Por: Walter Aldana Político social alternativo Desde hace 21 años, en la región del sur del país se viene visibilizando y fortaleciendo, programática y organizativamente, un proyecto de unidad de procesos sociales, urbanos y rurales denominado Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC). Sus dirigentes y lideresas, personas curtidas por el sol de la panamericana en varias oportunidades, han venido tejiendo con la palabra y la acción sus sueños de vida digna. Fue en el 2011 cuando pulieron con mayor dedicación 11 principios rectores guías de su actuar político. Entre ellos se encontraban la autonomía, la defensa de la vida, los recursos naturales, la defensa del territorio, entre otros. El PUPSOC es un espacio de coordinación del campesinado, sectores indígenas, afros, juveniles, mujeres, diversidades, estudiantiles, los sin techo, la Coccam, en fin, recoge en su interior a sectores que van desde lo rural hasta lo urbano. Los días 1,2 y 3 de octubre las personas que conforman este colectivo se concentraron en El Cairo-Cajibío. Esta vez no para hacer exigibilidad de sus derechos en la vía, sino para revisarse como proceso, mirarse hacia adentro, evaluarse y tomar fuerza con nuevas propuestas que remocen su presencia en el suroccidente colombiano. Iniciaron su congreso con un llamativo tema: un panel sobre género, muestra de reflexión con voces desde los municipios y la academia. Se escucharon, como en dúo, la práctica campesina y las tesis feministas. El plato fuerte de las deliberaciones tendrá dos elementos centrales: el trabajo por el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, y el pensarse una ruta para construir una propuesta de alternativa a los cultivos de uso ilícito (sacando del centro de discusión la mata de hoja de coca, la marihuana y la amapola; y colocando en el ojo de la solución al ser humano y los procesos productivos de transformación y comercialización). Importante y necesario encuentro reflexivo, sobre todo, en momentos en los que se recrudecen los conflictos interétnicos e interculturales entre grupos indígenas y campesinos en el Cauca, tema clave en el panel denominado “La lucha por la tierra, el territorio y la territorialidad”. Con el congreso del CRIC, de ACONC y el futuro encuentro del coordinador nacional agrario – Congreso de los pueblos, se van configurando nuevas apuestas y referentes del campesinado y los otros sectores sociales hacia una Colombia más humana. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Camilo Díaz Suárez Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad El martes 28 de septiembre, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia daba a conocer la apertura de una investigación preliminar a cuarto senadores por el escándalo del contrato entre Centros Poblados y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Esta investigación preliminar se abrió en respuesta a dos denuncias de veedurías ciudadanas. La primera de ellas fue interpuesta por Henry Antonio Anaya Arango, de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común. Esta denuncia se realizó en contra de los senadores Armando Benedetti y Mauricio Gómez Amín. La otra denuncia la realizó Pablo Bustos Sánchez, de la Red de Veedurías de Colombia RED VER, quien también afirmó que hubo participación en el caso del MinTIC de los senadores Armando Benedetti y Mauricio Gómez Amín, junto con Daira de Jesús Galvis y Antonio Luis Zabaraín. Este posible nuevo caso de corrupción, que involucra a senadores del periodo 2018-2022, se suma a una lista de hechos que hacen cuestionar la idoneidad de los perfiles de las personas que llegan a la cámara alta del Congreso. Ya lo anunciaba la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) en 2018, cuando señalaba que 18 senadores se posesionaban con cuestionamientos judiciales o por corrupción. Para la última legislatura de este Congreso, la lista ya asciende a 32 personas del Senado investigadas, acusadas o sentenciadas. El Partido de la U: el más cuestionado De los 14 senadores y senadoras que se eligieron por el Partido Social de Unidad Nacional, 9 tienen cuestionamientos. El caso más sonado es el de Eduardo Enrique Pulgar, sentenciado en junio del 2021 por tráfico de influencias, cohecho y violación de topes electorales. Colaborando con la justicia, acusó al senador José David Name de testaferrato. Por su parte, la Fiscalía le imputó los cargos de celebración indebida de contratos y violación al régimen legal de inhabilidades a José Ritter López, en 2018, por irregularidades en contratación cuando fue alcalde de Palmira, Valle del Cauca. En cuanto a José Alfredo Gnecco, más allá de su cuestionable círculo del ‘Clan Gnecco’, en 2018, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno afirmó haber recibido un soborno del senador por 150 millones de pesos para dilatar un proceso que tenía adelantado en la Corte Suprema de Justicia. También ese mismo año se le abrió una investigación preliminar a Miguel Amín y a Maritza Martínez por un presunto tráfico de influencias en el Sena, al existir presuntas irregularidades en el manejo de personal y de contratos por prestación de servicios. Aunque hayan renunciado al partido, los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti llegaron al Congreso por el Partido de la U y le salieron cuestionamientos a cada uno. Roy Barreras fue denunciado en 2019, ante la Fiscalía y la Corte Suprema, por presuntamente apropiarse de recursos públicos de la ESAP. Sumado a esto, en 2020, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema por una red de corrupción con dineros para el postconflicto. A través de este entramado se negociarían dádivas a cambio de asignaciones presupuestales. Armando Benedetti fue elegido senador teniendo investigaciones por parapolítica, por un caso de corrupción en el magisterio de Córdoba y por el escándalo de Odebrecht. Este año se le sumó una adicional con la investigación preliminar por el caso MinTIC. No sobra mencionar que Johny Moisés Besaile se posesionó como senador con investigaciones por el escándalo de Odebrecht, parapolítica y extorsión. Cambio Radical no se queda atrás De los 16 senadores elegidos por el partido Cambio Radical, 8 tienen cuestionamientos. Arturo Char, quien se desempeñó como presidente del Senado en la legislatura 2020-2021, es investigado por la Corte Suprema de Justicia por corrupción electoral y fuga de presos, al ser señalado por la prófuga exsenadora Aída Merlano. Según la excongresista, Char le habría ayudado a escapar de las autoridades en 2019 y, también, habría participado en el entramado para la compra de votos en el Atlántico. Por su parte, Luis Eduardo Díaz Granados fue vinculado al entramado de corrupción conocido como ‘Operación Quirófano’. Según declaraciones en el 2020 de Jhon Alexander Colmenares, condenado por corrupción en el sistema de salud, Díaz Granados habría participado en esta red en la que altos cargos de la Superintendencia Nacional de Salud elegían ciertas EPS a cambio de dádivas. La Fiscalía compulsó copias sobre este proceso a la Corte Suprema de Justicia. Didier Lobo Chinchilla, miembro del ‘Clan Gnecco’ en el Cesar, fue sancionado en el 2021 por la Procuraduría General de la Nación debido a sobrecostos en un contrato, para el suministro de paquetes nutricionales, en el municipio de La Jagua de Ibirico. En cuanto a Edgar de Jesús Díaz, tiene abierta una investigación en la Fiscalía por peculado y celebración indebida de contratos por el contrato 2083 de 2009 que suscribió mientras era gobernador de Norte de Santander. En lo concerniente a Fabián Castillo, se encuentra investigado por la Fiscalía ante una aparente compra de votos en el departamento de Magdalena. Temístocles Ortega llegó al Senado con varios cuestionamientos por desviar, presuntamente, recursos públicos a la campaña de Óscar Campo, y por su relación con Leonidas Bustos, acusado de participar en el ‘cartel de la toga’. Para 2019, se conoció que Carlos Bermeo le hizo campaña y realizó donaciones a Ortega. La senadora Daira de Jesús Galvis ya llegaba con un proceso por concierto para delinquir por haber recibido, presuntamente, apoyo político de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 2004 y 2006. A este proceso se le suma la investigación preliminar ya mencionada por el caso de Centros Poblados. La joya de la corona se la lleva Richard Aguilar Villa, capturado el 28 de julio por una serie de irregularidades en varios contratos suscritos durante su periodo como gobernador de Santander (2012-2015). La investigación era adelantada por la Corte Suprema, pero con la renuncia a su curul pasó a manos de la Fiscalía. El Partido Conservador también tiene la mitad de sus senadores cuestionados El caso más sonado es el de Aída Merlano, condenada por concierto para delinquir y delitos electorales, en el marco de un sistema de compra de votos en el Atlántico. Fue destituida e inhabilitada por 10 años. Laureano Acuña Acosta es otro de los congresistas salpicados por el caso Aída Merlano. Ya Pares denunciaba, en 2018, sus cuestionamientos por el sistema de compra de votos en el Atlántico. Posteriormente, fue mencionado por Merlano como uno de los tres responsables de compra de votos. También por presunta compra de votos, Miguel Ángel Barreto fue demando ante la Corte Suprema en 2019, siendo investigado por corrupción al sufragante, constreñimiento al elector y concierto para delinquir. Juan Samy Mehreg llegaba al Senado siendo cuestionado por las investigaciones contra su hermano Habib Mehreg, y en 2019 fue salpicado por unos audios que lo vinculaban a una investigación por el escándalo de corrupción de basuras en Dosquebradas, Risaralda. Entre las personas que ya llegaron al Senado con investigaciones adelantadas en su contra están Myriam Alicia Paredes, por presuntos malos manejos en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE); Juan Diego Gómez, salpicado por el escándalo de Odebrecht; y Nora María García, por sus presuntos vínculos con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Centro Democrático y el Partido Liberal aportan su cuota En el 2018, la senadora María Fernanda Cabal fue denunciada, ante la Corte Suprema de Justicia, por presuntamente incurrir en el delito de constreñimiento al sufragante. Esto al encontrarse que un contratista les pidió a profesoras de jardines infantiles en Kennedy votos por Cabal a cambio de renovar sus contratos. De esta investigación fueron condenados colaboradores de su campaña, pero Cabal no tuvo que responder ante la justicia. Siguiendo los escándalos por compra de votos, José Obdulio Gaviria, ya investigado por parapolítica, fue vinculado en 2020 a una presunta compra de votos para Iván Duque, en La Guajira, para las elecciones de 2018. Por la misma razón, el senador liberal Mario Castaño es investigado tras las declaraciones de José Salas, quien le habría conseguido 3.212 votos en Tolima. En el 2021, fue reactivado el caso por parapolítica en contra de Lidio García. A Julián Bedoya Pulgarín, tras una denuncia realizada por Pares, la Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos por irregularidades en el uso de su investidura, además de haberse anulado su título como abogado, el cual está rodeado de diversas irregularidades. El otro senador liberal investigado es Luis Fernando Velasco, involucrado en el escándalo de Fonade, en el que se habrían adjudicado contratos a cambio de coimas. El caso emblema del Centro Democrático se trata de Álvaro Uribe, que con una gran cantidad de procesos abiertos, fue por el litigio que tiene con Iván Cepeda que comenzó una investigación en su contra por manipulación de testigos, soborno y fraude procesal. Este proceso llevó a su renuncia al Senado y a que fuera imputado. Todos los casos acá mencionados contribuyen al descrédito y falta de confianza que se tiene frente el Congreso de la República. La investigación preliminar a cuatro senadores por el caso de Centros Poblados se suma a una lista en la que casi el 30% de los senadores electos en 2018 tienen cuestionamientos, procesos o fueron detenidos.

Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares El siguiente artículo fue elaborado para su publicación en la Revista Sur. Lo compartimos desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) con la autorización de su autor y con ligeras modificaciones, respecto a la publicación original, de acuerdo a los lineamientos editoriales de la Fundación: El presidente Iván Duque no puede controlar al ELN y mucho menos derrotarlo, como no lo han podido hacer los últimos doce presidentes de Colombia, durante los 57 años de existencia de esta organización. La semana pasada, en un bombardeo en el Litoral del San Juan, el municipio chocoano fronterizo con el departamento del Valle del Cauca, murieron seis guerrilleros del ELN. Este hecho tuvo un despliegue mediático importante liderado por el ministro de la Defensa, Diego Molano, y del cual igualmente han participado el presidente Duque y el director de la Policía, el General Jorge Luis Vargas Valencia, porque se anunciaba la muerte de alias ‘Fabian’, comandante del ‘Frente de Guerra Occidental’, donde están las estructuras guerrilleras del ELN que operan en el Chocó y en los límites de este departamento con Antioquia, Risaralda y el Valle del Cauca. Sin duda, un golpe importante en la estructura de este grupo guerrillero. Pero hubo novedades en esta importante noticia: ‘Fabián’ no murió en el bombardeo del lunes 20 de septiembre, el Ejército lo capturó herido el martes 28 y el mismo Molano informó que falleció en una clínica de Cali el miércoles 29. Ante estos hechos, la Dirección Nacional del ELN se ha pronunciado, solicitando al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que adelante una investigación sobre las circunstancias del fallecimiento de ‘Fabián’ y, además, llamando a toda la fuerza del ELN a “que se apreste a sorprender con acciones de igual dimensión al enemigo que enfrentamos, respetando siempre la integridad de la población”. En esas llevamos 57 años y nada que para la sangre de colombianos que siguen muriendo en esta violencia por superar. El ELN esta afincado en un proyecto de “resistencia armada”, cada golpe que sufre lo asume como parte de la dinámica de una confrontación en curso. Perder a ‘Fabián’, como ha perdido a ‘Gallero’ hace diez meses, a ‘Uriel’ hace un año, a ‘Samuelito’ hace dos años, a ‘Marcos’ hace cuatro, a ‘Diego mugre’ hace 25 años o a Camilo Torres hace 55 años (y la lista es larga), no ha hecho que este grupo desista de su proyecto armado. Allí siguen en, por lo menos, ciento sesenta municipios y con una estructura guerrillera cercana los dos mil combatientes que se apoyan en una red de milicianos que, fácilmente, pueden llegar a seis mil. Tienen finanzas, experiencia y siguen persiguiendo conflictos sobre los cuales se puedan seguir moviendo: es una historia cíclica de subidas y bajadas, y hoy se encuentran, luego de la salida de las FARC de la guerra, en una pequeña expansión. La única salida viable al conflicto del que participa el ELN es un proceso de paz, una mesa de diálogos y negociaciones para construir, con participación de la sociedad, un acuerdo sobre temas comunes y de interés de los territorios donde han permanecido. Hoy el ELN anuncia que va a tensionar el conflicto, que va a responder al bombardeo sobre su fuerza guerrillera, de igual forma, y así seguirá este conflicto cobrando vidas: una historia por superar. Defendamos la Paz propuso un cese unilateral a todos los grupos que ejercen violencia de manera organizada. Fue un pronunciamiento público hace tres semanas que se hizo en estos términos: “Ante el inicio del calendario electoral, el movimiento Defendamos la Paz hace un llamado público a los grupos armados para que inicien cuanto antes un cese al fuego y de hostilidades unilateral, e insta al Gobierno nacional a respetar estos gestos y adoptar acciones encaminadas a la paz total”. El ELN es soberano de definir su rumbo. Desde el deseo, mejor el camino de la distensión que le propuso Defendamos la Paz que el del anuncio que ha hecho de seguir por el camino del “Ojo por Ojo”, donde la sociedad colombiana va a seguir sufriendo.

Por: Alejandro Restrepo (Coordinador línea de Conflicto, Paz y Postconflicto) y Juan Sebastián Peña (editor) – Pares El día de ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre una situación que los hechos de la realidad confirman casi a diario: Colombia reporta el mayor número de personas víctimas de desplazamiento forzado interno en el mundo. De acuerdo al Informe sobre Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), cerca de 8,3 millones de personas en el país se encuentran afectadas por este tipo de violencia. Además, la CIDH manifestó su preocupación por el drástico incremento de hechos de desplazamiento interno forzado en los primeros 8 meses de este año. Haciendo alusión a las cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el organismo internacional señaló que entre enero y agosto del 2021 más de 57.100 personas habrían sido desplazadas forzadamente. Esto significa que, en promedio, durante estos meses, cada día 235 personas habrían sido víctimas de desplazamiento en Colombia. Respecto al mismo periodo del 2020, estas cifras representan un incremento de este tipo de violencia de casi el 135%. De acuerdo al reporte de la OCHA, la mayoría de estas situaciones de desplazamiento se presentaron de forma reiterada en municipios como Roberto Payán y Magüí (Nariño), Argelia (Cauca), Cáceres e Ituango (Antioquia), Buenaventura (Valle del Cauca), entre otros municipios de los departamentos ubicados en la costa pacífica y en la zona noroccidental del país (Te podría interesar: Municipio de Argelia: uno de los escenarios más críticos del posconflicto). Respecto a las causas de esta problemática, la CIDH señaló que diversas organizaciones sociales señalan razones estructurales como la expansión de grupos armados ilegales, la reducción del presupuesto para atender contingencias, la precariedad de los procesos de asistencia a las víctimas, la realización de retornos inmediatos de poblaciones desplazadas sin que haya análisis de riesgo ni garantías para un retorno seguro, la deficiente implementación integral del Acuerdo de Paz, entre otras causas. Otro aspecto a resaltar tiene que ver con que, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, las poblaciones más afectadas por el desplazamiento interno forzado son aquellas que histórica y estructuralmente se encuentran en situación de vulnerabilidad. Es el caso de comunidades étnicas indígenas y afrodescendientes (las cuales serían víctimas en el 59% de los casos), y campesinas. Perspectiva regional del desplazamiento forzado interno El preocupante incremento del desplazamiento forzado en el país se ha dado, principalmente, por el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales (especialmente en los territorios más afectados por la guerra) y, también, por la situación de disputa que las poblaciones experimentan, en gran parte de los casos, por la presencia de múltiples actores armados que buscan hacerse al control del territorio y de los réditos de las principales economías ilegales que fueron el combustible de la guerra: el narcotráfico y la minería criminal a gran escala. Por supuesto, los combates con la fuerza pública también han generado eventos de desplazamiento. La situación de disputas ha incrementado la mayoría de indicadores de violencia a nivel territorial. Este es el caso de Norte de Santander, en donde las disputas, en un primer momento, entre ELN y EPL y, posteriormente, entre el ELN y ‘Los Rastrojos’, han dejado un saldo humanitario sumamente complejo. En el caso del Chocó, la disputa entre el ELN y el ‘Clan del Golfo’ ha generado eventos de desplazamientos masivos y confinamientos prolongados, a los cuales se suma el accionar de las fuerzas militares a través de combates o bombardeos. Por otra parte, en el departamento el Cauca, los grupos armados posfarc (GAPF) adscritos al Comando Coordinador de Occidente, estructura de ‘Gentil Duarte’, vienen consolidando su control a través del despliegue de violencias para eliminar la competencia armada y, también, para reafirmar su control frente a los procesos organizativos, impactando fuertemente a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. La multiplicidad de GAPF dispersos en la costa pacífica nariñense ha producido fuertes enfrentamientos por el control de la cadena de producción del clorhidrato de cocaína. El saldo han sido múltiples desplazamientos, masacres, asesinatos selectivos y sevicia sobre los cuerpos de los enemigos, entre los que se cuentan mutilaciones, incineraciones, agresiones sexuales, entre otras tácticas para generar terror en sus adversarios y en la población civil. La situación del Bajo Cauca, el norte, nordeste y el Urabá, en el departamento de Antioquia, es dramática. Aquí, un solo grupo, el ‘Clan del Golfo’, controla el territorio: ha ganado la guerra contra ‘Los Caparros’ y, actualmente, no se mueve un dedo sin su consentimiento. Según algunas versiones del territorio, este grupo ha generado desplazamientos masivos de excombatientes de las FARC-EP, de personas señaladas de ser familiares o cercanas a ‘Los Caparros’ y, además, sería el responsables de múltiples asesinatos en contra de personas líderes y defensoras de derechos humanos, especialmente de quienes lideran procesos ambientales, territoriales y de apoyo a la implementación de la sustitución de cultivos de coca. La zozobra y el terror que genera el control hegemónico del ‘Clan del Golfo’ en el territorio impide la denuncia. Sumado a esto, existen múltiples cuestionamientos por supuestas complicidades entre sectores políticos, fuerza pública y esta estructura narcotraficante. En síntesis, hay un recrudecimiento de la violencia organizada por cuenta del fortalecimiento de estructuras armadas ilegales, las disputas territoriales y un Gobierno que desaprovechó la posibilidad de construir legitimidad y confianza, a través de la implementación del Acuerdo de Paz, con una apuesta integral que permitiera mitigar la nueva espiral de violencia en Colombia. Una de las consecuencias que se desprende de este caldo de cultivo es el recrudecimiento de realidades como la del desplazamiento forzado interno. El llamado de la CIDH: implementación integral del Acuerdo de Paz Frente a esta realidad dramática del desplazamiento forzado en Colombia, aunque la CIDH reconoce medidas tomadas por el Estado al respecto (la «Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana», la «Estrategia de Protección para poblaciones vulnerables» y el «Sistema de Alertas Tempranas las Fuerzas Militares y la Policía Nacional»), reitera, una vez más, su llamado al Gobierno para que adopte medidas integrales, con perspectiva de género y enfoques diferenciales, que permitan la prevención de las causas estructurales de este fenómeno, así como para que se pueda garantizar la atención, protección y seguridad de las personas victimizadas. En ese camino, la CIDH recuerda que la implementación del Acuerdo de Paz y las herramientas que este ofrece harían posible avanzar en la transformación de las condiciones que subyacen a esta problemática y la perpetúan en el tiempo. Precisamente, los acuerdos entre el Estado y las FARC-EP buscan abordar de forma estructural las realidades que generan procesos de violencia organizada. Un pequeño componente, teniendo en cuenta el grueso del Acuerdo, era el desarme de las FARC-EP, principal grupo insurgente del continente, garantizar su reincorporación y juzgar a los principales responsables de crímenes de guerra. No obstante, el Acuerdo traía consigo, también, posibilidades de modernización del campo colombiano a través de la reforma rural integral para generar desarrollo desde y para las comunidades; fortalecer la participación democrática de comunidades excluidas históricamente a través de la reforma política; construir instancias multisectoriales con fuerte participación de la sociedad civil para mitigar riesgos de violencia política y desmantelar estructuras criminales; sustituir los cultivos de coca acompañando a grupos campesinos en un proceso técnico para desarrollar alternativas económicas sustentables y dignificar a las víctimas del conflicto armado a través de las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición. Este conjunto de elementos es precisamente la hoja de ruta que tiene el país para buscar la salida de las violencias organizadas, como las que hacen posible las alarmantes cifras y realidades del desplazamiento forzado interno, y construir una sociedad menos desigual. De allí la necesidad de que el país retome el rumbo de la implementación de lo pactado en La Habana. Por supuesto, tomar este rumbo constituye un riesgo para quienes se lucraron de la guerra, como es el caso de sectores políticos, empresariales y narcotraficantes, muchas veces con fuertes relaciones entre sí. Es por esto que el Acuerdo encuentra y seguirá encontrando fuertes obstáculos para su implementación. De modo que la voluntad y el compromiso por parte del Estado será indispensable para que la violación continua y múltiple de derechos humanos que se configura con un fenómeno como el desplazamiento forzado se detenga. Entre tanto, más de 8 millones de personas siguen esperando respuestas al respecto.

Por: Laura Cano Periodista – Pares La Sala Plena de la Corte Constitucional ha decidido extender el periodo de funcionamiento de la Comisión de la Verdad por siete meses más. Esta decisión se produce ad portas de que la Comisión terminara sus tres años de funcionamiento desde su creación en el año 2017. Esta decisión fue tomada tras una demanda realizada por la Corporación Personas con Capacidades Diversas (Percadi), la Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida) y la Red Colombiana de Lugares de Memoria, con el apoyo del Programa Paiis de la Universidad de los Andes y Dejusticia, quienes argumentaron que era urgente compensar los retrasos causados por la pandemia y que, con las restricciones que trajo la propagación del covid-19, muchos procesos de la Comisión quedaron truncados. En este sentido, se puntualizó que la Comisión solo ha funcionado un año, tres meses y 14 días en condiciones de normalidad, lo que corresponde solo a un 40% de su periodo. «La imposibilidad de viajar a los territorios donde se vivió el conflicto armado ha perjudicado el cumplimiento de los cuatro objetivos de esta institución creada por el Acuerdo Final de Paz: el esclarecimiento, el reconocimiento, la convivencia y la no repetición. De no hacerse, se estaría incumpliendo con el acuerdo de Paz», indicaron las organizaciones. Hay que señalar que a esta petición se había sumado la Procuraduría, organismo que había solicitado que se extendiera el tiempo, explicitando que las regiones más apartadas del país son las que más se han visto afectadas, pues las limitaciones de movilidad durante la pandemia no han permitido que la Comisión pueda visitarlas, por lo que se solicitaron los siete meses adicionales que hoy fueron concedidos. Justamente, los nueve magistrados de la Corte Constitucional, luego de que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez presentara una ponencia tras estudiar la demanda mencionada, tomaron esta decisión, la cual permitirá que ya no sea noviembre el mes en el que la Comisión deba presentar su informe final, sino que este se conocerá en junio de 2022. “De cualquier modo, el escenario político para el informe de la Comisión es complejo puesto que sus resultados, en materia de esclarecimiento, reabrirán heridas nacionales y territoriales que salpicarán a diversos sectores políticos y económicos de élite, a grupos armados legales e ilegales y, por supuesto, a la indiferencia del conjunto de la población. Como es de esperarse, el esclarecimiento traerá consigo fuertes reacciones de los sectores beneficiados y enriquecidos por la guerra, una guerra por otros medios, a lo que se suma el recrudecimiento de las violencias políticas que atraviesa el país”, analizó Alejandro Restrepo, Coordinador de la Línea de Conflicto, Paz y Posconflicto de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Asimismo, el tema fue priorizado por los magistrados de la Sala Plena, al considerar que las demoras en esta decisión podrían tener consecuencias en el presupuesto que se le debe asignar para que pueda funcionar durante los meses de más. Esto, sumado a la importancia de la Comisión para las víctimas del conflicto armado, llevó a que la decisión fuera tomada unánimemente. No obstante, como lo menciona Alejandro Restrepo, “aún está en entredicho la disposición presupuestal para que la Comisión pueda funcionar durante esta extensión, dado que es el Gobierno nacional el encargado de asignar los recursos necesarios. Para nadie es un secreto que este Gobierno ha buscado atacar y deslegitimar el accionar de las instituciones del sistema por distintas vías: desde limitaciones en sus competencias (especialmente en contra de la JEP), limitaciones presupuestales (como lo fue el recorte de alrededor del 30% del presupuesto de las instituciones del sistema para 2020) y, por supuesto, la captura del Centro Nacional de Memoria Histórica en manos del uribismo para hacerle contrapeso a los hallazgos de la Comisión y a la diversidad de víctimas del conflicto armado”. Por otra parte, hay que recordar que la pandemia no solo afectó procesos operativos de la Comisión, además, dio duros golpes internos, pues, por ejemplo, a causa de la pandemia de covid-19 falleció la comisionada Ángela Salazar, el comisionado Saúl Franco estuvo hospitalizado por la misma enfermedad, y 218 funcionarios también se contagiaron. De igual forma, no hay que perder de vista que, incluso con la pandemia, la Comisión ha adelantado importantes acciones para el esclarecimiento de lo ocurrido en el conflicto armado, en donde se resaltan importantes espacios como el del antiguo secretariado de las FARC-EP con víctimas de secuestro. La extensión del tiempo implica que el informe saldrá posterior a la segunda vuelta presidencial. En este sentido, sus hallazgos no podrán ser tenidos en cuenta en los debates presidenciales, lo cual dificultará el necesario posicionamiento de la agenda de paz y de implementación del Acuerdo. No obstante, de llegar un Gobierno afín a la paz, este tendrá la posibilidad de utilizar sus hallazgos para desarrollar una política de paz y de memoria en función de las recomendaciones elaboradas por la Comisión y dirigidas a la no repetición. “La decisión de la Corte Constitucional ratifica el derecho de las víctimas a la verdad dada la situación de la pandemia y las consecuencias que tuvo para el funcionamiento proyectado de la Comisión. En este sentido, su extensión era de esperarse, puesto que el centro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) son las víctimas del conflicto armado interno, su dignificación y las garantías de no repetición, vinculadas directamente con la posibilidad de esclarecer lo sucedido en la guerra colombiana”, concluyó Alejandro Restrepo.

Por: Laura Cano Periodista – Pares Tras casi una década de investigaciones, de pasos avanzados y otros retrocedidos, la Corte Suprema de Justicia condenó a siete años y 9 meses de prisión al exsenador y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, por vínculos con paramilitares entre 2001 y 2007. La decisión fue tomada después de un largo proceso judicial, en el que la Sala de Juzgamiento de la Corte finalmente encontró que Ramos es responsable del delito de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales, y, además, de haber recibido dinero y apoyo político del bloque Metro y Centauros de las autodefensas. Esto se estableció luego de que el alto tribunal estudiara la ponencia del magistrado Ariel Torres, quien tan solo hace algunas semanas se había declarado impedido para llevar el proceso. Las razones de Torres se relacionaban con una tutela que el exgobernador había interpuesto en contra suya. A través de dicho mecanismo, Ramos alegaba la protección al debido proceso, luego de que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ordenara, en su momento, que el magistrado fuera apartado inmediatamente del caso. Esto debido a que se filtró una ponencia en la que se pedía que Ramos fuera condenado a 19 años de prisión por los motivos que estaba siendo investigado. “Mi ánimo puede estar alterado y con ello afectar la imparcialidad con que debo actuar en el desarrollo de mis facultades oficiales”, argumentaba Torres. El impedimento pasó a ser definido por la Corte, que el pasado 20 de septiembre negó la solicitud del magistrado, comunicando que: “A pesar de que la Sala reconoce el valor y la solvencia moral del doctor Torres Rojas, al expresar esas circunstancias con el fin de aprestigiar la administración de justicia, no se observa el fundamento trazado por la jurisprudencia para admitir configuradas las causales de impedimento estudiadas”. Así las cosas, con esta decisión, estaba cantado que el proceso debía llegar a su etapa final y que el magistrado Ariel Augusto Torres debía presentar un escrito definitivo sobre el expediente Ramos, en el cual se determinara jurídicamente si el exgobernador era o no culpable del delito de concierto para delinquir agravado (delito del que hoy finalmente se le encontró culpable). Así las cosas, Ramos, quien ya fue notificado de la decisión, deberá enfrentar una condena por parapolítica de casi 95 meses de prisión, además de pagar una multa de 7 mil millones de pesos. Asimismo, fue inhabilitado para ser funcionario público. Hay que señalar que el exsenador podrá apelar su decisión, recurso que revisará la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. “La condena de Ramos, que llega después de 10 años de investigación, es un campanazo para los políticos que aún en ejercicio mantienen investigaciones abiertas, como Lidio García o Daira Galvis. Estos procesos han sido mucho más demorados en la última década que lo que fueron cuando estalló el escándalo, en 2005, que llevó a más de 60 aspirantes al Congreso a la cárcel por haberse aliado con paramilitares para cosechar réditos políticos. También muestra que el fenómeno sigue en estudio y que puede haber nuevos implicados que aún no conocemos”, analiza Daniela Garzón, investigadora nacional de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Lo que estableció la Corte El alto tribunal esclareció que, en efecto, Ramos era culpable de las acusaciones que se le hacían por sus nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo que financió las campañas políticas del ahora imputado a cambio de acciones como, por ejemplo, que el exgobernador permitiera que este grupo al margen de la ley pudiera actuar sin la reacción de la fuerza pública. Ramos habría ayudado a estructurar la ley de Justicia y Paz, promoviendo que los paramilitares no pagaran sus condenas en cárceles. Esto, además, motivó el fortalecimiento de estos grupos y de su actividad criminal. Vale la pena mencionar que, por medio del exjefe paramilitar Ernesto Baéz, se conoció que Ramos era cercano a Carlos y Vicente Castaño, de quienes habría recibido dinero casi de manera directa. Además de dar una base económica, los hermanos Castaño también habrían movido votos a favor de Ramos. La sentencia también hace alusión a una reunión celebrada a comienzos de 2005 en la finca ‘Bellanita’, en Bello, propiedad de Hugo Albeiro Quintero, conocido como ‘El Patrón de Bello’, a la que asistieron los jefes paramilitares Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’; Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’; y Pablo Hernán Sierra García, alias ‘Alberto Guerrero’. La reunión en esa propiedad estuvo organizada por los hermanos Castaño, y allí fue que se pusieron en común las peticiones que tenían respecto a la Ley de Justicia y Paz. El Espectador informó que el propio Ramos confesó haber tenido participación en ese encuentro, pero que afirmó haberlo hecho creyendo que, por ser un miembro del Congreso, entre sus funciones se encontraban ese tipo de tareas. “Sin embargo, para la Corte Suprema esa excusa no tuvo ningún asidero pues, para esa época, estaba prohibido que los jefes paramilitares se reunieran por fuera de la zona de concentración de las mesas de Santafé de Ralito y que eso lo debía saber un congresista como Ramos, no solo por su condición de senador, sino por su larga trayectoria en el servicio público y su educación como abogado”. Adicionalmente, la Corte señaló que los hechos por los que se le implica a Ramos ocurrieron cuando se desempeñó como senador, cargo al que se postuló en 2001 por el Movimiento Equipo Colombia, quedando elegido en los comicios de marzo de 2002 con más de 230.000 votos. Para ese momento, ya era evidente la fuerza y control que ejercían los grupos paramilitares en Antioquia, en donde hicieron presencia los bloques Metro, Cacique Nutibara, Minero, Bananeros, Héroes de Granada, Elmer Cárdenas y, en algunos puntos, el Bloque Central Bolívar y el Frente Cacique Pipintá. Sumado a esto, en los primeros años de los 2000 ocurrieron hechos como la Operación Orión y la ​​Masacre de San José de Apartadó. Un golpe político Hay que recordar que Ramos fue gobernador de Antioquia entre 2008 y 2011 (cargo por el que la Contraloría General de la República lo declaró responsable, fiscalmente, en la contingencia de Hidroituango en abril de 2018), senador de la República entre 2002 y 2006, y alcalde de Medellín entre 1992 y 1994. En su carrera política ayudó a fundar el Movimiento Alas Equipo Colombia, un partido político colombiano de centro derecha, nacido de la fusión de dos partidos: ALAS, fundado por el hoy detenido, también, por parapolítica, Álvaro Araújo Castro, y Equipo Colombia, creado por Ramos a mediados de los ochenta. Este partido ahora vive a través del Partido Somos Región Colombia, el cual recuperó la personería jurídica que le había sido suspendida en 2010. Por medio de este movimiento han aspirado a cargos públicos personalidades políticas como Viviane Morales. Adicionalmente, hay que traer a colación que, para su elección como gobernador, tuvo el apoyo de los conservadores antioqueños, el del Partido de la U, Cambio Radical, Colombia Democrática, Convergencia Ciudadana y de algunos liberales. En 2017 aspiraba a la presidencia por el partido Centro Democrático, pretensión que tuvo que dejar de lado por sus cuestionamientos. Además, vale la pena mencionar que Ramos fue un importante apoyo de Álvaro Uribe en Antioquia para su primera elección como presidente, así como para su reelección en 2006. “El primer golpe con la condena de Luis Alfredo Ramos lo recibe el uribismo. Primero, porque sigue siendo militante del partido y porque su hijo recién acaba de perder las elecciones a la Alcaldía de Medellín y lidera ahora la oposición contra Quintero. En esa pelea, seguramente Quintero sacará a relucir que, nuevamente, en el uribismo hay una persona condenada por parapolítica. La vinculación del uribismo con personajes cuestionados y condenados y con el paramilitarismo se refuerza. En segundo lugar, el golpe también lo recibe Iván Duque, porque Alfredo Ramos fue su jefe de debate, es decir, que siempre estaba presto para defenderlo. Hay que tener en cuenta, además, que en medio de las elecciones hay clanes políticos con otros personajes que ya fueron condenados por parapolítica. Es el caso, por ejemplo, del ‘Clan Suárez Mira’, que domina en Bello, Antioquia”, agrega la investigadora Daniela Garzón. Hay que señalar, además, el papel de denuncia que ha cumplido Pares en lo que se refiere al fenómeno de la parapolítica, escándalo por el cual ya han sido condenadas varias personas y que hoy tiene como protagonista a Luis Alfredo Ramos. Desde hace años, la Fundación ha intentado, desde su labor investigativa, desentrañar las redes en las que se han sostenido las alianzas entre sectores políticos y grupos paramilitares. De acuerdo a Daniela Garzón, en las investigaciones judiciales, “probablemente la justicia habría tardado mucho más en darse cuenta de lo que estaba sucediendo, que no fueron casos aislados, sino decenas de políticos involucrados en este tipo de actuaciones criminales. En el mismo sentido, Pares ha sido pionera en el seguimiento a los herederos de la parapolítica, que son personas, familiares o cercanos que se han quedado con sus caudales electorales”.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad El actual senador David Barguil, aparentemente, será el candidato presidencial del Partido Conservador para la consulta de la derecha. Según diversas fuentes consultadas por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), recibió el apoyo del 90% de su bancada, una que hace unas semanas tenía a Marta Lucía Ramírez como la única candidata de la derecha que registraba en las encuestas, pero que finalmente no aspirará debido a su decisión de aceptar ser vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores. De acuerdo con investigaciones previas de Pares, Barguil adquirió su caudal político y electoral a través de una de las estructuras clientelares más poderosas de Córdoba: el ‘Clan García Pineda’. Sin embargo, desde 2018, tras su afianzamiento político, ha creado su propia estructura: una nueva casa política que lo ha posicionado como el barón electoral de Córdoba con miras a una élite nacional. El Barón Electoral El relacionamiento de Barguil con el ‘Clan García Pineda’ se dio por su otrora amistad y relación política con Marcos Daniel Pineda, hijo de Nora García Burgos, senadora del partido Conservador y líder del ‘Clan García Pineda’. Nora García fue la madrina política de Barguil hasta el 2018. De acuerdo con fuentes consultadas en Córdoba, Nora García incidió desde el principio en la carrera de Barguil, a pesar de que este no tenía ningún tipo de experiencia política de relevancia o méritos propios. Barguil empezó como coordinador de los programas para el fortalecimiento de la acción comunal del Ministerio del Interior en el 2006, bajo la dirección del exministro Sabas Pretelt, quien fue inhabilitado y destituido por la Procuraduría General de la Nación por el caso de la ‘Yidispolítica’, y quien fue señalado por Pares por presuntamente adueñarse de tierras de campesinos en la región de Urabá durante el conflicto armado. En 2008, Barguil fue jefe de campaña de Marcos Daniel Pineda García a la Alcaldía de Montería. De acuerdo con Pares, en el 2013, Pineda García fue suspendido e inhabilitado por la Procuraduría tras comprobarse irregularidades en la sanción de cuatro proyectos de acuerdos municipales durante su mandato (2008-2011). Además, en la actualidad, tiene 6 procesos privados en la Rama Judicial, entre los cuales 5 son de carácter penal. Debido a la reserva de está información, se desconocen los motivos y el curso de estas investigaciones. En 2010, Barguil fue la fórmula a la Cámara de Representantes de Nora García Burgos. Por medio de este caudal político, Barguil fungió en este cargo en los periodos 2010-2014 y 2014-2018, con una votación de 48.433 y 86.125, respectivamente. Incluso, en 2014, ganó la presidencia y dirección del Partido Conservador cuando trabajó de la mano con Marta Lucia Ramírez durante su carrera presidencial, en la que se aseguró que Barguil era la renovación al interior del partido, y que Pares cuestionó en ese entonces, puesto que se avalaron para las elecciones locales de ese año, solamente entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, 112 de los 140 candidatos cuestionados que aspiraron a alcaldías y gobernaciones. En el 2018, Barguil se divorció del ‘Clan García Pineda’ tras anunciar su campaña al Senado, en la que consiguió un caudal electoral propio de 139.147 votos, superando con creces el caudal de su madrina política, quien obtuvo 96.926 votos. De esta forma, Barguil se convirtió en el conservador más votado y en el cuarto senador con más votos en el país. La escisión de está estructura clientelar se definió en 2019, cuando Barguil decidió apoyar a la Alcaldía de Montería a Carlos Ordosgoitia, quien finalmente se quedó con el cargo. En la actualidad, Pares ha identificado que la casa política Ordosgoitia hace parte de la nueva estructura política del senador: el ‘Clan Barguil’. El Ausente Entre los cuestionamientos más relevantes de Barguil como congresista, se encuentran ​​las denuncias de la Veeduría Trabajen Vagos por los presuntos delitos de falsedad y fraude en proceso de pérdida de investidura ante la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con Pares y la Veeduría Trabajen Vagos, se han presentado siete incapacidades médicas entre los años 2014 y 2017, en donde aparentemente el congresista habría presenciado estas sesiones. Sin embargo, para la hora de las votaciones, se habría retirado y, posteriormente, habría presentado las incapacidades elaboradas por el médico Juan Saab Hernández. Según Catherine Juvinao, dirigente de la veeduría, estas incapacidades habrían sido elaboradas posteriormente a las fechas señaladas, y en un mismo espacio temporal, para desvirtuar las investigaciones del Consejo de Estado, lo que podría conducir al presunto delito de falsedad ideológica. Al respecto, el pasado 22 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia ordenó revisar, a través de un examen grafológico, las incapacidades médicas que presentó el senador David Barguil para saber si son auténticas o si las firmas fueron copiadas. Este proceso está a cargo del CTI de la Fiscalía y se tiene un plazo máximo de 45 días para llevar a cabo esta verificación. La Mermelada Aunque el presidente Duque planteó que iba a acabar con la dinámica clientelista de la mermelada y los cupos indicativos, la evidencia pareciera mostrar lo contrario. Uno de los consentidos del Partido Conservador y del presidente Duque pareciera ser David Barguil. Barguil habría sido beneficiado no solo a título propio, sino también por medio de sus familiares y aliados políticos, como lo son el actual Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, y el ministro de Ambiente, Carlos Correa Escaf. Conforme a las investigaciones realizadas por Pares, Carlos Camargo Assis es primo de David Barguil y yerno de la senadora Nora García Burgos. En el periodo 2014-2017, Camargo fue elegido por el Partido Conservador y el Centro Democrático para ser magistrado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Allí fue el principal responsable de archivar la investigación en contra de Óscar Iván Zuluaga por la presunta entrada de dineros de Odebrecht a su campaña. En el 2018-2020, Camargo fue impulsado por el presidente Iván Duque para ser director de la Federación Nacional de Departamentos. En está institución, Camargo habría favorecido presuntamente a exmagistrados del Consejo de Estado, a familiares de los en ese entonces magistrados y a renombradas personalidades políticas con cuantiosos contratos. Esto se habría realizado a cambio de que estas personas beneficiaran a congresistas conservadores o uribistas que eran investigados por distintos delitos. Según las investigaciones realizadas por Pares, entre las personas beneficiadas se encontrarían David Barguil, Olga Suárez Mira, Ernesto Macías, Eduardo Pulgar, Oneida Pinto, entre otros. Por otro lado, Carlos Correa Escaf, aliado político de Barguil y, en su momento, de Nora García Burgos, tras el posicionamiento de Barguil como representante en el periodo 2010-2014, se impulsó en el 2011 para aspirar a la Alcaldía de Montería. Resultó ganador en las elecciones y ejerció en el periodo 2012-2015. En 2017, mientras era consejero presidencial para las Regiones, en el Gobierno de Juan Manuel Santos, fue capturado por presuntas irregularidades en la contratación de las obras del coliseo Miguel ‘Happy’ Lora de Montería. A pesar de estos hechos, fue liberado, junto con Marcos Daniel Pineda, mientras continuaba la investigación. En 2020, Correa fue nombrado ministro de Ambiente. De acuerdo con diversas fuentes consultada por Pares, está designación se dio por su cercanía con Barguil. Recientemente, a raíz de las investigaciones de Pares, se conoció que el río Sinú está siendo contaminado con 35 mil metros cúbicos diarios de materia fecal por cuenta de los presuntos incumplimientos en las obras de Veolia S.A., empresa encargada del acueducto y alcantarillado en Montería. Dichas obras fueron avaladas por Correa Escaf, quien, a través de un otrosí, en 2014, extendió el contrato con la empresa por una década más. En dicho otrosí, Pares evidenció irregularidades que configuran un presunto caso de corrupción en el que se estaría generando un detrimento patrimonial superior a los 42 mil millones de pesos, además de daños ambientales irreparables al río Sinú y a distintos municipios de Córdoba. ¿Dónde están las caras jóvenes? Según el informe “Consejos de Juventud: ¿la apertura democrática en Colombia?”, el Partido Conservador es el segundo partido político, luego del Partido Liberal, que tiene más listas inscritas en los consejos locales de juventud: 629, exactamente. También fue el partido con mayores candidatos inhabilitados en las elecciones locales del 2019: contó con 694 inhabilitados de los 117.822 inscritos. Así mismo, es uno de los partidos con mayor presencia de clanes en su interior: ‘Clan Pineda García’, ‘Clan Barguil’, ‘Clan Acuña’, ‘Clan Blel’ y ‘Clan Merheg’. Teniendo en cuenta las diversas investigaciones de Pares, el Partido Conservador es uno de los partidos con mayores miembros cuestionados y en los que sobreviven herederos de parapolítica, narcotráfico y corrupción. De está manera, se presume que el ejercicio político de los consejos locales de juventud se encuentra cooptado por la distintas maquinarias políticas y electorales que sobreviven a través de sus distintas estructuras clientelistas, las cuales no responden ni representan los intereses de los y las jóvenes, por lo menos en materia de meritocracia, justicia, transparencia y equidad. Por el momento, todo parece señalar que el Partido Conservador ha lanzado a los próximos comicios presidenciales una carta segura que, lejos de ser la renovación al interior del partido, es la expresión de la continuidad de las prácticas tradicionales.

Por: Línea de investigación de Conflicto, Paz y Postconflicto – Pares Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presentamos el Boletín #8 sobre masacres cometidas en el país. De acuerdo a este reporte, entre el 1 y el 30 de septiembre, se cometieron cuatro masacres que dejaron 15 víctimas mortales. Para el mismo lapso de tiempo del 2020 se habían registrado 14 masacres que dejaron un saldo de 51 personas muertas. Es decir que, para el presente año, hubo una reducción significativa tanto en el número de hechos como en el número de víctimas que estos dejaron. En lo que va del año, en total, han sido reportadas 68 masacres en todo el país. A continuación, se encuentran las cifras e informaciones detalladas de las masacres perpetradas entre el 1 y el 30 de septiembre. Asimismo, más adelante presentamos un mapa con información sobre las regiones en las que han ocurrido estos hechos violentos a lo largo del 2021 en Colombia. Descarga el boletín completo: A continuación, un mapa interactivo con los municipios en los que se han presentado masacres a lo largo del año y con el número de víctimas que estos hechos han dejado. Este mapa ha sido elaborado por con base a las cifras del Sistema de Información de Pares (SIPARES).

Por: Guillermo Segovia Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares “La paz frágil”, dijo el presidente de Colombia ante la Asamblea de Naciones Unidas para referirse con sorna a los acuerdos que trajeron de vuelta a la institucionalidad descaecida del país a las FARC-EP. La misma paz con la que el Gobierno y sus representantes sacan pecho para recibir los elogios y apoyos que le ha deparado el mundo a Colombia por ese pacto histórico de civilidad y de cuyo estado actual –recortes y fragilidad– es absoluto responsable. El vociferante ministro de Defensa siguió la pauta al afirmar que ahora no hay una sino tres FARC: la que tiene representación en el Congreso, la que se hartó de los incumplimientos y, erróneamente, volvió a las armas, y la que nunca creyó en ese cuento. Calló que a la primera, leal a los acuerdos, la están masacrando y el Gobierno no ha sido capaz de impedirlo. Se sumaron al coro el ministro del Interior, que tuvo la osadía de lesa antidemocracia de salir a retar al candidato favorito a las presidenciales restregándole su pasado guerrillero, y el embajador en los Estados Unidos que, como funcionario del Gobierno firmante de la paz, asintió a favor de las conversaciones y ahora las repudia. Las reacciones amargadas y guerreristas del Gobierno uribista, del partido en el Gobierno –el Centro Democrático y sus aliados– y de Uribe –desde su trinchera campestre y ecuestre– obedecen a una razón de fondo: el proceso de paz facilitó las condiciones para que un gobierno alternativo dirija los destinos de la nación. Esa es, en el fondo, la razón de la bronca contra los acuerdos de paz. Prefieren ignorar que, a la par, la alternativa de las armas fue deslegitimada como opción en un país acostumbrado a acudir a ellas para dirimir sus diferencias. La república señorial de estirpe terrateniente y mafiosa, y “el Estado social de derecho” neoliberal de la burguesía urbana financiera se resisten a aceptar la realidad de que, tras el Acuerdo de Paz con la guerrilla más grande e histórica, la guerra dejó de ser amenaza y freno, y la gente se liberó para expresar su inconformidad y optar por un posible vuelco político histórico. Eso no lo calcularon Santos y su gente, pero contribuyeron a ello y, por eso, la reacción no se los perdona. La desazón se nota en la desesperación de las reacciones por manchar como fracaso y minimizar el quinto aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Estado y las FARC-EP, fraguados en La Habana durante un lustro, desde que el entonces presidente, Juan Manuel Santos, anunció que tenía la llave de la puerta de la paz, el 7 de agosto de 2012. De esta forma, se liberó de las amarras de la “seguridad democrática” de Uribe. El 26 de septiembre de 2016, en pomposo acto en Cartagena, cimbrado por aviones de guerra que reafirmaron la posición de las Fuerzas Armadas –la paz es la victoria, les prometió el presidente–, ‘Timochenko’ (Rodrigo Londoño) y Santos estamparon sus firmas y estrecharon sus manos en medio de vítores de los invitados. A pocas cuadras, el expresidente Álvaro Uribe, altavoz en mano, se despachaba contra el tratado. La dicha fue breve. El terco y soberbio empeño de Juan Manuel Santos: por glorificarse con un plebiscito de apabullante apoyo a su gestión se estrelló con los efectos de la estrategia mezquina del uribismo para desprestigiar las negociaciones. Contra el optimismo y el tremendismo atemorizador de la propaganda oficial, el 2 de octubre de ese año ganó el “No” por una mínima diferencia y sobre la base de muchas mentiras e infamias. Como para la reelección, el presidente tuvo que acudir al respaldo del movimiento social partidario de la paz –que no a su mandato de carácter neoliberal– para darle oxígeno a un proceso balbuceante, edificado institucionalmente sobre la base del apoyo político de los partidos de la coalición de gobierno, “mermelada” a los congresistas y medios de comunicación, y la promesa a los grandes empresarios de mejores días para los negocios. Tras el pasmo de la derrota, en una hábil decisión, Santos consultó modificaciones con los ganadores: aceptó muchas formales y, presionadas por los militares azuzados por Uribe, otras de fondo como la impunidad jerárquica. El 7 de octubre del 2016, el otorgamiento del Premio Nobel de Paz le dio el necesario y urgido espaldarazo ante el país y el mundo. Con el apoyo del Congreso y el aval de la Corte Constitucional logró una salida institucional al proceso. El Acuerdo se ratificó en una nueva ceremonia en el Teatro Colón de Bogotá, el 24 de noviembre de ese mismo año. Desde entonces, la división es irreconciliable. El uribismo no acepta lo acordado, así en gran parte no se haya cumplido aún. El Gobierno Santos, a pesar de los esfuerzos y, en algunos casos adrede, no logró completar la arquitectura de implementación de los compromisos ante unas FARC-EP desmovilizadas. El cumplimiento de los acuerdos, en la esencia de lo negociado –que más allá de la desmovilización de las FARC-EP apuntaba a destrabar factores de injusticia que dieron justificación a la insurgencia–, requería de un Gobierno afín. El establecimiento, que apañó la iniciativa de Santos por considerarla manejable, se “patraseó” ante la posibilidad de un gobierno de cambio. Para atajar a Gustavo Petro, corrieron a imponer a Duque, en conocimiento de que traicionaban lo que habían respaldado. El movimiento social que ha promovido una solución política a los conflictos celebra el Acuerdo de Paz, a pesar la implementación desvirtuada y reducida por parte del Gobierno Duque y los 289 firmantes, hombres y mujeres, y cientos de personas líderes sociales asesinadas, reivindica lo avanzado y sigue trabajando porque se pueda recuperar el espíritu original y cumplir lo acordado; comparte una visión holística en la que paz significa equidad, justicia, verdad, reparación de las víctimas y compromiso de no repetición: una sociedad reconciliada en sus diferencias y con un proyecto de país para todos. El Gobierno Duque, con la política de “paz con legalidad”, se ha limitado a procurar la reincorporación de excombatientes de base, a tolerar con cicatería la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción de Paz, a un Centro de Memoria Histórica desvirtuado por el negacionismo y a proyectos menores en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) afectados por el impacto del conflicto. El uribismo, al asumirse vencedor en la guerra sin limitaciones humanitarias impuesta con la “seguridad democrática”, aspiraba a una imposible claudicación de la insurgencia y a imponer las condiciones del desarme. Nada más. Reforma rural integral, catastro multipropósito, sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, restitución de tierras despojadas, dignificación de los territorios, participación decisoria, justicia transicional restaurativa, memoria histórica centrada en las víctimas quedaron en el papel y son ahora filtrados por los intereses de los victimarios. A pesar de eso, de que se han desatado varias guerras y cunde la muerte para contener el descontento social tras el reciente estallido, no han podido “hacer trizas la paz”. Colombia no les copia a los guerreristas. Lo dicen, una tras otra, las encuestas. No hay duda: mejor una paz frágil y por construir que la guerra abominable que promueve con mentiras ominosas la derecha envilecida y asustada ante la posibilidad de un cambio de rumbo, el cual intenta parar desde el Gobierno y el Congreso con toda clase de manejos y trucos. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Juan Sebastián Peña Editor – Pares El 23 de enero del año 2000, hombres fuertemente armados, pertenecientes al Batallón Héroes de Barbacoas de la Cuarta Brigada del Ejército y a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), irrumpieron en la finca ‘La Galleta’, en el municipio de Montebello, Antioquia. Este grupo armado torturó y asesinó a 4 personas que se encontraban en el lugar. Las víctimas mortales de esta masacre fueron Uberney Giraldo Castro, José Evelio Gallo (ambos exmilitantes de la CRS), Guillermo Adolfo Parra López (profesor y líder social) y Wilfredo Cañaveral (hijo del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de San Antonio). En la finca ‘La Galleta’ se desarrollaba un proyecto productivo liderado por un grupo de personas reinsertadas que hacían parte del movimiento político Corriente de Renovación Socialista (CRS), una disidencia del ELN que dejó las armas en 1994 y se reincorporó a la sociedad civil. En el marco del acuerdo de paz firmado entre esta facción disidente y el Gobierno de César Gaviria, personas la CRS constituyeron la empresa Sociedad Agropecuaria Horizontes Ltda y gestionaron la compra de la finca ‘La Galleta’, donde desarrollarían el proyecto productivo al que tenían derecho según lo pactado con el Estado. Al respecto, Pastor Jaramillo, socio de la Sociedad Agropecuaria Horizontes Ltda desde el momento de su creación y víctima de estos hechos, menciona que “la finca es de unas 234 hectáreas de tierra que nos entregaron a nosotros por allá en el año 98. No la pudimos disfrutar sino dos años nada más. Ahí andábamos trabajando 13 familias”. Cuando los miembros del Ejército y de las AUC irrumpieron en la propiedad, señalaron a las personas allí presentes de ser colaboradoras de la guerrilla. De acuerdo a lo señalado por la Corporación Nuevo Arco Iris, una vez allí, los hombre armados hicieron pesquisas en las viviendas de José Evelio Gallo y Uberney Giraldo y, luego de hurtar algunas de sus pertenencias, “pintaron las paredes con consignas de los grupos de autodefensas y se los llevaron junto a otros cuatro secuestrados”. Dos de estas personas fueron liberadas y, finalmente, en un lugar cercano habrían sido ejecutados con tiros de fusil Uberney Giraldo, José Gallo, Guillermo Parra y Wilfredo Cañaveral. Sus cadáveres fueron hallados en distintos lugares de la región. Al informar sobre la muerte de los dos exintegrantes de la CRS (Giraldo y Gallo), la versión oficial del Ejército fue la siguiente: “dos guerrilleros de la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago del ELN fueron abatidos en desarrollo de la ofensiva militar adelantada por el Ejército para proteger la infraestructura eléctrica en el departamento de Antioquia… los insurgentes pretendían colocar cuatro cargas explosivas en una torre de energía, en la vereda Madera, del municipio de El Carmen…”. Sin embargo, de acuerdo al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y a lo que se terminó conociendo posteriormente, en la inspección de los cadáveres que realizó un equipo del CTI de la Fiscalía, se encontró que “una de las víctimas había sido ultimada con nueve tiros por la espalda y (…) que los uniformes que vestían no tenían ninguna perforación, conclusiones razonables para deducir que no podían haber participado en algún combate”. De esta forma, terminó por conocerse que la brigada del Ejército había actuado mancomunadamente con el grupo paramilitar ‘Frente Batalla del Santuario del Bloque Metro de las ACCU’. Intentando ocultar las pruebas de esta acción conjunta, luego de que la Fiscalía realizara sus pesquisas, personas desconocidas habrían llegado a la morgue de El Carmen de Viboral, donde se encontraban los cadáveres de Uberney Giraldo y José Gallo, y luego de pintar consignas alusivas a la cuadrilla ‘Carlos Alirio Buitrago’ del ELN raptaron los cuerpos de los dos exmilitantes de la CRS. Hasta la fecha, aún se desconoce el paradero de ambos cadáveres. En relación a estos hechos, en el 2008, la Corte Suprema de Justicia emitió una condena de 40 años de prisión contra los militares Humberto de Jesús Blandón Vargas y Sandro Fernando Barrero por el delito de omisión en los asesinatos de Giraldo y Gallo. En mayo del 2020, el Juzgado Primero Civil del Circuito ordenó al Ejército Nacional pedir perdón a las víctimas de esta masacre perpetrada por integrantes de las Fuerzas Armadas y de las AUC. Este acto de perdón se realizará el próximo 12 de octubre, a las 10:00 am, en el Museo Casa de la Memoria, en Medellín. Frente a lo que significa este reconocimiento por parte de la fuerza pública, Pastor Jaramillo asegura que “representa una ganancia enorme para los procesos de paz. Con todo y las limitaciones que tiene, esto es una ganancia grande: que el Estado sea capaz de reconocer que ha cometido errores. Es una parte indipensable para el avance de cualquier proceso de paz y para el desarrollo de una nueva sociedad. Es un aporte grande a la convivencia, a la reconciliación”. El desarrollo de actos de perdón como este, sin duda, hacen posible avanzar en lo que se refiere al esclarecimiento de la verdad y la construcción de memoria sobre el conflicto armado en el país. Y, además, en ese sentido, permiten visibilizar la enorme responsabilidad histórica que ha tenido el Estado colombiano en la perpetuación de las condiciones que han llevado al recrudecimiento de la violencia. En el marco de las dificultades actuales que existen para la implementación integral de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP, y especialmente teniendo en cuenta la crítica situación de seguridad que enfrentan exintegrantes de este extinto grupo armado, casos de persecución como el que vivieron los militantes de la CRS representan un recordatorio de que si el Estado y sus instituciones (y, por supuesto, la sociedad civil) no demuestran un compromiso real de avanzar en la construcción de paz, historias como la de la masacre en la finca ‘La Galleta’ se repetirán interminablemente. Nota: la foto utilizada en el encabezado de este artículo es cortesía de CNIA.

Por: Laura Cano Periodista – Pares El pasado viernes, 17 de septiembre, se conoció que en zona rural de Quibdó, Chocó, se había presentado un bombardeo en el cual seis guerrilleros del ELN habrían muerto y tres más habrían resultado heridos. Días después, se señaló que uno de los guerrilleros que habrían muerto en ese combate era Ogli Ángel Padilla Romero, conocido con el alias de ‘Fabián’, quien era el cabecilla del ‘Frente de Guerra Occidental’ del ELN. No obstante, el pasado 28 de septiembre, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que alias ‘Fabián’ había sido capturado con vida, pero que había resultado herido y debió ser trasladado a una clínica de la ciudad de Cali, donde falleció. Tras la confirmación de este hecho, el ELN hizo público un comunicado en el que afirmaba: “Hoy el Ejército de Liberación Nacional está de luto y con el corazón adolorido por la muerte del comandante ‘Fabián’ en una clínica en Cali, anunciada el 28 de este mes. (…) Como muchos otros, el bombardeo realizado fue descomunal sobre el campamento guerrillero, usando de manera desproporcionada la fuerza militar y los explosivos. Queda el registro gráfico de lo acontecido. (…) En otras palabras, el gobierno de Duque y el ministro Molano nos han autorizado para usar de manera desproporcionada la fuerza y los explosivos. El Gobierno y los militares no pueden volver a sacar los argumentos sesgados que cuando nosotros usamos los explosivos es terrorismo, pero cuando los usan ellos es legal”. Con esto, la guerrilla instó a la Cruz Roja a entregar un informe que dé cuenta de las condiciones en las que se llevó a cabo el bombardeo y que, además, evidencie lo que sucedió desde el día de la acción militar hasta el día en que se confirmó la muerte de alias ‘Fabián’. “Desde hace más de 50 años existe un Conflicto Armado Interno, reconocido internacionalmente, y el Gobierno colombiano y sus Fuerzas Armadas están obligados a cumplir los Protocolos Humanitarios y el CICR debe velar por la protección de los alzados en armas que son capturados heridos”, señaló el ELN. Al respecto, Luis Eduardo Celis, asesor de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) en temas de conflictos armados y sus perspectivas de superación, analiza lo siguiente: “Hace unos meses fue dado de baja ‘Uriel’, luego una bomba mató a ‘Gallego’, y también perdió la vida alias ‘Samuelito’. Integrantes importantes del ELN han sido dados de baja, lo cual, por supuesto, resiente la estructura, pero tampoco aniquila del todo al grupo guerrillero, ni lo desestructura. La variable de derrota está en sacarlos del territorio. Eso ha pasado, por ejemplo, en el oriente antioqueño, en las partes planas del Magdalena Medio, pero no ha sido de tal impacto que solucione el conflicto”. Fuente: Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES) Tras el pronunciamiento del ELN, el Gobierno nacional, por medio del alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, se pronunció al respecto afirmando que se rechaza el comunicado y su carácter de amenaza. Además, aseveró que el grupo guerrillero debería “estar de luto es por todo el daño que se le ha hecho con su accionar al pueblo colombiano, no estar de luto por la muerte de alias ‘Fabián’”. De igual forma, Restrepo hizo referencia a que el día del bombardeo los militares realizaron las acciones de atención y, posteriormente, fueron quienes trasladaron al exguerrillero al centro hospitalario. Finalmente, el alto Comisionado afirmó que “es un error querer equiparar el accionar nuestra fuerza pública que constitucionalmente realiza acciones para defender la vida, honra y bienes de los colombianos, con quienes están al margen de la ley y realizan actos criminales”. Por otra parte, frente a estos hechos, también se pronunció el ministro de Defensa, Diego Molano, quien fue enfático en señalar que el Estado colombiani seguirá con las acciones armadas para dar con la derrota del ELN. “La evidencia, hasta el momento, es que el Gobierno colombiano no ha podido controlar ni mucho menos derrotar al ELN. Esta una organización que tiene 57 años de existencia y, además, está en un ciclo de crecimiento. Sin embargo, el Gobierno no quiere tener un acuerdo negociado, y esa podría ser la única solución para este conflicto. Al Gobierno no le importa la paz negociada, le interesa es el sometimiento, además con una retórica de combate que no resuelve de fondo nada. Estamos en un conflicto en curso, un conflicto no resuelto, vivo, y con esto solo queda en evidencia que el Gobierno va a seguir persiguiendo al ELN, y el ELN va a seguir combatiendo a su enemigo: la misma dinámica en la que estamos desde hace 57 años”, concluyó Luis Eduardo Celis.

“La gente muchas veces prefiere hacer como si no estuviera pasando nada; siguen sus festividades, tratan de seguir con su vida adelante, pero el escenario de la guerra es terrible y hay mucho silencio impuesto. Todo es tan grave, que nadie dice nada» Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación Por: Laura Cano Periodista – Pares En Ituango (Antioquia), en Roberto Payán (Nariño) y en Argelia (Cauca) la situación de desplazamiento forzado, en lo corrido de 2021, ha sido crítica: las noticias sobre habitantes que deben salir de sus tierras han sido constantes. Esta semana, de nuevo, el epicentro de esta problemática social estuvo en Argelia, donde el día de hoy se registró el desplazamiento número 14. Y es que solamente en lo que va del mes se han reportado dos hechos, pues hace tan solo dos semanas más de 80 familias campesinas de la zona rural de Argelia tuvieron que salir de sus hogares a raíz de los combates que sostienen los disidentes de la columna ‘Carlos Patiño’ de las FARC, el frente ‘José María Becerra’ del ELN y la ‘Segunda Marquetalia’. Las personas afectadas provenían de las veredas El Pinche, Buena Vista y Las Torres, así como del corregimiento de Santa Clara. Ahora, en horas de la mañana de este 30 de septiembre, fue denunciado un nuevo desplazamiento en Argelia, específicamente en las comunidades de Los Picos, Picos Altos, Los Pinos, Higuerones, Tambo Largo, Mundo Nuevo, y del corregimiento de Pueblo Rico, con un número todavía indefinido de familias afectadas. Tras lo sucedido, el alcalde de Argelia hizo un recuento sobre la situación que se agudiza en el municipio, puntualizando que algunos de los casos sucedidos en Argelia durante este año han sido los siguientes: 27 de febrero: vereda Las Vegas. 244 personas de 106 familias resultaron afectadas. 27 de marzo: veredas Desiderio Zapata, Tambo Largo y El Limoncito. 2.115 personas de 948 familias resultaron afectadas. 17 de abril: vereda La Ceiba. 215 personas de 93 familias resultaron afectadas. 04 de mayo: vereda Llano Alto. 142 personas de 61 familias resultaron afectadas. 19 de mayo: vereda La Hacienda. 240 personas de 80 familias resultaron afectadas. 01 de junio: vereda La Ceiba. 121 personas de 45 familias resultaron afectadas. 22 de junio: población en proceso de reincorporación. 138 personas de 19 familias resultaron afectadas. 29 de julio: vereda El Encanto. 573 personas de 250 familias resultaron afectadas. 20 de agosto: veredas Miraflores y La Primavera. 122 personas de 50 familias resultaron afectadas. 05 de septiembre: vereda La Ceiba. 203 personas de 95 familias resultaron afectadas. Así las cosas, más de 4.000 personas de 1.747 familias han sido víctimas de desplazamiento forzado en lo que va del año. La situación es aún más crítica si se tiene en cuenta que en otros hechos, como en el caso del sucedido más recientemente, no se han logrado establecer el número de personas y familias afectadas. Estas familias que se desplazaron a raíz de los constantes enfrentamientos entre disidencias de las FARC y ELN, el día de hoy han sido ubicadas en los albergues y en el coliseo de la cabecera municipal. Sin embargo, se han hecho llamados para que las instituciones con campo de acción en este tipo de hechos puedan brindar las garantías necesarias para estas personas. Más puntualmente, los enfrentamientos que se reportan son entre disidentes de la columna ‘Carlos Patiño’ de las FARC, el frente ‘José María Becerra’ del ELN y la estructura ‘Diomer Cortés’ de la ‘Segunda Marquetalia’. Según se ha reportado, cerca a las viviendas ubicadas en las veredas afectadas han llegado los impactos de arma de fuego y artefactos explosivos, poniendo en riesgo la vida e integridad de las personas. Además, también se ha informado que los grupos armados dieron unas horas en la mañana para que las personas pudieran salir de la zona y resguardar su vida. La situación de Argelia ha sido tan crítica que, en octubre de 2020, se emitió desde la Defensoría del Pueblo la alerta 047-20, en la que se llama la atención sobre la ola de violencia en el municipio. Situación similar a la de otros municipios del Cauca, donde hay intereses de los grupos armados por el control de las economías ilegales que se desarrollan en el territorio, como la producción asociada al narcotráfico y el tránsito de insumos de guerra utilizados por los grupos armados. Asimismo, la constitución geográfica y topográfica de estos municipios permite la configuración de diversas estrategias de movilidad y comercialización de sustancias relacionadas con la cadena del narcotráfico. Respecto a esta realidad violenta que se vive en Argelia, Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), señala lo siguiente: “Argelia llegó casi a los 100 homicidios, en una zona donde hay alrededor de 30.000 habitantes, es decir la tasa es de casi 300 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto en hechos como homicidios selectivos, masacres, asesinatos a excombatientes, enfrentamientos y hechos relacionados”. En relación con esto, vale la pena mencionar que, según el Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES), en lo que va del año, en Argelia se han cometido 10 asesinatos selectivos, en donde se han reportado acciones contra familiares de la Mesa de Víctimas del municipio, líderes campesinos, integrantes de organizaciones sociales, firmantes de paz y políticos (como fue el caso del concejal Fermiliano Meneses, ocurrido en el mes de enero). Hay que señalar que según este mismo documento de la Defensoría, la región es disputada por la columna móvil Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, y el frente José María Becerra del ELN, pero en los últimos meses también estarían haciendo presencia en el territorio integrantes de la Segunda Marquetalia a través de la estructura Diomer Cortés. “La situación en Argelia se ha agravado en los últimos tres años, pero la incursión del frente ‘Carlos Patiño’, que hace parte del comando coordinador de occidente, alineado a las facciones disidentes de ‘Gentil Duarte’, es el que alteró totalmente la situación. A su llegada, empezó una disputa muy fuerte con el frente ‘José María Becerra’, que tenía un poder muy grande en la zona. Además, el frente ‘Carlos Patiño’ llegó a acosar a excombatientes para que se les unieran. Ha sido tanta la presión que se terminó configurando un tercer grupo, inicialmente lo llamaban ‘Los Pocillos’, por un comandante de las antiguas FARC. Este grupo ya se configuró como la ‘Segunda Marquetalia’. Esto ha sido un rifirrafe, en el último año y medio, que ha llevado a una situación constante de amenaza”, agregó Torres. Por último, Torres concluye: “La gente que no se ha desplazado está casi que confinada en sus casas. Movilizarse en la zona no es fácil, sobre todo en El Plateado, donde se debe estar carnetizado y hay un riesgo constante de que seas asesinado porque un grupo piense que se es colaborador del otro grupo. Muchos jóvenes están desaparecidos, y se desconoce mucho lo que pasa en Argelia porque hay mucho silencio, y la Alcaldía está atrapada. Incluso el alcalde ha sido declarado objetivo militar. La situación de Argelia es más que dramática, y parte de esto tiene que ver con el actuar de la fuerza pública, que no es el adecuado, a veces parecen espectadores”. Fuente: SIPARES.