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Por: Lizeth Serrato Contreras En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, 01 de mayo, se realizó en la capital del país la presentación de la hoja de ruta de los sindicatos del carbón para el pliego de peticiones, que garantice una justicia laboral, un plan de cierre integral y dignifique a la fuerza obrera de las minerías.  El Colectivo de Trabajadores por la Transición Energética Justa elaboró y radicó este pliego dirigido principalmente a las empresas del sector minero y el Gobierno Nacional de Colombia haciendo énfasis en la hoja de ruta que debe seguir la transición para garantizar que esta sea justa, democratizada y en paz para los distintos actores de la sociedad, en este caso a la fuerza laboral que durante décadas ha ejercido sus profesiones específicas dentro del universo del Carbón.     Esta hoja de ruta toca temas centrales como: 1. la reconversión laboral, 2. la equidad de género, 3. la justicia ambiental, y 3. la articulación institucional, pero estos requerimientos no solo hacían eco en el frio Salón Esmeralda del Hotel Tequendama en Bogotá, sino que también retumbaban en las calles del país un SÍ a la consulta popular, a las garantías para los trabajadores y la dignificación de la clase obrera. Las calles y avenidas de Colombia fueron testigo, una vez más, de la inmarcesible voz del pueblo; puntualmente en la ciudad de Santa Marta cerca de 2000 personas se movilizaron desde los distintos sindicatos, las calles se encontraban Sintracarbón y Sintramienergética, dos aristas sindicalistas solidas en la Región Caribe, ex trabajadores de Prodeco, Drummond, y Cerrejón. Impulsados desde la Gobernación del Magdalena, y con la compañía de sindicales de la educación, jóvenes, niños, ancianos y la policía, las vidas del carbón expresaron una vez más la preocupación y esa misma realidad los motivó a dirigir lo que puede considerarse como una movilización importante en la Perla de América. En conversaciones de lucha con participantes de la marcha, comentaban a viva voz que muchos compañeros y compañeras del sector además de sufrir las patologías consecuentes de una vida en la mina, también han presentado dificultades socioeconómicas por ser sindical, pero también porque quedaron sin base sólida para las economías de sus familias. Los sindicatos del carbón decían a viva voz que sus compañeros seguían en la lucha, pero desde Bogotá, mientras que, con un clima prometedor, el Ministerio de Minas y Energía y el Colectivo de Trabajadores firmaban un pacto simbólico por la igualdad y los derechos laborales. Es importante que en las futuras salidas de empresas del Carbón en el país exista entre las compañías y su fuerza laboral un plan de cierre integral que vaya de la mano con la buena gobernanza, para poder obtener un proceso asertivo, equitativo y garante que no ponga en riesgo la estabilidad económica, las dinámicas sociales y la seguridad de los actores del territorio.    "Quiero hacerle un llamado a las empresas del sector del carbón a que lleguen a conversar, nosotros vamos a crear un instrumento jurídico para que eso quede habilitado, pero necesitamos que las empresas lleguen. Es muy importante el diálogo social en los escenarios de transición energética justa", ministro de Minas Edwin Palma

Por: Redacción Pares En el Catatumbo el incendio de la guerra tiene que mermarse. Desde el 15 de enero del 2025, cuando el ELN inició una ofensiva escudándose en supuestas ventajas que estaría obteniendo el frente 33 de las FARC en su negociación con el gobierno, se ha desatado un conflicto que ha dejado más de 70 mil víctimas. El Catatumbo ha sido el centro de la preocupación del presidente. El Frente 33 hace parte del Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte, que a su vez integra el Estado Mayor de los Bloques y Frentes EMBF, conocidas como disidencias de Calarcá. Desde hace un año, debido a la violencia desatada por parte de las tropas comandandas por alias “Mordisco” en el Cauca contra la población civil y autoridades indígenas, la negociación con lo que antes se llamaba Estado Mayor Central se fracturó. Mientras el gobierno le hace la guerra a Mordisco negocia con dos comandantes, alias John Mechas y alias Richard. En el Catatumbo la influencia en ese frente la tiene Andrey Avendaño.   El presidente había dado un plazo hasta el 18 de mayo para que se reubicaran en una zona de ubicación temporal para iniciar algo parecido a un proceso de dejación de armas. En la noche del sábado 3 de mayo el presidente lo anunció de esta forma a través de la red social X “Se acuerda zona de paz para la dejación de la violencia con el frente 33 del estado mayor y el gobierno nacional. Allí se congregarán los combatientes y armas del frente 33. Comienza la paz del Catatumbo”.   ¿Cuánto va a durar este ensayo? Aún no se sabe. La temporalidad de estos acuerdos se definirá en las próximas semanas entre ambas delegaciones. Por ahora hay un documento que establece las reglas básicas que sostendrán este espacio: “(...) Finalmente se concertó su ubicación, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad, logísticas, geográficas y administrativas requeridas, para cumplir con las necesidades básicas de permanencia temporal para los integrantes del Frente 33 del EMBF FARC-EP que participarán en la paz con justicia social y ambiental”.   La suspensión de operaciones ofensivas contra este grupo iba hasta el 18 de mayo. Llegar a un acuerdo que definiera la zona de paz era esencial para que este plazo fuera renovado. Aún no se tiene claridad si el gobierno hará este proceso con cada uno de los frentes del EMBF Farc-Ep. Esta medida, que tiene sus reparos, está encaminada a buscar una salida para el conflicto en el Catatumbo.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas por: Sergio Saavedra El pasado domingo 4 de mayo en Gran Salón D de Corferias la fundación Paz y Reconciliación presentó el último libro de su centro de pensamiento ¿Plomo es lo que viene? En donde se analizan los logros y derrotas que han traído la bandera de este gobierno, la búsqueda de la Paz Total. En la conversación estuvieron Laura Bonilla, subdirectora de la fundación y una de las analistas más destacadas del acontecer político colombiano y nos acompañaron Marta Ruiz, periodista y comisionada de paz y el senador Iván Cepeda quien fue jefe negociador del gobierno con el ELN y en este momento se encuentra sumido en un hecho histórico: el juicio contra Alvaro Uribe.   El senador Cepeda fue contundente, a pesar de los retrocesos que hemos tenido en las mesas de negociación los esfuerzos acumulados en estos años no pueden ser desestimados, “no podemos volver a una guerra sin cuartel, acá se han conseguido victorias inobjetables, derrotamos a la parapolítica y logramos un gobierno de alternancia política. La sociedad colombiana no permitirá este retroceso”. Laura Bonilla señaló las complejidades que tiene medir este nuevo ciclo de violencia, “el reclutamiento forzado, las restricciones de movimiento para las poblaciones, son difíciles de medir”. Y resaltó que el libro fue tan riguroso que advirtió, antes de tiempo, lo que está pasando ahora en territorios y “si no tomamos medidas a tiempo volveremos a un ciclo de violencia muy intenso”.   Marta Ruiz, quien fue nuestra moderadora, le hizo una pregunta a León Valencia sobre si había qué hacer una autocrítica sobre si existieron problemas dentro de la estrategia de seguridad del gobierno. Valencia habló con la historia en la mano, recordó que a principios de este siglo habían 71 mil hombres en armas, veinte años después son 18 mil “tuvimos años hasta de 600 mil desplazados, es indidable que se han podido reducir las violencias y hay un cambio fundamental porque no hay una amenaza de que un grupo ilegal se vaya a tomar el poder”. León volvió a hacer la metáfora de la violencia colombiana como un gran incendio y lo que quedan son unos leños prendidos, hay dos opciones, o apagarlos, o echarles gasolina “El gobierno pasado, el de Duque, les echó gasolina. La expansión de estos grupos empezó fue en los años de Duque, no en los de Petro”. Y Laura Bonilla también nos recordó algo muy importante: en el gobierno pasado las disidencias estaban repartidas en 40 grupos. Ante una perspectiva de negociación decidieron unirse en el EMC. Las diferencias de opiniones y de encarnar la guerra y las negociaciones volvieron a fragmentarlos en cuatro. “Estos grupos tienen una aspiración de legitimidad territorial. Tenemos que impedir que estos grupos violentos condenen a las comunidades y sus necesidades a ser sus voces. Tenemos que proteger a los verdaderos líderes de esas comunidades”.   A pesar del aguacero interminable que cubrió a Bogotá el pasado domingo 4 de mayo el salón estuvo lleno. El tema de la paz sigue siendo de principal importancia para los colombianos, sobre todo para los más jóvenes. Fotos tomadas por: Sergio Saavedra

Por: Redacción Pares Antes del 30 de abril de 1984 la hacienda Nápoles era el lugar de encuentro de prestigiosos periodistas y políticos. Incluso su dueño, Pablo Emilio Escobar Gaviria, era Representante a la Cámara. Habían rumores de sus malos pasos. Decían, ya en esa época, que era socio del nazi Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, quien tenía hectáreas sembradas de hoja de coca en Bolivia, que había matado a varios jueces en Medellín y que había sido detenido por contrabandista en Ecuador. La periodista Maria Jimena Duzán encontró una foto de un Escobar veinteañero y sonriente, mientras era reseñado por la justicia ecuatoriana. La respuesta del capo fue mandar a recoger todas las ediciones del periódico y quemarlos. Además sentenció de muerte a Guillermo Cano, director del periódico.   Mientras la clase política se arrodillaba Rodrigo Lara Bonilla se dispuso a desafiarlo. Quiso demostrar ante el Congreso que Escobar era un narcotraficante. Mostró pruebas contundentes de que este hombre era uno de esos mágicos. Así llamaban en Medellín a los hombres que de la noche a la mañana, como por arte de magia, salían a comprar mansiones en el Poblado, con colecciones de carros y ejércitos privados. Entonces Pablo Escobar contraatacó. Mostró pruebas de que el narcotraficante Evaristo Porras había intentado de comprar la consciencia de Lara Bonilla. Supuestamente le habían ofrecido un millón de pesos para tranzarlo. Al verse envuento en esta situación el jóven ministro de justicia empezó una carrera a muerte para demostrar, no sólo que él era inocente sino que la idea era quitarle la máscara a Escobar.   Empezaron los debates, el afán en una especie de carrera hacia la muerte. Uno de sus más cercanos amigos, su jefe en el partido Liberal, Luis Carlos Galán, le recordaba todo el tiempo a quién se enfrentaba. ¿No se daba cuenta de los riesgos? Entre más le recomendaban mesura más alzaba la voz. El debate en el congreso de abril de 1984 fue contundente. Frente a un tablero improvisado demostró que Pablo Escobar no sólo tenía contactos con el narcotráfico sino que era el narco mismo. Inmmediatamente la visa a los Estados Unidos a Escobar le fue suspendida. Con la sangre en el ojo por lo que, según él, le había hecho el ministro de Justicia, contraatacó y le envió dos sicarios para matarlo. Y así lo hicieron. El 30 de abril de 1984 nos quedó claro que nadie, ni siquiera el ministro de justicia, estaba a salvo de la venganza de Escobar.   Ahí empezó una guerra que duró nueve años. Una guerra en donde murieron miles de colombianos secuestrados, en bombas, en ataques sicariales. Se moría por ser policía, político, periodista, juez y ser honesto. La frase “Plata o plomo” era una de las más repetidas por Escobar. Pero, matar a Lara Bonilla, fue su primer gran error. Desde entonces se tuvo que refugiar en sus caletas, la más grande de todas fue la Hacienda Nápoles. Y siguió matando a candidatos presidenciales, armando civiles, traficando coca e incluso sometiendo a un gobierno, como el de César Gaviria, a sus desginios. Se entregó pero sólo lo hizo haciendo una cárcel a su medida. Allí también secuestró, mató y extorsionó.   En algún momento de sus últimos días, cuando el capo estaba acorralado, sin poder ver a su familia, hay indicios, según su prima, la que le dio la última acogida en su casa cerca del estadio, que el capo se lamentaba de esa vida de estar corriendo, de huidas a último minuto, una vida lejos de su familia. Todo eso lo desembocó la atrocidad de mandar a matar a un ministro de justicia.

Por: Iván Gallo - Coordinador de Comunicaciones Acaba de salir en Netflix El Eternauta. Esta es la novela gráfica más importante en la historia de Latinoamérica. Fue la primera vez además que dos autores, Francisco Solano López y Germán Oesterheld, ubicaron una invasión extraterrestre en Buenos Aires. Hasta ese momento parecía que Nueva York o Londres sólo eran el epicentro de estas calamidades. El Eternauta tiene un poder devastador. No sólo prefigura la violencia con la que los militares invadieron Argentina en 1976 con toda su brutalidad, sino que, también, tuvo una visión profética, la de la tragedia de uno de sus autores. Al dibujante de la obra, Germán Oesterheld, lo desaparecieron y también a sus cuatro hijas durante la sangrienta dictadura. La novela gráfica es de 1957 y llevaban décadas pensando en una adaptación al cine. Tuvo que llegar Netflix para que esto se hiciera realidad.   El protagonista de El Eternauta es Ricardo Darín. Casualmente el actor más famoso de Latinoamérica -Quentin Tarantino lo ha comparado con Al Pacino- nunca había hecho una serie. Acá es Juan Salvo quien es en la adaptación un veterano de las Malvinas atormentado por todo el horror que tuvo que vivir en batallas tan descarnadas como Monte Longdom. Tiene una puntería de miedo y esto será una de las pocas armas que tenga la humanidad para resistir la invasión. Ricardo, aunque no lo crean, ya está grande, tiene 68 años. En Colombia lo conocimos a comienzos de este siglo por una racha de exitos en el cine que nos dejó con la boca abierta: El hijo de la novia, Nueve Reinas, El mismo amor la misma lluvia. Fue el protagonista además de El Secreto de sus ojos, la película que le dio a la Argentina el segundo Oscar de su historia.    Años después esa fama se convertiría en fervor cuando se estrenó en el mundo Relatos Salvajes. Allí encarnaba al intransigente Bombita, un hombre que se harta de la burocracia de un país que se cae a pedazos. Y desde entonces es Bombita. Darín debutó en la actuación a los ocho años en una radionovela que protagonizó con una de sus maestras, Norma Aleandro, con quien compartiría set en El hijo de la novia y quien lo convenció para hacer otro de sus papeles insignia en el teatro, en la adaptación que hicieron en Buenos Aires sobre Escenas de la vida conyugal de Ingmar Bergman.   A pesar de las ofertas que le han llegado desde Hollywood ha sido indeclinable en decir que no. Hubo una en la que dijo no más de una vez. En el 2003 el exitosísimo productor y director Tony Scott le propuso ser el malo en una película que sería una de las más taquilleras de ese año, Hombre en llamas, con Denzel Washington y Dakota Fanning. Darín tenía que encarnar a un mafioso mexicano. Juntando los dedos a lo argentino Darín se preguntaba irónico, sardónico: “Y yo qué tengo que ver con ser un mafioso mexicano” La insistencia de la producción fue abrumadora. Le dijeron, retadores, “No podemos aceptar un no como respuesta” e igual Darín los mandó al carajo.   El mensaje de Darín es poderoso para tantos actores latinoamericanos, incluídos colombianos, que queman sus naves acá para irse a probar suerte a los Estados Unidos y quedan con sus sueños rotos. Obviamente que este hombre, que ha sabido convertirse además en una estrella en España, no tiene problema para conseguir trabajo. Las propuestas le llueven en su país y en España, pero nunca fue “falta de ambición actoral” el no enfrentarse a un público como el de Estados Unidos.   Igual está bendito y todo lo que toca lo transforma en oro. Con El eternauta lo ha demostrado. La conexión con los jóvenes es una preocupación constante para un hombre que no para de aprender, de expandirse.

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Aunque estaba cantado a inicios de esta semana que el proyecto de ley estatutaria que permite el transfuguismo de congresistas entre partidos por una única vez sería aprobado en su sexto debate en la plenaria del Senado de la República, la realidad es que una falla en las máquinas que permiten las votaciones al interior de la plenaria y la falta de quórum salvaron dos veces al proyecto de ley que, por ahora, no cuenta con los votos necesarios para ser aprobado. Esto, luego de que el Partido Conservador, Cambio Radical, el Centro Democrático y el Partido de la U cantaran su voto negativo. La iniciativa, que proviene del Pacto Histórico y cuyo ponente es Alejandro Carlos Chacón (el senador liberal que también es el autor principal de la mini-reforma laboral que en los próximos días iniciará su trámite en la Comisión Séptima de Senado, misma donde se cayó hace unas semanas la reforma laboral del gobierno Petro) ha generado bastante ruido en la opinión pública, debido a que en su interior modifica los artículos 107 y 108 de la Constitución para que miembros de corporaciones públicas elegidos por votación popular puedan cambiar de partido por una sola vez sin tener que perder su curul, así como también aumenta el porcentaje de votos necesarios para obtener personería jurídica y permite a las coaliciones fundirse en un solo partido en caso de que los movimientos que la integran superen el umbral. Cero y van tres: una crónica de las reformas políticas presentadas durante el gobierno Petro Fuente: El País América Colombia Con este, ya van 3 proyectos de reforma política que han pasado por el Congreso de la República en los últimos 3 años. Los primeros dos (uno, impulsado por el gobierno en cabeza de Alfonso Prada, exministro del Interior, y cuyo ponente fue Roy Barreras; el segundo, de iniciativa de Juan Fernando Cristo), presentados en septiembre de 2022 y en septiembre de 2024, terminaron hundiéndose respectivamente. El primero, con la simbólica ruptura del proyecto por parte de Roy Barreras en Comisión Primera de Senado en marzo de 2023 , se cayó en quinto debate luego de que la mayoría de su articulado fuera modificado en los subsecuentes debates, abriendo la posibilidad, por ejemplo, a que congresistas fueran designados ministros por períodos de tiempo provisionales sin perder su curul, o que conservaran los primeros puestos en caso de incluirse en listas cerradas. El segundo, se hundió a finales de diciembre de 2024, en su cuarto debate en plenaria de Senado , luego de que los partidos opositores e independientes rompieran el quórum y el proyecto no pudiera ser votado. Las críticas, en este caso, vinieron tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de la academia y los mismos partidos, que indicaron que la insistencia del gobierno con las listas cerradas, en las elecciones primarias y el cambio en la perspectiva de la financiación de partidos por parte del Estado, junto con un sistema de afiliados que otorgaría personería jurídica a movimientos políticos que no tuvieran representación en el Congreso terminaría fragmentando aún más el sistema de partidos en el país. No obstante, mientras Juan Fernando Cristo construía su iniciativa de reforma para presentarla en el Congreso, ya el Pacto Histórico, en cabeza de David Racero, junto con Marelen Castillo y Alejandro Carlos Chacón, habían presentado a inicios de septiembre de 2024 su proyecto de ley de transfuguismo. El argumento que dieron desde el Pacto Histórico para presentar este proyecto en su momento fue la urgencia de buscar vías para reorganizar la coalición y el partido único , con los retrasos que en ese momento tenía la unificación de personerías y ante el riesgo de que el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado detuviera el proceso, en su tesis del lawfare . Este proyecto tiene un antecedente, rastreable en marzo de 2024, cuando la mayoría del bloque de partidos del Congreso lograron recolectar 118 firmas para presentar un proyecto de ley que cambiaba un artículo de la Constitución  que les permitía cambiar de partido una sola vez sin perder sus curules. En ese momento logró amplio apoyo, especialmente dentro del Pacto Histórico y el Partido Liberal, junto con varios congresistas que habían sido elegidos por partidos en los que no se sentían representados (como “JP” Hernández) o en partidos declarados de gobierno (como Miguel Polo Polo). Aquel proyecto terminó hundiéndose al cierre de la segunda legislatura, en junio de 2024, debido a que no logró si quiera tener quórum para ser votado en la plenaria de Cámara, en su segundo debate. Sin embargo, no pasaron más de 3 meses antes de que volviera a ser radicado. Esta vez, con 40 autorías y coautorías , también en su mayoría del Pacto Histórico. Desde allí, ha logrado sobrevivir a 5 debates. Al ser un acto legislativo, tiene que dar dos vueltas por el Congreso. La primera vuelta logró darla entre octubre y diciembre de 2024, en la que fue aprobado en Senado y Cámara. El quinto debate logró pasarlo a inicios del pasado mes de abril, donde fue aprobado con 16 votos a favor y solo 2 en contra. Ahora que llegó a su sexto debate , en plenaria de Senado, el proyecto de acto legislativo, que había logrado pasar de agache, enfrenta su reto más grande.   La “pequeña reforma política” que transformaría el sistema de partidos en Colombia Fuente: Gaceta del Congreso No. 518 de 2025 Aunque no tiene la misma proyección y alcance de las primeras dos reformas políticas, el Proyecto de Ley de Transfuguismo transformaría en gran medida al sistema de partidos en Colombia, no tanto en su aspecto institucional, pero sí en las dinámicas electorales de los mismos, especialmente frente a la construcción de coaliciones políticas y la posibilidad de abandonar y cambiar partidos por una sola vez. Esto es importante porque parte de la supervivencia del Pacto Histórico depende de que este proyecto se apruebe. Según el informe de ponencia que llegó a la plenaria de Senado el 22 de abril, las modificaciones sobre el artículo 107  buscaría permitir que, por un solo período y una sola vez, un miembro elegido para una corporación pública renuncie a su partido incluso un mes antes de la inscripción a las próximas elecciones , así como también indica que solo los partidos políticos pueden determinar las sanciones sobre casos de doble militancia, quitándole dientes al Consejo de Estado, quien ha tomado decisiones frente a la nulidad electoral de miembros de corporaciones públicas electos y que han incurrido en doble militancia en los últimos años, como el caso de Roy Barreras, quien perdió su curul por decisión del alto tribunal. Es precisamente para evitar la nulidad electoral que el Pacto Histórico está interesado en que se flexibilice la normativa constitucional. En el caso de Roy Barreras, el Consejo de Estado consideró que el entonces senador había incurrido en doble militancia al no haber renunciado al Partido de la U en los períodos que establece la constitución antes de haber sido incluido en la lista del Pacto Histórico en 2022. Como el Pacto Histórico obtuvo más del 15% de los votos que dicta la Constitución para armar coaliciones en las elecciones de 2022, los partidos que hacen parte de esta no pueden volver a presentarse en conjunto. Esto significa que los diferentes congresistas de los partidos que componen el Pacto Histórico no podrían lanzarse por una lista conjunta, ni podrían hacer campaña por otros candidatos y partidos aliados del gobierno, además que deberían haber renunciado a su partido y a su curul antes del 7 de marzo pasado. La urgencia por aprobar este acto legislativo es que, en caso de que la construcción de la personería del partido único se caiga, la opción más viable que queda es que los congresistas del Pacto Histórico puedan renunciar a sus partidos para evitar la doble militancia, como le sucedió a Roy Barreras. Frente a la modificación del artículo 108 , la ponencia indica que el cambio estaría en la posibilidad de permitir que los partidos y movimientos políticos puedan armar coaliciones conjuntas para presentar candidatos, pero excluyendo a los Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC) . La novedad, en este caso, radicaría en que se adicionaría al artículo 108 de manera explícita la imposibilidad de que los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales pudieran presentarse junto con los partidos a elecciones, y los obliga a registrarse al menos un año antes de los comicios. En el camino se quedó la modificación al artículo 262 de la Constitución , que buscaba, entre otras cosas, permitir que las coaliciones que superaran el 15% reglamentario para armar coaliciones pudieran fundirse en un partido con la personería de alguno de los partidos dentro de la coalición, así como otra modificación al artículo 108, que ampliaba el umbral electoral para tener personería jurídica del 3% actual al 5% en Senado. Ambas se hundieron en los 4 debates anteriores. De cómo un proyecto a la medida del Congreso terminó al borde de su hundimiento Fuente: El Espectador. En caso de que pasara este sexto debate en plenaria de Senado (en Cámara dan por sentado de que pasaría su segunda vuelta tanto en la Comisión Primera como en la plenaria), este acto legislativo no solo terminaría beneficiando al Pacto Histórico, sino también a algunos congresistas de los partidos tradicionales y del Partido Alianza Verde (que tiene embolatada su escisión interna), que buscarían mantener sus curules mientras buscan presentarse por otros partidos para las legislativas de 2026. Es por ello por lo que desde partidos de oposición como Cambio Radical buscan atajar esta iniciativa, especialmente frente a la posibilidad de que un reacomodo de congresistas dentro de los partidos termine debilitando a unos partidos y fortaleciendo a otros, sobre todo a los nuevos, como Nuevo Liberalismo (que tuvo buenos resultados en las elecciones regionales de 2023). Así mismo, algunas figuras independientes, como Angélica Lozano, han argumentado que el proyecto de ley está a la medida para la reelección de los congresistas del Pacto Histórico y solo busca su beneficio, afectando la democracia. Este discurso, frente al miedo de que un reacomodo de fuerzas debilite a la oposición y a los independientes ante la última legislatura que comienza en julio de 2025 y ante el escenario electoral de 2026, fue el que terminó calando para que el pasado lunes 26 de abril los conservadores, la U, Cambio Radical y Centro Democrático señalaran en diferentes comunicados que votarían en bancada de manera negativa. Según El Espectador , los votos que suman estas fuerzas estarían sobre los 48 senadores de 53 necesarios para tener mayoría, lo que los ubica muy cerca de tumbar el proyecto de ley. Es por ello por lo que las fallas técnicas y la falta de quórum (primero el lunes, en la que se iba a debatir el proyecto de ley, pero que fue aplazado en tanto el senador Chacón solicitó que fuera agendado al día siguiente, luego el martes) terminaron dándole un respiro a un proyecto al que le faltan solo 5 a 7 votos para hundirse. Por los lados de la bancada de gobierno las cuentas están enredadas, pues no se sabe a ciencia cierta como vaya a votar el Partido Verde, y solo tienen seguro 25 votos, los de su propia bancada y el partido Comunes, pero con posibilidades de disputar votos entre los liberales, algunos conservadores que romperían la disciplina de bancada, mismo que algunos de la U en esa vía. En estos momentos, el respiro será la última oportunidad para que desde el gobierno (que apoya tras bambalinas la propuesta), su bancada y los congresistas que apoyan la medida se logren las últimas negociaciones. En caso de no ser así, el gobierno tendría su tercera derrota en línea frente a los intentos por cambiar las reglas con las que funciona el sistema de partidos para mantener la supervivencia de su bloque político.

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad El gobierno logró sostener la movilización en la calle, un mes y medio después de la convocatoria de la Consulta Popular. Fuente: Fotografía de Oscar A. Chala. Como ya lo habíamos señalado en este artículo el 21 de marzo pasado , el gobierno salió al paso del hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima de Senado con la convocatoria a una Consulta Popular que refrendará el núcleo fundamental de este proyecto de ley. Ese mismo 21 de marzo el gobierno convocó a través de los sindicatos y de las organizaciones sociales una nueva jornada de movilizaciones que cobró relevancia por la masividad que tuvo, especialmente luego de que durante 2 años las convocatorias del gobierno no fueran nutridas. Indicábamos en ese artículo que dos retos se presentaban para el gobierno Petro en ese momento. El primero, era sostener la base de aquella movilización en el tiempo sin que, como ha pasado, se desgastara; y segundo, que el discurso de la Consulta Popular no terminara agotándose antes de la presentación de las preguntas, que habían sido anunciadas para la segunda semana de abril, pero que fueron presentadas al público hasta el martes 22 de abril, un mes después de las movilizaciones anteriores. Por ahora, y un mes después de elucubrar ese escenario, queda claro que el gobierno ha logrado sostener y ampliar la base de esta movilización social, sin que esto le haya costado mayor capital político. Antes de las movilizaciones; una encuesta publicada por Invamer hace varios días señaló que la favorabilidad del presidente Petro había aumentado del 32% al 37%, habiendo llegado a las mismas cifras que tenía en abril de 2023, previo a la primera crisis de gobernabilidad que llevó a la renuncia de una gran parte de su segundo gabinete ( analizada a profundidad en el más reciente informe de redes de poder, publicado desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad ) y a la ruptura de la coalición que tenía con el Partido Conservador y el Partido de la U. Fuente: Invamer Poll, abril de 2025 Además de aquel aumento, la encuesta mostró que éste se había concentrado en los estratos 1 y 2 de la mayoría de las personas sondeadas, lo que implica que existe de nuevo un acercamiento entre las bases sociales y políticas y el gobierno, que se habían estado enfriando desde mediados de 2023 y que, tal como lo hemos señalado en varios análisis desde esta línea, han sido uno de los principales factores por lo que los intentos del gobierno por radicalizar las calles se habían quedado cortos. Pero ¿qué explica que, luego de dos años de intentos por movilizar a sus bases sociales, esta vez la receta le haya salido al gobierno y las calles del país se estén llenando cada vez más de gente?  Hay varios factores que podrían explicarlo: 1. Tal y como lo señalábamos en este artículo , de las 3 principales reformas sociales que presentó el gobierno Petro, la reforma laboral fue la que generó mayor conexión con la gente, en parte, porque toca las necesidades más urgentes y fundamentales de la población colombiana, relacionadas con el trabajo y el salario, con beneficios mucho más tangibles, concretos e inmediatos . Además, porque frente al debate profundamente técnico que tuvo la reforma a la salud durante 2023 y la reforma pensional en 2024, la reforma laboral tuvo un carácter mucho más simple y comprensible que le llegó más fácil a la gente. Esto es importante porque la simpleza, la comprensión y la cercanía del tema con la realidad de la mayoría de la población del país han tenido la capacidad de generar una narrativa mucho más emocional y directa. Esto se puso de manifiesto, por ejemplo, con el intento de blindar la construcción de las preguntas de la Consulta frente a otros temas que no tuvieran nada que ver con el articulado de la reforma laboral que Benedetti encabezó, lo que impidió que el sentido de la misma se disgregara y convirtiera en una transformación radical e institucional del Estado. 2. Aunado a lo anterior, el gobierno se lanzó a jugar en toda la frontera entre la confrontación abierta con el legislativo, pero sin transgredir de alguna forma los marcos institucionales del sistema político colombiano . La invocación de la herramienta de la Consulta Popular responde al marco constitucional de 1991, así como las preguntas formuladas dentro del mecanismo de participación ciudadana no tocan la base del Código Sustantivo del Trabajo ni tocan directamente las dinámicas de reproducción y acumulación del capital. Las mejoras que propende la reforma son, en cierto sentido, esperables en el marco, por ejemplo, de recomendaciones de la OCDE  o de análisis de políticas laborales desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) . 3.  Partiendo de allí, el gobierno logró articular finalmente el discurso del bloqueo político —que desde 2023 ya se venía teorizando, pero que no había generado mayor resultado en impulsar el descontento popular— que logró graduar como contradictor principal y antagonista al Congreso de la República . Esta confrontación con el Congreso ha llegado a un punto álgido y muestra que, aunque el gobierno se mueve también para negociar votos importantes para los proyectos de ley que ahora mismo está tramitando (ley de transfuguismo; reforma a la salud), por ahora sigue manteniendo los puentes rotos con el legislativo  y estará firme en esa posición, por lo menos, hasta que haya algún resultado frente al trámite de la Consulta Popular, que debe ser votada en la plenaria de Senado. Pero esto también es importante en tanto el gobierno ha abandonado provisionalmente la idea del lawfare  en su contra como el argumento principal de contradicción con las instituciones y el Estado —al que señala de haberlo limitado para implementar su programa de gobierno— para centrarse en este antagonismo que es mucho más tangible en el debate y que tiene sustento en una narrativa de incumplimiento y traición mucho más digerible para sus bases políticas. 4.  Es por ello por lo que el trámite de la Consulta Popular se volverá importante este mes que inicia. La votación frente a aprobar la consulta o no ya no pasa solamente por los intereses de los congresistas  (que siguen elaborando sus agendas políticas regionales frente a las elecciones de 2026 bajo el discurso de apoyar o disentir con el gobierno Petro), sino por el peso que puede tener el rechazo a una serie de preguntas que tocan, como lo señalamos en el punto 1, las necesidades más urgentes de la población del país . Esto no tanto por el llamado del gobierno a que no se voten congresistas que de plano se opongan a la Consulta Popular y su trámite en el Senado, sino porque parte del nuevo mito fundacional de la izquierda posterior al gobierno Petro dependerá de lo que pase con la Consulta. Inicialmente, ese rol lo cumplían las reformas sociales, pero como la pensional fue una reforma que logró ciertos consensos y fue aprobada, y como la reforma a la salud fue distante de la gente por su carácter y discusiones altamente técnicas, el resultado del trámite  de la Consulta Popular se convierte en el eje articulador del discurso del gobierno Petro a futuro, ya sea como un relato de “traición” que movilice a las bases sociales y políticas a reelegir un gobierno progresista en otra figura diferente a Petro en 2026, o como un relato de “triunfo” que pueda sostener un proyecto progresista a más largo plazo. En esta lectura están de acuerdo analistas como Andrés Mejía Vergnaud . En la “radicalización democrática” se encarna el debate fundamental entre el principio de representación y otros modelos de democracia Fuente: Fotografía de Oscar A. Chala. Aunque lo ha hecho de manera confusa e incomprensible en la mayoría de los casos, Gustavo Petro ha ido poniendo en el debate, poco a poco, una de las tensiones fundamentales que existen hoy en el mundo frente al tema de los límites de la democracia representativa y la urgencia por un modelo de democracia mucho más directa y participativa. Es en esa tensión donde se concentra todo el momento orgánico de la coyuntura alrededor de la Consulta Popular, en tanto hoy el debate gira sobre si el sistema de representación actual está quedando corto, y si ha llegado el momento de avanzar hacia otro modelo de democracia. De allí se explica, en su momento, su intento por elaborar cinco definiciones distintas frente a la idea de “poder constituyente”  (que terminaron en su momento en la potencial insinuación de convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente para cambiar las instituciones del Estado), su idea de “Acuerdo Nacional” y, ahora mismo, la Consulta Popular. En ese punto es donde se concentra la pelea de Gustavo Petro con el Congreso y allí es donde se guarecen y reflejan los temores de los partidos políticos y de los congresistas del país, más en un escenario donde el Congreso y los partidos políticos tienen un índice de desfavorabilidad del 69%, según la última encuesta Invamer Poll de abril. Este miedo se puede explicar por varios factores: 1.   Pone en duda en cierto modo la legitimidad del Congreso . Los constantes llamados de Gustavo Petro en su discurso de que “el pueblo es el jefe del Senado” y que “los congresistas son sirvientes y sirvientas del pueblo” va en esa dirección. El hecho de que se defina en una consulta popular decisiones que dentro del ideario político sólo pueden ser tramitadas en el Congreso golpea su poder. 2. Afecta en cierto modo las dinámicas clientelares, especialmente porque afecta las dinámicas de transacción política y operatividad dentro del legislativo, lo que termina por romper las lógicas de negociación para tramitar las leyes . En este sentido, el Congreso pierde en su ejercicio de influencia y de recibir recursos por aprobar leyes, lo que puede influir de manera negativa en las herramientas con las que suelen fidelizar electores y financiar campañas. 3. Deja un precedente frente a la posibilidad de que cualquier disputa o desencuentro entre el poder legislativo y el poder ejecutivo se tramite por fuera de los escenarios parlamentarios , lo que reduce la influencia del legislativo en utilizar su capacidad de veto o de usar las herramientas legales e informales que posee para forzar escenarios de negociación y transformación de los proyectos de ley. En este punto, es claro que la Consulta Popular ahora mismo es una de las manifestaciones del cambio de ciclo político en Colombia. Este cambio puede durar varios años, y manifiesta que el momento político abierto con las negociaciones de paz de 2016 (que han sido el último gran momento en el que hubo una reforma constitucional profunda a partir de los Acuerdos de Paz) ahora está tendiendo hacia la apertura de un debate sobre el modelo de democracia que el país necesita, y las negociaciones, disputas y acuerdos que se logren para consolidar aquel nuevo modelo a futuro. A modo de cierre Fuente: Fotografía de Oscar A. Chala. A pesar de que el gobierno sigue manteniendo el combustible que alimenta la movilización social de algunas de sus bases, que logró resurgir de su letargo en los últimos dos años, sigue habiendo retos importantes. Fundamentalmente dos retos: 1.  Por un lado, el gobierno usará todo el capital político que le resta para mover la Consulta Popular . Esta movida puede poner en riesgo el cierre de su gobierno, que desde el próximo 7 de agosto tendrá que comenzar a cambiar su narrativa de proyecciones y acciones por resultados. Aún no está claro, frente a este riesgo, qué alternativas tiene el gobierno en un escenario desfavorable en el que el Senado apruebe la Consulta, pero el gobierno la pierda en votación frente a la abstención o al voto negativo, lo que puede llevar a una potencial crisis de gobernabilidad. 2.   La estrategia de los sectores independientes y opositores del Congreso, como lo recogimos en este artículo, estará centrada en evitar que la discusión sobre la Consulta Popular se de en el Senado . Para ello, han comenzado a movilizar la idea de que se tramite la mini-reforma laboral de los liberales, iniciativa del senador Alejandro Carlos Chacón, como alternativa para que se considere que el trámite de la Consulta es inviable al existir una reforma que toca el mismo tema. El gobierno, en este caso, se movió y envió mensaje de urgencia para que el Congreso tramite esta reforma al mismo tiempo que se tramita la Consulta Popular. Por ahora, como respuesta, la Comisión Séptima le pidió al ministro del Interior, Armando Benedetti, que aclarara a qué se refería con ese mensaje de urgencia, puesto que, en caso dado de ser aceptado este mensaje, las comisiones séptimas conjuntas de Senado y Cámara deben sesionar para tramitar el proyecto de ley, reduciendo los debates de 4 a 3 necesarios para que la reforma se apruebe. En este escenario, el Congreso tendría poco margen de maniobra para aprobar el proyecto de ley, puesto que la Comisión Séptima de Cámara es favorable totalmente al gobierno.

Por: Redacción Pares El 7 de agosto del 2022 Gustavo Petro, después de ser investido como presidente por María José Pizarro, le prometió al país una paz integral, una paz que acallara por fin a los fusiles. Sin importar los fines políticos que podría tener cada estructura armada, cada una de ellas sería abrazada por lo que después se conocería como Paz Total. Se establecieron 9 mesas de negociación. Se empezó a hablar de Paz Urbana. En Buenaventura, a través de un partido de fútbol entre Shottas y Espartanos, las bandas que mandan en la ciudad puerto, se hizo oficial los diálogos entre ellas y se llegó al récord de 86 días sin un sólo asesinato. En Medellín se pudo contactar a los dos jefes de las oficinas de sicarios cuyo orígen podemos rastrear desde los años de Pablo Escobar, nos referimos a alias Tom y a alias Douglas y también consiguieron bajar las tasas de asesinatos. Con el ELN, la más difícil de las guerrillas a la hora de negociar, se logró llegar a un acuerdo de participación que podría abrir un espacio para que este grupo dejara a un lado la lucha armada e intentara desde la política llegar al poder. Con el Clan del Golfo ahora Ejército Gaitanista de Colombia se avanzó en un reconocimiento político a pesar de las fuertes críticas que esto podría generar debido a que las raíces de este grupo están en el paramilitarismo de los años noventa. Con la Segunda Marquetalia, ahora Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el Estado Mayor Central (EMC) , ahora Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) la negociación siempre tuvo complicaciones, hasta el punto que se decidió, en el caso del EMC, a partir de los desafueros de Iván Mordisco contra la comunidad en el Cauca, seguir la guerra con la fracción que manejaba él y continuar la negociación con el EMBF con los comandantes Andrey Avendaño y alias “Calarcá”  .   Lamentablemente estos procesos se fueron degradando. El cambio de comisionado de paz en noviembre del 2023 ahondó una crisis que igual se veía venir. Esta situación debe ser mirada con lupa y explicada al país de la manera más completa posible. Por eso las organizaciones Vivamos Humanos y Paz y Reconciliación, en el marco del seguimiento que se le ha hecho a la política de paz en Colombia, especialmente a la Paz Total, presentarán en el mes de mayo un informe sobre el estado de las mesas de negociación, espacios de conversación sociojurídico y procesos de paz urbana que ha instalado el gobierno de Gustavo Petro. El informe mostrará los avances, logros y retrocesos que han tenido estas negociaciones, esto será complementado con una radiografía de los grupos armados que mostrará dónde están operando, las disputas y alianzas que tienen y esto se complementará con la reflexión a nivel territorial por parte de organizaciones sociales que han participado activamente en las políticas de paz total, todo esto acompañado de un balance sobre la situación humanitaria del país.   El gran objetivo de este informe es poder entregarle un diagnóstico al gobierno Petro sobre el estado en el que se encuentra una de sus aspiraciones máximas: conseguir la paz total y presentar algunas acciones y mensajes clave para llamar la atención del estado de la misma y la necesidad de redireccionar esta política estatal antes que sea demasiado tarde.

Por: Daniela Bernier El Ministro de Minas y Energía dio buenas noticias al país al manifestar que está  listo el Decreto que limitará el costo de la energía en el país; se busca reducir la carga económica por concepto de energía a los hogares colombianos. ¿Sobre qué trata este proyecto  de Decreto? El mismo tiene como propósito establecer lineamientos de política pública y control de eficiencia para establecer los mecanismos que permitan garantizar la confiabilidad y la estabilidad en el servicio de energía eléctrica. Y aplicará para las empresas generadoras de energía a través de hidroeléctricas. Estos mecanismos que deberán ser establecidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tienen que tener en cuenta las siguientes finalidades: -       Promover la estabilidad tarifaria. -       Mitigar la variabilidad de los aportes hídricos y el cambio climático sobre los precios de la energía en el mercado regulado, en los periodos de escasez hidrológica. -       Fomentar contratos a largo plazo para que el precio de la energía sea más estable. -       Fomentar el aprovechamiento eficiente de las fuentes energéticas hídricas. -       Garantizar la accesibilidad de la energía eléctrica  de manera eficiente, asequible y justa. -       Reducir la brecha entre el precio de bolsa de la energía y el mercado regulado, entre otros. Para lograr esto y evitar que los usuarios regulados sufran por los altos precios de la Bolsa de Energía cuando hay poca agua (baja hidrología) en los tres meses después de haber entrado en vigor el Decreto, se deben poner en marcha mecanismos que promuevan la eficiencia energética  y permitan firmar más contratos a largo plazo en el mercado de energía. En la creación de estos mecanismos se debe tener en cuenta: 1. Cada generador hidroeléctrico debe vender, mediante contratos, al menos el 95% de la energía que genera cada hora, enfocándose en cubrir la demanda de los usuarios directamente.  2. Los generadores también deben vender por contrato, como mínimo, lo equivalente a las Obligaciones de Energía en Firme (OEF) que tengan asignadas. Si no tienen OEF, se debe usar el porcentaje equivalente de su Energía Firme (ENFICC). 3. Se deben permitir contratos más flexibles para que los generadores puedan vender al mercado regulado la energía que sobre. 4. Se deben definir medidas para que los comercializadores de energía que atienden a los usuarios regulados participen activamente en estos mecanismos. 5. También se deben establecer reglas para revisar y evaluar regularmente estas medidas, viendo si realmente ayudan a mejorar las tarifas. Todo esto debe tener como meta principal  disminuir las tarifas para los usuarios  regulados sin poner en riesgo  la sostenibilidad financiera de las empresas ni frenar la expansión  de la generación eléctrica. La CREG es la entidad que se encargará de diseñar y definir los mecanismos en un término de 03 meses después de haber entrado en vigor el Decreto. En conclusión, a lo que apunta este Decreto es a fortalecer un sistema eléctrico más justo, estable y predecible para los usuarios del mercado regulado. Al fomentar contratos a largo plazo, aprovechar de forma eficiente los recursos hídricos y reducir la dependencia de precios volátiles en la bolsa de energía, se protege a los hogares frente a alzas inesperadas en la tarifa. Además, permitiría garantizar el acceso a la energía en condiciones asequibles y mantener el equilibrio entre los actores del mercado,   lo que refuerza  una visión de transición energética que no solo sea técnica, sino también socialmente responsable. Estas acciones, bien implementadas, pueden contribuir a un sistema más resiliente, justo y sostenible para el país.

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista. Álvaro Uribe sabe muy bien que el lenguaje construye poder, por eso pidió a sus precandidatos del Centro Democrático que eviten usar palabras como “motosierra” o “dar de baja”. Intentando que no se malinterpreten sus mensajes en campaña, pero sabemos que esto corresponde a las estrategias de manipulación a las que están acostumbrados a usar para desviar la atención y que se ajuste la historia a su favor. Pero quienes resistimos, que no estamos aquí para agradar, vamos sostener las palabras incómodas que reflejan la verdad de miles de familias en este país. Las diremos una y otra vez, hasta que no quede duda de lo que ocurrió. Uribe no quiere que se mencione la palabra “motosierra” porque sabe perfectamente que eso nos remite al símbolo más brutal del accionar paramilitar, el desmembramiento, el terror, el control territorial mediante el dolor. Él quiere que se olvide, porque sabe que ese pasado lo compromete. Que fue en su gobierno cuando más se consolidó la alianza entre sectores del Estado y los grupos paramilitares que usaron la motosierra. Según el Registro Único de Víctimas, entre 2001 y 2005, fue el periodo en el que se produjo el mayor número de víctimas del conflicto armado. Además, la Jurisdicción Especial para la Paz expuso que 6.402 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. Por eso, cuando Uribe pide borrar palabras, lo que realmente está intentando es borrar responsabilidades, convirtiendo la narrativa del conflicto en un relato sin cuerpos ni cifras ni nombres. Pero no lo podemos permitir, pues si algo hemos aprendido los sectores alternativos, las organizaciones sociales, las defensoras de derechos humanos y quienes trabajamos por la memoria, es que debemos insistir y repetir las palabras, las cifras, pero sobre todo los nombres de las víctimas, todas las veces que sean necesarias. Porque estas estrategias de las derechas ofenden la dignidad de las víctimas, minimizan el dolor de miles de familias y contribuyen a borrar la memoria. Detrás de cada uno de los casos vinculados al conflicto armado hay una historia, una madre buscadora, una fosa común por abrir. Mientras ellos maquillan sus discursos, nuestra tarea es la contraria y vamos a repetir esas palabras, a leer los nombres, a sostener los datos. Vamos a enfrentar a quienes niegan, a quienes tergiversan, a quienes pretenden ganar elecciones a costa del olvido, porque sabemos cómo opera la derecha con su cinismo, manipulación, con marañas mediáticas. Precisamente por eso no vamos a permitir que nos ganen el terreno de la memoria. Las palabras son herramientas de lucha. Y hoy, más que nunca, las diremos en voz alta y las repetiremos las veces que sea necesario.

Por: Juan Manuel Velandia y Diego Alejandro Pedraza, Investigadores Línea Democracia y Gobernabilidad Este domingo 4 de mayo de 2025, Boyacá será escenario de tres elecciones atípicas en los municipios de La Victoria, Nuevo Colón y Duitama. Estos procesos electorales atípicos para elegir a los nuevos alcaldes se están presentando tras las declaratorias de nulidad de las elecciones de los alcaldes anteriores por parte del Consejo de Estado.    El mapa político de las elecciones atípicas en Nuevo Colón     La primera declaratoria de nulidad de la elección en el departamento, se presentó en octubre de 2024 y fue para la exalcaldesa del municipio de Nuevo Colón, Alba Merly Maranta Contreras quien resultó electa en octubre de 2023 con 1288 votos por el movimiento político “Juntos Si Podemos”.    Según el fallo de segunda instancia por la Sección Quinta del Consejo de Estado, la decisión se tomó tras el estudio de una demanda interpuesta por sus adversarios en la contienda electoral de 2023, Rosa María Casteblanco y Willinton Eduardo Pulido, que señalaban inconsistencias en el proceso electoral, se comprobó la participación irregular de votantes no residentes, lo que influyó en el proceso electoral de octubre de 2023. El Consejo de Estado concluyó que 146 votos no debieron ser contabilizados. Si bien estos votos no cambiaron el resultado final al aplicase la fórmula de distribución ponderada, si se acreditó la existencia de trashumancia de votos, por lo que el Consejo de Estado, ordenó la realización de nuevas elecciones en el municipio.    En medio de este proceso electoral atípico, los candidatos a los que la registraduría les avaló la inscripción fueron: Willinton Eduardo Pulido Ibáñez y Edison Alejandro Reyes Muñoz.    ¿Quiénes son los candidatos?    Edison Alejandro Reyes Muñoz     Fuente: Imagen tomada de la cuenta personal de Facebook de Alejandro Reyes  Se inscribió como candidato por la Coalición “Nuevo Colón Tierra Que Nos Une” conformada por los partidos políticos Alianza Verde y Partido de la U.  Es contador público de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), cuenta con una especialización en Planeación y Gestión del Desarrollo. En el ámbito político se ha desempeñado como concejal de Nuevo Colón para el periodo 2020-2023. Asimismo, ha trabajado en entidades nacionales como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).  Durante la campaña, Muñoz es cuestionado por la investigación  que adelanta la Fiscalía General en su contra por un presunto peculado por apropiación, pues el ente de control le habría solicitado información administrativa relacionada con su labor como funcionario público, ante los señalamientos, Muñoz ha manifestado  que la investigación no ha tenido avances significativos en términos procesales.   Actualmente su candidatura cuenta con el respaldo de toda la estructura política del actual gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, reconocido como unos de los principales barones electorales del departamento, por lo que lo posiciona como uno de los favoritos para llevarse esta contienda electoral atípica.    Entre los apoyos que respaldan la campaña Muñoz aparecen la exalcaldesa destituida Alba Merly Maranta Contreras, el representante a la Cámara por Boyacá, Wilmer Castellanos y el diputado de Boyacá, Oscar Montañez Sierra.     Willinton Eduardo Pulido Ibáñez   Fuente: Imagen tomada de la cuenta personal de Facebook de Willinton Pulido  Inscribió su candidatura por la coalición “Nuevo Colón Fuerza Liberal” conformada por el Partido Liberal y Partido Nuevo Liberalismo, es economista de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y especialista en Gerencia y Evaluación de Proyectos de la Universidad de Boyacá.    Fue candidato a la Alcaldía de Nuevo Colon para 2023, en la que participó por la coalición conformada por el Partido Liberal y el Partido Conservador. Para esta elección, Pulido obtuvo 1278 votos, lo que lo dejó segundo en la contienda por lo que pudo ocupar una curul dentro del Concejo de Nuevo Colón por Estatuto de la Oposición. Renunció posteriormente para presentarse a estas elecciones atípicas.    El mapa político de las elecciones atípicas en La Victoria    En noviembre de 2024 el Consejo de Estado concedió la segunda nulidad electoral en el departamento, esta vez en contra de Alcides Florido Pabón, quien resultó electo como alcalde del municipio de La Victoria, en octubre de 2023 con 684 votos por la coalición “Unidos Somos Más” conformada por el Partido Alianza Verde y el Partido Cambio Radical.    La decisión fue adoptada luego de que el Consejo de Estado revocara el fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo de Boyacá el cual había denegaba las pretensiones de las denuncias presentadas por César Eduardo Palacios, excandidato a la Alcaldía de La Victoria en octubre de 2023 y declarara la nulidad electoral de Alcides Florido Pabón, tras comprobarse que en el proceso electoral se presentaron irregularidades relacionadas con trashumancia electoral. Como resultado de esta decisión, el Consejo de Estado convocó elecciones atípicas en el municipio.    Ahora bien, el mapa político del municipio para estos comicios atípico está en manos de dos exalcaldes: Anatolio José Benito Alvarado y Cesar Eduardo Palacios Florido.  ¿Quiénes son los candidatos?    Anatolio José Benito Alvarado      Fuente: Imagen tomada de la cuenta personal de Facebook de Anatolio Benito  El candidato encargado de llevar las banderas de la estructura política de Carlos Amaya en el municipio se inscribió por la coalición “Pensemos en Grande” conformada por el Partido Alianza Verde y el Partido Cambio Radical. Es profesional en mercadeo y especialista en Gerencia Social. Fue alcalde de La Victoria para el periodo 2016-2019.    En 2019 la Procuraduría General  de la Nación le abrió una investigación disciplinaria y le impuso una suspensión provisional por tres meses por presunta participación en política.    El respaldo directo del gran barón electoral y actual gobernador Carlos Amaya, logra consolidar su candidatura como el gran favorito en esta contienda electoral atípica.    Cesar Eduardo Palacios Florido   Fuente: Imagen tomada de la cuenta personal de Facebook de Cesar Palacios  Inscribió su candidatura por el Partido Liberal, es profesional en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada. Fungió como alcalde de la Victoria para el periodo 2012-2015 y concejal para el periodo 2020-2022. Fue candidato para las elecciones regionales de 2023, quedando en segundo lugar con 670 votos.  Palacios fue en el encargado de presentar las denuncias en contra del exalcalde destituido Alcides Florido Pabón   Duitama: La “joya” de las atípicas Fuente: Imagen tomada del portal Boyacá Radio https://www.boyacaradio.com/noticia.php?id=54575 El 4 de mayo Duitama también enfrenta un panorama electoral atípico, siendo este uno de los tres municipios más relevantes del departamento de Boyacá, su movida electoral es completamente determinante en el mapeo general de la composición del poder del departamento.   Con la inhabilidad de José Luis Bohórquez confirmada el 5 de febrero, por incurrir en doble militancia, según la demanda interpuesta por John Anderson Valderrama y José Luis Valenzuela, por el apoyo de Bohórquez a las listas del Concejo del Polo Democrático, pese a que su partido, Colombia Humana, contaba con una lista propia.   Su inhabilidad no deja de generar ruido y de mover hilos dentro del debate nacional, puesto que el Polo Democrático hacía parte del Pacto Histórico (movimiento que encabeza la Colombia Humana). Lo que deja en el aire nuevamente el debate de la figura de la doble militancia y, además, las formas y condiciones que se deben cimentar al momento de constituir una coalición.   Pese a las suspicacias que se generan por la destitución de Bohórquez, el caso cierto es que Duitama, uno de los principales municipios del departamento se vuelve a presentar nuevamente a un proceso electoral en medio del panorama político incierto que ha marcado la agenda del Duitama en los últimos dos periodos.   ¿Quiénes son los candidatos?   Diego Sandoval Fuente: Imagen tomada de la cuenta oficial de Facebook de Diego Sandoval Fue secretario general de la Alcaldía de Duitama durante la administración de David Ortega, así como jefe de despacho en el gobierno de Mikhail Krasnov en Tunja, capital del departamento de Boyacá. Oficializó su candidatura con el aval de Dignidad y Compromiso y el partido ASI.   Su apuesta política se centra en recuperar la seguridad del municipio y propender por la estabilidad política, la cual, según Sandoval, se ha perdido con los diferentes procesos electorales que han tenido espacio en Duitama.   Miguel Alberto Vergara Fuente: Imagen tomada de la cuenta personal de Facebook de Miguel Vergara Avalado por el movimiento AICO, Vergara es próximo a sectores ambientalistas e indígenas del municipio, no tiene antecedentes en la vida política y su candidatura se basa en la innovación, desarrollo sostenible, inclusión y trabajo comunitario en Duitama.   Rafael Pirajón Fuente : Imagen tomada de la cuenta personal de Facebook de Rafael Pirajón Fue exalcalde de Duitama (2004-2007), dos veces concejal del municipio y está avalado por el Centro Democrático, que presenta por primera vez un candidato dentro del municipio y que busca reconfigurarse en el departamento tras la caída del poder del exsenador Ciro Ramírez.   Pirajón centra su candidatura en recuperar la seguridad en el municipio y retornar a las políticas de infraestructura y desarrollo económico que fueron eje durante su gobierno. Desde hace unas semanas, figuras como Daniel Briceño, se han movilizado al municipio para expresar su apoyo al exalcalde.   Roberto Mayorga Fuente: Imagen tomada de la cuenta personal de Facebook de Roberto Mayorga Avalado por el partido ADA, ha sido candidato a la alcaldía de Duitama (dos) veces y se consolida como un “viejo conocido” de la arena política regional. Su candidatura ha recogido sectores sociales que en su momento apoyaron a Bohórquez y que a hoy se encuentran inconformes con la gestión política del exalcalde.   Alexander Serrato   Fuente: Imagen tomada de la cuenta personal de Facebook de Alexander Serrato Avalado por una coalición del Partido Liberal, el Nuevo Liberalismo y Salvación Nacional, Serrato fue diputado y candidato a la alcaldía en las elecciones de 2023, donde obtuvo el segundo lugar a tan solo 182 votos de Bohórquez. Tiene amplia experiencia en gestión pública relacionada a movilidad y educación, así como también, una experiencia consolidada en el sector empresarial del municipio.   Su candidatura ha surgido como una apuesta de culminación de proyectos, proponiendo un camino de estabilidad ante el panorama político que se mueve en Duitama.   Rocio Bernal Fuente: Imagen tomada de la cuenta personal de Facebook de Rocio Bernal Activista de derechos humanos va a avalada por el Pacto Histórico, partido de su compañero sentimental, José Luis Bohórquez y en coaval con el Partido Verde, fuerza política del gobernador y barón electoral del departamento, Carlos Amaya. Su candidatura parte con favoritismo y se ve como la candidatura fuerte a vencer en la contienda.   Sus propuestas se centran en los proyectos de inclusión social, derechos humanos y programas para la comunidad, así como en el continuismo de las obras y políticas de compañero sentimental, José Luis Bohórquez.   Su candidatura ha generado múltiples cuestionamientos principalmente en torno a una posible inhabilidad, ya que él Consejo Nacional Electoral (CNE)  le abrió una indagación preliminar por una denuncia presentada que señalaba que Bernal habría tenido una unión marital con el exalcalde José Luis Bohórquez.   Según la ley colombiana establece que los conyugues o compañeros permanentes de un alcalde no pueden ser candidatos para el mismo cargo. Ante los señalamientos, Roció Bernal y Bohórquez, aseguran que no están casados y que no conviven hace más de un año.   Es importante resaltar que durante múltiples eventos de campaña estuvo acompañada de José Luis Bohórquez, lo que sigue generando dudas cuestionables. Hasta la fecha el Consejo Nacional Electoral no ha tomado ninguna decisión sobre su candidatura. De izq a der: José Luis Bohórquez, Roció Bernal y Carlos Tobito, exconcejal de Duitama.   Fuente: Imagen tomada de la cuenta oficial de Instagram de Roció Bernal Wilfredy Bonilla Fuente: Imagen tomada de la cuenta personal de Facebook de Wilfredy Bonilla Avalado por una coalición del Partido Conservador, el Partido Verde Oxigeno y la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Su Trayectoria política se ha dado en las huestes conservadoras y se ha ligado al sector público. Su propuesta gira alrededor del desarrollo de la infraestructura vial y la mejora de la infraestructura del sistema de salud.   ¿Y cómo está la contienda?   Por ahora, todo apunta a que la pelea final será entre Roció Bernal, esposa del exalcalde, José Luis Bohórquez y quien parte como la “ungida” del todopoderoso, Carlos Amaya y Alexander Serrato, el candidato de la coalición Liberal y que ya en 2023 estuvo a punto de lograr la primera dignidad del municipio.

Por: Redacción Pares La gran bandera del gobierno Petro ha sido la Paz Total. Para algunos fue una tarea descomunal, demasiado ambicioso para un sólo gobierno, sentarse a la vez con nueve mesas de negociación era algo inédito pero Petro quería que esto fuera histórico, marcar un antes y un después. Una de las negociaciones más difíciles era la que sostendría con un grupo con la historia que tiene el ELN, más de sesenta años de lucha armada. Para esto designó a dos políticos experimentados, con un acumulado académico y humanista que requería un reto como este, Iván Cepeda y Vera Grabe. El primer comisionado de paz fue Danilo Rueda, también con una amplia experiencia sobre el efecto que causan los grupos armados en la comunidad. Este fue reemplazado en noviembre del 2023 por Otty Patiño quien tomó decisiones que terminaron afectando la negociación con el ELN, como ha sido el proceso de desmovilización con la escisión de este grupo armado, el Frente Comuneros Sur, algo que alborotó un avispero entre el COCE y que los obligó a levantarse de la mesa.   El cese al fuego tenía que renovarse en agosto del 2024 pero esto no se hizo. Poco a poco las nueve mesas de negociación que había instalado el gobierno se fueron deshaciendo. Perder la oportunidad histórica de llegar a un acuerdo del ELN, en parte por falta de voluntad de una guerrilla con la que es muy difícil negociar, en parte por la decisión del gobierno de hacer una negociación paralela con el Frente Comuneros Sur, una escisión de esta guerrilla, llevó al colapso de la mesa de negociación. Actores armados como Iván Mordisco, con sus continuos ataques a la población, han mostrado el poco interés real que pueden tener en llegar a un acuerdo pacífico. La paz urbana en Buenaventura se ha resentido a pesar de sus primeros logros y en Medellín las cifras siguen acompañando este proceso. Pero, en síntesis, no hay mucha confianza en los alcances que ha conseguido la Paz Total.   El informe que presentó la fundación Paz y Reconciliación en agosto del 2024 hacía un balance de la Paz Total de Petro en el ecuador de su mandato. Este informe se transformó en un libro publicado por Penguin Random House llamado ¿Plomo es lo que viene? El próximo domingo 4 de mayo a las 5:30 de la tarde en el Gran Salón D de Corferias se lanzará durante la Filbo este trabajo. Al evento asistirán, además de sus dos investigadores principales, el director de la fundación Paz y Reconciliación León Valencia y la subdirectora Laura Bonilla, el jefe negociador del gobierno con el ELN, Iván Márquez, una de las voces más autorizadas en Colombia para hablar de la Paz Total y la Comisionada de la verdad Marta Ruiz quien será la moderadora.   En época de balances esta conversación es muy importante para entender los logros y también los retrocesos que ha tenido la política bandera de este gobierno. Los esperamos.