Por: Daniel Julián Parra Integrante de equipo de investigación de Frontera – Pares Norte de Santander es uno de los departamentos más complejos de Colombia. En él convergen cuatro estructuras armadas ilegales (‘Clan del Golfo’, ELN, EPL, GAPF), distribuidas en 52 municipios del departamento. Cada una, con su particularidad operacional, con sus metodologías de ajusticiamiento, y con sus normas sociales y económicas que imponen a la sociedad civil. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el 2020, este departamento fue el “más afectado por la coca en Colombia, superando en cerca de 10.000 ha a Nariño, que ocupó esta posición por más de diez años”. La concentración de estos cultivos se ubica, principalmente, en la región del Catatumbo. No obstante, la siembra se ha extendido a la capital del departamento y a sus municipios del área metropolitana. La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) consultó una fuente oficial, que precisó las veredas en las que se encontraban los cultivos en el área metropolitana de Cúcuta. Así, en El Zulia fueron señaladas las veredas: El Astillero, Cerro León, Tienditas, Cerro Guayabo, La Angelita, San Miguel, Valderrama, Berlinas, 20 de Julio, El Mestizo, El Porvenir, Mesetas, Pedregales, San Juaquin, Chapinero, La Londra, El Tablazo, Los Mangos, Santa rosa, Aguasal, La Lucha y Casa de Zin; y en Cúcuta, las veredas de: San Francisco, Puerto Güamo, Providencias, Las Palmas, La Píldora, Cumana, El Suspiro, La Esmeralda, Buena Vista, La Esperanza, La Ceiba, Palmarito, 5 de Mayo, El 25, Verdum, Santa Rosa, El Amparo, La Punta y Campo Envidia. Así mismo, el Observatorio de Drogas de Colombia tiene en sus registros que Norte de Santander cerró el año 2020 con: 40.083,70 hectáreas de cultivos de coca, 16.689,81 kilogramos de clorhidrato de cocaína incautados, 55 laboratorios de clorhidrato de cocaína desmantelados y 637 laboratorios de producción primaria destruidos. Sumado a esto, se debe tener en cuenta el factor fronterizo del departamento y su valor estratégico para las EAI que operan en la zona. Se estima que, desde este punto limítrofe, inicia el corredor vial de la cocaína hacia el resto del mundo. Sin embargo, esta consideración no es de ahora, en 1991, servicios de inteligencia de la Dirección de Policía Judicial e Investigación (Dijin) tenían plenamente identificada esta ruta cuando capturaron al italiano Mario Schillia, quien era la cabeza principal de lo que, en su momento, se conoció como “La conexión venezolana” o “La Ruta de la cocaína” (El Tiempo, 1991). Pese a todo este contexto, el consejero presidencial de Seguridad y Defensa, Rafael Guarín, aseguró en medios nacionales que la violencia en este departamento se debe a que “Nicolás Maduro convirtió a Venezuela en santuario del Narcotráfico”. Pero, ¿realmente en el 2013 (año en que Maduro resultó electo como presidente del vecino país) se ubica la génesis de esta problemática? Los hechos parecen negar esta teoría porque, como se mencionó, desde 1991 existía la ruta como tal; además, en 1999, por ejemplo, el Observatorio de Drogas de Colombia, ya registraba más de 15 mil hectáreas de coca cultivada. Entonces, atribuir, ligeramente, la violencia y el aumento de cultivos del territorio a una causa externa es, como dicen coloquialmente, “ver la paja en ojo ajeno, y no la viga en el nuestro”. ¿Y en el nuestro por qué? Porque los cultivos, el procesamiento de la materia prima, la comercialización y exportación no son procesos de la cadena del narcotráfico exclusivos de Norte de Santander, o de departamentos fronterizos con Venezuela; hacia el otro costado del país existe una problemática parecida, y las relaciones diplomáticas no son, claramente, igual de tensas. Es importante destacar que, en lo corrido del año 2021, de acuerdo a cifras del Observatorio de Drogas Colombia, se han incautado 25.499,92 kilos de clorhidrato de cocaína, se han desmantelado 58 laboratorios para la producción de clorhidrato de cocaína, y se han destruido 564 infraestructuras de producción primaria. Mientras tanto, el futuro del departamento es incierto, y los constantes enfrentamientos y atentados, entre estructuras armadas ilegales y las fuerzas militares, no cesan.

Por: Guillermo Segovia Politólogo, abogado y periodista La fila para entrar a la Librería Lerner del centro de Bogotá, para la firma del libro autobiográfico de Gustavo Petro, fue nutrida e inusual -el libro, fruto de largas conversaciones con Hollman Morris, ya va por su segunda edición-, no obstante, en los medios masivos, el registro sobre las memorias del candidato puntero en la competencia por la Presidencia de Colombia en 2022 ha sido displicente. Salvo la entrevista de Julio Sánchez en La W, han pasado de agache en comentar los recuerdos personales del posible gobernante del país en el próximo cuatrienio. ¿Por qué tanta indiferencia? De primera, porque al establecimiento para nada le interesa apuntalarlo, pero, hilando más fino, además, porque una parábola vital de ese vuelo, por sí sola, convoca a la rebeldía, a la resistencia, a que hay que hacer algo, al cambio. Desde niño, según su relato, Petro se ha dedicado a cuestionar al régimen imperante, incluso con las armas: en el M19 fue un agitador, un organizador, un miliciano de base. En Zipaquirá, en la adolescencia, fue concejal, personero y promotor de una invasión para dar vivienda a gente en la pobreza. Estuvo preso, sufrió tortura y persecución. Vivió unos años como un “revolucionario profesional”. Si guardó armas sustraídas del Cantón Norte, si estudió en el mismo colegio en que lo hizo García Márquez -afirmaciones que desmienten, apresurados, algunos de sus cuestionadores- son adornos que no empañan su relato. Más problemáticas son sus afirmaciones sobre Carlos Pizarro, una leyenda dentro del M19 y víctima de uno de los crímenes más canallas de la caverna. Petro lo cuestiona por militarista, emocional y, tal vez en una equívoca redacción, deja entrever una supuesta rivalidad -afirmación ególatra según exmilitantes que no lo pasan-. Él sostiene que, debido a su trabajo en el Tolima en los años 80, tejió una red de relaciones y vio una oportunidad para la paz. Idea de la que convenció a Pizarro en un momento en que este orientaba al M19 hacia una ofensiva militar. Si fue así, es un mérito. Sus malquerientes de la orilla contraria dicen que cada párrafo de la autobiografía “Una vida, muchas vida” es la confirmación del peligro que representa por haber pasado la mayor parte de sus años subvirtiendo. Algunos de los exmiembros del M19, ahora en el uribismo-duquismo, y militantes de algún sector de izquierda y “centro” aprovechan para tildarlo de oportunista. Petro recuerda que un integrante de la guardia indígena nasa, al saber que como guerrillero había caminado de noche por los páramos del Cauca, le dijo que “era allí de donde había nacido la resistencia que había demostrado durante toda mi vida, y me pidió que llenara de muchos venados mi corazón, pues los venados tenían el espíritu de la alegría, de la fiesta y de la búsqueda permanente del amor” A veces, Petro da la sensación de insistir en la vanidad de que le reconozcan que es un intelectual -y se esfuerza por serlo-, pecado venial en un país en el que los ricos exhiben riquezas hechas con dolo y muchos se apuran pergaminos para que los perdone el establecimiento. También se vanagloria, con razón, de su facilidad de palabra, inspirada, dice, en el discurso emociónate y cálido de Andrés Almarales y Alfonso Jacquin, dos de los mandos del M19 ejecutados en el asalto al Palacio de Justicia, cuya retoma sangrienta por el Ejército sostiene que fue promovida por el narcotráfico debido a intereses comunes. Lo que queda en evidencia, en el discurrir por lo que lleva de vida, es que Petro es un político en el sentido más alto de la política -un animal político- y, a la vez, un revolucionario. Como dice, reclamó cuando sus compañeros priorizaban las armas por encima de las ideas. Privilegiaba el trabajo de masas a los tiros, los tiros a las claudicaciones, y la paz a la guerra sin posibilidades. Por todos los medios, ha tratado de estar en los escenarios donde se denuncia, se debate y se define el país para incidir. Algunos le achacan que es un ambicioso que quiere ser presidente. Por supuesto, la lucha por el poder es la esencia de la política. ¿O para qué tanta lucha? No es para enriquecerse como hacen y han hecho quienes gobiernan, ni para pasar de agache, sino para representar a los que no tienen voz, denunciar las bellaquerías y los crímenes de las mafias y sus anclajes en el Estado, y proponer las que, desde su punto de vista, son las alternativas para sacar a Colombia de las masacres, el apocamiento, la desigualdad, el saqueo, la discriminación y el atraso. Aun si, como lo repite en distintas páginas, el escenario sea un Congreso fachada que, en sus mayorías, representa los más oscuros intereses, a los terratenientes y al gran capital, y un remedo de democracia que hace rato exige inyección de pueblo para ser real. Si bien Petro reivindica el componente social de la Constitución de 1991, proceso en el que el M19 desmovilizado tuvo un papel determinante, pero en el que él personalmente no tuvo mayor incidencia, cuestiona que el movimiento, liderado por Antonio Navarro, hubiera realizado concesiones (que a la larga lo acabaron) y terminara cooptado al punto de aceptarle un ministerio al Gobierno de Gaviria que, por debajo de la mesa, impuso una agenda neoliberal tras la fachada social de la carta de derechos, y blindó de cualquier reforma a las instituciones militares. Se estrenó como un polemista aplaudido en el Congreso, pero, en su sentir, sin peso en el país, y por eso inició sus esfuerzos por gobernar con un gran fracaso en su primer intento por llegar la Alcaldía de Bogotá. Tras amenazas y ser nombrado en la diplomacia por el Gobierno para ponerlo a salvo, en Bruselas, en una embajada regentada por un criminal, clandestinamente cooperó para denunciar al embajador cuestionado (su jefe) en Europa. En la Universidad de Lovaina se adentró en temas que luego serían clave en su pensamiento sobre el futuro de Colombia. Tiempo después, regresó a su obsesión: la política de a pie y con la gente. Logró una curul en el Congreso y fama en lo que es diestro: el debate y la denuncia. Desnudó los arreglos de las familias oligárquicas de Bogotá para enriquecerse apropiando tierras en el norte, los negociados del Gobierno Pastrana con el Banco del Pacífico y la alianza de terratenientes, narcotraficantes y fuerzas armadas del Estado para dar patente al paramilitarismo. Con la contundencia de sus acusaciones, la evidencia de las pruebas exhibidas y la valentía de los señalamientos, se ganó el respeto de buena parte del país (de la que no cohonesta ni justifica), y contribuyó a darle soporte a las investigaciones y condenas de la Corte Suprema de Justicia contra un buen número de congresistas miembros de la alianza narcoparamilitar. Se metió a la boca del lobo visitando a Carlos Castaño, quien confrontado lo dejó salir ileso. Según cuenta, por los debates sobre el paramilitarismo iban a asesinarlo, y afirma, sin duda, que la intermediación del demócrata Edward Kennedy, ante Álvaro Uribe, para que lo protegiera, salvó su vida, así algún sector de la izquierda lo haya tachado de vendido. Advertidos de que sus propuestas programáticas implicaban cambios a las reglas de juego impuestas en el manejo de la ciudad por quienes la han usufructuado como bien privado, medios y opinadores voceros de esos intereses, que le concedían aplausos por su valentía en confrontar y coadyuvar a limpiar la mancha del paramilitarismo, se encargaron de ambientar la oposición a su ejercicio como alcalde Mayor de Bogotá, cargo al que llegó en 2012 con un tercio de la votación y con un programa que, apenas unos cuantos años atrás, habría sido objeto de risas o escarnio, pero que para el momento era revolucionario. Una cosa es el debate parlamentario y las propuestas legislativas -sometidas a la controversia, en la siempre desfavorable votación ante el peso de los intereses- y otra gobernar, le insistían para cuestionar sus primeras medidas de desprivatización y fortalecimiento de empresas públicas, garantía de derechos sociales y adaptación al cambio climático. Para ejecutar se necesitan “gerentes”, decían, en defensa de sus intereses, los representantes de grandes negociantes, encubriendo que esos “técnicos” asumen decisiones que, al fin y al cabo, son políticas. En el libro, Petro presenta un balance de la “Bogotá Humana” que puede ser objeto de cuestionamiento estadístico y fáctico de sus adversarios, pero no le podrán negar que generó un inflexión en la concepción de ciudad, relación con el ambiente, la naturaleza y los animales, desarrollo en torno al agua, transporte sustentable, protección de la Sabana y la Reserva van der Hammen (evitando la expansión constructivista y procurando la densificación), reconocimiento de las minorías y de derechos humanos, superación de las desigualdades y defensa de lo público. La reducción de la pobreza y el ensanchamiento de la clase media fue notorio, y por eso le reclama a esta que, en votaciones posteriores, se haya inclinado a la derecha. En una trapisonda politiquera, tras montarle una crisis de salubridad a raíz de su decisión de asumir por el Estado el servicio de recolección de basuras en Bogotá, el entonces procurador General lo destituyó en un amañado y torvo proceso disciplinario. En forma inédita, en sucesivas manifestaciones en la Plaza de Bolívar, la ciudadanía -“las nuevas ciudadanías”- se hicieron sentir dándole su respaldo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó la facultad del procurador de destituir funcionarios electos, e impartió medidas cautelares a favor del alcalde que, junto con decisiones de los tribunales nacionales, garantizaron su retorno al Palacio Liévano para la ira de los adversarios de su gestión. Petro es explícito en su reclamo por la actitud del expresidente Juan Manuel Santos, con cuyo Gobierno estaba aliado en la búsqueda de un acuerdo con las FARC, de no haber acatado las medidas ordenadas por la CIDH y, por el contrario, haber designado apresurado su reemplazo. Dolido por ese episodio, confiesa que tuvo la idea inaudita de entablar charlas con el uribismo y que gracias a Iván Cepeda reflexionó en favor de la paz. Urgido de respaldo político para su reelección, Santos acudió a Petro, quien accedió a un pacto programático y puso a su gente a hacer campaña para garantizar la continuidad de las negociaciones con la guerrilla. Santos firmó los acuerdos de La Habana e hizo público, junto al alcalde, el compromiso de la nación con la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá, el cual deshonró, una vez elegido alcalde, Enrique Peñalosa, quien convino echar para atrás lo avanzado por Petro e iniciar un amañado proceso de aprobación de la construcción de un polémico metro elevado en la ciudad. En sentir de Petro, la “patraseada” de Santos, facilitada por la obsesión de Peñalosa de borrar sus huellas, era de esperarse porque la clase política no le habría perdonado haberle entapetado el camino a la Casa de Nariño. El mal está hecho. En 2018, en una coyuntura dramática para el país, pues se ostentaba un Acuerdo de paz que no favorecía al que lo defendiera (porque la derecha lo convirtió en estigma y asunto espurio tras la victoria del No en el plebiscito), ante el temor del cambio comportado por Petro y su propuesta de “Colombia Humana”, muchos de quienes apoyaron la paz, a la hora de los hornos, pasaron al bando contrario. El porfiado, el odiado, el indeseado Petro pasó a la segunda vuelta colmando plazas y, entonces, se juntaron todos los de siempre y se ausentaron muchos de los llamados alternativos con el prurito de la polarización, para impedir que ocupara el Palacio de Nariño como presidente de la República. En esas anda otra vez. Lidera todas las encuestas, convoca grandes manifestaciones, los medios no lo pueden ignorar, censura con autoridad masacres y corrupción, tiene propuestas reformistas y audaces, y promueve un Pacto Histórico para la transformación del país. Un país hastiado del mal gobierno y del uribismo parece hacerle el guiño para que una propuesta diferente, progresista e inédita gobierne a Colombia. Advertidos de esa posibilidad, de nuevo, los detentadores del poder intentan impedirlo (denuncias falsas urdidas en los centros de operaciones de la ultraderecha internacional, supresión de la Ley de Garantías para financiar un fraude a gran escala, y lo que falta). Él resiste. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Laura Cano (periodista) y Ernesto Medrano (asistente de investigación – Línea Democracia y Gobernabilidad) En horas de la noche de este miércoles, 20 de octubre, fue capturado en Bogotá el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, luego de que llegara a la capital para participar de Agroexpo 2021 (evento que se realizará en Corferias del 22 de octubre al 1 de noviembre). La captura fue realizada por miembros del CTI de la Fiscalía, entidad desde la que se ha implicado al mandatario local con los delitos de concierto para delinquir, peculado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y financiación del terrorismo. Puntualmente, desde la Fiscalía se informó que, entre 2012 y 2021, parte de los años en los que ha estado en la Gobernación de Arauca (2012-2015 y 2020 a la actualidad), Castillo habría entregado distintos contratos estatales para favorecer al ELN, puntualmente al ‘Frente Domingo Laín Sáenz’, estructura que, a cambio de estos contratos, estaría brindando garantías logísticas y de protección militar para que el gobernador pueda desplazarse por los municipios de la zona. A esto se suma que la Fiscalía investiga si Castillo habría recibido apoyo para las elecciones a cambio de millonarias sumas de dinero y de la posibilidad de entregar contratos cuando estuviera en el puesto. Así las cosas, la entidad puntualiza que: “Se presume que, en su primer periodo adjudicó ocho contratos a un integrante del ELN, por diferentes objetos como: estudios y diseños de vías, proyectos de espacio público, infraestructura educativa, entre otros, sin cumplir los requisitos legales”. Hay que señalar que, en medios como El Tiempo, se menciona que esta captura también se habría dado en el marco de la compra de un avión ambulancia para el departamento de Arauca en 2014: “El contrato por el que el gobernador de Arauca fue capturado en Bogotá hace alusión a la compra de un avión ambulancia por $8.920 millones y que, según el ente investigador, terminó siendo operado y explotado en concesión por una empresa particular desde julio de 2015. Dicho contrato es señalado por el ente investigador de irregular y de no haber cumplido con los requisitos de Ley, presuntamente entregado ‘a dedo’ por José Facundo Castillo”. Es importante recordar que Castillo ya había resultado salpicado por un escándalo de contratación en 2020, cuando la Procuraduría General de la Nación abrió pliego de cargos en su contra por presuntas irregularidades en la adquisición de paquetes alimentarios, para la población vulnerable, durante la cuarentena por la pandemia del covid-19. Además, en julio de este año, la Procuraduría sancionó con seis meses de suspensión al gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por irregularidades en suscripción del contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por 570 millones de pesos. El órgano de control había “establecido que el mandatario departamental vulneró los principios de transparencia que comporta el deber de selección objetiva y de responsabilidad de la contratación estatal, al suscribir, con la Corporación Cultural Cabalgando, el Contrato 201 del 14 de abril de 2020, no obstante que en el pliego de condiciones se estipularon requisitos restrictivos y discriminatorios a la libre concurrencia de oferentes”. Respecto a la apertura de pliegos contra Castillo, por parte de esta misma entidad de control, en el 2020, esta decisión estuvo relacionada a que, en medio de la pandemia por covid-19, Castillo habría pactado la compra de kits de alimentos que tendrían un sobrecosto del 31%. Más puntualmente, desde el medio 070, se indicó que: “el gobernador Castillo firmó el 6 de abril un contrato de más de 4.463 millones de pesos para el «suministro, logística y entrega de kits de ayuda alimentaria» para la población afectada por la emergencia en Arauca. La Contraloría, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 1.050 millones de pesos de sobrecostos relacionados con el suministro logístico y entrega de 33.437 kits alimentarios contra el gobernador Castillo, sus secretarios de Gobierno y Desarrollo Social, el coordinador de Gestión del Riesgo Departamental y Multiservicios Mael. La entidad dijo que «estableció un presunto sobrecosto del 31% en los kits adquiridos a través de este contrato. Se encontraron sobrecostos en productos como: sal (145 %), (panela 206 %) y pasta (211 %)»”. Frente a los últimos sucesos, luego de ser capturado, Castillo pasó la noche en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, y se espera que hoy sea presentado ante un juez de control de garantías, quien definirá cuáles serán las nuevas medidas que se tomarán ante las presuntas responsabilidades del gobernador. Además, el despacho del funcionario indicó que, en las próximas horas, emitirá un comunicado oficial para entregar detalles sobre el caso y los argumentos de la defensa de Castillo. ¿Quién es José Facundo Castillo Cisneros, gobernador capturado? Castillo es un político conocido de Arauca. En 2012 consiguió ser elegido como gobernador del departamento, y en 2015 logró poner en el mismo cargo a su candidato, Ricardo Alvarado Bestene, con 46.541 votos. Antes de su llegada la Gobernación en 2019, Castillo se había lanzado a la Cámara de Representantes para ocupar una de las dos curules que le corresponden al departamento de Arauca. En ese entonces, fue avalado por el partido Cambio Radical. Incluso, el gobernador fue el gerente de campaña de Germán Vargas Lleras a la presidencia de la República. El vínculo entre Castillo y Vargas Lleras lo habría facilitado el exgobernador Julio Enrique Acosta Bernal, quien es conocido por ser el hombre más cercano a Vargas Lleras en Arauca. Acosta fue condenado por concierto para delinquir y por el homicidio agravado del registrador Juan Plazas Lomónaco en el 2003. Para las elecciones de 2019, Castillo llegó a la Gobernación de Arauca por la Coalición Unidos por Arauca, de la cual hacen parte el partido Cambio Radical, el Partido de La U, el partido Colombia Renaciente y el partido MAIS. Si bien como candidato agradeció el apoyo del partido Unión Patriótica, de acuerdo con el tarjetón promovido para las elecciones locales de aquel entonces, no figura el logo de esta colectividad. Tarjetón electoral a la Gobernación de Arauca Según información del Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES), hasta el 2018, Castillo habría acumulado un total de 32 investigaciones y 18 de ellas habrían estado activas hasta el 2019. Entre los señalamientos realizados en estas investigaciones abiertas se incluyen delitos como prevaricato por omisión y por acción; peculado por apropiación; delitos contra la administración pública; fraude a resolución judicial; contrato sin cumplimiento de requisitos legales y amenazas. Algunos de los casos más sonados por los que ha sido investigado el gobernador son: irregularidades en la compra de un avión ambulancia, sobrecostos en la doble calzada del municipio de Arauca, irregularidades en los contratos de alimentación escolar e irregularidades en la contratación en la obra de la vía que comunica a Arauca con Cravo-Norte. Actualmente, Castillo tiene varios procesos abiertos. Entre estos, de acuerdo con información oficial, Castillo tendría ocho procesos por diferentes delitos, dentro de los que se encuentran el de enriquecimiento ilícito y el de concierto para delinquir.

Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presentamos el informe “Dinámicas en las que participa el ELN y perspectivas para el futuro próximo”: una recapitulación y un balance de distintos hechos en los que se ha visto involucrado el ELN en el marco de su proyecto político armado. Esta investigación consta de tres partes: en la primer se hace un resumen de los procesos más destacados vividos por el ELN en el último año; en la segunda se presentan unas recomendaciones, en perspectiva de acción desde la sociedad y los liderazgos políticos, sobre la superación de este conflicto armado; y en la tercera se ofrece una descripción de los procesos de acción desarrollados por el ELN en lo que se refiere al ejercicio sistemático de violencia organizada. Con este informe pretendemos insistir en que este conflicto sigue vigente en una territorialidad importante del país, y en que cientos de comunidades sufren en sus derechos y sus posibilidades de vida digna por la persistencia de una acción armada que debe ser superada. Previsualiza y descarga el informe completo aquí :

Por: Laura Cano Periodista - Pares La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra Miguel Ángel Barreto, senador del Partido Conservador, por presuntas irregularidades relacionadas con falsedad en documento privado y fraude procesal. Este caso fue abierto a través de una denuncia que recibió la Corte porque, presuntamente, el senador no reportó, en el año 2018, en sus gastos de campaña, una donación por $20 millones que le hizo llegar un particular mediante un cheque. Así las cosas, Barreto fue llamado a indagatoria y la cita tendrá lugar el próximo viernes 22 de octubre a las 9:00 de la mañana. Al respecto, hay que señalar que, de acuerdo a la información del diario El Tiempo, la donación la habría hecho Juan Guillermo Mancera García. Sobre esto último, es importante traer a colación que, en el medio Elboga.net, en mayo de 2021, se informó que a la oficina del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter, de la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura N°24 del Consejo De Estado, llegó y fue admitida una demanda de pérdida de investidura en contra del senador Miguel Barreto. En los fundamentos de la demanda se argumentaban irregularidades en su campaña en 2018, cuando se disputaba una curul en el Congreso. Esta demanda fue realizada por el abogado Sebastián Maestre Gallego, quien afirmó que: “El día 06 de marzo del año 2018, el señor MIGUEL ÁNGEL BARRETO CASTILLO recibió el cheque número 9457375, de la entidad financiera CITIBANK COLOMBIA S.A. por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000,00 M/cte), de parte del señor JUAN GUILLERMO MANCERA GARCIA. (...) Dicho valor no fue reportado por el entonces candidato MIGUEL ÁNGEL BARRETO CASTILLO, tal y como lo exige la resolución No. 3097 del 05 de noviembre del 2013, expedida por el Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual «se establece el uso obligatorio de la herramienta electrónica, software aplicativo denominado ‘CUENTAS CLARAS’ como mecanismo oficial para la rendición de informes de ingresos y gastos de campaña electoral»”. Siguiendo lo establecido por el portal digital Elboga.net, hay dos cosas importantes que señalar. Por un lado, que Mancera García, también mencionado en la nota de El Tiempo, sería un coronel en retiro de la Policía y presidente Ejecutivo en las gasolineras Plus en Colombia. Además, sería cercano al exgobernador Óscar Barreto, primo del hoy cuestionado Miguel Barreto. Adicionalmente, se puntualiza que, según la información reportada por el senador, fueron recolectados “sesenta y nueve millones quinientos mil pesos ($69.500.000,00) en donaciones de fondos privados y de ser cierto que los 20 millones del cheque ingresaron a su campaña, hubiera sobrepasado el límite en un millón ochenta y seis mil setecientos ochenta y tres mil pesos ($ 1.086.783,7), pues se supera el tope máximo establecido por la norma, que corresponde al 10% autorizado por la ley 1475 del 2011. Con lo que habría lugar a la pérdida de su investidura, que de dársele no podría volver al Congreso de la República, ni a varios cargos de elección popular”. Otros hilos por desenredar en el caso Miguel Barreto Este caso se suma a otro en el que ya había resultado cuestionado Miguel Barreto: en 2019, Carlos Arturo Reyes, diputado del Partido Liberal, lo denunció penalmente por supuesta compra de votos para llegar al Congreso. Puntualmente, el funcionario argumentaba que en septiembre llegó a su oficina un paquete con 62 folios que darían cuenta de las transacciones. “Llegaron al municipio de Rovira en el Tolima un total de 2.000 bultos de cemento y 550 tejas de zinc. Elementos que fueron entregados para el fortalecimiento de las campañas”, señaló en su momento el diputado. En el escrito que llegó a la Corte Suprema de Justicia, había un listado de 14 posibles beneficiarios de la supuesta compra de votos. En este proceso también se había visto implicada Adriana Matiz, representante a la Cámara, también cercana a Óscar Barreto. Desde la Corte Suprema no se han pronunciado sobre ese caso puntual. Por otro lado, en todo este entramado, hay otro punto por señalar, pues según las investigaciones de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), se conoce que Miguel Barreto pertenece a uno de los clanes políticos del Tolima: el ‘Clan Barretismo’. Se trata de una fuerza política acentuada entre 2008 y 2011, cuando Óscar Barreto llegó a la Gobernación del departamento, con lo que empezó a edificar su propia estructura política. No obstante, en 2013, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 11 años debido a presuntas irregularidades en la licitación de la vía Líbano-Villahermosa en 2009. Aunque Óscar Barreto se mantuvo distante de la política, luego del escándalo de corrupción en el que se vio implicado, decidió apoyar a su primo Miguel Barreto, en su carrera hacia la Cámara de Representantes, y a Juan Mario Laserna, al Senado, en las elecciones al Congreso en 2014. Pese a ello, tan solo su primo consiguió la curul con 22.388 votos, el segundo más votado de la colectividad luego de José Elver ‘Choco’ Hernández Casas. Ese mismo año, en el mes de diciembre, la Procuraduría lo absolvió en segunda instancia, por lo que decidió volver a lanzarse a la Gobernación del Tolima. En 2015, Barreto se enfrentaría a su mayor rival en política, Mauricio Jaramillo Martínez, quien además contaría con la aspiración de su hermano Guillermo Alfonso Jaramillo en la Alcaldía de Ibagué. Las votaciones dieron como ganador de la Gobernación a Barreto, que en esos comicios fue avalado por el Partido Conservador y coavalado por los Partidos Centro Democrático y Opción Ciudadana. Una vez posesionado, Barreto abriría sus cartas para las elecciones a Congreso de 2018, donde buscaría quedarse con una curul en Senado y otra en Cámara de Representantes, para ello apoyó a su primo Miguel Barreto, en Senado, y en Cámara a Adriana Magali Matiz. En aquellos comicios, Barreto consiguió lo que había buscado en 2014, pues su primo obtuvo 79.980 votos, mientras que Adriana Magali Matiz consiguió ser la representante más votada en el departamento, con 37.846 votos, a lo que también se sumó uno de sus aliados: el entonces electo representante por el Centro Democrático Ricardo Ferro. Con un senador y una representante de sus huestes, Barreto se posicionaba como el barón electoral más fuerte del Partido Conservador y del Tolima, llevándolo a planear lo que serían las elecciones locales de 2019. Para poder consolidar su poderío, Barreto le apuntó a los dos cargos más importantes del departamento: la Gobernación y la Alcaldía de Ibagué. Para la Gobernación lanzaría a su entonces secretario de Gobierno, José Ricardo Orozco, y para la Alcaldía de Ibagué, en un principio, iría su pariente José Barreto. Sin embargo, este declinó su aspiración para sumarse a la candidatura del exsecretario de Infraestructura de Óscar Barreto: Andrés Hurtado. El 27 de octubre de 2019, Óscar Barreto desplazaría del todo al ‘Jaramillismo’ y al ‘Emilismo’, otros dos clanes del departamento, luego de que su candidato Orozco, avalado por el Partido Conservador, el Partido de la U y la ASI obtuviera 220.184 votos, 62.019 más que la candidata del Partido Liberal y Cambio Radical Rosmery Rodríguez. En la Alcaldía de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado consiguió los votos que le hacían falta para quedarse con la capital del Tolima: un logro más para el ‘Barretismo’ en un cargo clave. En la actualidad, el ‘Barretismo’ no solamente cuenta con la Gobernación y la Alcaldía de Ibagué, la exsecretaria de planeación de Óscar Barreto, Olga Lucía Alfonso Lanini, le arrebató la Corporación Autónoma del Tolima a los liberales. Asimismo, de acuerdo con varias fuentes en territorio, el ‘Clan Barretismo’ controla aproximadamente 30 de las 47 alcaldías en el Tolima, con varias alianzas con políticos locales. Ahora, lo que suceda con Miguel Barreto, en la Corte Suprema de Justicia, podría significar un golpe tanto para el congresista, de manera individual, como para su clan político, por lo que habrá que esperar a que empiece la indagatoria para conocer en qué resulta este proceso abierto en su contra, y para vislumbrar las consecuencias que esto tendría de cara a las elecciones del 2022.

Por: Daniel Julián Parra Integrante de equipo de investigación de Frontera – Pares La sociedad civil en Cúcuta sigue presenciando cómo las Estructuras Armadas Ilegales (EAI) se introducen, poco a poco, en el casco urbano de la capital nortesantandereana. En la madrugada de ayer, 20 de octubre, fueron detonados tres artefactos explosivos ubicados estratégicamente en dos puntos en los que operaban cámaras de foto multa, y otro dirigido a un depósito de madera. Luego de esto, las autoridades lograron ubicar otro artefacto que se encontraba camuflado en una caneca de basura, y procedieron a realizar una detonación controlada. De acuerdo a lo señalado en Caracol Radio, el frente urbano ‘Germán Velasco Villamizar’, del ELN, se atribuyó la responsabilidad por estos hechos. Horas más tarde, la amenaza de otro posible artefacto explosivo hizo que las autoridades acordonaran el puente ‘Jorobado’ por unas horas. Posteriormente, personal técnico de la Sijín logró establecer que no se trataba de ningún artefacto explosivo lo que en su momento consideraron que podía ser una “caja bomba”. Sumado a esto, el día de ayer, la ciudad también amaneció bajo alerta por la instalación de un cilindro bomba, ubicado en el puente de la Vereda Puerto León. Junto a él, instalaron una valla “pasacalles” en la que conmemoraban la lucha armada del ELN. En medios locales, afirmó Alejandro Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana, que “no hubo afectación a ningún uniformado ni a la población”. Posterior a esto, en horas de la tarde, la población de Puerto Santander conoció un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en el que advertían sobre una limpieza social y la imposición de un toque de queda después de las 09:00 pm. Infortunadamente, en la región continúa el enfrentamiento armado por el control de la frontera; sigue la imposición de normas convivenciales para amedrentar a la sociedad civil; sigue la administración de justicia por parte de estructuras armadas ilegales; y, por supuesto, sigue la ausencia del Estado en territorios históricamente olvidados en los que, todavía, prevalece la guerra.

Por: Dennis Arley Huffington Investigador Oficina Pares Pacífico Como a finales de la década de los 90, las comunidades del municipio de Riosucio, en el departamento de Chocó, sufren las consecuencias de las disputas armadas entre los grupos ilegales que buscan hacerse con el control del territorio, las rutas del narcotráfico, las economías ilegales y parte del apetecido paso fronterizo entre Colombia y Panamá, a través del Tapón del Darién; situación que se agrava con las operaciones militares que se adelantan en esta zona del país y que se han intensificado en los dos últimos años. Riosucio es una zona codiciada por las estructuras criminales debido a su ubicación estratégica, por un lado, por ser una frontera internacional que permite el paso a través de ríos y trochas montañosas hacia Centroamérica; y, por el otro, por ser el municipio de mayor extensión del Chocó, con 9.318 kilómetros cuadrados, desde donde se puede circular entre Antioquia, a través de Mutatá y Turbo; salir al Golfo de Urabá, del mar Caribe, recorriendo el río Atrato; y al océano Pacífico, por los esteros del municipio de Juradó. Además, es considerado por el Gobierno nacional y sus fuerzas militares como uno de los lugares donde, posiblemente, se encuentra refugiado el máximo cabecilla de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC): Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’. Las nuevas violencias: se hacen trizas las esperanzas por la paz acordada “Cuando escuchamos que el Gobierno iba a hacer diálogos con las FARC, pensamos que por fin nos iban a liberar, pensamos que por fin podríamos andar en nuestro territorio sin miedo”. Esta es una de las voces anónimas de Riosucio que se ilusionó con el camino hacia la paz. Esperaba, como tantas otras personas, que, con la salida de la entonces guerrilla de las FARC-EP del territorio, el Estado colombiano finalmente haría frente para terminar con lo que desde las comunidades llaman y reconocen como “abandono institucional”. Pero no fue así, lo que vieron llegar fue una nueva disputa armada. El sueño de la paz se convirtió en una pesadilla para la población riosuceña cuando, en el 2017, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) comenzaron a ocupar rápidamente las zonas dejadas por las FARC-EP en la región. Lo mismo hizo el ELN. Los primeros enfrentamientos en este municipio se registraron en el resguardo de Peñas Blancas, del río Truandó, y desde ahí se expandieron hacia la parte alta del río Atrato, dejando a las comunidades en el medio. Una de las principales consecuencias de esta situación ha sido la instalación de minas antipersonas, por parte del ELN, en la zona rural de Riosucio, especialmente en los límites con el municipio de Juradó. Esto ha ocasionado el confinamiento de comunidades afro e indígenas, además del impedimento para realizar sus actividades tradicionales de caza, siembra y tala de madera, por lo que, ante la imposibilidad de hacerse con el sustento diario, alrededor de unas 300 familias se han visto forzadas a desplazarse hacia el casco urbano. Las comunidades también han denunciado restricciones en los horarios para transitar por los ríos: después de las 6 de la tarde y antes de las 6 de la mañana no se permite la circulación de embarcaciones. En el casco urbano el panorama no es muy alentador, las AGC ejercen una regulación estricta del orden social: establecen toques de queda para toda la comunidad y renta extorsiva para los locales comerciales, además de que suplantan a las autoridades en asuntos de seguridad y hasta de justicia. En medio de este panorama, sufren la incertidumbre y el temor por las operaciones militares que se han intensificado en la zona. Las AGC y la Operación Agamenón II En Riosucio se está implementando de manera intensiva la Operación Agamenón II, que busca capturar o dar de baja a Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, máximo cabecilla de las AGC. Con ello, se espera desarticular a la que se denomina como la más grande agrupación narcotraficante del país. Según se pudo conocer, las fuerzas militares han determinado que ‘Otoniel’ se esconde entre el Nudo del Paramillo y el Darién chocoano de la subregión del Urabá, por lo que las operaciones se han concentrado a lo largo de esta zona. En rueda de prensa, el general de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas Valencia, detalló que, en lo que va de año, el operativo deja la captura de 648 personas de este un grupo armado organizado en el Urabá, así como la incautación de más de 40 toneladas de cocaína; además de la neutralización de 49 personas, entre ellas Nelson Darío Hurtado Simanca, alias ‘Marihuano’, segundo al mando de las AGC, quien fue dado de baja en enfrentamientos contra la fuerza pública en zona rural de Riosucio. En respuesta a los golpes militares, las AGC declararon un plan pistola contra la fuerza pública que ha dejado 3 uniformados asesinados en lo que va corrido del año. Estas muertes ocurrieron en dos hechos: el primero se presentó en enero, cuando dos Policías fueron asesinados en el casco urbano; y, el segundo, se trató de un oficial de la Marina que falleció después de un atentado con explosivos en zona rural, que también dejó otras 4 personas heridas. Por otra parte, se han incrementado los casos de reclutamiento de jóvenes por parte de ambas estructuras armadas ilegales con presencia en el municipio y, con ello, han aumentado los asesinatos. El peligro de ser joven en Riosucio Las principales víctimas de esta violencia asociada al posconflicto son los y las jóvenes: de acuerdo a fuentes territoriales, 16 de los 20 homicidios registrados por las autoridades, hasta el mes de septiembre en este año, fueron contra personas jóvenes. También se presentó una muerte violenta por una mina antipersona. Y es que además de las economías ilegales, las rutas del narcotráfico y el control de la frontera, la juventud es un recurso en disputa por los grupos armados ilegales, en especial por las AGC. El reclutamiento de jóvenes se ha intensificado, en el último año, a causa de las numerosas capturas y neutralizaciones realizadas por la fuerza pública a los integrantes de estas agrupaciones ilegales. Las y los jóvenes reclutados son utilizados como combatientes, informantes o microtraficantes. Por un lado, son seducidos con ofertas económicas, en el caso de quienes residen en zona urbana; y, por el otro lado, son inducidos de manera forzosa, en el caso de quienes están asentados en lo rural. La situación es crítica. A inicios de año, en rueda de prensa, el alcalde Conrad Valoyes Mendoza afirmaba que tuvo que sacar a 100 jóvenes del municipio porque estaban en lista de las AGC para ser llevados a sus campamentos. “Sus vidas corrían peligro, los mismos padres llegaban a la administración municipal con los ojos llenos de lágrimas, que por favor les salváramos a sus hijos”. Entre estas personas jóvenes que tuvieron que huir, 80 son menores de edad entre los 15 y 17 años, y lo peor es que no han tenido acompañamiento del Gobierno nacional en esta situación, y la administración local no tiene capacidad para hacer un acompañamiento adecuado a las familias y jóvenes que ya no están en Riosucio. En este municipio, la Oficina de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) en el Pacífico comprobó que no hay garantía para los liderazgos sociales, y que el margen de acción de las autoridades étnico-territoriales es cada vez más limitado por el accionar violento de las estructuras criminales. Hacer denuncias y dar testimonio se torna cada vez más peligroso. Se reclama con insistencia que es menester el fortalecimiento institucional desde el Gobierno nacional, de la mano de toda la ayuda posible, para prestar atención a las necesidades y demandas de las comunidades: la presencia del Estado debe sobrepasar la bota militar.

Por: Daniela Garzón Investigadora nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad Con un video-selfie se confirmó que la medallista olímpica Caterine Ibargüen será la cabeza de lista al Senado del Partido de la U. Un fichaje de Dilian Francisca Toro, que desde que llegó a la dirección del partido tiene el reto de conformar listas que permitan que, al menos, superen el umbral electoral. El Partido de la U vive un momento muy aciago que parece el preámbulo de su fin, como ya lo anunciaban hace algunos años expertos como Juan Pablo Milanese. Un partido que fue creado para apoyar la reelección de Álvaro Uribe en 2005, que decidió quedarse con Santos tras la ruptura en 2010, y que fue Gobierno por cuatro periodos presidenciales hoy se ve a gatas para seguir en el Capitolio. La salida de sus dos exponentes más visibles, Roy Barreras y Armando Benedetti, y el anuncio de varios de sus actuales congresistas de no volver a presentarse a comicios, como el caso del senador más votado de su lista, Roosevelt Rodríguez, han tenido en serias preocupaciones a una organización política que hace aguas desde que el presidente Santos pasó a ser expresidente. El último recurso de este partido ha sido buscar a figuras públicas como Ibargüen, de grata recordación en buena parte de la sociedad colombiana, pero de las que no se conoce su experiencia en política o en asuntos públicos. Una apuesta trasnochada, pero a la que siempre se vuelve: creer que las caras nuevas, solo por ser nuevas, van a atraer votos. Aunque, como es obvio, la bandera para su campaña será el apoyo al deporte ─y no es una bandera ajena a la U, pues la gobernadora del Valle y pupila de Toro, Clara Luz Roldán, fue antes la directora de Coldeportes─, esto muestra la desesperación por la que pasa Toro y el partido, pues no encuentran de dónde echar mano para no perder la personería jurídica. En entrevista con El Espectador, Toro dijo que el partido no solo le apostará a caras nuevas, sino que dejarían de ser una colectividad ‘uribista y de derecha’ para buscar más ‘el centro’. Lo que no deja de ser extraño teniendo en cuenta que el partido de la U, desde 2010, decidió quedarse con Santos ─y su tercera vía─, mientras que Uribe se vio en la necesidad de crear otro partido, el Centro Democrático. ¿La U fue siempre uribista o no lo fue mientras se firmaba el Acuerdo con las FARC-EP, Santos estaba en la Presidencia y había mermelada?, ¿o se reconvirtió con Duque o… del mismo modo en sentido contrario? Las volteretas de los partidos y las personalidades políticas son mejores que las de Simone Biles. No es un secreto para nadie que la U nunca ha tenido un contenido programático muy estructurado y que, más bien, fue desde siempre un partido “atrápalo-todo” en el que hubo espacio para toda suerte de personas cuestionadas, de clanes políticos y de personas que acabaron condenadas en escándalos como el de la parapolítica o el de Odebrecht. La cereza más reciente de este pastel fue la condena a Eduardo Pulgar por intentar sobornar a un juez. Pero como todo pasado con mermelada fue mejor, el momento crítico sobrevino con la pérdida de figuración en la Presidencia. Desde allí, aunque la U decidió declararse partido de gobierno y apoyar a Duque, la suerte no ha sido la misma. Por eso, no sorprende que otro de los anuncios de Toro sea que cambiarán de logo y de nombre, y que ahora buscarán más “el centro”. El codiciado centro del que todos hablan, que pocos pueden definir y en el que parece que está la mayoría del electorado colombiano. Lo que no se entiende de esa actitud de “cambio” y “renovación” es la intención de seguir ocupando curules en cuerpo ajeno: el mismo Pulgar está buscando hacer elegir a su esposa, Ana Josefina Ucrós, que no tiene ninguna figuración pública, en el Senado, y el condenado ‘Ñoño’ Elías apuesta, de nuevo, por su hermano Julio Elías Vidal, que se quemó hace tres años aspirando a la misma corporación. En medio de una crisis generalizada, en otras iniciativas también han fracasado. Toro intentó liderar una coalición de exgobernadores para las presidenciales, pero con la renuncia de Alejandro Char a su candidatura, y con Luis Pérez y Eduardo Verano abriéndose el camino por su cuenta, la idea quedó en el olvido. El ocaso de la U es un hecho y puede ser una buena noticia para un mapa político que pide a gritos una reconfiguración. Si el partido, además, pretende seguir apostándole a la paz como logo, aunque haya hecho muy poco por ella, está mirando la agenda política que no es, pues el acuerdo con las FARC ya parece, tristemente, periódico de ayer.

Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación La siguiente entrevista fue elaborada para su publicación en El Espectador. La compartimos desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) con la autorización de su autor y con ligeras modificaciones, respecto a la publicación original, de acuerdo a los lineamientos editoriales de Pares: Paul Ríos Garaizar es un ciudadano vasco que trabajó de manera activa por la superación de las violencias agenciadas por ETA, una organización terrorista y nacionalista vasca. Especialmente, desde su rol como director de Lokarri (un movimiento social de carácter pacifista que trabajó para promover el acuerdo y la reconciliación como salida al conflicto vasco), Garaizar fue perseverante en este propósito. El día de ayer, 20 de octubre de 2021, al cumplirse 10 años del fin del conflicto del cual ETA fue protagonista, nos concedió una entrevista para tener presente esta experiencia, vivida en España, en el marco de las reflexiones de una sociedad como la colombiana que sigue teniendo el reto de construir una sociedad en paz. El 20 de octubre del 2011, ETA anunció el fin de 43 años de acciones violentas con las que buscaba lograr la independencia del País Vasco respecto a España. Este accionar armado, iniciado en 1968 (aunque ETA se constituyó en 1959), de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior de España, dejó 854 personas asesinadas (la mayoría de ellas vascas), 79 personas secuestradas (12 de ellas asesinadas) y 6.389 heridos. A continuación, la entrevista que hemos tenido con Paul Ríos Garaizar: Luis Eduardo Celis (L.E.C): Ahora que se cumplen 10 años de la terminación de ETA como organización, ¿cómo ves los inicios de este conflicto? ¿cuáles fueron sus causas? Paul Ríos Garaizar (P.R.G.): Este es un tema muy controvertido. Hay opiniones muy diferentes sobre las causas del conflicto y la violencia en el País Vasco. Ahora bien, trataré de resumirlo. La sociedad vasca es plural respecto a su identidad nacional. Una parte de la población quiere continuar unida a España, y otra quiere más soberanía o incluso la independencia. A ello hay que sumar que sufrimos durante 40 años la dictadura franquista, que violaba los derechos humanos y libertades democráticas. En ese contexto, surgió un grupo armado (o terrorista), llamado ETA, que utilizó la violencia para combatir el franquismo y lograr la independencia. En la transición democrática en España, ETA decidió seguir utilizando la violencia. Ello nos llevó a una situación de violencia continua y a vulneraciones de los derechos humanos, no solo por parte de ETA, sino también por parte de grupos paramilitares o cercanos a los aparatos del Estado. L.E.C.: ¿Cómo transcurrió este conflicto en sus orígenes y por qué persiste luego de la terminación de la dictadura franquista y la transición a la democracia? P.R.G.: Es una buena pregunta. ETA surge como un grupo armado nacionalista, antifranquista y que fue incorporando características semejantes a los grupos de liberación que nacieron en Sudamérica. Parecía que con la transición española pondría fin a sus actividades, pero consideró que no se había roto con el franquismo y que la única alternativa para conseguir la independencia era utilizar la violencia. Y decidió hacerlo pese a que los mensajes mayoritarios que llegaban de la sociedad y partidos vascos era que se debía dar una oportunidad al nuevo régimen democrático. ETA ignoró este llamamiento y se embarcó en una campaña de violencia que, incluso, fue más virulenta que la presente durante el franquismo. En ese contexto, además, actúan grupos paramilitares y surgidos del entorno del Estado, y se fue alimentando una espiral violenta, mientras la mayoría social comenzó a movilizarse y a expresar más claramente su deseo de vivir en paz. L.E.C.: ¿Cómo era la relación de ETA con la sociedad vasca? ¿qué tanto apoyo tuvo ese proyecto de acción política ejerciendo violencia? P.R.G.: Es difícil de determinar el apoyo que tuvo ETA durante la dictadura, aunque es cierto que una parte importante de la población consideraba legítima la lucha armada para combatir la dictadura. Una vez llegó la transición democrática y el País Vasco recuperó su autogobierno, este apoyo o comprensión fue disminuyendo de manera notable con el paso de los años, hasta el punto de que ya para los años 90, la inmensa mayoría de la sociedad vasca rechazaba la violencia de ETA. Se dio así la contradicción de que ETA justificaba su violencia para defender al pueblo vasco, mientras que el pueblo vasco rechazaba y condenaba dicha violencia. L.E.C.: ¿Desde cuándo se empezó a hablar de una salida negociada y cómo transcurrió ese proceso de intentos de solución pactada? P.R.G.: Poco después de la transición democrática, ya comenzaron los intentos de articular un proceso de paz negociado. Algunos de ellos tuvieron éxito, como en el año 83, cuando la llamada ETA-pm decidió dejar la violencia. Posteriormente, hubo otros procesos como en el año 1989 en Argelia, el proceso de 1998, principalmente capitaneado por los partidos soberanistas vascos, o el proceso de 2006, cuando se establecieron negociaciones entre ETA y el Gobierno español. Justamente, este último generó una gran esperanza en la sociedad vasca, que pensaba que en esta ocasión finalmente se conseguiría la paz. Fracasó y eso generó una gran frustración. L.E.C.: ¿Cuáles fueron los orígenes de una acción desde la sociedad vasca para superar el conflicto del que participaba ETA? P.R.G.: Confluyen dos movimientos diferentes. A principios de los años 80, pequeñas organizaciones sociales comenzaron a organizar movilizaciones para denunciar cualquier tipo de violencia. Fue el germen de una entidad llamada Gesto por la Paz, que consiguió una importante movilización por la paz y los derechos humanos. Posteriormente, también surge Elkarri, una organización por el diálogo y los derechos humanos, que demostró que había una alternativa a la violencia. Gracias a estas dos organizaciones, la mayoría de la sociedad vasca apostó claramente por la paz y el diálogo, sembrando el terreno para que posteriormente esta se pudiera conseguir. L.E.C.: Tú has sido director de Lokarri, ¿cuáles son los principios de su acción y su trayectoria? ¿cuáles son los aprendizajes que deja esta acción ciudadana por la superación de este conflicto? P.R.G.: Lokarri nace como una entidad para promover el acuerdo y la reconciliación, y que tenía una vocación de actuar incorporando la pluralidad de visiones y opiniones presentes en el espacio socio político vasco. Ahora bien, en 2009 comenzó a trabajar con mediadores internacionales involucrados en el proceso de paz vasco y, por tanto, hizo labores de mediación y de coordinación de las actividades de las distintas entidades y grupos internacionales que estaban intentando abrir nuevas vías de diálogo. Los aprendizajes, fruto de esta experiencia, han sido muy diversos. Lo resumiría en dos ideas centrales. En primer lugar, es fundamental un esfuerzo por conseguir que todos los sectores socio políticos se sientan incluidos y protagonistas del proceso de construcción de paz. El sentimiento de ser excluido es, en muchas ocasiones, la semilla para que el proceso fracase. En segundo lugar, el proceso vasco de paz ha sido muy innovador: no ha habido negociaciones oficiales y ello ha obligado a que la sociedad civil vasca, sus partidos y sus instituciones, hayan debido adoptar un papel protagonista para impulsar las soluciones, convirtiéndose en un interlocutor válido. L.E.C.: ¿Cómo fue la última década del conflicto en que persistió ETA? P.R.G.: En la primera década de este siglo, ETA fue debilitándose más y más como consecuencia de la cooperación internacional contra el terrorismo, las acciones policiales y el sostenido rechazo a la violencia por parte de la sociedad vasca. En 2006 se abre un proceso de diálogo, entre el Gobierno español y ETA, con la participación de los partidos políticos vascos. Este proceso fracasa y, en gran medida, cae sobre ETA la responsabilidad de no haber conseguido un acuerdo. En ese momento, el sector socio político más cercano a las tesis de ETA, la izquierda independentista, inició un proceso de reflexión interna, llegando a la conclusión de que la violencia no era el camino para conseguir sus objetivos políticos y que, por tanto, necesitaban desarrollar una nueva estrategia basada exclusivamente en las vías pacíficas y democráticas L.E.C.: ¿Qué explica que ETA haya tomado la decisión de poner fin a su acción armada? P.R.G.: Destacaría tres grandes factores. Por un lado, la debilidad de ETA en el plan operativo. No estaban consiguiendo nada con la violencia. Por otro lado, el rechazo mayoritario de la sociedad vasca a la violencia (no se puede utilizar la violencia para defender a un pueblo en contra de la opinión de dicho pueblo). Y, finalmente, el cambio estratégico operado en la izquierda independentista. Así, llega un momento en el que la violencia no cuenta con ningún apoyo y su final se vuelve inevitable. Otro tema es que hubo que trabajar mucho, con diálogos secretos y discretos con los principales actores, para lograr el efectivo final de la violencia de ETA. Lokarri, la organización que por entonces dirigía, junto a entidades y mediadores internacionales, organizamos una conferencia internacional que pidió a ETA el final de la violencia, y al Gobierno el inicio de un proceso de conversaciones. Lo primero se logró 3 días después, pero el Gobierno se negó al diálogo y, por ello, tuvimos que reforzar el papel de la sociedad civil vasca para que fuera un sujeto activo en un proceso de diálogo y consenso. L.E.C.: ¿Qué resaltas de estos diez años? ¿cuáles son los procesos vividos que deben ser resaltados? P.R.G.: Destacaría varios elementos. Se han aprobado leyes de protección y reconocimiento de víctimas del terrorismo y de abusos policiales. También se ha logrado el desarme de ETA, que entregó las armas a representantes de la sociedad civil vasca, en un proceso que no tiene similitud alguna a nivel internacional. En 2018 ETA, además, anunció su disolución. Y entre tanto ha habido diversos procesos para mejorar la convivencia y promover la reconciliación. El proceso es sostenible y todo hace indicar que no hay vuelta atrás. L.E.C.: ¿Cuáles son los déficits de esta década y cuáles tareas siguen pendientes? P.R.G.: Uno de los déficits reside en que todavía no se ha garantizado, de manera completa, el derecho de todas las víctimas al reconocimiento, la reparación y la verdad. También tenemos pendiente la reintegración social de las personas que aún permanecen en prisión condenadas por su actividad en ETA. Y, finalmente, tenemos pendiente todo lo relativo a la memoria. No hemos llegado a un acuerdo sobre cómo construir un escenario para entender el pasado o, por lo menos, cómo facilitar un diálogo entre los diferentes relatos para ir, poco a poco, acercando posturas y llegar a una serie de conclusiones que nos permitan construir la convivencia del futuro. L.E.C.: ¿Qué mensaje le darías a la sociedad colombiana que sigue trabajando por la paz? P.R.G.: Mejor que uno, dos mensajes. Ninguna sociedad está condenada a vivir con violencia, ni el País Vasco ni Colombia. La violencia no es inevitable. Hay alternativas más democráticas y respetuosas con la dignidad humana. Y también añadiría que no hay ningún conflicto que sea irresoluble. En todos los casos, incluso aunque no veamos ningún motivo para la esperanza, hay oportunidades para transformar el conflicto y encaminarlo hacia escenarios constructivos. Por ello, los animo a mantener la esperanza y a convertirse en “insistencialistas”, es decir, en personas que, pese a todas las dificultades, están dispuestas a seguir insistiendo e insistiendo para abrir camino a la paz.

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda En ocasión de la extradición de Alex Saab y de las respuestas que diera el Gobierno del presidente Maduro, persiguiendo a personajes a quienes las autoridades internas habían encontrado responsables de ser aliados del Estado norteamericano en la estrategia de debilitar y/o derrocar al gobierno de Venezuela, y, más precisamente, con la persecución al periodista Roberto Deniz –el primero en iniciar investigaciones sobre el empresario barranquillero–, me pregunto y les pregunto a los lectores si no habrá remedio en el mundo para evitar que los Gobiernos abusen (por buenos que estos parezcan) de los instrumentos de poder para evitar ser cuestionados cuando no están haciendo algo realmente perverso, o para evitar ser denunciados cuando sí lo están haciendo. La censura a los medios de comunicación y, especialmente, a los periodistas se ha presentado desde que existe la política, y se ha reconocido de manera muy objetiva cómo se han posesionado, en calidad de típicas, algunas conductas burdas contra la libertad de expresión que pretenden homogeneizar la opinión pública en torno a los intereses y ambiciones de los gobernantes. Sin embargo, las políticas en la posmodernidad han cambiado, si no en esencia, sí en sus modos y maneras. Anteriormente, las críticas o reclamos de las y los periodistas a las conductas abusivas de los gobernantes no tendrían eco, precisamente, debido a la lentitud en las comunicaciones: hoy en día, la existencia de muchos periodistas o informadores sin lazos con medios oficiales les ha obligado, a las personas que asumen el poder, a trocar esos modos directos de censura salvaje por unos muy disimulados. En el presente, antes que negarles a los periodistas información o impedirles que la obtengan por sus propios medios, utilizando las fuerzas del Estado para realizar, por ejemplo, perfilamientos, acoso en redes sociales, chuzadas y estigmatización a periodistas a quienes se les presenta –aprovechando la difusión de los medios comprados– como enemigos del país o como terroristas, han optado por una nueva muy disimulada: la llamada “censura sutil”. Así le han nombrado los europeos desde hace ya dos décadas, y en Argentina, hacia el año 2006, la Asociación de los Derechos Civiles y la ONG Open Society organizaron un encuentro sobre esta problemática en América Latina, donde se concluyó que las más sutil de todas las censuras es aquella soportada en el manejo de la contratación para la publicidad oficial. Dentro del mentado encuentro en Buenos Aires, el director de la Escuela de Periodismo del ICEI, el profesor Gustavo González, manifestó que –según lo expuesto en esos debates– la asignación de publicidad gubernamental es “la forma más ostensible de censura sutil”. Aunque también se denunció la existencia de otras formas de censura aún “más sutiles” y “más abiertas”. Precisaba el profesor González, por ejemplo, entre esas otras formas, que la más corriente y burda –padecida aquí en Colombia por Daniel Coronel en los últimos días de su trabajo en la revista Semana– era el procedimiento de la llamada telefónica planteando lineamientos sobre temas puntuales. Lo cierto es que los medios de comunicación masiva, los grandes medios oficiales, se han sostenido gracias a los aportes de las propagandas del Estado y de las empresas privadas con intereses supremos. Ese porcentaje es vital para la subsistencia de dichas organizaciones. De manera que los personajes políticos, más exactamente los y las gobernantes, le han sacado provecho a esa vulnerabilidad y, de continuo, escuchamos quejas acerca de cómo el Estado, a la hora de contratar espacios publicitarios, excluye a unos medios y privilegia a otros. Lo cual es bastante grave en un plano de comunicaciones donde caben todos, máxime si el comportamiento político de un mandatario ha de ser democráticamente equitativo. No obstante, la ambición y sagacidad de autoridades y personalidades políticas les ha llevado a la construcción de una censura más sutil que todas: la autocensura. En el presente, esa es la mayor de las estrategias de los gobernantes a la hora de doblegar la voluntad, la opinión, la crítica y las investigaciones de los y las periodistas. La autocensura tiene como característica –y por eso es tan sólida en el secretismo– ser un acuerdo de voluntades connatural: una especie de negocio jurídico implícito que se da por sí solo al no provenir de la voluntad expresa del periodista vendido, ni de la voluntad expresa del gobernante que lo compra, sino de una estrategia más fina que sutil para conseguir sus fines. En el caso de las y los gobernantes, para mantenerse en el poder con sus ideas, por mentirosas que estas sean; y en el caso de periodistas, para existir en un medio donde su imagen se promueva y donde, efectivamente, reciban estipendios y ascensos por venderse en silencio. La forma más sofisticada de la censura sutil es la autocensura, pues bajo esta forma el periodista se siente seguro y, al ser cuestionado, como muchas veces se les ha cuestionado a periodistas de renombre en Colombia, siempre podrá responder airoso: “A mí nadie me ha dado ninguna orden”. Esa cultura de la autocensura reside, justamente, en el consentimiento que no requiere previas palabras porque está fundado y soportado en el sobrentendido. Mientras el periodista necesite dinero o ambicione acreditaciones, la autocensura ocurrirá por sí sola, lo cual es provechoso para los gobernantes y para el periodista que la comete; pues bajo tal esquema de negociación nace blindado el invisible negocio jurídico, y es más difícil de cuestionar si no se cuenta con la prueba de que dicha autocensura ha ocurrido por miedo a un poderoso o por temor a un futuro incierto.

Por: Laura Cano Periodista Pares El pasado martes, 19 de octubre, se conoció que El Tribunal Superior de Bogotá, finalmente, en segunda instancia, tumbó la absolución y condenó a 40 años de prisión a los sargentos Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Ferney Ulmardín Causayá Peña por hechos relacionados a la retoma del Palacio de Justicia, ocurrida durante el 6 y 7 de noviembre de 1985. Además de la condena, también se les impuso una multa de 6.150 salarios mínimos legales mensuales (es decir, más de 2.667 millones de pesos) y una inhabilidad de 20 años para ejercer cargos públicos como coautores impropios de los delitos de desaparición forzada agravada de la exguerrillera del M-19 Irma Franco Pineda y de dos trabajadores del Palacio de Justicia: Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández. Adicionalmente, el tribunal ratificó la condena contra el coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano por su responsabilidad en las tres desapariciones de la toma del Palacio de Justicia, cuando se desempeñaba como comandante del órgano de inteligencia B2 de la Brigada XII, encargada de los sobrevivientes del hecho. Así mismo, también ratificó la sentencia contra Óscar William Vásquez Rodríguez, quien recibió la misma condena de Sánchez. Ambos deberán pagar una multa de 3.500 salarios mínimos legales (más de 1.500 millones de pesos) y tendrán una inhabilidad de 20 años para ejercer cargos públicos. Más puntualmente, Sánchez Rubiano fue condenado por la desaparición de Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández; y Vásquez Rodríguez, por el caso de Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández. Hay que recordar que, en febrero del 2013, la Fiscalía pidió al juzgado condenar a Sánchez Rubiano y a los exmilitares Óscar William Vásquez, Antonio Rubay Jiménez, Luis Fernando Nieto y Ferney Martin Causalla Peña por el delito de desaparición. Tras esto, en el año 2016, el juez 52 de conocimiento de Bogotá condenó y ordenó la captura del coronel en retiro Edilberto Sánchez Rubiano y de Óscar William Vásquez. Ambos recibieron sentencia de 40 años de prisión, mientras que se decidió absolver a Antonio Rubay Jiménez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Ulmardín Causaya. Respecto a estas desapariciones han existido múltiples versiones desde finales de la década de los ochenta. En noviembre de 1990, por ejemplo, en el diario El Tiempo, se señalaba: “El coronel del Ejército Edilberto Sánchez Rubiano, sancionado con solicitud de destitución por la Procuraduría, asegura que Irma Franco, miembro del comando del M-19 que asaltó el Palacio de Justicia, no está desaparecida. Para el oficial, hallado responsable de haber detenido ilegalmente a la guerrillera, esta se encuentra en algún lugar del mundo, esperando que culmine el proceso que está sufriendo Colombia en la actualidad”. Justamente, en relación con esto, vale la pena resaltar que en la actual sentencia del Tribunal Superior se puntualiza que: “Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández salieron con vida del palacio de justicia con dirección a la casa del florero y, a la fecha, se encuentran desaparecidos”. Además de que “varios de los sobrevivientes que fueron separados en la Casa del Florero, fueron considerados ‘especiales’ o ‘sospechosos’, apartados del grupo general y sometidos a fuertes interrogatorios en el segundo piso de la referida casa, hasta que los llevaron a instalaciones militares, de la Policía o a las afueras de Bogotá, entre ellas a la Escuela de Caballería de la Brigada 13, con un sector asignado específicamente al B2, donde recibieron tratos crueles y degradantes para que entregaran información sobre el M-19 o la toma al Palacio”. Sobre las personas desaparecidas, hay que traer a colación que Irma Franco era una joven de 28 años, estudiante de Derecho de la Universidad Libre, integrante del M-19, conocida con el alias de 'Mariana'. Ella, para el día de la toma del Palacio (6 de noviembre de 1985), ingresó al edificio haciéndose pasar por abogada, sin embargo, participó del asalto al recinto usando armas de fuego en compañía de otra mujer; fue evacuada en medio del enfrentamiento militar y conducida a la Casa del Florero, donde estuvo a disposición de los organismos de seguridad del Estado. Carlos Augusto Rodríguez Vera se desempeñaba como administrador de la cafetería del lugar, y fue torturado y asesinado posteriormente. Mientras que Bernardo Beltrán Hernández trabajaba allí como mesero. Aún no se conoce sobre lo que terminó sucediendo con él. Con esto, vale la pena resaltar que los militares recién condenados no serán detenidos hasta que la condena quede en firme. Sobre este caso, Pilar Palacios del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), en una entrevista concedida a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), asevera que: “Como esposa de una de las personas desaparecidas en la toma y retoma del Palacio de Justicia, creo que está condena que se dio recientemente es buena. Aunque el hecho de que se haya dado después de 36 años de buscar verdad y justicia es diciente de todo lo que hemos tenido que pasar”. Asimismo, es importante señalar que, por todo lo que supuso la toma y retoma del Palacio de Justicia, se abrió el expediente ‘Desaparecidos del Palacio de Justicia’ en la Fiscalía General de la Nación, donde fueron investigados distintos oficiales del Ejército que controlaron el manejo de rehenes y comandaron la retoma. Entre los exmilitares implicados, además de los más arriba nombrados, también estarían el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, excomandante de la Brigada XIII; el excomandante del Batallón Charry Solano, general (r) Iván Ramírez Quintero; y el excomandante de la Escuela de Caballería, Luis Alfonso Plazas Vega. Asimismo, el general (r) y excomandante de la Brigada XIII del Ejército Jesús Armando Arias Cabrales fue sentenciado a 35 años de prisión por haber ordenado la desaparición de civiles, no obstante, en mayo de 2020, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó su libertad inmediata después de estudiar su caso, no sin antes ordenarle firmar una carta de compromiso para aportar a la verdad sobre los hechos de la retoma del Palacio de Justicia. Respecto a este exmilitar y a Iván Ramírez Quintero, familiares de las víctimas del Palacio de Justicia han pedido a la JEP que sean retirados de este Tribunal. “En el caso de las personas desaparecidas en la toma y retoma del Palacio de Justicia, han habido condenas. Muchas de estas han sido absueltas sin que los militares aporten a saber qué fue lo que ocurrió. Para nosotros lo más importante es saber la verdad, saber qué pasó con nuestros familiares, y que los responsables respondan por las víctimas. Son 36 años donde se han dado algunas condenas y acciones judiciales, pero hasta el momento lo que se ha visto es que la mayoría de implicados empiezan un proceso para luego quedar en libertad, e incluso, demandar al Estado y presentarse como las víctimas”, concluyó Pilar Palacios.

Por: Ernesto Medrano Asistente de Investigación – Línea de Democracia y Gobernabilidad En el Centro Democrático se vislumbra la reiterada contienda entre el presidente de la República, los representantes del partido y su líder natural. En la más reciente disputa al interior de la colectividad, se presentó la desautorización, por parte del exsenador y jefe natural del partido, Álvaro Uribe Vélez, sobre el artículo introducido en la ley de presupuesto que busca modificar la ley de garantías para las elecciones del 2022. Pero, ¿qué es la ley de garantías? La ley de garantías es un instrumento que busca regular y establecer mecanismos de protección de la democracia con el fin de ofrecer la igualdad electoral. Esta ley evita que personas a la cabeza de alcaldías y gobernaciones puedan ejecutar el presupuesto o establecer convenios administrativos cinco meses antes de las elecciones a Congreso y Presidencia. El propósito de esto es impedir la aparición de incentivos perversos que interfieran con el sano desarrollo de la democracia. Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en su momento, realizamos un análisis sobre las implicaciones de la derogación o modificación del artículo 38 de la ley de garantías, explicando que la intención resulta abiertamente inconstitucional porque la Ley de Presupuesto es una ley ordinaria, y un artículo en este tipo de leyes no puede derogar elementos de las leyes de carácter estatutario (Te podría interesar: “En vilo la ley de garantías: ¿otra jugada del Gobierno?”). El argumento de las personas ponentes ha sido que, como no existe la reelección presidencial en Colombia, no tiene sentido mantener vigente la restricción en la contratación en periodos electorales. Esta postura no contempla que el artículo primero de la ley 996 de 2005, no solo establece una restricción de cara a la reelección presidencial, sino también un criterio democrático sobre cómo debe desarrollarse el debate y el proceso electoral en el país. Contradicciones en el Centro Democrático En el partido de gobierno se han presentado diferentes discrepancias frente a la introducción del artículo que elimina la ley de garantías. Para el senador Ciro Ramírez, por ejemplo, la ley de garantías solo es un obstáculo que no permite la ejecución presupuestal de los gobernantes y, además, de acuerdo con sus declaraciones en un entrevista para W Radio, “no es el antídoto para evitar la corrupción”. Sin embargo, por otro lado, para el exsenador Álvaro Uribe es necesario derogar la ley de garantías, pero no es conveniente hacerlo en vísperas de las elecciones del 2022. Incluso, el exsenador Uribe solicitó el apoyo a las congresistas Milla Romero Soto y María del Rosario Guerra (como si se tratase de las grandes defensoras de la democracia y el respeto por la Constitución), como un intento por mostrar las discrepancias entre los miembros del partido ante el mico introducido. Evidentemente, la discusión por el mico incrustado en la ley ordinaria del presupuesto general para el 2022 ha generado grandes contradicciones en las toldas uribistas. De hecho, como coordinadores ponentes del proyecto de ley aparecen los nombres de los senadores Nicolás Pérez Vázquez y Ciro Ramírez, así como los representantes a la Cámara Juan Pablo Celis Vergel y Diego Javier Osorio Jiménez. Congresistas ponentes del proyecto de presupuesto del Centro Democrático Las contradicciones no vienen solo de este último periodo de tiempo. En 2015, mientras se desempeñaba como senador de oposición, el hoy presidente Iván Duque se oponía a la idea de la eliminación de la ley de garantías. A continuación, mostramos el recorrido del conveniente cambio de opinión del partido de gobierno frente a la eliminación de la ley de garantías: Intención y efecto El mensaje emitido por Uribe Vélez deja entrever que su intención sí es derogar la ley de garantías, argumentando que alcaldes y gobernadores no tienen tiempo suficiente para ejecutar el presupuesto establecido, incumpliendo así, sus planes de gobierno. Ante esta tesis, las personas a la cabeza de alcaldías y gobernaciones ya se han pronunciado, precisamente, en la misma dirección. Para el Centro Democrático, la controversia y las opiniones distintas resultan ser un buen mecanismo para el ejercicio político que precede a la campaña electoral del 2022. Si bien algunos y algunas congresistas han apoyado la idea de tumbar la ley de garantías, por medio de la ley de presupuesto, para otro grupo de congresistas del partido esto no es estratégico. El mensaje más interesante al respecto fue, precisamente, el del exsenador Álvaro Uribe. Esto, debido a que no corre riesgos, políticamente hablando, al afirmar que hay que tumbar la ley; pero no así ni ahora. En este sentido, Uribe se adapta al debate generado en torno a la inconstitucionalidad e inconveniencia del artículo, pero, además, envía un mensaje convincente a mandatarios y mandatarias de alcaldías y gobernaciones: estoy con ustedes. El cálculo político del Centro Democrático es medido, pues de cara a las elecciones del 2022 necesitan los votos tanto de acaldes y alcaldesas, como de gobernadores y gobernadoras. De hecho, en el marco de las próximas elecciones, es importante tener en cuenta que, de las 32 gobernaciones, 20 pueden ser catalogadas como independientes[1]. Es decir, este espaldarazo, para que mandatarias y mandatarios locales puedan adelantar contratos interadministrativos y contrataciones en periodo electoral, hace parte de una estrategia clientelar en la que “yo te apoyo y tú me apoyas”. [1] Para el cálculo de las gobernaciones, según la declaratoria (Gobierno, Independiente u Oposición), se realizó un análisis de los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno, y si en el proceso electoral el partido de gobierno tenía candidatura propia. Gobierno: cuando el candidato es del Centro Democrático o el partido está presente en la coalición. Independiente: cuando el elegido no pertenece al partido de gobierno o si el candidato compitió en contra del partido Centro Democrático. Oposición: cuando el partido del elegido o la coalición se ha declarado en oposición, de acuerdo al Estatuto de la Oposición. ND: cuando no es posible establecer la declaración de afinidad del partido o coalición frente al Gobierno nacional. Juego político En el juego político, el Centro Democrático esperaría contar con el apoyo de gobernadoras y gobernadores, no solo de quienes harían parte de los partidos de la coalición de gobierno a nivel nacional, sino que también buscarían atraer a quienes se han declarado como independientes, pero que con la eliminación de la restricción de la ley de garantías se verían beneficiados. Más aun teniendo en cuenta que las gobernaciones que pueden catalogarse como afines al gobierno suman 1.697.502 votos, mientras que las gobernaciones independientes suman 5.750.754 votos. Es decir, se espera cautivar un nuevo nicho electoral con la introducción de un enorme mico, a pocos meses de la entrada en vigencia de la ley de garantías y de los comicios electorales. Número de votos obtenidos por gobernadores afines al partido de gobierno Número de votos obtenidos por las gobernaciones catalogadas como independientes En el caso de las alcaldías ocurre algo similar. En este caso, se tomaron las alcaldías de las ciudades capitales. A partir de la declaratoria de afinidad política hacia el Gobierno nacional, se logró definir que solo la alcaldía capital del departamento de Sucre pertenece a la coalición de gobierno. De las 31 alcaldías de ciudades capitales, 19 pueden ser catalogadas como independientes, 9 serían opositoras y 2 estarían indeterminadas. Así mismo, el potencial electoral que ofrecen las alcaldías es importante. El total de votos obtenidos por las alcaldías capitales suma 3.327.505 votos. De estos, el caudal electoral de los partidos y coaliciones independientes llega a 1.038.505 votos. Por su parte, desde la Federación Colombiana de Municipios, la Federación Nacional de Departamentos y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, se solicitó la derogación de la ley de garantías. Esto debido a que, según estas instituciones, la ley de garantías produce desincentivos y limitaciones al sano desarrollo de la gestión pública y la ejecución de proyectos. Comunicado conjunto de organizaciones municipales y departamentales La trampa como instrumento político Ante este panorama, la congresista de la Alianza Verde Katherine Miranda había realizado, a través de su cuenta de Twitter, una denuncia sobre un posible entramado que permitiría la aprobación de la ley de garantías el pasado lunes festivo, 18 de octubre. En la denuncia de la congresista se enfatizaba que, además, los congresistas no sesionaron en toda la semana, en virtud de la llamada semana de receso que los presidentes de Cámara y Senado consideraron oportuna. Sin embargo, tras las reacciones de la opinión pública, la sesión plenaria, tanto en Cámara como en Senado, fue movida para el martes 19 de octubre. Como resultado, finalmente, se obtuvo la aprobación del proyecto del presupuesto general para la vigencia del 2022 y la eliminación del artículo 38 de la ley de garantías, incluso, a sabiendas de su inconstitucionalidad. Conclusión Es claro que oponerse a la ley de garantías puede implicar una percepción de sensatez bien vista por los alcaldes y gobernadores. Sin embargo, hacerlo previo a elecciones legislativas y presidenciales resulta ser una estrategia clientelista y antidemocrática. Así mismo, el oportunismo del Centro Democrático no deja de ser llamativo, porque mientras disfrazan sus intenciones con peleas internas, los congresistas ponentes del proyecto de presupuesto general para el 2022 están a gusto con el mico introducido, e incluso lo defienden con afirmaciones poco serias. Pero más preocupante aún es que, no contentos con la introducción del mico inconstitucional, pretendían aprobar a pupitrazo, y de espaldas al país, el proyecto del presupuesto general y, por supuesto, el mico que busca eliminar la ley de garantías. Si bien las alertas que encendieron algunos congresistas dejaron entrever las intenciones de la bancada de gobierno y sus aliados por aprobar, en la opacidad, el proyecto de presupuesto, el debate continuó el martes 19 de octubre, con la noticia de que el Centro Democrático dejó en libertad a sus representantes para tomar cualquier decisión sobre este proyecto. Y, finalmente, la decisión de los senadores y las senadoras aliadas del Gobierno fue la aprobación de la ley de presupuesto, con mico incluido, que permitirá desplegar estrategias y prácticas clientelares, a lo largo y ancho del país, con recursos públicos. Es decir, comprarán votos con dinero público. [1] Para el cálculo de las gobernaciones, según la declaratoria (Gobierno, Independiente u Oposición), se realizó un análisis de los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno, y si en el proceso electoral el partido de gobierno tenía candidatura propia. Gobierno: cuando el candidato es del Centro Democrático o el partido está presente en la coalición. Independiente: cuando el elegido no pertenece al partido de gobierno o si el candidato compitió en contra del partido Centro Democrático. Oposición: cuando el partido del elegido o la coalición se ha declarado en oposición, de acuerdo al Estatuto de la Oposición. ND: cuando no es posible establecer la declaración de afinidad del partido o coalición frente al Gobierno nacional.