Por: Laura Cano Periodista – Pares El Consejo de Estado, a través de la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura número 24 del alto tribunal, decretó la pérdida de investidura de Eduardo Enrique Pulgar Daza. Esta decisión implica que el exsenador del Partido de la U no podrá volver a hacer política. Pulgar había sido elegido senador para los períodos 2014-2018 y 2018-2022, y fue justamente en el desarrollo de este tiempo, más exactamente en 2017, cuando habría ejercido su influencia como congresista para intentar sobornar a un juez. Las investigaciones en su contra se desprendieron de una demanda interpuesta por el abogado Camilo Araque Blanco, quien aseguró que Pulgar habría cometido esta irregularidad dentro de su periodo como congresista y en el marco del caso que se desarrollaba por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, que estaba siendo disputado por dos vertientes de la familia Acosta. Por un lado, por el empresario Luis Fernando Acosta Osío, su hermano Juan José Acosta Osío (actual rector de la universidad) y Alberto Acosta Pérez (primo de los anteriores, consejero de la entidad); y, por el otro lado, por Ivonne Acosta Acero y su esposo, Carlos Jaller. Este proceso está relacionado con un millonario pleito por la herencia del excongresista Gabriel Acosta Bendek y su esposa Sofía Acero de Acosta. Esa herencia es la Fundación Acosta Bendek (FAB), que no solo daría el control de la Universidad, sino también el Hospital Universitario Metropolitano de Barranquilla. En este caso, se encontró falsedad ideológica en documento privado a través de unas actas que habrían sido alteradas, motivo por el que Juan José Acosta Osío y Alberto Acosta permanecen en casa por cárcel luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme esa decisión el pasado 1 de julio. Esto ocurrió después de que el exsenador Pulgar fuera condenado a 4 años y 10 meses de cárcel, pena que cumple en La Picota y a la que se le sumó la orden del pago de una multa de 178.74 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y, además, la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 63 meses y 19 días. Lo que llevó a esa decisión contra el exsenador (que significa su ‘muerte política’) fue que se le encontró culpable de ser autor del delito de tráfico de influencias y cohecho para favorecer a un patrocinador suyo: el excónsul honorario de Polonia en Colombia, Luis Fernando Acosta Osío. Esto en el marco de la disputa familiar por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Ahora, de acuerdo con lo planteado por Camilo Araque Blanco en su Acción de pérdida de investidura, con fecha de marzo de 2021: “según audios y denuncias públicas realizadas por Daniel Coronell en su espacio de información masiva, denominado Los Danieles, el señor Pulgar Daza, en el año 2017, en su lugar de residencia, ubicado en Barranquilla, se habría valido de su condición de senador de la República para reunirse, en compañía del entonces alcalde de Usiacurí, Atlántico -quien además es su amigo personal y subalterno político- Ronald Emil Padilla, con el único propósito de intentar -sin éxito- ofrecerle personalmente la suma de $200 millones a quien en ese momento era juez promiscuo municipal de ese mismo municipio, Andrés Fernando Rodríguez, para que fallara un asunto judicial de conocimiento de su despacho, a favor del señor Juan José Acosta Ossio, con lo que se le permitiera seguir manteniendo el control como rector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, la Fundación Acosta Bendek y el Hospital Universitario Metropolitano de Barranquilla, instituciones que facturaron al año $80 mil millones”. Hay que recordar que, previamente a que se conociera la decisión de la pérdida de investidura, en medio de las audiencias de alegatos finales que se llevaron a cabo en septiembre, Pulgar dijo que no tenía plata para contratar un abogado. “Magistrado: yo quiero solicitarle una ampliación del tiempo, no tuve la posibilidad de buscar un abogado para que me representara (…) no tuve la posibilidad económica”, dijo el excongresista cuando se le acabó el tiempo para exponer su defensa. Además, para ese momento, aseguró que: “Soy una persona hipertensa, y manejé toda mi presión desde que me detuvieron, en 180–110. Me enviaron medicamentos para tratar de controlar la presión arterial”. Adicionalmente, durante su defensa, Pulgar dijo que el ofrecimiento de los 200 millones de pesos a un juez de la República en Barranquilla no se hizo en calidad de senador. Más puntualmente aseguró que: “Tampoco se puede inferir la existencia de un influjo psíquico o psicológico sobre el servidor judicial alegando mi condición de congresista, porque el ofrecimiento no estuvo supeditado a mi condición o posible superioridad o poder, por el contrato, el móvil de los hechos fue una contraprestación de carácter económico la cual fue rechazada por el juez”. Sobre esto, Camillo Araque había expuesto que «Este tipo de comportamientos, totalmente indecorosos y extraños a los principios, valores y postulados constitucionales quebrantados de manera deliberada y dolosa por parte del excongresista Eduardo Pulgar, quien con su actuar pluriofensivo menospreció de manera comprobada la probidad y rectitud de la administración de justicia y el sistema democrático representativo». Es necesario mencionar que, en marzo de 2021, Eduardo Pulgar asistió a una audiencia para aceptar cargos y acogerse a una sentencia anticipada ante el magistrado Marco Antonio Rueda, aceptando los delitos de tráfico de influencias y cohecho. En el marco de la solicitud de la pérdida de investidura que finalmente fue dada, el procurador Segundo Delegado aseguró que “con las pruebas aportadas al expediente, se logró demostrar la culpabilidad del exsenador Eduardo Pulgar Daza, por cuanto resulta evidente la intención y el querer que tuvo el excongresista para afectar la voluntad del servidor público que tenía a cargo una actuación judicial que beneficiaría directamente a terceros involucrados en la contienda para obtener el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, e indirectamente a él, para obtener los votos que necesitaba en las elecciones de 2018”. Y en vista de esto, el representante del Ministerio Público señaló que Pulgar “incurrió en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política, esto es, tráfico de influencias debidamente comprobado”. Por último, es necesario traer a colación lo que puntualmente aseveró el Consejo de Estado respecto a este caso: “Procede la Sala Especial de decisión de pérdida de investidura 24, del Consejo de Estado, a dictar la sentencia de primera instancia que en derecho corresponda dentro del proceso de pérdida de investidura promovido por el ciudadano Camilo Araque Blanco, contra el señor Eduardo Enrique Pulgar Daza, como exsenador de la República, elegido para los periodos constitucionales 2014-2018 y 2018-2022. (…) El documento asociado está pendiente de firma y solo se visualizará cuando todas las firmas estén realizadas”. Así las cosas, el fallo estará listo en los próximos días. “Para el caso de Eduardo Pulgar, hay que ver el proceso en 2 vías (hasta ahora): la primera de carácter judicial, por su condena a 4 años y 10 meses por parte de la Corte Suprema de Justicia; y la segunda, por la pérdida de investidura por parte del Consejo de Estado. La condena a prisión se agota luego de cumplir el tiempo de reclusión, pero la pérdida de investidura es la muerte política, debido a que Pulgar no podrá volver a ejercer cargos de elección popular”, concluyó Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares).

Por: Daniel Julián Parra Integrante de equipo de investigación de Frontera – Pares Como es sabido, desde el año 2015, la frontera entre Colombia y Venezuela se cerró debido a las discrepancias diplomáticas que sostenían los mandatarios de ambos países. Con esto, la crisis migratoria se agudizó, al punto de alcanzar la cifra de 1’729.537 personas venezolanas radicadas en Colombia, según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte a 31 de diciembre de 2020. El 2 de junio del presente año, el Gobierno colombiano ordenó la reactivación unilateral de los pasos fluviales y terrestres con Venezuela. Sin embargo, el Gobierno de Nicolás Maduro rechazó esta iniciativa con un comunicado en el que calificaba esta decisión como “intempestiva”. De hecho, su actual ministro del Poder Popular de Industrias y Poder Nacional, Jorge Arreaza, señaló que la decisión de Colombia estaba enfocada en “distraer a la opinión pública de los problemas internos de la hermana nación”. Hoy, a dos días del retiro de los contenedores que bloqueaban el puente Internacional Simón Bolívar, desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) recopilamos algunas de las reacciones más relevantes que ha dejado este hecho: Reacciones a nivel local Fredy Bernal, candidato a la Gobernación del Táchira y líder del oficialismo, aseguró que esta decisión se debía al trabajo arduo que él viene implementando “en las sombras”. Además, señaló que, “por instrucciones del presidente Nicolás Maduro”, tiene el honor de “estar protegiendo la remoción de los contenedores para proceder a la apertura comercial, gradual y segura de la frontera con Colombia”. La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, por su parte, rechazó la manera en que Bernal trató de sacar rédito político del hecho. De acuerdo a la versión de Gómez: “Tratando de hacer un cálculo político electoral, en aras al 21 de noviembre, se encaramó en los contenedores que él mismo colocó en el mes de febrero del año 2019. (…) Señor Fredy, permítame recordarle, en esos contenedores en los que usted ayer se encaramó, tomándose las fotos y haciendo show político… esos contenedores están llenos de sangre, de lágrimas, de pérdidas humanas”. Además, exhortó a Bernal, a desmentir “las denuncias que he venido haciendo en todo este tiempo, sobre los negocios ilícitos en las trochas de San Antonio del Táchira”. Por otro lado, la Gobernación de Norte de Santander y el alcalde de Cúcuta vieron con “buen ojo” el proceso de remoción de los contenedores. De acuerdo a lo comunicado por la Gobernación del departamento, “avanzar hacia una mayor legalidad y protección de las personas es un propósito de nuestra región y por ello es tan importante la apertura de los pasos fronterizos. (…) con ello, se espera dar pasos importantes hacia contar con una frontera ordenada y segura que permita una adecuada reactivación económica, una lucha contra la ilegalidad y la protección de los ciudadanos que transitan de lado y lado de la frontera “. Así mismo, el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, manifestó que desde su administración se espera “que con estas decisiones podamos empezar ya, en forma conjunta, un plan de reestructuración y un plan de reacomodamiento de flujo migratorio para que todas las personas que pasan nuestra frontera encuentren la comodidad y, obviamente, el ánimo para venir a solucionar tantos problemas en el lado colombiano”. ¿Qué dicen los Gobiernos? Para Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, “El tránsito de mercancías por los puentes fronterizos con Venezuela no se dará de manera improvisada, de un momento a otro, ya que requiere coordinaciones y de verificaciones de seguridad”. En ese mismo sentido, mencionó que iniciarán verificaciones “que permitan un paso tranquilo en términos de seguridad, de bioseguridad, pero también garantizando los derechos de todas las comunidades en la zona de frontera, como también de los diferentes migrantes y, por supuesto, transportadores”. A su vez, el Presidente Iván Duque se refirió someramente a la oposición política que enfrenta Maduro: “Y quiero, una vez más, reiterarle mi gratitud a esa resistencia democrática, a ese gobierno interino, por buscar también la presión para permitir esa reapertura que beneficia a nuestros pueblos”. Además, sostuvo que “no nos vamos a prestar para ser idiotas útiles de las pretensiones electoreras que puede tener la dictadura de cara a las elecciones locales” (El Espectador, 2021) Otra figura política que se hizo notar por sus reacciones fue Juan Guaidó, quien aseguró en su cuenta de Twitter que ha “conversado con el Presidente Duque sobre la necesidad de la apertura controlada de la frontera y del restablecimiento de los servicios consulares de Colombia en Venezuela, basados en la convención de Viena”. Estas aseveraciones causaron una “jocosa” reacción en miembros del alto gobierno venezolano como Delcy Rodríguez, vicepresidenta Ejecutiva, quien citó el tweet de Guaidó acompañado de una enorme carcajada y de emoticones que se pueden interpretar como una burla hacia el líder de la oposición. Cabe recordar que, inicialmente, por parte del oficialismo, fue Rodríguez la que hizo el anuncio oficial de la reapertura comercial de la frontera. La expectativa y el optimismo crece en lo que se refiere a la posibilidad de una cooperación internacional que conduzca a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones migrantes y que habitan la región fronteriza. Esto a pesar de que, como menciona el analista político y director de Pares, León Valencia, haber mantenido cerrada la frontera durante tanto tiempo es “una irracionalidad solo explicable por la ceguera ideológica de los Gobiernos”. ¿Cambiará el rumbo de las relaciones entre ambos países? Eso aún está por verse.

Por: Nataly Triana Guerrero Asistente de investigación – Línea de Democracia y Gobernabilidad El anuncio de Venezuela de la apertura de la frontera con Colombia, a través del Puente Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, es un logro diplomático de ambos países, tras la inestabilidad de las relaciones desde el 2015. Así mismo, es una primera condición para mejorar la situación humanitaria de los migrantes con una vocación de flujo permanente y pendular en el territorio. Sin embargo, no es una condición inmediata que permita mejorar la economía en Norte de Santander y Táchira, teniendo en cuenta factores como los pocos incentivos para comerciar legalmente, el control de los colectivos venezolanos sobre las economías ilícitas y el sistema paralelo de recaudo en Venezuela. Las investigaciones adelantadas por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), con el apoyo de NED, han permitido evidenciar que, tras la ausencia y el deterioro de las relaciones políticas, económicas y diplomáticas entre ambos Estados, los colectivos venezolanos y los ‘trocheros’ crearon un imperio económico a través del mercado ilegal, el cual puede mantenerse incluso ante la apertura de la frontera por varios motivos. El primero es que no toda la mercancía que transita por los cruces ilegales es susceptible de tributación, esta puede variar considerablemente a los montos establecidos legalmente. Así mismo, los pagos por su tránsito son directamente negociados con el jefe del colectivo que allí tenga presencia. En este sentido, para los comerciantes es aún más rentable comercializar por las trochas que por los pasos fronterizos autorizados, puesto que muchos de ellos no tienen la solidez financiera que requiere la apertura comercial. En segundo lugar, es de conocimiento de Pares que la misma Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se ha visto directamente beneficiada del tráfico de personas y del cruce irregular de las mercancías. De acuerdo con fuentes territoriales, este cuerpo, tras las pésimas condiciones de vida en Venezuela, habría optado por cobrar una parte de las ganancias que obtienen los colectivos a cambio de permitirles la presencia y continuidad de su accionar en el área fronteriza. De está manera, la apertura se da en un escenario de desconfianza y enriquecimiento ilícito por parte de este cuerpo militar, en la que se ha advertido que “Maduro manda en Caracas y la GNB aquí”. Ahora bien, estas mismas fuentes señalaron que el Gobierno venezolano habría “formalizado” un sistema de recaudo paralelo desde San Antonio y Pedro María Ureña, municipios de Táchira. Aparentemente, el Gobierno de Nicolás Maduro, a través de sus protectorados, había cobrado aduanas por medio del SENIAT y presuntamente, además, habría dispuesto camiones con sus respectivos permisos en áreas de cruces irregulares para recibir y comercializar el contrabando en todo el país. De está manera, la apertura comercial de la frontera se da en el marco de una dinámica en la que el contrabando no se entiende como una práctica ilegal, la cual aparentemente el Gobierno de Nicolás Maduro habría estado legalizando irregularmente. En este contexto, aun así, es un método que puede ser incluso aún más rentable para los pequeños y medianos comerciantes, quienes son los que se han visto más afectados tras la crisis económica y sanitaria en ambos países.

Por: Laura Cano Periodista – Pares La violencia y las victimizaciones sistemáticas en zonas del país donde la guerra se agudiza cada vez más no dan tregua. El pasado 2 de octubre, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) hizo pública una denuncia en la que se exponía que en el foco de los grupos armados ilegales estarían varias lideresas indígenas y la gobernadora del resguardo Nunalbí Alto Ulbí, del municipio de Barbacoas, Nariño, quienes habrían recibido amenazas telefónicas para desalojar a sus comunidades. Más exactamente, y como lo comunicó la Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá – UNIPA, las amenazas las recibieron Aura Melba López García, quien se desempeña como Consejera de Economía y Producción de la organización UNIPA; Yurani López Moreano, Gobernadora del Resguardo Indígena Awá Nunalbí Alto Ulbí; y una de las mujeres integrantes de la Asociación Productiva Granja el Maíz. Además, junto a estas lideresas también fueron amenazadas las familias de la comunidad Alto Guelmambí del resguardo en mención. La amenaza se habría dado por medio de una llamada telefónica, en la que se les exigió el desalojo de sus comunidades y el cese de sus actividades de liderazgo, advirtiéndoles que, de no cumplir con lo ordenado, toda la comunidad del Alto Guelmambí sería declarada objetivo militar. Adicionalmente, tal como se aseveró desde UNIPA, se ha evidenciado que “estas amenazas recurrentes se han materializado en hechos como masacres y desplazamientos masivos”. Tras lo sucedido, la comunidad se declaró en asamblea permanente y, además, hizo un llamado al Gobierno nacional, a la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Barbacoas “para que cumplan con sus funciones constitucionales, garantizando el derecho a la vida, atendiendo los problemas estructurales, reduciendo la inequidad y brechas en los territorios más afectados por el conflicto armado a través de acciones concretas, así como la activación de las rutas necesarias de acompañamiento a la población para evitar una masacre y un desplazamiento en este territorio”, según se lee en el comunicado de la UNIPA. De acuerdo al Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES), en lo que va del año, se han registrado 20 asesinatos de personas líderes indígenas, siendo Chocó y Nariño los departamentos con más hechos reportados, con cinco en cada uno. Además, según un reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Nariño (más exactamente los municipios de Roberto Payán y Magüí) ha sido una de las zonas con niveles de desplazamiento más críticos (Te podría interesar: «Al día, 235 personas son víctimas de desplazamiento forzado en Colombia»). La situación en Barbacoas Hace tan solo algunos días, el pasado 30 de septiembre, la UNIPA denunció que en el Resguardo Indígena Awá El Gran Sábalo (situado entre los municipios de Tumaco y Barbacoas), Jhon Alberto Pascal, coordinador de la Guardía Indígena, cayó en una mina antipersonal que le causó la muerte. Ese mismo día, en cercanías al municipio, más exactamente en la comunidad El Mero, perteneciente a Tumaco, un grupo de hombres fuertemente armados ingresó a la vivienda de una familia y retuvo a sus integrantes, entre los que se encontraba un menor de edad. Además, cerca a esta zona, Marta Lucía Ortíz, lideresa y directora del Centro Educativo Indígena Awá El Verde, también fue amenazada de muerte, impidiéndole continuar con sus labores pedagógicas en el establecimiento educativo en donde se les busca garantizar su derecho a la educación a cerca de 430 niños y niñas. “Estos hechos profundizan los impactos psicológicos negativos a nivel individual y colectivo. Por otra parte, desarmoniza el territorio impidiendo las prácticas ancestrales fundamentadas en la cosmovisión Awá, lo que pone en riesgo la autonomía, soberanía alimentaria y desarrollo de la libre personalidad y la libre movilidad por el territorio. Vemos con profunda preocupación cómo se vienen las violencias en nuestro pueblo Awá, por cuenta de la presencia de los grupos armados. (…) A los actores del conflicto armado les exigimos respeto por nuestro territorio y nuestra vida. Insistimos que dejen de involucrarnos en su guerra”, se aseveró desde la UNIPA. Por otra parte, hay que señalar que desde la Defensoría del Pueblo se han emitido las alertas 018-20, 035-19 y 045 -19, en las que se llama la atención sobre la situación de riesgo que se vive en algunas zonas del país, entre ellas Barbacoas. Por ejemplo, en la 045 del 2019 se puntualiza que “la población indígena Awá del departamento de Nariño, es una de las etnias más afectadas por hechos derivados del conflicto armado, en sus territorios, caracterizados por la presencia de minería ilegal, cultivos de uso ilícito, narcotráfico, despojo y abandono de tierras, atentados al oleoducto transandino, falta de infraestructura vial, se evidencian las condiciones de vulnerabilidad social y el riesgo de las comunidades indígenas en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, quienes están propensos a la vulneración de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por el accionar de grupos armados en sus territorios”. La entidad menciona que en los municipios de Barbacoas, Ricaurte y San Andrés de Tumaco, como consecuencia de la salida del otrora guerrilla FARC-EP, se ha reconfigurado el escenario de guerra en donde se han fortalecido unas estructuras armadas ilegales y otras han llegado a la zona. En este sentido, en la Alerta Temprana 045-19, se indica que hay presencia de las Guerrillas Unidas del Pacífico, el Frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las FARC, el ELN, grupos armados post desmovilizados de las AUC y la estructura armada ilegal conocida como ‘Los Contadores’. Desde la Defensoría se ha identificado que este escenario de actores armados ha motivado la ocurrencia de los siguientes tipos de victimizaciones: La vinculación de jóvenes indígenas a la economía del narcotráfico, desde el cultivo, transporte de insumos y procesamiento de la hoja de coca, ante la falta de oportunidades. La utilización y reclutamiento forzado de menores de edad por los grupos armados ilegales para el desarrollo de actividades ilícitas. Enfrentamientos armados con interposición de la población civil que ocasionan desplazamientos forzados, restricción a la movilidad y confinamiento de los miembros de estas comunidades. Amenazas a líderes y autoridades indígenas a través de panfletos, llamadas, mensajes de textos de diferentes grupos armados ilegales para generar temor y zozobra en las comunidades. Amenazas y homicidios del pueblo indígena, militantes del nuevo partido político de las FARC, y a los miembros de su familia por parte de actores armados ilegales. La instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos representa un alto riesgo de accidentes y restricción a la movilidad de los habitantes, que no pueden realizar sus actividades agrícolas en el territorio por la presencia de los cultivos de uso ilícito y la incursión de los miembros de la fuerza pública al territorio. Homicidios a autoridades indígenas del pueblo Awá por oponerse a la presencia de actores armados ilegales en sus territorios y a la ejecución de actividades ilícitas. Presión e intimidación de las estructuras y organizaciones comunitarias para la utilización de miembros indígenas en “gestiones” de interés de los grupos armados, rechazo, protesta o adelantar movilizaciones ante la incursión militar a sus territorios o en el desarrollo de operaciones militares, so pena de retaliaciones. Las acciones recientes dan cuenta que cada una de las alertas hechas por las instituciones, por las comunidades y por las organizaciones sociales siguen siendo necesarias para visibilizar el contexto de violencia que se vive en la región de la costa pacífica nariñense.

Por: Laura Alejandra Fajardo Asistente de Investigación – Línea Democracia y Gobernabilidad Tras ser una de las figuras más importantes y jóvenes del Partido de la Unidad Nacional (La U), Óscar Mauricio Lizcano Arango decidió en 2021 apartarse de la colectividad en la que construyó su capital político y crear un movimiento ciudadano bajo su liderazgo: ‘Gente en movimiento’. A través de esta colectividad espera llevar una lista propia al Congreso de la República. Es el momento para recordar algunos datos sobre Lizcano, su familia y su clan político en Caldas. ¿Qué se espera con la recolección de firmas?, ¿será esta otra oportunidad para que el ‘Clan Lizcano’ ponga a funcionar sus maquinarias electorales en las instituciones caldenses? El ‘Clan Lizcano’ Las investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), durante la última década, plantean que Óscar Mauricio Lizcano Arango amasó su capital político desde muy joven, pues el lobby hecho para la liberación de su papá, Óscar Tulio Lizcano, secuestrado por las FARC-EP, le permitió a Mauricio darse a conocer, a muy temprana edad, en las altas esferas políticas del país. Lizcano escaló en la política desde diversos puestos burocráticos, como la Secretaría de Transporte de Manizales, a espacios más importantes, como ser el asesor del entonces ministro del interior de Álvaro Uribe Vélez, Luis Fernando Hoyos. Esta posición le permitió conocer a Uribe siendo presidente. El apoyo del primer mandatario fue fundamental para la sorpresiva elección de Lizcano en la Cámara de Representantes, por el departamento de Caldas, en su primera aspiración en 2006, contando con una considerable votación (21.850 votos) sin antes haber sido candidato a cargos de elección popular. El capital político de Lizcano se forjó gracias a la estrecha relación con el Uribe Vélez, hasta el punto en que el expresidente es su padrino de matrimonio. Sin embargo, la relación se fracturó luego de que Lizcano decidió apoyar la candidatura de Santos y el Acuerdo de Paz en 2014, dándole la espalda al uribismo. Este distanciamiento se reflejó en el Partido de la U en Caldas, del que importantes figuras como Óscar Iván Zuluaga migraron hacia el Centro Democrático. De esta manera, Lizcano se hizo a las banderas del Partido de la U en el departamento y en el Congreso, al ser elegido el presidente más joven del Senado, situación que también lo enfrentó con el sector del partido que apoyaba a Armando Benedetti, quien también aspiraba a esa presidencia. Sin embargo, el prontuario detrás de Lizcano y sus mecanismos políticos contemplan presuntos nexos con paramilitares, con delitos electorales y con el escándalo del ‘cartel de la toga’. Presuntos Nexos con paramilitarismo En 2009, la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación a Lizcano, quien en ese momento era representante a la Cámara, por presuntos vínculos con paramilitares, pues se planteó que habría recibido dineros del cartel del Norte del Valle para financiar su campaña. Además, se le señaló por tener vínculos con alias ‘El Socio’. A esto se suma la sospechosa relación de su fórmula para el momento, Adriana Gutiérrez, investigada también por presuntos nexos con paramilitares. Hasta el momento, se desconoce el resultado de estas investigaciones. Delitos electorales Tras haber sido elegido senador en 2014, se hicieron públicos unos audios en donde se escucha a su director de campaña, Jorge García Taborda, exigiendo el cumplimiento de unas cuotas de votos a funcionarios del ICBF en Caldas. Por este hecho, García Taborda fue condenando a 32 meses de prisión al imputársele el delito de constreñimiento al elector. A pesar de la sentencia, la situación no salpicó legal ni políticamente al senador Lizcano. Otras acusaciones La familia Lizcano también enfrentó un proceso judicial por la adquisición de unos terrenos en Quinchía, Risaralda, luego de que los herederos del predio lo solicitaran tras la sospechosa desaparición de sus dueños en 1996. Fue hasta el 2020 que la Corte Suprema de Justicia declaró que la familia Lizcano había actuado de buena fe al adquirir los predios, dando por terminado el proceso judicial. El expresidente más joven del Senado también se vio implicado en el caso del ‘cartel de la toga’, al ser mencionado por Gustavo Moreno en 2018. Sin embargo, al no presentarse nuevamente a elecciones parlamentarias para ese año, su caso pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía, que en 2021 decidió declararlo inocente por falta de pruebas en su contra que demostraran su participación en el caso de corrupción judicial. El poder de Lizcano en el Caldas: fortín político y maquinaria electoral Según fuentes territoriales de Pares, tanto la Alcaldía de Manizales como la Gobernación de Caldas son fortines políticos y electorales de Mauricio Lizcano: no es un secreto la estrecha relación que sostienen el exsenador caldense y el exgobernador del departamento de Caldas, Guido Echeverry, quien apoyó abiertamente al joven del Partido Verde, Luis Carlos Velásquez, actual gobernador de Caldas. Estas relaciones plantean la hipótesis de que Lizcano y Echeverry son quienes están detrás de la Gobernación y los mecanismos de contratación propios del departamento. Por otra parte, el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa, llegó a la dirección de la ciudad también por el Partido Verde. Sin embargo, Marín también es cercano a Lizcano, de hecho, perteneció a las juventudes lizcanistas en Caldas, lo que fortalece las sospechas de que el exsenador tiene carta abierta en el aparataje institucional de la ciudad. ‘Gente en movimiento’. La permanencia y el reencauche de las tradiciones políticas La salida de Lizcano del Partido de la U se materializó en abril del 2021, a través de un comunicado dirigido a la cabeza del partido, Dilian Francisca Toro, alegando que el proyecto político inicial de la colectividad “hoy ya no existe”. En junio, el político caldense inscribió su movimiento en la Registraduría Nacional con los cinco nombres de sus candidatos para las listas de Cámara de Representantes: el exarquero del Once Caldas Juan Carlos Henao, Juanita Espeleta, Claudia Patricia Echeverri, Wilder Escobar y Tulia Elena Hernández. Aunque se presumió que Guido Echeverry sería su candidato al Senado, éste ha decidido lanzarse por la Coalición de la Esperanza; mientras que Lizcano y su lista han manifestado su apoyo al exgobernador en su candidatura, sin dejar claro entonces si ‘Gente en Movimiento’ tendrá su propio candidato al Senado o no. El reto de ‘Gente en Movimiento’ es lograr recoger las firmas suficientes para consolidarse como movimiento ciudadano y alcanzar lo necesario para sus candidaturas. Denuncias de constreñimiento al elector Según fuentes territoriales de Pares, Lizcano y su movimiento político se han visto involucrados, nuevamente, en denuncias electorales por presuntamente obligar a los funcionarios del Hospital Santa Sofía a firmar y conseguir firmas para el movimiento, so pena de afectar sus empleos. La situación resulta más sospechosa si se tiene en cuenta que Carlos Alberto Piedrahita Gutiérrez[1], actual director del hospital, fue secretario de gobierno de Echeverry, muy cercano a Lizcano. No sería la primera vez que el exsenador y sus campañas políticas resultan involucradas en estos escándalos. Conclusiones parciales De la situación del ‘Clan Lizcano’ en Caldas es preciso anotar dos preguntas importantes: ¿qué pasará con los procesos de recolección de firmas? y, en medio de la pandemia que no acaba, ¿qué tan sencillo será este proceso? Esto teniendo en cuenta que la recolección de firmas implica permanencia en la calle, cercanía para llenar los datos requeridos en los formularios, entre otras cosas. Algunos candidatos ya han expresado su preocupación al respecto. Las cifras de recolección de firmas serían muy inferiores a las de procesos electorales anteriores. En este sentido, habrá que revisar con lupa aquellas candidaturas por firmas que logren altos umbrales de participación, pues en casos como el de Lizcano, éstas podrían ser resultado de prácticas electorales irregulares. Finalmente, Pares plantea una advertencia sobre la situación del Partido Verde en Caldas debido a los cuestionamientos planteados a través de este seguimiento que se está realizando, así como a los vasos comunicantes del ‘Clan Lizcano’, la Alcaldía de Manizales y la Gobernación. Esto, especialmente, teniendo en cuenta que el Partido Verde se ha planteado como una opción alternativa en el país. Referencias: [1] Sobre Carlos Alberto Piedrahita también reposan sospechas frente a su formación académica y profesional. Según las fuentes territoriales de Pares, un ejemplo puntual de los cuestionamientos es el aparente doctorado de “Atlantic International University”, entidad educativa con sede en Hawái que no cuenta con el reconocimiento del Departamento de Educación de Estados Unidos y que ya ha estado en la mira del Ministerio de Educación por las dificultades al momento de su convalidación como título universitario de calidad. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-353691_archivo_pdf.pdf ; https://www.eltiempo.com/vida/educacion/el-reto-presupuestal-en-la-financiacion-de-las-universidades-publicas-139094

Por: Juan Sebastián Peña Editor – Pares Según lo anunciado por el Gobierno venezolano, después de más de dos años del recrudecimiento de la crisis diplomática entre los Estados de ambos países y, además, de la posterior crisis por la pandemia de covid-19, la frontera entre Colombia y Venezuela volverá abrirse el día de hoy para temas comerciales. De acuerdo a lo informado por el Diario La Opinión, desde la tarde del pasado domingo empezaron a ser removidas las vallas de contención y los contenedores que bloqueaban el paso por el principal cruce fronterizo entre ambos países: el puente internacional Simón Bolívar-Francisco de Paula Santander, que conecta al estado de Táchira (del lado venezolano) con Villa del Rosario (del lado colombiano). Y finalmente, el día de ayer, 4 de octubre, la vicepresidenta del vecino país, Delcy Rodríguez, hizo el anuncio oficial: “A partir del día de mañana estaremos dando apertura comercial entre nuestros países”. Es necesario señalar que, desde febrero del 2019, el Gobierno de Nicolás Maduro ordenó bloquear los pasos regulares binacionales. Esto ocurrió en el marco del anuncio realizado por Juan Guaidó (quien se había autoproclamado presidente interino de Venezuela en enero del mismo año) respecto al ingreso de ayudas humanitarias, como alimentos e insumos médicos, a través de la frontera colombo-venezolana. Como resultado de esto, el 23 de febrero de ese año, el presidente Maduro ordenó el rompimiento de las relaciones diplomáticas con el Gobierno colombiano. En su momento, el primer mandatario venezolano señaló: “La paciencia se agotó, no puedo seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el Gobierno fascista de Colombia». La respuesta del Gobierno colombiano (que para entonces ya no reconocía a Maduro como presidente legítimo de aquel país, sino que, por el contrario, reconocía a Guaidó), consistió en señalar, en cabeza de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que era imposible tal rompimiento de relaciones diplomáticas, pues precisamente el Gobierno Duque ya no reconocía la autoridad del Gobierno Maduro y, por lo tanto, no existía ningún tipo de relacionamiento diplomático con él. Las vallas y los contenedores que desde entonces bloqueaban el tránsito entre ambos países, del lado venezolano de la frontera, finalmente han sido removidos. En entrevista con El Tiempo, Karim Vera, exdiputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, señaló que aún hay incertidumbre respecto a si con esta reapertura se permitirá el flujo de transportes de carga pesada o si simplemente se habilitará el paso peatonal. Asimismo, mencionó que, actualmente, solo en situaciones extremas se permite el paso irregular, a través de trochas, a cambio del pago de 50 mil pesos a quienes controlan estas zonas de tránsito. Por su parte, el presidente Iván Duque señaló que estaba de acuerdo con la reapertura: “Colombia está dispuesta, también, a empezar un proceso ordenado para que podamos garantizar ese paso fronterizo; pero voy a ser muy claro, esto no va a ser con chambonadas, y eso no va a ser de manera súbita. Que empiece lo más pronto posible, pero que empiece garantizando ante todo la seguridad y la bioseguridad del pueblo colombiano”. En todo este contexto, resulta necesario mencionar que, con la llegada de la pandemia por covid-19, una de las primeras medidas tomadas por el Gobierno Duque fue cerrar las fronteras. Desde el 14 de marzo del 2020, el presidente Duque ordenó el cierre de los siete pasos fronterizos oficiales entre los dos países. De acuerdo a la organización International Crisis Group, antes de este cierre de frontera, “más de 50.000 venezolanos en promedio utilizaban los cruces oficiales diariamente; la mayoría de ellos pasaban a Colombia para asistir a la escuela, ir a centros de salud o comprar alimentos o medicinas, y regresaban en la tarde antes de que la frontera cerrara durante la noche”. De acuerdo a lo señalado por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en múltiples oportunidades, esta situación de excepcionalidad que se vive por la pandemia, el cierre de fronteras y el rompimiento de las relaciones entre los Estados de Colombia y Venezuela, ha dado paso al crecimiento de la migración irregular, “puesto que, como alternativa al cierre de los puestos de control migratorio, las personas migrantes optan por cruzar la frontera a través de pasos irregulares conocidos como trochas, en donde han expuesto su integridad con tal de pasar al otro lado de la frontera”. Y esta situación ha sido el caldo de cultivo para que la población migrante quede expuesta a situaciones humanitarias y de seguridad que vulneran seriamente sus derechos. El panorama que se configura en la frontera colombo-venezolana, bajo estas condiciones, según las pesquisas realizadas por Pares, se convierte en un campo abierto de oportunidades para que estructuras armadas ilegales, que operan en la zona, persuadan a personas migrantes para que participen de economías ilícitas o para que ingresen a sus filas. (Puede interesarte este informe de Pares: Situación de seguridad y migración en la frontera Colombia Venezuela). Y estas no son las únicas realidades a las que esta población queda expuesta: muchas de estas personas son sometidas a delitos como extorsiones, tráfico y trata de personas (Te podría interesar: “La trata de personas en la frontera colombo-venezolana”). Esto sin mencionar las precarias condiciones de salud pública, que no solo están vinculadas a la capacidad hospitalaria para atender casos de covid-19, sino que “se refieren también a la disponibilidad y calidad del agua potable (falta de plantas de tratamiento y distribución), situaciones de desnutrición, reemergencia de enfermedades y barreras de acceso al sistema de salud, entre otros; todos factores que aumentan los riesgos asociados al contagio por covid-19 en la población migrante”, según lo señalado anteriormente por Pares. Frente a este escenario, la pregunta que queda abierta, entonces, es: ¿esta “reapertura comercial” de la frontera representa un paso hacia una cooperación entre los dos países que conduzca a la protección integral y efectiva de la población migrante? De acuerdo al análisis realizado por Nataly Triana, asistente de investigación de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, la decisión de reabrir la frontera significaría “un primer paso para mejorar las condiciones de la población migrante, sin embargo, esto está condicionado al proceso de negociaciones de Venezuela en México, y al vencimiento de la vigencia del Gobierno interino” (Te podría interesar: “Caso Monómeros: ¿Diálogos en México y reapertura de la frontera en riesgo?”). Respecto a las posiciones recientes que ha tomado el Gobierno Madura y que han conducido a medidas como esta de reapertura, Triana señala estas acciones hacen parte de un interés del oficialismo por “vender una imagen favorable de los derechos humanos, como queda reflejado en decisiones como la apertura de la frontera o en el anuncio de la Fiscalía de investigar a la jueza que absolvió a un militar que asesinó a un protestante en el 2017”. Con todo, es necesario resaltar que “la protección integral de los derechos de la población migrante implica, sobre todo, un esfuerzo por despolitizar las relaciones entre Colombia y Venezuela, y, en especial, por crear las condiciones para el tránsito seguro. Desde Pares, por ejemplo, hemos evidenciado que incluso desde los pasos fronterizos regulares se violenta a las mujeres con prácticas de desnudez forzada y violencia sexual”. De modo que será necesario el compromiso y la voluntad política de ambos Estados para que, de forma conjunta, se puedan desarrollar soluciones estructurales que hagan posible la defensa de los derechos humanos de la población migrante y un control territorial efectivo para contrarrestar la criminalidad. Teniendo en cuenta la condición de vulnerabilidad a la que están expuestas las personas que transitan por la región fronteriza, se hace indispensable que, como ha sostenido Pares, los Gobiernos “le apuesten a la cooperación internacional en términos humanitarios y de seguridad para posibilitar su funcionamiento [el de la frontera] como un punto de contacto entre pueblos donde se respeten y tutelen los derechos humanos, la seguridad plena y la salida asertiva de la crisis”.

Por: Laura Cano Periodista – Pares La Comisión de la Verdad sigue dando pasos significativos en temas que reiteran la importancia de esta entidad para la reparación de las millones de víctimas que dejó el conflicto armado en Colombia. El día de hoy, a través de dos espacios que se dieron en paralelo, la Comisión de la Verdad realizó encuentros con familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y con indígenas del pueblo Korebaju, comunidad víctima, también, de un amplio repertorio de violencia en el marco de la confrontación armada en el país. Exmiembros de las FARC-EP reconocen afectación al pueblo Korebaju Después de 24 años de la masacre cometida contra el pueblo indígena Korebaju, en la comunidad de San Luis, en Caquetá, donde fueron asesinadas siete personas (entre las que, de acuerdo a la Comisión de la Verdad, se encontraban dos profesores, dos coordinadores comunitarios, el cacique de la comunidad, un excacique y un estudiante), exmiembros de las FARC-EP reconocieron hoy su responsabilidad por este hecho victimizante. Respecto al contexto en el que ocurrió esta masacre, desde la Comisión de la Verdad se ha recapitulado que “Cuando el M-19 se reincorporó a la institucionalidad y se retiró de la región, hacia mediados de los años ochenta, las FARC empezaron a controlar el territorio, en disputa permanente con las Fuerzas Armadas. El pueblo Korebaju fue objeto, entonces, de múltiples violaciones a sus derechos individuales y colectivos. Las autoridades ancestrales fueron desconocidas; jóvenes, niños y niñas fueron objeto de reclutamiento forzado; el territorio fue ocupado por los actores armados, y en un vórtice de violencia, el 20 de julio de 1997 las FARC asesinaron a los hermanos Valencia, como se describe en ‘Coreguaje: voces del despojo’”. Asimismo, en relación a la masacre por la que exintegrantes de las FARC-EP asumieron su responsabilidad el día de hoy, la Comisión refirió los hechos mencionando: “El 25 del mismo mes, otros siete líderes indígenas fueron masacrados por el mismo grupo armado. Las víctimas de esta última masacre fueron Dionisio Figueroa, cacique de la comunidad; Silvio Piranga, excacique; Raimundo Figueroa y Leonardo Bolaños, coordinadores comunitarios; los profesores Edgar Camacho Bolaños y Abraham Figueroa, y el estudiante universitario Carlos Arturo Valencia”. En el encuentro entre firmantes de la paz y víctimas de los años de guerra de las FARC, que estuvo mediado por la Comisión de la Verdad, además de lo ocurrido en la comunidad de San Luis, también se reconocieron otros hechos que afectaron al pueblo indígena Korebaju. En el espacio participaron, por un lado, como delegados de esta comunidad, entre otras personas, Silverio Ibáñez (del clan Pachabaju Tama) y Eduardo Bolaños (del clan Jñataki Pai); y, por el otro, exintegrantes de las FARC-EP como Omaira Rojas y José Benito Cabrera, desmovilizados tras la firma del Acuerdo de Paz, quienes voluntariamente expresaron su intención de visibilizar su responsabilidad en las victimizaciones en contra de la población Korebaju. Hay que resaltar que, previo al encuentro, ya se habían realizado reuniones entre víctimas y victimarios. “Todos los homicidios desencadenados en esta época se mantuvieron en la impunidad. Sucesos motivados, no aclarados, ni investigados por el crecimiento acelerado de los grupos armados ilegales como las FARC-EP Bloque Sur, que solo buscaban su autoprotección y el control territorial, dejando de lado e ignorando la estructura organizativa y el gobierno propio que existía y que existe en estos momentos. Y hoy después de 24 años, gracias al espacio generado por el proceso del Acuerdo de Paz, en la instancia establecida por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, podemos visibilizar y expresar al mundo nuestra verdad para sanar”, manifestaron las personas delegadas del pueblo indígena en una rueda de prensa. Por otra parte, hay que señalar que, en lo que ha permitido esclarecer la Comisión de la Verdad, en el pueblo indígena Korebaju se presentaron, por lo menos, 65 víctimas de homicidio entre 1993 y 2009. En el marco de la situación de violencia que por años ha atravesado a la vida de esta población, también se han presentado históricamente desplazamientos forzados, e incluso una constante estigmatización por parte de la fuerza pública. Esta serie de hechos, además de las afectaciones físicas, también trajeron consecuencias sobre la autonomía y formas de autogobierno del pueblo Korebaju, así como sobre la relación de la comunidad con el territorio. “La masacre del 25 de julio de 1997 es solo una referencia de todos los actos criminales que hemos sufrido. (…) El respeto por la memoria de lo sucedido, y la comprensión de las afectaciones causadas a las familias, al territorio y al pueblo Korebaju, debe estar en el centro del perdón de la violencia sufrida, expresada por nuestra propia narrativa”, afirmó Klan Pacho Baju, integrante del pueblo Korebaju que también participó del encuentro. “Exigimos al Estado y a todos los actores armados involucrados que reconozcan la gravedad de los hechos victimizantes. (…) Hoy más que nunca alzamos el grito contra el olvido con la visibilidad de las afectaciones a nuestro pueblo. Por eso decimos: cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra. (…) Le pedimos a los grupos armados que nos digan la verdad sobre cientos de jóvenes del territorio que han desaparecido. Reclamamos a las exFARC que reconozcan que su plan de muerte contra la vida de nuestro pueblo, nos llevó a un profundo dolor por la desestructuración y desestabilización de la vida de los Korebaju”, agregó Klan Pacho Baju. Por su parte, las personas firmantes de paz asistentes (exintegrantes de las FARC-EP), reconocieron su responsabilidad en los hechos. “Entendemos que este proceder no solo afectó a las familias directas de las víctimas, sino que afectó al pueblo Korebaju. (…) Vemos el profundo dolor que se les causó, el estigma que han sufrido, así como los daños a sus tradiciones”, dijo José Benito Cabrera en el marco del encuentro. Aquí puedes ver el encuentro completo:

Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares Recientemente, a raíz del bombardeo del Ejército que produjo la muerte de alias ‘Fabian’, comandante del Frente de Guerra Occidental del ELN, este grupo armado anunció que, como respuesta, tensionaría las dinámicas de la confrontación armada: “Hoy el Ejército de Liberación Nacional está de luto y con el corazón adolorido por la muerte del comandante ‘Fabián’ (…). Como muchos otros, el bombardeo realizado fue descomunal sobre el campamento guerrillero, usando de manera desproporcionada la fuerza militar y los explosivos. Queda el registro gráfico de lo acontecido. (…) En otras palabras, el gobierno de Duque y el ministro Molano nos han autorizado para usar de manera desproporcionada la fuerza y los explosivos. El Gobierno y los militares no pueden volver a sacar los argumentos sesgados que cuando nosotros usamos los explosivos es terrorismo, pero cuando los usan ellos es legal”. Frente a estas declaraciones del ELN, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció que se mantendrá la persecución armada en contra de este grupo insurgente: «La comunidad internacional y el pueblo colombiano saben que el ELN es una organización terrorista, narcotraficante y que la responsabilidad de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, que representan la legitimidad del Estado es combatirlos. Y lo seguiremos haciendo». Frente a este recrudecimiento del conflicto que se ha anunciado tanto desde el Estado como desde el ELN, presentamos un breve recuento de algunos hechos que han marcado esta confrontación armada que, por el momento, no ha conducido a ninguna solución estructural o de fondo que permita detener la violencia. Ante esta realidad, el diálogo y las negociaciones parecen ser el único camino viable para una superación pacífica del conflicto.

Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares Cuando se promulgó la Constitución del 91, Francia Márquez Mina tenía 9 años y vivía en la vereda Yolombó, en el corregimiento La Toma, del recién constituido municipio de Suárez, que se instituyo como tal en 1989. Antes, este territorio era parte del municipio de Buenos Aires, al norte del departamento del Cauca. La gran mayoría de la población de Suárez está constituida por personas afrodescendientes, como Francia, que conviven con comunidades indígenas y campesinas. La historia de Suarez está marcada, en las décadas recientes, por dos hechos: la instalación de la represa de La Salvajina (terminada en 1985) y la lucha por la permanencia en el territorio de las comunidades que lo han habitado desde el siglo XVII, cuando personas esclavizadas para la minería fueron traídas de África. Esta realidad que se ha configurado en el territorio ha estado marcada, en buena medida, por los grandes intereses mineros y de otros sectores económicos por instalarse en la región. Todo ello en medio de las violencias de paramilitares, guerrillas y un Estado que no garantiza protección y al que se le ve como un actor secundario, que tampoco tiene la autoridad ni la credibilidad frente a las comunidades. Desde mediados del siglo XIX, las familias afro tienen títulos de propiedad colectiva. En la región, las familias más tradicionales son los Balanta, los Márquez, los Congo y los Mina. Todas ellas trabajaban de manera colectiva en la minería y allí están las raíces de Francia Márquez. En los últimos años se ha intentado desviar el Río Ovejas para aumentar la capacidad de la represa de La Salvajina, situación a la que se han opuesto las comunidades, que ya habían sufrido la construcción de esta represa. Como resultado de este proceso, habrían resultado damnificadas más de 6.000 personas campesinas, indígenas y afrocolombianas de los municipios de Suárez, Morales y Buenos Aires: se habría producido el desplazamiento de cientos de familias que perdieron sus viviendas, fincas y minas. Todo un impacto social, cultural y económico que no fue debidamente atendido por el Estado colombiano. Ante el propósito de desviar el Río Ovejas, el Concejo comunitario de La Toma se opuso a este proyecto junto a otros concejos comunitarios de la región. También se mostraron en desacuerdo cabildos indígenas y organizaciones campesinas. Y allí participó la joven Francia Márquez, trabajando por documentar los impactos y construir razones para la lucha que libraba su comunidad junto a otras colectividades. Desde siempre, Francia Márquez Mina se involucró en la acción colectiva en defensa de sus derechos: supo que había mecanismos legales para protegerlos y así lo hizo al liderar una tutela por los derechos territoriales, denunciando la violación de sus derechos fundamentales a la vida digna, a la permanencia en el territorio, al debido proceso y a la consulta previa, libre e informada. Estos derechos fueron tutelados mediante la sentencia T-1045A de 14 de diciembre de 2010. Frente a esta experiencia de exigibilidad de los derechos de su comunidad, y al ver los frutos de la sentencia del 2010, decidió estudiar Derecho en Cali en medio de una y mil dificultades que sorteó con carácter y firmeza. Francia Márquez Mina ha sido perseguida y amenazada; ha visto la pérdida de vidas en su comunidad por la violencia o por los desastres de una minería familiar que debe recibir más apoyo institucional. Hoy, Francia Márquez compite por la Presidencia en la consulta del Pacto Histórico. Tiene la convicción de que puede ganar porque tiene saber y fuerza. Hay que mencionar qe+ue compite contra el principal dirigente de la izquierda colombiana: Gustavo Petro (aunque a este le parece una denominación que ya no cuadra con el presente). Francia Márquez quiere ser la primera de esa consulta, propone gobernar desde mandatos populares y comunitarios, cerrar definitivamente la guerra que ella ha vivido desarrollando plenamente el acuerdo firmado con las FARC-EP, lograr una negociación de paz con el ELN y alcanzar el sometimiento de todo ese mundo de bandas criminales que persisten; además, propone salir de la guerra contra las drogas buscando otras políticas alternativas, propone una economía para el bienestar y para las mayorías, no esta economía de exclusiones y concentración que hemos vivido. Francia Márquez tiene propuestas para la protección ambiental y para una democratización de la propiedad rural, por una permanencia digna de su comunidad de La Toma y de miles de comunidades afros, indígenas y campesinas como las que han compartido con ella y su familia en su natal Buenos Aires. Además, desde sus luchas reivindicativas busca promover los derechos de las mujeres y su protagonismo en todas las dinámicas de sociedad. La precandidata habla pausado y firme, quiere ser la primera presidenta de Colombia y compite con tranquilidad. Sin duda, Francia Márquez es hija de la constitución del 91, la que nos ha prometido derechos, paz y democracia de calidad. A todo ello se ha comprometido la precandidata, que enriquece con su liderazgo y participación este debate en curso. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Camilo Díaz Suárez Investigador nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad Fredy Anaya, ex Representante a la Cámara por Santander entre 2015 y 2018, como reemplazo de Ricardo Flórez, quien renunció a su curul, le está apuntando a quedar como el nuevo Contralor de ese departamento. Sin embargo, múltiples cuestionamientos a lo largo de su trayectoria política hacen prender las alarmas ante la posibilidad de que quede elegido para este cargo. Luego de haber logrado el puntaje máximo en el concurso de méritos, contratado por la Asamblea de Santander con la Universidad Distrital de Bogotá, para elegir al nuevo contralor del departamento, el 25 de septiembre Fredy Anaya quedó en la terna de 13 candidatos que aspiran a este puesto. Tras la revisión de los seleccionados y reducir la lista a 3 nombres, el 21 de octubre Fredy Anaya fue confirmado en la terna, junto con Andrea Lizeth Buitrago Jiménez, abogada y contralora auxiliar de Santander durante algunos meses, y Reynaldo Mateus Beltrán, jefe de control interno de la Empresa de Servicios Públicos de Santander, Esant. La intención es que el próximo 29 de noviembre sea elegido el ganador en una Asamblea Departamental. Por su participación en este proceso, no deja de ser una alerta temprana que el perfil de este cuestionado político santandereano se encuentre entre la terna para ser contralor departamental. Anaya presentó su candidatura con el respaldo de Los Aguilar. Su relación se remonta a varios años. Especialmente, ha tenido cercanía con Mauricio Aguilar, quien apoyó a Anaya en 2014 en su campaña para la Cámara de Representantes y en su candidatura a la alcaldía de Bucaramanga en 2019. Si bien tuvieron un enfrentamiento en 2017, existe una cercanía entre ellos dos. Adicionalmente, cuenta con varios cuestionamientos que hacen dudar de su idoneidad para ejercer el cargo de contralor departamental. Incluso, se ha cuestionado el proceso de elección, donde Anaya también registró el máximo puntaje en la evaluación de integridad. Un cuestionado proceso de elección De momento, el juez Primero Penal Municipal de Bucaramanga, Julio César Sanmiguel, decretó como medida cautelar suspender el desarrollo de la elección del contralor departamental por una posible violación al debido proceso. Esta decisión se tomó tras una acción de tutela interpuesta por Javier Orlando Díaz, en contra de la Asamblea Departamental de Santander y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por una presunta violación del debido proceso. Según Díaz, la universidad envió el manual de instrucción y la citación a la prueba de conocimientos realizada el 21 de septiembre, el día anterior a las 8:00 p.m., por lo que habría existido desigualdad entre los aspirantes. Por ello, por vulnerar los derechos al debido proceso, igualdad, imparcialidad y derecho al acceso a cargos públicos. A ello se le suma que ya la Procuraduría General de la Nación advirtió irregularidades en el concurso público y abierto de méritos El ente de control le pidió a Noe Alexander Medina el contrato celebrado con la Universidad Distrital para calificar y evaluar la prueba de conocimientos y la hoja de vida de cada candidato a Contralor departamental. Las irregularidades en el proceso de elección también fueron denunciadas por Carlos Fernando Pérez, presidente de la junta directiva del Consejo Nacional de Contralores, quien sostuvo que había varias irregularidades presentadas en el departamento de Santander. Se refiere específicamente a la idoneidad de Fredy Anaya, quien ocupó el primer lugar de la prueba de conocimientos, sin tener experiencia en control fiscal y también manifestó desconfianza respecto a las pruebas escritas. La CDMB y el Empas, sus fortines clientelares Fredy Anaya fue director de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de Bucaramanga (CDMB) entre 2001 y 2006, entidad que desde entonces se ha convertido en un “foco” de clientelismo para él y su esposa, Nubia López.Esto va de la mano con la fundación, desde la CDMB, de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (Empas) en 2006, que cuenta con múltiples contratos en Bucaramanga y su área metropolitana. En 2015, fue denunciado un presunto carrusel de contratos, entre 2007 y 2014, que vinculaba al Empas y al círculo cercano de Fredy Anaya, por Ludwing Arley Anaya Méndez, director en ese entonces de la CDMB, y Humberto Prada González, gerente en ese entonces de la Empas. Según la denuncia, presentada ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, se habrían suscrito contratos por una suma total de 68.000 millones de pesos con empresas en las que aparecían familiares de Anaya como representantes legales o socios. Entre las empresas en cuestión aparecen Polo Construcciones S.A.S, cuyo representante legal es Pedro José Orostegui Ayala, esposo de Myriam Fanny Anaya, hermana de Fredy, que tuvo contratos con Empas que sumaron 10.000 millones hasta 2014, y a partir del 2016, ha recibido contratos por 4.200 millones de pesos. Esta empresa antes era llamada López, Morales y Cia y entre 2012 y 2018 había firmado 22 contratos con entidades del departamento de Santander, siendo varios de ellos con la Empas. La segunda de estas empresas se trata de Sayan Ltda, ahora Opin Operaciones Internacionales S.A.S, cuyo representante legal es William Javier Anaya Martínez, hermano de Fredy Anaya; y su subgerente, Andrés Felipe Anaya López, hijo de Fredy y Nubia López. Esta habría tenido contratos por una suma total de 11.000 millones de pesos para temas de alcantarillado y saneamiento básico. La tercera de estas empresas es ELS Ingeniería S.A.S, antes llamada Proconam, cuyo representante legal es Edilso López Suárez, cuñado de William Anaya. Entre 2006 y 2014 habría contratado con el Empas por 10.000 millones de pesos. Según la denuncia, habría al menos 49 contratos que comprobarían los vínculos mencionados. De momento, no se conoce ningún proceso judicial adelantado por estas denuncias, ni tampoco alguna sanción. La presencia de Fredy Anaya en la CDMB sigue siendo de gran relevancia, al lograr en 2019 la elección de Juan Carlos Reyes como director de esta. Según denunció el portal Vanguardia, dicha elección se habría producido tras un acuerdo entre Fredy Anaya y su socio político, Didier Tavera. Sin embargo, en la gerencia del Empas, en 2020, fue nombrada Ludy Elena Alemán, de la línea de Tavera, dejando a Anaya sin una persona cercana. Pese a eso,Ruth Ardila, dejó suscritos 141 contratos para 2020. Un dudoso cambio en el uso de la tierra en Floridablanca Otro capítulo en el que se ve envuelto Fredy Anaya tiene que ver con una denuncia realizada por Carlos Felipe Parra, concejal por el Partido Verde en Bucaramanga. Según las acusaciones, habría existido un “volteo” de tierras en los municipios de Girón, Floridablanca y Bucaramanga del que se beneficiaron personalidades políticas de Santander como Anaya. Este proceso jurídico, de carácter excepcional, consiste en saltarse las etapas reguladas por la Ley 388 de 1997 para pasar directamente de un uso del suelo rural a uno urbano, saltándose el suelo de expansión. Estos casos se dan cuando hay áreas ocupadas y consolidadas que ya cuentan con servicios públicos y vías. El cambio en el uso del suelo de rural a urbano permite a los propietarios la construcción de edificaciones y, en especial, incrementan el valor comercial de sus predios. Este sería el caso de cuatro predios a nombre de Anaya, su esposa Nubia López y familiares. En este proceso, es pertinente mencionar que Héctor Mantilla, exalcalde de Floridablanca, es abanderado político de Fredy Anaya. Por ello, se acusa a Anaya de haber estado detrás del diseño del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio aprobado en 2019. En dicho POT, se hicieron cambios del uso del suelo que beneficiaron a la propiedad “Las Peñitas”, perteneciente a Nubia López, Casai S.A.S. (empresa de Miller Castaño y Claudia Saíz), Lucy Patricia Herrera y Édgar Gómez Moreno. De igual forma, tres terrenos de Amira Odeh Vera, cercana a Fredy Anaya, en copropiedad con Casai S.A.S., se habrían beneficiado en el cambio del suelo. Sus cuestionamientos políticos Según el informe de Candidatos cuestionados a alcaldías y gobernaciones de 2019, realizado por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), Fredy Anaya es un aliado del ‘Clan Tavera’ en Santander. Sus inicios en participación política se remontan a 2007, cuando intentó llegar a la Alcaldía de Bucaramanga, con el apoyo de Bernabé Celis, pero se quemó. Lo intentó de nuevo en 2011 y tampoco logró llegar. Para 2014, fue candidato a la Cámara de Representantes por el partido Opción Ciudadana y no alcanzó a quedar por la cifra repartidora, aunque fungió como representante en reemplazo de Ricardo Flórez Rueda. Entre sus conexiones políticas se encuentra Luis Alberto ‘el Tuerto’ Gil, exdirigente del Partido de Integración Nacional (PIN) que después sería Opción Ciudadana, condenado por parapolítica y el soborno de un exfiscal de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Gil habría concertado una reunión desde la cárcel entre Anaya y Mauricio Aguilar, en 2019, para definir una posible alianza. Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, exintegrante de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sostuvo en 2012 que Anaya había sido “cercano” del Bloque Central Bolívar de las AUC. En el señalamiento también afirmó que Fredy buscó su apoyo en su primera candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga. Estos nexos siempre fueron negados por Anaya y no se han comprobado. Según el informe de Candidatos cuestionados a alcaldías y gobernaciones de 2019, Anaya y Didier Tavera habrían sido apoyados por el ‘Tuerto’ Gil en sus candidaturas. Durante la Gobernación de Tavera afianzaron lazos, al coincidir su mandato con la influencia de Anaya en la CDMB y la Empas. Entre Tavera y Anaya también pusieron a Miguel Ángel Pinto, esposo de Claudia López Rodríguez, tía de Didier, en el Senado; y a Nubia López, esposa de Anaya, y Víctor Manuel Ortiz, amigo de Anaya, en la Cámara de Representantes. Finalmente, según la investigación “El mercado de avales políticos o la ‘danza’ de los millones” (realizada por Pares), Anaya le habría pagado 1.000 millones de pesos a Iván Díaz Mateus para tener el aval del Partido Conservador en su candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga en 2019. Por su historial y las investigaciones en su contra por un presunto carrusel de contrataciones en la CDMB y la Empas, por las irregularidades en su participación en el cambio de uso de la tierra en Floridablanca y por sus cuestionamientos políticos, es necesario prestarle atención a la posibilidad de que Anaya aspire a ser contralor de Santander.

Por: Laura Cano Periodista – Pares Tras una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que se estudiaron cerca de 12 millones de documentos, se encontró cómo funciona el uso de compañías offshore en paraísos fiscales, a través de las cuales se promovería la riqueza secreta, la evasión de impuestos y, en algunos casos, el lavado de dinero por parte de las personas más poderosas y adineradas del mundo. Entre otros datos relevantes, es necesario mencionar que en estos archivos aparecen involucrados 35 presidentes o expresidentes, 14 de ellos pertenecen a América Latina. Respecto a estas investigaciones, hay que señalar que los documentos estudiados abarcan más de cinco décadas de registros de documentos confidenciales de 14 despachos de abogados. Dichas firmas estarían especializadas en la creación de sociedades en países como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o las Bahamas. Tal como se refiere en el diario El País, medio de comunicación participante de la investigación, los paraísos fiscales son sitios donde la creación de sociedades mercantiles es una de las principales industrias e, incluso, en algunos casos, la única. Suele tratarse de países o territorios pequeños que buscan atraer a clientes e inversionistas en el extranjero con impuestos bajos, facilidad para abrir empresas y confidencialidad en los registros. El anonimato es un factor crucial. Muchas personas que recurren a estas jurisdicciones buscan seguridad y administrar su patrimonio de forma discreta. Es también uno de los aspectos más problemáticos: para los Gobiernos es muy complicado seguir el rastro del dinero y puede convertirse en campo fértil para delitos como fraude, blanqueo de capitales y actos de corrupción. Por otra parte, hay que señalar que el concepto de una sociedad offshore se refiere a aquella empresa creada en países con mayor permisividad fiscal que la existente en el país donde su titular reside. Puntualiza el medio de comunicación citado que: “los problemas comienzan cuando esas sociedades y sus ganancias están deliberadamente escondidas en jurisdicciones opacas, sin que se haya declarado su existencia a las autoridades donde el verdadero propietario tiene su residencia fiscal”. Y esta sería, precisamente, la situación de muchos casos que han salido a la luz a raíz del escándalo de los ‘Papeles de Pandora’. Tras el velo de estas sociedades se presentaría un flujo de recursos ilícitos que podrían dar paso al cohecho, la evasión fiscal, el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. En el caso de América Latina, en la región se perderían “más de 40.000 millones de dólares en impuestos cada año por el abuso de estructuras offshore, según un informe publicado por el Tax Justice Project, una organización especializada en evasión fiscal”. Después de Brasil, Colombia sería el país que más impuestos pierde al año por este tipo de evasión: un total de 11.600 millones de dólares se perderían anualmente. El capítulo colombiano de los Pandora Papers Según las investigaciones, en total, en este escándalo se cuentan 588 nombres de personas naturales y jurídicas del país, entre los que están empresarios, personalidades políticas y artistas. En la lista de implicados aparecen personajes como Cesar Gaviria y Andrés Pastrana, expresidentes señalados de ser beneficiarios centrales de sociedades panameñas. Gaviria está vinculado con la panameña MC2 Internacional S.A. y Pastrana con Vanguard Investment Inc. A ellos se suman personas del sector empresarial como ​​Luis Carlos Sarmiento Angulo; Alejandro Santo Domingo; Francisco y Juan Barberi; Isaac, Jaime y Gabriel Gilinski; y Eduardo Pacheco Cortés. Asimismo, entre las personalidades del sector público que aparecen salpicadas por estas revelaciones se encuentran: la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez; el director de la DIAN, Lisandro Junco Riveira; el exministro Guillermo Botero; el exministro Fernando Araújo Perdomo; el embajador de Colombia en China y expresidente de Ferrovías, Luis Diego Monsalve; Isaac Yanovich, expresidente de Ecopetrol y señalado director de la sociedad panameña Sylvester Holding Inc.; y Gina Parody, quien aparece como beneficiaria de la sociedad Harmony Trust, registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Adicionalmente, en medio de este escándalo, ha aparecido el nombre de Julio Gerlein, miembro de uno de los clanes políticos más fuertes del país (el ‘Clan Char’), quien aparece como director de la sociedad Kessler Business Corp (de las Islas Vírgenes Británicas). El empresario ha asegurado que nunca fue accionista ni propietario de esta sociedad, pero que sí lo son su esposa e hijos. Sobre Gerlein hay que decir que, a través de las investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), se han establecido sus relaciones con el ‘Clan Char’ para seguir concentrado el poder en la política atlanticense por medio de la financiación de campañas políticas. Hay que señalar que la mayoría de personas implicadas han asegurado que tienen las propiedades, pero que han hecho lo que indica la ley y, por ende, han realizado las debidas declaraciones y registros. Entre otras cosas, resulta llamativo el hecho de que, justamente, la persona a la cabeza de la DIAN, institución encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras del país, se encuentre señalada por presuntamente intentar evadir impuestos a través de paraísos fiscales. Por esta razón, múltiples sectores de la sociedad civil y de la oposición al Gobierno han solicitado la renuncia de Lisandro Junco a su cargo como director de la DIAN. Y para rematar, se ha conocido que Luis Carlos Quevedo, el director de Fiscalización de esta misma entidad, quien tiene 6 procesos abiertos en la Fiscalía por enriquecimiento ilícito, favorecimiento a servidor público, corrupción, prevaricato por omisión y concusión. Sin duda, apenas se empiezan a desenredar los hilos que se esconden detrás de estos entramados que abren la puerta de par en par a la evasión fiscal y, junto a ella, a delitos relacionados a la corrupción, el lavado de dinero y el fraude. Las personalidades del país implicadas, especialmente aquellas del sector público, ¿asumirán costos políticos por este escándalo? Eso estará por verse.

Por: Laura Cano Periodista – Pares La violencia electoral en el país no da tregua, y con los días que se van restando para que ocurran las elecciones, va aumentado el número de hechos violentos contra quienes hacen carrera política por quedarse con alguno de los cargos de elección popular. Al respecto, es importante señalar que, tal como se refiere desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la violencia electoral es un tipo de violencia política que se ejerce contra un individuo o un colectivo en razón del ejercicio de sus derechos políticos en el marco de una contienda electoral. En Colombia, históricamente, la violencia ha sido, de forma constante y recurrente, un mecanismo más de competencia electoral. Y es que justamente este tipo de hechos victimizantes se volvieron paisaje en las jornadas preelectorales. Durante este fin de semana se volvió a registrar un presunto nuevo caso de violencia electoral. Esta vez fue en contra de Victor Andrés Tovar, candidato a la Cámara por el departamento del Huila, quien se movilizaba junto a cuatro personas más en un vehículo en la vía Palermo – Neiva, cuando fueron atacados por sujetos armados, quienes dispararon cuatro veces contra el automóvil. Hay que señalar que Tovar se dirigía hacia Neiva luego de cumplir compromisos políticos en el municipio de Santa María, y que tanto él como las cuatro personas que lo acompañaban resultaron ilesas. De acuerdo con el coronel Diego Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, “se iniciaron los actos urgentes por parte del CTI de la Fiscalía con apoyo de nuestra seccional de Investigación Criminal. (…) El vehículo visiblemente presentaba dos impactos de arma de fuego, por establecer el calibre, y al parecer otros dos en la estructura del mismo”. Adicionalmente, el uniformado señaló que las autoridades adelantan la respectiva investigación para establecer los móviles de este ataque en el que, de todas formas, no se descarta que se haya tratado de un intento de robo. Es importante señalar que Tovar es hijo de la actual alcaldesa del municipio de Tarqui, Liliana Trujillo Pava, y que, hasta el mes de diciembre, fue asesor de despacho del Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte. De acuerdo al seguimiento que ha hecho Pares al respecto, entre el 13 de marzo de 2021 (inicio del calendario electoral) y el 22 de septiembre, en el país se registraron 57 hechos de violencia electoral que habrían dejado 74 víctimas (64 amenazas y 10 homicidios). Lo que significa que, aproximadamente, cada 3 días una persona es víctima de este tipo de violencia en Colombia, Estos casos tuvieron sus picos en junio y septiembre, los meses más violentos, y abarcaron 21 departamentos del territorio nacional. El 51% del total de las víctimas se concentraron en Norte de Santander (10), Valle del Cauca (8), Antioquia (6) Magdalena (6), Bogotá (4) y Atlántico (4). En menor proporción, los siguientes departamentos que registran hechos violentos son: Caquetá (4), Cauca (4), Bolívar (3), Chocó (3), Cundinamarca (3), Nariño (3), Tolima (3), La Guajira (3), Cesar (2), Córdoba (2), Putumayo (2), Arauca (1), Santander (1), Sucre (1) y Meta (1). Sobre esto, hay que decir que los perfiles más victimizados han sido los funcionarios públicos de elección popular (46%). Dentro de este segmento, los concejales han sido de los más afectados, con doce casos; le siguen once alcaldes, cuatro gobernadores, tres ediles, dos diputados, una representante a la Cámara y un senador. Los siguientes perfiles más victimizados son los correspondientes a miembros de partidos políticos, con cinco casos, y a periodistas, también con cinco casos. “Esta investigación en el preámbulo de las elecciones de 2022 pretende llamar la atención sobre la confluencia de prácticas lesivas para la democracia que se enquistan en el sistema político. Este sistema, en lo local, sigue profundamente relacionado con los grupos armados ilegales que compiten, cooperan o conviven con las instituciones del Estado y sus funcionarios, para obtener o mantener el control territorial o de sus rentas”, se señaló desde Pares en El Tiempo. Se espera que los organismos con injerencia en este tema puedan poner la lupa contra este tipo de violencia, previniendo que más hechos sigan ocurriendo, esclareciendo los casos que se han reportando, y garantizando un ejercicio democrático seguro y transparente (Te podría interesar: “Primer informe de violencia y dinámica electoral”).