durante los últimos días, la Defensoría del Pueblo informó que, en el último mes, se habían documentado cinco desplazamientos masivos que afectaron a 2.077 personas. Al respecto, en concreto, se indica a través de Semana que "la Defensoría también señala que actualmente en Argelia están atendiendo un desplazamiento masivo de 617 familias, alrededor de 915 personas, ubicadas en los albergues del coliseo central del municipio, en un hogar juvenil, la caseta comunal de la vereda La Playa, y en los centros poblados del Mago, Belleza y vereda La Mina". Asimismo, desde Pares se han hecho constantes alertas sobre la situación en Argelia, donde han sido constantes los enfrentamientos armados, las detonaciones y, en general, las confrontaciones que han dejado a la población civil en medio, en muchos casos causando desplazamientos y confinamientos en el municipio (Te podría interesar: “Municipio de Argelia: uno de los escenarios más críticos del posconflicto”). Argelia, un panorama difícil de violencia Tal como recogía Juan Manuel Torres, desde que el ‘Frente Carlos Patiño’, de las disidencias de las FARC, llegó al cañón del Micay, se ha dado una fuerte disputa por el control territorial. Y es que Argelia es uno de los enclaves cocaleros del país, con un total, para el 2020, de acuerdo a cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), de 4.787 hectáreas de hoja de coca, y el 3% del porcentaje nacional. Además, esta zona es de gran relevancia para la ruta del narcotráfico, pues es una salida hacia el Pacífico. En la zona hace presencia el ELN, que controla desde el Plateado hacia la parte baja. Allí han estado por casi trece años. También está el ‘Frente Carlos Patiño’, que durante los últimos tres años ha intentado llevar el control y hace parte del Comando Coordinador de Occidente. También está el ‘Frente Diomer Cortés’, un grupo de la ‘Segunda Marquetalia’ que es relativamente nuevo. Así las cosas, los enfrentamientos armados se producirían, especialmente, entre estos grupos. Con esto, hay que señalar que una situación similar a la reciente había ocurrido en abril de este año, cuando el ‘Frente Carlos Patiño’ habría obligado a campesinos a sacar a militares de la zona. Para ese momento, también siete campesinos de la vereda La Ceiba habían caído en un campo minado. Según lo advertido por Torres, tanto en el Plateado como en San Juan de Micay se ha impuesto el ‘Frente Carlos Patiño’, respaldado por la columna ‘Jaime Martínez’, de las disidencias de las FARC, tomando puntos estratégicos del municipio de Argelia. Vale la pena mencionar que este posicionamiento del grupo armado se ha hecho mediante muchas tácticas de violencia, entre las que están, por ejemplo, intimidaciones y amenazas a personas en proceso de reincorporación, a integrantes de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (Ascamta), así como al alcalde municipal, a quienes acusan de ser parte de ‘Los Pocillos’. Asimismo, Torres señala que durante los últimos quince días se han reportado combates en un triángulo que se hace entre los corregimientos de Puerto Rico, Sinaí y La Belleza. Ante esta situación, hizo presencia el Ejército Nacional, lo que habría terminado llevando a los hechos ocurridos durante el fin de semana. Y es que, justamente, siguiendo las palabras de Torres, en el último año con más profundidad, desde ciertos sectores se ve la presencia del Ejército como una agudización de la amenaza de confrontaciones armadas. De acuerdo a lo expresado por Torres, desde la vereda de Puerto Rico, el ‘Frente Carlos Patiño’ "habría comenzado a exigir una cuota de 50 campesinos, y pidiendo que debían ir a sacar al Ejército, amenazando con multas, con destierros. Mucha de la gente salió amenazada, y otros convencidos de la agudización del conflicto que supone la presencia de fuerza pública". Además, precisó que "en efecto hubo impactos de bala, pero no se ha sabido si fueron provenientes del ‘Frente Carlos Patiño’ o del Ejército. (...) Sin embargo, curiosamente, este frente no pelea con el Ejército". En medio de la confusión de los impactos, algunas personas habrían caído en el campo minado, donde explotaron, al menos, tres minas. "En la zona se han incubado todo tipo de violencias que van a ser muy difíciles de parar. Las soluciones no están a la vista. Y la zozobra es lo que se mantiene. Además, la posibilidad de que se termine consolidando alguno de los grupos, supondría a su paso un sacrificio de vidas y una crisis en la situación humanitaria. Hay una sin salida. La gente se va de sus fincas, vuelven, pero la guerra vuelve y los saca", concluyó Torres.