Por: Luis Eduardo Celis La semana pasada fueron capturados el actual gobernador de Arauca, Facundo Castillo Cisneros, y el anterior, Ricardo Alvarado Bestene. Ambos son los últimos de una larga cadena de políticos que han sido capturados, en las últimas tres décadas, acusados de vínculos con las guerrillas o los paramilitares, malversación de fondos y un largo etcétera de irregularidades. En Arauca hay dos estados: uno formal, el de la institucionalidad colombiana, y uno informal, el que han constituido con su presencia territorial el ELN y una disidencia de las FARC. Ambos grupos armados llevan más de cuatro décadas en el territorio, lo conocen, han establecido unos códigos de comportamiento, ejercen labores de seguridad, justicia y tributación a su manera ilegal, y tienen raíces profundas en una sociedad que, en parte, desconfía del Gobierno central y se ha resignado a vivir con los ilegales, soportando el poder que da un fusil. Ser político en Arauca es profesión de alto riesgo. Se cuentan por docenas las personalidades políticas asesinadas, al igual que docenas han pagado cárcel o viven hoy en el exilio; han sido víctimas y protagonistas de una peligrosa connivencia con grupos ilegales en estas cuatro décadas largas de violencia sistemática y organizada en el departamento: una historia que está por cerrar y en la que Arauca sigue siendo uno de los territorios de mayor intensidad del conflicto armado, con sus impactos en la sociedad y en los derechos de unas comunidades que han sufrido demasiados vejámenes por parte de todos los contendientes. La clase política araucana ha convivido con la guerrilla: un actor presente en las dinámicas de la sociedad, que ha surgido de una desconfianza con el Estado colombiano (que, por cierto, no ha podido ni controlarla ni mucho menos derrotarla). Luis Alfredo Colmenares Chía, dirigente liberal tameño, fue el primer gobernador por elección popular entre 1992 y 1994. Colmenares se opuso a la instalación del poder paramilitar y fue asesinado, en Bogotá, en octubre de 2001. José Vicente Lozano fue el segundo gobernador, entre 1995 y 1997, y resultó condenado por rebelión debido a supuestos nexos con el ELN (lo cual siempre ha negado) y a celebración indebida de contratos. Carmelo Castellanos fue el tercer gobernador elegido a través de voto popular, e igualmente se le acusó de vínculos con la guerrilla. Federico Gallardo fue el cuarto gobernador y, en ejercicio de su cargo, fue secuestrado por el ELN, luego destituido de su cargo y posteriormente puesto preso. Luego vinieron varios gobernadores designados desde Bogotá entre 2002 y 2003; en 2004 se posesionó Julio Acosta Bernal, de quien se dice que entabló alianzas con el ELN, durante toda la década de los noventa, para luego pelearse con ellos y aliarse con los paramilitares y abrir una disputa con el ELN, grupo que le hizo varios atentados. En la actualidad, Acosta Bernal paga prisión y es señalado de complicidad en varios crímenes. En 2001, buena parte de la dirigencia liberal y funcionarios públicos fueron arrestados, señalados de ser parte del ELN. Muchas de estas personas fueron liberadas sin ser condenadas luego de permanecer entre 2 y 3 años en prisión. Fue un caso muy mediático por el cual el Estado colombiano ha sido condenado a pagar indemnizaciones a varias de estas personas detenidas a las que la justicia no pudo comprobarles las sindicaciones de las que fueron señaladas. La realidad de Arauca es que permanecen el ELN y estructuras de lo que fueron las FARC, hoy disidentes del Acuerdo de Paz firmado por la inmensa mayoría de esta organización; que las personalidades políticas han ejercido su acción política con la tutela permanente de los ilegales que les han amenazado, constreñido, desplazado y asesinado, igualmente el Estado les ha judicializado y condenado. No ha sido nada fácil para la dirigencia política araucana vivir en este territorio. Hoy, nuevamente, personalidades políticas araucanas deben responder ante la justicia, y yo me pregunto: ¿cuándo el Estado colombiano les va a dar garantías a la clase política para ejercer su derecho de participación sin la tutela y presión de ilegales? La dirigencia política Araucana tiene que exigirle al poder central que resuelva el enorme conflicto que hay en Arauca y, a mi juicio, eso solo tiene un camino: una negociación de paz con el ELN y un sometimiento acordado con los disidentes de las FARC. No hay otro camino viable. Lo otro es seguir en esta senda de sangre, cárcel y sufrimiento. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Línea de Conflicto, Paz y Posconflicto - Pares ¿Qué es y qué hace el Clan del Golfo? El Clan del Golfo es la estructura armada ilegal más grande del país y tiene presencia en alrededor de 210 municipios. Este grupo sucesor del paramilitarismo ha mantenido el control de las zonas históricas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y, en la actualidad, opera mediante presencia de hombres fuertemente armados que pueden ser entendidos como una especie de fuerzas de élite: las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, cuya base de operaciones son los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó (especialmente en el Urabá). A su vez, desarrollan su accionar a través de la modalidad de subcontratación de grupos criminales locales, lo cual les ha permitido diversificar su portafolio de actividades ilegales y extenderse, de manera “indirecta”, en varios municipios ofreciendo franquicias que evidencian el respaldo de este grupo criminal. Esta situación ha sucedido, principalmente, en Nariño, Valle del Cauca, Meta y, de manera reciente, en Norte de Santander, en donde este grupo ha intentado apoyar a ‘Los Rastrojos’ en su disputa con el ELN. Fuente: Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES). Tras la salida de las FARC-EP de la ecuación de la guerra, el Clan del Golfo viene disputando el control territorial y las rentas ilegales, principalmente, con el ELN y ‘Los Caparros’. En el departamento de Chocó, el Clan del Golfo ha confrontado fuertemente al Frente de Guerra Occidental del ELN, situación que ha dejado un saldo preocupante de desplazamientos, masacres, asesinatos selectivos, víctimas de minas antipersonales y confinamientos. En el Bajo Cauca antioqueño, la disputa ha sido entre el Clan del Golfo y una facción que se separó de la estructura denominada ‘Los Caparros’. Esta confrontación ha mantenido a la población civil en constante zozobra y, también, ha generado múltiples violaciones a los derechos humanos. Recientemente, en Magdalena, el Clan del Golfo ha tenido disputas con los ‘Pachenca’, organización con la que han establecido alianzas en algunos momentos. Aunque el Clan del Golfo tiene un amplio portafolio criminal y altamente sofisticado, mantiene gran influencia en las principales economías que sirvieron de combustible para la guerra: participación en toda la cadena de producción y distribución de clorhidrato de cocaína, tala ilegal de madera, minería criminal a gran escala y extorsiones. En razón de su amplia participación en el narcotráfico, ha generado dinámicas de articulación con el Cartel de Sinaloa, alianza que ha tenido como resultado, en algunas zonas, la regulación del precio de la cocaína y la reconfiguración de las dinámicas de crimen transnacional. Según el Centro de Análisis Criminal de la Policía Nacional, el Clan del Golfo estaría compuesto por cuatro estructuras, 22 subestructuras y dos comisiones, conformadas por aproximadamente 3.260 integrantes (1.461 armados y 1.799 Componente Criminal Focalizado) y una presencia en 11 departamentos. Fuentes de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) han informado que en el departamento de Antioquia habría 1.600 hombres de este grupo armado organizado (GAO), teniendo alrededor de 250 integrantes armados en Bajo Cauca y 150 en el componente criminal organizado. En diálogos sostenidos entre Pares y el comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles para Bajo Cauca y Sur de Córdoba, en junio del 2020, se conoció que el Clan del Golfo contaba con alrededor de 750 hombres entre las regiones del Bajo Cauca y el sur de Córdoba, con aproximadamente 340 hombres en armas y 405 hombres en el componente criminal organizado (que es el componente que, según la fuerza pública, en la mayoría de casos no está armado y se establece en los cascos urbanos de los municipios para informar al grupo sobre la presencia del Ejército y otros grupos armados, realizar el cobro de extorsiones a los sectores del comercio y a ganaderos, venta de estupefacientes y microtráfico, reclutamiento de menores de edad y sicariato). Posibles destinos La captura de Otoniel, aunque importante, no representa necesariamente el fin del Clan del Golfo debido a su amplio espectro de actividades ilegales, sus nexos con múltiples estructuras armadas y los diferentes mandos que tiene el grupo criminal a nivel regional. De hecho, en gran parte de las regiones en las que este grupo es hegemónico, personas entrevistadas han denunciado que, presuntamente, el Clan del Golfo tendría en su nómina a políticos locales, miembros de fuerza pública e incluso a funcionarios de la rama Judicial. Escenario que implicaría un complejo entramado de corrupción que continúa permeando y cooptando espacios legales, lo que facilita su reproducción. Ahora bien, a través de Whatsapp está circulando un supuesto comunicado del Comando Central de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, cuya veracidad debe ser comprobada, en donde se afirma que mantienen su accionar en los distintos territorios del país dada su composición organizacional, es decir, en razón de su estructura de mando descentralizada: Según información territorial que ha sido difundida en medios de comunicación, el posible sucesor de ‘Otoniel’ sería Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”. No obstante, cabe recordar que al interior del Clan del Golfo se han presentado rupturas que, tras esta captura, podrían agudizarse. Respecto al futuro de esta agrupación armada, desde Pares planteamos los siguientes escenarios posibles: 1. Disputas violentas entre subestructuras de la organización criminal para hacerse con el control del Clan del Golfo. Este escenario se prevé entre la facción de ‘Chiquito Malo’ y ‘Chirimoyo’, lo que podría derivar en su fragmentación. 2. Rápida adaptación con la posible comandancia de ‘Chiquito Malo’ que logre la cohesión de la estructura criminal y genere acciones, a nivel nacional, como retaliación por la captura de ‘Otoniel’. En todo caso, la información existente en el momento indica que ya se están planteando acciones a nivel local por la captura del principal cabecilla del grupo armado. En todos los escenarios posibles, puede identificarse un aumento significativo de la violencia en el país por cuenta de disputas armadas tanto entre facciones de la misma organización como por la ventana de oportunidad que constituye la captura de ‘Otoniel’ para los grupos que han tenido disputas con el Clan del Golfo, como el caso del ELN, ‘Los Caparros’ (a punto de extinguirse) y algunos grupos armados Posfarc (GAPF). Incluso, podrían consolidarse alianzas entre distintos grupos para combatir al Clan del Golfo. Esta situación impactaría, especialmente, a las poblaciones del Urabá, el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba y el sur del Chocó. Por otra parte, ya han venido circulando panfletos por Whatsapp sobre un posible paro armado en Urabá, el sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño. Dicha acción iniciaría hoy, 25 de octubre. A su vez, como en otras ocasiones, podría venir el desarrollo de un Plan Pistola en contra del Ejército y la Policía Nacional. Finalmente, la captura de ‘Otoniel’ llega a oxigenar al Gobierno y a la fuerza pública por sus deficientes resultados en materia de seguridad y defensa, además de por su poca favorabilidad, especialmente en esta etapa preelectoral. Los próximos meses serán cruciales para identificar los destinos del grupo criminal más grande del país. No obstante, como ya lo hemos visto, a pesar de capturas de alto valor, si no se plantea una solución estructural como una ley de sometimiento a la justicia, con un necesario esfuerzo en materia judicial, económica y política, no tendremos el desmantelamiento del crimen organizado.

Por: Camilo Díaz Suárez Investigador nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad El día de hoy se ha conocido que la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Luis Alberto Monsalvo Gnecco, gobernador del Cesar, ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2015. Por este hecho ya se le habían imputado cargos el 8 de julio del presente año. Las irregularidades se habrían presentado en la tramitación de un contrato entre el departamento y el Consorcio Alimentación Escolar A Salvo, el cual tenía un valor de 17.140 millones de pesos y un plazo de ejecución por 59 días. Dicho contrato fue firmado durante su primer periodo como gobernador del Cesar, entre 2012 y 2015. La Fiscalía encontró nueve inconsistencias en el proceso de contratación, entre las que se encuentran: falta de estudios previos, prepliegos amañados y omisiones a requisitos de ley en el proceso de contratación, evaluación y liquidación, lo que habría ocasionado un peculado estimado en 3.172 millones de pesos. También se habrían encontrado sobrecostos en la adquisición de productos, como fue el caso de un avalúo de 1 kilogramo de hígado en $65.000 mil pesos, cuando 1 kilo de carne se estima en $14.000 pesos. Además, se habría evidenciado la entrega de alimentos en mal estado, como lo sucedido en la Institución Educativa Distrital Sagrado Corazón en Aguachica. Este mismo contrato es investigado por la Contraloría General y la Procuraduría y, por estos hechos, Monsalvo fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado. Los otros cuestionamientos de Luis Alberto Monsalvo Este es otro enredo judicial al que se enfrenta el gobernador del Cesar, quien fue electo por primera vez para ese cargo en 2011. La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) anunció, en agosto de este año, que Monsalvo Gnecco ha sido investigado desde 2016 por la Contraloría General debido a 11 contratos celebrados por la Gobernación, con recursos del Sistema General de Regalías, en los que habría obras inconclusas y un detrimento patrimonial. En el marco de un proceso de responsabilidad fiscal por 50.893 millones de pesos, la Contraloría habría impuesto una medida cautelar en contra de Monsalvo. Este proceso se dio en razón a un contrato firmado en 2014 para la construcción de dos centros de desarrollo tecnológico de investigación ganadera y pesquera que no se han concluido. Dichas obras, de acuerdo con la Contraloría, estaban previstas para ser ejecutadas en 9 meses y 20 días, pero su ejecución se desarrolló en 21 meses y 14 días, 354 días más del plazo previsto inicialmente. Adicionalmente, para el equipo auditor, no se cumplió el objeto del contrato, lo que ha llevado a retrasos en las obras hasta este momento. También en estas obras habría irregularidades en los gastos de materiales. De igual forma, Pares había denunciado 32 contratos con irregularidades suscritos por Monsalvo Gnecco durante la crisis sanitaria del covid-19 en el informe “El cuestionado manejo de recursos públicos en medio de la pandemia”. Los contratos tenían por objeto la provisión de kits de alimentación para la población vulnerable, en los que se habrían presentado sobrecostos de alrededor $4.589.144.000 y doble contabilidad de $375.251.474. De estos 32 contratos, solo 24 tenían soportes públicos. Añadido a lo anterior, en 2020, la Corte Suprema de Justicia lo había relacionado con el delito de corrupción al elector en su primera campaña electoral hacia la Gobernación del Cesar. Esto debido a que habría realizado una alianza con líderes de las zonas de invasión en Valledupar de Tierra Prometida, Guasimales y Emmanuel. Con las personas que habitan estas zonas, entre las que hay varias víctimas del conflicto armado, presuntamente realizó un compromiso de mantenerles la situación de ilegalidad a cambio de votos. Por estos hechos, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia lo condenó a un mes y 16 días de prisión, el pago de una multa de 301 salarios mínimos y la inhabilidad para ejercer funciones públicas durante su condena. Sin embargo, fue absuelto y puesto en libertad en septiembre de 2020, al considerar la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que sus acciones no constituyeron un comportamiento de tipo penal. Por otro lado, en agosto del presente año, el senador Antonio Sanguino publicó pruebas para demostrar que el gobernador del Cesar estaría beneficiando a su hermana, Paola Monsalvo Gnecco, con contratos estatales. El senador denunció un entramado de corrupción, al descubrir una presunta relación entre particulares que contratan obras civiles con la Gobernación y una cantera ubicada en un predio El Consuelo, de los Monsalvo Gnecco, llamada La Peña de Horeb, desde donde se proveen materiales e insumos para esas obras. El Consuelo es una sociedad constituida para realizar actividades comerciales como explotación de minas, cría de animales y construcción de obras de ingeniería civil, cuya representante legal es Paola Monsalvo. Empresas contratadas para suministrar materiales de obra (como GEICAR S.A.S.) se abastecerían de esos suministros en El Consuelo. El ‘Clan Gnecco’ Los Gnecco son una familia con gran poder político en el departamento del Cesar, aunque son de origen guajiro. Durante la bonanza marimbera y el contrabando de café, la familia amasó una gran fortuna. Jorge Gnecco Cerchar fue el patriarca de la familia y diferentes sentencias dieron a conocer que él fue uno de los precursores del paramilitarismo. Tuvo su propia Convivir llamada Sociedad Guaymaral Ltda, y mantuvo varias reuniones con jefes paramilitares como Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. Jorge fue quien decidió la incursión familiar en la política, logrando varios cargos como la Gobernación del Cesar con su hermano Lucas Gnecco, un escaño en el Congreso con su otro hermano ‘Pepe’ Gnecco, la Alcaldía de Santa Marta con su sobrino Hugo Gnecco, un puesto en el Senado con su sobrina Flor Gnecco, y otra vez la Gobernación con su cuñado Rafael Bolaños. Lucas y Hugo Gnecco han enfrentado diversas acusaciones por corrupción. En cuanto a su primo, el senador José Alfredo Gnecco, tiene tres procesos penales en la Corte Suprema de Justicia de los que, por ser privados, se desconoce su contenido.

Por: Daniel Julián Parra Integrante de equipo de investigación de Frontera – Pares El día de hoy, en la ciudad de Cúcuta, se desarrolló una mesa de trabajo cuyo propósito era concretar una hoja de ruta de cara a lo que se viene en materia económica, para la región, con la reapertura comercial de la frontera colombo-venezolana. Este espacio fue propiciado por los senadores Antonio Sanguino, del Partido Alianza Verde, y Andrés Cristo, del partido Liberal, y se esperaba que contara con la participación de personas de la Cancillería, Migración Colombia, la Secretaría de Frontera de Norte de Santander, las autoridades locales y departamentales, y representantes del sector empresarial de la región. Sin embargo, de acuerdo a lo señalado por Sanguino, representantes de las entidades del Estado que habían confirmado asistencia a este encuentro finalmente no hicieron presencia, al parecer, por orden del Gobierno. En el marco del desarrollo de este espacio, desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) realizamos algunas entrevistas a personas que participaron de esta mesa de trabajo y aprovechamos, entre otras cosas, para ahondar no solo en lo que tiene que ver con la reactivación económica que implica la reapertura de la frontera, sino, además, las consecuencias que este hecho tendría en relación a garantías para los derechos humanos de las poblaciones migrantes y el escenario de seguridad que se configuraría de cara a las elecciones que se avecinan tanto en Venezuela como en Colombia. Antonio Sanguino, senador de la República por el Partido Alianza Verde Pares: Respecto a la reapertura de la frontera, ¿cuál es la intención de esta mesa de trabajo y qué opinión le merece toda esta situación? Antonio Sanguino (A.S.): Esta mesa de trabajo tiene, precisamente, el propósito de estimular la reapertura de la frontera. Al margen de las decisiones que en materia diplomática tenga el presidente Iván Duque, que a juicio nuestro es una decisión equivocada mantener rotas las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela, hay un reclamo generalizado de la sociedad cucuteña y de la sociedad nortesantandereana, y de la gente de Arauca, y de toda la frontera, en el sentido de que se reabran las fronteras y de que se permita un flujo económico y comercial que ha existido históricamente, y que aún sigue existiendo (así estén cerrados los pasos fronterizos legales). Por supuesto, nosotros queremos ir más allá: esta mesa de trabajo se va a ocupar, en el día de hoy, del tema de la reapertura de la frontera. Pero desde el Congreso de la República, en Alianza Verde, estamos promoviendo la creación de una Comisión Bilateral, Binacional, de los dos Congresos, del Parlamento Venezolano y del Congreso Colombiano, que permita ayudar a construir fórmulas que avancen en la normalización de nuestras relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela. Sabemos que las relaciones diplomáticas son competencia del presidente de la República, pero ello no significa ponerle una mordaza al Congreso de Colombia para que desarrollemos iniciativas que contribuyan a mejorar las relaciones y a generar un clima distinto en las relaciones entre Colombia y Venezuela. Pares: ¿Cómo podría interpretarse la reciente actuación del presidente de no reconocer el trabajo que se está haciendo acá en la frontera con el Gobierno oficial de Venezuela? A.S.: Es una mezcla de torpeza y soberbia del presidente Iván Duque. Nosotros hemos cometido, además, la equivocación más inverosímil en materia de política exterior, que fue convertir en prioridad (de la política exterior de Colombia, y de este Gobierno en sus relaciones internacionales) el derrocamiento de un presidente, del principal país vecino de Colombia. Eso, digamos, no tiene antecedentes en la historia de Colombia ni en la historia de Venezuela. Como prioridad de nuestra política exterior, eso no tiene, digamos, explicación racional desde una perspectiva de una política de Estado. Y esa actitud hostil permanente de Duque respecto a Venezuela, que tuvo como último broche de oro invitar a Juan Guaidó a la celebración de los 200 años del Bicentenario, de la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta, pues lo que hace es agravar la crisis fronteriza, e incluso agravar el fenómeno migratorio que estamos recibiendo de Venezuela. Pares: ¿Cree que con la reapertura de la frontera, de los pasos formales, podrían disminuir las dinámicas de violencia que se presencian acá en el territorio? A.S.: Por lo menos se disminuyen los pasos ilegales, y eso permite un mejor control del flujo migratorio que va ocurriendo entre los dos países. No es suficiente. Por supuesto que ello ayuda a estimular la economía fronteriza, pero se requiere una estrategia integral para atender el desarrollo de la frontera que implique este asunto de las economías ilegales, este asunto de las presencias de fenómenos de violencia a lado y lado de la frontera. Pero este es un primer paso que es muy importante. Pares: De cara a las próximas elecciones que se vienen en noviembre en Venezuela, y el próximo año en Colombia, ¿cree que se podría agudizar la violencia electoral en territorio fronterizo? A.S.: Esperemos que no. Es muy probable porque hay fenómenos de violencia que, en todo caso, no son fenómenos de violencia política, así que no tendría por qué afectar la dinámica político electoral en ambos países; pero los resultados electorales deberían permitir un restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Jaime Marthey, defensor del Pueblo de Norte de Santander Pares: ¿Cuáles son sus primeras impresiones respecto a la reapertura de la frontera y la reactivación del intercambio comercial? Jaime Marthey (J.M.): Desde el punto de vista de la misión de la Defensoría, nuestra labor es totalmente importante y relevante debido a que nosotros hemos sido testigos de primera mano de la violación de todos los derechos humanos que se ha presentado con el cierre de la frontera y con las situaciones que les hacen pasar a las personas. Y aspiramos que con la apertura de la frontera cese esta situación. Pares: ¿Existe todavía una disputa a sangre y fuego por el control de la frontera? J.M.: Yo no sabría decirle si a sangre y fuego, pero lo que está claro es que sí hay una disputa por los territorios, por las trochas, por los pasos ilegales, y esto genera unos negocios que finalmente terminan en delitos. Pares: ¿Cómo ve el choque de posiciones entre el Gobierno interino de Venezuela y el Gobierno oficial? J.M.: Es un tema político que manejan, como lo establece la Constitución, desde la Presidencia de la República. Nosotros a lo que apelamos es a que, por encima de esas diferencias, se tenga en cuenta a la sociedad civil. Pares: ¿Tiene conocimiento de un caso en específico de violación a derechos humanos, en esta última semana, después del anuncio de reapertura a la frontera? J.M.: Todos los días se violan los derechos humanos al tener cerrados los puentes. Empezando por la dignidad humana: hay mucha gente atropellada en su dignidad cuando les hacen quitar sus zapatos para pasar por una trocha, o para pasar por un río, y de ahí para adelante pues todas las violaciones que nosotros conocemos por las noticias, y por las denuncias que recibimos. Pares: En cuanto a las próximas elecciones que vienen, ¿cree que se podría agudizar la violencia electoral en la región? J.M.: Eso siempre ha venido sucediendo. A la fecha todavía nosotros no conocemos denuncias que tengan que ver con el proceso electoral que se avecina, pero, pues, se está radicalizando el país, todos lo sabemos, no se puede ocultar el sol con las manos. Y aspiramos a que la gente y los dirigentes tengan la grandeza para llevar la lucha política en los mejores términos y no hacerlo a través de una confrontación. Sergio Maldonado, secretario de Desarrollo Económico y Social de Cúcuta Pares: ¿Cómo analiza el anuncio de la reapertura de la frontera colombo-venezolana en términos económicos y de desarrollo social? Sergio Maldonado: Evidentemente, lo hemos venido diciendo desde la Alcaldía, con el liderazgo del alcalde que desde el año pasado ha solicitado, en varias oportunidades y a nivel nacional, de manera formal, la apertura de lo que significa la reactivación económica real para la región fronteriza, para la ciudad de Cúcuta. Si bien es cierto que hemos venido recuperando empleo y recuperando dinámica económica (postpandemia), la frontera es un eje fundamental del desarrollo: cerca del 30% de la facturación de nuestros comerciantes así lo revelan. Entonces, no podemos hablar de una reactivación total, para cifras de nuestra economía local, antes de la pandemia, si no existe un dinamismo fronterizo que soporte la reactivación y la recuperación del eje de desarrollo fundamental.

Por: Laura Cano Periodista Pares El pasado viernes, 22 de octubre, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) celebró el comienzo de una nueva etapa para la organización: una etapa en la que habrá cambios internos y externos, pero en la que nuestro compromiso con la construcción de un país en paz, donde, entre otras cosas, la posibilidad de una transformación de la política y de la seguridad en los territorios que, por décadas, han vivido en medio de la violencia, sea posible. En este evento nos acompañaron senadores, periodistas, embajadores, cooperantes internacionales, personas líderes y parte del equipo que, durante años, ha construido lo que Pares es hoy en día. Además, fue un espacio de agradecimiento a Ariel Ávila, quien hasta el pasado viernes fue subdirector de la Fundación, y ahora emprenderá un camino hacia el Senado que esperamos sea fructífero para el país. “Esta es la escuela de León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación. Aquí, en Pares: todo el mundo puede crecer. El día lunes anunciaré todos los detalles de cuál será mi futuro”, dijo Ariel Ávila al respecto durante el encuentro. Además, por su parte, en el marco del evento, el embajador de Noruega en Colombia, John Petter Opdahl, frente a la labor de la Fundación, señaló: “Pares ha sido un socio esencial de la Embajada de Noruega por muchos años: desde las negociaciones de La Habana hasta la actual etapa de la implementación. Su rigor investigativo, su instinto para los temas clave ha resultado de gran utilidad para nuestra labor y la de muchos actores. (...) En nuestra actual cooperación, cada vez más programática y de mayor alcance, sobresale de Pares su capacidad de trabajo en contexto difíciles, en zonas altamente afectadas por el conflicto y su relación con actores diversos en todos los niveles”. Asimismo, León Valencia, director de Pares, y quien ha estado a la cabeza durante estos años y, ahora, en este proceso de reestructuración, frente al interrogante sobre lo que se vendrá para Pares de cara al futuro, mencionó que: “Los cambios vienen de nuestra experiencia y de nuestra tesis: ha nacido un nuevo liderazgo social y político en Colombia. Está emergiendo. Va a gobernar en los próximos 30 años. (...) En los 25 departamentos en los que hacemos presencia, Pares quiere ser un tanque de pensamiento capaz de aportar herramientas de gobierno, ideas e información cualificada para acompañar esos nuevos liderazgos sociales y políticos que están emergiendo”. Adicionalmente, en medio de su intervención, Valencia agradeció la participación y el acompañamiento de las instituciones, organizaciones y personas que han hecho posible el trabajo de Pares durante este tiempo, y señaló que seguirán siendo actores clave en esta nueva etapa de la Fundación: “Una enorme gratitud con la cooperación internacional, con la prensa, con los políticos, con los líderes sociales que están acá. Siempre hemos estado acompañados por ustedes, por mucha gente en Colombia. Estamos en un momento de cambio y esperamos que nos sigan acompañando. Este cambio nace de experiencias que hemos tenido en los últimos años”. Siendo así, de nuevo, les damos una bienvenida a lo que será Pares en los próximos años: nuestro compromiso y convicciones están y seguirán estando en acompañar los nuevos liderazgos, promover las garantías y los derechos humanos de la ciudadanía, y fomentar la construcción de una democracia cada vez más transparente. Agradecemos, también, a quienes desde el trabajo logístico hicieron posible este evento, así como a la banda Aldo Solev, que con su música amenizó el encuentro.

Por: Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, jefe del temido Grupo Armado Organizado (GAO) Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) —denominado por la fuerza pública como Clan del Golfo— ha sido capturado este sábado, 23 de octubre, en el marco de la operación ‘Osiris’: una acción que se suma a los operativos realizados en el marco de la operación “Agamenón II”, con la que desde hace casi cinco años, la fuerza pública intentaba cerrar el cerco sobre alias ‘Otoniel’, quien era el hombre más buscado del país. El Gobierno colombiano ofrecía hasta 3 mil millones de pesos por información que llevara a su captura, mientras que el Gobierno de los Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares. De acuerdo a lo informado por Jorge Luis Vargas Valencia, director General de la Policía Nacional de Colombia, desde hace menos de una semana, se habían intensificado las acciones en la vereda San Pablo, en el municipio de Necoclí, Antioquia. Se trató de una operación conjunta del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea (con el apoyo de organismos de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido) que, finalmente, condujo al cerco de ‘Otoniel’ en un punto entre el cerro Yoki y el cerro Azul, en un paraje rural ubicado en el corregimiento El Totumo, de Necoclí, donde finalmente fue capturado por las autoridades. La captura de ‘Otoniel’ ha sido considerada, desde el Gobierno nacional, como el paso definitivo para desarticular a la que se denomina como la más grande agrupación narcotraficante del país. En rueda de prensa, el presidente Iván Duque comparó el impacto de esta acción contra el Clan del Golfo con la caída de Pablo Escobar, y afirmó que se trata del “golpe más duro que se le ha propiciado al narcotráfico en este siglo”. Sus declaraciones fueron aún más lejos, pues señaló que esta captura del máximo cabecilla de las AGC “marca el final del Clan del Golfo”. En contraste con las afirmaciones del primer mandatario, Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), ha señalado para Caracol Radio que la captura de ‘Otoniel’ no representa el fin del ‘Clan del Golfo’ y que, incluso, desde ya se anticipa que Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo', quien se venía desempeñando como segundo al mando de este grupo armado, podría ser el nuevo jefe de esta organización criminal. Por otro lado, Salazar señala que la captura de ‘Otoniel’ se vendría planificando desde hace tiempo y que se podría haber producido en el marco de un escenario de sometimiento o negociación entre el cabecilla del Clan del Golfo y las autoridades: “Pudo haberse dado una negociación para entregar rutas, para entregar algunos socios y armas”. El dosier de Otoniel estaba lleno de desplazamientos forzados, asesinatos, masacres, violencia sexual y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Tenía circular roja de la Interpol, más de un centenar de órdenes de captura en Colombia, y se encontraba en la lista de las personas más buscadas por la DEA. En octubre de 2018, el entonces fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, incluyó a las AGC - Clan del Golfo en la lista de las principales organizaciones criminales transnacionales que representan una amenaza para aquel país. En la lista también se encontraban los carteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, así como el grupo terrorista Hezbolá del Líbano. En el 2020, Pares elaboró un informe sobre los movimientos de alias ‘Otoniel’ y sobre el control territorial que ejercía el grupo armado que lideraba. En aquel momento, por razones de seguridad, dicho documento no fue publicado. Ahora, con motivo de la captura del cabecilla del Clan del Golfo (y con la realización de algunas actualizaciones necesarias en la información), hacemos pública esta investigación que da cuenta de la forma en que alias ‘Otoniel’ desplegaba su accionar criminal y se escabullía de las autoridades. Como Otoniel por su casa Luego de 2 años de investigación y una extensa triangulación de información por medio de diversas fuentes en territorio, de inteligencia e instituciones, Pares logró establecer que el centro de operaciones de Otoniel se encontraba en el departamento de Córdoba, específicamente en la subregión del sur de este departamento. Allí confluyen 5 municipios: Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador, Valencia y San José de Uré. Estas entidades territoriales se ubican en la frontera con el Bajo Cauca antioqueño. Ambas subregiones se encuentran separadas por el Parque Nacional Natural Paramillo. Si bien Otoniel había planteado diversas treguas de parte de las AGC – Clan del Golfo con los demás grupos irregulares, varias incursiones armadas han venido generando escenarios de guerra en las zonas rurales de la subregión del sur de Córdoba. Esto se ha producido, en buena medida, por el plan de expansión del BVPA – ‘Los Caparros’, quienes se aliaron con el ‘Nuevo Frente 18 Camarada Román Ruiz - Cacique Coyará’, el ELN, ‘Los Pachelly’ en Medellín y el cartel mexicano ‘Jalisco Nueva Generación’ para entrar a disputar los territorios con el Clan del Golfo que, por su parte, ha tenido como aliados a la Oficina de Envigado y al Cartel de Sinaloa. No obstante, el Clan del Golfo es probablemente el grupo que tenga mayor poder dentro de estos territorios. Tanto así que ‘Otoniel’ comandaba sus bloques desde Tierralta, a la luz de la población y de la fuerza pública. Mucho se había especulado sobre la ubicación del cabecilla del Clan del Golfo. Algunas fuentes habían mencionado que se encontraba en Urabá, y otras afirmaban que se encontraba en Chocó y en el Nudo del Paramillo. Sin embargo, en su momento, Pares logró determinar los corredores por los cuales se movilizaba, como Pedro por su casa, con el apoyo de sus bloques, hacia Montelíbano y Bajo Cauca, así como sus espacios de retaguardia que lo comunicaban, al norte de Tierralta, con el Urabá antioqueño, y al sur con el Chocó. También, en su momento, se identificó el perímetro en el cual ‘Otoniel’ permanecía, los recorridos que hacía por los ríos Sinú, Esmeralda y Verde, los tiempos aproximados de sus desplazamientos y, asimismo, se establecieron hipótesis georreferenciadas sobre su ubicación. Estas hipótesis estarían confirmadas por las declaraciones del entonces director de la DIJIN, el general Jorge Luis Vargas (actual director de la Policía), quien planteaba que se tenía información que indicaba que ‘Otoniel’ se hallaba en una zona boscosa de esta región, en los límites de los departamentos de Antioquia y Córdoba. De acuerdo con la investigación de Pares, Otoniel lograba todo esto gracias a 5 anillos de seguridad, distribuidos de la siguiente manera: 1. Anillo urbano: conformado por estructuras subcontratadas que tienen radioteléfonos y mantienen comunicación con las coordinaciones a nivel regional sobre los movimientos en los municipios del sur de Córdoba, específicamente en Montelíbano, Puerto Libertador y Tierralta. Se trata de grupos no mayores a 10 personas. 2. Anillo fluvial: empieza desde Puerto Frasquillo, donde contaba con toda la infraestructura para movilizarse en lanchas bimotor de alta potencia por los ríos Esmeralda, Sinú y Verde hacia Urabá, Chocó y Antioquia, por el sur de Tierralta. También contaba allí con espacios de aprovisionamiento y, adicionalmente, al parecer se movilizaba por medio de pangas (pequeñas embarcaciones) en horas de la noche y de la madrugada a través de otros afluentes más difíciles de rastrear. 3. Anillo veredal: compuesto por campesinos, indígenas y habitantes que, bajo amenazas o incentivos económicos, le servían como fuentes de información a nivel veredal para darse a la huida cada vez que existía presencia de operativos militares. También se encargaban de facilitar los alimentos y el alojamiento en su tránsito hacia los diferentes puntos estratégicos por los que se desplazaba. Estas personas harían parte de una nómina en la que se les brinda un pago que oscila entre 200 mil y 600 mil pesos mensuales. Entre el anillo fluvial y el veredal existe presencia del Ejército. 4. Anillo armado: estaría compuesto por dos ejes. Uno estaría ubicado a menos de un kilómetro de donde permanecía y contaría con la presencia de un aproximado de 60 a 80 personas, y el otro estaría a 10 kilómetros y se encontraría conformado por 100 personas, quienes contarían con instrucción militar especializada para mantener control armado en algunas zonas y tendrían la capacidad de dar respuesta ante enfrentamientos con la fuerza pública y/o con los demás GAO y GAPF que amenazaran con la seguridad de ‘Otoniel’. Aquí se encuentran articulados los frentes Carlos Vásquez y Rubén Darío Ávila de las fuerzas especiales de AGC - Clan del Golfo. 5. Anillo de confianza: este sería el anillo más cercano a ‘Otoniel’. Con base en la comparación de diversas fuentes, estaría compuesto por un grupo de 8 a 10 hombres, quienes funcionaban como una especie de guarda pretoriana. Se encargaban de construir los campamentos de reposo y de cuidarlos permanentemente. Adicionalmente, servían como correos humanos, pues ‘Otoniel’ suspendió el uso de cualquier tipo de dispositivo electrónico para hacerse menos rastreable. Según fuentes de inteligencia de la fuerza pública, una de las particularidades identificadas era que Otoniel también solía hacer viajes solo a pie o a caballo. Usaba el transporte fluvial cuando era sumamente necesario y no dormía en el mismo lugar durante noches consecutivas. Ubicación y corredores de ‘Otoniel’ La ubicación de ‘Otoniel’, para ese entonces, habría estado dentro de un perímetro de 194 kilómetros cuadrados en el suroccidente de Tierralta, en la frontera con Antioquia. Este perímetro tendría 3 puntos estratégicos de ubicación en los cauces de los ríos Verde, Sinú y Esmeralda, los cuales habría utilizado frecuentemente como transporte fluvial. Sin embargo, sus recorridos a pie y en mula también le permitían desplazarse entre la difícil zona selvática que rodea el Nudo del Paramillo, la cual ‘Otoniel’ conocía a la perfección. El tránsito entre los puntos estratégicos de estos tres ríos no tendría distancias mayores a los 20 kilómetros, los cuales podía recorrer en tiempos de 2 a 3 horas. El segundo perímetro de influencia, en el cual habría estado protegido por el anillo de confianza y el anillo veredal, tendría un área de 1.353 kilómetros cuadrados, lo que le permitía transitar por 3 puntos estratégicos: 1. Al noroccidente, en los corregimientos de Saiza y Crucito, y la vereda Naín, puntos que sirven como retaguardia de AGC - Clan del Golfo para atender a combatientes heridos y para refugiarse. Mediante estos puntos se conectaba a Urabá, su segundo bastión en donde tenía redes familiares que servían como sus fuentes humanas, por el río Verde. Este trayecto no le tomaba más de 3 horas y estaba protegido por los 4 anillos, a excepción del urbano. 2. Al suroccidente, también por el río Verde o a pie, se conectaba con la vereda El Alto, donde se desplazaba hacia Mutatá y Dabeiba para conectarse con Chocó. Un trayecto que entre lanchas rápidas y caballo no le debían tomar más de 6 horas. Se encontraba protegido por los anillos de confianza, armado y fluvial. Este sería uno de los puntos que más frecuentaba. 3. Al oriente, por medio de los ríos Esmeralda y Sinú, se conectaba con el río Manso, que le permitía trasladarse hacia la quebrada Cañaveral y subir por los ríos San Jorge y Río Sucio hacia la frontera con Montelíbano y Puerto Libertador, evitando el tránsito por el Bajo Cauca, región en la que hay presencia del BVPA – ‘Los Caparros’ y del ‘Nuevo Frente 18 Camarada Román Ruiz – Cacique Coyará’. Este era uno de los trayectos más largos y peligrosos, puesto que se trata de una distancia entre ríos, selva y montaña de alrededor de 90 kilómetros. Aquí habría estado escoltado principalmente por su anillo armado, conformado por las fuerzas especiales del frente Rubén Darío Ávila en articulación con el Carlos Vásquez. Actualmente, este corredor estaría en desuso debido a que es un espacio de confrontación, pero Otoniel lo habría usado por última vez a mediados de 2018 para negociar un cese de hostilidades con del BVPA – ‘Los Caparros’. Cabe resaltar que, a pesar de la vastedad de distancias dentro del primer y segundo perímetro en el que se movilizaba, según fuentes contrastadas por Pares en una labor de georreferenciación y cartografía propia del territorio, entre los puntos estratégicos más alejados hacia Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré (Manizales, La Caucana y Brazo Izquierdo), hasta el punto estratégico de Saiza o río Verde, ‘Otoniel’ no se demoraba más de 3 o 4 días en sus desplazamientos de entre 180 y 220 kilómetros de distancia. Aunque parecieran distancias extensas y lugares inhóspitos para llegar, es bien sabido en Tierralta que las conexiones con ‘Otoniel’, aunque eran muy reservadas, permitían que empresarios, funcionarios públicos y personalidades políticas enviaran voceros (o que incluso fueran personalmente) para negociar temas asociados a las extorsiones, los testaferros, el lavado de activos y hasta los contratos públicos en los municipios donde tienen influencia. Sobre este último tema, AGC - Clan del Golfo cobraría por contratos de alto impacto el 10%. El perfil de ‘Otoniel’ y su captura Hacia el norte de la zona en la que se presumía la posible ubicación de ‘Otoniel’ en el 2020, en el corregimiento El Totumo, en Necoclí (de donde justamente es oriundo), Antioquia, ocurrió la captura del máximo cabecilla de las AGC el pasado 23 de octubre. Con un historial criminal desde que tenía 16 años, Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, era el criminal más buscado por la justicia colombiana hasta la fecha. Inició su vida armada siendo menor de edad en la guerrilla Ejército Popular de Liberación (EPL), donde no duró mucho, pues poco después de su ingreso pasó a integrar las filas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), grupo que, para ese entonces (1996), estaba liderado por los hermanos Carlos y Vicente Castaño. Tal fue el poder que ganó ‘Otoniel’ que fue designado, por Vicente Castaño, como comisionista para el cobro de los dineros del narcotráfico y del manejo de algunas de las rutas que manejaba la estructura. Tras esto, y como otra muestra del poderío y la influencia que estaba ganando, junto a alias 'Don Mario', ‘Otoniel’ fue enviado al Meta para que allí fortaleciera lo que se estaba constituyendo como el Bloque Centauros. Esto lo haría llegar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo que en 2006 se desmovilizó. Sin embargo, dentro de este proceso, ‘Otoniel’ se declararía como disidente para luego formar el ‘Bloque Héroes de Castaño’, que después terminó como frente de guerra de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), estructura que pasaría a ser conocida como Clan del Golfo. Este grupo paramilitar, del que ‘Otoniel’ era el máximo cabecilla, de acuerdo a lo establecido por Pares en 2020, hacía presencia, para ese momento, en 211 municipios del país y sería la estructura armada ilegal más grande del país. La presencia del Clan del Golfo se concentraría, principalmente, “en los departamentos de Antioquia (52 municipios), Bolívar (23 municipios), Córdoba (23 municipios), Chocó (21 municipios) y Nariño (10 municipios) con una cobertura nacional que les ha permitido consolidar su presencia en otros departamentos como Meta (12 municipios), Sucre (11 municipios), Magdalena (9 municipios), Valle del Cauca (8 municipios), La Guajira (6 municipios), entre otros”, de acuerdo al informe de Pares “Seguridad en tiempos de pandemia: legados de guerra y crimen organizado en Colombia”. En este momento, el hombre que estuvo a la cabeza del fortalecimiento y la expansión de esta estructura armada, se encuentra recluido en la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) y se espera que en las próximas horas empiece su proceso de judicialización. ‘Otoniel’ es requerido por la justicia de los Estados Unidos (por delitos asociados al narcotráfico) y podría ser extraditado.

Por: Olga Portilla Dorado Investigadora Oficina Pares - Pacífico Un informe producido por la Agencia Católica de Cooperación Internacional (CAFOD), cofinanciado por la Unión Europea, el CINEP y algunas ONG colombianas, titulado “Proteger Nuestra Casa Común: defensoras y defensores de la tierra y del medioambiente en Latinoamérica”, publicado el pasado jueves 21 de octubre, reveló detalles de la situación de defensoras indígenas en el Norte del Cauca y de cómo la violencia contra ellas ha incrementado en los últimos tres años. El norte del Cauca ha sido un territorio de disputa por el uso y tenencia de la tierra, viviendo conflictos a lo largo de su historia con diferentes actores, tanto legales como ilegales, que hacen presencia en esta zona del departamento. Actualmente, la preocupación que viven estas comunidades es por la “militarización de la vida cotidiana, creciente participación del crimen organizado y el crecimiento exponencial de asesinatos de mujeres líderes y defensoras”. Así lo revela el informe recientemente publicado, donde se presenta un completo análisis sobre la situación que viven líderes, lideresas y personas defensoras de la tierra y el medioambiente en seis países latinoamericanos. Dicho informe tiene como base una investigación realizada entre 2019 y 2021 sobre las tendencias actuales de abusos de derechos humanos y medioambientales a los que se enfrentan personas líderes y defensoras de derechos humanos en Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Guatemala y Honduras, detallando los desafíos y las amenazas a las que se enfrentan en cada país, y haciendo hincapié en los vínculos de estas con el comportamiento de las corporaciones y el impacto de la pandemia de coronavirus. “La pandemia de COVID-19 ha exacerbado las grandes desigualdades en la región y ha elevado los niveles de amenazas y ataques contra las y los DDH [defensores y defensoras de derechos humanos] de la tierra y del medioambiente y sus comunidades. Gran parte de esto está intrínsecamente ligado al acceso y control de las tierras y los territorios. En un contexto de presencia estatal limitada, de asimetrías de poder gigantescas entre las empresas, el Estado y las comunidades locales, y de impunidad generalizada, los y las DDH muchas veces no tienen a quién acudir para conseguir protección”, señala el documento. Además, agrega que los problemas que viven estas personas líderes no son aislados, sino que hay un patrón de abusos en toda la región, afectando a grupos que ya estaban subrepresentados, como comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como a las mujeres, en su mayoría. “La decisión de las mujeres es formarnos, participar y defender nuestros cuerpos y territorios” Según cifras del Observatorio de Violencias y Derechos Humanos del Tejido Mujer de la Çxhab Wala Kiwe (que hace parte de la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca - ACIN), durante el 2020 se identificaron ocho (8) casos de agresiones contra lideresas indígenas: dos (2) en el municipio de Páez, dos (2) en Caloto, uno (1) en Toribío, uno (1) en Totoró, uno (1) en Corinto y uno (1) en Bellavista, Putumayo. De estos casos, cinco (5) son asesinatos: dos (2) en el marco del conflicto armado y tres (3) por el conflicto social (violencia causada al interior del hogar o en entornos cercanos). Hubo tres (3) feminicidios a manos de parejas y exparejas de las víctimas, y dos (2) homicidios por razones políticas, los cuales tienen por responsable a la guerrilla y a un grupo armado no identificado. De igual forma, es imposible olvidar a las lideresas asesinadas entre 2019 y 2021. Cristina Bautista Taquinás, autoridad del cabildo de Tacueyó (Toribío, Cauca), fue asesinada el 29 de octubre de 2019, luego de estar en un ejercicio de control territorial con otros integrantes de la guardia indígena. Crimen atribuido a la columna móvil ‘Dagoberto Ramos’, disidencia de las FARC. El pasado 20 de abril de 2021 fue asesinada Sandra Liliana Peña Chocué, gobernadora del resguardo indígena la Laguna-Siberia, territorio Sath Tama Kiwe, en el municipio de Caldono. Sandra había manifestado, en reiteradas ocasiones, su oposición al uso de los territorios ancestrales para la siembra de cultivos ilícitos. Dos meses más tarde, la comunidad nasa del municipio de Corinto despidió a Argenis Yatacué, profesora y Sa’t We’sx (autoridad tradicional) en este territorio. Ella fue asesinada el 9 de junio mientras se desplazaba en una moto desde la zona rural hasta el casco urbano de Corinto. Aunque Beatriz Cano Uribe no era indígena, desde hace varios años residía en territorio nasa y hacía parte del Tejido de Comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), donde lideraba procesos comunicativos de la organización. Ella, su hija y otros compañeros indígenas quedaron en medio del fuego cruzado entre grupos armados ilegales que recorrían el municipio de Santander de Quilichao. En esos hechos, Beatriz perdió la vida. Como bien lo relata el informe, son muchos los casos de amenazas contra defensoras y lideresas del proceso organizativo, social y político de estas comunidades, y preocupa considerablemente que, de cuatro (4) atentados contra personas defensoras, tres (3) iban dirigidos contra mujeres. “Creemos firmemente que esta situación atenta contra la emergencia del liderazgo de las mujeres, no es casualidad, es una acción deliberada. Las mujeres, pareciera, somos un obstáculo a eliminar para grupos que actúan por encargo y en defensa de intereses económicos ligados al control del territorio para los negocios del narcotráfico, la expansión de megaproyetos agroindustriales y la minería”, expresan las lideresas de la Acin. Las cifras de violencia sexual contra las mujeres indígenas son alarmantes Además de las violencias que atentan contra la vida de las mujeres indígenas del norte del Cauca, también hay unas alarmantes cifras sobre violencias sexuales cometidas contra ellas. En el marco de la XVI Asamblea Zonal de Mujeres de la Çxhab Wala Kiwe, el Tejido de Mujer presenta su informe sobre la situación de violencia sexual contra mujeres indígenas entre el 2015 y 2019, periodo durante el cual se documentaron 350 casos (320 relacionados con el conflicto social y 30 asociados al conflicto armado) que dan cuenta de la gravedad de esta problemática que impacta física, emocional y espiritualmente la vida de las víctimas. De esos casos, 121 se cometieron contra mujeres entre los 0 y los 18 años de edad. Y respecto a estas afectaciones contra niñas y adolescentes, desde el Observatorio se señala que “la situación suele enmarcarse en difíciles contextos de abandono familiar que las hacen más vulnerables a situaciones de manipulación, control y agresión sexual. En algunos casos, los testimonios y denuncias de las menores se enfrentan a la poca credibilidad por parte de quienes se hacen cargo de su cuidado. Las niñas son tildadas de mentirosas, y en ocasiones se ven obligadas a encarar a sus agresores, quienes incrementan el nivel de violencia luego de que la niña decidiera contar lo sucedido. Cuando la agresión sexual se presenta en edades tempranas, las mujeres suelen abandonar sus procesos de escolarización por temor, vergüenza y desestabilidad emocional. En algunos casos, las menores dependen directamente de sus agresores para el sustento económico. Y se conocen casos de incesto y violencia sexual causada por padres, abuelos, tíos y responsables del cuidado de las menores, lo que recrudece el círculo de vulnerabilidades”. Y es que, según las estadísticas reveladas, en 87 casos el agresor fue un familiar, en 83 un vecino o amigo, en 82 las parejas de estas mujeres y en 48 hechos no existía ninguna relación previa con esta persona. Esto significa que en 252 casos (el 72% de los registros), el agresor compartía algún vínculo con las mujeres indígenas victimizadas. “Esta situación nos alerta sobre una grave y sistemática desarmonía que se vive al interior de nuestros hogares, espacio que se convierte para muchas en un entorno de riesgo”, afirman desde el Tejido Mujer. En los otros casos reportados por este Observatorio, donde las víctimas son mujeres adultas y mayores, llama la atención que gran parte de mujeres mayores víctimas de violencia sexual, lo fueron cuando eran jóvenes y adolescentes. Incluso, hay un caso de una mujer que, además de haber sido violentada sexualmente a los 14 años, también es víctima del conflicto armado, ya que dos de sus hijos fueron reclutados por actores armados, situación que la hizo desplazarse de su territorio. Como es evidente, las violencias no solo están asociadas al conflicto armado que hay en los territorios donde habitan estas mujeres, sino también a escenarios de riesgo al interior de sus hogares, mostrando un panorama poco alentador para desarrollar sus vidas como mujeres, madres, hijas, esposas, lideresas, autoridades, entre otras. Para ellas, asumir el liderazgo es cada vez más riesgoso. Defender la implementación de los acuerdos, exigir la desmilitarización del territorio, cuidar la Uma Kiwe (Madre Tierra) ante la amenaza de la implementación de proyectos extractivos, la expansión de la agroindustria y los cultivos de uso ilícito; así como exigir igualdad y reconocimiento a los derechos de las mujeres, y crear procesos que fortalezcan política y culturalmente a sus comunidades son acciones que parecieran amenazar los intereses de unos cuantos que las ven como un obstáculo para el avance de políticas de muerte que contaminan el agua y la tierra, y exterminan la vida. Frente a las otras violencias, estas mujeres reclaman “la urgencia de avanzar en la adopción y cumplimiento de medidas que garanticen el ejercicio de nuestros derechos. Es momento de rechazar con más fuerza que nunca, todas las violencias que han atravesado nuestros cuerpos”. Estrategias de protección En el informe “Proteger Nuestra Casa Común: defensoras y defensores de la tierra y del medioambiente en Latinoamérica”, también se visibiliza cómo, ante la falta de garantías por parte de los Estados y las empresas, y a pesar de este ambiente cada vez más hostil, las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, junto a sus comunidades, vienen desarrollando importantes acciones de resistencia y protección contra estos ataques. En Colombia, se destacan diferentes estrategias como la organización comunitaria, la movilización social, las acciones articuladas y de autoprotección, el litigio estratégico, y la denuncia e incidencia. En Cauca, en el pasado mes de julio, las mujeres indígenas del Tejido Mujer de la Cxhab Wala Kiwe, en audiencia pública con la relatora Especial de Defensores, Mary Lawlor, presentaron la situación de defensoras del territorio y de los derechos humanos. Lawlor mostró interés por hacer seguimiento a los casos denunciados y elevar una comunicación al Gobierno colombiano exigiendo esclarecimiento y justicia para las lideresas asesinadas y sus familias afectadas. La realidad es que hoy no solo se convive con la ausencia de las cuatro mujeres que lucharon por la defensa del territorio caucano, sino también con el silencio del Estado que no realiza una efectiva investigación y esclarecimiento de estos asesinatos; también se sufre el poco interés de las autoridades locales y zonales por la implementación y cumplimiento de la Legislación Propia de Violencia sexual en los procesos de prevención, atención y sanción a casos de violencia sexual dentro de los territorios. “Soñábamos e idealizábamos, como mujeres nasa, que con la firma de los acuerdos esto iba a mejorar, íbamos a poder trabajar nuestras huertas, pero esto no ha sucedido, ha cambiado es la forma de operar la guerra en estos territorios, ahora vemos más militarización de actores legales e ilegales que disputan el control territorial, hay más reclutamiento de jóvenes y niñas, y hay incremento en los cultivos de uso ilícito; y nosotros como pueblo nasa, como guardia estamos en el centro haciendo resistencia”, señala una lideresa de la Acin. Nota: Para el momento de cierre de esta publicación, se ha conocido que Nazaria Calambás Tunubalá, comunera indígena del pueblo Misak, resultó asesinada en zona rural del municipio de Morales, Cauca. Calambás Tunubalá fue alcaldesa de la zona tres del resguardo Misak Piscitau en el año 2013. Este hecho pone de manifiesto, una vez más, la situación de riesgo diferencial que viven las lideresas y defensoras indígenas en Colombia, quienes ven amenazadas sus vidas y las causas que defienden debido al papel que asumen como defensoras de sus tradiciones, su memoria histórica y del medio ambiente.

Por: Walter Aldana Político social alternativo Cierto es que la situación cotidiana donde se vive el machismo exacerbado, las tensiones y estrés por la falta de oportunidades de ingresos para atender a sus familias en las mínimas condiciones de vivienda, alimentación y salud, circunstancias acrecentadas por la pandemia y por un Gobierno insensible frente a, por ejemplo, las propuestas reales de matrícula cero de manera definitiva y no por un semestre, como igualmente, entre otros temas, el de la renta básica para 9 millones de familias… decía que es real que estas situaciones matan más colombianos y colombianas que el conflicto armado. Del 15 al 18 de octubre se presentaron una serie de asesinatos en el Cauca, iniciando por el del dirigente social indígena, defensor del agua en el municipio de la Vega, Luis Alfonso Narváez; cinco más entre Buenos Aires y Caldono; en Argelia fue asesinado Efrén España, uno de los fundadores de Ascamta. En total, 20 Caucanos en esas 72 horas. Además de la muerte de Sheilen Mariana, una menor de 3 años, en Puerto Tejada, al norte de nuestro departamento, en un presunto enfrentamiento de pandillas. Para el ministro de Defensa, de acuerdo a sus declaraciones, “la muerte de líderes sociales nos duele, pero aquí el enemigo de los líderes sociales es el narcotráfico que se ha enraizado en el Cauca”. Miente el ministro Diego Molano (como es su costumbre): el suroccidente colombiano está abandonado del tutelaje del Gobierno nacional. Somos invisibilizados; solo servimos en el Cauca para reafirmar el discurso institucional de la estigmatización como narcotraficantes. Nos pasan cuenta de cobro por haber votado diferente a Duque. “Nos subieron los vidrios del carro”, me dijo un exgobernador. No reconocen la deuda social que, desde el Gobierno central, existe con esta región; la falta de oportunidades que ha llevado a pequeñas y pequeños productores a sembrar hoja de coca, marihuana y amapola. Y la orfandad es también respecto al “gobierno” departamental: ante los asesinatos, ni una iniciativa, ni un pendón que enluzca el edificio de la Gobernación rechazando los crímenes; ni un concierto, ni una marcha, en fin, solo ofrecimiento de obras civiles “apropiadas a la época democrática electoral”. Ante esta realidad, solo nos queda hacer un S.O.S. a la comunidad internacional. Vengan, acompañen a los procesos y a las personas líderes de manera permanente, no de paso. Por Dios, que ustedes sean el ángel de la guarda que nos proteja.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad - Pares Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presentamos el Informe de precandidatas y precandidatos al Congreso con cuestionamientos: una investigación realizada por la Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad sobre las personas que aspiran a quedarse con una curul en Senado y en Cámara de Representantes a pesar de encontrarse cuestionadas por escándalos de corrupción, por parapolítica, por vínculos con grupos armados, por heredar capital político de personas o clanes cuestionados, entre otros. De las 438 personas precandidatas al Congreso que ha documentado Pares a la fecha, 127 tienen cuestionamientos. Es decir, tres de cada diez personas que aspiran a una curul están cuestionadas. Previsualiza y descarga el informe completo aquí.

Por: Camilo Díaz Suárez Investigador nacional - Línea de Democracia y Gobernabilidad El pasado 20 de octubre, a la una de la mañana, con la votación positiva del Presupuesto General de la Nación en plenaria de la Cámara de Representantes, para la vigencia 2022, se pasó el cuarto y último debate para hacerlo oficial. Con ello, la atención pública fue llevada a la modificación de la ley de garantías en un artículo del Presupuesto (Te podría interesar: “Trampas, peleas y enredos: en busca de la ley sin garantías”). De todas formas, pasando en un segundo plano, se estableció el presupuesto para el 2022 en 350 billones de pesos. Así, hubo un incremento del 5,3 % respecto al 2021. Cabe mencionar que, de este monto, el 59,8% corresponde a gastos de funcionamiento, el 20,8% a pago de la deuda y el 19,5% a inversión. Como es usual, los sectores con mayor destinación del Presupuesto General de la Nación fueron: educación, con $49 billones; defensa y Policía, con $42 billones; salud y protección social, con $41 billones; trabajo, con $34 billones; y hacienda, con $24 billones. Por su parte, al cumplimiento del Acuerdo de Paz se destinaron, aproximadamente, $11 billones. Respecto a la asignación presupuestal a entidades y a los puntos del Acuerdo de Paz, hubo manifestaciones relacionadas a que esta no era suficiente para alcanzar las metas propuestas. Entre las personas que hicieron este llamado de atención se encuentra la representante Katherine Miranda, quien afirmó que “quisieron hacer realidad eso que tanto decían de hacer trizas el Acuerdo de Paz”, refiriéndose al presupuesto asignado, entre otros, a la Comisión de la Verdad. De igual forma, el representante Omar de Jesús Restrepo sostuvo que la inversión en la paz ha sido escasa y no se ha cumplido. Esto lo acompaña un proyecto de acto legislativo que se encuentra en trámite en comisión y que busca acabar con puntos del Acuerdo de Paz. El presupuesto de la Comisión de la Verdad, la JEP y la UBPD Con el Presupuesto General de la Nación 2022 aprobado, los recursos para la paz por entidades quedaron en $598.000 millones de pesos, distribuidos en $374.898 millones para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), $81.000 millones para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, y $142.102 millones para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). En términos generales, respecto a este asunto, los recursos para el 2022 siguen una tendencia ascendente. Sumando el presupuesto de las tres entidades en 2020, el total fue de $512.727 millones, distribuidos en $296.850 millones para la JEP, $95.824 millones para la Comisión de la Verdad, y $120,051 millones para la UBPD. En cuanto al 2021, la JEP tuvo una asignación de $330.748 millones, la Comisión de la Verdad $116.992 millones, y la UBPD $127,889 millones, para un total de $575.629 millones. Presupuesto cada año por entidad en miles de millones Cabe recordar que la Corte Constitucional, el pasado 1 de octubre, le dio vía libre a la Comisión de la Verdad de funcionar hasta el 2022. Tras la sentencia c-337 de 2021, la Corte consideró que, debido a la pandemia de covid-19, se produjeron afectaciones al derecho de la verdad. Luego de varias intervenciones de las víctimas del conflicto armado, la Sala Plena de la Corte determinó que las acciones de mitigación del covid-19 (como el distanciamiento social, el aislamiento y la virtualidad) afectaron la entrega de declaraciones y, con esto, quedó en riesgo el derecho a la verdad. Más concretamente, las víctimas aludieron que no rindieron declaraciones por miedo de hacerlas de forma virtual o por no contar con las herramientas para hacerlo (Te podría interesar: “Corte Constitucional extiende el tiempo para la labor de la Comisión de la Verdad”). El presupuesto para la Construcción de Paz Por su parte, por puntos del Acuerdo de Paz, la distribución de recursos, con respecto al Presupuesto General, muestra una disminución frente a los años anteriores. Más concretamente, en 2021, el Gasto para la Construcción de Paz correspondió al 3,40% del total del presupuesto; mientras que para el 2022 tendrá una asignación del 3,13% del total de lo aprobado el 20 de octubre. Esto muestra una tendencia decreciente en lo concerniente a la inversión a la paz. Porcentaje del Presupuesto General de la Nación para la Construcción de Paz Cabe recordar que son 6 puntos los que conforman el Acuerdo de Paz: (1) reforma rural integral, (2) participación política, (3) fin del conflicto, (4) solución al problema de las drogas, (5) víctimas del conflicto y (6) implementación, verificación y refrendación. En términos nominales, cuatro de esos puntos tienen un aumento en su asignación presupuestal, a excepción de los puntos 3 y 4 del Acuerdo, los cuales presentaron un decremento. También es notable que la Reforma Rural Integral es el punto que ha acaparado y acapara más recursos. Inversión total del Presupuesto General de la Nación por punto del Acuerdo de Paz en billones de pesos Otro intento para acabar con el Acuerdo de Paz Para esta última legislatura que queda, se encuentra en trámite en comisión el proyecto de acto legislativo 296 de 2021, en Cámara de Representantes, para derogar la JEP y otros artículos del Acto Legislativo 01 de 2017, por medio del cual se dictan disposiciones transitorias para la terminación del conflicto. El proyecto fue radicado por congresistas del Centro Democrático, constituyéndose como otro intento para acabar con elementos del Acuerdo. El mencionado proyecto pretende derogar los artículos del 5 al 17 del Acto Legislativo 01, los cuales crean la JEP y establecen su competencia, conformación y acción. De igual forma, se encuentra el artículo 19, que garantiza la no extradición a exintegrante de las FARC-EP en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Además de los ya mencionados, se buscan derogar los artículos del 21 al 26, que tratan las normas que aplican a miembros de la fuerza pública para la terminación del conflicto y la construcción de paz. Finalmente, se incluye el parágrafo del artículo 122 de la Constitución Política, el cual dicta que grupos armados organizados al margen de la ley y miembros de la fuerza pública que no hayan sido condenados por delitos dolosos, luego de la firma del Acuerdo de Paz, pueden ser empleados públicos o trabajadores oficiales.

El pasado miércoles, 20 de octubre, el gobernador del departamento de Arauca, Facundo Castillo, fue capturado en Bogotá por el CTI de la Fiscalía. Desde esta entidad se ha relacionado al mandatario local con los delitos de concierto para delinquir, peculado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y financiación del terrorismo. A la espera de lo que suceda con su proceso judicial, la situación de Arauca parece ser incierta en medio de las problemáticas sociales que truncan el desarrollo del departamento. A propósito de esta situación, la periodista Raquel Ojeda, del Canal Cuatro, entrevistó al exgobernador de Arauca Federico Gallardo (2001-2003) para conocer su posición respecto a la situación del departamento frente a estos hechos que involucran a Facundo Castillo y que, inevitablemente, alteran el escenario político, social y económico de la región. A continuación, desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), compartimos la transcripción de esta entrevista: Raquel Ojeda (R.O.): Sobre la situación actual que afronta el departamento de Arauca, doctor Federico, lo escuchamos, teniendo en cuenta la posición del gobernador y lo que se está diciendo en materia jurídica del departamento, situación que años atrás también fue muy relevante y que vivió usted como mandatario. Federico Gallardo (F.G.): Sí, efectivamente, hace años el Gobierno Nacional, en el marco de la política de seguridad democrática, implementó una estrategia de capturas masivas contra toda la dirigencia del departamento de Arauca. En ese momento, fuimos objeto de la detención y de la privación de la libertad en un proceso en el cual al final no hubo un resultado que pudiera definir la situación jurídica de las personas. En el caso que hoy se presenta, existe una gran diferencia: el movimiento ciudadano ‘Voto Seguro’, en varias oportunidades y de muchas maneras, se pronunció, solicitándole a el gobernador Facundo Castillo que se abstuviera de presentarse a las elecciones en razón a la multiplicidad de investigaciones penales, y a las investigaciones disciplinarias y fiscales que se adelantaban en su contra, advirtiendo que, de ser desfavorable cualquier decisión de estos órganos de control del Estado, el departamento de Arauca entraría en una profunda ingobernabilidad. Hoy, a todos los araucanos, nos duele la situación jurídica del gobernador Facundo Castillo. Encontramos que el movimiento ciudadano “Voto Seguro” advirtió con anticipación, y vamos, entonces, a tener un enorme problema de tipo económico, de tipo social y de ingobernabilidad en el departamento de Arauca. Acumulado a los problemas que ya tenemos, este es un nuevo elemento que no es favorable para el desarrollo de nuestra región. R.O.: En este caso, teniendo en cuenta lo que significa el departamento de Arauca, que venimos de una pandemia, que estamos en medio de una situación económica bastante delicada, y donde esperábamos que comenzara a visualizarse el tema de proyectos y todo esto, con esta situación que, lamentablemente, afecta el desarrollo de la región. F.G.: Es una situación muy dura que se previó, que se advirtió, que se hizo pública, que se dio el debate, y no queríamos nosotros, como partido Liberal, que tuviéramos que atravesar por estas circunstancias por las cuales hoy está atravesando el gobernador Facundo Castillo y los habitantes del departamento de Arauca. R.O.: ¿Cómo afrontar una situación como esta desde el punto de vista administrativo, desde el departamento, desde los municipios? F.G.: Apenas está comenzando a avizorarse el problema, sus causas y sus efectos. Estamos al borde de unas elecciones de Congreso de la República, estamos al borde de unas polarizadas elecciones presidenciales y, lógicamente, toda esta situación va a incidir en la decisión que tome el Gobierno nacional si decide encargar a una persona de afuera para que conduzca los destinos de nuestro departamento. Yo pienso que, si tenemos enormes problemas, enormes dificultades, si se nos advirtió lo que iba a suceder, pues lo que viene no es nada bueno, es muy complicado, es muy difícil, y la verdad que preocupante. Yo pienso que las fuerzas políticas deberían hacer una reflexión cuando hacen esa clase de candidaturas, esa clase de campañas, y cuando avalan esos candidatos cuestionados jurídicamente en tantas veces, en tantas oportunidades y por tantos hechos. R.O.: En su caso, ¿el tema puntual ocurrió hace alrededor de 20 años? F.G.: Precisamente hace 18 años, en donde toda la dirigencia política del partido Liberal fue objeto de captura masiva. Absolutamente toda la dirigencia política del Partido Liberal: quienes estaban gobernando, quienes ya no lo estaban, quienes eran candidatos, fue que exactamente cinco días antes de la elección de Julio Acosta como Gobernador del Departamento de Arauca, cuando, en una impresionante redada se elimina, se retira, a la competición política de esa situación. Entonces son circunstancias muy diferentes, pero igualmente dolorosas para el departamento. R.O.: A eso iba, el marco jurídico fue completamente diferente. F.G.: Totalmente diferente, totalmente diferente… esa captura masiva que se dio en esa época, pues, lógicamente que, después no condujo a ningún resultado judicial. Ahora fue advertido el candidato Facundo Castillo, fueron advertidos los partidos políticos que lo coavalaron. Incluso, con todo respeto, fue advertida la misma ciudadanía, la misma población, de lo que nos podría conllevar esta situación de ingobernabilidad que hoy ya tenemos como una dolorosa realidad frente a nuestros ojos. R.O.: Y en el caso de su proceso como gobernador de Arauca, ¿finalmente qué pasó? F.G.: Al final, la justicia no fue capaz de definir ninguna situación jurídica, no fue capaz de definir. Los testigos eran testigos que fueron instruidos, por parte del extinto DAS, direccionado por Jorge Noguera Cote, condenado por paramilitarismo por la Corte Suprema de Justicia. Era una estrategia dirigida desde el mismo Estado para cambiar las condiciones políticas de nuestro departamento. R.O.: ¿Preocupa que esto vuelva a repetirse? F.G.: Cada vez que se dan estos hechos similares es preocupante, doloroso, triste; y en verdad que, cómo proponerle algo a la sociedad araucana, ahí está el éxito de los líderes políticos, de los dirigentes políticos y de los partidos políticos. ¿cómo construir una salida a esta situación que se avizora tremendamente difícil?

Por: Laura Cano Periodista Pares Han pasado 10 años desde el asesinato de Diego Felipe Becerra, un joven que, para ese momento, tenía 16 años y era estudiante de último grado en el Colegio Bilingüe El Bosque, de Bogotá. Junto con 3 amigos y una amiga, Diego decidió salir de su casa el 19 de agosto de 2011 para pintar grafitis al norte de Bogotá. No obstante, al llegar al puente de la 116 con Boyacá, y tras una llamada que se habría recibido en la Línea 123, por un supuesto hurto a un bus de servicio público, una patrulla de Policía que se hallaba por el sector acudió a dicho llamado. La Policía se encontró con los jóvenes y los interceptó; estos emprendieron la huida al percatarse de la presencia policial, circunstancia que hizo que un miembro de la fuerza pública bajara de su patrulla e iniciara la persecución de los artistas callejeros. Diego Felipe Becerra Lizarazo, quien se encontraba escondido detrás de un arbusto, salió de su refugio y fue inmovilizado por el patrullero. En un momento indeterminado, cuando el joven se percató de un descuido momentáneo del uniformado, reinició su carrera para no ser atrapado. Tras esto, Diego recibió un impacto de bala por la espalda, por lo que fue conducido a la Clínica Shaio, donde falleció. Desde ese momento, su familia emprendió una lucha para que en este caso se hiciera justicia. Sin embargo, han tenido que pasar años para que se dieran algunos pasos contundentes al respecto, como los ocurridos esta semana, cuando se conoció que habían sido condenados: el coronel Nelson Arévalo (entonces comandante de la Estación de Policía de Suba), porque habría participado en la manipulación de la escena del crimen; el teniente Rosemberg Madrid; el intendente Juan Carlos Leal; el patrullero Wilmer Antonio Alarcón, condenado a 37 años de prisión por el homicidio con arma de fuego de Becerra; el abogado Héctor Hernando Ruíz; y los civiles Jorge Narváez y Nubia Mahecha. Estas condenas se dieron por fraude procesal, falsedad de documento, ocultamiento y destrucción de material probatorio, fabricación, porte y comercialización de armas, y favorecimiento al homicidio. Además, en la audiencia en la que se conoció el fallo (y que fue aplazada en tres ocasiones desde abril pasado), se estableció que Becerra, además de ser asesinado por el patrullero Alarcón, fue víctima de un montaje con el que se intentó dañar su nombre. Justamente, en relación con esto último, la Fiscalía comunicó este jueves, 21 de octubre, que le imputará cargos al excomandante de la Policía de Bogotá Francisco Patiño, quien habría tenido conocimiento de la manipulación y alteración de la escena del crimen. Sobre esto, vale la pena traer a colación la información recogida por Semana respecto a la posición de la institución de la fuerza pública frente a lo ocurrido en el caso de Diego Felipe Becerra: “Según la versión oficial de la Policía, esa noche el patrullero Wilmar Alarcón había sido notificado de que varias personas habían atracado una buseta. Mientras hacía su ronda por la calle 116 con avenida Boyacá el uniformado afirmó que había visto a un grupo de jóvenes cerca a un puente que le parecieron sospechosos como posibles responsables del supuesto asalto. Dijo que tras ordenarles detenerse varios escaparon y él persiguió a uno de ellos, el joven Becerra. Según la versión policial el adolescente abrió fuego contra el patrullero, quien en defensa propia disparó en dos oportunidades e hirió mortalmente al joven. En el lugar donde cayó Becerra apareció el arma que supuestamente tenía el grafitero”. Esta versión respecto a la escena del crimen (que hoy motiva la imputación de Patiño y de las otras personas condenadas) resultó siendo desmontada, pues la Fiscalía encontró que la escena del delito fue manipulada por recomendación de, entre otros, un abogado asesor de la Policía Nacional (Héctor Hernando Ruiz), quien esta semana también fue condenado. Es necesario recordar que el general Patiño rindió indagatoria, el 23 de julio del 2013, ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Uno de los principales puntos de aquella diligencia estaba relacionado con la orden que el general le habría dado a la teniente Lady Perdomo para que se comunicara con Jorge Eliécer Narváez, conductor del bus de servicio público que fue asaltado el día del asesinato de Becerra, para que acusara a este de haber liderado el atraco ocurrido. Asimismo, Patiño habría conocido y aprobado que un vehículo de la institución fuera puesto a disposición de Narváez para que el conductor fuera transportado a diferentes medios de comunicación con el propósito de que diera su versión sobre el supuesto atraco. Desde entonces los avances en el caso habían sido pocos. El día de ayer, finalmente, el fiscal General, Francisco Barbosa, en el marco de la Cumbre de Fiscales y Procuradores Generales, afirmó que el excomandante Patiño: habría “ocasionado la desviación de la investigación por falsas versiones y será imputado por los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, favorecimiento y fraude procesal”. Hay que señalar que este caso se reactivó recientemente, dando como resultado estas condenas e imputaciones, luego de que fuera recapturado Wilmer Antonio Alarcón Vargas, quien le disparó al joven. Alarcón fue condenado, en 2017, a 37 años de prisión por el asesinato del joven grafitero, sin embargo, desde 2016 y durante cinco años permaneció profugó de la justicia, hasta que en agosto de 2021 fue capturado en una vivienda del barrio Llano Lindo en Yopal, Casanare, hasta donde llegaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía junto a miembros del Gaula Ejército. Ahora, con un camino judicial que parece abierto y con posibilidades de que se haga justicia y se esclarezcan los hechos, falta esperar cuáles serán las próximas acciones de la Fiscalía, así como de la defensa de las personas implicadas hasta el momento.