Por: Laura Cano Periodista - Pares Ante diversos hechos y desde distintos sectores se ha llamado la atención sobre la crítica situación de seguridad en el Cauca. No obstante, a pesar de dichas alertas, la situación no parece cambiar, y evidencia de ello son los recientes sucesos violentos que han tenido lugar en este departamento. Uno de estos hechos tuvo lugar en Cajibío, en donde fue encontrado el cuerpo de Rogelio López Figueroa, de 50 años de edad. El hombre habría sido asesinado de varios disparos y su cuerpo fue hallado a la orilla de la carretera, en la vereda El Picacho, zona rural del municipio. Según lo que se ha informado, López Figueroa hacía parte de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc) y del movimiento político Marcha Patriótica. Además formaba parte del Programa Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam). Adicionalmente, en horas de la mañana de este 27 de octubre, organizaciones sociales denunciaron que otro líder social había sido asesinado en el Cauca, más exactamente entre los sectores de La Balsa y Timba. Se trata del defensor de derechos humanos Noel Corcino Zúñiga, residente de la vereda Santa Rosa, quien habría sido interceptado por hombres armados que le propinaron varios impactos de bala. Se ha informado desde la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), que Corcino Zúñiga era coordinador de esta organización en Buenos Aires, Cauca. Hay que señalar que estas situaciones victimizantes se han vuelto una constante en el departamento. Según el Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES), en el Cauca se han presentado, durante este año, al menos, 10 asesinatos selectivos contra personas que ejercían liderazgos sociales y defensa de derechos humanos. De acuerdo al SIPARES, estos han sido los casos: 16 de enero: Fermiliano Meneses, concejal. Presunto responsable: ELN. Argelia, Cauca. 3 de febrero: Yordan Eduardo Güetio, líder social perteneciente a la Asociación de Trabajadores de Corinto. Presunto responsable: ‘Columna Dagoberto Ramos’. Corinto, Cauca. 20 de abril: Sandra Liliana Peña Chocué, lideresa indígena. Presuntos responsables: Farid Chamorro y Pedro Correa. Caldono, Cauca. 09 de junio: Oneida Yatacué, lideresa indígena. Responsables no identificados. Paéz, Cauca. 12 de julio: Yeisi Campo, lideresa de comunidades negras. Responsables no identificados. Morales, Cauca. 21 de agosto: Roiber Hernán Vargas, líder indígena. Responsables no identificados. Buenos Aires, Cauca. 23 de agosto: Esteban Mosquera, líder estudiantil. Se presume que los responsables de este asesinato habrían sido familiares del líder. Popayán, Cauca. 25 de agosto: Jesús Albeiro Gutiérrez, líder social. Responsables no identificados. Cajibio, Cauca. 02 de septiembre: Juan Daniel Quintero, líder campesino y comunitario. Responsables no identificados. Inzá, Cauca. 16 de septiembre: Jesús Alexander Chepe Ulcué, líder indígena. Responsables no identificados. Caldono, Cauca. Fuente: Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES). Adicionalmente, hay que recordar que, el pasado 19 de octubre, la COCCAM también denunció el asesinato de Luis Alfonso Narvaez, líder social y defensor de derechos humanos, además coordinador de la organización en el municipio de La Vega, Cauca. Sobre estos hechos, Harvey Moyan, investigador regional de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), señaló que, en el departamento, uno de los meses más violentos ha sido octubre. Además, precisó que “el Norte del Cauca es un escenario que se configura como un foco de violencia, y justamente en los últimos meses se han presentado retaliaciones por parte del Comando Coordinador de Occidente en contra de organizaciones sociales y campesinas. Además, la columna móvil ‘Dagoberto Ramos’ ha estado ejerciendo una fuerte persecución contra las comunidades indígenas” (Te podría interesar: “Por proteger el territorio, así son violentadas las mujeres caucanas”). De igual forma, Moyan expuso que lo ocurrido en los últimos días podría tener relación con “la situación del aumento de los cultivos de hoja de coca, que ha estado relacionada también con el aumento de la presencia de actores armados. En Cajibío hace presencia la columna móvil ‘Jaime Martínez’, que se adscribe al Comando Coordinador de Occidente, mientras que en Buenos Aires, también, hay una fuerte presencia de esta misma columna. Así, el ejercicio de control territorial se ha ido agudizando. El panorama es bastante complejo en el departamento del Cauca”.

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda. Siempre he dicho que soy de izquierda y que dejaré de serlo cuando se acabe la inequidad social. También he reconocido el valor de existencia de la derecha; y nunca he afirmado que no exista el centro. Por el contrario, al centro lo he visualizado como un medio formado por ciudadanos y ciudadanas provenientes de la izquierda o de la derecha. Con igual énfasis, he hablado acerca de cómo el centro está constituido, también, por personas que, estando en él –porque nacieron en ese limbo consciente–, un día deciden decidirse por uno u otro polo. De modo que, guardando la coherencia, como izquierdista, no tendría la opción de votar por alguien de centro que tienda hacia la derecha, excepto si dejan de existir la pobreza y la corrupción. En la lógica de las elementalidades, es algo consecuente con la realidad política que embarga al mundo entero: que la mentalidad de izquierda –no la ideología de izquierda– se resista a transigir con los proyectos políticos inequitativos. Ese es mi punto de partida para concederles mi voto, por ejemplo, a candidatos de esa franja inestable: que su mentalidad tenga como norte la ayuda a quienes más lo necesitan. Ya voté alguna vez por Mokus –que no ha sido ni es de izquierda– y no me defraudó. Bajo esos presupuestos, votaré a la Presidencia por Gustavo Petro, pese a su expresa intención de abandonar la izquierda para acomodarse en el centro, al menos mientras evade señalamientos de consecuencias electorales negativas; pero no dudo de que lo haga fundado en el convencimiento de que su programa y sus realizaciones seguirán siendo en favor de las poblaciones empobrecidas. Nada distinto ocurre con el analista político Ariel Ávila, que se atornilla en el centro. Y no ocurre nada distinto porque su historia, la conocida por mí, la que me he formado escuchándolo o leyéndolo en los medios de comunicación, tiene calcados los propósitos de la izquierda. De modo que mi voto será por esos dos candidatos, y creo que no me equivocaré como se equivocan, permanentemente, quienes se aferran más a la imagen y carisma de las personas candidatas, y no a sus programas o a los delineamientos de su ideología. Votar por Gustavo Petro parece una decisión tan elemental que ya se ha adoptado por buena parte del país con asombrosa celeridad y, en mi caso, lo haré, además, porque soy adepto al partido Colombia Humana y por su propuesta de cambios que, sin duda alguna, beneficiarán a la sociedad entera. No obstante, respecto a mi voto por Ariel Ávila al Senado, cuando apenas hasta la semana anterior fue subdirector de la Fundación Paz & Reconciliación, y no siendo él un político de sangre y nervios (como suelen serlo la mayoría de los candidatos), amerita una mínima explicación. Lo primero que debo decir es que con Ariel Ávila nunca me he topado. Lo he visto, sí, muchas veces, en la televisión, y he leído y seguido las investigaciones que realiza en sus espacios periodísticos. Desde que empezaba su carrera, visible al gran público, me llamó la atención que, siendo tan joven, tuviera la capacidad de organizar las ideas de interés político de una manera didáctica, tornándolas casi tangibles o fáciles de visualizar. Algo singular en un contexto de expresión periodística enredadora. Buena parte de las y los periodistas investigadores de entonces, cuando se trataba de hallazgos o noticias sobre actuaciones políticas perversas, las descartaban o se plegaban a los intereses del poder de turno. A quienes no lo hacían así, les asesinaban, exceptuando, por supuesto, a periodistas que por su propia suerte han salvado sus vidas, como Gonzalo Guillén o Daniel Coronel. Yo tuve la fortuna de ser amigo de los periodistas Julio Daniel Chaparro –de El Espectador– y de Orlando Sierra –subdirector del diario La Patria, en Manizales–, quienes fueron asesinados porque no levantaban cortinas de humo intentando ocultar las graves noticias de las que se habían enterado. Con tantos periodistas perseguidos, se opacaron las voluntades investigativas por temor a las persecuciones o a perder la vida. Tras un lapso de silencio obligado por los riesgos latentes, surgió de pronto la voz de Ariel Ávila, un politólogo informado, sagaz en sus investigaciones y valiente en un medio de miedo. Un medio donde, vestidos de políticos, los delincuentes derribaban los muros del civismo, fomentando una sociedad de insensibles, capaces de violar menores de edad, asesinar mujeres, o torturar y dar muerte a oponentes políticos. Ariel Ávila se atrevía a denunciar eso, y lo hacía con tanta claridad que no creerle resultaba difícil. Para entonces, su postura, segura pero desprovista de ínfulas de vanagloria, lo hacían un admirable comunicador y politólogo; ahora, con las ínfulas propias de quien se sabe seguido y admirado por miles de espectadores y lectores, es aún más agudo y más inteligente. Ariel Ávila, como bien lo recuerda en su video de lanzamiento al Congreso, ha mostrado a la sociedad colombiana del presente político quiénes son sus enemigos, quiénes les quieren eliminar y robar, y lo ha hecho con pruebas y hasta poniendo en riesgo su seguridad y su vida. De tal suerte, ni siquiera es necesario precisar si es de izquierda o de centro, y ni siquiera es de rigor conocer su programa político para el Senado, porque Ariel Ávila ha demostrado con su trabajo diario cuánto le ánima la paz, la sana convivencia y la existencia de políticos honestos. Ahora que está de moda la renovación, porque ya la sociedad ha advertido su urgente necesidad, el país electoral está al borde de dar el primer paso para el cambio del cual tanto pregonan Gustavo Petro, el Pacto Histórico y la Alianza Verde. Ariel Ávila, en su ejercicio de periodista y politólogo, ha contribuido mucho con ello. No es exagerado decir que él hace parte del cambio, o mejor, que es uno de sus pioneros. Igual, como está ocurriéndole a Gustavo Petro en su ronda de campaña presidencial, estoy seguro de que todo el país lo seguirá, porque sabe –descartando a quienes sacan partido del mal o prefieren ver la realidad tras las cortinas de humo– cuánto merece Ariel Ávila estar en el Senado y cuánto merece el país que a su Congreso lo integren, de verdad, personas honorables. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Nataly Triana Asistente de investigación - Línea Democracia y Gobernabilidad De acuerdo con fuentes de prensa, desde el 25 de octubre, en Norte de Santander, las personas migrantes irregulares mayores de 18 años pueden vacunarse en alguno de los cuatro puntos ubicados en los diferentes puentes internacionales: La Parada, el CENAF en el Puente Simón Bolívar, el puesto de salud Juan Frio y la entrada del Puente de la Unidad (Tienditas). Los requisitos para acceder al biológico son dos: ser mayor de edad y poseer un documento de identidad venezolano, sin importar si se encuentra vencido. Algunos medios señalan que es obligatorio censarse previamente en el formulario de vacunación virtual, sin embargo, recientemente las autoridades sanitarias informaron que este paso no era requerido. El proceso de vacunación para migrantes en el país tiene lugar a través de la Resolución 1225 del 2011, por medio de la cual se definieron las condiciones y la estructura de datos para el reporte de la información de las personas que habitan en el país y que no cuentan con un documento de identidad, expedido por el Estado colombiano, para identificarse. Es importante recordar que la vacunación de migrantes irregulares tuvo inicio el 8 de octubre en Bogotá, y se ha replicado en distintas ciudades del país. El proceso de vacunación de esta población migrante genera distintas oportunidades: en primer lugar, hace posible avanzar en las metas de cobertura e inmunización del país y, en especial, proteger a una población susceptible de contraer covid-19 tras la llegada de las variantes “Mu”, Gamma, B.1.162 y Lambda. Así mismo, en segundo lugar, permite a la institucionalidad colombiana conocer con mayor precisión la cantidad de personas migrantes con carácter pendular y permanente en el territorio colombiano, por lo menos las que son mayores de edad. El conocimiento de esta situación reitera la necesidad de la normalización de las relaciones diplomáticas con Venezuela, puesto que estos datos serían de gran relevancia para el vecino país en lo que se refiere a descongestionar el lento y caótico proceso de vacunación, que desconoce cuántas personas han migrado forzadamente. El acceso a estos datos podría dar un respiro al Gobierno de Nicolás Maduro y permitiría una mejor focalización de la asignación de citas. El intercambio de información crearía una de las primeras condiciones para el establecimiento de un cerco epidemiológico fronterizo. El inexistente plan de vacunación en Venezuela La vacunación de la población migrante venezolana en Colombia ha estado acompañada por la apertura de la frontera sin restricciones. Según fuentes de Pares, en el Puente Simón Bolívar, aparentemente, para salir del territorio venezolano, las autoridades del vecino país están exigiendo cédula y carnet de vacunación para el paso, mientras que por parte de Migración Colombia el proceso se reduce a la aplicación del pico y cédula. La apertura de la frontera es un avance para reducir el cruce en los pasos irregulares y, de esta manera, prevenir algunas violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario en las trochas. Sin embargo, dada la reciente apertura del paso entre los dos países, se desconoce la obligatoriedad del requisito del carnet de vacunación, puesto que este proceso en Venezuela ha contado con una serie de irregularidades que hemos señalado desde Pares. El Vacunómetro de Venezuela afirma que el 58,15% de la población se encuentra inmunizada por lo menos con una dosis, pero se desconocen cuántas corresponden al candidato vacunal Abdala, un prototipo de vacuna que aún no ha cumplido los requisitos científicos y éticos para ser considerado como tal. Esto sin mencionar que, en un principio, el proceso de vacunación estuvo determinado por el Sistema Patria: plataforma digital del Carnet de la Patria en la que las personas se encuentran “voluntariamente” inscritas para poder acceder a distintos beneficios (como el pago de servicios públicos), a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), al pago de salarios de funcionarios públicos y, ahora, a la vacunación. Para el 19 de octubre, el Vacunómetro registra que el estado del Táchira no ha actualizado sus cifras del proceso de vacunación. Por el momento, se conoce que de las 524.900 dosis distribuidas han sido aplicadas 372.006. Entre estas, se estima que 248.004 personas tienen una dosis y que 124.002 poseen el esquema completo. Debido a la inexistencia de un censo poblacional actualizado, se desconoce el porcentaje de población que ha cubierto esta serie de dosis. No obstante, en el caso en que la presentación del carnet de vacunación sea de carácter obligatorio, existe la probabilidad de que una parte de las personas migrantes, que no han podido acceder a este derecho, se vean en la forzosa obligación de cruzar las trochas y probar suerte en Colombia a través de los puestos de vacunación masivos en los puentes internacionales. Teniendo en cuenta las condiciones de seguridad del departamento fronterizo y los posibles enfrentamientos entre las distintas Estructuras Armadas Ilegales (EAI) en los cruces irregulares, especialmente tras la captura de ‘Otoniel’, quien era el máximo cabecilla del ‘Clan del Golfo’, es indispensable que las autoridades venezolanas evalúen el requisito del carnet de vacunación, puesto que pone en peligro la integridad de los connacionales (Te podría interesar: “Reapertura fronteriza: el rifirrafe diplomático y la captura de ‘Otoniel’”). No sería coherente establecer una apertura sin restricciones si el proceso de vacunación en Venezuela ha sido, en sí mismo, un método de control social para afiliar a las personas al oficialismo, en especial en los estados con protectores como en el caso del Táchira. A pesar de este hecho, el proceso de vacunación de población migrante y la apertura de la frontera son oportunidades para Colombia y Venezuela de restablecer las relaciones diplomáticas en función de la protección de los derechos de la población migrante.

Por: Laura Cano Periodista - Pares Desde 2019, el exsenador Álvaro Ashton llegó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de un alegato en el que, por ejemplo, la Fiscalía argumentaba que los delitos por los que se le implicaba no tenían relación con el conflicto armado, por lo que no era la JEP la llamada a conocer de esos hechos. No obstante, en julio de 2019, el Tribunal resolvió asumir competencia sobre el proceso con el argumento de que el caso Ashton sí tenía relación con el conflicto armado. Más puntualmente, entre los delitos por los que se investiga a Ashton se encuentra el de concierto para delinquir, pues presuntamente se habría aliado con paramilitares del ‘bloque Norte’. Según lo informado por Semana, esta investigación “comprende 40 cuadernos, con 38 testimonios, 11 inspecciones judiciales y 10 informes del CTI (dentro de estos el compendio de grabaciones recuperadas). En uno de esos documentos, 3 líderes paramilitares señalan expresamente a Ashton”. Asimismo, también se le implica a Ashton con el delito de cohecho, relacionado con la presunta entrega de coimas para frenar una investigación en su contra por parapolítica, hecho que se enmarcó en el llamado escándalo del ‘Cartel de la Toga’. Pues bien, luego de que su proceso fuera asumido por la JEP, el 26 de septiembre de 2019, se le concedió el beneficio de la libertad transitoria, condicionada y anticipada por unanimidad. Así las cosas, lo que se pretendía con la llegada de Ashton al tribunal era que aportara al esclarecimiento de varios hechos, entre los que se encontraba la llegada de su sobrino, Fabián Ashton, como empleado, al Hospital Materno Infantil de Soledad (Atlántico), una entidad estatal que habría estado cooptada por el ‘Frente José Pablo Díaz’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre los años 2004 y 2006. Adicionalmente, se esperaba que dijera cuál había sido su aporte en la aprobación en el Congreso de la Ley de Justicia y Paz, proceso que habría estado relacionado con extorsiones y amenazas de las AUC, organización armada que, al parecer, ejerció presión a cambio de no denunciar los nexos del exsenador con el grupo paramilitar. Además, para que la JEP lo aceptara, se había comprometido a explicar las dinámicas del fenómeno de la parapolítica en los municipios de Soledad, Malambo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Valencia, Ponedera, Campo de la Cruz, Suan, Santa Lucía, Candelaria, Repelón, Luruaco, Sabanalarga, Baranoa, Usiacurí, Polonuevo, Galapa y la ciudad de Barranquilla. A esto se sumaba que, también, había dicho que daría información sobre los encuentros que sostuvo con el comandante del frente ‘José Pablo Díaz’ de las AUC. Sin embargo, todas las puertas que se abrían para la posibilidad de esclarecer parte de los hechos que hicieron parte del conflicto armado en el Atlántico, y en los que Ashton había tenido participación, se fueron cerrando conforme corría el tiempo y los aportes del exsenador se mostraban precarios. Justamente, la falta de compromiso de Ashton llevaron a que, recientemente, la JEP considerara que los aportes del exsenador eran “insuficientes, vagos y sin fundamento, y no cumplieron con los presupuestos exigidos, tanto así que sus aceptaciones de responsabilidad y explicaciones suministradas a la JEP no superaron lo demostrado en su contra en la jurisdicción ordinaria, que es el umbral exigido en la justicia transicional”. Además, este tribunal estableció que “no se suministró información exhaustiva, clara, precisa y detallada y tampoco se recibió un aporte que contribuya al esclarecimiento de patrones de macrocriminalidad relacionados con la región del Atlántico o con el fenómeno de la cooptación de las entidades estatales por parte de las AUC como una forma de control territorial. Lo anterior, pese a las múltiples oportunidades que le fueron brindadas para aclarar y subsanar la información suministrada para superar tanto el umbral judicial de lo probado como los niveles de intensidad previstos cuando se le otorgaron beneficios". Estos argumentos llevaron a que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas decidiera revocar el sometimiento del excongresista Álvaro Antonio Ashton, quedando este caso en manos de la justicia ordinaria. Al mismo tiempo, la Sala revocó el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada que le había otorgado previamente. Así las cosas, de nuevo, Ashton enfrentará su proceso ante la justicia ordinaria, donde en 2017 ya había sido enviado a la cárcel La Picota a raíz de la investigación por parapolítica iniciada en 2012 en su contra, cuando varios testimonios lo señalaron de tener nexos con las AUC. Además, también se le había implicado de haber sido parte del ‘Plan Caribe’, liderado por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. Al respecto, es importante mencionar, como lo planteó Verdad Abierta, que el ‘Plan Caribe’ consistió en una alianza “en la en que el entonces (2008-2011) alcalde de Barranquilla, Guillermo Hoenisgberg, apoyaría a candidatos al Congreso que contaban con el respaldo de los paramilitares”. Esto se conoció luego de las versiones dadas ante la Corte Suprema de Justicia, en 2012, por el segundo jefe político de las Autodefensas en el Atlántico, Mario Marenco Egea, conocido con el alias de ‘El Gordo’, quien aseguró que ‘Jorge 40’, junto a otros paramilitares, e incluso después de su desmovilización, “idearon un plan para seguir teniendo cómplices en la clase política de la Costa Caribe en vista que se avecinaban las elecciones al Congreso de 2006”. Justamente, entre los congresistas que fueron mencionados por Marenco estaba Álvaro Ashton. Por otra parte, es importante recordar que, mientras estaba recluido en el centro penitenciario, en marzo de 2018, se denunció en La Fm que “El senador Álvaro Ashton, no solo sigue recibiendo su sueldo mensual pese a estar en la cárcel; los asesores que trabajan en su UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) también siguen devengando salario. Son 10 los trabajadores que tiene la oficina del parlamentario que ganan entre $2.344.000 y $6.250.000, los cuales se han venido cancelando por parte del Congreso desde el pasado 10 de diciembre, cuando el congresista fue capturado”. Con la decisión que ha tomado la JEP respecto a Ashton, se espera cuál será el futuro del exsenador en la justicia ordinaria, en donde ahora deberá seguir respondiendo por los delitos en los que se le ha implicado y, además, en donde se espera se sigan dando pasos contundentes para determinar sus responsabilidades tanto en el ‘Cartel de la Toga’, como las relacionadas a sus presuntas alianzas con grupos paramilitares.

Por: Redacción Pares Desde el momento en que se conoció la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, quien era el jefe de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o ‘Clan del Golfo’, empezaron a circular panfletos, a través de Whatsapp, en los que, aparentemente, el grupo armado anunciaba un paro armado en las regiones de Urabá, Córdoba, sur de Córdoba y el Bajo Cauca. Como ha sucedido en otras ocasiones en que las autoridades han asestado duros golpes a estructuras armadas, también se preveía el desarrollo de un ‘plan pistola’ en contra de integrantes del Ejército y la Policía Nacional (Te podría interesar: “El Clan del Golfo y sus posibles destinos”). El año pasado, precisamente en el Bajo Cauca, en dos ocasiones, ‘Los Caparros’, debido al asesinato de dos de sus comandantes, anunciaron y desarrollaron paros armados en la región. En días pasados, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) conoció un audio (que ha circulado a través de Whatsapp) en el que una persona, que presuntamente hablaría en nombre del ‘Clan del Golfo’, envía una advertencia a las “personas de bien” para que se cuiden, pues, según sus palabras, “la guerra que se viene es mucha” a raíz de la captura de ‘Otoniel’. Como respuesta a este golpe contra quien fuera la cabeza de esta estructura armada, la persona señala que habrá enfrentamientos y uso de artefactos explosivos en contra de la fuerza pública: “Con todo le vamos a dar a la ley”. Los recientes hechos victimizantes en contra de integrantes de la fuerza pública, en regiones en las que el ‘Clan del Golfo’ hace presencia, parecen evidenciar que esta operación armada ya ha empezado. El día de ayer se conoció que, en distintos hechos ocurridos en el departamento de Antioquia, y respecto a los que se presume que harían parte de retaliaciones por parte del ‘Clan del Golfo’, al menos 4 soldados resultaron asesinados. El primer suceso habría ocurrido en zona rural del municipio de Turbo, donde tres soldados perdieron la vida y otros tres resultaron heridos. Y en otras dos acciones violentas, que se habrían presentado en Ituango, un uniformado falleció y otro resultó herido. El día de hoy se ha producido un nuevo ataque contra la fuerza pública en el que se presume la autoría del ‘Clan del Golfo’: en el municipio de Planeta Rica, en Córdoba, entre las 10:30 y las 11:00 de la mañana, en cercanías a la estación de Bomberos, fue asesinado el patrullero Leyder Manjarrez Salas. Frente a este hecho, Pares ha conocido un audio en el que una persona que haría parte de la fuerza pública se dirige a otros integrantes de la Policía e informa sobre este atentado en el que Manjarrez Salas fue asesinado. En el mismo audio, la persona hace un llamado a que se activen los mecanismos de seguridad que sean necesarios para responder a este escenario de retaliaciones por parte del ‘Clan del Golfo’: “Todas las unidades deben entrar en una alerta máxima. Avísele al personal de apoyo, avísenle a los cuadrantes, reacciones, especialidades, todo mundo en alerta máxima. Nos acaban de activar un plan pistola”. A pesar del anuncio del presidente Iván Duque de que la captura de ‘Otoniel’ representaba el final del ‘Clan del Golfo’, estos hechos parecen poner en evidencia que la capacidad operacional de esta agrupación se mantiene y que, como señalamos previamente desde Pares, a pesar de lograr de capturas de alto valor, si no se desarrolla y plantea una solución estructural como una ley de sometimiento a la justicia, con un necesario esfuerzo en materia judicial, económica y política, no habrá un desmantelamiento del crimen organizado y, por lo tanto, el escenario de violencia que ha acentuado la captura de ‘Otoniel’ seguirá recrudeciéndose.

Por: Karina Castro Investigadora del Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA) - Perú El pasado lunes, 25 de octubre, se llevó a cabo la primera reunión nacional de defensoras y defensores del medio ambiente en Perú. En dicho encuentro, las personas que representaban diversos colectivos y organizaciones de la sociedad civil tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias en materia de defensa de derechos, así como de plantear sus demandas conjuntas para una adecuada implementación del Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos en el Perú. La reunión inició con un agradecimiento a la naturaleza por permitirles coincidir sus luchas en la capital del país, seguido de una conmemoración por aquellas personas defensoras que fueron asesinadas en este largo camino de protección de derechos que, en muchos casos, supera una década de valentía, coraje y perseverancia. Pese a proceder de diferentes territorios, lenguas y culturas, las personas que participaron en este espacio colectivo identificaron que su lucha común “es por la vida y la salud” y por “la protección de la casa común, la madre tierra”. El evento acogió a defensores y defensoras de diversas regiones de Perú marcadas por casos emblemáticos de resistencia y dignidad de las comunidades frente a vulneraciones de derechos, como el caso de la contaminación en Choropampa-Cajamarca, afectaciones por la minería legal en Amazonas y por contaminación de metales en Espinar (Cusco), o criminalizaciones por la lucha social del Valle de Tambo contra el proyecto Tía María en Arequipa. Además, participaron personas defensoras de las provincias de Chumbivilcas y Cotabambas frente a la mina Las Bambas, entre otras. Con la consciencia de que hacen parte de la primera línea de defensa de la naturaleza ante el constante avance de las economías ilegales y las amenazas ambientales ocasionadas por las grandes empresas extractivistas, el día de ayer, 26 de octubre, las y los defensores levantaron su voz ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con la finalidad de que articule, de manera efectiva, la implementación el Mecanismo intersectorial de protección a personas defensoras de derechos humanos. Plantean, conjuntamente, la sensibilización del Ministerio Público respecto a la situación de criminalización que muchas personas enfrentan debido al ejercicio legítimo de sus actividades. Asimismo, le han solicitado al Congreso de la República que interceda en la fiscalización de las instituciones a este respecto, además de pedir que se incremente el presupuesto estatal para la protección de personas defensoras en el país. En el marco de este evento, las y los defensores alzan sus voces de manera colectiva haciendo un llamado al Estado, a la sociedad civil y al mundo para que más personas se sumen a la defensa del ambiente, el territorio y los derechos colectivos.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Colombia es un laboratorio para el mundo, en el sentido de que permanentemente se encuentra realizando experimentos sociales con el objetivo de transformar la realidad política y económica de su población. Un ejemplo claro lo constituye la actual implementación del Acuerdo de Paz, con la cual se viene intentando, con programas y proyectos, atender las causas estructurales del conflicto y construir una paz estable y duradera. Sin embargo, también, el país se ha convertido en un verdadero laboratorio del crimen organizado. En su territorio hacen presencia y se desenvuelven varias de las organizaciones criminales más importantes del mundo. Aquí, diversos actores producen drogas, trafican con personas y venden toda clase de bienes y servicios ilegales: desde el comercio de fauna silvestre hasta la pornografía y prostitución infantil. De allí que la noticia sobre la captura de Dairo Antonio Úsuga David, conocido como alias ‘Otoniel’, recoja tantas miradas. En especial, porque, según el Nobel de la Paz colombiano, este personaje era la cabeza visible de la organización criminal más grande, peligrosa y mejor estructurada del país. El ‘Clan del Golfo’ es un Grupo Armado Organizado (GAO) con más de 3.500 integrantes y con presencia regional, nacional e internacional. Este GAO es responsable de exportar, anualmente, cientos de toneladas de coca al mundo, de ejercer presión armada sobre miles de personas campesinas para que siembren coca y se las vendan a esta estructura armada, y del reclutamiento forzado de decenas de menores de edad. Pero, sobre todo, es el gran ejecutor del asesinato y desplazamiento forzado de miles de personas en los territorios donde tienen presencia. De allí la importancia de la captura de su cabecilla, la cual obedece a una estrategia estatal de golpear, de forma sistemática, a objetivos de alto valor al crimen organizado. Una acción que ha generado un conjunto de preguntas sobre lo que pasará con esta organización criminal en los próximos meses. Para dar una respuesta a este interrogante, propongo analizar, por lo menos, tres aspectos: primero, la estructura organizacional de la agrupación criminal; segundo, el relacionamiento que tiene con el entorno legal e ilegal; y tercero, la naturaleza de las actividades que realiza. En cuanto a su estructura, se sabe que el ‘Clan del Golfo’ es un grupo criminal, organizado de forma jerárquica o piramidal, compuesto por una cúpula visible, cuya principal cabeza era alias ‘Otoniel’. Además, que cuenta con una base armada cercana a las 22 estructuras que hacen presencia en 211 municipios de Colombia –es decir, el 20% del país–, teniendo como principales lugares de operación los departamentos de Antioquia –con 52 municipios–, Bolívar y Córdoba –con 23 municipios cada uno– y Chocó –con 21 municipios–. Como organización criminal, ha adoptado una estrategia de sobrevivencia que consiste en reemplazar a sus miembros cuando son capturados o neutralizados –como dice la fuerza pública–. Lógica que se da tanto para los que conforman su cúpula como para quienes hacen parte de la base. Así ocurrió antes de la llegada de alias ‘Otoniel’, cuando perdieron a cinco de sus mandos de primera línea; y así pasará luego de que, cualquiera de los alias que lleguen al mando –‘Chiquito Malo’, ‘Siopas’, ‘Gonzalito’ o ‘Rodrigo Flechas’– tenga que retirarse por el mismo motivo. Algo similar le ocurrió con los múltiples miembros que componen su cuerpo armado. En menos de una década, los cerca de 3.000 integrantes que han sido capturados también han sido rápidamente reemplazados. En conclusión, el análisis de su estructura nos dice que el organismo criminal del ‘Clan del Golfo’ se recuperará de la pérdida de su cabeza, en los próximos meses se presentará una sucesión interna en el poder, su cuerpo criminal sanará las heridas y se recuperará. Sobre el relacionamiento con el entorno legal e ilegal, se sabe que el ‘Clan del Golfo’ ha logrado configurar, en el país, un ecosistema criminal que lo protege y con el que trabaja colaborativamente. Durante la última década, se ha creado una gobernanza ilegal donde confluyen actores diversos y recursos en espacios y tiempos diferentes. Como GAO, ha logrado construir lazos de confianza con otros actores ilegales, lo que le ha facilitado continuidad y ampliación de recursos para el fortalecimiento de su estructura criminal. De esta manera, el ‘Clan del Golfo’ ha logrado configurar en muchos departamentos un trabajo en red, donde se articula e interconecta con otros actores criminales, respetando jerarquías y poderes, y aprovechando su ventaja competitiva, que depende del actor y el territorio. Así, en unos lugares se comporta como proveedor de seguridad, en otros ofrece base de coca o insumos y, finalmente, en otros opera como aliado estratégico en el crimen organizado trasnacional. Esta forma de conducta le ha permitido al ‘Clan del Golfo’ adquirir ventajas que lo hacen un nodo fundamental en la red del crimen regional, nacional e internacional. Una forma de actuación que le permite, en unos casos, ser muy importante en el negocio del narcotráfico o un versátil operador logístico en el ofrecimiento de servicios, y, en otros, comportarse como una organización ilegal que conecta a los colombianos con el extranjero. Circunstancias y condiciones que le auguran una gran vida dentro del ecosistema del crimen en Colombia. Finalmente, en cuanto a la naturaleza de las actividades que realiza, este GAO desarrolla muchas actividades lucrativas criminales. Se comporta como una empresa que busca, en todo momento, la obtención de ganancias económicas por medio de todas sus variadas actividades. Es una organización que está dispuesta a atender las demandas públicas de bienes y servicios ilegales, como la venta de drogas, el contrabando o la seguridad, y que usa el recurso de la violencia como instrumento para obtener el control de los variados mercados legales. Este objetivo, esencialmente económico, le ha permitido ampliar sus negocios ilegales y atender las demandas que se le hacen dependiendo del tiempo y lugar. En las ciudades intermedias, por ejemplo, se dedica a la extorsión de comerciantes y empresarios, y en otras a ejercer el negocio del narcotráfico. Este fin lucrativo y el océano de oportunidades que ofrece la economía ilegal le permite al ‘Clan del Golfo’ permanencia organizacional. Sus huevitos están puestos en diversos lugares; de allí que la captura de su cabecilla represente tan solo un cambio en la gerencia, pero su cuerpo ha quedado intacto y, por tanto, sus negocios no sufrirán mayores percances. En breve, estamos ante una organización criminal que busca continuidad, independientemente de la permanencia o el cambio de sus integrantes. Una organización que movida por la lógica de la racionalidad económica, que dirigirá sus tentáculos en los negocios que mayores utilidades le genere, y que utilizará la violencia como herramienta para conseguir sus fines. Forma de actuación que le permitirá sobrevivir y crecer, aunque se capture o neutralice a algunos de sus miembros. A pesar de esta crítica situación, desde la literatura y la experiencia internacional de lucha contra el crimen organizado, se han identificado estrategias que, bien implementadas, pueden servir para la disolución de estos grupos armados. El objetivo en una próxima columna de opinión será señalar algunas estrategias de lucha contra este tipo de organizaciones criminales, que apunten precisamente a desestabilizar su estructura interna, debilitar el relacionamiento externo y minar los incentivos económicos que las hacen pervivir a pesar de los duros golpes que reciben. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Juan Camilo Rodríguez Investigador Línea Conflicto, Paz y Posconflicto La Casa Blanca entregó detalles sobre la nueva estrategia antinarcóticos que involucra a los Gobiernos de Estados Unidos y Colombia en la lucha contra la oferta y demanda de drogas ilícitas. En esta, se plantearon algunos aspectos que se apartan de los pilares establecidos por la administración Trump. La Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) estadounidense planteó la necesidad de implementar una estrategia holística que aborde las razones por las que las comunidades rurales, en Colombia, ven la necesidad de cultivar hoja de coca. Para ello, en el caso del país, planteó nuevas medidas de éxito relacionadas con el aumento de servicios estatales, presencia institucional, ingresos para productores lícitos y erradicación de coca. Todo esto, según plantean, partiendo de monitorear y contrarrestar crímenes ambientales que tienen un impacto negativo en los ecosistemas colombianos y en la región amazónica. En ese sentido, se establecieron tres pilares para la estrategia antinarcóticos Estados Unidos – Colombia: El primero de ellos es más de lo mismo: reducción en la producción y suministro de drogas. Este esfuerzo “renovado” vincula la erradicación forzada, la destrucción de laboratorios, la incautación de sustancias ilícitas, la reducción en la demanda de drogas, esfuerzos contra el lavado de dinero y la judicialización de narcotraficantes. Queda claro en este punto que, a pesar de que se plantea tener en cuenta los impactos ambientales, no hay una apuesta distinta a la continuación de la erradicación forzada y, más grave aún, no hay un rechazo a la posibilidad de que vuelva la aspersión aérea con glifosato. Llama también la atención que, mientras el Gobierno gringo ahonda en expandir políticas públicas para consumidores en su territorio (tales como la mitigación del daño, la prevención basada en evidencia, el tratamiento y los servicios de apoyo para la recuperación), en Colombia el primer pilar de la estrategia sigue siendo la mano dura, que al final aumenta las brechas de desigualdad entre el campo y la ciudad, victimiza a comunidades enteras y, para colmo, es ineficaz en el largo plazo en lo que se refiere a solucionar el problema de las drogas. Cabe recordar que, a diferencia de lo afirmado por Naciones Unidas y el Gobierno Duque, la Casa Blanca concluyó que la cantidad de hectáreas con hoja de coca aumentó un 15% para 2020, llegando a 245.000 hectáreas. En contraste, Estados Unidos coincidió con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en que el potencial de producción de cocaína aumentó un 10%. Ya sea por el aumento del número de hectáreas o por el crecimiento en la producción, lo cierto es que las medidas tomadas no han conseguido reducir la cantidad de coca que se produce en territorio colombiano. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, por sus siglas en inglés). De esta gráfica se extrae que la estrategia mencionada no reduce, a largo plazo, ni la cantidad de hectáreas con cultivos de hoja de coca ni el potencial de producción que aumenta por la aparición de nuevas cepas de la planta. Siendo así, el Gobierno Biden acierta en establecer los pilares dos y tres para la estrategia antinarcóticos, que se diferencian de lo establecido por su antecesor. El segundo es el pilar denominado desarrollo y seguridad rural integral. En este se plantea consolidar el progreso rural mediante la implementación integral del Acuerdo de Paz y el robustecimiento de la inversión para el desarrollo rural, la seguridad ciudadana y el acceso a justicia. En este pilar se incluye la protección de líderes y lideresas comunitarias, la reducción de la dependencia de la coca para familias campesinas, la formalización de tierras y el cambio en las medidas de éxito para este componente. Es claro que el Gobierno Biden reconoce la importancia de profundizar en la implementación de los puntos del Acuerdo para la terminación del conflicto, pero esto también requiere considerar las capacidades diferenciales que tiene el Estado colombiano para ejecutar proyectos en las regiones del país, así como contemplar la poca voluntad política y los intereses ocultos en temas tan esquivos como la Reforma Rural Integral. Por último, el tercer pilar es el de protección ambiental (quizás el más alejado de la administración Trump). A través de este se propone asistir al Gobierno colombiano en sus esfuerzos por monitorear y contrarrestar los impactos y crímenes ambientales derivados del narcotráfico. Según el comunicado, esto se lograría a través de intervenciones adicionales para restaurar las selvas tropicales, eliminar los campos de cultivos de coca y los paraísos para los laboratorios de cocaína, fortalecer el Estado para evitar territorios-santuario para los grupos armados ilegales y generar oportunidades para avanzar en los objetivos de cambio climático en la región amazónica. Llama la atención que se plantee la protección ambiental de esta forma. En primer lugar, porque, por supuesto, los cultivos de hoja de coca son monocultivos que profundizan la deforestación y afectan la biodiversidad, pero su eliminación tiene que ser consecuente con reducir el problema y no aumentarlo, como ocurre con la erradicación forzada manual —que incita a los cultivadores a cortar más selva— o con la aérea —que genera daños a la salud humana y contribuye a la contaminación de cuerpos hídricos. En segundo lugar, porque no hay una relación muy clara entre la protección ambiental y la destrucción de laboratorios de cocaína o, incluso, entre la eliminación de territorios-santuario y la protección ambiental. Esta idea ignora la complejidad de la relación entre conflicto y medio ambiente, pues, por ejemplo, hay evidencia de que, en algunos casos, las extintas FARC-EP prohibieron la deforestación de las selvas en tanto les servían de refugio ante el despliegue militar. Lo anterior trajo, como efecto colateral, la conservación de muchos ecosistemas ahora amenazados. Hay muchos factores que deben ser resueltos en este pilar para que efectivamente se mitiguen los impactos del narcotráfico —y del conflicto armado y del posconflicto— en los ecosistemas colombianos, que, entre otras cosas, abarcan una mayor extensión que la región amazónica. En conclusión, lo nuevo en la última estrategia gringa contra la coca es más de lo mismo: tratar los problemas de manera holística y humana en el Norte Global, e implementar soluciones descontextualizadas en el Sur. Soluciones que ignoran la realidad de las comunidades más vulnerables —el eslabón más débil en la cadena del narcotráfico— y la complejidad del problema, por lo que terminan siendo inefectivas y profundizan la brecha de desigualdad en los campos colombianos.

Por: Daniela Garzón (investigadora nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad) y Laura Cano (periodista) El registrador Alexander Vega levantó la polvareda la semana pasada, cuando en una visita al municipio de Soacha, para inaugurar una nueva registraduría auxiliar, le preguntó desafiantemente al DANE en dónde están cinco millones de colombianos, pues, de acuerdo a sus aseveraciones, solo hay cincuenta millones de personas censadas y 55 millones tienen registro civil. Aunque el registrador reconoció que hace falta una depuración en el censo electoral y que, en efecto, aún hay personas muertas que se encuentran inscritas como votantes; y a pesar de que se organizó una una mesa técnica, coordinada por el DANE y por la Registraduría, para la depuración del Censo Electoral, el debate siguió debido a otras declaraciones que ha realizado el registrador Vega, en las que ha afirmado que los partidos y movimientos políticos que tengan dudas sobre las garantías electorales deberían abstenerse de participar. Ambos episodios muestran que el registrador aún no ha entendido que su papel, al frente de una entidad de la que dependen la identificación de los colombianos y las colombianas, el desarrollo de garantías electorales y que las personas puedan ejercer su derecho al voto de la forma más igualitaria posible, no es polemizar, y menos con otras instituciones como la autoridad estadística. La Registraduría cumple un papel esencial como árbitro de los procesos democráticos, y cualquier declaración emitida desde esta institución que pueda influir políticamente en las elecciones es inconveniente. Sin embargo, desde el nombramiento de Vega se sabía que su mundo estaba muy cerca del de los políticos. Primero, porque antes de ser registrador fue magistrado del Consejo Nacional Electoral por el Partido de la U. Segundo, como revela La Silla Vacía, porque varios de los cargos dentro de su trayectoria profesional fueron trabajando de la mano de alcaldes, secretarios de Gobierno o de un polémico exmagistrado, Rodrigo Escobar Gil, condenado en 2018 por el escándalo de Fidupetrol. El hecho de que el registrador se encuentre tan cerca de algunos partidos políticos, como el Partido de la U, es un problema porque su figura no garantiza imparcialidad y levanta suspicacias que solo contribuyen a aumentar la ya muy grande desconfianza de la ciudadanía respecto a los procesos electorales que se avecinan. La intención de ganar pulsos políticos por parte de Vega quedó demostrada con una denuncia que recibió Pares recientemente, en la que algunos funcionarios de la Registraduría se quejaron de que les invitaron a participar en una encuesta sobre la discusión entre Vega y el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, cuando nada de eso está dentro de sus funciones. La indebida injerencia en asuntos políticos del registrador no son el único aspecto criticable de su gestión. Y es que hay que recordar que su paso por la Registraduría ha tenido varios cuestionamientos. Por ejemplo, poco después de que llegara a ocupar su puesto como registrador, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ya advertía sobre el negocio que se venía con la reforma electoral, pues con la llegada de Alexander Vega al organismo se habían despedido a más de 1.500 funcionarios de la Registraduría, nombrando en algunos de dichos cargos a fichas de los clanes políticos, contratistas de antaño de la Registraduría y hasta a sobrinos de magistrados del Consejo de Estado. Sumado a esto, más recientemente, y ad portas a las próximas elecciones al Congreso de la República y a la Presidencia, se denunció una presunta irregularidad en el proceso de contratación de la empresa encargada de la organización tecnológica de las elecciones. Según lo denunciado por la W Radio, “varias empresas de renombre en el país enviaron una carta a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, en la que exigieron la suspensión del proceso de organización tecnológica de las elecciones. Según ellos, está hecho a la medida de la empresa que se ha quedado con todos los contratos de la Registraduría desde 2009: Thomas Greg And Sons”. Esta afirmación estaba sustentada en que, de acuerdo a lo informado, la Registraduría pedía, para este proceso de contratación, un software especial, el cual solo lo tenía Thomas Greg & Sons. Además, entre la experiencia requerida, se exigía que las empresas hayan participado en elecciones anteriores, lo cual también sería un requisito que solo cumplía esta misma empresa (Te podría interesar: “Thomas Greg & Sons: un viejo conocido en las jugadas electorales”). Adicionalmente, como lo indicó el medio de comunicación, “el tiempo que les dio la Registraduría es extremadamente corto para al menos intentar obtener o crear un software similar con el que puedan participar”. Justamente, el día de hoy, 26 de octubre, la Registraduría Nacional abrió el proceso con el cual se adquirirá el software propio de la entidad para el escrutinio. En medio de este acto fue que el registrador Vega pronunció las palabras que, de nuevo, lo ponen en la lupa de la opinión pública: “el que no sienta garantías, o cree que le van a hacer fraude, no debería presentarse. Las garantías están dadas”. Sus palabras han propiciado, incluso, que desde ciertos sectores se le pida su renuncia.

Por: Camilo Díaz (investigador nacional) y Nataly Triana (asistente de investigación) Línea Democracia y Gobernabilidad - Pares El anuncio de la reapertura bilateral de la frontera, desde el pasado 5 de octubre, entre los Estados de Colombia y Venezuela, aún no se ha traducido en una apuesta real y concreta que permita la protección efectiva de los derechos de las poblaciones migrantes de forma permanente. De acuerdo con fuentes de prensa, en el puente Simón Bolívar se había mantenido el paso humanitario de estudiantes, personas en condición de discapacidad y en condiciones críticas de salud hasta el día de ayer, 25 de octubre. En esta fecha se levantaron las restricciones y se dio inicio a la implementación del plan piloto peatonal en este puente, lo cual condujo, finalmente, al tránsito de personas por la estructura binacional sin ninguna restricción. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos Gobiernos se hace más apremiante debido a, por un lado, los riesgos de seguridad presentes en los pasos irregulares tras la captura de ‘Otoniel’, máximo cabecilla del ‘Clan del Golfo’, y, por otro lado, a la llegada del fenómeno de La Niña a Sudamérica. Sin embargo, el escenario diplomático y humanitario no es claro tras la negatividad del Estado colombiano de restablecer las relaciones con Caracas. En las semanas pasadas, cuando la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) aún no había recibido órdenes para permitir el ingreso y salida de todos los connacionales, se puso en riesgo la vida de los y las migrantes, quienes, a pesar de la creciente de los ríos y la inundación de las trochas por el fenómeno de La Niña, debieron cruzar por estos pasos irregulares. Debido a este fenómeno climático, la susceptibilidad de contagio por covid-19 o por otras enfermedades de carácter respiratorio podría ser crítica, teniendo en cuenta que el enfriamiento de la temperatura puede conducir a un crecimiento de este tipo de patologías. El 11 de octubre, debido a la creciente de los ríos y a la imposibilidad del paso por las trochas (circunstancia causada por el fenómeno de La Niña), se conoció que la GNB fue forzada a permitir la movilidad de las personas migrantes más allá del paso humanitario. Luego, el pasado 25 de octubre, se dio el retiro de los contenedores en el Puente de la Unión, es decir, el corredor que une Puerto Santander con García de Hevia. Para el 26 de octubre, se anunció que la mesa técnica de la Gobernación de Norte de Santander, la Cámara Colombo Venezolana, Fitac y Colfecar tienen todo listo para la apertura económica, la cual iniciará con una exportación de papel higiénico. Sin embargo, frente a esto, se desconocen los acuerdos y las medidas para desincentivar el contrabando. Diplomacia entre órganos legislativos A pesar del anuncio del desbloqueo de la frontera, esto no ha significado una propuesta efectiva que conduzca a la protección real de los derechos de las poblaciones migrantes. Esta incapacidad se hace evidente, entre otras cosas, en la desconexión entre el Gobierno regional y el Gobierno nacional, que no asistió a la mesa de trabajo convocada en Cúcuta para abordar el tema de la reapertura comercial de la frontera colombo-venezolana. La realidad que se configura a partir de esta situación llevó al Congreso de la República, en cabeza de los senadores Yezid García y Jorge Guevara, a proponer, en la plenaria del Presupuesto General de la Nación, la composición de una comisión bilateral con la Asamblea Nacional de Venezuela para trabajar, de manera conjunta, en la normalización de las relaciones diplomáticas y comerciales. Tras la aprobación de esta iniciativa, Juan Diego Gómez Jiménez, presidente del Senado, radicó la propuesta en la Asamblea Nacional de Venezuela. Por su parte, Jorge Rodríguez, presidente de este organismo parlamentario, afirmó estar en completa disposición para la creación de la comisión, y sometió el tema a debate en la Asamblea. En una carta enviada en respuesta a la presentada por Gómez Jiménez, Rodríguez comunicó la aceptación de la propuesta y expresó su voluntad para acordar tiempos. Incluso, la iniciativa fue vista con buenos ojos por parte de Nicolás Maduro. Frente a la apertura de esta posibilidad de trabajo conjunto,senadores del Centro Democrático afirmaron que la manera en que se llevó a cabo la votación (en la que se votaron cinco proposiciones en bloque) llevó a que ellos no presentaran ninguna objeción o voto negativo. En la transmisión de la plenaria se pudo ver cómo el secretario del Senado, Gregorio Eljach, daba lectura a la proposición y no se presentó ninguna manifestación negativa, siendo votada por unanimidad Por esta razón, varios senadores y senadoras del Centro Democrático se retractaron de su voto a favor de la iniciativa y, como bancada, sostuvieron su posición en apoyo al presidente de Iván Duque, quien, como jefe de Estado, es quien lidera las relaciones internacionales de Colombia. Efectivamente, siguiendo las funciones constitucionales consagradas por el artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, corresponde al presidente de la República dirigir las relaciones internacionales del país. Sin embargo, este tipo de iniciativas o proposiciones no comprometen al Gobierno nacional. Sin que deje de tener un valor político, es posible la existencia de una ”paradiplomacia” o “diplomacia paralela” no institucionalizada, por parte de las secretarías de relaciones exteriores o los ministerios de asuntos internacionales (en este caso por el Ministerio de Relaciones Exteriores), para favorecer el restablecimiento de las relaciones con Venezuela y que sean gestionadas, posteriormente, por el Gobierno nacional. Inclusive, en Colombia se han dado procesos de “parlodiplomacia” (una de las formas de la diplomacia paralela) en los que se han desarrollado relaciones interparlamentarias. En ese mismo orden de ideas, el senador Yezid García sostuvo que “esta propuesta en nada pretende ocupar el rol que corresponde al presidente de la República y mucho menos ejercer sus obligaciones, lo que sí pretende es cumplir el deber de traer soluciones a la mesa, pues la paciencia de los pueblos fronterizos hace mucho se agotó”. De todas formas, la aprobación de la proposición causó revuelo porque Iván Duque no reconoce al Gobierno de Nicolás Maduro y, de hecho, tras conocerse la aprobación de la proposición, sostuvo que seguirá sin reconocerlo. De igual forma, la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez consideró ‘inaceptable’ que el Senado reconociera una entidad sin reconocimiento a nivel nacional. Por lo pronto, el Gobierno nacional procura reducir las relaciones diplomáticas con Venezuela a los vínculos con un gobierno interino que no tiene poder real sobre el manejo fronterizo y, en especial, que tiene una vigencia próxima a vencer. Municipios fronterizos y el ‘Clan del Golfo’ Mientras el Gobierno colombiano se niega a restablecer las relaciones con Venezuela y se regocija del supuesto fin del ‘Clan del Golfo’, las poblaciones migrantes y habitantes de los municipios fronterizos se encuentran en un alto riesgo de ser víctimas de violencia debido a las retaliaciones del ‘Clan del Golfo’ tras la captura de ‘Otoniel’, y a la ventana de oportunidad que esta circunstancia genera para otras Estructuras Armadas Ilegales (EAI) de cooptar y disputar los escenarios donde este grupo hace presencia. La relevancia de ‘Otoniel’ y el ‘Clan del Golfo’ en Norte de Santander tiene que ver, precisamente, con el control territorial de los cruces irregulares para el tráfico de cocaína de Colombia hacia Venezuela. De acuerdo con las fuentes de Pares en Puerto Santander, el ‘Clan del Golfo’, en este territorio, previo a la captura de Otoniel, se ha dedicado a realizar toques de queda y ejercicios de “limpieza social”. Ante este panorama, la necesidad del restablecimiento de las relaciones diplomáticas es más que obligatoria en función de la protección de las poblaciones que se pueden ver afectadas, no solo por los efectos del fenómeno de La Niña, sino por los posibles aumentos de violencia en los territorios donde estas transitan y/o habitan. Mientras el Gobierno nacional se abstiene de normalizar las relaciones bilaterales, las distintas EAI se organizan en la región fronteriza para aprovechar los posibles vacíos de poder que pueda dejar el ‘Clan del Golfo’.

Por: Laura Cano Periodista - Pares Durante el más reciente fin de semana, fue alertado que en dos zonas del Valle del Cauca se habían cometido dos masacres en las que seis personas fueron asesinadas. Una de estas masacres ocurrió el sábado, 23 de octubre, en una vivienda ubicada en el barrio Santa Bárbara, del municipio de Buga. Las víctimas de este hecho fueron identificadas como Hernán David Orozco Narváez, Jhon Jefferson Salazar y Mabelin Serna Castro, de 11 años. En el lugar de los hechos habrían llegado hombres armados, quienes dispararon indiscriminadamente contra los dos hombres y, en medio de esto, uno de impactos de arma de fuego dio con la menor, quien fue trasladada al hospital San José, pero allí falleció. Hay que recordar que el 12 de agosto de este año, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 019-21, en la que se ponía sobre la mesa la situación de riesgo en este municipio del Valle del Cauca a raíz de la presencia de la facción disidente de las FARC denominada ‘Compañía Adán Izquierdo’, y por el accionar violento de grupos de crimen y delincuencia organizada, además de milicias urbanas. En dicha alerta temprana, desde la Defensoría se precisa que “Particularmente, la configuración del escenario de riesgo está dado por la presencia intermitente de grupos armados ilegales, específicamente la Facción Disidente de las antiguas FARC-EP, autodenominada ‘Compañía Adán Izquierdo’, que viene operando en zona rural de los municipios de Guadalajara de Buga, Palmira y El Cerrito, con la finalidad de controlar los municipios del Valle del Cauca asentados sobre la cordillera central y así garantizar el tránsito y la conexión con los departamentos del Cauca, Tolima y Quindío. En este propósito, la Compañía Adán Izquierdo se encuentra articulándose con la también Facción Disidente conocida como ‘Columna Móvil Dagoberto Ramos’ en el Cauca y en correspondencia con las acciones previstas por el Comando Coordinador de Occidente”. Además de estos actores armados, en el documento de la Defensoría se señala que “en las zonas urbanas de Guadalajara de Buga, el contexto de amenaza se sirve del accionar violento de grupos de crimen organizado y de delincuencia común dedicados a actividades del narcotráfico, así como de milicias urbanas que tienen operación en la zona urbana y suburbana del municipio y las amenazas de grupos posdesmovilización de las AUC a líderes, lideresas y procesos de exigibilidad de derechos colectivos en el municipio, en cabeza de organizaciones sociales de víctimas, mesa de víctimas y reclamantes de tierras entre otros”. Asimismo, desde la Defensoría se estableció que, además de la ‘Compañía Adán Izquierdo’, también se evidencia en la región el posible accionar del ELN, así como de las AGC; este último grupo, al parecer, no tiene como tal presencia en Buga, pero es un grupo generador de amenaza. Además, estarían los grupos de crimen organizado y de delincuencia común: ‘Metástasis’, ‘Los monos’, ‘Los gatos’ y ‘Trópico’. Por otra parte, hay que traer a colación que, según el medio 90 Minutos, ya son 67 muertes violentas las que se han presentado en Buga en lo corrido del año, mencionando que ​​este municipio cuenta con una población de 128.945 Habitantes (2020), acorde a lo señalado por el DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda. Masacre en el barrio Alfonso López en Cali A este hecho se sumó el ocurrido el domingo, 24 de octubre, en el barrio Alfonso López, ubicado en el nororiente de Cali. En esta zona de la capital del Valle del Cauca se encontraban departiendo varios jóvenes en la zona conocida como ‘El Jarillón’, cuando sujetos armados que se movilizaban en tres motocicletas, habrían disparado en diferentes ocasiones, causando la muerte a tres jóvenes. Sobre el caso, el medio 90 Minutos puntualizó que: “El panorama de la violencia en Cali, no da señales de apaciguamiento. Según cifras de la secretaría de Seguridad de la ciudad, hasta el sábado 23 de octubre, la capital del Valle del Cauca reportó 1.030 homicidios en el transcurso de 2021, un aumento en promedio del 17 % en comparación con 2020 (881) y del 15 % en comparación con 2019 (898)”. Hay que anotar que, frente a los hechos, desde la institucionalidad se hicieron dos anuncios: por una parte, se aseveró que “Hay un conflicto por las plazas de vicio. Hay una banda que se llama Los Pandas que ha estado haciendo presencia, con una banda que se llama Los Morrongos, que llegan y disparan desde las motos”, manifestó el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Javier Soler Parra. Por su parte, la Policía Metropolitana de Cali anunció que daría una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que dé pistas sobre los responsables de este hecho. Por su posible relación con esta acción armada, se capturó a un menor de 13 años que estaría en proceso de restablecimiento de sus derechos a través de ICBF. Masacre en la vereda La Esperanza, en Nariño Este lunes, 25 de octubre, luego de este fin de semana en el que en el Valle del Cauca fueron cometidas dos masacres, se conoció que habría sido perpetrado otro crimen de estos en la vereda La Esperanza, en el municipio de Cumbitara, en Nariño, donde cinco jóvenes fueron asesinados. Los hechos, según lo registró El Universal, se habrían presentado en horas de la tarde “cuando, al parecer, estas personas se desplazaban en un carro tipo campero. Se presume que fueron abordados por otros sujetos que se trasladaban en motos, los cuales hicieron descender a los ocupantes del carro, a quienes se intuye les dispararon. (...) Nadie en la región ha brindado información certera por el temor a represalias. Es de anotar que, llegar a la zona es muy complicado por la topografía y el riesgo que corren si es una persona desconocida”. Adicionalmente, también se informó que los jóvenes habrían sido lanzados a un precipicio, y fueron los habitantes quienes recogieron los cuerpos, que posteriormente fueron llevados a la morgue en el Centro Hospital de Cumbitara. El panorama general Según el seguimiento que ha hecho la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), con los tres hechos que han ocurrido recientemente, en lo que va del año, en el país se han presentado un total de 75 masacres en las que han sido asesinadas 273 personas. Además, y en relación con lo ocurrido recientemente, el Valle del Cauca es una de las zonas con mayor ocurrencia de estos casos, con un total de 10. Asimismo, con estos altos índices, también se encuentran Cauca y Antioquia, donde se han cometido 13 y 12 masacres, respectivamente. Asimismo, hay que señalar que enero (con 8 masacres), febrero (9), abril (9) y julio (15) han sido los meses con los números más altos en cuanto a este tipo de victimización. Fuente: Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES) Frente a este panorama, Lina Gaitán, asistente de investigación de la Línea de Conflicto, Paz y Posconflicto de Pares, y quien ha hecho seguimiento a este tipo de hechos durante lo corrido del año, en relación con lo ocurrido en los últimos días y con la situación general de violencia en el país, afirma que “el Valle del Cauca ha sido una de las zonas donde se han incrementado las masacres en comparación con las cifras del 2020. Lo que no es gratuito, pues justamente este ha sido uno de los departamentos donde ha habido una importante movilización social, que además ha permitido visibilizar varios problemas estructurales como: el abandono estatal, racismo estructural y falta de oportunidades laborales y educativas para apoyar a la población joven”. Por su parte, señala que Nariño se ha mantenido constante en cuanto a los altos índices de masacres. Por ejemplo, y teniendo en cuenta la más reciente masacre perpetrada, ya serían ocho las que se han cometido en este departamento en el 2021. Sobre esto, Gaitán analiza que “en este departamento confluyen muchos conflictos socioambientales históricos que se han acentuado con la pandemia por covid-19, así como por la ausencia por años del Estado, desde donde ahora se argumenta que la problemática de seguridad, que ha tenido como una de sus consecuencias las masacres, es por bandas delincuenciales y microtráfico, más no por la ausencia histórica que ha repercutido en un sinnúmero de victimizaciones”, concluyó.

Por: Laura Cano Periodista Pares La situación de violencia en Norte de Santander se ha mantenido constante a raíz de diversos problemas estructurales que, por años, no han tenido respuesta ni solución integral por parte del Estado colombiano. Esta realidad se ve acentuada, de diferentes formas, en los municipios que conforman este departamento y, justamente, en dos de estos, la Defensoría del Pueblo ha encontrado situaciones que han llevado a este organismo a emitir recientemente la Alerta Temprana 025-21, en la que establece que hay 12.000 personas que están en riesgo inminente por los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC, el ELN y el EPL. Más precisamente, los municipios sobre los que llama la atención la Defensoría del Pueblo son San Calixto y El Tarra, donde las poblaciones que están en mayor riesgo son las conformadas por menores de edad, mujeres, migrantes, campesinos, desmovilizados y personas líderes y defensoras de derechos humanos. Sobre estas personas, se ha identificado que pueden afrontar hechos de victimización como homicidios selectivos, desplazamientos forzados masivos e individuales, confinamientos de población, paros armados, amenazas y restricciones a la movilidad. De acuerdo a lo señalado por la Defensoría, en los centros urbanos de ambos municipios, los puntos con riesgo más alto son aquellos cercanos a bases militares y estaciones de Policía, pues usualmente son el objetivo de acciones violentas contra la fuerza pública; mientras que respecto a las zonas rurales con mayor riesgo, en el Tarra, se identificaron las veredas del corregimiento de Filo Gringo, y en San Calixto, a las veredas de la zona norte (donde se señala la existencia de minas antipersonal y municiones sin explotar). Al respecto, es importante recordar que, durante este año, en Norte de Santander han ocurrido hechos violentos como el que tuvo lugar el pasado 15 de junio, en el cantón San Jorge (Cúcuta, Norte de Santander), cuando fue activado un carro bomba al interior de esa instalación militar. Justamente, por este hecho, el pasado 19 de octubre la Procuraduría General de la Nación anunció que está investigando la conducta de los militares, quienes presuntamente no habrían adoptado las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de las instalaciones de la Brigada y del personal. Asimismo, en septiembre de este año, se informó acerca de un hostigamiento con arma de fuego a la estación de Policía de Tibú. Según lo que se conoció, detrás de este hecho estarían las disidencias del ‘Frente 33’ de las FARC. Este tipo de acciones violentas contra este establecimiento del municipio han sido constantes durante este año. Adicionalmente, el Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES), durante el año, ha reportado un total de 9 hechos de violencia que han afectado miembros de la fuerza pública, así como a sus instalaciones, tanto en El Tarra como en San Calixto. De estos hechos, tres tendrían como responsable al ‘Frente 33’ de las disidencias de las FARC. Por su parte, hay que señalar que desde la Defensoría del Pueblo se han emitido, entre 2018 y el presente año, 6 alertas tempranas en las que se ha incluido la situación tanto en El Tarra como en San Calixto. Más puntualmente, se han emitido las alertas 018-20, 011-19, 035-19, 022-18, 026-18 y 032-18. En la mayoría de ellas, se plantea la problemática a raíz de la presencia y copamiento de grupos armados ilegales, afectando la seguridad de los municipios y fomentando las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Por ejemplo, más puntualmente, en la Alerta Temprana 011-19, se establece que en el municipio de El Tarra, “ante la dinámica fronteriza de ilegalidad y laxitud en los controles territoriales por parte de las autoridades tanto de Colombia como de Venezuela, le confiere un amplio margen de acción a los grupos armados ilegales”. Por su parte, Cristian Peña, investigador regional de la subregión del Catatumbo, señaló que las situaciones tanto en El Tarra como en San Calixto, a pesar de estar inmersas en dinámicas de violencia, son diferentes. Así las cosas, el investigador expuso que “en El Tarra, en la actualidad, tienen control dos actores armados: el ELN y el grupo armado posfarc del ‘Frente 33 Mariscal Sucre’. Entre estos dos grupos hay un acuerdo de no agresión y control al interior del municipio, lo que ha permitido que no se recrudezca la violencia en esta zona. Por esto es que, en este municipio, lo que mayormente ha pasado son los ataques y hostigamientos hacia la fuerza pública. El Tarra es, además, el cuarto municipio con mayor producción de hoja de coca a nivel nacional”. Asimismo, refirió que en San Calixto “hay presencia del ELN, el EPL y el ‘Frente 33’. Durante este año se han presentado enfrentamientos entre los grupos armados ilegales, así como entre estas estructuras y la fuerza pública. A su vez, este municipio es uno de los que tienen los números más altos de desplazados a raíz de estas pugnas“. Por su parte, en la alerta temprana que ha emitido más recientemente la Defensoría del Pueblo, se ha señalado que, entre los actores armados que hacen presencia en ambos municipios, se encuentran dos facciones disidentes de las antiguas FARC-EP: el ‘frente 33 Mariscal Sucre’ y el ‘frente 41 Cacique Upar’, sin mando definido. Además, se encuentra el ELN, frente de guerra nororiental y sus frentes ‘Camilo Torres Restrepo’, ‘Carlos Armando Cacua Guerrero’, ‘Comandante Héctor’, y las ‘Compañías Comandante Diego’, ‘Héroes del Catatumbo’; así como el Ejército Popular de Liberación (EPL), ‘Frente Libardo Mora Toro’. Concretamente, respecto a las dinámicas entre estos actores armados, Carlos Camargo, defensor del Pueblo, ha advertido que la Defensoría ha encontrado “que se puede generar una confrontación violenta entre la disidencia del ‘frente 33’ de las antiguas FARC-EP y el ELN, debido al fortalecimiento progresivo de la disidencia en los últimos tres años”. Ante este escenario, resulta indispensable que el Estado y su aparato institucional adopte medidas efectivas e integrales que permitan prevenir que se vulneren los derechos humanos de las poblaciones de San Calixto y el Tarra.