Por: Cayo Mario Sepúlveda Líder político y social de Tame, Arauca “¡Arauca entró en crisis!”, parece ser la frase de cajón o de moda que se oye en el departamento, especialmente por parte de la clase política o, más exactamente, de quienes están alrededor del gobierno departamental. Y lo dicen como si descubrieran algo nuevo en nuestra región. Hace mucho rato que Arauca está en crisis, y no solo por la corrupción, también por las secuelas de la migración, el orden público, las inundaciones, el alto índice del desempleo, los altos costos de los servicio públicos, la reducción de los recursos de regalías, la inseguridad, el mal estado de las vías, la falta de liderazgos (especialmente en la clase política), en fin, se trata de un sin número de problemas que envuelven al departamento. Y parece que los dirigentes, especialmente los que ostentan el gobierno, estuvieran tan anestesiados que no se dan cuenta. Veo un departamento que, hace mucho tiempo, se acostumbró a estar así. Parece que no nos importara el sinnúmero de problemas que nos afectan. La clase política le ha tomado el pulso a la mayoría de los miembros de la sociedad araucana y, entonces, actúan en consideración de las debilidades en valores que carcome a muchos sectores de la población del departamento. La dirigencia política sabe que con mentiras y dinero cabalgan encima de las necesidades que sufren nuestros ciudadanos y ciudadanas. Por eso le importa poco que se hagan o no las obras, solo le interesa pertrecharse de gruesas sumas de dinero para volver a hacerse elegir. Nosotros creemos que nos volvimos conformistas y aceptamos pacientemente esta situación, o aprendimos a sobrevivir en la crisis. Y lo que es más grave: aceptamos las malas acciones del ejercicio político como una virtud de la clase dirigente. La única crisis que se genera por la situación jurídica del actual gobernador la viven especialmente los lagartos, los aduladores, los chupamedias, los ‘jaletis’ (como dicen las personas venezolanas) y, en general, quienes, como sanguijuelas, viven colgados de los recursos del presupuesto del departamento o municipios. Vemos que la contratación, las licitaciones, los procedimientos y las acciones que deben asumir los gobernantes no tienen ningún impedimento. El presupuesto para el año entrante hace su curso normal en la Asamblea Departamental. Por lo tanto, creemos que las cosas funcionan como venían. El departamento sigue conviviendo con la crisis desde hace mucho rato. Vemos que, después de la detención del gobernador, los araucanos y las araucanas siguen produciendo el mismo ganado, plátanos, yuca, maíz, arroz, miel, cacao... En fin, en nuestra región, como dice la canción de Sandro, "al final la vida sigue igual”. Claro que debemos esperar y respetar las decisiones que tome el poder judicial, y aspiramos a que se imponga la razón en el buen ejercicio del Estado de derecho. Lo que no quiero ni imaginar, si llegan a suspender al gobernador, es la puja y carnicería entre la mayoría de los dirigentes que, muy seguramente, gozan de la orfandad del poder y llegarán con hambre atrasada, y estarán dispuestos a disputarse a dentelladas ese botín, sin saber que las condiciones del departamento más tarde les pasarán factura. Lo más triste es que, si hacemos un escaneo a la clase dirigente, difícilmente encontraremos un miembro de nuestra sociedad con la autoridad moral y política, y con credibilidad, que sea capaz de darle un viraje para llevar al departamento de Arauca a buen puerto. Porque la gente capaz, idónea, honesta, sabe que las condiciones que ofrece nuestra región no están dadas para los ciudadanos ejemplares. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Camilo Díaz Suárez Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad El 28 de octubre, tras acatar el fallo de la Corte Constitucional, la sala plena del Consejo Nacional Electoral le reconoció la personería jurídica al partido Nuevo Liberalismo, la cual mantendrán hasta las elecciones de Congreso de la República del próximo 2026. Asimismo, se inscribió transitoriamente, en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos, a Fernando Galindo González como director nacional del partido, y a Andrés Ignacio Talero Gutiérrez como su representante legal. La historia del Nuevo Liberalismo En 1979, el Nuevo Liberalismo nació como una fuerza política desprendida del Partido Liberal Colombiano, siendo fundado y liderado por Luis Carlos Galán, un abogado y reconocido dirigente político liberal en Santander. Siendo secretario de la delegación de Colombia a la Segunda Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en Nueva Delhi, ministro de Educación, embajador en Italia y representante de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en las elecciones de mitaca de 1976, Galán ingresó a la política, siendo concejal del municipio de Oiba, Santander. Tras fundar el movimiento del Nuevo Liberalismo, fue proclamado como candidato presidencial en 1981, 1986 y 1989. Para las elecciones de 1990, siendo uno de los candidatos con mayor fuerza y con un discurso en contra de las mafias y carteles del país, fue asesinado por el Cartel de Medellín el 18 de agosto de 1989. La batalla judicial Por estos hechos, Juan Manuel y Carlos Fernando Galán (hijos de Luis Carlos Galán) pidieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) la personería jurídica del partido, aduciendo que el movimiento desapareció por causa directa de la violencia. Con pruebas de sentencias de la Corte Suprema de Justicia, sostuvieron que más de 50 integrantes de la colectividad habían sido asesinados de forma sistemática en una campaña de exterminio. Con ese argumento, buscaron que se les reconociera la personería jurídica de una forma similar a lo que sucedió con la Unión Patriótica (UP), partido al cual se le restituyó su personería porque sus integrantes fueron víctimas de un exterminio en el que cerca de 5.000 personas perdieron la vida a manos de grupos paramilitares. Sin embargo, en 2019, la Sala Plena del CNE había negado la personería jurídica del Nuevo Liberalismo por considerar que las circunstancias que presentaron no se comparaban con el exterminio de la UP. Por ello, Fernando Galindo, Cecilia Fajardo, Rafael Amador, Andrés Talero, Gloria Pachón de Galán y José Corredor demandaron la decisión del CNE por vía de nulidad y restablecimiento de derecho ante el Consejo de Estado. Sin embargo, el fallo de este tribunal negó también la personería jurídica del Nuevo Liberalismo. El Consejo de Estado reconoció los hechos de violencia que sufrieron los integrantes del movimiento político, pero señaló que con la reincorporación de Luis Carlos Galán al Partido Liberal, para las elecciones de 1990, se canceló la personería jurídica del Nuevo Liberalismo. Por otro lado, también concluyó que la reactivación de su personería jurídica, siguiendo el Acuerdo de Paz, no era posible por la ausencia de un desarrollo normativo. En el fallo, también se había aludido que no existía un trato discriminatorio hacia la UP, porque la Sección Quinta, el 4 de julio de 2013, dejó de utilizar el umbral para que esta conservara la personería jurídica, debido a que la violencia fue un determinante para que no lo alcanzara. Por su parte, el Nuevo Liberalismo se habría despojado de su personería al iniciar un proyecto político nuevo con el Partido Liberal. En respuesta a este fallo, quienes demandaron la decisión del CNE ante el Consejo de Estado instauraron una acción de tutela frente a la Corte Constitucional. De esta forma, en el presente año, la Sala Plena de la Corte consideró que se le había violado el derecho para fundar o constituir partidos al Nuevo Liberalismo a causa directa de la violencia sufrida por varios integrantes del movimiento, entre los que se encuentra el hecho del magnicidio de Luis Carlos Galán. Se consideró que el Nuevo Liberalismo, como alternativa al interior del Partido Liberal, no pudo continuar con sus aspiraciones políticas por diversos hechos de violencia investigados y juzgados. Con el magnicidio de Luis Carlos Galán, los integrantes del movimiento que se habían reincorporado al Partido Liberal, debido a la violación sistemática de sus derechos políticos no pudieron separarse del partido para aspirar al Congreso y alcanzar el umbral establecido. De esa forma, no tuvieron más opción que mantenerse dentro del Partido Liberal. Así, con una votación de ocho contra cero a favor de la ponencia de Jorge Enrique Ibáñez, en la sentencia SU-257 de 2021 se le dieron 10 días, desde su emisión, al CNE para que le entregara la personería jurídica al Nuevo Liberalismo. Con el fallo definitivo, emitido el 22 de octubre de 2021, el CNE finalmente acató la decisión y le otorgó la personería a esta colectividad. ¿Qué se viene para el 2022? Juan Manuel Galán es una de las caras más visibles del Nuevo Liberalismo: fue senador de la República entre el 2006 y el 2018. Él sería una de las opciones de este partido político de cara a las elecciones del 2022 para aspirar a la Presidencia. Su contrincante para conseguir el apoyo del partido sería Rodrigo Lara Restrepo, quien ha sido senador y representante a la Cámara. En cuanto se supo que el CNE le otorgó la personería jurídica al Nuevo Liberalismo, anunció su ingreso al partido y su intención de ser candidato a la Presidencia. En cuanto a su participación en la Coalición de la Esperanza, todavía no se ha definido la participación del Nuevo Liberalismo en esta. Si bien Juan Manuel Galán ha apoyado su conformación, en este momento, el partido definirá si hacen parte de la coalición tanto para hacer parte de la consulta presidencial como para determinar si llevarán listas propias al Congreso o si se integrarán a las de la coalición. De momento, suenan los nombres de Angélica Martínez, Juan David Castellanos y Bernardo Ordóñez para el Senado. Mientras que Andrea Moncayo, Miguel Silva y Germán Ricaurte serían las cartas para aspirar a la Cámara de Representantes por Bogotá.

Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de la Fundación Paz & Reconciliación. La llegada de Jorge Mario Bergoglio al Vaticano para asumir como el Papa Francisco, desde 2013 (cuando fue elegido en el cónclave de obispos), ha sido una bocanada de aire fresco e ilusión de cambio y optimismo, no solo para el mundo católico y cristiano, sino para la humanidad que está ávida de mensajes de acción, y que busca, cada vez más, caminar en una senda diferente a la de esta ola de egoísmo y autodestrucción que carcome a las sociedades actuales. Su llegada no estuvo exenta de polémicas y cuestionamientos por su historia en la Argentina de la dictadura, pero él ha sabido, con mesura y tranquilidad, transmitir el mensaje de que su vida es un libro abierto y que no tiene nada de lo cual sentirse avergonzado; que es un hombre expuesto a los cuestionamientos y abierto al diálogo, el cual ha ejercido consistentemente durante estos ocho años de liderazgo mundial. Cuando vino a Colombia, en octubre de 2017, nos dijo con claridad: no nos debemos dejar arrebatar la esperanza de la paz. Y a fe que es un mensaje que debemos tener muy presente y ejercer, día a día, en una sociedad que debe seguir trabajando por un orden democrático de calidad que promueva una convivencia cierta y vivida, no este remedo de democracia, autoritarismos y sangre cotidiana que nos enferma de pesimismo e indiferencia. Es de esto de lo que debemos sacudirnos con decisión y persistir en que Colombia merece y va a lograr un país transformado en todo lo que le permita ser una sociedad de vida, y no esta sociedad marcada por una necrofilia de larga data. El Papa Francisco nos llama al amor por la vida, al amor por las personas necesitadas, a curarnos de la indiferencia y a saber que somos parte de una humanidad única en toda su diversidad, pero humanidad en últimas. Quienes sufren hambre, exclusiones, violencias y olvido son nuestros hermanos y hermanas, y estamos en la obligación de hacer algo ante su sufrimiento. Todo ello nos hace comunidad en este mundo único, que también sufre ante el paso y la huella humana. El llamado del Papa Francisco a trabajar con y para el pueblo, de reconocer sus capacidades, su fuerza de acción y transformación, es un mensaje que nos debe convocar no solo a la reflexión, sino a una acción por superar todas las barreras y esquemas que ven en la acción de las comunidades y sus organizaciones enemigos, provocaciones y puntos de alerta. De eso sabemos mucho en Colombia, donde toda protesta, toda acción reivindicativa por derechos y justas reclamaciones suelen caer en la visión de “amigo/enemigo”, donde los amigos son quienes aplauden este orden social, político y económico; mientras que los enemigos son quienes levantan su voz y sus reclamos. Es necesario salir de este círculo de mutuas desconfianzas y de propensiones a resolverlo todo bajo la descalificación, la sospecha y la imposibilidad de escucha de los múltiples actores que siempre concurren (o lo deberían hacer) ante los graves temas que debemos abocar en una sociedad llena de exclusiones, desigualdades y autoritarismos por superar. Son muchos los mensajes del Papa Francisco que enriquecen la perspectiva respecto a muchos problemas que impiden la existencia de justicia social y el desarrollo integral de las personas. Uno de esos mensajes que sigue siendo referencia es el de “Laudato Si’”, en el que hace una reflexión y elabora propuestas ante el reto global de la humanidad de detener la destrucción del planeta, en respuesta a una situación dramática que se evidencia en la crisis climática que hemos labrado y que nos amenaza como especie. Y no solo a las personas, sino a todas las demás especies con las que no hemos sabido convivir en armonía. El Papa Francisco lo ha dicho y debemos reflexionar sobre ello: este modo de producir y consumir que hoy tenemos no puede continuar así, hay que cambiarlo por uno de rostro humano, donde la dignidad de nadie sea pisoteada, como ocurre hoy con miles de millones de seres humanos. La Iglesia católica colombiana ha estado con quienes sufren, con quienes son atropellados y excluidos en sus derechos básicos como seres humanos. Todo este sufrimiento, del cual son testigos miles de sacerdotes día a día en la Colombia profunda, debemos tenerlo presente para volver al mensaje de “amaos los unos a los otros”, que tanto nos hace falta. Y hacerlo de manera efectiva, lo cual no es un reto menor. En estos últimos ocho años, el Papa Francisco ha abierto caminos, a través de sus mensajes, para una sociedad humana que requiere pausa y rectificación. Todos estos mensajes son pertinentes para una Colombia que sigue debatiéndose entre exclusiones y violencias a superar. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Línea de investigación de Conflicto, Paz y Postconflicto – Pares Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presentamos el Boletín #9 sobre masacres cometidas en el país. De acuerdo a este reporte, entre el 1 y el 31 de octubre, se cometieron ocho masacres que dejaron 28 víctimas mortales. Para el mismo lapso de tiempo del 2020 se habían registrado 6 masacres que dejaron un saldo de 21 personas muertas. Es decir que, para el presente año, respecto a este mes, hubo un aumento tanto en el número de masacres como de las víctimas que estas dejaron. En lo que va del año, en total, han sido reportadas 76 masacres en todo el país. A continuación, se encuentran las cifras e informaciones detalladas de las masacres perpetradas entre el 1 y el 31 de octubre. Asimismo, más adelante presentamos un mapa con información sobre las regiones en las que han ocurrido estos hechos violentos a lo largo del 2021 en Colombia. Descarga el boletín completo: A continuación, un mapa interactivo con los municipios en los que se han presentado masacres a lo largo del año y con el número de víctimas que estos hechos han dejado. Este mapa ha sido elaborado por con base a las cifras del Sistema de Información de Pares (SIPARES). También puedes conocer un resumen del boletín en este carrusel de piezas gráficas.

Por: Walter Aldana Político social alternativo Con el cinismo característico de los miembros de este Gobierno (y situó ahí el registrador porque junto al procurador, el defensor del pueblo, el contralor y el fiscal parecen extensiones del Gobierno actual), hace un par de semanas, Alexander Vega señaló: "¿Cómo explican que en el DANE somos 50 millones de colombianos y en la Registraduría y en el registro civil somos 55? ¿Dónde están los otros 5 millones de colombianos?". Pero no contento con ello, en el clímax del reto al sistema democrático, posteriormente, la semana pasada, afirmó: "el que sienta que no hay garantías o crea que le harán fraude, no debería presentarse". Si así es el desayuno, imagínese cómo será el almuerzo, reza un adagio popular que cae como anillo al dedo a la situación generada por el gris registrador. El personaje de marras fue analizado hace un par de años, en RCN radio, por Ariel Ávila, quien expresó en su momento que "Alexander Vega está siendo acusado actualmente por supuesta venta de fallos mientras fungía como magistrado del Consejo Electoral". Y, por otra parte, señaló que el registrador Vega estaba permeado un gran cuestionamiento: "inició su carrera política de la mano del 'Ñoño' Elías y Musa Besaile, ambos presos por temas de corrupción e involucrados con Odebrecht y el escándalo de Fonade. La llegada de Alexander Vega al Consejo Electoral fue liderada por esos dos exsenadores". Pero Vega no es una rueda suelta. Ante la exigencia de conceder el derecho de la Colombia Humana a tener su personería jurídica, son varios los intentos por desconectarla del Pacto Histórico, leguleyadas urgidas para colocar zancadilla al previsible resultado en el 2022. Puede que quiera el registrador que voten las personas muertas, las sancionadas por la ley, e incluso quienes están en el extranjero y, por alguna razón, no están habilitados para sufragar. Esos, imagino, son sus cuatro millones de más que los censados por el DANE; electores que, de seguro, serían su cuota para un presunto intento de fraude presidencial y de Congreso. Lo del registrador Vega, además de ser un acto de soberbia, es un reto a la oposición y un común comportamiento de funcionarios y "servidores públicos", tan similar como el enredo de los setenta mil millones de pesos de la exministra de las TIC Karen Abudinen, los sobornos de Odebrecht, la ‘ñeñe-política’, los presuntos sobrecostos en mercados para la época de pandemia, la intromisión en las elecciones gringas que ha dado como resultado que Biden no reciba a Duque, entre otros. La pregunta o reflexión que finalmente queda de este episodio del apocado registrador es: ¿Sirve a nuestro Estado social de derecho este manto de duda en relación a la transparencia de la Registraduría? ¿o da pie a considerar que se pretende un resultado irregular en las elecciones (como el del presunto robo en las elecciones presidenciales de 1970)? Resultó muy avispado e irresponsable el registrador nacional Alexander Vega. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Laura Cano Periodista Pares Históricamente, en Colombia, las comunidades indígenas han puesto sobre la mesa la poca atención que el Estado ha prestado a sus demandas y necesidades. Esta denuncia se ha evidenciado a través de muchas situaciones que, constantemente, los pueblos indígenas han tenido que afrontar y que se encuentran atravesadas por sistemáticas violaciones a sus derechos y por el abandono estatal. En el marco de esta problemática se ha abierto un nuevo capítulo, esta vez por cuenta de las acciones que habrían sido evadidas, una vez más, por el presidente Iván Duque en cuanto a las responsabilidades y deudas del Gobierno con las comunidades indígenas del país. Desde el pasado 25 de octubre, distintos representantes de pueblos indígenas del país se han reunido con el propósito de buscar salidas dialogadas y concertadas con el Gobierno nacional para dar respuesta a los hechos violentos que están teniendo que afrontar estas comunidades. Sin embargo, como han informado a través de un comunicado, la falta de voluntad política, presupuestal y técnica para avanzar en este camino, por parte del Gobierno, ha impedido que estos esfuerzos de diálogo y encuentro rindan frutos. Muestra de esto es que, de acuerdo a lo señalado por las organizaciones convocantes de este espacio, no hicieron presencia representantes del Gobierno con poder de decisión: “por el contrario envían a un equipo técnico que no puede resolver las problemáticas planteadas por la Mesa Permanente, deslegitimando el espacio de concertación e imponiendo sus posiciones políticas y sectoriales, sin tener en cuenta las realidades de los pueblos indígenas", se afirmó en un comunicado firmado por la ONIC, OPIAC, AICO, entre otras organizaciones. Así las cosas, en respuesta a este escenario, las organizaciones comunicaron que se declaran en sesión permanente exigiendo la presencia tanto de ministros como de Iván Duque en esta mesa de diálogo con la que se busca acordar acciones que permitan frenar las victimizaciones contra los pueblos indígenas. Esta participación de representantes del Gobierno con capacidad de decisión se hace indispensable, sobre todo, teniendo en cuenta que muchas de las condiciones adversas para el desarrollo integral de estas comunidades han sido propiciadas desde el propio Estado. En relación a esto, se señala en el comunicado de las organizaciones: “las políticas impuestas por el Gobierno, el recrudecimiento del conflicto interno armado y la presión minero energética sobre la madre tierra, los ríos y los cielos, el asesinato y desaparición de los líderes indígenas en la defensa de sus territorios, nos exigen nuevos caminos de lucha y resistencia, nuevas formas de relacionamiento y espacios políticos más cercanos a nuestras realidades espirituales”. Hay que recordar que, según información del Observatorio de Derecho de los Pueblos, Derechos Humanos y Paz de la ONIC, en lo que va del año, 17.845 personas de comunidades indígenas han sido afectadas por algún hecho victimizante: es decir, en promedio, cada día, casi 60 personas de esta población estarían siendo victimizadas. Además, según la información registrada por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) , el 18.7% de víctimas de la violencia armada (12.722 total) en el país, en lo que va del año, han sido personas indígenas. Por su parte, el 54.7% de los 19.019 ataques contra la población civil han sido contra comunidades indígenas. Asimismo, de las 65.567 personas que han sido desplazadas en lo que va del año, el 16.6% pertenecen a pueblos étnicos. El Sistema de información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES) ha registrado 21 hechos de asesinatos selectivos contra líderes indígenas en el 2021. De acuerdo a la información recogida, los departamentos con mayor número de casos son Chocó (5 casos) y Nariño (5), seguidos por el Cauca (4 casos), advirtiendo que estas cifras pueden ser mucho mayores (Te podría interesar: “Boletín #1 Observatorio para la Defensa de la Vida - ODEVIDA” ). Teniendo en cuenta contextos de riesgo como los que enfrentan comunidades indígenas en todo el país, además de las sistemáticas y estructurales violencias que padecen, se hace urgente que, por un lado, haya voluntad de diálogo y concertación por parte del Estado, y, por el otro, que los organismos y la sociedad civil hagan veeduría tanto de las situaciones que están afectando a los pueblos indígenas, como de las acciones que las instituciones encargadas deberían estar tomando al respecto.

Por: Leónel Pérez Bareño Sociólogo de la Universidad Nacional y Magíster en Ciencia Política del Instituto de Massachusetts Varios factores contribuyeron a engendrar el monumento del monstruoso caos reinante en la Arauca del 2021. A continuación, ocho puntos para comprender la situación que vive hoy el departamento: Uno, la bonanza petrolera iniciada en 1986: el presupuesto seccional pasó de un millón de dólares, en 1985, a cien millones de dólares en 1991. Arauca Saudita se embriagó de codicia y locura. Dos, la migración: la población pasó de 70 mil habitantes, en 1985, a 300 mil en 2020. No fueron paisas echados para adelante, sino aventureros y oportunistas de toda laya dispuestos a enriquecerse de cualquier forma. Tres, surgen dos ejércitos ilegales necesitados de hombres, armas y avituallamiento: ELN y FARC. Cuatro, la ausencia del Estado. Este solo vio petróleo y puso allí cinco mil hombres para proteger el oleoducto; no le importó la población. El Estado colombiano abandonó a Arauca. Cinco, a mitad de camino (2000-2005) llegan las AUC con su infinita capacidad de criminalidad y horror. Seis, la corrupción. Esta surgió tras la mezcolanza de lo anterior: dirigentes venales, guerrillas, paracos y contratistas de toda condición. Siete, Arauca: eslabón del narcotráfico. Esta última fase se vendría implementando desde el último decenio en complicidad con el Gobierno venezolano, el ELN, las disidencias de las FARC la ‘Segunda Marquetalia’, y los grupos ligados al tráfico de estupefacientes. Ocho, el panorama de hoy: el mayor nivel de corrupción y de pobreza, el más alto nivel de desesperanza y oscuridad. Esto continuará así hasta que el Estado se comprometa con una Agenda Integral de Desarrollo que vaya más allá de operativos militares, policiales y judiciales. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Daniel Julián Parra Integrante de equipo de investigación de Frontera – Pares En Cúcuta y su área metropolitana, la sociedad civil está a la expectativa de que, en cualquier momento, suceda un atentado contra la fuerza pública, un desplazamiento masivo, un asesinato, o una alteración del orden público por enfrentamientos entre bandas criminales o estructuras armadas ilegales. Especialmente, desde el atentado contra las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército, y después del ataque al helicóptero en el que se transportaba el presidente Iván Duque, tanto la ciudadanía como institucionalidad, e incluso los propios actores armados, están en “modo alerta”. Por mencionar una cifra relevante, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) le confirmó a Pares que, en lo corrido del año, en Cúcuta y su área metropolitana se han perpetrado 273 homicidios: es decir que, aproximadamente, cada día ocurriría un asesinato. Esta situación parece abrirse a un nuevo panorama, en el que posiblemente se pueda recrudecer la violencia, debido a la reciente captura de ‘Otoniel’ y las retaliaciones que pueda haber por parte del ‘Clan del Golfo’ (Podría interesarte: “Reapertura fronteriza: el rifirrafe diplomático y la captura de ‘Otoniel’”). A continuación, presentamos una línea de tiempo interactiva con algunos de los hechos de orden público que han marcado la situación de seguridad en Cúcuta y su área metropolitana durante los últimos dos meses:

Por: Laura Cano Periodista Pares En los últimos días se ha conocido una situación ocurrida en Norte de Santander con muchas aristas por analizar: según el Ejército Nacional, cerca de 180 militares habrían sido, en sus palabras, “secuestrados” por campesinos cocaleros de las veredas ORU 7, El Progreso, Chiquinquirá, San Antonio, Caño Raya, El Líbano, Nazareth, La Esmeralda y San Martín, del municipio de Tibú. Este suceso, si bien ha sido amplificado y abordado por varios medios de comunicación (en los que se han recogido, sobre todo, versiones institucionales como las de la fuerza pública, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Gobierno nacional), tiene otro eje y perspectiva que es necesario reconocer: el de las comunidades, que no solo ahora, sino desde meses anteriores han venido realizando una serie de denuncias sobre el actuar de la fuerza pública en la zona, en los que se registran vulneraciones a los derechos humanos, en los que, por ejemplo, se enmarcan ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el Catatumbo. Además, se ha advertido sobre la falta de garantías por parte del Gobierno nacional. ¿Qué dice la institucionalidad? Para los organismos estatales, este hecho en el que se vieron involucradas comunidades campesinas y aproximadamente 180 militares, ha sido catalogado como un secuestro. Las primeras denuncias sobre los hechos llegaron de parte del general Omar Sepúlveda, comandante de la Segunda División del Ejército, cuya versión fue conocida en La W, en donde sostuvo: “Nuestros soldados son secuestrados por parte de la comunidad de cocaleros en la vereda de Chiquinquirá. Rechazamos estos actos. Nosotros con los abogados del Ejército Nacional ya estamos instalando las denuncias establecidas con la Fiscalía”. Además, advirtió que “la erradicación en el Catatumbo no va a parar”. Respecto a la forma en que ocurrió este suceso, Sepúlveda aseguró que los militares se encontraban en la zona para efectuar acciones de erradicación manual de cultivos de uso ilícito, y justo en medio de la llegada de los uniformados a la zona, los militares fueron retenidos por lo que serían cerca de 600 personas cultivadoras de hoja de coca. De acuerdo a lo que se conoció por su versión, en esta situación se encontraban los uniformados desde la tarde del martes 27 de octubre, en una cancha de fútbol de la vereda Chiquinquirá. Además, el comandante agregó: “En este momento se han adelantado consejos de seguridad, conversaciones con las autoridades del orden nacional, regional y local, con el propósito de informar la situación. De la misma manera se informó a la Fiscalía General de la Nación por los hechos punibles de estas asociaciones campesinas, especialmente los que están dirigiendo allá”. Justamente, poco después de que se conocieran estas afirmaciones, el presidente Iván Duque; el ministro de Defensa, Diego Molano; el defensor del Pueblo, Carlos Camargo; el fiscal General, Francisco Barbosa; y la procuradora General, Margarita Cabello, se refirieron al tema. La mayor parte de sus posturas se desarrollaron a partir del eje de calificar este hecho como un “secuestro”. Así las cosas, Duque afirmó que “aquí no podemos volver práctica lo que están llamando retención, a ninguna persona sea un miembro de la Fuerza Pública o sea un ciudadano. Este tipo de prácticas son solamente delictuales y por lo tanto tienen que rápidamente proceder a permitir que los soldados salgan”. Entre tanto, Carlos Camargo, quien se trasladó a la zona dijo: “vamos avanzando en las mesas de diálogo para que se avance también en la erradicación manual”. Por su parte, estas fueron las palabras de Margarita Cabello respecto a los hechos y a la labor que adelantaba la Procuraduría: “Lo que puedo decir en este momento es que hay que dejarlos libres, estos conflictos no pueden terminar generando más conflictos. La democracia del país reclama que los dejen tranquilos que no se saca nada haciendo esa especie de encerramiento a nuestros héroes de la patria. En la zona está la Procuraduría participando para superar este impase”. La Fiscalía General también se pronunció: Francisco Barbosa aseguró que iban a evaluar si había motivos para solicitar capturas e imputaciones en este caso. Además, informó que habían enviado dos unidades de la Fiscalía a Tibú. Finalmente, y ante una fuerte presión mediática e institucional, se conoció que, con la mediación de la Defensoría del Pueblo, la comunidad decidió retirarse del lugar. Al respecto, Carlos Camargo señaló que “Desde la Defensoría del Pueblo serviremos de garantes de los espacios de diálogo entre las comunidades campesinas de esta región del Catatumbo y las autoridades de los gobiernos municipal, departamental y nacional con el fin de que se avance en el proceso de erradicación gradual de los cultivos de uso ilícito, de la mano con los programas de sustitución que permita mejorar las condiciones de vida de la población". ¿Qué dicen las comunidades? Por varios años, desde la firma del Acuerdo de Paz, las comunidades han exigido, entre otras cosas, que se cumpla el punto cuatro de lo pactado en La Habana entre el Estado y las antiguas FARC-EP. A través de este punto se acordó ​​el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que se encuentra intrínsecamente relacionado con el punto uno, el de Reforma Rural Integral. Estos plantean la necesidad y los mecanismos para superar las condiciones de pobreza de las comunidades afectadas por los cultivos de uso ilícito, promoviendo la sustitución voluntaria, generando oportunidades productivas y promoviendo el cierre de la brecha agrícola. Sin embargo, en el camino, las acciones para la implementación integral de lo acordado se han quedado cortas, Muestra de ello es lo que denuncian las personas líderes y defensoras de derechos humanos del Catatumbo, subregión en la que se encuentra el municipio de Tibú. A propósito de los hechos más recientes, Olga Lucía Quintero, lideresa de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (ASCAMCAT), ha afirmado que “De las 99.000 familias inscritas en el PNIS, han sido retirados más de 10.000 familias sin una explicación, otros 4.000 han sido suspendidos y a esto sumemosle el incumplimiento o el plan tortuga que aplica gobierno para desmotivar a las familias que están inscritas”. Además, y ante la voluntad de la sustitución voluntaria, la persecución a la población campesina ha sido una constante. Por ejemplo, el Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES) ha registrado, en el departamento de Norte de Santander, la ejecución extrajudicial de Salvador Jaime Durán, un joven campesino de 22 años, miembro de la Junta de Acción Comunal de Filo Guamo. Este hecho ocurrió en junio de 2020, en Teorama, en un sector conocido como Caño Totumo, ubicado entre las veredas Filo Guamo y La Tiradera. Este asesinato se habría dado, presuntamente, a manos de integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, adscrita a la Segunda División del Ejército. En marzo de ese mismo año, se reportó la ejecución extrajudicial en el municipio de Sardinata, de Alejandro Carvajal, un joven de 20 años, quien además era familiar de uno de los dirigentes de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT). Esta persona hacía parte de las movilizaciones que se desarrollaban contra las erradicaciones manuales, forzadas y violentas en la región. Asimismo, Contagio Radio informó sobre el caso de Emerito Digno Buendía Martínez, de 44 años, quien “fue alcanzado por una bala (...) mientras huía de los disparos del Ejército contra los campesinos. Junto a él, Juan José Orozco y Jimmy Alerto González también fueron impactados, pero pudieron ser atendidos en centros asistenciales de salud. De acuerdo a Ascamcat, Emerito Digno formaba parte de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Tutumito, en zona rural de Cúcuta, formaba parte de la Asociación así como de la coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM)”. Nombramos estos casos, porque al igual que el hecho informado recientemente, este también evidencia la problemática con la erradicación forzada, que como se mencionó anteriormente, repercute en la señalización y estigmatización contra campesinas y campesinos cultivadores y organizaciones sociales. En relación con esto, y tras el reciente caso, vale la pena mencionar, y siguiendo lo denunciado por Ascamcat, que el general Omar Sepúlveda infundió estigmatizaciones sobre esta organización y sobre la COCCAM, como se cita en un comunicado emitido por ambos colectivos el día de ayer, 28 de octubre: “... los 6 pelotones fueron secuestrados por más de 600 campesinos que le cumplen las tareas a los cocaleros de la región, básicamente amparados sobre ASCAMCAT y COCCAM, que son asociaciones campesinas, pero dedicadas al negocio ilícito del narcotráfico”. Desde las organizaciones se sostuvo que estos señalamientos configuraban una calumnia y que, en el marco del “secuestro” denunciado por los militares, se estaban creando estigmatizaciones, puntualmente contra ASCAMCAT y la COCCAM, que habían llegado al lugar de los hechos para mediar y buscar salidas concertadas, además, entendiendo que esta acción se habría dado ante el incumpliento del acuerdo con el punto 4 del Acuerdo de Paz, y en rechazo a las acciones militares, “que en el lugar han impedido la libre locomoción y han registrado un intento de violación en contra de una mujer campesina del sector”. Asimismo, a través de La W, Wilder Mora, presidente de COCCAM, en contraste con las versiones del Ejército y de las autoridades estatales, aseguró que “lo que sucedió ayer no fue un secuestro. Nosotros tenemos asentamientos campesinos y hacemos un cercos humanitarios en defensa en defensa de la economía de la hoja de coca, lo hacemos pacíficamente. Ayer se trató de construir una película que no era”. Además, exigió que se respeten los derechos humanos de la poblacióm, puntualizando que en el “Catatumbo hay 13 municipios con coca, de esos 13 hay 8 dentro deL PDET y el PNIS; de esos 8, en algunos de estos municipios se firmó un acuerdo de sustitución, por ejemplo en Tibú, donde la firma se dio desde 2017, pero hasta la fecha el Gobierno no ha implementado los proyectos productivos, y prefiere continuar con su política fracasada de erradicación La salida no es la erradicación, ni la fumigación, llevamos 30 años en esas”. Siguiendo lo que afirmaba Wilder Mora, es necesario señalar dos cosas. Por un lado, desde la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina se señaló que “soldados del Ejército en la vereda Oru 7, impiden que periodista de AFP hagan su labor de reportería en donde quedaría en evidencia las falsas acusaciones del General Omar Sepulveda, quién señala al campesinado de secuestrar militares”. En este mismo sentido, el medio de comunicación digital Zona F noticias publicó un documento que habría sido firmado por funcionarios de la Defensoría del Pueblo, de la Personería del municipio, por miembros de comités de derechos humanos, así como de ASCAMCAT, en el que se indicaba y reconocía que en la zona había un cerco humanitario que tenía como finalidad evitar vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), ante los antecedentes que han presentado en el Catatumbo. En ese mismo documento, se dejó constancia de que los militares no habrían sido víctimas de ningún tipo de violencia y, respecto al fin de estos hechos, se señaló que “se da por terminado el cerco humanitario y las comunidades deciden retirarse con el objetivo de salvaguardar su vida e integridad”. Por otro lado, hay que recordar que en el Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos del año 2020, realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se informa que “un 33 % del total de área sembrada se concentra en cinco municipios: Tibú (Norte de Santander), Tumaco (Nariño), El Tambo (Cauca), El Tarra (Norte de Santander) y Puerto Asís (Putumayo). (...) Tibú ocupa el primer lugar de afectación nacional con 19.334 ha que representan un 13 % del total nacional”. Por último, y ante el despliegue mediático e institucional que tuvo este hecho, hay que recordar que en el Catatumbo se presentan constantemente hechos de violencia que vienen dejando miles de víctimas de desplazamientos forzados, asesinatos selectivos, masacres y desapariciones forzadas, entre otro tipo de vulneraciones, y muchas de estas han tenido una escasa atención. Justamente, y en relación con los hechos que suceden en esta zona, desde Pares y la organización Diálogo Colectivo por la Paz (DIACONPAZ), se ha denunciado que Rodolfo Galvis se encuentra desaparecido desde el pasado 10 de septiembre. La última vez que se supo de su paradero, Galvis se encontraba en la vereda La Silla, en el corregimiento de Campo Dos, del municipio de Tibú, en Norte de Santander. Galvis es integrante de DIACONPAZ y de la PRECOOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SEMILLEROS DE PAZ Y DE COLOMBIA. Además, adelantaba un proceso de reclamación de un predio y contaba con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, de acuerdo a lo informado por su familia, su esquema de seguridad se había negado a cubrir la zona de Tibú en la que vive. Desde Pares nos sumamos a las exigencias para que se cumpla lo pactado en el Acuerdo de Paz, haciendo referencia, especialmente, a que se implemente efectiva e integralmente el PNIS; y para que realmente se posibiliten espacios de diálogo entre las comunidades campesinas de la región y autoridades locales y nacionales para avanzar en este sentido. Además, reiteramos nuestro rechazo a las estigmatizaciones y señalamientos contra la labor de organizaciones sociales como ASCAMCAT y la COCCAM, así como contra poblaciones campesinas. Finalmente, reiteramos la exigencia y la solicitud de que la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y todas las instituciones necesarias apoyen la búsqueda de Rodolfo Galvis, quien completa 49 días desaparecido.

Por: Laura Cano Periodista Pares Desde el 2004, y en medio de uno de los años más violentos en el marco del conflicto armado en Colombia, la Corte Penal Internacional (CPI) incluyó al país en la lista de países bajo observación a raíz de los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio nacional y la actuación de las entidades judiciales para sus procesos. Esta relación entre el país y la CPI significaba que, en cualquier momento, el tribunal de justicia internacional podía reclamar el juzgamiento de nacionales colombianos, señalados de crímenes de guerra y lesa humanidad, por considerar que las instituciones encargadas no estaban ejerciendo justicia respecto a esos casos. Así han pasado 17 años, y aunque incluso se han hecho llegar nuevos casos a la CPI, como el que fue enviado mayo de este año por los crímenes de lesa humanidad que se estaban presentando en el país, el tribunal internacional decidió cerrar la investigación. Esta decisión estuvo antecedida por la visita del fiscal de la CPI, Karim Khan, quien llegó el pasado 25 de octubre al país con el fin de conocer la situación de los procesos judiciales que se vienen desarrollando en lo que se refiere a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Se informa en la página de la Cancillería de Colombia que el examen preliminar de la situación en Colombia se ha centrado en: “i) el seguimiento del Marco Legal para la Paz y otros desarrollos legislativos pertinentes, así como los aspectos jurisdiccionales relacionados con el surgimiento de «nuevos grupos armados ilegales», ii) las actuaciones judiciales relacionadas con la promoción y expansión de grupos paramilitares, iii) las actuaciones judiciales relacionadas con el desplazamiento forzado, iv) las actuaciones judiciales relacionadas con crímenes sexuales, y v) los casos de falsos positivos”. Durante la visita, que durará hasta el próximo 3 de noviembre, Karim Khan se ha reunido con el presidente Iván Duque y con miembros de la Corte Suprema de Justicia. Tras el encuentro qu, Duque afirmó que: “Tuvimos una reunión muy productiva con el doctor Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, quien va a estar de visita en nuestro país y quien ha estado reuniéndose con líderes de la sociedad civil y otras instituciones. Lo importante es que él tiene un testimonio claro y hemos podido también conversar sobre los avances que ha tenido Colombia en todo el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición”. Asimismo, durante la reunión que sostuvo con la Corte Suprema de Justicia, el alto tribunal entregó un informe en el que se daba cuenta de los avances judiciales que se han tenido respecto a las masacres que se han cometido en el país desde 1994 hasta 2020. En este documento se adjuntaban detalles sobre los 78 expedientes que tiene el tribunal. Es necesario señalar que, en medio de esto, el presidente Duque envió un documento en el que pidió archivar la investigación, pues, como argumentó, se han creado diferentes “mecanismos propios para lograr la paz tras 50 años de conflicto”. Además, el fiscal se reunió con el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes. Después de la reunión, Khan aseguró que la “JEP ha recibido reconocimiento internacional y está marcando una diferencia real en la vida de tantas personas en Colombia porque es una base fundamental para la paz y la rendición de cuentas. Esto es lo que el presidente Cifuentes y el equipo luchan día a día en los siete macrocasos en cuanto a garantizar la paz y la justicia”, explicó el fiscal de la CPI”. Estos hechos fueron algunos de los que motivaron la decisión de la CPI de cerrar el examen preliminar por violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado en Colombia. Precisamente, en relación con la importancia de la labor de la JEP, el fiscal manifestó que, en el acuerdo que firmó con el presidente Iván Duque, el apoyo por parte del Estado a este Tribunal Especial para la Paz, y en general, a la implementación de los acuerdos de paz constituyen una condición primordial: "el presidente se ha comprometido a seguir apoyando la JEP y el proceso de paz (...) el Gobierno acordó asegurar que la JEP reciba el espacio que necesita para realizar su trabajo. Se compromete también a que las cortes y todo el sistema judicial reciba los fondos que requiere. También asegura que no habrá interferencia política en el proceso". De modo que el Estado colombiano deberá ofrecer las garantías necesarias para el desarrollo de las labores de la JEP. Y eso incluye, entre otras cosas, disponer del presupuesto necesario para su implementación y prevenir cualquier interferencia con las funciones de este tribunal. Al respecto, es necesario señalar que en el Congreso se encuentra en trámite el proyecto de acto legislativo 296 de 2021, en Cámara de Representantes, con el que se busca derogar la JEP y algunos artículos del Acto Legislativo 01 de 2017, por medio del cual se dictan disposiciones transitorias para la terminación del conflicto. El proyecto fue radicado por congresistas del Centro Democrático (partido de gobierno) y, de hallar vía libre, iría en contravía de la solicitud de la CPI y de los compromisos hoy adquiridos por el Gobierno (Te podría interesar: “El Acuerdo de Paz: entre el Presupuesto General y un intento para acabarlo”). La decisión de la CPI ha motivado diversas reacciones. Por un lado, el presidente Iván Duque aseguró: "Hoy estamos celebrando un paso histórico, que se cierra el examen preliminar reconociendo los esfuerzos de Colombia, y reconociendo el principio de complementariedad con el cual fue fundada la CPI (...) el principio a partir del cual usted anuncia este cierre del examen preliminar es porque se reconoce el esfuerzo que se ha venido adelantando en nuestro país, históricamente en estos 17 años, para tener una Fiscalía General de la Nación robusta, sólida, independiente y eficaz, con capacidad de esclarecer los crímenes". En esa misma línea, Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller, afirmó: “Durante estos 17 años del examen preliminar, tanto el Gobierno como las instituciones judiciales colombianas han suministrado toda la información solicitada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que ese órgano cuente con todos los elementos de juicio que permitan tomar las decisiones que le corresponden”. Por su parte, desde la JEP se argumentó que “es gracias a los avances innegables de la Jurisdicción y de otros organismos judiciales en la lucha contra la impunidad, que la Corte Penal Internacional alcanzó la tranquilidad y la confianza requeridas para tomar una determinación histórica como la que hoy ha anunciado el Fiscal Karim Khan. La firmeza de esa decisión depende del cabal cumplimiento de una serie de compromisos, y entre estos se destaca el apoyo serio, genuino y constante a la justicia que administra la JEP”. Justamente, en un comunicado, Gustavo Gallón Giraldo, director de la Comisión Colombiana de Juristas, señaló que “Paradójicamente, el cierre del examen preliminar es producto del éxito o de los avances logrados por la justicia transicional, es decir, por la JEP y los otros componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a pesar de la deficiente colaboración, cuando no de la franca oposición, del Gobierno y de su partido”. En otra orilla, organizaciones de víctimas han demostrado su descontento con la decisión. Desde el MOVICE, por ejemplo, se lamentó la decisión de la CPI, pues consideran que responde a una lectura errónea del contexto político y social que se vive en el país: “En Colombia no han existido tribunales que permitan a las víctimas acceder al derecho a la justicia, mucho menos a una verdad que permita esclarecer la participación de múltiples sectores de la sociedad en la profundización del conflicto armado”. Además, desde este movimiento de víctimas se agregó que “existen pocos mecanismos efectivos de reparación y nulas garantías de no repetición, pues vemos como 5 años después de haber sido firmado el Acuerdo de Paz, el conflicto armado ha tomado nuevas dimensiones en muchos de los territorios donde antes operaba la guerrilla de las FARC. Esto por la negativa del gobierno de Iván Duque a la implementación del Acuerdo y, por otra parte, la intención del mismo de promover la negación del conflicto armado y sus víctimas, así como acciones que alientan posturas guerreristas, mayor impunidad y aumento de las violencia”. Así, concluyeron: “Como Movice consideramos inadecuada esta decisión y expresamos que seguiremos insistiendo en la búsqueda de mecanismos que permitan garantizar a las víctimas escenarios de justicia imparcial y continuar trabajando por esclarecer la verdad desde las voces de las víctimas. En este sentido, exhortamos a las víctimas a fortalecer los procesos de organización, articulación y unidad que permitan poner en alto los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición”. A estas reacciones también se sumaron las de las Madres de víctimas de Falsos Positivos (Mafapo), quienes han tenido una larga lucha para que se haga justicia en los, por lo menos, 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales que la JEP reportó que ocurrieron entre 2002 y 2008, años en los que se enmarcaba la investigación de la CPI. Sobre esto, Jacqueline Castillo, integrante de Mafapo, aseveró: “Esta noticia es lamentable, puesto que los avances que han habido han sido pocos. Sabemos que ante la JEP hay una restricción para poder judicializar personajes como han sido los expresidentes, y teníamos la esperanza que desde la CPI se hiciera esta investigación y se judicializaran a los responsables de estos hechos. Nosotras, las víctimas, recibimos esto con mucha tristeza, porque nuestras esperanzas estaban en la CPI. Así podemos decir: que reine la impunidad en Colombia”.

Por: Juan Sebastián Peña Editor - Pares El Estado colombiano y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) han sido condenados por su responsabilidad en el desarrollo de seguimientos ilegales a integrantes del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha confirmado, en segunda instancia, una sentencia emitida por el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá, el 24 de julio de 2019, en la que se halló responsable al Estado de haber conseguido, a través de una operación irregular denominada “Transmilenio”, información personal de miembros de esta organización. De acuerdo a lo comunicado por el Cinep, entre las actividades ilegales de inteligencia en contra de sus miembros, se comprobó la realización de perfilamientos, interceptaciones ilegales de las comunicaciones y seguimientos. Acciones con las que se violaron, entre otros, “derechos como la intimidad, la seguridad personal, la inviolabilidad de documentos privados y correspondencia, y el buen nombre del Centro y de sus integrantes”, se lee en el portal del Cinep. El objetivo de esta operación ilegal habría sido desacreditar la labor de este centro de investigación. Entre las víctimas, según señala El Espectador, habrían estado los sacerdotes jesuitas Javier Giraldo Moreno, Alejandro Angulo Novoa, Mauricio García Durán, Gabriel Izquierdo Maldonado, entre otros. Es importante recordar que el escándalo por las ‘chuzadas del DAS’ consistió en una operación ilegal de espionaje y persecución estatal, desarrollada durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), que estaba dirigida en contra de magistrados de las altas cortes, periodistas independientes, personalidades políticas de sectores de oposición, personas líderes y defensoras de derechos humanos y organizaciones sociales. En el marco de estas operaciones que, en muchos casos, buscaban la estigmatización y el desprestigio de las personas e instituciones a las que se perseguían, fue que se desarrollaron los seguimientos ilegales a investigadores del Cinep. Desde el 2011, después de que se empezara a abrir la caja de Pandora por este escándalo de persecución estatal, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) interpuso una demanda en contra del DAS argumentando que las actividades adelantadas por este organismo, para el caso concreto de los seguimientos a personas que hacían parte del Cinep, vulneraban los derechos de esta organización y los de sus miembros. De acuerdo a lo recogido por el centro de investigación, en la demanda que se interpuso en su momento, entre otros, se hacían planteamientos que fueron reconocidos en las sentencias de primera y segunda instancia, y que tenían que ver con que, en efecto, existió una operación ilegal de inteligencia ejecutada desde el DAS con la que se obtuvo información privada de personas y organizaciones a través de, por ejemplo, interceptaciones de correos electrónicos, de líneas telefónicas y seguimientos ilegales. Ahora, con la ratificación de la condena inicialmente proferida en 2019, Martha Lucía Márquez, directora del Cinep, manifestó: “Recibimos esta condena y posibilidad de reparación como un acto de justicia que, más de una década después, demuestra que los defensores de derechos humanos han sido históricamente estigmatizados y que sus derechos han sido violados”. Aunque el escándalo por las ‘chuzadas del DAS’ ocurrió hace más de una década, hechos como la denuncia realizada por Semana en el 2020, respecto a perfilamientos realizados durante el 2019 por parte del Ejército (mientras el general Nicacio Martínez Espinel era comandante de esta institución), en los que al menos 130 personas (entre las que se encontraban periodistas, personalidades políticas, personas líderes y defensoras de derechos humanos, entre otras) habrían sido objeto de esta operación de espionaje, demostrarían que la persecución y la vigilancia contra sectores contradictores al Estado, en Colombia, continuaría siendo un instrumento de control utilizado para violentar los derechos, estigmatizar y deslegitimar la labor de personas y organizaciones opositoras al Gobierno de turno.

Por: Guillermo Segovia Politólogo, abogado y periodista En una sociedad que sea respetada por quienes ejercen cargos públicos, la actuación del registrador Nacional del Estado Civil –nada más ni nada menos que la cabeza de la entidad encargada del registro civil y la organización electoral–, frente a dudas y sospechas que se generen a partir de actuaciones o declaraciones suyas o de sus subalternos, respecto de procesos electorales, se espera, debería ser clarificar o tomar de inmediato los correctivos que puedan afectar lo que se considera “la fiesta más grande de la democracia”. En Colombia, no. Ante la reacción de los sectores políticos que no hacen parte de la coalición de gobierno, al extraño y súbito anuncio del registrador Alexander Vega, de que los datos del censo electoral que su entidad maneja difieren hacia arriba en cinco millones de personas de las que registra el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el señor Vega responde en forma provocadora y absurda que “quienes tengan dudas sobre las elecciones no deberían presentarse”. Es decir, quienes han cuestionado y probado una y otra vez –como lo han hecho la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la Misión de Observación Electoral, las ong, los partidos y movimientos alternativos y las víctimas de los fraudes– que el proceso eleccionario, en cuanto a votación y escrutinio –en particular en las elecciones de presidente, gobernadores, alcaldes, senadores, representantes a la cámara, diputados, concejales y ediles–, está plagado de irregularidades, deberían callar, hacerse a un lado y consentir semejante afrenta a la democracia. Además, el registrador, cuyo nombramiento fue criticado debido a las componendas politiqueras que le dieron paso, falta en forma grave a su primordial función, junto con el Consejo Nacional Electoral –antidemocrático conciliábulo de la partidocracia dominante del que proviene el registrador–, como es garantizar la transparencia e idoneidad de las votaciones y los derechos constitucionales de organizaciones políticas, movimientos sociales y ciudadanía a elegir y ser elegidos con plenas garantías. A los interrogantes que dejó su escogencia, Vega añade ahora un ingrediente de incertidumbre y tensión ante las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2022 que, con el precedente de hace cuatro años y con un ambiente político revuelto, infunden temor por las posibles maniobras del uribismo y de la coalición de gobierno (en retroceso y desprestigio) ante el ascenso de las fuerzas de oposición y alternativas. Una variación amañada del censo electoral puede alterar de manera fatal las tendencias actuales. Para pasmo nacional, ni siquiera por aparentar, el presidente de la República –dado a intervenir en asuntos que por su cargo no debería, incluso con impostada voz de mando ante la tropa– hizo un llamado de atención ante la pendenciera afirmación de “si no le gusta, de malas”. Excepto representantes de la oposición y algún columnista, las voces de los partidos tradicionales y sus derivados han pasado de agache, con lo que dejan en el aire la sensación de estar esperando que eventos no advertidos cambien el rumbo de las elecciones, de ser necesario. Al turbio panorama preelectoral se suma la posible decisión del Consejo Nacional Electoral de no permitir que el Partido Colombia Humana, al que tuvo que otorgar personería jurídica –que le había negado ante solicitud de Gustavo Petro–, por decisión y obligado por la Corte Constitucional, continúe haciendo parte del Pacto Histórico, coalición impulsada por la mayoría de las organizaciones políticas de izquierda (Polo Democrático, MAIS, UP, grupos liberales, entre otros), cuyo propósito es sumar fuerzas para obtener una representación de peso en el Congreso y respaldar una candidatura única a la Presidencia. El argumento del sector del CNE que pretende escindir el Pacto Histórico (una hábil maniobra de dividir las fuerzas alternativas para fragmentar sus posibilidades) señala que Colombia Humana es un partido de carácter mayoritario al que la ley electoral no le permite coaligarse con otras agrupaciones políticas. Pero la misma sentencia de la Corte Constitucional que habilitó al nuevo partido consideró que la representación obtenida en Senado y Cámara de Representantes, por su fórmula presidencial (Gustavo Petro, presidente; Ángela María Robledo, vicepresidente), se derivó de una votación indirecta. Con esto, Colombia Humana como partido cuenta hacia el futuro. La determinación de la Corte Constitucional consideró que “la autoridad electoral (en este caso el CNE) desconoció las garantías para el ejercicio del derecho a la oposición política tanto del movimiento político Colombia Humana, como del senador Gustavo Francisco Petro Urrego, en su calidad de adjudicatario de la curul”. Y, además, resaltó que los resultados de la Colombia Humana, en 2018, “denotan la importancia de que la agrupación política a la que pertenece el candidato derrotado cuente con personería jurídica, pues, sin duda, sus programas de gobierno representan un contenido ideológico y programático que fue objeto de ese significativo apoyo ciudadano”. La filtración a medios de la posible decisión del CNE provocó que, como reacción, el candidato presidencial Gustavo Petro sugiriera a sus partidarios la renuncia a la personería jurídica para evitar que se consuma el propósito de dispersar las fuerzas políticas que confluyen en el Pacto Histórico. Decisión que podría tener efectos simbólicos y, de hecho, porque en el aspecto jurídico le fue otorgada, y no aceptarla no depende de una decisión subjetiva. A la vez, se corre el riesgo de incurrir en sanciones a cargo del nada imparcial Consejo Electoral. Parece evidente que la organización electoral y el Gobierno actúan en el propósito de minar las aspiraciones de Gustavo Petro, el más seguro candidato de la coalición de izquierda. A las andanzas del registrador Vega y decisiones del Consejo Nacional Electoral las acompaña la suspensión de parte de la Ley de Garantías electorales por el Congreso, lo que –así jure por Dios santísimo que no– le permitirá al Ejecutivo direccionar cuantiosos recursos para orientar votación, aparte de los dineros sucios que siempre intervienen para imponer intereses mafiosos y trancar opciones distintas a las del establecimiento. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.