Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Desde hace siglos, las y los políticos –tanto teóricos como los prácticos– han utilizado la metáfora como un instrumento para analizar y practicar el poder. Es común escucharles hablar del Estado bajo la figura de un gran Leviatán, un monstruo de siete cabezas, capaz de proteger o destruir al ciudadano, con el cual se hace un pacto: se le entrega la libertad a cambio de protección y seguridad. También escuchamos la forma en la que se concibe a la personalidad política como un líder carismático –parecido a un pastor de la iglesia–, capaz de utilizar su encanto físico y verbal para convencer a un pueblo de que lo siga. A partir de una idea motivadora, el personaje político ofrece un programa y hace una promesa: que será capaz de llevar a cabo lo prometido una vez llegue al poder. El pensamiento metafórico toma conceptos abstractos como la “libertad”, el “poder” o el “bienestar” y los transforma en imágenes conocidas y comunes, acercando lo desconocido y ampliando nuestro saber. De allí que una metáfora bien construida y presentada se convierta en un instrumento potente que permite transformar una situación compleja y difícil de entender en un conocimiento simple, cercano y fácil de agarrar o digerir. Una metáfora usa el poder de las imágenes y las palabras para comprender la realidad de otro modo. Parte de un saber previo, explora su conocimiento interno y construye un nuevo saber. Tiene el poder de dar luz y acercarnos al saber; es decir, la metáfora –además de embellecer el discurso– tiene el poder explicativo de la realidad. Entre las metáforas más utilizadas por la política en las últimas décadas, para ver y explicar su mundo democrático, se encuentra la del mercado. La teoría económica de la democracia ha usado esta figura, proveniente de la ciencia económica, para dar la luz y evidenciar los riesgos de la democracia representativa. Concibe los procesos electorales como un asunto similar al que ocurre en el mercado. Desde aquella otra ciencia, se ve a la sociedad económica como una especie de escenario donde confluyen oferentes y demandantes. La idea de la que se parte es de concebir este concepto abstracto –el mercado– como un lugar en el que agentes económicos –empresarios y consumidores– buscan maximizar el bienestar, y para ello eligen, entre las diversas opciones de bienes y servicios, la mejor. El mercado económico tiene el poder de permitir que se crucen oferentes y demandantes, y de que cada agente, de manera libre y autónoma, decida utilizar los recursos que tiene a su alcance para elegir la mejor situación. En breve, desde la ciencia de la elección, se concibe a todas las personas como agentes que deben actuar buscando su bienestar. Esta metáfora de uso económico –que ha servido como eje estructurante del sistema capitalista– ha sido incorporada por la política para entender la democracia. En este mundo, el empresario o la empresaria se convierte en el personaje político que aspira a llegar al poder, y el consumidor en un ciudadano o ciudadana votante. En el mundo democrático, la personalidad política se comporta de forma parecida a una persona empresaria: con la esperanza de llegar al poder, ofrece programas o políticas a cambio de votos. Los políticos son profesionales en la ciencia de gobernar: buscan que se les delegue el poder a través de promesas creíbles o programas viables que se le hacen a la ciudadanía. Y el consumidor se transforma en una persona de la ciudadanía que desea recibir un programa de gobierno o una agenda legislativa. Es un agente que utiliza su voto para pagar por una propuesta que le gustó, convirtiendo al voto en el dinero que se usa en el sistema democrático. Dinero que entrega con libertad a quien más le convenga, a quien le ofrezca el mejor programa en las elecciones. Así, la metáfora del mercado político se ha convertido en una idea penetrante en el mundo de la política: permite acercar una idea que todos conocemos –como lo es la de ir al supermercado y comprar algo– a un mundo algo complejo o difícil de comprender, como lo es la democracia representativa. Allí el voto se comporta como el dinero en la economía. En este escenario, se presenta un intercambio simbólico donde el político ofrece algo que nos interesa y, a cambio, le entregamos nuestro voto. En campaña y elecciones, esta persona hace un ofrecimiento y elabora un pacto de cumplimiento: dice que cuando le deleguemos nuestro poder soberano para la administración de lo público, buscará cumplir su palabra. De lo contrario, nos devolverá el dinero y dejará el poder, ya sea a través de la revocatoria del mandato o de la no reelección. El mercado político se convierte en una metáfora viva que sirve para ilustrar lo que estamos y estaremos viviendo en Colombia, en torno a la elección del presidente de la República y Congreso, en los próximos ocho meses. Un momento en el cual múltiples candidatos y candidatas –en competencia– harán propuestas a la ciudadanía –ofrecerán programas– con el objetivo de conquistar nuestro voto –ser elegidos y elegidas–. Las metáforas también votan, no en el sentido literal, sino para hacer entender la responsabilidad de cómo comportarse que tienen las personas oferentes. Es necesario que piensen muy bien qué va a proponer y cuál será su programa de gobierno; que conviertan propuestas y pensamientos en acciones, en programas y en políticas; que intenten vincular con sus propuestas al mayor número de personas; que con sus equipos de campaña fabriquen discursos que evidencien que se está escuchando a la ciudadanía, que está atendiendo de manera sincera las necesidades actuales. Debemos decirle a la personalidad política aspirante a Presidencia, que se quiere convertir en piloto de la nave del Estado, que debe trabajar en adquirir las competencias para hacerlo. Que se prepare muy bien para escuchar al pasajero, aquel que durante cuatro años estará a bordo, para que su viaje sea divertido, placentero y lleno de buenas vivencias. Una experiencia donde se logre maximizar el bienestar de toda la ciudadanía. Y que sus propuestas no sean falsas promesas llenas de engaños. Y a la ciudadanía hay que decirle que le preste atención a su papel de consumidora de programas y políticas. Que recuerden lo importante que es utilizar bien la información que tienen del mercado de propuestas que hacen las y los políticos. Que recuerden que estamos en tiempos de crisis, donde requerimos de bienes necesarios y no suntuarios –aquí, propuestas como una renta básica, con la cual conseguir lo mínimo para sobrevivir, es muy conveniente–. Que piense muy bien en su elección de hoy, pues de ella dependerá la vivencia que tengamos en el futuro. Además, decirle –tal como lo plantea Max Weber– que debe elegir bien a su conductor o conductora. Este puede ser realmente un ángel o convertirse en todo un diablo. Recuerde que desde la ciudadanía somos quienes decidimos poner el voto en la urna y pagar para ver qué se obtiene. Somos nosotros y nosotras, finalmente, quienes viviremos las consecuencias de la presencia del mandatario o la mandataria por cuatro años. Debemos elegir con responsabilidad. El futuro se construye con las decisiones que tomemos hoy. Finalmente, hay que reconocer que esta es una metáfora para nada inocente. Por el contrario, parte por reafirmar una realidad en la que estamos inmersas todas las personas. En la actualidad, tanto el sistema económico como el político están concebidos como mercados, construidos bajo la misma idea de actores racionales que buscan maximizar su bienestar y actúan guiados por este fin. Debemos ser conscientes de esta realidad y aprovecharla.

Por: Olga Portilla Dorado Oficina Pares - Pacífico Serían más de 20 personas asesinadas en distintos hechos ocurridos, entre el sábado 16 y el lunes 18 de octubre, en varios municipios del departamento del Cauca. Una racha de hechos violentos ocurrió en el departamento del Cauca durante este puente festivo de octubre. Podría catalogarse como el fin de semana más violento en el marco de un nuevo ciclo de violencias propiciadas bajo un Gobierno nacional en el que las estrategias de seguridad han dado pocos resultados en territorios como el Cauca. De acuerdo a cifras reportadas por diversos medios de comunicación y grupos de WhatsApp de periodistas de la región, como resultado de la ola de violencia desatada el pasado fin de semana, ya van más de 20 personas asesinadas. Según información de las autoridades departamentales, en 10 de los 42 municipios del Cauca se presentaron los hechos que dejaron estas víctimas en los últimos días. Los sucesos ocurrieron en los municipios Morales, Caldono, Buenos Aires, Argelia, La Vega, Timbío, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Cajibío y Mercaderes. Entre las personas asesinadas hay tres mujeres y una menor de tres años de edad. Esta niña murió en hechos violentos ocurridos en Puerto Tejada, cuando sujetos que buscaban a su padre dispararon indiscriminadamente acabando con la vida de ella. La noche anterior, en este mismo municipio, habría muerto un hombre en hechos relacionados con pandillas que delinquen en esta zona del norte del Cauca. A otra de las mujeres la asesinó su expareja, quien, según testigos, le disparó y se dio a la fuga. Este hecho ocurrió en zona rural del municipio de Timbío. Así mismo, en estos hechos violentos, ocurridos en las últimas 72 horas, murieron dos personas líderes y defensoras de derechos humanos. Se trata de Luis Alfonso Narváez Escobar, de 45 años de edad y quien residía en la vereda El Guayabo, del corregimiento Santa Bárbara, municipio de La Vega. Narváez Escobar había sido Gobernador del Cabildo Indígena Santa Bárbara por cinco períodos y, actualmente, se desempeñaba como coordinador de la Mesa de Participación de La Vega, según informó la Unidad para las Víctimas. Además de los impactos de bala, pobladores de la zona indicaron que el líder también fue sometido a actos de crueldad. El otro líder asesinado fue identificado como Efrén España, uno de los fundadores de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (Ascamta), quien actualmente lideraba algunas acciones en el barrio Nueva Colombia del corregimiento de Sinaí. A eso de las 8:40 p.m., de este lunes festivo, hombres armados interceptaron a España frente a su vivienda y le dispararon en varias ocasiones. La comunidad de este territorio y los integrantes de la Asociación rechazaron el homicidio, y pidieron nuevamente a las autoridades actuar frente a la violencia que vive esta región del Cauca a raíz de las actuaciones de grupos armados ilegales, especialmente del ‘Frente Carlos Patiño'. Las alertas ya estaban encendidas Recordemos que la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 047/20, en la que señaló el riesgo para las personas líderes y defensoras de derechos humanos, entre las que se encuentran integrantes de Juntas de Acción Comunal y de Ascamta, amenazados por los hechos de violencia que suceden en el municipio de Argelia desde hace más de un año y medio. Desde este mismo municipio de Argelia se reportó el asesinato de cuatro personas más, entre estas dos jóvenes que, presuntamente, se escaparon del grupo disidente en el que estaban, pero fueron asesinados. Y aunque organismos internacionales como la ONU han manifestado su preocupación por los hechos que vienen ocurriendo en Argelia, las autoridades han sido poco efectivas tanto militar como socialmente hablando para responder a este contexto de recrudecimiento de la violencia. Así comunicó ONU Colombia, en su cuenta de Twitter, la situación difícil que se vive en el municipio de Argelia: “Expresamos preocupación X Argelia #Cauca donde actores armados no estatales se enfrentan X control territorial afectando derechos de la población. Reiteramos la urgencia de q autoridades tomen medidas de protección e implementen #AlertaTemprana 047 10-2020 @UeenColombia” Otro de los sucesos que preocupa a la población caucana tiene que ver con lo ocurrido en el municipio de Morales, especialmente en la zona del Consejo Comunitario La Fortaleza, donde nuevamente fueron asesinadas dos personas. En este nuevo hecho, dos hombres aparecieron atados de manos y con impactos de arma de fuego. Recordemos que, en el mes de julio, en esa misma jurisdicción apareció asesinada la lideresa Yeisi Campo (Te podría interesar: “Municipio de Morales, entre el café y la coca”). Según comentarios de la población, "aunque las dos personas asesinadas no son de este Consejo Comunitario, después del asesinato de la lideresa han continuado las muertes en esa zona, casi que cada 8 días. Es que esta es la zona donde más cultivos de uso ilícito hay. Además de la presencia de disidencias de la ‘Jaime Martínez’”. Las autoridades regionales están amarradas y sin respuestas Por su parte, en el pronunciamiento realizado por el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, específicamente, se refirió a “rechazar de manera contundente” y a ofrecer una recompensa por el hecho ocurrido en Puerto Tejada con la menor de edad. De igual forma, anunció una “intervención social en temas de pavimentación de algunas calles de los barrios del oriente de Puerto Tejada y adelantar la contratación del puesto de salud”. Este pronunciamiento preocupa a analistas como Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) - Pacífico, quien señala que tanto el Gobierno nacional como el departamental se quedaron con soluciones a corto plazo para la gran problemática que vive el Cauca a causa del narcotráfico y la presencia de varios grupos armados ilegales. “La situación del Cauca viene empeorando. Es demasiado preocupante; es un departamento que no ofrece garantías para las personas líderes ni para las organizaciones. Allá las amenazas son en serio y las están cumpliendo, sin importar alertas tempranas ni esquemas de seguridad. Temas como el agua, la minería o la hoja de coca son la disputa de estos grupos armados que hacen presencia. Además, preocupa que las autoridades estén amarradas, sin estrategia, sin capacidad de respuesta institucional y más dedicadas a la politiquería; y el Gobierno Duque no tiene una estrategia de seguridad”, concluyó Torres al respecto.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presentamos el “Segundo informe de violencia y dinámica electoral”: un balance realizado por la Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad sobre los casos de violencia electoral que se han presentado en el país desde que inició el calendario electoral, el 13 de marzo de este año, hasta el pasado 7 de octubre. De acuerdo a esta investigación realizada por la Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad, durante este periodo se presentaron, al menos, 62 hechos de violencia electoral que dejaron 79 víctimas. Esto quiere decir que, aproximadamente, cada 3 días una persona es víctima de este tipo de violencia política en Colombia. Previsualiza y descarga el informe completo aquí:

Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), PROVEA y CooperAcción, presentamos el “Boletín #1 del Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA)”: un balance, un análisis y un llamado de alerta sobre la situación de personas líderes y defensoras de derechos humanos, durante el 2021, en Colombia, Venezuela y Perú. Teniendo en cuenta los escenarios de riesgo que existen en estos tres países para la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social, desde el ODEVIDA hacemos un llamado a los Estados de Colombia, Venezuela y Perú para que hagan manifiesto su compromiso con la protección de los derechos de quienes defienden los derechos humanos, garantizando procesos judiciales transparentes, generando medidas de prevención y protección efectiva de la vida y la integridad de comunidades e individuos en riesgo, y abriendo escenarios seguros de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. A su vez, instamos a la comunidad internacional para que acompañe a la sociedad civil y a los Estados en el fortalecimiento de las acciones para la protección de los derechos humanos. Y, por último, hacemos un reconocimiento a la importante labor de personas, comunidades y organizaciones que defienden derechos colectivos, visibilizan las principales problemáticas relacionadas e inciden para transformar las condiciones de violencia. Previsualiza y descarga el boletín aquí :

Por: Walter Aldana Político social alternativo Las personas jóvenes y estudiantes del país han reafirmado su tesis de ser el presente de Colombia, y esto se evidenció con mayor fuerza a partir de su papel protagónico en el estallido social iniciado el 21 de noviembre del 2019. Y como reacción a ese vigor en la movilización social, la paquidérmica institucionalidad, con la exagerada difusión de los grandes medios de comunicación, se dio a la tarea de impulsar un programa denominado “Pacto Colombia con las Juventudes". Aquellos muchachos y muchachas rebeldes, en su mayoría, hacen parte del 42,5% de las personas colombianas que, según el DANE, viven en la pobreza (es decir, alrededor de 21 millones de personas, además del 15% que vive en pobreza extrema). Es necesario recordar que, para la institucionalidad, si al dividir el total de ingresos en el número de integrantes del hogar la cifra se encuentra en el rango de $653.781 a $3’550.360 mensuales, estos ciudadanos y ciudadanas hacen parte de la clase media. Expresa el DANE que, en Colombia, las y los jóvenes representan el 21,8% de la población, es decir, cerca de 10.990.268 personas. Entre esta población, el 27,7% no estudia ni trabaja, y según la Gran Encuesta Nacional Sobre Jóvenes, realizada del 6 al 12 de mayo del presente año, “el 91% de los encuestados manifestó que se han movilizado en rechazo al Gobierno nacional y el 84% afirmaron sentirse representados en el paro nacional”. Y la matrícula cero se convirtió no en la única reivindicación, pero sí, quizá, en la más movilizadora para las juventudes. Esta demanda consiste en que el Estado ofrezca garantías para la gratuidad universal de la educación superior, de tal forma que sea posible acceder, en todo el país, a los programas de pregrado y posgrado en todas sus modalidades. Para la financiación de un proyecto como este, se propone que sean destinados nuevos recursos del Presupuesto General de la Nación. Tal como recoge el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisip), a propósito de la Gran Encuesta Nacional Sobre Jóvenes, “A pesar de la poca confianza de los jóvenes encuestados en las instituciones, el 87% de ellos considera que votar es una forma de ayudar a transformar y solucionar los problemas del país, opinión que se repite en los encuestados de todos los niveles socioeconómicos. Frente a esto, el 89% de ellos manifestaron su intención de votar en las elecciones de 2022 para Congreso y Presidencia y ven esta como otra oportunidad para cambiar en las urnas, por lo que hoy luchan en las calles”. De ahí la preocupación de Duque, por eso monta su programita: “Pacto Colombia con los Jóvenes”, pacto… por ejemplo, el histórico, que sí les incluye.

Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación Cuando parecía que asomaba una luz de distensión entre los Gobiernos de Iván Duque y Nicolás Maduro, con la apertura comercial de la frontera, rápidamente esa posibilidad se vio opacada por mutuas recriminaciones que han ido subiendo de tono, de lado y lado, hasta el punto de llegar a amenazarse con acudir a la Corte Penal Internacional. Tal es el estado de cosas entre los dos Gobiernos, y nada augura que el tono y la actitud cambien. La frontera había permanecido cerrada desde hace dos años, cuando de manera torpe el Gobierno colombiano lideró la cruzada para derrocar al Gobierno de Maduro y apoyar, de forma decidida, al autoproclamado presidente Juan Guaidó. Se trató del mayor de los fracasos diplomáticos de los últimos tiempos. Muchas voces han insistido a los dos Gobiernos que, más allá de las diferencias de proyectos políticos que cada uno agencia, se debe preservar la relación binacional debido a su vital importancia para la estabilidad, especialmente, de la zona fronteriza de ambos países. Hay millones de personas colombianas viviendo en Venezuela que han llegado a aquel país en varias olas migratorias: en los sesenta y los setenta, buscando oportunidades económicas (que las encontraron), y luego en los ochenta, los noventa y los dos mil, huyendo para salvar la vida, lo cual miles lograron en territorio venezolano; y ahora, en los últimos diez años, se dio un fenómeno migratorio de población venezolana que, ante el proceso de cambios políticos y económicos que se vivía en aquel país, se instaló en Colombia en busca de oportunidades. Se calcula, fácilmente, de acuerdo a cifras de la ACNUR para 2018, que la población migrante venezolana está conformada por cerca de tres millones y medio de personas, de las cuales han permanecido en Colombia, aproximadamente, dos millones de personas. Oficialmente, en el país se encuentran registradas como migrantes, más o menos, un millón seiscientas mil personas. Se trata de cifras importantes que deberían tener como correlato una relación diplomática fluida y propositiva, y no la ausencia de canales de comunicación y una abierta hostilidad entre ambos Gobiernos. Persistir en una relación diplomática basada en el respeto mutuo, ante las diferencias de cada Gobierno, es el ABC de la diplomacia internacional. Se tienen relaciones no porque se apoye uno u otro proyecto de Gobierno (eso puede ser, pero no es la base de una relación internacional y menos entre países vecinos); se tienen relaciones diplomáticas porque se comparte una vecindad y unos intereses comunes. Más si se tiene en cuenta que, en el caso de Colombia y Venezuela, hay connacionales en cada lado de la frontera, por lo cual se requiere el funcionamiento permanente de los consulados; existe, además, entre otras cosas, un territorio compartido que hoy se encuentra en manos de grupos irregulares de todos los pelambres que ponen en condición de vulnerabilidad, especialmente, a poblaciones migrantes. Además, entre los dos países hay posibilidades de complementariedad y apoyo mútuo. Por mencionar un solo ejemplo, Venezuela era nuestro segundo destino de exportaciones, y no hay que dar ese potencial de comercio como perdido. A su vez, una reactivación de las relaciones podría permitir que Colombia suministre parte de los alimentos que Venezuela requiere en la actualidad (en condiciones económicas y de seguridad de pago que es posible acordar). El Gobierno Duque ha sido un desastre en muchos campos, y las relaciones internacionales no se salvan, siendo el tema Venezuela el de mayores repercusiones negativas. Vendrá un nuevo Gobierno a partir del próximo 7 de agosto, y ese Gobierno (que espero sea de un signo político diferente al actual) debe trabajar por restablecer unas relaciones diplomáticas, basadas en los intereses comunes y en un diálogo constructivo ante tantos desafíos compartidos.

Por: Laura Cano Periodista Pares Durante el más reciente fin de semana se conoció que, en zona rural del municipio de Betania, Antioquia, fue perpetrada una masacre contra cinco personas de la zona, entre las que estaban tres ciudadanos venezolanos y dos colombianos. El hecho, puntualmente, tuvo lugar en la madrugada del 17 de octubre en la finca ‘La Bogotana’, de la vereda La Primavera, en Betania. Frente a lo sucedido, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se trasladó hasta el municipio con el fin de realizar un consejo de seguridad, el cual buscaba evaluar las medidas a tomar tras la masacre. En este espacio también participó el secretario de Seguridad de Antioquia, Jorge Castaño. Asimismo, hizo presencia la Fiscalía, el director de Seguridad Ciudadana de la Policía y miembros de las Fuerzas Militares. Hay que recordar que, en noviembre de 2020, en el mismo municipio (ubicado en la zona cafetera de Antioquia) fue cometida otra masacre, en la que 19 personas que se encontraban en una finca fueron asesinadas. Y es que, justamente, en este periodo del año, en esta zona, tiene lugar una colecta de granos que se produce en el marco de lo que se ha denominado como el "Plan Cosecha". Para la colecta de este segundo semestre del presente año, se había anunciado que se requerían 228.000 personas, entre las cuales unas 32.000 arribarán desde otras regiones del país y se distribuirán en los 94 municipios cafeteros del departamento antioqueño. Este dato es relevante, pues, según se ha informado en Blu Radio, entre las víctimas hay dos personas de nacionalidad venezolana, Alejandro y Yeber Carillo (quienes son hermanos), que habrían llegado a la región hace dos semanas. Las dos víctimas mortales de nacionalidad colombiana llevaban dos años trabajando en la finca: Alex Mendoza y Gerardo Úsuga (este último es el hermano del administrador). Y la otra persona venezolana que murió en los hechos fue Carlos Carrasco Pérez, que trabajaba allí hace un año. De acuerdo al mismo medio, el alcalde del municipio, Carlos Mario Villada, contó que "el hecho está relacionado con las disputas por el control del microtráfico y que pese a los operativos de la Fuerza Pública con medidas como Plan Cosecha o Suroeste más seguro, es necesario más trabajo. Se tiene que revisar las estrategias con las cuales se está enfrentando este flagelo del microtráfico en la subregión y se debe aumentar el pie de fuerza en inteligencia. Si bien tenemos un número significativo de Policía y Ejército, es necesario fortalecer la investigación". Además, señaló que: "No se ha podido hacer el levantamiento de las personas porque allí se identificó una granada sin detonar. Por eso no ha ingresado ni policía judicial ni Fiscalía”. Sobre la situación que se vive en la región también se había pronunciado la Defensoría del Pueblo, que, en la Alerta Temprana 044 del 2020, estableció la situación de violencia en varios municipios de Antioquia, entre los que estaba Betania. En el documento, puntualmente, se ponía sobre la mesa que: "el escenario de riesgo subregional se configura, principalmente, por el control de las plazas de narcomenudeo a nivel urbano y rural entre las AGC y La Oficina". Igualmente, se señala que "de manera simultánea a la puesta en marcha del Plan Cosecha, las estructuras armadas organizadas que tienen presencia en Ciudad Bolívar, Salgar, Andes, Betania, Hispania y Jardín, también enfilan esfuerzos para garantizar el control de las plazas de narcomenudeo que allí se establecen, las cuales representan un alto valor en las finanzas de las AGC y La Oficina, esto en razón al alto porcentaje de adicción al consumo entre la población recolectora o andariega, la cual según fuentes institucionales consultadas en terreno corresponde a un 90% de la población que se dedica a esta actividad productiva”. Como consecuencia de esta situación, desde la Defensoría “se pudo constatar la dinámica que han establecido estas estructuras frente a la distribución de narcóticos a nivel rural, la cual corresponde al establecimiento de puntos de ventas (cambuches) dentro de las fincas cafeteras, esto a pesar de la oposición que puedan ejercer sus dueños, pues se trata básicamente de una imposición a través de la fuerza. El negocio funciona a partir de la apertura de créditos a los recolectores de café, los cuales tienen como respaldo el dinero que devengaran por su labor de recolección; dicho valor en algunas ocasiones es deducido de manera directa de la nómina de los recolectores, para ser entregado a estas estructuras", según se lee en la alerta temprana. Con esto, vale la pena señalar tres puntos. Por un lado, resulta necesario cuestionar la efectividad de los consejos de seguridad, así como de las medidas de recompensas por información, pues hasta el momento el número de masacres no cesa, y la situación de violencia y seguridad no mejora, lo que termina configurando un escenario como en el que se producen hechos como la masacre más reciente. Justamente, en relación con esto, otro de los puntos a mencionar es que, en lo que va del año, según el Sistema de Información de la Fundación Paz y Reconciliación (SIPARES), se han presentado 70 masacres, lo que, de nuevo, pone en la lupa la efectividad de las acciones tomadas hasta el momento para buscar vías de solución a la problemática de violencia. El tercer punto, finalmente, tiene que ver con las aseveraciones del presidente Iván Duque, quien aseguró: "Yo creo que tenemos unos fenómenos de microtráfico que tenemos que abordar. El caso que se vio ayer en Betania obedece quizás a la misma situación, y eso también tiene que ser un llamado para que, con las autoridades locales, denunciemos oportunamente estas redes de microtráfico y lograr la desarticulación de las mismas para evitar este tipo de hechos”. Esta posición oficial también debería ser problematizada, pues, durante el 2020 y lo que va del 2021, desde el Gobierno se ha centrado el discurso en la relación del narcotráfico y microtráfico con este tipo de hechos, negando otras aristas del problema estructural de violencia y seguridad que viven muchas zonas del país como, por ejemplo, la falta de garantías para la implementación efectiva de lo acordado en el Acuerdo de Paz.

Por: Olga Portilla Dorado Oficina Pares - Pacífico Según el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), el municipio de Morales concentra alrededor de 400 hectáreas de coca[1]. La economía ilícita ha ganado terreno, especialmente en los límites con Suárez y en las faldas de las montañas que rodean la Salvajina, en la zona occidente de Morales. Sin embargo, el cultivo tradicional de la población moralense, el café, aún está en buena parte del territorio: según el Comité Departamental de Cafeteros, hay 6.827 hectáreas de café[2] en manos de familias que resisten entre la pobreza, la esperanza y proyectos de transformación. Habían pasado 48 horas desde que se tuvo noticias de Yeisi Campo. La última vez que sus familiares la vieron con vida fue la tarde del lunes 12 julio del presente año. Dos días después, a Yeisi la asesinaron. El hecho ocurrió en el Crucero (vereda Altamira, Morales, en el Cauca). Yeisi Campo fue presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda El Playón, ubicada dentro del Consejo Comunitario La Fortaleza, al que ella pertenecía. Este consejo comunitario está ubicado en la zona occidente del municipio de Morales, también conocido como ‘Distrito 8’, en donde se concentra la mayor parte de la hoja de coca que hay sembrada en este territorio. Su labor como lideresa era bastante visible tanto en la política como en lo social y comunitario. En los reportes del Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES) se registra que, con corte a septiembre, en lo que va del año han sido asesinadas, al menos, 11 personas líderes y defensoras de derechos humanos en el Cauca (Yeisi Campo es la única víctima reportada en el municipio de Morales). Por su parte, a nivel nacional, en Colombia, durante este mismo periodo de tiempo, se reporta el asesinato de 98 personas que ejercían algún tipo de liderazgo. Pese a ese reconocimiento social por su labor, en Morales, los comentarios sobre la muerte de Yeisi Campo fueron otros. Y es que, debido a la actual presencia de grupos armados ilegales en el municipio, especialmente de la ‘Columna Jaime Martínez’, disidencia de las FARC, líderes y lideresas sociales han tenido que “tomar partido” o callar ante lo que vean. “… A ella se le vio con unos que eran del otro bando (la ‘Nueva Marquetalia’), y eso no les gustó a los de la ‘Jaime’, por eso dicen que la mataron, porque decían que era una colaboradora. Acá no estar con ellos es ser enemigos”, comenta un líder comunal que, por obvias razones, prefiere quedar en el anonimato. Seis días después de lo sucedido con Yeisi, en la represa la Salvajina (embalse que es compartido por los municipios de Suárez y Morales desde 1985) fueron hallados dos cuerpos sin vida flotando sobre las aguas del embalse, en inmediaciones de la vereda San Martin. Una de las personas fue identificada: era una mujer oriunda del municipio de Piendamó a quien su familia había reportado como desaparecida desde el 16 de julio, viéndola por última vez en cercanías a la vereda Pan de Azúcar, del municipio de Morales. El cuerpo de la mujer estaba junto al de un hombre afrodescendiente, del que las autoridades, a la fecha, no tienen identidad. Aunque las investigaciones no avanzaron mucho para conocer la razón de esos asesinatos, entre la comunidad moralense se menciona que ambos estaban involucrados en negocios de prostitución, trayendo jovencitas a los ‘chongos’ o casas de lenocinio, y que ya se les habría advertido anteriormente (por parte de los grupos ilegales) que no lo hicieran, por temas de pandemia y seguridad. “… Es por eso de la prostitución, por promoverla en el municipio. Lo que a uno le dicen es que ella andaba en eso, y como acá en pandemia hubo mucho control por parte de ellos (disidencias) para ingresar a la zona rural. Ya le habían advertido y pues seguramente no hizo caso y vea cómo terminó”, comenta el líder comunitario. Recordemos que, en 2018, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana[3] por la incidencia de los grupos armados residuales en varios municipios, entre ellos Morales. Una paz en riesgo por la coca Adentrarse al municipio de Morales es vivir contrastes entre lo legal y lo ilícito, que ya no se esconde entre otros cultivos o montañas adentro, a horas y horas de camino. La coca llegó para quedarse, basta tan solo mirar los registros oficiales del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) donde, según las cifras registradas, en el 2016 había 166,89 hectáreas de coca; mientras que en el 2020 se reportaron 393,41. Sin embargo, para quienes habitan el territorio, ya hay más de 1.000 hectáreas sembradas con esta mata. Morales hace parte del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) Alto Patía y norte del Cauca, y aunque sus comunidades y autoridades mencionan algunos beneficios como el mejoramiento de vías y algunos proyectos de infraestructura, la esperanza en el Acuerdo de Paz se ha ido desmoronando, especialmente con el tema de tierras y sustitución de cultivos ilícitos. Un líder del Consejo Comunitario La Fortaleza cuenta que, en 2017, el 99% de su comunidad se acogió a la sustitución voluntaria, pero no recibieron nada de lo acordado: “Eso es una figura ficticia para hacerle creer a los países garantes, a los países cooperantes de Colombia, de que eso sí se iba a dar. En Morales, además de las más de 600 familias del Consejo Comunitario que se inscribieron, se sumaron 1.300 de la zona campesina, para un total de 1.935 aproximadamente. Del 100% del apoyo que debería llegar por parte del PNIS, no ha llegado ni el 0%. No ha llegado nada. Están dilatando, cambiando coordinadores, y en este momento podemos estar hablando de un incremento del 400% de hectáreas de coca en el municipio”. Así también lo reconocen desde la administración municipal, para quienes los proyectos a raíz del Acuerdo de Paz se anunciaron hace cuatro años. La sustitución también era una iniciativa para la cual se creó una mesa de negociación, pero el tema no avanzó. “El Gobierno le incumplió a la gente y por eso la gente también incumplió, cosa que generó el incremento de un 300% en los cultivos”, señala una persona de la administración municipal. Un funcionario de la Alcaldía que hace parte del tema PDET, y quien prefiere omitir su nombre, también recuerda cómo, a través de su gestión, logró contactar a personal del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), pero al dialogar con la comunidad y hacer un sondeo de quién estaba interesado, la respuesta fue negativa, porque el Gobierno les iba a incumplir. “El tema del PNIS es muy bueno para los territorios, pero aquí no se pudo trabajar porque ya no tienen la confianza ante el Estado. Aquí se hicieron unos acuerdos para sustituir, pero el Estado los incumplió y a raíz de eso la gente no quiere saber de esos programas”, agrega el funcionario. El conflicto se trasladó a la zona donde están los cultivos Joaquín Ortega* es un referente en Morales para consultas jurídicas y en lo que se refiere a conocimiento de la historia del municipio. Vive hace más de 40 años en este territorio del centro del Cauca, lo que le permite tener un panorama claro sobre el cambio antes y después de las FARC-EP. “El conflicto actual está en la zona rural, uno ve los letreros y ciertas actuaciones que perjudican el bienestar social, pero por acá en el casco urbano casi no se presentan. Está hacia la zona occidente, del río Cauca para allá, de la Salvajina para allá, donde están los grupos que manejan los cultivos ilícitos. Hace unos ocho años rondaba el conflicto en el casco urbano por la presencia de las FARC. En los años 80 a cada rato la guerrilla se metía al pueblo, ahí al centro donde está la Estación de Policía, pero ahora no”, dice Joaquín Ortega. Como él, Víctor Aldana*, líder de la vereda Carpintero, afirma que, en efecto, la disminución del conflicto se dio luego de que las FARC-EP, o al menos parte de la estructura que tenía injerencia en Morales (‘Frente Sexto’) se acogió al Acuerdo. Sin embargo, años después de ese histórico 2016, los grupos disidentes que se reagruparon y entraron nuevamente a Morales comenzaron a manejar el negocio de la coca, hasta el punto de convertir algunas zonas en territorios de disputa por la ruta y el enclave que conforma Morales junto a Cajibío, Buenos Aires y la Costa Pacífica caucana. Por su parte, un funcionario de la alcaldía local coincide con Joaquín Ortega, al señalar que “antes las tomas eran a diario, y a raíz del Acuerdo de Paz se minimizaron esos sucesos en la zona urbana. Ahora los hechos violentos y victimizantes se presentan en la zona rural. En la zona urbana hay violencia, pero no ligada a tomas guerrilleras ni a grupos armados. Ese fue el cambio que se vio con el Acuerdo de Paz”. Una economía que atrae “Se van para allá y se sacan 100 o 120 mil pesos al día. Por eso ya mucho joven no estudia. Además, en tiempos de pandemia, donde el colegio se cerró y las clases eran virtuales, pues muchos de los que no tienen Internet se dedicaron a trabajar, a coger hoja de coca, porque era en lo que mejor pagaban”. Esta afirmación fue común encontrarla en las voces de hombres, mujeres, líderes, funcionarios, jóvenes y adultos que se entrevistaron para la investigación realizada. Las personas coinciden en que la coca es un atractivo (guste o no) que genera dinero en el municipio y que ha dinamizado la economía de Morales. A simple vista, por la única vía de acceso que tiene el municipio (llegando desde Popayán), se pueden contar fácilmente entre 10 y 12 locales de venta de insumos para el agro. “Los abonos que sirven para el café, sirven para la coca”, dice una lideresa dedicada al café. Así mismo, el consumo de bebidas alcohólicas y el comercio ha aumentado significativamente: “ahora usted en esa vía principal no encuentra más de dos casas familiares, de resto son locales comerciales de diferente índole (…); los arriendos han subido considerablemente, antes usted encontraba un local en 300 o 400 mil pesos, ahora no bajan de un millón”, dice otro poblador de la zona. Sin embargo, en el municipio aún hay varias carencias: agua potable, fluido eléctrico, conexión de Internet, vías en buen estado, entre otras condiciones. Las casas en las zonas rurales no han mejorado; están construidas en bahareque o en madera, y las que están en ladrillo y cemento siguen en obra negra. Aunque se ve el flujo de dinero en el comercio, este parece estar concentrado en el casco urbano, y la plata que circula por todo lo que involucra el mercado de la coca no es que esté significando mejora en la calidad de vida de la población moralense. “Lo que uno percibe son cosas como esta: antes la gente venía mucho a pedir las ayudas aquí a la Alcaldía, ahora ya muy poco, porque unos tienen cultivos, los otros son lo que llama uno ‘raspachines’ y sacan un buen sueldo. El valor de un arriendo, el incremento del comercio, el valor de una casa, de la tierra, eso ha aumentado… Yo recuerdo sitios como El Playón (vereda en el Consejo Comunitario La Fortaleza), que es una zona cocalera, todas esas veredas por ahí aledañas donde están los centros de los cultivos, antes no daban un peso por una hectárea, ahora son peleadas las tierras, y carísimas”, agrega un funcionario de la administración municipal. Además de lo anterior (que, entre otras cosas, ha generado que lleguen personas foráneas al municipio y que los propietarios de toda la vida vendan sus tierras), también preocupa el impacto de la coca en los y las jóvenes, y ese gusto “por el dinero fácil”, ya que al irse a “raspar” o empezar a hacer otros trabajos en el negocio del narcotráfico, empiezan a ganar “buen dinero”, pero que entre viernes, sábado y domingo se queda en las cantinas. “Con la adquisición de dinero, los jóvenes creen que pueden tener un arma, amedrentar a otras personas, generar problemas; entonces eso ha generado un poco de descomposición social relacionada al tema del desinterés por las cosas buenas. Si hay plata, hay armas, hay mujeres, y hay licor. La deserción escolar también la hay a causa de este negocio. Por ejemplo, un niño de diez años ya no va a ir a estudiar porque se puede sacar cincuenta mil hasta el mediodía”, agrega un líder del Consejo Comunitario La Fortaleza. Solo basta estar despierto entre las 4:00 y 5:00 de la mañana para escuchar un zumbido de docenas de motos pasando por la vía principal de Morales, muchos de los que raspan no son de la zona; se cree que vienen de Cajibío, Piendamó y Caldono. Parece una caravana: en Morales ya sus habitantes no se despiertan con el ruido de los gallos, sino con el ruido de las motos que llevan a los recolectores de hoja de coca. “Es mejor el café que la mata que mata” Aunque los cultivos de coca están a simple vista cuando se va desde el casco urbano de Morales hacia la zona occidente del municipio, y en las faldas de las montañas que rodean la represa la Salvajina, el común en el paisaje de entrada al municipio, y en veredas organizadas hacia el oriente de este territorio, es el que tiene como protagonistas a los cafetales y a algunos cultivos de pancoger. El número exacto de hectáreas de coca no se tiene, pero por los comentarios de las personas, esta plantación ha ido ganando terreno en Morales, y esto ha traído problemas como los ya mencionados a lo largo de este artículo. Pese a esto, todavía hay asociaciones, organizaciones y personas líderes que promueven la siembra de café —como producto principal del municipio— para mejorar su economía y no caer en la tentación de lo ilícito. “… Porque así usted solo preste su tierra para tener plantas de coca, ya está haciendo algo malo”, dice Floralba Carabalí*, lideresa de una asociación de mujeres que se dedica al café. Maricela* es una joven de no más de 25 años, vive en la vereda San Rafael, a unos 15 minutos del casco urbano de Morales. Ella, junto a otros jóvenes, desde el 2019, se dedica a la caficultura y, en el mercado campesino, entre sus familias y vecinos empezaron a comercializar ‘El Sabio Café’, una marca hecha por jóvenes moralenses que aún creen en lo lícito. Terminaron el colegio, pero no pudieron ir a la universidad, así que decidieron dedicarse a la labor del campo, tradición familiar. Aunque su marca es ‘El Sabio’, Maricela, Julián* y David* también son socios de la Asociación Campesina en Agricultura Limpia de Morales (Asocalm), colectivo al que están afiliados sus padres, quienes les han inculcado cultivar el grano y no la mata que mata. Como esta asociación, hay varias en Morales que se dedican a producir la tierra y a vender sus productos; generalmente lo hacen entre los mismos habitantes de la vereda, o cuando hay mercado campesino organizado por la Alcaldía salen al parque a vender. Para quienes están cerca al casco urbano, esta labor es algo sencilla, sin embargo, a los que viven a más de 3 horas de camino, el tema se les dificulta, por lo que cada que pueden, le recuerdan a su Junta la necesidad de buscar proyectos y ayudas para llegar al comercio del pueblo. Floralba Carabalí reconoce las bondades de estar en esta asociación que se creó en 1997 con 15 productores y que, poco a poco, con apoyo departamental y nacional, empezaron a comercializar café a través de convenios. Ahora tienen un lugar de acopio, aunque ya se queda pequeño porque en la actualidad son 105 productores quienes llevan su cosecha allí. Legalmente cuentan con todo lo necesario, lo que les ha permitido hacer parte de convenios con cooperación internacional, con la Federación de Cafeteros y con el Estado, no solo para el tema de comercialización, sino para capacitación, tecnificación y mejora de procesos. “Los jóvenes están vinculados en el programa de transformación y esto ha sido positivo, porque los rescatamos de que se vayan a raspar coca, que es lo que está de moda por acá. Eso con la pandemia mucho joven hasta dejó de estudiar, pero los de nuestra asociación, los de nuestra vereda no. Es algo que quisiéramos ojalá se dé en otras zonas de aquí de Morales, porque la verdad no queremos verlos perdidos en otros negocios”, concluye Floralba. *Nombres cambiados por seguridad de la fuente. [1] Datos publicados para el año 2020. [2] Información disponible en el Cuadro General de la Caficultura publicado por el Comité Departamental de Cafeteros del Cauca. Según este mismo cuadro, en Morales hay 6.011 caficultores, 7.278 fincas y se producen 840 mil arrobas de este producto. [3] Alerta Temprana de Inminencia 034-18.

Por: Laura Cano Periodista - Pares “El 18 de octubre de 2021 pasa a la historia como el día en que una lucha, que empezó por un crimen individual, llevó a la reivindicación de derechos de miles de mujeres víctimas de violencia sexual y de mujeres periodistas que dejan parte de la vida en su oficio #NoEsHoraDeCallar” Jineth Bedoya Estas fueron las palabras de la periodista Jineth Bedoya, quien, luego de una lucha de más 20 de años, logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontrara responsable al Estado colombiano “por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión en perjuicio de la periodista Jineth Bedoya Lima", así como por los abusos sexuales de los que fue víctima el 25 de mayo del 2000. Esta decisión llegó luego de que la Corte hallara “indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal en los referidos hechos". Además, desde órgano judicial se precisó que “El Estado era conocedor de la situación de riesgo real e inminente de que Bedoya pudiera ser objeto de un ataque que pusiera en peligro su vida o integridad”. Además, en el marco de este proceso, se declaró la responsabilidad internacional del Gobierno colombiano por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por no haberse realizado, de manera oportuna y efectiva, la debida diligencia a la hora de realizar las investigaciones sobre los hechos. Con esta decisión, se establecieron una serie de medidas que el Estado colombiano debe acatar, entre las que están: la financiacón del proyecto de Bedoya “No es hora de callar”, la creación de un centro de memoria para las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, así como impulsar las investigaciones judiciales para establecer quiénes estuvieron detrás de lo ocurrido en el caso de Bedoya. Además, se dispuso que el Estado deberá garantizar la difusión del programa trans-media “No es hora de callar”, durante 5 años, desde su primera emisión. Adicionalmente, se deberá crear e implementar, en el plazo de dos años, un plan de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia para garantizar que cuenten con los conocimientos necesarios para identificar actos y manifestaciones de violencia, basadas en género, que afectan a las mujeres periodistas, además de proteger a las que se encuentran en situación de peligro e investigar y enjuiciar a los perpetradores de estos hechos victimizantes. A esto se suma que se deberá diseñar e implementar, en el plazo de un año, a través del organismo estatal correspondiente, un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra periodistas, así como de violencia basada en género contra mujeres periodistas, y se deberá crear un fondo destinado a la financiación de programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia basada en género. Hay que señalar que, luego de que fue conocida la sentencia, desde el Gobierno nacional se pronunció el presidente Iván Duque, quien en su cuenta de Twitter afirmó: “Una vez más el Estado colombiano rechaza toda agresión física y psicológica contra las mujeres. Jineth Bedoya jamás debió ser secuestrada y torturada. La sentencia de la CIDH se cumplirá en su totalidad, como siempre Colombia lo ha hecho". Por su parte, a través de RCN Radio, el director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, aseguró que esperan cumplir en el menor tiempo posible con lo estipulado en este fallo: “la Corte IDH tomó una decisión muy importante que lleva primero a que todos los colombianos debamos rechazar cualquier agresión no solo en las mujeres periodistas sino a cualquier mujer. (...) Se cumplirá la sentencia, que valora positivamente el hecho de que Colombia aceptara parcialmente la responsabilidad. Colombia acatará la sentencia con la velocidad que sea posible y ojalá antes de los plazos que le fijará la Corte”, aseveró el funcionario. Al respecto de esta situación, María Victoria Ramírez, encargada de temas de género en la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), señala: “Hay que decir, sobre la decisión de la Corte, que la persistencia de Jineth Bedoya, dando una batalla durante 20 años para obtener justicia es algo de admirar, de resaltar y de acompañar. El fallo es justo, necesario y sienta un gran precedente. Jineth hizo de su drama personal una bandera política y una consigna para hacer visible el abuso sexual como arma de guerra en el conflicto armado colombiano, y eso es muy valiente y tiene un precio muy alto. El costo en su salud mental y física por los vejámenes a los que fue sometida, no solo el día de la agresión, sino a través de estos años de negligencia de la justicia colombiana, son evidentes, dolorosos y una muestra de lo difícil que puede ser reconstruir una vida si no hay justicia y reparación a tiempo”. Los hechos a la luz de la decisión de la CIDH El Registro Único de Víctimas (RUV) reporta, a marzo de 2021, más de 7 millones de víctimas sujeto de reparación. Más del 50% de estas personas son mujeres. Asimismo, se registra que hay, al menos, 33.026 víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual, de las cuales 29.035 son mujeres. Precisamente, entre las mujeres que sufrieron, a través de su cuerpo, integridad y dignidad, las consecuencias de la guerra en Colombia, está Jineth Bedoya, quien en mayo del 2000 se encontraba adelantando una investigación sobre los hechos de violencia desatados entre 1999 y 2003 en la Cárcel La Modelo. Estos sucesos violentos, ocurridos al interior del centro penitenciario, habrían dejado cerca de 300 personas privadas de la libertad asesinadas, y, al menos, 100 desaparecidas. En el marco de esta situación, se perpetró una masacre en el centro penitenciario, el 27 de abril del 2000, poco menos de un mes antes de lo ocurrido con Jineth Bedoya. En dicha masacre, que duró aproximadamente 38 horas, hubo cerca de 32 personas privadas de la libertad muertas y 17 heridas. Para ese momento, la periodista Bedoya, que cubría temas de conflicto para El Espectador, investigaba lo que sucedía dentro del penal en relación con el tráfico de armas y las desapariciones. Para esto, alias ‘El Panadero’, quien se encontraba recluido en dicha cárcel, accedió a responder una entrevista. No obstante, Bedoya ni siquiera alcanzó a ingresar a la Modelo, cuando hombres la retuvieron, la drogaron y la raptaron, durando alrededor de 16 horas desaparecida. Sobre Mario Jaimes Mejía, alias ‘El Panadero’, quien supuestamente le daría la entrevista a la periodista, hay que señalar que fue uno de los encargados de sembrar terror en Barrancabermeja durante la década de los 90, cuando hizo parte de las Milicias Bolivarianas de las FARC. Pagó tres años de cárcel por rebelión, de allí salió y cambió de bando, pues poco después integraría el ‘Bloque Central Bolívar’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandado por Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco'. A finales de los 90, fue detenido nuevamente luego de que se le encontrara responsable de ser uno de los perpetradores de la masacre del 16 de mayo de 1998, en Barrancabermeja, en la que ocho personas fueron asesinadas y tres jóvenes terminaron desaparecidos. No obstante, dentro de la cárcel continuaba con sus acciones delictivas, y fue justamente el que le siguió los pasos a Bedoya, tendiéndole una trampa que llevó a los hechos a los que sometieron a la periodista, que luego de ser retenida, cuando se disponía a entrar a La Modelo para la entrevista, fue víctima de violencia física, sexual y psicológica. Posteriormente, fue dejada en la vía que conduce a Villavicencio. Desde ese momento, la periodista empezó una dura batalla para que se hiciera justicia. No obstante, pasaron 11 años y tres meses hasta que una fiscal dio el primer paso (esto después de que, en 2012, se presentara un cambio de fiscal en el caso). Así, al proceso fueron vinculadas las únicas tres personas que han sido condenadas hasta ahora: los exparamilitares Alejandro Cárdenas, alias ‘JJ’, y Jesús Emiro Pereira Rivera, alias ‘Huevo de Pizca’, condenados a 30 y 40 años de cárcel, respectivamente, y ‘El Panadero’, sentenciado a 28 años de prisión. Es necesario mencionar que las investigaciones han indicado que serían, al menos, 25 las personas implicadas en estos hechos (entre autores materiales y determinadores), de las cuales solo se ha logrado judicializar a tres de los autores materiales. Pero en el caso de los autores intelectuales y cómplices, son pobres los avances. Vale la pena traer a colación que, en entrevista con El Tiempo, Pedro Vaca, abogado de la periodista y director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), explicó que entre los implicados estarían miembros del INPEC, Policía y Ejército. Por otra parte, hay que recordar que fue la inacción del Estado, en el proceso de investigación, lo que llevó a Jineth Bedoya a elevar su caso a la escena internacional en 2011. Junto a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la periodista presentó una petición frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Después de casi ocho años analizando el caso, la CIDH decidió someterlo a la Corte al evidenciar “serie de violaciones de derechos humanos derivadas del secuestro, tortura y violación sexual de la periodista Jineth Bedoya Lima por motivos vinculados a su profesión”. Además, en julio de 2019, se comunicó desde la CIDH que este órgano “concluyó que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial ya que no actuó con la debida diligencia en la investigación luego de sucedido los hechos. Ello, debido a que existieron largos periodos de inactividad probatoria, y omisiones en la recaudación de prueba clave y su valoración oportuna, lo cual dio lugar a una investigación preliminar que no logró el esclarecimiento de los hechos ni la identificación de los responsables al menos durante 11 años. La CIDH consideró que las investigaciones y procesos penales revictimizaron a la periodista Jineth Bedoya, no se llevaron a cabo dentro de un plazo razonable y no cumplieron con los estándares internacionales para la investigación de delitos de violencia sexual. A su vez, la Comisión concluyó que la ausencia de una investigación diligente por 18 años afectó la integridad psíquica y moral de la madre de la periodista”. Este caso se convirtió en el primero de violencia sexual, ocurrido en el marco del conflicto armado en Colombia, que llegó a un tribunal internacional, abriendo la vía para que otras víctimas busquen justicia en esas instancias. Además, también fue el primer caso que contempló la situación de las mujeres periodistas que ejercen su oficio en contextos de conflicto armado. Justamente, es importante recordar que, durante el inicio de la audiencia pública virtual por este caso, los representantes del Gobierno se retiraron del juicio, argumentando que: “Aquí de lo que se trata es de la falta de garantías y objetividad en este proceso (…). Se trata de no prejuzgar a un Estado que se presenta con humildad ante la corte y que pone la cara ante la víctima, pero que espera de sus jueces la imparcialidad y la objetividad que son la esencia de la justicia”, tal como dijo en su momento Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. Posteriormente, el mismo funcionario le ofrecería una “solución amistosa” a la periodista. Otra afrenta en este caso. Estos han sido solo algunos de los pasos que ha tenido que dar la periodista Jineth Bedoya, enfrentándose, en todo este largo proceso, a una constante revictimización y retrocesos en una investigación que debió ser priorizada y resuelta con efectividad, durante estos más de 20 años, para poder dar con una reparación integral. No obstante, hoy se celebra esta decisión tomada por la CIDH, no solo por el esclarecimiento de la responsabilidad que se le atribuye al Estado en este caso particular, sino también por lo que significa para las miles de mujeres que fueron víctimas de toda clase de violencias, entre ellas la sexual, durante el conflicto armado en Colombia. “Espero que luego de este triunfo en los tribunales internacionales, el Estado colombiano cumpla. La misma Jineth ya lo expresó. Ahora viene la batalla para que Colombia repare a Jineth y, junto a ella, a las demás víctimas de este delito”, concluyó María Victoria Ramírez.

Por: Juan Sebastián Peña Editor - Pares Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) hemos iniciado una nueva etapa como organización: un nuevo ciclo de acciones para la incidencia y de renovación organizacional que nos permita responder a las necesidades y a las realidades del contexto actual del país y de la región. En el marco de esta transformación de la Fundación, durante esta semana, del 19 al 21 de octubre, estaremos abriendo distintos espacios virtuales de diálogo para socializar estos cambios y dar a conocer los propósitos del accionar de Pares, bajo este nuevo enfoque, desde el cual seguiremos buscando aportar al fortalecimiento de la democracia, a la construcción de paz y a la reconstrucción del tejido social y organizativo a nivel local y nacional. Todos estos escenarios de diálogo que tendrán lugar a lo largo de esta semana, y que contarán con la participación de los distintos equipos de las líneas de investigación de Pares, así como de personas invitadas especiales, serán de carácter público y se podrá participar en ellos a través de nuestras redes sociales. Aquí puedes consultar la agenda completa con los horarios y las personas que harán parte de cada espacio. Durante este primer día de la Semana Pares, hoy 19 de octubre, se realizará el encuentro “Democracia en riesgo: situación en frontera, clanes políticos, violencia electoral y corrupción”: un espacio en el que se expondrá el papel que desempeñará la Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad frente a temas cruciales para el país como las elecciones presidenciales y legislativas del 2022, la situación en la frontera colombo-venezolana y casos de corrupción, entre otros. En este espacio, liderado por Esteban Salazar, coordinador de la Línea, y por el equipo investigativo, se socializarán los hallazgos de los dos informes más recientes que serán publicados el día de hoy en nuestro portal: el “Segundo informe de violencia y dinámica electoral” y el “Primer informe de precandidatas y precandidatos al Congreso con cuestionamientos”. En el segundo día, 20 de octubre, realizaremos dos encuentros. El primero de ellos lleva por nombre “Seguridad rural, violencia, personas líderes y defensoras de derechos humanos”, y será un espacio en el que se plantearán los horizontes de acción de la Línea de Investigación de Conflicto, Paz y Posconflicto respecto a la nueva etapa de la Fundación. Asimismo, en el marco de la labor del Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA), con la participación de Karina Castro, por CooperAcción (en Perú), y de Raúl Cubas, por PROVEA (en Venezuela), se abrirá una conversación respecto a la situación actual de las personas líderes y defensoras de derechos humanos en Colombia, Perú y Venezuela. El segundo encuentro de este día será liderado por la Línea de Investigación de Seguridad Urbana y Crimen Organizado: “Dimensiones y perspectivas de la seguridad con enfoque de género”. Este espacio contará con la participación de Isaac Morales, coordinador de la Línea, Ana Joaquina Ruíz, directora de la corporación Sisma Mujer, Linda Cabrera, docente de la UNAM y experta en género, inclusión social y derechos humanos, y Matilda González, activista LGBTI. Durante el tercer día de la Semana Pares, el 21 de octubre, se desarrollará el encuentro “Pares desde las regiones: realidades del Pacífico y el suroccidente colombiano”. Este espacio contará con la participación del equipo de investigación de la Oficina Pacífico de Pares, en cabeza de Juan Manuel Torres, su coordinador, y girará en torno a la exposición de la labor de investigación e incidencia que realiza esta oficina territorial de la Fundación. En ese sentido, se abordará el contexto actual de territorios como Buenaventura (Valle del Cauca), Timbiquí y Morales (Cauca), y Bojayá y Riosucio (Chocó). Ese mismo día, finalmente, tendrá lugar el espacio de diálogo “El Estado colombiano no puede derrotar al ELN, ¿qué alternativas quedan?”: una conversación, a propósito de la situación de la confrontación armada entre el Gobierno y la guerrilla del ELN, sobre las perspectivas existentes para una salida negociada de este conflicto. Este encuentro contará con la participación de Luis Eduardo Celis, analista de conflictos armados y sus perspectivas de superación de Pares, Elber Gutiérrez, editor general de El Espectador, Iván Cepeda, senador del Polo Democrático Alternativo, y Antonio Sanguino, senador del Partido Verde. Te invitamos a participar de estos encuentros y a acompañarnos de forma activa en esta parte del camino que hoy emprendemos siguiendo con el compromiso que hemos adquirido desde hace años: ser un centro de pensamiento y acción social capaz de contribuir al fortalecimiento de la democracia y de procesos de paz y reconciliación estables, duraderos y forjadores de caminos hacia el tejido de un nuevo país.

Por: Juan Sebastián Peña Editor Pares La situación de vulnerabilidad y de permanente violación de derechos humanos a la que han quedado expuestas las comunidades ribereñas del Medio San Juan y Litoral del San Juan, en el Chocó, debido, entre otras cosas, a la presencia de actores armados y al abandono estatal, ha desembocado en una crisis humanitaria que pone en riesgo la vida y la permanencia de las poblaciones en el territorio. De acuerdo a denuncias realizadas por organizaciones como el Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN) o la Red de Derechos Humanos del Pacífico (REDDHHPAC), entre las victimizaciones que se producen a raíz de los enfrentamientos entre el ELN y las AGC o ‘Clan del Golfo’, y de la militarización estatal de la región, se encuentran desplazamientos masivos y desapariciones. En respuesta a esta situación por la que atraviesan las poblaciones ribereñas del río San Juan, ha surgido una iniciativa de articulación, resistencia y búsqueda de reparación del tejido social para la transformación del escenario de violencia: la Caravana Humanitaria por la Vida y la Permanencia en el Territorio San Juan y sus Afluentes. El propósito de esta iniciativa que, de acuerdo a la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región Pacífico (CIVP), reúne a 300 personas de las comunidades de la región, de organizaciones étnico-territoriales, y de sectores eclesiales y sociales, es verificar y denunciar la situación humanitaria que atraviesan las poblaciones ribereñas, y exigirle al Estado colombiano que haya garantías al respeto por la vida y a la defensa del territorio en el San Juan, en el Chocó y en el Pacífico en general. Siguiendo lo afirmado por el CIVP, se trata de “un territorio que le pertenece a las comunidades éticas y a quienes históricamente lo han habitado, y quienes hoy se encuentran en grave riesgo de muerte y despojo a causa del conflicto armado y el abandono estatal”. Según lo compartido en el comunicado de prensa en el que se informaba sobre el desarrollo de la Caravana Humanitaria, la agudización del conflicto social, político y armado en la región, entre otras cosas, “ha provocado bombardeos, desplazamiento forzado de más de 900 familias negras e indígenas, desaparición y asesinato a niños y líderes sociales en el Chocó”. Esta crítica situación de derechos humanos ha llevado a esta movilización social humanitaria, a través de las aguas del río San Juan, que se viene desarrollado desde el pasado 11 de octubre y que tendrá lugar hasta este viernes 15 del mismo mes, con la que, además de lo señalado, se ha buscado llevar apoyo para un refugio humanitario para las personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado y que no han podido regresar a sus territorios. Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) nos sumamos a la exigencia que las organizaciones y sectores convocantes de esta Caravana Humanitaria le han hecho al Estado para que desarrolle e implemente, de forma inmediata, efectiva e integral, las acciones institucionales que hagan posible avanzar hacia la superación de la condición de vulneración, victimización y revictimización que padecen, especialmente, las comunidades que habitan y hacen parte del tejido humano, organizativo, social, cultural, económico y político que se configura alrededor del río San Juan. A continuación, a partir de información recopilada por organizaciones que lideran la Caravana Humanitaria por la Vida y la Permanencia en el Territorio San Juan y sus Afluentes, y del contraste con otras fuentes de información, presentamos una línea de tiempo con algunos de los hechos que han marcado el recrudecimiento del conflicto armado en la región:

Por: Laura Cano Periodista - Pares El día de ayer, en horas de la tarde, se conoció que Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe Vélez, quedó en libertad. Esto luego de que el Juzgado 36 municipal de control de garantías tomara está decisión sobre la base del vencimiento de términos del proceso en su contra. Hay que recordar que Cadena está siendo investigado por presunta manipulación y soborno de testigos en el caso que se lleva contra el expresidente Uribe. Más puntualmente, el argumento que se dio, para que la decisión fuera tomada, estaba relacionado con que se había superado el tiempo estipulado por la ley para que Cadena estuviera privado de la libertad sin que la Fiscalía lo acusara formalmente. La jueza del caso señaló que ya habían pasado 386 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se iniciara la audiencia de juicio oral, por lo cual se cumpliría uno de los requisitos para otorgar la libertad por vencimiento de términos. Según lo estipulado legalmente, en estos procesos no se pueden exceder los 240 días. En ese sentido, la jueza del caso decretó la libertad inmediata del abogado Cadena, sosteniendo que los términos en el caso se encontraban desbordados, razón por la cual no podía mantener al acusado con medida de aseguramiento. Aún así, dijo que el proceso contra Cadena seguirá su curso normal a pesar de que el abogado se encuentre en libertad. A su vez, la funcionaria jurídica afirmó que “no desconoce el despacho el esfuerzo realizado por la Fiscalía para cumplir con el descubrimiento probatorio del acusado”. En relación con esto último, es importante señalar que esta decisión fue apelada por la Fiscalía y por la representación de las víctimas. Desde el organismo se aseguró que los términos se tendrían que descontar desde el día 23 de noviembre de 2020. Esto debido a que, como se indicó, la defensa de Cadena habría realizado maniobras dilatorias en el caso sin tener en cuenta la “lealtad que debe profesarse por las partes dentro del proceso penal”. Además, también se señaló que. a pesar de que la Fiscalía siempre estuvo dispuesta a colaborar para el esclarecimiento de los hechos, la defensa de Diego Cadena debió dar a conocer las falencias en el caso. Por su parte, Iván Cepeda, una de las víctimas en este proceso, escribió a través de su cuenta de Twitter: “La libertad de Diego Cadena obedece a una cuestión de expiración de términos y no a ninguna absolución judicial. El juicio contra él continúa. Acatamos la decisión y esperamos que el acusado no emprenda fuga”. Es necesario recordar que, en la audiencia preliminar, que se realizó entre el 3 y 6 de agosto de 2020, a Cadena se le había dictado medida de aseguramiento. Posteriormente, el 22 de septiembre de 2020, fue radicada la acusación en contra de Cadena. Tras esto, el 29 de octubre del mismo año se realizó la audiencia de acusación y la Fiscalía acusó a Cadena y a Juan José Salazar (abogado también involucrado en el caso). El 3 de diciembre se ratificó la decisión de casa por cárcel, poniendo de nuevo sobre la mesa que el abogado representaba un riesgo para el desarrollo del proceso. Después de esto, lo que vino fue un constante intento para tumbar esa medida de aseguramiento. Uno de estos tuvo respuesta en junio de este año, cuando la jueza 22 de control de garantías negó la solicitud que había hecho el abogado de la defensa de Diego Cadena, Iván Cancino, quien argumentó en ese momento que ya había ocurrido un vencimiento de términos. Sin embargo, la funcionaria jurídica llegó a la conclusión de que existió una dilación en el proceso ya que la defensa de Cadena había sostenido que no había revisado todo el material entregado y, además, solicitó pruebas adicionales que debieron ser solicitadas a la Corte Suprema de Justicia, razones por las que se prolongó el tiempo de las audiencias. Por esta razón, en ese momento, se le negó la libertad a Cadena. A pesar de la más reciente decisión judicial que se ha tomado, es necesario aclarar que la libertad de Cadena no significa que se le haya dado absolución judicial al acusado: el proceso en su contra por presunta manipulación y soborno de testigos para favorecer al expresidente Álvaro Uribe aún continúa abierto.