Por: Leónel Pérez Bareño Sociólogo de la Universidad Nacional y Magíster en Ciencia Política del Instituto de Massachusetts Hoy, 8 de octubre de 2021, se cumplen 20 años del asesinato del licenciado Luis Alfredo Colmenares Chía, dirigente tameño de gran importancia para el departamento de Arauca. Alfredo Colmenares hizo una licenciatura en educación, profesión que nunca ejerció. Siempre estuvo inclinado por la política. Sus asesinos, las autodefensas de Colombia, más que paramilitares eran narcotraficantes. Según las investigaciones hechas a posteriori, compraron el Frente Vencedores de Arauca, a los hermanos Castaño, para tratar de favorecerse con la Ley de Justicia y Paz, que se discutía en esos momentos, según la cual, evitarían la extradición. Finalmente, esas circunstancias cambiaron y, bajo la administración del expresidente Samper, la extradición se puso en marcha. Muchos de ellos terminaron, o están, en cárceles de los Estados Unidos. Alfredo Colmenares fue diputado, concejal de Arauca, secretario en la Administración del intendente de la época, gobernador de Arauca en el periodo 92-94, y congresista liberal; escribió un libro que se llama “El costo de no explorar”; dejó tres niñas: Adriana (que es médica), con Elcy Martínez Arteaga; y Ángela María y Esperanza María, con Esperanza Sandoval. Las tres son profesionales destacadas. Alfredo Colmenares fue la representación del esfuerzo, el talento, la determinación. Deja una obra de Gobierno imborrable, como impulsor de la planificación de las carreteras, de los aeropuertos, de la electrificación, la construcción de miles de kilómetros de acueductos y alcantarillados, escuelas, colegios y muchísimas obras más. Durante seis meses estuvo, justo antes de que lo asesinaran, estudiando inglés en Estados Unidos. Regresó y los autores del crimen no le perdonaron la vida. Con este hecho tan macabro, el departamento perdió a uno de sus más importantes dirigentes. Una semana antes, Octavio Sarmiento Bohorquez, representante a la Cámara por Arauca también había sido asesinado. Recordar a Alfredo Colmenares es recordar una vida brillante, llena de muchos sacrificios mientras estudiaba en Bogotá. Queremos decirles a las nuevas generaciones que este es un ejemplo de alguien que, con muchísimo trabajo, fue capaz de erigirse en gobernante y en líder, a partir, sobre todo, de la capacidad para interlocutar con el Gobierno, de proponer las soluciones para los problemas que aquejaban al departamento de Arauca. Alfredo Colmenares fue amigo de los agricultores, de los ganaderos, de los cacaoteros, de los plataneros, de los comerciantes; y al ocurrir su muerte, el departamento de Arauca sufrió una baja muy, muy destacada, en el conjunto de sus más significativos conductores.

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda El miedo que Petro ha demostrado tenerle a la palabra izquierda –que no a los izquierdistas– puede hacerle perder votos en las elecciones que, al menos al día de hoy, parece tener ganadas. Esto, porque a la luz del actual furor de las inconformidades sociales, hay más personas desfavorecidas con la idea clara acerca de qué les conviene en el próximo Gobierno (llámese como se llame su timonel), y son muy pocas las que, afectadas por guías espirituales, votarán por quien diga su pastor (como muchas lo hacían apenas tres años atrás). Recordemos, además, que no es baladí aseverar que Jesús fue un izquierdista. Basta revisar las tesis decimonónicas del izquierdista hegeliano Ludwig Feuerbach Strauss y su obra “Vida de Jesús”, bien reconocida como una de las más sólidas argumentaciones del humanismo cristiano. En efecto, Petro ha dicho que él no divide la política entre izquierdas y derechas, como se hacía en el siglo XX, y dice de manera tajante que ya no es izquierdista. Con todo, conociendo como ha demostrado que conoce la tierra movediza de la política, resulta extraño que no explique que el término izquierda no significa leninismo, ni estalinismo, ni tampoco castrochavismo; sino simplemente –filosófica y humanamente hablando– significa estar del lado de las personas pobres. El día que no haya pobres, el día que desaparezcan las inequidades sociales, ese día no habrá izquierda ni tampoco se necesitarán izquierdistas. Hasta entonces, solo hasta ese día, la realidad política se verá enriquecida con inquietudes diferentes. Algo así como “primero lo primero”. Primero la estabilidad social y el cuidado del planeta, y después las otras necesidades que igual tendrán que suplirse. A la luz de los desapercibidos y de los entusiastas neófitos de la política, esa demostración de repulsa a un término puede semejarse bastante a la estrategia de sus opositores, que también –no todos– pretenden esconder su irrestricta ascendencia de derecha para vestirse ahora de políticos de centro (pienso en Sergio Fajardo, en Alejandro Gaviria y en Federico Gutiérrez). No obstante, el cambio de agujas de Gustavo Petro sería sorprendente, de no ser por su acostumbrada renuencia al centro y, sobre todo, por su coherencia política. Petro siempre había dicho que era de izquierda, como su programa político lo es. No en vano, su comportamiento político al respecto parece replicar la estrategia uribista: pelear con los conceptos en vez de debatir con la exposición de soluciones a los problemas. De hecho, la estrategia uribista es acentuar la desconfianza que suscita el izquierdismo peyorativo (o, mejor, la izquierda autoritaria). A mi juicio, Petro debería empeñarse en dar claridades cognitivas para que los seguidores del uribismo (la gente de bien y otros más) se centren en comprender al izquierdismo natural. A lo largo de la reciente historia, los conceptos definidores de la izquierda han sido fabricados con intereses variopintos, pero la esencia que diferencia a unos de otros es una estricta situación modificable: la existencia de un bando con el mayor número poblacional que no tiene ni cinco en sus bolsillos, y la de otro que, siendo de unos cuantos, lo acumula todo. A eso le llama el mundo “izquierda” y “derecha”: a las ideologías que buscan la igualdad social y a las ideologías que se mortifican con el igualitarismo. Tales son las nociones fundadas en la tradición de ambos conceptos. Unos entendimientos difíciles de cambiarles a los politólogos o a quienes desde la barrera –fuera de la acción política– se acercan a ellos y estudian, más allá de la praxis política, el trasfondo de sus fundamentos ideológicos. La verdad es que cuando a los izquierdistas se les ha criticado con razón, ha sido porque han tomado distancia de los principios de la izquierda (la búsqueda de la igualdad social), y se han convertido en gente de derecha (aborreciendo el igualitarismo). Cuando Fidel Castro, por ejemplo, planteaba que no podía dejar el poder en manos de otro que no fuera él, su hermano Raúl o en alguien de su buró político, estaba realmente abandonando el espíritu izquierdista y dejándose poseer por el diantre de la derecha (aunque en su caso, valga decirlo, aupado por el bloqueo económico que les impusieran y todavía les imponen los americanos). De igual manera, los movimientos obreros y de trabajadores, que a la sombra de la izquierda alcanzaron poder en Rusia y Europa, se tornaron (vaya y venga si por culpa de los vicios burgueses) en una suerte de derechas represivas. En tal contexto, a esa trasmutación de intereses ya no podía llamársele izquierdismo. De semejante forma, los liberales clásicos dejaron de serlo cuando advirtieron el posicionamiento del capitalismo salvaje y el dominio de la ultraderecha en el mundo; en respuesta, decidieron acoger formas de integración social, pero esta vez equivocadamente basadas en el debilitamiento del Estado (en oposición a los regímenes de Lenin y Stalin, y a los gobernantes autoritarios) y en el favorecimiento del individualismo. De ahí surgiría el neoliberalismo, que hoy es un modelo económico considerado al servicio de los empresarios y en contra de los trabajadores. A la izquierda, cuando es de izquierda, siempre se le descubre por su permanente defensa de las poblaciones pobres, y por su incansable búsqueda –de ahí su progresismo– de una armonía social vinculante y garante del desarrollo a todos los niveles sociales. Al apartarse de la izquierda –no importa si por afectaciones lingüísticas–, indefectiblemente, Petro ocupará el centro. El centro, que es un intermediario favorable para los polos, pero no es más que eso. El centro une y desune a los polos. Cuando los desune crecen la desigualdad social y la violencia –por eso es negativa o contraproducente la polarización–. No obstante, cuando los une –ese es el propósito de la llamada Alianza Verde y del Pacto Histórico– los mantiene en su lugar, poniéndolos a trabajar en función de unas situaciones democráticas; es decir, producto de la conjugación de esas dos fuerzas. Desde tal perspectiva, el centro no existe sino como herramienta política sin banderas ideológicas determinadas, sin programas políticos que no sean prestados o contrahechos; pero atento a las necesidades de ambos polos o del que más poder le ofrezca. Aun así, no es difícil aseverar que Petro no le teme al modelo izquierdista, sino al término, porque estamos, como nunca, reconociendo los usos y beneficios que presta la neurolingüística. Ahora se trata de aprovechar las percepciones que tiene la gente en su imaginario, y enviarle a su cerebro informaciones equívocas sobre la realidad (o simplemente difusas). Bastante razón tenía Aristóteles cuando, siendo alumno de Platón, le advertía que la realidad, y no lo que suponemos de ella o en torno a ella, es el verdadero camino de la verdad. Una realidad cercada por los sentidos de la percepción y no por los de la intuición o por nuestros deseos. Para el estagirita, salirse del corral perceptivo (digamos, salirse de la izquierda sin haberse acabado la pobreza), para internarse en el misterioso mundo de la no-realidad, era algo así como caer en la cueva del conejo de Alicia. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Laura Cano Periodista – Pares Son cerca de 1.300 personas indígenas las que permanecen en el Parque Nacional, en Bogotá, exigiendo al Gobierno nacional y a la administración Distrital atención, garantías y acompañamiento para que se respeten y se hagan cumplir sus derechos a una vida digna, a una vivienda, a alimentación, a educación, a salud, entre otros derechos fundamentales. En el importante punto de Bogotá, según lo dió a conocer la concejala Ati Quigua en su cuenta de Twitter, entre las personas congregadas, se encuentran 280 niños y niñas entre 0 y 7 años, 140 entre 7 y 13 años, 60 madres gestantes, 90 lactantes, 40 abuelos y jóvenes de 13 pueblos indígenas. La mayoría de estas personas llegaron a la capital como víctimas del conflicto armado y, además, sus comunidades han estado marcadas por el olvido estatal en muchos de sus territorios indígenas. Buena parte de las personas que hoy se encuentran en el Parque Nacional, hicieron parte, también, de los campamentos que tuvieron lugar en el Parque Tercer Milenio, en abril del 2020, también al centro de Bogotá. A ese lugar llegaron varios centenares de indígenas que, en medio de la época más dura de confinamiento, tuvieron que salir a la calles a raíz de no poder solventar sus gastos básicos, pues muchas de estas personas trabajaban de manera informal (en su mayoría vendiendo artesanías), y justamente el trabajo informal, durante lo que ha sido la pandemia en el país, ha sido una de las economías más afectadas. Sobre esto, vale la pena señalar que, según el DANE, «la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 46,9% para el trimestre móvil mayo – julio 2021. Para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 48,1%». Otra parte considerable de las personas que se encuentran en el Parque Nacional llegaron a este punto como consecuencia del conflicto que se mantiene en muchas zonas con alta población indígena, donde la violencia que se ha ido agravando ha dejado a su paso una serie de victimizaciones, pues gran parte de los territorios indígenas también son disputados por grupos armados ilegales. Esta situación ha provocado, por ejemplo, y dentro del amplio repertorio de violencias que padecen diversas comunidades indígenas, asesinatos contra esta población. Señalaba Gerardo Jumi, consejero General de la ONIC, que durante «este año han sido asesinados 39 indígenas, lo que significa, 4 personas asesinadas al mes por intereses económicos, el narcotráfico, el incumplimiento del Acuerdo de Paz, y por la ausencia de una política se protección de derechos humanos». Además, a partir de datos de la Defensoría del Pueblo, se conoció que, durante el primer semestre de este año, se han presentado 102 eventos de desplazamiento masivo, donde al menos 44.290 personas, de 15.340 familias, se movilizaron de manera forzada a otros lugares por cuenta del conflicto armado. Adicionalmente, en su informe del primer semestre del año, la entidad registró 68 eventos de confinamiento que obligaron a 36.101 personas, de 192 comunidades, a quedarse dentro de sus territorios. Sobre estas cifras, la Defensoría señaló que parte de las víctimas hacían parte de comunidades indígenas: «Las más afectadas por desplazamiento forzado son las comunidades étnicas (indígenas y afrodescendientes), en el 59% de los casos, y el 41% de los casos no étnicas (campesinos principalmente). Afectados por el confinamiento el 98,5% fueron étnicas y el 1,5% no étnicas». Por otra parte, hay que resaltar que, entre las poblaciones indígenas que se encuentran en el el Parque Nacional, también se señala que muchas de estas personas llegaron a este punto de la ciudad ante una situación de precariedad similar a la que vivieron en el 2020, pues muchas de estas personas se quedaron sin poder solventar gastos de arriendo. De acuerdo a algunas de sus intervenciones en medios, en su momento, se les dio un subsidio que no abarcó un tiempo y presupuesto idóneo. Ante esto, han exigido que la Alcaldía implemente un diálogo amplio y abierto, donde puedan participar todas las personas afectadas y que se concentran en el Parque Nacional. Desde la Alcaldía ya se han pronunciado sobre la situación. El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, ha asegurado que: “desde marzo del 2020 y en el marco de la emergencia sanitaria, la Alcaldía Mayor, en garantía de los derechos diferenciales étnicos, ha destinado 1.895 millones de pesos en el marco de la atención inmediata a 1.277 personas. Estos recursos fueron entregados a través de bonos canjeables por alimentos, transferencias monetarias del Programa Bogotá Solidaria en Casa, pago de arrendamiento y mercados”. Además, Gómez señaló que parte de esos 1.896 millones se repartieron así: 508 han sido para garantía de alojamiento, alimento y enseres; y 692 millones se dieron como bonos de arriendo durante la emergencia sanitaria. Asimismo, también se aseguró que la Secretaría Distrital del Hábitat entregó 181 millones de pesos en arriendos y la Secretaría de Integración Social 161 bonos de arriendo por 4 meses, kits de alimentos y aseo, mercado y 396 alojamientos de emergencia por un valor de 514 millones pesos. A lo que se sumarían 482 millones de giros humanitarios de la Unidad para la Atención a las Víctimas de 2020 a 2021. Sin embargo, desde el Distrito se responsabiliza al Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), como las autoridades encargadas de garantizar la seguridad de los territorios indígenas. Hay que traer a colación que, de acuerdo a lo establecido por El Espectador, se logró saber que, según «el Registro Único de Víctimas, en los tres primeros meses de este año habrían llegado alrededor de 6.500 indígenas a la capital». Así las cosas, se espera que los organismos nacionales y distritales puedan generar espacios de diálogo con esta población, y así llegar a acuerdos y la toma de acciones que permitan resolver parte de las problemáticas estructurales que han afectado a las comunidades indígenas por años.

Luz Helena Sarmiento, santandereana de cuna y geóloga de formación, estudió en la Universidad Industrial de Santander y ha labrado una carrera profesional, tanto el sector privado como en el sector público, enfocada en temas de gestión ambiental. Esto la llevó a ser ministra del Medio Ambiente, en el Gobierno de Juan Manuel Santos, e integrante de la delegación de ese Gobierno para los diálogos con el ELN. En la Cumbre Internacional de Paz, organizada por la Gobernación de Caldas, Sarmiento habló, justamente, sobre su experiencia en los diálogos establecidos con el ELN. Afirma con claridad que las negociaciones con este grupo son tema pendiente y que hay que resolverlo para avanzar hacia una Colombia en paz. A continuación, reproducimos un apartado de su diálogo, en el marco de esta cumbre, con Mario Hernán López, maestro de la Universidad de Caldas. Mario Hernán López: Luz Helena, ¿cuál tema resaltarías de esos diálogos? ¿qué nos queda como experiencia de lo vivido con el ELN durante el Gobierno del presidente Santos? Luz Helena Sarmiento: Yo creo que el tema de participación. Este es un tema que va a ser fundamental. Es diferente a la participación que se dio en el proceso de La Habana. Yo no estuve en el proceso de La Habana, pero lo tuvimos que estudiar, como se dio la participación en el proceso con las FARC, y con el ELN debe ser diferente. Yo dirigí, desde la delegación de Gobierno, las discusiones sobre participación de nuestra mesa de diálogo. Y fui la que, por parte del Gobierno, junto con Juan Sebastián Betancur, lideramos las audiencias públicas en Tocancipá y en Bogotá, en octubre de 2017. Estas audiencias se dieron en contra de muchas voces, especialmente del lado de nosotros: no queríamos que se hiciera en Bogotá, sino sentarnos a igual a igual, los que estábamos negociando, frente a la ciudadanía colombiana, en Colombia. Yo creo que lo que más nos enseña, frente a este reto pendiente, es que básicamente en el diálogo con el ELN, el tema de la participación va a ser fundamental. Y los acuerdos no van a ser solo como los PDET, o no se debe llegar a acuerdos estrictamente apegados a fórmulas como los PDET, sino un tema que salga de la participación, mucho más amplio, pero tiene que ser acotado. En cuanto a la participación, siempre llegábamos a una gran discusión: si la participación era vinculante. Nosotros decíamos que es imposible que sea vinculante. Y yo siempre lo puse en un ejemplo fácil, yo decía: “si en una zona como Arauca, donde ellos [el ELN] tienen tanta influencia o presencia, unos dicen que se puede explotar el petróleo como quieran, y si uno pone la parte ambientalista entonces van a decir que no quieren petróleo; entonces no puede ser vinculante en dos posiciones de esas tan diferenciadas. Pero digamos que el tema de participación va ser fundamental, y va ser mucho más complejo, pero sÍ es posible una participación incidente, buscando acuerdos entre partes muy disimiles sobre temas de interés regional y nacional. MHL: La opción para construir paz es el diálogo, ¿cómo ves este tema del ELN en las próximas elecciones? LHS: Son temas difíciles, yo siempre he dicho que yo soy política por convicción, y soy apolítica porque en mi casa no se hablaba de política porque a mi abuelo paterno lo mataron los conservadores; y a mi abuelo materno lo mataron los liberales. Mis abuelas eran campesinas desplazadas, entonces, en mi casa si se hablaba de política nos daban palo. Frente a la paz pendiente con el ELN, yo realmente lo que pienso es que el tema no va a salir fácilmente; el tema no va a salir en las primeras; nadie se va a comprometer con eso, pero es un tema no resuelto que sufren muchas comunidades. Pensaría, sin tener ningún sesgo, que Petro los minimiza, cree que puede lograrlo muy fácilmente, y el ELN es una guerrilla mucho más compleja de lo que pudo ser las FARC, por su sistema operativo, pero, además, por el tema de sentirse tranquilos como están. Y el tema Venezuela lo pone en un componente muy complejo. Yo podría decir que la gente del ELN que permanece en La Habana está jugada por la paz y todo este propósito, pero la gente que está en Venezuela no tanto. Entonces yo creo que ahí falta, primero, que ellos vean cómo se van a unificar, porque a los que fueron parte de la mesa siempre les vi ganas. Pero creo que no va a ser un tema que se vaya a discutir muy fuertemente en el debate político en curso. Hay que trabajar por que se discuta que hay una paz pendiente con el ELN. MHL: Siempre se ha relacionado el tema de la paz con el ELN con el tema minero. Usted es geóloga, ha sido ministra de Medio Ambiente y trabaja en estos temas relacionados con la minería, siendo un tema tan delicado y polémico: ¿cómo ve la minería y los múltiples impactos negativos en las comunidades, el medio ambiente y demás? LHS: El tema minero es un diálogo que viene puesto sobre la mesa dentro de la política nacional. Yo soy geóloga, geóloga de la UIS, de Bucaramanga, y yo creo que Colombia tiene una buena oportunidad en el tema minero. Y el que es minero no va dejar de ser minero, los que están aquí que son mineros lo saben. A mí me tocó trabajar el tema del páramo de Santurbán, y eso son cosas muy complejas en este país donde satanizan muchas cosas. Entonces el que es minero lo señalan, y tratan de meter a todos en la misma bolsa. Yo, realmente, creo que la discusión que se tiene que dar en este momento es: ¿hacia dónde va Colombia económicamente? Y yo creo que tienen una oportunidad los mineros pequeños, los grandes, menos los de minería criminal. Ahí si yo creo que nosotros no tenemos que irnos contra la informalidad, sino formalizar más; creo que durante los últimos Gobiernos se ha tratado de hacer una formalización. Hacer una formalización en muchos territorios no es muy fácil. Hablando, por ejemplo, de las zonas donde hace presencia el ELN, el sur de Bolívar es una de las zonas críticas, entonces yo creo que lo que podría ayudar el tema de paz, en estas zonas, es ayudar a los mineros con su formalización, acordando cosas que se puedan cumplir y acompañar a los mineros y a las comunidades. La riqueza minera va jugar un papel muy importante que yo creo que, para los mineros que están aquí, puede ser una potencialización de sus actividades. Hay que hacerlo bien, primero, hay que hacerlo bien, porque no es a cualquier precio, pero para eso tiene que estar el Gobierno al lado, y las corporaciones. Yo siempre he sido bastante crítica de las CAR (Corporación Autónoma Regional), pero hay unas que lo hacen bien, y yo creo que hay que fortalecer a las organizaciones de los mineros y acompañarlos, no perseguirlos. Yo creo que el tema de persecución a los mineros es muy duro. Ser minero es, muchas veces, vergonzante hacia la otra gente, pero sí todo el mundo quiere lo que hacen los mineros. Yo estuve haciendo unas investigaciones hace poco, y las perspectivas para la economía colombiana son durísimas. Colombia en 15 años ya no va poder exportar carbón, por el tema del cambio a la matriz energética, y el carbón representa, más o menos, el 15% de nuestra balanza de pago. Entre 15 y 20 años, la demanda del petróleo en el mundo va a bajar. Hoy el mundo consume 100 millones de barriles al día, entre 15 y 20 años, la demanda va bajar casi a 80 millones al día, y va a seguir bajando; va a haber sobre oferta y, al estar en 80, 90 millones de barriles al día, el precio se proyecta no como hoy en 80 o 90, sino en 30 dólares. Eso significa que cuando llegue a 80 millones de barriles diarios de consumo en el mundo, en 15 o 20 años, Colombia ya no puede exportar petróleo, ni un barril de petróleo. Y el petróleo representa el 45% de nuestros ingresos, o sea: perdimos el 60% de nuestra balanza de pago. Lo único que, digamos, se ha hecho en estos últimos 30 años (y ha tomado 30 años para posicionarlo) ha sido el cultivo de las flores, que suman el 10% en la balanza de pago. La gran oportunidad son los mineros, la minería pequeña y grande. Eso que los mineros en este momento le pueden plantear al Gobierno es una agenda de fortalecimiento de sus gremios y unas organizaciones fuertes para los enormes desafíos ambientales y sociales que tenemos, porque los mineros son los que van a parar la balanza de pagos en el país. Y es hacer lo mismo, los mineros grandes tienen que llegar también, los mineros artesanales también, con una organización, pero son ustedes. Y yo quisiera, yo se lo decía hace unas semanas a unos mineros también pequeños del sur de Bolívar, tienen que organizarse por lo que van a representar los ingresos de la minería, pequeña, mediana y grande; ellos van a ser los que salven la balanza de pagos, porque Colombia tiene que saber que, en 20 o 25 años vamos a perder el 60% de nuestra balanza de pagos, y eso significa estar peor que Venezuela ahora. Hay que hacer buena minería, con responsabilidad social y ambiental. Otros países lo hacen y nosotros en Colombia igualmente podemos hacerlo. MHL: ¿cómo ve la opción de darle continuidad a los diálogos con el ELN? LHS: Yo creo que unas negociaciones de paz con el ELN es un paso que tiene que darse. Cuando nosotros hicimos las mesas de participación, las primeras mesas en Tocancipá, donde fueron 200 estamentos (100 escogidos por el ELN y 100 por nosotros) a escuchar cómo querían participar, lo que uno sí notó es que en las comunidades, especialmente, del Chocó o de Arauca, de las zonas donde está la guerra (la guerra toca a la gente que está en las zonas apartadas, uno la ve por noticias, y cuando yo era pequeña, mis primos que eran de San Vicente de Chucurí, a muchos los enlistaron de lado y lado, y varios de mi familia murieron)… la gente se cansó. La gente se cansó de estar en la mitad. Por eso mismo, a mí no me sorprendió cuando decía que sí había servido el proceso, porque la gente que lo vive, la gente de las regiones, uno que lo veía allá, las indígenas que iban del chocó, muchas de las comunidades nos decían a nosotros “estamos cansados de la guerra”. Yo creo que es un paso donde la sociedad debe participar, y esta pandemia, y todo lo que ha pasado en los movimientos sociales, pues nos demuestran que no podemos seguir en lo mismo. La gran pregunta es cómo vamos a llegar a una nueva mesa y con qué propuestas. Hay que hacer un proceso con mucha participación regional e ir muy acompañado de gestos reales de paz. Y los gestos reales de paz pasa… es que la paz no es solamente el silencio de las armas, la paz también significa que la gente tenga qué producir, la paz significa que se tenga una convivencia sin pobreza y con muchas oportunidades. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es un proceso mucho más amplio y empezar a pensar el tema de la participación. Eso va ser mucho más importante. Yo creería que el nuevo Gobierno tendría que sentarse en una preliminar muy rápida con la gente del ELN que está en La Habana. Esto para mirar un esquema y empezar a planearlo, un proceso que no puede ser corto, pero tampoco sería tan largo como el de las FARC MHL: ¿Qué pasa con el mundo interior en esos espacios en los que uno se encuentra con un antagonista, con alguien que está justo al otro lado de su espectro político? ¿Qué pasa en la vida interior después de esta experiencia? LHS: Eso es un tema, uno pasa por muchos estadios, como cuando se viven las infidelidades o los duelos: primero la rabia y todo lo que se siente, y así se van procesando todas esas emociones y al final es un tema ideológico. Y uno dice, claro, había líneas rojas, el modelo económico, entonces eso no se discutía, pero en el fondo (yo, por lo menos, lo hablo desde lo personal) lo que uno se da cuenta es que todos queremos lo mismo, y es ahí donde usted se da cuenta que usted puede construir desde la diferencia, pero, sobre todo, sobre los acuerdos que uno tiene de los principios de vida. Es un tema enriquecedor; esa participación en un dialogo con el ELN, en una delegación de Gobierno, me llevó a muchas reflexiones. De las cosas que más me impactó fue cuando la gente fue a hablar con nosotros, la gente de los territorios que estaban en guerra, que viven la guerra todos los días, y ahí es donde uno queda cuestionado y se da cuenta, ante tantos dramas, que ese conflicto hay que resolverlo La experiencia de ser parte de una negociación de paz con el ELN a mí me cambió mucho. Me cambió la vida ver que son gente como nosotros, pensamos lo mismo en muchas cosas, pensamos diferente en otras, pero esencialmente escuchar a la gente de los territorios y buscar esa paz que nos hace falta a todos. Este apartado ha sido transcrito por el equipo de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares)*

Por: Laura Cano Periodista – Pares Tras actividades lideradas por la Fiscalía General de la Nación, se conoció recientemente que en el Cementerio San Antonio del Barrio P-5, ubicado al sur de Montería, se habrían encontrado 35 cuerpos de personas desaparecidas en la masacre de Puerto Bello, en Turbo, Antioquia. Esta acción armada, ejecutada por grupos paramilitares, ocurrió el 14 de enero de 1990 y dejó un saldo de 43 personas desaparecidas. Con este hallazgo realizado en el Cementerio San Antonio, 35 de estos cuerpos finalmente podrían ser recuperados. Según lo revelado por La W Radio, a través de una orden judicial, la Fiscalía «ordenó una prospección de un terreno de 310 metros cuadrados que están actualmente ocupados por el lado C del cementerio, línea 5, 6, 7 y 8. Estas líneas están ocupadas con bóvedas y nichos, y necesariamente se requiere hacer exhumaciones de los cuerpos que están ahí inhumados, trasladarlos a unos depósitos temporales para poder entrar a demoler esa zona y empezar a hacer la prospección”. Por su parte, a través de la fiscal 105 Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos (DECVDH), ha adelantado acciones en la capital de Córdoba, donde, por ejemplo, citó a los dueños de las bóvedas de las zonas que se intervinieron para poner en común las acciones que se iban a realizar. Al respecto, hay que señalar que en febrero de 2020 hubo una primera reunión, pero debido a la pandemia las actividades relacionadas con el tema fueron suspendidas. Una masacre con un camino largo por reparar Leonel Escobar Elide Ricardo Pérez Raúl Pérez César Augusto Espinosa Wilson Fuentes Urías Barrero Orozco Víctor Ángel Hernández Miguel López Juan Mesa Serrano Miguel Pérez Luis Carlos Ricardo Juan Luis Escobar Juan Cruz Ovidio Suárez José Barrera Orozco (menor de edad) Carmelo Guerra Pestaña Benito Pérez Pedrosa Diomedes Barrera Orozco Manuel Montes Martínez (menor de edad) Ariel Díaz Luis Miguel Salgado Cristóbal Arroyo Blanco Lucio Miguel Ursola Celino Urrutia Pedro Mercado Andrés Barba Andrés Jiménez Fermín Romero Genaro Calderón Manuel González Jorge David Martínez Jorge Castro Jenor Arrieta Lora José del Carmen Álvarez Santiago González Jorge Fermín Calde H. Andrés Flórez Altamira Miguel Gutiérrez Arrieta Ricardo Bohórquez José Petro Hernández Carlos Pérez Según la información de Rutas del Conflicto, estos son los 43 nombres de las personas que Fidel Castaño, comandante de ‘Los Tangueros’, un cuartel de 60 hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), decidió desaparecer, torturar y asesinar. Estas personas habrían sido retenidas como represalia por un supuesto robo de 43 reses, pues Castaño afirmaba que los habitantes de Puerto Bello habían sido cómplices de este hurto. Varios cuerpos fueron hallados en la finca Las Tangas, en la finca Jaraguay (ambas propiedad de los Castaño) y en la vía que conduce de Arboletes a Montería. Sin embargo, todavía son 35 los cadáveres que siguen desaparecidos, y que podrían ser los recientemente encontrados en el Cementerio San Antonio de Montería. Hay que recordar que, sobre estos hechos ocurridos hace 31 años, desde la investigación realizada por Rutas del Conflicto, se ha señalado que, aunque cerca había un retén militar del Batallón de Infantería No. 32 Francisco de Paula Vélez, los integrantes del Ejército no detuvieron la masacre. Acción de omisión que, con el esclarecimiento que se ha dado sobre otras masacres, ha quedado evidenciada como un comportamiento sistemático por parte de miembros del Ejército Nacional, quienes muchas veces actuaron coordinadamente para llevar a cabo este tipo de violencias en las que, como en este caso, las principales víctimas hacían parte de la población civil (Te podría interesar: “Ejército pedirá perdón por masacre cometida en Montebello, Antioquia”). Asimismo, es importante señalar que, en el año 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la falta de presencia estatal en la zona, condenó al Estado colombiano y le ordenó pedir perdón público e indemnizar con 12.500 millones de pesos a las familias de las personas desparecidas en la masacre de Pueblo Bello. Frente a la responsabilidad del Estado en estos hechos, en uno de los puntos de la sentencia de la CIDH se afirmaba: «La Corte observa que si bien la masacre de Pueblo Bello ocurrida en enero de 1990 fue organizada y perpetrada por miembros de grupos paramilitares, aquélla no habría podido ejecutarse si hubiere existido protección efectiva de la población civil en una situación de riesgo razonablemente previsible por parte de miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad del Estado. Ciertamente no existen pruebas ante este Tribunal que demuestren que el Estado dirigiera directamente la ejecución de la masacre o que existiese un nexo entre miembros del Ejército y los grupos paramilitares o una delegación de funciones públicas de aquél a éstos. No obstante, la responsabilidad por los actos de los miembros del grupo paramilitar en este caso en particular es atribuible al Estado en la medida en que éste no adoptó diligentemente las medidas necesarias para proteger a la población civil en función de las circunstancias descritas». Hoy, más de 30 años después de ocurrida esta masacre, la posibilidad de encontrar estos cuerpos para muchos será una esperanza, mientras que para otros seguramente abra, de nuevo, una de las tantas heridas que dejó el conflicto armado en Colombia. No obstante, estas acciones son necesarias para el esclarecimiento y la reparación de los hechos ocurrido en los años más violentos en el país.

Por: Esteban Salazar (@estebanalitic) Coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad – Pares A menos de un año de las elecciones presidenciales y legislativas en Colombia, todo parece indicar que la incertidumbre ha logrado romper no solo a la izquierda y al centro, sino también a la disciplinada derecha política. Hacia la izquierda, Petro no tiene ninguna competencia en una consulta presidencial con Roy Barreras, Alexander López o Francia Márquez. Cada vez más en solitario, Petro, con candidatura única, se debe centrar en crecer con una fórmula vicepresidencial que le permita acoger votantes de centro izquierda. Hacia el centro, el panorama es más complejo: en la baraja de la Coalición de la Esperanza, el Partido Verde, y los nuevos partidos Dignidad y Nuevo Liberalismo, hay pesos pesados que hoy están diluidos en las encuestas. La presencia de Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Juan Manuel Galán y el posible aterrizaje de Alejandro Gaviria plantea un reto para acompasar una propuesta que crezca y convenza. La derecha, por su parte, que siempre había sido disciplinada en cerrar filas al Congreso y Presidencia, tiene por primera vez, a nivel político, un escollo que no puede ocultar. Se trata de una división interna a raíz de tres grandes problemas: primero, ¿cómo evadir el antiuribismo?; segundo, ¿cómo direccionar la impopularidad de Duque en un solo candidato?; y, tercero, la ausencia de una figura que genere consenso entre tantos intereses y corruptos. Si bien en 2018 los candidatos de derecha no figuraban 6 meses antes de las elecciones (como en el caso de Duque) y, sin embargo, ganaron, la realidad para el 2022 es muy diferente. En esta oportunidad, el antiuribismo ha crecido exponencialmente. Sus procesos judiciales hoy son una piedra en el zapato que incomoda a cualquier candidato. Las encuestas muestran a María Fernanda Cabal, a Federico Gutiérrez y a Óscar Iván Zuluaga, quienes en total suman entre el 9% y el 11% de intención de voto. Esto sin contar que se trata del reducido margen de apenas 3 de cada 10 personas colombianas que ha decidido por quién votar. Cabal y Zuluaga, independientemente de quién gane para asumir la candidatura del Centro Democrático, serán la ofrenda para la derecha recalcitrante. Es evidente que los eventos y campañas de ambos se han diseñado para acoger a los uribistas pura sangre, a quienes sin reparo evaden cualquier verdad judicial de Uribe o cualquier escándalo de corrupción dentro del Gobierno del presidente Iván Duque. Son los esbirros más leales, que podrían poner entre millón o millón y medio de votos. Los mismos votos que están proyectados hoy para su partido en la lista al Congreso, el cual amainará su bancada en ocho o nueve senadores. Federico Gutiérrez, en cambio, es el caballo de troya de la derecha. Aunque viene subiendo muy lento en las encuestas, el cuestionado exalcalde de Medellín está haciendo campaña como independiente para soltar las riendas uribistas y el lastre de Duque. Esto le permite crecer en otros escenarios, incluso aprovechando figuras como las de los exalcaldes y exgobernadores de clanes corruptos y partidos tradicionales que lo acompañan subrepticiamente (Te podría interesar: «Peñalosa, Fico y Char: La coalición Caballo de Troya«). Entre los apoyos de Gutiérrez se encuentra el ‘Clan Char’, que retiró recientemente de la competencia a Alejandro Char, el exalcalde de Barranquilla que no despegó en las encuestas, pero que es amo y señor en el Atlántico, donde cuenta con una bancada de 13 congresistas y una sólida estructura electoral. También lo acompaña el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, que pasa raspando en la intención de voto con el 1% y que terminará anexionándose. Finalmente, hay otros apoyos por definir como el de Dilian Francisca Toro, quien se encuentra ante una fuerte presión por parte de Uribe para no lanzarse. Uribe, al final, sacrificará a su candidato o candidata del Centro Democrático a cambio de acompañar a Gutiérrez con toda la maquinaria. Sin embargo, en esta estrategia hay dos factores que rompen el molde histórico que ha permitido la dictadura electoral de los clanes, los corruptos y los partidos tradicionales de derecha para ganar con mayorías. Por un lado, se encuentra el factor del voto cristiano, que esta vez ha renunciado a ser el plato de segunda mesa de la derecha. Su apuesta creciente les ha permitido llevar al Congreso, mediante los partidos Mira y Colombia Justa Libre, varios senadores y representantes con una votación importante. Según los cálculos de los cristianos, en esta oportunidad esperan buscar los 2 millones de votos para una bancada en Congreso, así como un candidato presidencial propio en primera vuelta. La candidatura propia de los cristianos puede que no despegue en las encuestas, pero no es para nada despreciable el hecho de que sus votantes son disciplinados, y que ir solos en primera vuelta les puede dar la posibilidad de negociar con votos y a un precio diferente con los candidatos que pasen a segunda vuelta, específicamente con el candidato o la candidata de derecha. Por otro lado, se encuentra el factor de las maniobras del partido Conservador y la decadencia de los partidos Cambio Radical y la U. Los conservadores han decidido lanzar como candidato a David Barguil, quien ha sido ungido por el presidente Duque, Marta Lucía Ramírez y la jefa de gabinete presidencial, María Paula Correa. A pesar de que Barguil es una figura joven, proviene del seno del clan de la senadora Nora García Burgos y su hijo Marcos Daniel Pineda, quienes se han apoderado del departamento de Córdoba y tienen varias investigaciones por temas de corrupción. Adicionalmente, Barguil cuenta con una estructura burocrática que le ha dado Duque en el Ministerio de Ambiente y en la Defensoría del Pueblo. Lo cual pone plata, pero no votos. Finalmente, la U y Cambio Radical hoy son el ocaso de las vitrinas electorales que pusieron presidente en 2010 y 2014, con las bancadas más amplias y la representación más grande en alcaldías y gobernaciones, después del Partido Liberal, en la última década. La desgracia de estos partidos llegó con los escándalos del ‘Cartel de la Toga’ y de Odebrecht: desde ahí se han ido revelando diversas investigaciones, sentencias y procesos judiciales que les han dejado sin gran parte de sus otrora barones electorales. La salida de otros miembros y la apuesta acéfala sin candidatos presidenciales ponen en riesgo, incluso, que estos dos partidos no pasen el umbral y pierdan la personería jurídica. Una reducción de 2 millones de votos que han migrado como buitres al Centro Democrático, a movimientos independientes e incluso al petrismo. El posuribismo es un hecho y la derecha, cada vez más fracturada, no encuentra el camino para recomponer sus apuestas electorales. El país va a cambiar, incluidos ellos y su forma de hacer política.

Por: Juan Sebastián Peña Editor – Pares El día de ayer, en la Comisión Quinta del Senado, se archivó el Proyecto de Ley 044 de 2021: una iniciativa de la oposición que buscaba prohibir el uso de glifosato en procesos de erradicación forzada de cultivos ilícitos. Con nueve votos a favor de esta decisión, y tres en contra, finalmente este proyecto de ley fue archivado antes de su primer debate. La ponencia con la que se buscaba hundir la iniciativa fue liderada por senadores del Centro Democrático y, además, fue respaldada por integrantes de los partidos de gobierno. Precisamente, Alejandro Corrales, senador del Centro Democrático, ponente de esta proposición de archivo, reiteró lo que el país conoció de forma oficial desde el pasado 12 abril (cuando, a través del decreto 380 del 2021, el Ministerio de Justicia anunció la regulación que tendría el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con glifosato): que el Gobierno actual se mantiene firme en su compromiso con el reinicio del uso de glifosato para la erradicación de cultivos de uso ilícito. En su argumentación, Corrales defendió que el uso del glifosato no tendría consecuencias graves sobre la salud de las personas y que, además, las aspersiones aéreas se ajustarán a las normativas ambientales y de seguridad pertinentes. El senador del Centro Democrático afirmó que “La aspersión es contra el narcotráfico, que es nuestro peor cáncer”. Y, en ese sentido, mencionó que tanto los cultivos de uso ilícito como la producción de clorhidrato de cocaína han crecido en el país desde que se suspendió, en 2015, la aspersión aérea con glifosato. La postura de Corrales es una reafirmación de la política contra las drogas que ha priorizado el Gobierno Duque: la erradicación forzada. “Nadamos en mares de coca por quitar una herramienta que sí era efectiva”, puntualizó el senador. Frente a esta defensa de la aspersión aérea como el camino más efectivo para combatir el aumento de cultivos de uso ilícito, Juan Camilo Rodríguez, investigador de la Línea de Conflicto, Paz y Posconflicto de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), sostiene una posición contraria: “La ONU lo deja muy claro en el último reporte de hectáreas con hoja de coca en el país: donde tu erradicas, al año vas a tener hoja de coca alrededor o ahí mismo, porque erradicar no genera presencia estatal en Colombia. Erradicar es llegar a un lugar apartado a destruir un cultivo e irse. No queda una presencia, no quedan proyectos productivos alternativos sostenibles”. En contraste con esta realidad descrita por Rodríguez, en el Informe No. 23 sobre el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), con corte al 31 de diciembre de 2020, se reveló que en el 98% de los casos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito hubo cumplimiento de la no resiembra por parte de las familias que se acogieron al PNIS. Volviendo a la discusión de la Comisión Quinta del Senado, como parte de la defensa que hicieron los partidos de oposición que respaldaban el proyecto de ley, Jorge Londoño, senador del Partido Alianza Verde, trajo a colación las cifras entregadas en 2019 por la entonces directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Claudia Salcedo, en las que se revelaba que cada hectárea asperjada le costaba al Estado cerca de 72 millones de pesos, mientras que la sustitución voluntaria de esa misma hectárea tendría un costo de 40 millones de pesos. Por su parte, Guillermo García Realpe, senador del Partido Liberal, coautor y ponente del proyecto de ley que buscaba la prohibición de la aspersión aérea con glifosato, señalando que este tipo de erradicación forzada no resolvía de forma integral el problema del aumento de cultivos de uso ilícito, sostuvo que “El narcotráfico ha sido un negocio de las élites políticas y económicas de Colombia, no de nuestros campesinos que son el eslabón más débil de toda la cadena de producción. El narcotráfico financió campañas presidenciales, ha comprado gobernaciones y alcaldías en Colombia, no los campesinos”. Respecto a esta necesidad de medidas y acciones estructurales para enfrentar el problema de los cultivos de uso ilícito, Juan Camilo Rodríguez reitera la necesidad histórica de una reforma rural integral para asegurar la sostenibilidad económica, a través de proyectos productivos legales, de muchas poblaciones de zonas rurales del país. Y, en ese sentido, refiere lo siguiente: “En los últimos 30 años, con la llegada del neoliberalismo, en Colombia se priorizaron ciertos proyectos que han generado muchísimo dinero, pero muy poco empleo y muy poco desarrollo rural: proyectos extractivos y mineros, por ejemplo, en donde hay muy altas regalías pero no hay desarrollo en los territorios. Y la sustitución voluntaria pretendía, precisamente, partir de ese punto para transformar las lógicas económicas en el campo”. A partir de allí, como concluye Rodríguez, sería posible “reconocer que muchas de las familias campesinas (diría que la gran mayoría) no cultivan coca porque eso las vuelva millonarias o les genere muchas rentas, sino porque realmente cualquier otro proyecto en el territorio en el que habitan no es sostenible económica ni ambientalmente. Entonces, en ese sentido, el insistir en buscar formas de erradicar, por supuesto, puede servir para reducir las cifras en un año pero no va a solucionar el problema, no va a reducir la producción de hoja de coca a menos de que se tome de una manera muchísimo más integral, que es reconocer que hay zonas donde no se puede hacer otra cosa a menos que el Estado llegue a apoyar en la construcción de proyectos productivos y a apoyar las iniciativas de PDET, por ejemplo, y generar, así, las condiciones mínimas (ni siquiera óptimas, pero mínimas) para que la producción económica basada en la legalidad sea posible”. De modo que con esta decisión tomada en el Congreso, una vez más, parecen ser pocos los caminos que desde el Estado se abren para implementar de forma integral el Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP, especialmente en lo que se refiere a una reforma rural integral y al fortalecimiento y avance del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), condiciones necesarias para que haya un desarrollo sostenible (tanto económica como ambientalmente), a través de proyectos productivos legales, en distintas zonas rurales del país abandonadas por el Estado. Precisamente, hace unos días, Juan Camilo Rodríguez realizó un balance del desarrollo del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). A continuación, el análisis que hizo al respecto:

Por: Laura Cano Periodista – Pares El pasado viernes, 17 de septiembre, se conoció que en zona rural de Quibdó, Chocó, se había presentado un bombardeo en el cual ocho guerrilleros del ELN habrían muerto y tres más habrían resultado heridos. Días después, se señaló que uno de los guerrilleros que habrían muerto en ese combate era Ogli Ángel Padilla Romero, conocido con el alias de ‘Fabián’, quien era el cabecilla del ‘Frente de Guerra Occidental’ del ELN. No obstante, el pasado 28 de septiembre, el ministro de Defensa, Diego Molano, precisó que alias ‘Fabián’ había sido capturado con vida, pero que había resultado herido y debió ser trasladado a una clínica de la ciudad de Cali, donde finalmente falleció. Aunque en su momento la operación fue presentada públicamente como “una de las operaciones militares más grandes contra el ELN”, y como una “operación quirúrgica” y de “alta precisión”, hoy se conoció que detrás de dicho proceso, de nuevo, desde el Ministerio de Defensa no habrían sido comunicados todos los resultados del bombardeo en contra de la guerrilla, pues de las ocho personas asesinadas, 4 de ellas serían menores de edad (de quienes hasta el momento no se había dado información). Esta denuncia la dio a conocer el senador Iván Cepeda, quien por medio de sus redes sociales compartió un documento en el que se expone la situación, especificando que entre los jóvenes había un menor de 13 años. Esta información le fue entregada a Cepeda por el Instituto Nacional de Medicina Legal, luego que el senador presentara un derecho de petición solicitando información sobre las personas que habían muerto en el operativo. «El Gobierno Nacional se ha caracterizado por desconocer que los niños, niñas y adolescentes, que se encuentran en poder de grupos armados ilegales, son víctimas de reclutamiento forzado, y por el contrario insiste en darles tratamiento de combatientes, ubicarlos como ‘objetivo legítimos’ y llamarlos ‘máquina de guerra'», se lee en una carta compartida por el senador Cepeda al respecto. Por su parte, y solo luego de que la información ya circulaba, las Fuerzas Militares respondieron, asegurando que: «el reclutamiento de menores de edad es un crimen de guerra que ha sido una práctica sistemática e histórica realizada por todos los grupos armados organizados en el territorio nacional. (…) Es el ELN quien comete un crimen de guerra al reclutar de manera forzosa a menores de edad y ubicarlos dentro de un objetivo militar. (…) Tenemos plena certeza que se trató de una operación legítima, legal y en el marco del DIH, acatando todos y cada uno de sus principios». La respuesta del ministro de Defensa tampoco se ha hecho esperar. Diego Molano confirmó que en el operativo fueron abatidos 4 menores de edad, sin embargo, defendió el actuar de las fuerzas militares: «Una operación contra alias ‘Fabián’ en la mitad de la selva es legítima, es válida para una fuerza pública y hay que utilizar el uso proporcional de la fuerza y el respeto al Derecho Internacional Humanitario. Acá son ellos, los del ELN los que siguen reclutando menores de edad para cometer actos terroristas». Puntualmente, la denuncia del senador Cepeda señala que entre estas víctimas se encontrarían dos menores de edad de 17 años, uno de 13 y una joven de 17 años. Adicionalmente, según lo informado por Medicina Legal, los cuerpos de las víctimas ya habrían sido entregados a sus familiares. Ante estos sucesos, Cepeda anunció que citará el próximo jueves al ministro de Defensa, Diego Molano, a rendir cuentas en sesión de control político ante el Senado de la República. Así mismo, informó que le solicitó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que realice una visita al país para conocer la situación que enfrenta la niñez en cuanto al reclutamiento forzado. Es importante recordar que en el Derecho Internacional Humanitario (DIH) hay cuatro principios para la planeación y ejecución de una operación militar: la distinción, la precaución (distinguir que no se afecte la población civil, por ejemplo), la limitación (que se refiere a los métodos con los que se desarrolla la acción) y la proporcionalidad (que está vinculada con la identificación de la ventaja militar que se obtendría a través de la acción). Frente a estos hechos, Alejandro Restrepo, coordinador de la Línea de Conflicto, Paz y Posconflicto de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), indicó varios aspectos a considerar: “lo primero que hay que decir es que sí había un objetivo militar: alias ‘Fabián’. Lo segundo es evaluar si la acción de bombardeo contra un grupo tan reducido de guerrilleros es legítima o no, teniendo en cuenta la proporcionalidad. Eso lo tendría que aclarar el Gobierno o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo otro que hay que mirar es si la operación está cumpliendo los estándares del DIH. Y ahí hay un problema: pareciera que el Ejército no está atendiendo de manera rigurosa los principios del DIH, es decir, o la inteligencia de las Fuerzas Militares está fallando o se están desconociendo los principios del DIH, lo cual sería gravísimo porque Colombia tiene un compromiso internacional de cumplimiento en el marco del conflicto armado. Todo apunta a que a las Fuerzas Militares desconocen, no les interesa la aplicación de los principios o tienen una falla en tema de inteligencia evaluando los riesgos de la población protegida». La amenaza del reclutamiento Justamente, sobre esta problemática que afecta a niños, niñas y adolescentes, hay que decir que ha sido una de las tantas formas de victimización que no ha cesado en el país. Para el 2020, según la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), se reportaron 79 eventos de conflicto armado en los que 222 personas de esta población fueron víctimas de reclutamiento y vinculación a grupos armados ilegales. Antioquia, Chocó y Nariño fueron los departamentos donde más hechos se reportaron. La Defensoría del Pueblo alertó que el reclutamiento de menores de edad en el país aumentó en un 113% durante el último año, en gran parte a causa de las medidas de confinamiento que sacaron a las y los estudiantes de los colegios. Este mismo organismo, en abril de este año, publicó un informe en el que señalaba que, durante el 2020, la entidad emitió 46 alertas tempranas en las cuales se identificó el riesgo del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, especialmente en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander. Adicionalmente, se identificó que hay 188 municipios con alerta por este tipo de victimizaciones: es decir, cerca del 18% del territorio nacional está atravesado por esta problemática. En este sentido, hay que señalar que, durante marzo y septiembre del 2020 (meses en que se mantuvieron las medidas de aislamiento más exigentes), la Defensoría del Pueblo recibió 83 denuncias de casos de reclutamiento de menores en diferentes territorios del país. Sobre estos datos de la Defensoría hay que anotar, por ejemplo, que el 80% de los casos reportados se presentaron en zonas rurales y que las víctimas fueron menores entre los 8 y los 18 años. Además, según la información presentada por el organismo, 20 de estas víctimas pertenecen a comunidades indígenas y dos a comunidades afrodescendientes. Adicionalmente, en el informe se agregaba que “En el año 2021, se han emitido 5 alertas tempranas que advierten sobre riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Estas cinco alertas se concentran en los departamentos de Caquetá, Amazonas, Valle del Cauca, Norte de Santander y Vichada”. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, entre los grupos que amenazan a las y los menores estarían las disidencias de las FARC, el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el EPL. Además, esta victimización tendría relación con grupos como ‘La Mafia’, ‘Los Niches’, ‘Los Cobra’, ‘Los Espartanos’ y ‘La Local’, así como con la llamadas Águilas Negras, ‘Los Rastrojos’, ‘La Constru’, ‘Los Pachenca’, ‘La Oficina’, ‘El Mesa’, ‘La Oficina del Valle de Aburrá’, ‘La Unión’, ‘Las Chatas’, ‘Los Costeños’, ‘Los Pachelly’, entre otros. En relación con esto y con la denuncia sobre los menores de edad bombardeados, Alejandro Restrepo agregó: «Hay una preocupación sobre el reclutamiento a menores de edad por parte de guerrillas, que también es una violación del DIH. Además hay que preguntarse si el ELN está utilizando a los menores como escudos humanos para evitar las acciones militares». El vuelve y juega de las Fuerzas Militares Hay que señalar que este no es el primer caso en el que se denuncia la desproporcionalidad de las acciones de las Fuerzas Militares. Por ejemplo, en el último y en el presente año, se han denunciado dos casos más donde, en medio de bombardeos, menores de edad fueron víctimas. Esto, además, en contextos en los que esta información no fue divulgada de forma oficial sino hasta que en medios de comunicación se hizo pública. Uno de estos dos casos ocurrió en Caquetá, en agosto de 2019, en la llamada ‘Operación Atai’, donde fueron alrededor de 18 menores las víctimas de un bombardeo en el que el objetivo era atacar a alias ‘Cucho’, uno de los jefes de las disidencias de las FARC. Estos hechos se conocieron por una revelación del senador Roy Barreras y llevaron a que el exministro de Defensa Guillermo Botero fuera citado a debate por moción de censura en el Senado, donde los votos por su salida sumaron casi 67, situación que terminó llevando a su renuncia en noviembre de 2019. Frente a esto, hay que señalar que, en agosto de 2020, a partir del análisis dEl informe de inteligencia No. 937 del Ejército, desde el portal Cuestión Pública se afirmó que «el Ejército sabía que el esquema de seguridad de alias ‘Cucho’ estaba conformado por menores de edad, producto del reclutamiento forzado. Una responsabilidad que el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, no reconoció antes de dejar su cargo y tampoco ha reconocido el presidente de la República Iván Duque, quien autorizó esa operación que acabó con la vida de al menos ocho menores de edad». Por otra parte, Diego Molano ya se ha enfrentado a una situación similar mientras ha estado al frente del Ministerio de Defensa, pues en marzo del presente año, en medio de la ‘Operación Calamar’, 12 integrantes del grupo armado posFARC (GAPF) ‘Gentil Duarte’ fueron asesinados a manos de las Fuerzas Militares. No obstante, según denunció, de nuevo, el senador Roy Barreras, junto a Hollman Morris, dentro de estas víctimas se encontrarían menores de edad. Tras esto, Diego Molano dio declaraciones a través de RCN Radio, en donde afirmó: «yo que fui director del ICBF tengo absoluta claridad que lo que hacen las disidencias de las FARC, y lo que hacen las FARC es preparar máquinas de guerra que atentan contra la sociedad colombiana y por eso aquí se tiene que usar el uso legítimo de la fuerza». Ahora, este panorama se suma a la oleada de violencia que vive el país, donde los menores siguen siendo uno de los focos de los grupos armados, por los que es urgente la atención y el seguimiento de organismos nacionales e internacionales.

“Ahora mismo lo que estamos haciendo es tratar de que la gente vuelva de nuevo a reunirse, de que vuelva a hablar del Acuerdo de Paz. El Gobierno está en una reactivación económica, nosotros en reactivación organizativa. Sí, está difícil, pero creemos que tenemos la posibilidad de mover a la gente a favor de la implementación del Acuerdo de Paz” Arnobis Zapata, entrevista para El Espectador Por: Juan Sebastián Peña Editor – Pares El dirigente social Arnobis Zapata, coordinador territorial de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba (ASCSUCOR) y presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), está siendo víctima de intenciones criminales que buscan atentar contra su vida y sus procesos de liderazgo. Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) hacemos eco de la denuncia realizada por el movimiento Defendamos la Paz en la que se señala que, en la noche de ayer, 6 de octubre, dos hombres armados llegaron a su lugar de residencia, en Montería. Indagando por el paradero de Arnobis Zapata, se encontraron con su hijo, quien al percatarse de que los dos sujetos portaban armas, se enfrentó a los presuntos sicarios y alertó a los vecinos. En respuesta, los dos hombres habrían golpeado al menor de edad con la culata de un revolver y, posteriormente, emprendieron la huida. En la denuncia compartida por Defendamos la Paz, se señala que no es la primera vez que se busca atentar contra la vida de Zapata: “Desde el año 2012, cuando entonces era coordinador de Marcha Patriótica en Córdoba y hasta la fecha ha recibido múltiples amenazas contra su vida, por defender los derechos del campesinado surcordobés, y, ante todo, por luchar porque este largo y sangriento conflicto armado que vive el país, tenga una salida política negociada”. En un reciente informe especial de El Espectador sobre el proyecto minero de cobre San Matías, que se desarrolla en esta región Córdoba, se señala que los principales retos que enfrentan las comunidades y las personas líderes y defensoras de derechos humanos tienen que ver, de acuerdo con el análisis que hace Arnobis Zapata, con “los sectores económicos que quieren hacer explotación minero energética en el territorio; los clanes políticos locales tradicionales, que van a buscar la manera de hacerse con la curul a través de organizaciones controladas por ellos, y el Gobierno Nacional, que los ve como un obstáculo en la implementación de su política de Paz con Legalidad”. Respecto a la labor social de Arnobis Zapata en la región, precisamente, se refiere en el medio de comunicación que él “fue uno de los principales líderes que, cuando se estaba formulando ese programa tras la firma del Acuerdo de Paz, fue comunidad por comunidad, junto con el Gobierno Nacional y los representantes de las Farc, a convencer a los campesinos de que la sustitución era la alternativa”. De acuerdo a lo recogido por El Espectador, y tal como lo reconfirma Alejandro Restrepo, coordinador de la Línea de Conflicto, Paz y Posconflicto de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en la región del sur de Córdoba, donde Arnobis Zapata ejerce su liderazgo y trabajo comunitario, existen disputas por el control territorial entre las AGC o el ‘Clan del Golfo, ‘Los Caparrapos’ y el ‘frente 18’ de las disidencias de las FARC. Desde Pares nos sumamos al enérgico rechazo frente a estas acciones criminales contra la vida de Arnobis Zapata, la agresión contra su hijo, así como el estado de incertidumbre y miedo en el que quedan su familia y personas allegadas. De igual forma, exigimos a las autoridades que se esclarezcan estos hechos y las personas o grupos responsables, y que se den garantías plenas y efectivas para la protección de su vida y la de su familia. Llamamos a la ciudadanía en general, a las organizaciones sociales del país y a la comunidad internacional para que no cesen los ejercicios de veeduría y presión al Estado para que, de forma integral, responda a la situación de vulnerabilidad y amenaza bajo la que se encuentran personas líderes y defensoras de derechos humanos y, junto a ellas, los procesos, iniciativas y causas sociales que lideran. A continuación, compartimos el comunicado completo emitido hace unas horas por el movimiento Defendamos la Paz:

Por: Juan Sebastián Peña Editor – Pares Se abre un nuevo espacio de construcción de paz en el departamento de Caldas. Desde el día de hoy, y hasta el 8 de octubre, se desarrollará el encuentro “Cumbre Internacional de Paz: El legado de la verdad, un camino que se vive y se construye desde los territorios”. En este espacio se congregarán sectores de la sociedad civil, el Estado y organismos internacionales para tejer un espacio de diálogo en el marco del modelo de gobernanza colectiva para la paz. Este modelo consiste en un ejercicio en el que se articulan, desde una perspectiva territorial, las principales esferas del sector público, del sector privado, organizaciones sociales y la cooperación internacional para avanzar en la consolidación de procesos de paz. De acuerdo a lo comunicado por la Gobernación del departamento, partiendo de una concepción de la paz como un aspecto central y transversal al desarrollo, con este tipo de encuentros se busca avanzar en el camino hacia la consolidación de una paz estable, duradera y construida de forma colectiva con y desde las comunidades. Por esta razón, entre los diversos sectores que participarán en este encuentro se encuentran víctimas del conflicto armado, personas reinsertadas y reincorporadas, personas académicas y expertas, representantes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), de la Unidad para las Víctimas y de la Misión de Verificación de la ONU Colombia. El gobernador del departamento, Luis Carlos Velásquez, señaló que esta cumbre internacional “será un escenario para pensar la transición hacia la paz con una perspectiva de reconciliación”. Y, en ese mismo sentido, sostuvo que la importancia de este espacio de diálogo, convergencia y co-construcción consiste en que se desarrolla sobre la base del reconocimiento del carácter central que tiene la construcción de paz a nivel local y comunitario: “además de que hay un Acuerdo de Paz vigente, sabemos que la paz territorial, esa que se vive en el rural disperso, al interior de las comunidades, en la cotidianidad, es imprescindible para el bienestar y el desarrollo del departamento y del país”. Además de las presentaciones de panelistas y de la apertura de espacios de conversación, entre otras actividades, durante este espacio de socialización de saberes y experiencias tendrá lugar una “Feria por la Vida, la Paz y la no Repetición”, en la que personas de la sociedad civil que han sufrido el flagelo del conflicto armado en el departamento exhibirán distintos productos que han realizado como una forma de resiliencia. Finalmente, esta cumbre internacional se cerrará con la firma de un manifiesto por la paz. Los encuentros programados para estos 3 días tendrán lugar en el hotel Termales El Otoño, de Manizales. Sin embargo, algunos de estos espacios podrán seguirse en vivo a través de la cuenta de Facebook de la Gobernación de Caldas. Aquí puedes consultar la agenda completa de esta cumbre internacional de la paz.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia En mi columna de opinión anterior mostré cómo desde de la firma del Acuerdo Final con las FARC-EP, en noviembre de 2016, se está presentando en Colombia una destrucción acelerada de la naturaleza. Los bosques están siendo talados de una manera acelerada, llevado a que en cinco años se cuenten, por lo menos, 750 mil hectáreas (has.) de selva deforestada en el país. Esta situación puede ser mal interpretada por algunos, al ver la desmovilización armada de las FARC-EP como un hecho desafortunado; incluso, llevándoles a añorar la presencia del actor armado en las selvas colombianas, utilizando como argumento que, con la salida de la exguerrilla, se perdió a un actor clave en la protección del medio ambiente, ya que este se comportaba como una especie de guardabosques y cuidador de la naturaleza. Pero esta forma de pensar pasa por alto lo que fue la conducta de las FARC-EP en las selvas colombianas. Esta guerrilla veía a estos espacios con fines netamente estratégico-militares y económicos. Las tenía como lugares de control territorial, cuya estrategia consistía en usar los bosques como corredores de movilidad y escondites para construir sus campamentos y, en ellos, albergar a personas secuestradas. Desde allí lanzaban ataques a la fuerza pública y aprovechaban para esconderse. El uso de las armas les permitió liberar al territorio de la institucionalidad del Estado y, con ello, usar la selva para transportar armas y drogas, y obligar a la población a cumplir las normas que ellos mismos establecieron, como restricciones de caza, pesca y tala de bosques en determinados lugares. Pero también les posibilitó delimitar áreas para cultivos –legales e ilegales–, decirles a los mineros dónde y cuánto podían hacer explotación de la tierra, y señalar los terrenos para ser acaparados por ellos mismos. De esta forma, se entregó a colonos la explotación indebida de madera, se comercializó fauna silvestre en el mercado negro y se desviaron cauces de aguas para fincas que les pagaban tributos. Todas estas fueron actividades lucrativas que le ayudaron a las FARC-EP a sostener su economía de guerra y la oposición contra el Estado. Advirtiéndoles a todas aquellas personas que incumplieran sus códigos de conducta que se les castigaría por el indebido uso de los permisos. Y así lo hicieron en varias ocasiones, juzgaron a los pobladores en tribunales farianos con penas severas; muchas veces, no porque dañaran la naturaleza, sino porque lo hacían sin su permiso. De allí que cuando las FARC-EP salieron de estos espacios, una de las consecuencias negativas fue la destrucción masiva de la naturaleza. Como lo advertía la literatura sobre las nuevas guerras en el mundo, el abandono de un actor armado de las zonas de influencia, si no se copa por el Estado, trae como consecuencia la presión de otros grupos armados con el objetivo de apropiarse de la fuente de riqueza dejada. Así, el desarme de las FARC-EP debería de haber conllevado la presencia estatal, pero, en su lugar, significó el retiro de un agente regulador que, indirectamente, protegió el medio ambiente en medio del conflicto armado. Ahora la tierra –el suelo y subsuelo– se ha convertido en espacio para de nuevo ejercer la violencia y, a la vez, dar uso desenfrenado a los recursos naturales. Ya no hay control de la guerrilla ni de ninguna autoridad estatal para el uso, extracción y apropiación de estos recursos. Estamos ante un círculo vicioso y destructivo de la naturaleza. Un tiempo donde los diversos actores –tanto ilegales (Grupos Armados Ilegales) como legales (campesinos, colonos, comunidades indígenas)– se ven liberados, como bestias, para destruir los entornos naturales: una población que está motivada por la lógica de conseguir la riqueza natural, aquella que no impone límites a la destrucción de bosques, sino que impulsa el uso indebido del recurso y que, incluso, usa las armas para presionar la destrucción sistemática y masiva. Esta situación podría remediarse, en parte, si se tomara con responsabilidad la implementación del Acuerdo Final. Allí están planteadas varias herramientas que podrían, muy bien, ayudar a que las comunidades participaran en el control al aniquilamiento de la naturaleza. Por ejemplo, algunos de estos instrumentos serían el Plan de Zonificación Ambiental (PZA), los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Dichos instrumentos, bien desarrollados, nos ayudarían a dar un manejo ambiental adecuado. En ellos se establece un programa ambiental especial para las zonas de reserva forestal, para las zonas de alta biodiversidad, para ecosistemas frágiles y estratégicos, y para las fuentes y recursos hídricos como son las cuencas, los páramos y los humedales. De esta forma, sería posible cumplir con el doble papel de proteger la biodiversidad y, a la vez, el derecho de la población a un ambiente sano y que proteja su vida. Sin embargo, desafortunadamente, se avanza a paso de tortuga en la implementación de estas estrategias. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad – Pares Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presentamos el informe “Fiesta contractual en la Alcaldía de Sopó”: una investigación que expone evidencias que demostrarían un presunto entramado de corrupción que ha conducido a sobrecostos, irregularidades e incumplimientos en el proceso de construcción de la nueva sede de la Institución Educativa Pablo VI. Entre otras cosas, el terreno destinado para esta obra pasó de ser avaluado en 615 millones de pesos, en 2015, a tener un valor de 2.100 millones en 2016. Es decir que, en un solo año, el predio pasó a costar 4 veces más. Y este es solo un eslabón en la presunta cadena de irregularidades que hemos encontrado y en la que la principal responsabilidad recaería sobre la Alcaldía de Sopó, mientras estuvo bajo la administración de William Octavio Venegas (2016-2020). Conoce la historia completa en el informe especial que hemos elaborado al respecto.