Por: Juan Sebastián Peña Editor - Pares Desde la semana anterior, después de casi dos años del tensionamiento de la crisis diplomática entre los Gobiernos de Colombia y Venezuela (y, además, con la crisis que supuso la pandemia por covid-19 de por medio), empezaron a ser removidas las vallas y los contenedores que bloqueaban el principal paso fronterizo entre los dos países: el puente internacional Simón Bolívar-Francisco de Paula Santander (Te podría interesar: “Reapertura de la frontera: ¿mejorará la situación de la población migrante?”). El propósito de esta medida, de acuerdo a lo manifestado por ambos Gobiernos, ha sido avanzar en una reapertura comercial gradual de la frontera. Durante esta semana, ya ha empezado este proceso de reactivación comercial de este paso fronterizo que conecta al estado de Táchira, por el lado venezolano, con Villa del Rosario, del lado colombiano. Respecto a esto, según recoge el diario La Opinión, Wladimir Torres, director de Comercio Exterior de la Cámara de Transporte de Carga del estado Táchira, señaló: “La apertura que se está dando para el paso de la carga, esta semana, a través del puente internacional Francisco de Paula Santander, en Ureña, es el punto de partida para que se comience a desarrollar el intercambio comercial de productos que tienen un importante interés comercial, no sólo en Norte de Santander, sino en otras regiones de Colombia”. Sin embargo, tal como hemos reiterado desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el rompimiento de relaciones diplomáticas entre los Gobiernos de Colombia y Venezuela, la situación de excepcionalidad causada por la pandemia y el cierre de las fronteras son circunstancias que han abierto la puerta al crecimiento de la migración irregular y, de la mano con esta realidad, las poblaciones migrantes han quedado en una grave situación de vulnerabilidad y de crisis humanitaria. El escenario que estas condiciones adversas producen en la frontera colombo-venezolana permite que, por ejemplo, organizaciones armadas ilegales que se disputan el control territorial en la zona persuadan a personas migrantes para que se involucren en economías ilícitas o para que ingresen a sus filas. (Puede interesarte este informe de Pares: Situación de seguridad y migración en la frontera Colombia Venezuela). Además, en el marco de esta misma realidad, la población migrante queda expuesta a delitos como extorsiones, tráfico y trata de personas (Te podría interesar: “La trata de personas en la frontera colombo-venezolana”). Y todo esto sin mencionar las precarias condiciones de salud pública que se configuran en la frontera, vinculadas no solo a la capacidad hospitalaria para atender casos de covid-19, sino “también a la disponibilidad y calidad del agua potable (falta de plantas de tratamiento y distribución), situaciones de desnutrición, reemergencia de enfermedades y barreras de acceso al sistema de salud, entre otros; todos factores que aumentan los riesgos asociados al contagio por covid-19 en la población migrante”, según lo señalado por Pares. Precisamente, a la luz de esta realidad crítica, sobre todo, para las poblaciones migrantes, pero también para las comunidades que habitan y hacen parte de la región fronteriza de ambos países (y, en general, para las relaciones entre los Estados de Colombia y Venezuela), diversas organizaciones sociales creemos que esta reapertura comercial de uno de los pasos fronterizos no debería ser únicamente el primer paso hacia una reactivación económica, sino, también, hacia un reestablecimiento de las relaciones entre los Gobiernos de ambos países que permita, entre otras cosas, mejorar las condiciones de vida de la población migrante y dar respuestas a los problemas bilaterales que ha recrudecido el cierre de los pasos fronterizos. Es en este sentido que, desde Pares, en cabeza de León Valencia, nuestro director, nos sumamos al siguiente comunicado en el que, diversas personas y organizaciones sociales, hacemos un llamado para que el dosbloqueo de este paso fronterizo sea tan solo una primera medida que conduzca a la reapertura total de los pasos fronterizos, de los consulados y, en general, de los canales institucionales de comunicación entre los Gobiernos de Colombia y Venezuela. De esta forma, se podrá avanzar en lo que se refiere a enfrentar las consecuencias que ha dejado el cierre no solo de la frontera entre los dos países, sino del diálogo y la acción conjunta entre ambos Estados. La crisis humanitaria, socioeconómica, sanitaria, de seguridad y económica que se vive en la frontera exige respuestas inmediatas y articuladas. A continuación, el comunicado completo en el que, además, se incluyen propuestas sobre cómo avanzar en este camino de reapertura de la frontera y de las relaciones diplomáticas entre los Gobiernos de Colombia y Venezuela:

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda. Cuando era niño leí un libro de prosas curiosas. Recuerdo especialmente una de ellas titulada: “Un hombre que odiaba la guerra inventó la dinamita”. Se trataba de la biografía sintetizada para niños del inventor Alfred Nobel. En aquellas páginas se daba cuenta de cómo al célebre sueco, en su tiempo (segunda mitad del siglo XIX), se le vanagloriaba igual que a un héroe. Todo como reconocimiento a sus aportes a la armamentística; es decir, por haber empoderado bélicamente a los seres humanos. En dicho texto, del cual no preciso su autor, se enfatizaba el arrepentimiento que le sobrevino a Nobel cuando, tras haber perfeccionado muchas armas de fuego, comprendió que matar era malo. Una conducta –la de matar– elementalmente obvia en su negatividad, pero, paradójicamente, muy natural en su originaria justificación, que todavía hoy la licencia: el principio de la legítima defensa. Incluso, bajo los preceptos morales de nuestras familias –por sagradas que estas sean– y bajo el amparo de las leyes –por justas que estas parezcan–, ese principio valida la conducta negativa de matar. Lo cierto es que Alfred Nobel, consecuente con el miedo o instinto animal que se despierta cuando nos encontramos en la extrema necesidad de salvar nuestras vidas, se dedicó mucho tiempo –qué cosa tan extraña– a investigar sobre cómo hacer daño a los otros para protegernos a nosotros. En efecto, se empeñó en la creación y perfeccionamiento de armas de fuego, y a concebir mecanismos para controlar y manejar explosiones altamente destructivas. Para ello, Nobel hizo a un lado la construcción de poemas que, junto a la medicina y a la química, era una de sus nobles pasiones. No obstante, al final de sus años, Alfred Nobel decidió pedir perdón y reponer los daños ocasionados a la humanidad con sus inventos. En consecuencia, optó por dejar parte de su patrimonio, exclusivamente, para la organización de un premio dirigido a los médicos, a los químicos y a quienes –cualquiera fuera su perfil profesional– hicieran cosas o desempeñaran actividades contrarias al favorecimiento de la guerra. Resulta por ello muy coherente que el principal de esos premios –o el más promovido– sea el premio a la paz; y resulta razonable también que lo reciban personajes que, habiendo trabajado para la guerra –como el mismo Alfred Nobel lo haría en calidad de inventor–, se hubieran cambiado al bando de quienes le apuestan a la paz. No en vano, los otros premios –el de medicina, química, física y el de literatura– tienen como condición implícita que sus resultados sean la defensa de la vida. Difícilmente a un médico o a un científico –aparte de las excepciones como los sujetos Knox, Oppenheimer o Mengele– se le pase por la mente desarrollar invenciones e ideas contrarias a la esencia de sus profesiones, como es el salvamento de la vida. Y son bastante raros los escritores que, siendo considerados “buenos”, no develen las crudezas de la realidad ni procuren ennoblecernos frente a ellas. Basta echar una ojeada a los premios nobel en la línea de la Historia para confirmar que la academia sueca no ha perdido el norte con respecto a ese propósito noble de Nobel: matar la guerra animando la paz. Vistas las cosas así, resulta muy fácil comprender las razones por las cuales, a ciertos, o mejor, a puntuales escritores de la talla de Jorge Luis Borges, por ejemplo, se les haya negado la codiciada medalla de la academia sueca. Sencillamente porque en sus obras, siendo lo mejor de lo mejor, no connotaban, a juicio de la academia sueca, la defensa de la vida, y porque, en calidad de personas, nada hicieron para promoverla o impedir que otros la aniquilaran. Sin lugar a dudas, esa política de los organizadores y jurados de los premios Nobel es discriminativa; pero también es clara su fidelidad a la voluntad del testador Alfred Nobel, que así lo dejó predicho. Por esa misma razón, los premios de literatura parecieran escogerse más por las actividades críticas y sociales de las personas opcionadas, que por sus aportes estrictamente artísticos. De tal suerte, si hay escritoras o escritores galardonados con semejante premio y no parecieran haberlo merecido por su medianía imaginativa, lo han recibido por cumplir cabalmente con la exigencia suprema de Alfred Nobel: apostarle a la paz. Encontrar escritores que, además de ser muy creativos, sean también activistas sociales es muy limitado. García Márquez es un buen ejemplo de ello, como lo es el escritor africano, Abdulrazak Gurnah, que acaba de recibirlo. A Gabo se lo dieron “por sus novelas y cuentos, donde lo fantástico y lo real se funden en la compleja riqueza de un universo poético que refleja la vida y conflictos de un continente” y a Abdulrazak Gurnah “por su conmovedora descripción de los efectos del colonialismo”. Ahora, pensando en nuestros escritores de habla hispana, novelistas, poetas y ensayistas, aquí en Colombia tenemos una figura sobresaliente que, a la fecha, cumple con ambos requisitos y que la academia ha mirado de soslayo: me refiero al poeta Juan Manuel Roca. De hecho, no hay una sola comunidad de poetas o escritores hispánicos que desconozca la calidad de su obra o que no sepa de su nombre como el de alguien ligado a la crítica social en favor de un mundo mejor. Con todo (y de ahí la amplia opción para el poeta Roca), la verdad es que los premios Nobel son excluyentes desde su concepción y no reconocen a los buenos escritores –digámoslo así– de derecha; ya sea porque al describir un mundo leonino no lo cuestionan tácitamente –aunque el arte es denunciante en sí mismo–, o porque en algunos casos al exhibir dicho mundo parecieran más bien consentirlo en su dimensión de injusto. Los escritores de este “perfil inconsecuente”, difícilmente pueden aspirar al premio Nobel, porque están lejos de la última voluntad de quien los concibió para promover la paz. Lo que, en términos de una interpretación plegada al texto de la ley, implicaría de parte del posible galardonado una acción social crítica en contra de los escenarios violentos o guerreristas, o como lo suscribió el propio Nobel: “que haya realizado el mayor beneficio a la humanidad”

Por: Laura Cano Periodista Pares El pasado sábado, en el Museo de Historia de Cartagena de Indias, se realizó uno de los encuentros liderados por la Comisión de la Verdad, en el que siete exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) reconocieron afectaciones causadas en el Caribe, región en la que, según la base de datos de Rutas del Conflicto, entre 1996 y 2003, se presentaron 128 masacres, de las cuales 122 habrían sido perpetradas por paramilitares. Durante el encuentro participaron los excomandantes Uber Banquez (conocido en las AUC como ‘Juancho Dique’), Sergio Córdoba (conocido como ‘120’ o ‘El Gordo’), Yairsiño Meza, Luis Fernando Barreto, Emiro Correa y Manuel Castellanos, quienes hicieron parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), y de los bloques ‘Héroes de los Montes de María’, ‘Canal del Dique’, ‘Grupo El Guamo’ y el frente ‘José Pablo Díaz’, conjunto de estructuras que conformaron el Bloque Norte. El evento, como los que se han desarrollado en el marco de las labores de la Comisión de la Verdad, develó importantes versiones de lo ocurrido, en el marco del conflicto armado, en relación con las alianzas entre Gobiernos y políticos con estos grupos ilegales y las dinámicas de narcotráfico. “Nosotros no salíamos a buscar candidatos a la Cámara, a la Gobernación. Ellos nos buscaban a nosotros. En Casa Loma, llegando a Cartagena, hacían cola haciéndome cita porque sabían que había una votación asegurada. Los que colocaron el voto y la vida fueron los campesinos”, aseguró Uber Banquez. “En las alianzas con alcaldes, concejales, diputados, se desviaban los dineros públicos para las autodefensas. Los que llegaban a esos cargos eran enviados para financiar las autodefensas y el narcotráfico”, agregó al respecto Luis Fernando Barreto. Por otra parte, Sergio Córdoba también señaló que, en las operaciones realizadas por los paramilitares, se contó con el apoyo de la Policía Nacional y que, incluso, en cada ataque perpetrado, dos agentes de las Seccionales de Investigación Criminal (SIJIN) habrían acompañado estas acciones armadas. A esto, Córdoba adicionó que el Estado se convirtió en un músculo financiero para el funcionamiento del grupo, e hizo referencia a que habrían tenido apoyo para adquirir armamento de manera legal. “Antes de hacer un operativo se coordinaba con las autoridades porque nosotros contábamos con miembros de la Sijín para ello. Estuve en la Fuerza Pública desde 1999 y no se perseguía a las autodefensas. Entraban en el Bafin 5 como un miembro más de la Fuerza Pública. Cuando hicieron la masacre de Chengue, nosotros nos encontrábamos allá como Infantería de Marina. Por orden de los comandantes, salimos y entraron ellos. Al día siguiente nos enteramos que hicieron la masacre. Autodefensas eran aliados, se patrullaba conjuntamente”, recalcó Barreto. Por otra parte, y además del reconocimiento de los hechos de los que fueron responsables, también hubo tiempo para pedir perdón a las miles de víctimas que sufrieron y sufren por sus acciones. Además, los exjefes paramilitares también ofrecieron perdón a los hombres que tuvieron bajo su mando, pues, como dijeron, ellos también sufrieron los abusos de sus superiores. Reacción del ‘Clan del Golfo’ Tras lo reconocido por los exmiembros de las AUC, el ‘Clan del Golfo’ envió un documento en el que aseguraban que, de continuar rindiendo versiones ante la Comisión de la Verdad, los exparamilitares se convertirìan en objetivo militar del este grupo al margen de la ley. “El Estado Mayor tiene como deber y obligación proteger al país de las infames pretensiones de la izquierda, de la guerrilla disfrazada de demócratas o supuestos defensores de los derechos humanos. Estamos al tanto de las declaraciones hechas por estos ex-miembros de las desmovilizadas Autodefensas ante la Comisión de la Verdad que no es otra cosa que la JEP. Lo que nos obliga a advertirles que si continúan con estas acciones nos veremos en la obligación de declararlos objetivo militar para nuestra organización. Lo que están haciendo ustedes es una vil traición a los ideales que tanto defendimos”, se lee en el documento. Por su parte, en El Tiempo, Uber Bánquez aseguró que: «Hacer la guerra es para cobardes y la paz es para valientes. No siento miedo, es mi misión que se sepa la verdad. Difícil hacer la paz». Es necesario resaltar que estos aportes en la Comisión de la Verdad resultan indispensables para el esclarecimiento y reconstrucción de lo sucedido en el marco conflicto armado en el país, proceso que además del ejercicio de memoria que supone, es una de las tantas formas de reparar a quienes se vieron afectados por el actuar de estructuras armadas como la de los paramilitares.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia La ciudadanía es tal vez uno de los conceptos que mayor atención ha tenido en los estudios políticos. Este interés permanente se debe, por un lado, a la fascinación histórica que se tiene con el sistema democrático y, en él, al ciudadano como su célula básica; y, por el otro, a la dinámica de las luchas que se han dado entorno a la ampliación de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las personas. La ciudadanía se ha convertido en una especie de membresía o título político que les brinda a las personas la oportunidad de acceder a unos derechos básicos como la educación, la salud o la prestación de otros servicios sociales. Derechos que, idealmente, deberían ser iguales para todos los habitantes de los territorios, pero que en la práctica se entregan de manera desigual, tanto entre los Estados nacionales como al interior de ellos. Los derechos a los que tiene acceso un habitante de un país desarrollado no son los mismos que tiene una persona de un país tercermundista; así como los derechos a los que puede acceder una persona que vive en las grandes ciudades –en países como Colombia– no son los mismos que tiene a su alcance alguien que habita en la ruralidad. Es decir, el acceso a los derechos de la ciudadanía es diferenciado; depende de los lugares donde se habita: los derechos de los habitantes urbanos son más amplios o, al menos, más factibles de ser garantizados que para el caso de poblaciones rurales. Esta disparidad nos debe llevar a reconocer que el ejercicio de la ciudadanía, en países como los latinoamericanos, es mejor para el habitante de las ciudades –de la clásica polis– que para el habitante rural. La población que vive en el campo no logra tener una ciudadanía plena, no puede acceder a los derechos de bienestar social a los que tienen acceso sus contrapartes urbanas. Estamos en una región donde existen, al menos, dos ciudadanías: una de primera clase y otra de segunda, correspondiendo, por supuesto, esta última, a habitantes rurales. Esto es visible cuando se revisan variables asociadas a la salud –como la mortalidad infantil–, a la educación –como la cobertura–, a los servicios públicos –como el acceso y la continuidad– o las redes de transporte. En todos estos aspectos, sin duda, existen disparidades intra-nacionales. Así, por ejemplo, un niño de una ciudad grande o intermedia encuentra con mayor facilidad un sitio para estudiar primaria, mientras que otro que habite un pequeño pueblo, alejado de las urbes, tiene enormes dificultades para recibir educación la mayoría del año y, además, para que esta corresponda a un servicio de calidad. Esta disparidad entre zonas urbanas y rurales, en el ejercicio de la ciudadanía, tiene graves consecuencias: genera un círculo vicioso en la población. El habitante rural tiene una falta de servicios de apoyo que hace que los derechos sociales y de bienestar sean más difíciles de ejercer. Estas carencias provocan, a su vez, que le sea más difícil participar plenamente como ciudadanos y ciudadanas en las dinámicas económicas, políticas y culturales. Y, finalmente, esto lleva a que las poblaciones rurales sufran con más fuerza la pobreza y la marginalidad. Somos países compuestos por una población rural muy diversa, integrada por comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianas, mineras artesanales y pescadoras, entre otras. En términos porcentuales, el territorio rural cubre cerca del 70% de la región. Una territorialidad amplia que sustenta buena parte de las riquezas nacionales: allí se ubica su capital natural –biodiversidad– y gran parte del cultural –conocimientos ancestrales y lenguas–; además, soporta la mayor parte de la sustentabilidad alimentaria de sus países. A pesar de esto, a los habitantes rurales les tratamos como ciudadanas y ciudadanos de segunda o tercera clase. Les excluimos de las dinámicas tanto económicas como políticas: son los territorios con mayores carencias y necesidades básicas insatisfechas, siendo la tasa de pobreza rural casi el doble de la urbana en la mayoría de países de la región. Y en lo político, su presencia en los debates nacionales ha sido mínima, y, por tanto, su incidencia en las decisiones de país ha sido casi nula. Ante esta situación de marginalidad, pobreza y violencia estructural, en semanas como estas, donde se conmemora el día de la raza o la hispanidad –que tiene su origen el 12 de octubre 1892, cuando la Reina Regente María Cristina, viuda de Alfonso XII, declaró la fiesta para conmemorar el cuarto centenario de la llegada de Cristóbal Colón a América: suceso que marcó el inicio de la conquista de este continente–, sería muy conveniente que recordáramos esta realidad y pusiéramos la mira en la ruralidad, en especial, en las personas más desprotegidas de estos territorios. No podemos seguir permitiendo que se repita la historia de un abandono constante del habitante rural en nuestra América. Debemos trabajar en ampliar o, al menos, igualar los derechos de las poblaciones rurales frente a las urbanas. Es necesario poner nuestros esfuerzos en lograr que la participación de los ciudadanos y las ciudadanas rurales sea efectiva en el sistema político y que se mejore su bienestar. Debemos trabajar para que, en fechas como esta, se avance en la reivindicación de una ciudadanía igualitaria; una donde el habitante rural tenga las mismas oportunidades que el resto de la población que hace parte sistema político y económico en el que está inscrito. Este debe ser un compromiso ético de corresponsabilidad con el bienestar de estas poblaciones históricamente marginadas. La idea es que las autoridades estatales del continente, en meses como este –que podría muy bien llamarse el mes de la ciudadanía rural–, presenten avances y definan políticas para la inclusión del habitante rural. El objetivo es reducir disparidades y convertir a las poblaciones rurales en partícipes de una sociedad con igualdad de oportunidades y con plenos derechos. Una sociedad donde se avance en el cierre de brechas entre los derechos que tienen las personas que viven en las urbes y aquellas que habitan el campo. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Camilo Díaz Suárez Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad A falta de poco más de un mes para el desarrollo de las elecciones regionales y municipales en Venezuela, el pasado domingo, 10 de octubre, se realizó un simulacro electoral en el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó 446 centros de votación y 1.386 mesas para que electores y electoras se familiarizaran con el sistema que se utilizará el próximo 21 de noviembre. Con este simulacro, se presentaron algunas irregularidades que prenden las alarmas respecto a los próximos comicios en lo que se refiere a, principalmente, tres aspectos: el papel de los Puntos Rojos, el uso del Carnet de la Patria y la posibilidad de que se incurra en peculado de uso. Sumado a ello, en el ambiente previo a las elecciones, hay tensiones sobre el papel de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. A estos temas, se añaden posibles irregularidades que se han presentado en el estado del Zulia y que son elementos a tener en cuenta el próximo 21 de noviembre. Las irregularidades del simulacro electoral De acuerdo con la Asociación Civil Súmate, que estaba realizando un proceso de observación en 246 centros de votación habilitados durante el simulacro electoral, se reportaron una serie de irregularidades que hacen prender las alarmas sobre el desarrollo de los próximos comicios. Uno de los puntos más importantes fue la presencia de Puntos Rojos en el 86% de los centros de votación. Ya anunciaba el Observatorio Electoral Venezolano, en 2020, que desde el 2017 ha existido un incremento de la presencia de los Puntos Rojos en jornadas electorales y en simulacros. Cabe recordar que los Puntos Rojos son unas carpas de “información”, instaladas por los partidos políticos cerca al perímetro de seguridad de cada centro de votación, en los que se ha denunciado constantemente la existencia de propaganda política. Respecto a esto, Súmate observó que en el 80,2% de los Centros de Votación hubo propaganda electoral o proselitismo a favor del PSUV. Lo anterior merece especial atención, ya que representa una violación del artículo 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), la cual establece que está prohibida la propaganda electoral producida fuera del lapso para campaña establecido por el CNE. De momento, el cronograma electoral establece el 28 de octubre como fecha de inicio para las campañas electorales. En estos puestos es común la utilización del Carnet de la Patria, una tarjeta de identificación, adicional a la cédula de identidad, para conocer el estatus socioeconómico de las personas. Sirve como billetera virtual a través de la cual el Estado transfiere bonificaciones y con la que se puede acceder a programas sociales para adquirir medicamentos. En el simulacro, se observó en el 52% de los centros de votación el uso del Carnet de la Patria “para controlar la movilización de electores”. Este es un elemento a considerar, ya que en elecciones pasadas ha sido un mecanismo para coaccionar al electorado. Sumado a esto, se reportó que en el 74,6% de los centros de votación hubo una movilización de electores utilizando bienes o recursos del Estado, incurriendo en el delito de peculado por uso, previsto en el artículo 54 de la Ley Contra la Corrupción. El oficialismo y la oposición frente a los observadores electorales de la UE El pasado 4 de octubre, el CNE aceptó, para las elecciones locales y regionales de 2021, la presencia de instituciones y organismos electorales de carácter de observadores internacionales, entre los que se encuentra la Unión Europea. Es la primera misión de observación de Unión Europea que visitará el país en 15 años. El 10 de octubre, Pedro Calzadilla, presidente del CNE, aprovechó la jornada para exigir unas disculpas y retractación del Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, por afirmar que la legitimidad de las elecciones del 21 de noviembre dependerá del informe Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. A esto se sumó un comunicado de la Cancillería de Venezuela, en el que aseguró que las declaraciones de Borrell tienen una pretensión injerencista con un interés político. De igual forma, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, acusó a Borrell de incumplir el acuerdo que permitirá la presencia de la misión de observación europea. Sin embargo, las afirmaciones de Borrell se dieron después del cuestionamiento de sectores de la oposición, que consideran la presencia de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea como una estrategia para buscar legitimidad del régimen oficialista, en unas elecciones donde no hay atisbos de garantías electorales ni transparencia. El líder opositor Leopoldo López sostiene que la presencia de la Misión de Observación Electoral es una estrategia de Nicolás Maduro para buscar legitimidad. Considera que es una alerta ante la posible legitimación de un fraude electoral. A la posición de López se suma un grupo de 23 exdiputados que consideran las elecciones como un acto inconstitucional y fraudulento, instando a la no participación por considerar que es una estrategia para lograr una legitimad inexistente. Estas posiciones anticipan los rumbos que pueden tomarse tras el informe que haga la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea tras las elecciones del 21 de noviembre. Desde ya, existe la prevención tanto de la oposición y como del oficialismo. El Zulia, entre renuncias, vacunas e irregularidades El estado fronterizo del Zulia es uno de los que más llama la atención respecto a posibles irregularidades en las elecciones locales. Siendo uno de los estados venezolanos más golpeados por la corrupción, la violencia y la criminalidad, más allá de las irregularidades halladas por Súmate, en Zulia han existido otras situaciones, en el marco de la contienda electoral, que prenden las alarmas. Ya el pasado 18 de agosto, 300 militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de los municipios de Maracaibo, San Francisco, Cabimas y Santa Rita renunciaron al partido por irregularidades en las postulaciones y en las primarias. Esto se dio tras la negada postulación de Nelio Aguirre como precandidato del municipio de San Francisco. Aguirre sostuvo que se denunció un cambio de actas en las que él aparecía como candidato y, ante ello, la Junta Electoral del PSUV habría amenazado a los denunciantescon quitarles los beneficios que les da el Gobierno. Como denuncia del atropello de la ‘voluntad popular’, los 300 militantes se pronunciaron en contra de las decisiones impuestas por Diosdado Cabello y contrarias a los procesos democráticos. Ante posibles actos arbitrarios, también hay incertidumbre sobre la influencia de la vacunación contra el covid-19 en las campañas electorales. Las alarmas respecto a esto nacen por el presunto proselitismo político de Willy Casanova, alcalde de Maracaibo que busca la reelección y que estaría utilizando formularios de vacunación para poner propaganda política. Según denunció Transparencia Venezuela en septiembre, en puntos de vacunación de Maracaibo se encontró que, en los formularios utilizados para recoger datos de las personas a vacunar, aparecía una foto de Casanova acompañada del lema “¡Con vos hacemos más!”. Otras quejas también mencionan que se han recibido formularios similares con propaganda política de Omar Prieto, gobernador del Zulia que también busca la reelección. Los puntos acá mencionados hacen prender las alarmas respecto a la contienda electoral del próximo 21 de noviembre. Hay irregularidades que parecen anunciadas y que se evidenciaron en el simulacro electoral del pasado 10 de octubre. Sumado a ello, es necesario ver el papel que terminará desempeñando la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Finalmente, el caso del estado de Zulia también cuestiona las posibles acciones de candidatos y candidatas que participarán en las elecciones locales.

Por: Camilo Díaz Suárez Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad El partido Alianza Verde realizó tres encuestas no vinculantes, entre sus militantes, para llegar a una aproximación de la posición de la dirigencia del partido de cara al próximo encuentro de la Dirección Nacional, que tendrá lugar el 22 de octubre. Las encuestas fueron financiadas por el partido con la finalidad de tener noción sobre varios aspectos trascendentales. Las dos primeras encuestas fueron realizadas por EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S. La primera de estas fue realizada de forma presencial y fueron encuestados 1.519 simpatizantes, definidos como personas dispuestas a votar o que en el pasado votaron por Alianza Verde. La información fue recolectada en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Manizales, Medellín, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Santa Marta, Tunja, Villavicencio y Zipaquirá. La segunda encuesta fue realizada de forma telefónica con 1.502 registros. El Centro Nacional de Consultoría S.A. realizó la tercera de esas encuestas, cuyo universo se definió entre mujeres y hombres, mayores de 18 años, de 15 ciudades: Bogotá, Medellín, Manizales, Cúcuta, Bucaramanga, Boyacá, Villavicencio, Zipaquirá, Cali, Palmira, Pasto, Popayán, Florencia, Cartagena y Santa Marta. En este caso, fueron encuestadas 3.389 personas, de las cuales 1.016 son simpatizantes. ¿Qué dicen los resultados? Las tres encuestas muestran que la mayoría de las personas consultadas consideran necesario buscar la unidad entre la Coalición de la Esperanza y el Pacto Histórico. De las dos encuestas realizadas por EcoAnalítica, el 55% y el 69%, respectivamente, lo consideran necesario; mientras que la realizada por el Centro Nacional de Consultoría arroja que el 67% piensa que se debe hacer una alianza con ambas coaliciones. Asimismo, las encuestas arrojan que, de realizarse una alianza, habría una preferencia a que se hiciera con la Coalición de la Esperanza. El 41% considera que se debe buscar una alianza con la Coalición de la Esperanza y el 35% con el Pacto Histórico, de acuerdo con la encuesta presencial de EcoAanalítica; mientras que en la encuesta telefónica estos porcentajes son del 50,1% y del 36,7% respectivamente. En este punto, la encuesta del Centro Nacional de Consultoría muestra resultados similares. En esta, el 53% considera que Alianza Verde debe buscar una alianza con la Coalición de la Esperanza, el 37% con el Pacto Histórico, y el 6% con ninguno. Pese a esta inclinación hacia la Coalición de la Esperanza, en cuanto a presidenciables hay una preferencia hacia Gustavo Petro. Sumado a ello, las encuestas muestran que los precandidatos a la Presidencia por la Alianza Verde no son tan conocidos o no tienen la fuerza necesaria para ser elegidos en las próximas elecciones. A la pregunta sobre, si las elecciones para la Presidencia de Colombia fueran el próximo domingo, por cuál candidato o candidata votaría, en la encuesta presencial de EcoAnalítica el 35,3% lo haría por Gustavo Petro y el 17,8% por Sergio Fajardo. De los precandidatos verdes, el 2,3% votaría por Camilo Romero, el 1,3% por Sandra Ortiz y el 0,8% por Carlos Amaya. Por Antonio Sanguino nadie votaría. Por su parte, según la encuesta telefónica de EcoAnalítica, el 29,3% votaría por Carlos Amaya, el 24% lo haría por Camilo Romero, el 14,6% por Gustavo Petro, el 9,7% por Sergio Fajardo y el 8,6% por Antonio Sanguino. La encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría muestra la misma tendencia de la encuesta presencial de EcoAnalítica, al arrojar que el 27% votaría por Gustavo Petro y el 22% por Sergio Fajardo. Por Carlos Amaya votaría un 6%, por Camilo Romero un 4% y por Sandra Ortiz un 2%. Esta última encuesta también preguntó por los líderes considerados más afines al partido, entre los que se encuentran en primera posición Sergio Fajardo y Antanas Mockus con el 66%, luego está Antonio Navarro con un 52%, seguido de Gustavo Petro con un 45%, y de Jorge Enrique Robledo con un 44%. Respecto a lo anterior, sorprende que a los precandidatos a la Presidencia por la Alianza Verde no se les considere tan afines al partido. A Carlos Amaya lo consideran afín un 24% de los encuestados, a Camilo Romero un 23%, a Jorge Londoño un 19% y a Sandra Ortiz un 18%. Finalmente, de las tres encuestas también se desprende que las personas consultadas consideran que, para las próximas elecciones, el partido Alianza Verde debe buscar alianzas para fortalecer su lista al Senado. En la encuesta presencial de EcoAnalítica, el 63% piensa que se deben hacer alianzas y el 30% que no. La encuesta telefónica muestra que el 58% considera buscar alianzas y el 39% no. En la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, el 70% considera que Alianza Verde debe buscar coaliciones para fortalecer su lista al Senado. ¿Ahora qué viene? Los resultados arrojados por las encuestas no son vinculantes y serán temas que se analizarán y ratificarán por la Dirección Nacional de la Alianza Verde el 22 de octubre. De momento, las cifras obtenidas muestran que, desde las personas simpatizantes por el partido, hay una preferencia para buscar alianzas tanto a la Presidencia como al Senado. En ese sentido, los resultados muestran, a su vez, que se prefiere una alianza con la Coalición de la Esperanza que con el Pacto Histórico, pero, a la vez, revelan que hay una preferencia electoral hacia Gustavo Petro, precandidato por el Pacto, y en menor medida hacia Sergio Fajardo, precandidato por la Coalición. A la espera de una decisión definitiva sobre el futuro de la Alianza Verde, es claro que al interior del partido hay dos tendencias claras. La primera es la que busca la alianza con la Coalición de la Esperanza y se opone totalmente a una con el Pacto Histórico, encabezada por Antanas Mockus, Antonio Navarro y Angélica Lozano; mientras que, por el otro lado, Carlos Ramón González, Camilo Romero e Inti Asprilla encabezan a los verdes que quieren una alianza con el Pacto Histórico (Te podría interesar: “Las prospectivas del Verde para 2022”).

Por: Dennis Arley Huffington Investigador territorial – Oficina Pares Pacífico Después de la firma del Acuerdo Final de Paz entre la antigua guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno nacional, los territorios que ocupaba esta agrupación comenzaron a ser centro de disputa por otras organizaciones armadas ilegales. En el caso de Buenaventura y su zona rural, en un inicio, los grupos que se empezaron a disputar el control territorial fueron el ELN y ‘La Local’ (un grupo delincuencial organizado -GDO- con fuerte presencia en el distrito). No obstante, desde inicios del 2021, con la fracturación de ‘La Local’ y el avance de los Grupos Armados PosFARC (GAPF), en algunos corregimientos como Cajambre se comenzó a evidenciar una fuerte presencia del GAPF ‘Jaime Martínez’, lo que ha encendido las alarmas entre las autoridades locales y las comunidades ribereñas. En Cajambre todavía hay una fuerte influencia del ELN, que se estableció por completo en la vereda, desde inicios del 2020, a través del ‘Frente de Guerra Suroccidental’. El 2 de enero de ese año se reportó su incursión a Raposo, Mayorquín y Cajambre, donde manifestaron que tomarían control de los tres ríos. Allí hubo enfrentamientos con el GAPF ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’, que se disputaba el control de los ríos con otra disidencia del ‘Frente 30’ denominada ‘Defensores del Pacífico’. La disputa entre ambos grupos provenientes del ‘Frente 30’ de las FARC permitió que la columna ‘Jaime Martínez’ fuera ganando terreno desde el Cauca, por el Naya, y desde el norte, por la antigua vía que comunica a Buenaventura con Loboguerrero. Es así como este GAPF se estableció en el Naya y Yurumanguí, también en el corregimiento 8 de Sabaletas y, recientemente, ha hecho patrullajes a Cajambre, Mayorquín y Raposo, ríos controlados por el ELN. Por esta razón, y teniendo en cuenta el orden público que se vive en Buenaventura desde diciembre del 2020, marcado por las disputas armadas entre grupos ilegales, 38 familias de Cajambre, unas 130 personas de la vereda Punta Bonita, desde el fin de semana iniciaron un desplazamiento hacia el casco urbano por temor a posibles enfrentamientos entre el GAPF ‘Jaime Martínez’ y el ELN. No obstante, cabe resaltar que, hasta la fecha, no se han presentado hostigamientos entre ambas agrupaciones, y que desde la Oficina Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), se viene construyendo la hipótesis de que se han producido posibles acuerdos entre ambos grupos para combatir a ‘La Local’ en el casco urbano y, así, evitar que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se tomen la ciudad. Esto después de que esta última organización armada advirtiera su llegada por el San Juan, en un comunicado que se hizo público esta semana.

Por: Laura Cano Periodista – Pares La Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica (ZRCPA) ha sido una de las demostraciones de la resistencia de muchas de las comunidades del país frente al abandono estatal y la falta de garantías para el cumplimiento de sus derechos. Esta Zona de Reserva está ubicada en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, y nació bajo el interés de convertirse un espacio de desarrollo rural para la población campesina que, por años, ha buscado una reforma agraria como respuesta a una problemática histórica, pero también como la reparación que se le debe a muchos campesinos y campesinas que fueron despojados de su tierra en los tiempos más duros del conflicto armado en Colombia. Esta zona está conformada por 23 veredas: Agualongo, Alea, Angostura, Bajo Cuembí, Bajo Mansoyá, Bajo Lorenzó, Baldío, Belén, Bocana del Cuembí, Buen Samaritano, Camios, Comandante, Chufiyá, Guadalupe, Juvenil, La Española, La Frontera, La Piña, La Rosa, Puerto Playa, San Salvador, Sevilla y Toayá. Cabe señalar que la ZRCPA fue reconocida por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), por resolución 0069 del 18 de diciembre del año 2000, y que tiene aproximadamente 22.000 hectáreas, divididas en 23 veredas, en la que viven cerca de 870 familias, en su mayoría agricultoras. (Te podría interesas: “La lideresa Jani Silva nuevamente amenazada de muerte”) Resulta importante resaltar que la figura de las Zonas de Reserva Campesinas se estableció a través de la Ley 160 de 1994 y —según está estipulado en el Artículo 2.14.13.2.— tiene como objeto: (1) controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria del país; (2) evitar y corregir los fenómenos de inequitativa concentración, o fragmentación antieconómica de la propiedad rústica; (3) crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo sostenible de la economía campesina y de los colonos en las zonas respectivas; (4) regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos o colonos de escasos recursos; (5) crear y construir una propuesta integral de desarrollo humano sostenible, de ordenamiento territorial y de gestión política; (6) facilitar la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural; y (7) fortalecer los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural entre el Estado y las comunidades rurales, garantizando su adecuada participación en las instancias de planificación y decisión local y regional. No obstante, así como ha habido una comunidad resistiendo y exigiendo una reforma agraria que, por años, ha estado en la agenda de las solicitudes de muchos sectores sociales, también han permanecido fuerzas ilegales que han perseguido a quienes reclaman su derecho a la tierra, a una propiedad que en algún momento les perteneció. Estas organizaciones criminales han victimizado a la comunidad con asesinatos, amenazas, desplazamientos, reclutamiento forzado y, en general, con un amplio abanico de acciones violentas contra la población. En ese contexto, recientemente se conoció que había sido asesinado Jorge Antonio Loaiza, quien era vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alea, comunidad perteneciente a la ZRCPA. Como denunció la comunidad a través del medio MiPutumayo.com, ”El pasado martes 5 de octubre en horas de la tarde, en la comunidad Nuevo Progreso, inspección de Arizona municipio de Puerto Caicedo, fue asesinado el líder social Jorge Antonio Loaiza. Cuando Jorge iba de regreso a su finca, hombres armados lo estaban esperando en Nuevo Progreso, ahí lo amarraron de pies y manos y posteriormente lo asesinaron. (…) En la inspección de Arizona existe presencia y disputa territorial entre la estructura armada Comandos de Frontera y el Frente Carolina Ramírez”. Según el Sistema de Información de Pares (SIPARES), en lo que va del año, en Putumayo se han reportado 7 asesinatos contra personas líderes y defensoras de derechos humanos que ejercen su labor en el departamento. Estos se han reportado en los municipios de Valle de Guamuez, San Miguel, Sibundoy, Puerto Leguízamo y Puerto Caicedo. Hay que señalar que, justamente, el asesinato anterior al más reciente (en el que fue víctima Loaiza), en el que ha perdido la vida una persona que ejercía algún liderazgo en el departamento, de acuerdo al SIPARES, se le atribuye a los Comandos de Frontera, uno de los grupos que podría estar detrás del hecho perpetrado contra Loaiza: “La Red de Derechos Humanos de Putumayo confirmó otra muerte de un líder social en la inspección de Piñuña Negro, zona rural del municipio de Leguízamo. Se trata del expresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Lorencito, Apolinar Rivero, quien fue asesinado dentro de su vivienda, mientras desayunaba con su familia, por hombres armados del grupo ilegal Comandos de Frontera”, se informa por medio del SIPARES. En febrero de 2021, Amnistía Internacional expidió una ‘Acción Urgente’ en la que solicitó protección a la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA). En este documento se puntualizaba que “desde final de 2020 el grupo armado Comandos de la Frontera ha declarado que utilizará todos los medios posibles para terminar con la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica (ZRCPA). En las primeras semanas de 2021, este grupo armado había visitado algunas de las comunidades de la ZRCPA para decirles que ADISPA debía desaparecer, y que ninguna organización que quiera trabajar en el territorio podría hacerlo si desobedecía sus directrices”. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, en la Alerta Temprana Nº 002 de 2021, denunció que “la presencia del grupo de crimen organizado que se autodenomina como Sinaloa-La Mafia (desde segundo semestre de 2020 se autodenominan como Comandos de la Frontera) en mayor medida en la subregión del Eje Putumayo, y que se acompaña del accionar de grupos delincuenciales de menor envergadura quienes contribuyen al control de las economías ilegales y la ejecución de toda actividad relacionada con el narcotráfico”. Ahora bien, según se ha informado desde Pares, para el caso del departamento del Putumayo, en la región operan grupos armados como el ‘Clan del Golfo, ‘La Constru’, ‘Mafia Sinaloa’ (que desde el segundo semestre de 2020 se autodenominan como Comando de la Frontera) y las disidencias del Frente 32 Columna Móvil Teófilo Forero (en los municipios de San Miguel, Puerto Asís, Puerto Guzmán y Puerto Caicedo). Asimismo, hace presencia el ‘Frente 48’ en los municipios de Orito, San Miguel y Puerto Asís, y el ‘Frente Carlina Ramírez’ en Puerto Guzmán. Este panorama marcado por la presencia y la disputa por el control territorial de múltiples actores armados, y el reciente asesinato de José Antonio Loaiza, reiteran la necesidad de que se den garantías de seguridad en el departamento en general, pero con atención especial en la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, desde donde han sido múltiples las alarmas que se han realizado y que no han sido atendidas respecto a la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra la población debido a la presencia de grupos armados. Situación que ha propiciado que la comunidad en general y, especialmente, las personas que ejercen algún tipo de liderazgo vivan en un contexto amenazante para sus vidas y para las causas que defienden.

Por: Laura Cano Periodista – Pares Han pasado casi 5 años desde la firma del Acuerdo de Paz, un hecho que, para más de 13.000 personas, significaba un paso importante para la materialización de muchas de sus apuestas políticas. No obstante, el tiempo transcurrido desde entonces ha estado marcado, para muchas de las personas excombatientes, por situaciones de persecución, amenazas y dolor, pues desde que se pactó la salida dialogada de las FARC-EP como actor del conflicto armado, han sido constantes las noticias y denuncias sobre la situación de seguridad de estas personas. Situación que hoy se ve reflejada en cada una de las 287 vidas que se han perdido (de acuerdo al registro que ha realizado el Partido Comunes). Una de esas vidas era la de Ruber Erney Dorado, quien se encontraba realizando su proceso de reincorporación y hacía parte de la cooperativa del municipio de Bordó, en el departamento del Cauca. De acuerdo con información preliminar, el hombre habría sido atacado por miembros de un grupo al margen de la ley (aún no identificado) con armas de fuego. Los responsables no habrían permitido que los familiares de la víctima recogieran el cuerpo. Sobre este caso, las autoridades no han brindado mayor información. Sin embargo, es importante puntualizar varias cosas. Por un lado, recordar que la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 047/2020, en la que señala el riesgo para los firmantes del acuerdo y sus familias, quienes trabajan y viven en la zona, y en la que, además, reconoce que estas personas han sido objeto de amenazas y víctimas de asesinatos. Hay que señalar que, según este mismo documento de la Defensoría, la región es disputada por la columna móvil ‘Carlos Patiño’, de las disidencias de las FARC, y el frente ‘José María Becerra’ del ELN. Sin embargo, en los últimos meses también estarían haciendo presencia en el territorio integrantes de la ‘Segunda Marquetalia’ a través de la estructura ‘Diomer Cortés’. Respecto a la ola de violencia, así como en lo que se refiere concretamente a la situación de las personas firmantes de paz, Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), exponía que: “El frente ‘Carlos Patiño’ llegó a acosar a excombatientes para que se les unieran. Ha sido tanta la presión que se terminó configurando un tercer grupo, inicialmente lo llamaban ‘Los Pocillos’, por un comandante de las antiguas FARC. Este grupo ya se configuró como la ‘Segunda Marquetalia’. Esto ha sido un rifirrafe, en el último año y medio, que ha llevado a una situación constante de amenaza”. Hay que señalar que de acuerdo a la información del Sistema de Información de Pares (SIPARES), en lo que va del año, en el Cauca han sido asesinadas 7 personas firmantes de la paz: Brayan Secue (Argelia, 31 de enero), Franky Ortega (El Tambo, 24 de febrero), Arnoldo Medina (Santander de Quilichao, 30 de abril), Arbey Garcés (Miranda, 13 de mayo), José Ignacio Loaiza (Popayán, 21 de mayo), Norelia Trompeta (Buenos Aires, 25 de junio) y Yorbis Valencia (Buenos Aires, 25 de julio). Justamente, vale la pena traer a colación que, a partir de los datos suministrados por el SIPARES, en ninguno de los casos se conoce al agente perpetrador y responsable de los hechos. Situación que no es particular de este departamento, pues en la mayoría de los casos ocurridos contra firmantes de paz, son muy pocas las investigaciones eficaces adelantadas que lleven a determinar los responsables intelectuales y materiales de estos hechos. Además, durante los últimos días también se conoció que había sido asesinado Duberney Gómez Rodríguez, otro firmante de paz que adelantaba su proceso dereincorporación en el departamento de Nariño. Gómez estaba desaparecido desde el mes de septiembre, hasta que fue hallado su cuerpo sin vida en la tarde del pasado 5 de octubre, en un paraje de la vía que del corregimiento de El Palmar conduce hasta la cabecera de Leiva, Nariño. Sobre este caso tampoco se ha esclarecido lo sucedido. Respecto a este panorama, el representante de la ONU Carlos Ruiz Massieu se refirió recientemente, en una entrevista realizada en El Tiempo, sobre la situación de los y las firmantes, enfatizando en lo preocupante de la situación de seguridad de estas personas, y exponiendo que: “Hay varias regiones que están en situaciones complejas: el Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Chocó, que son varias de las zonas afectadas por el conflicto y que tienen esta misma problemática de la limitada presencia estatal, economías ilícitas, narcotráfico, minería ilegal y pocas opciones de desarrollo. Son estas zonas en las que se requieren más esfuerzos, porque, de hecho, en 25 municipios de estos departamentos es dónde se concentra entre el 60 % y el 70 % de los homicidios de excombatientes y de líderes sociales”. Justamente, la JEP también comparte que Cauca y Nariño, departamentos donde ocurrieron los más recientes hechos, son de los más peligrosos para los firmantes de paz. En estos, como se informó desde este organismo el pasado mes de agosto, junto con el Valle del Cauca, la proporción de asesinados es 104% más alta que en el resto del país. Ante esto, “la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad ordenó a las instituciones convocar una mesa técnica que: 1) Presente una estrategia para garantizar la seguridad de los excombatientes que están en las Nuevas Áreas de Reincorporación. 2) Diseñe una estrategia de reubicación de los excombatientes, y sus familias, que hayan salido de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) garantizandoles la protección de su vida, la libertad, salud, la vivienda y el acceso a los proyectos productivos”, se comunicó desde la JEP. Hay que señalar que, como estos, han sido múltiples las denuncias y llamados de alerta para que se atienda la situación de seguridad de las personas firmantes de paz, quienes además de representar una esperanza de reconciliación y verdad para el país, también son quienes están detrás y hacen parte de proyectos productivos, familias, comunidades y tejidos sociales que hoy, además de perder vidas, pierden parte esencial de lo que se ha querido construir en los últimos cinco años.

Por: Laura Cano Periodista – Pares En las últimas semanas tuvieron lugar dos hechos que ponen en cuestión, entre otras cosas, el papel de los medios de comunicación, de la fuerza pública, de los organismos que deben velar por la seguridad y convivencia frente a casos de la llamada “justicia por mano propia”. El primero de estos ocurrió en Cúcuta, Norte de Santander, en horas de la madrugada del domingo 3 de octubre, cuando un joven de 21 años, identificado como Jefferson Andrés Navarro Rueda, ingresó a un billar de la ciudad intimidando con un arma de fuego a los allí presentes con el fin de cometer un robo en el establecimiento. En medio de esta acción, el joven se habría acercado a una de las mesas del lugar, en donde se encontraban cuatro hombres, uno de ellos, durante un descuido de Jefferson Andrés Navarro, intentó desarmarlo. Posteriormente, un disparo de arma de fuego habría impactado a una de las personas que se encontraban en el establecimiento comercial, lo que llevó a que las personas presentes también intentaran desarmar al joven, quien luego de esto habría sido linchado. Tras la golpiza, recibió dos disparos que le causaron la muerte. Ante lo ocurrido, la familia de Jefferson Navarro emitió un comunicado protestando por la justicia a mano propia que tomaron las personas que se encontraban en el billar. En la carta compartida expresaron, respecto a lo sucedido, que “Ese niño sin ninguna experiencia de la forma más infantil y manipulado por diferentes actores quiso jugar sin medir las consecuencias de sus actos. Es sostenido por 7 hombres en un billar-pool del barrio Las Américas, mientras uno de ellos le disparaba a quemarropa 3 tiros, los demás lo golpean sin parar una y otra vez, al no sentirse satisfechos estos 7 hombres le clavaron los tacos como estacas haciéndole más de 30 heridas en su cuerpo”. De acuerdo a esta denuncia que hicieron sus allegados, mientras esto sucedía y Jefferson pedía clemencia, la gente gritaba para que llegara la Policía, sin embargo, finalmente habría sido asesinado. “Y lo más escalofriante es que muchas personas por redes sociales aplauden la muerte y colocan como héroes a estos 7 hombres que lincharon a Jefferson”, expresó su familia en el comunicado. A esto agregaron que: “el linchamiento en pleno siglo 21 debe ser castigado, ya que colocarla como propuesta de solución sería regresarnos a la Edad Media y a tiempos remotos donde la sociedad era totalmente primitiva en estos aspecto”. Mientras la familia de Jefferson exigía justicia, en otro punto de Colombia un hecho similar ocurría una semana después. Este suceso tuvo lugar en Tibú, también en Norte de Santander, en donde dos jóvenes entraron a un establecimiento de venta de ropa, en el cual, presuntamente, pretendían cometer un robo. No obstante, ambos fueron descubiertos y retenidos por la comunidad con el objetivo de entregarlos a la Policía. Sin embargo, los dos muchachos aparecieron muertos horas después en la vía que conduce a El Tarra, en el sector conocido como Barrio Largo, y con carteles que decían “ladrones”. Según lo revelado en el medio La Opinión, “Cuando se disponían a sacarlos del local donde los habían atrapado, aparecieron dos hombres, uno vestido con yin y buzo rojo y otro de yin y camiseta negra, portando armas, que les obligaron a entregarles a los dos jóvenes. (…) Ese momento también quedó grabado en unas cámaras de seguridad, donde se observa cuando los desconocidos les apuntan a la cabeza a las víctimas para que caminen hasta donde habían dejado unas motos y se las llevaron”. En la información divulgada por el medio, también, se indica que fuentes en el lugar de los hechos aseguraron que “llamaron en repetidas oportunidades a la Policía para que llegara a aprehender al menor de edad y a su cómplice, pero no les respondieron. Además, hay personas que señalaron que los hombres armados pasaron por el frente de la estación de Policía con las dos víctimas, sin que hubiese una reacción por algún uniformado. A raíz de todo esto, esas personas que detuvieron a los jóvenes y que pretendían entregárselos a las autoridades por el robo, hoy están asustadas, porque saben que por un lado tienen a las autoridades buscándolas y por el otro, ese grupo armado ilegal podría tomar represalias contra ellas”. Según lo que se ha conocido, se presume que el grupo responsable del asesinato de estos dos menores serían las disidencias del Frente 33 de las FARC. “Esto denota la ausencia de las capacidades del Estado para proveer justicia. Se ha perdido la confianza en las instituciones por parte de la población. Esto es mucho más evidente en zonas que han estado permeadas por situaciones de violencia, lo que hace más compleja la situación. En el caso de Tibú, por ejemplo, hay rezagos de paramilitarismo y de la administración de justicia ajena a los mecanismos institucionales que existen para este fin. En Cúcuta, por su parte, hay una raíz de violencia incrustada en varias zonas de la ciudad, precisamente porque el Estado no ha sido capaz de copar esos vacíos”, concluyó al respecto Isaac Morales, coordinador de la Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado de la Fundación Paz & Reconociliación (Pares).

Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares Al momento de escribir este texto, hay en curso una caravana humanitaria por el río San Juan liderada por la Diócesis de Istmina: sacerdotes, monjas y agentes de pastoral social que, junto a personas líderes sociales y agentes humanitarios, están recorriendo las comunidades indígenas y afro para visibilizar y denunciar la difícil situación que viven estas poblaciones en lo que se refiere a la precariedad de las garantías para la defensa de sus derechos humanos. En esta Caravana, además, participan organizaciones como el Consejo Comunitario General del San Juan, la Red de Derechos Humanos del Pacífico Colombiano, la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, el Proceso de Comunidades Negras, la Asociación para la Investigación y Acción Social, la Coordinación Regional del Pacífico, además de otras organizaciones regionales, nacionales e internacionales. Hace más de dos décadas que las comunidades del San Juan han debido convivir con guerrillas y paramilitares, y bien saben que el Estado colombiano no las protege. De hecho, no pocas veces han visto la connivencia entre agentes estatales y paramilitares en todas sus expresiones (antes AUC, hoy ‘Clan del Golfo’) trabajando de manera mancomunada para controlar el territorio y perseguir a las antiguas FARC-EP y al ELN: una acción completamente irregular. En el trasfondo de todo esto se encuentra el narcotráfico que campea y se mantiene, con todas las dinámicas violentas que conlleva, de manera abusiva e impune, frente a unas comunidades que han sufrido demasiado. Son múltiples los hechos de violencia que se vienen presentando en el San Juan, al igual que en la región del Atrato y en todo el pacífico, no solamente en el departamento del Chocó. Igualmente difícil es la situación de las comunidades en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Sin duda, el pacifico en su conjunto vive los estragos de una violencia persistente que el Estado colombiano no puede o no quiere controlar. Entre ineficacia y complicidad se mueve esta dinámica de violencia. Hay que volver a discutir por qué razones el Estado no protege a estas comunidades humilladas y atropelladas en medio de una confrontación violenta que no han buscado ni apoyan; sufren y conviven, por fuerza mayor, con estos actores, pero no son partícipes de estos proyectos de fuerza y sus intereses de control sobre su territorio. Ante tanto atropello y sufrimiento, hay que agradecer la labor de las organizaciones sociales, de las iglesias y, en general, de los trabajadores humanitarios, que siempre han estado del lado de las comunidades y con esta caravana humanitaria en curso lo ratifican. Hay propuestas de mínimos humanitarios que el ELN, el ‘Clan del Golfo’ y los agentes estatales deben respetar. Y, en medio de esta ola de violencia, es necesario volver a levantar la voz para reiterar que el Estado colombiano no puede controlar al ELN y mucho menos derrotarlo, lo cual deja como única opción viable un proceso de diálogos y negociaciones para construir un acuerdo de paz. Ante las mafias dedicadas al narcotráfico, en medio de esta política fracasada de lucha contra las drogas, volver a pensar y trabajar por procesos de sometimiento a la justicia representa enormes desafíos para este precario Estado que sigue ausente e ineficaz en regiones como el San Juan, pero solo hay un camino en el marco del Estado de derecho que nos hemos propuesto vivir: construir una institucionalidad con legitimidad y capacidad de actuación.

Por: Walter Aldana Político social alternativo Hablando con mi hija Valentina, y escuchándolo en varias citas, foros y reuniones, coincidimos en que, por décadas, hombres y mujeres libres de nuestras ciudades y campos han venido desarrollando sus propuestas y procesos propios de visibilización. En las décadas de los setenta y los ochenta del siglo pasado, por ejemplo, con la constitución de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), bajo su consiga de «tierra para el que la trabaja», y del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), con su lema de «tierra, cultura y autonomía», desde lo rural de nuestro país se avanzó en el posicionamiento, incluso de nombres y actuares, de organizaciones sociales hacia el futuro. Esa dinámica estuvo precedida de organización y lucha estudiantil, las huelgas en las universidades, profesoras y profesores comprometidos como el padre Camilo Torres y Orlando Fals Borda, entre otros; es decir que, en sus orígenes, el papel de la academia, de jóvenes estudiantes, en relación a un mejor futuro, fue tan similar como lo es hoy su rol protagónico en el denominado “estallido social” iniciado desde el 21 de noviembre de 2019, y reactivado el 28 de abril de este año. Y en medio de este proceso histórico se fueron construyendo diversas propuestas, reconociendo que lo social rebelde se expresó en los 80 y 90 desde los movimientos cívicos, en pueblos y ciudades, con su organización (el comité), su expresión (el paro cívico) y su herramienta de exigibilidad de derechos (el pliego), todo ello alrededor fundamentalmente del acceso, prestación y tarifas de servicios públicos. En este tercer momento (década del 2000 hacia adelante), se crecieron las dinámicas organizativas; a lo indígena y campesino, acompañan y se hermanan hoy las luchas de los pueblos afros, las reivindicaciones de diversidades sexuales, la lucha de género, de los animalistas, de tribus urbanas, entre otras. Todas ellas configuran en sí y en sus reivindicaciones un nuevo elemento que es clave entender y asimilar: la apuesta por el poder político. Entendimos que, ante el fracaso de la representación de los partidos tradicionales y la intermediación entre la necesidad y la solución, se hace urgente que ganemos la gobernabilidad local y regional. Ya no es solo hacer exigibilidad de derechos, es ser Gobierno en el 2022 y abrir el camino hacia alcaldías y gobernaciones. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.