Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad – Pares Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presentamos el informe “El eslabón perdido de las chuzadas”: una investigación que recoge las evidencias y testimonios que involucran al senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria en el resonado escándalo de las chuzadas del DAS. A pesar de que al menos diez testigos lo señalan de calcular muchas de estas operaciones ilegales de espionaje y persecución estatal, su proceso judicial completa once años sin avanzar. Conoce todos los detalles de esta investigación en el informe completo:

Por: Redacción – Pares El pasado 23 de septiembre, se conoció que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos dio luz verde para que se limite el apoyo económico que aquel país le ofrece al Gobierno colombiano en temas de seguridad y fumigación con glifosato. Esta decisión se produjo en el marco de la discusión de la ley “Acto de Autorizaciones para la Defensa Nacional (NDAA por su sigla en inglés)”, a través de la cual se establece el presupuesto y los parámetros que deben seguir los Estados Unidos en lo que se refiere a gastos que tengan relación con defensa y seguridad (Te podría interesar: «Cámara de representantes de EEUU aprueba limitar apoyo a fumigación aérea en Colombia»). A propósito de esta decisión, y aunque aún falta una discusión en el Senado de aquel país para que esto pueda materializarse, distintas organizaciones y personas manifestamos públicamente nuestro apoyo a esta determinación. A continuación, reproducimos la declaración relacionada a este apoyo público que suscribimos desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares): Declaración: Apoyo a la decisión de la Cámara de representantes de Estados Unidos de prohibir asignación de fondos para la fumigación aérea de cultivos ilícitos en Colombia 30 de septiembre de 2021 Las personas y organizaciones firmantes respaldamos la decisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que aprobó, este jueves 23 de septiembre, una serie de enmiendas en la Autorización del Presupuesto de Defensa Nacional. Entre las modificaciones, se prohíbe que fondos donados por Estados Unidos puedan usarse para la fumigación aérea de cultivos ilícitos en Colombia. Por lo cual, llamamos al Senado de ese país a que mantenga dicha prohibición. Igualmente, llamamos al Congreso de los Estados Unidos para que el Departamento de Estado, en la cooperación con Colombia, tampoco destine fondos para financiar actividades relacionadas con las aspersiones aéreas con glifosato. De la misma manera, extendemos esta llamado al Congreso colombiano para que no autorice la destinación de recursos públicos, ni del presupuesto para el año 2022, en estas estrategias de guerra con sustancias químicas que se asperjan en operaciones militares aéreas contra cultivos de uso ilícito. El Estado colombiano ha utilizado la aspersión aérea como un arma de guerra en el marco de la estrategia de reducción de la oferta, lo cual ha impactado negativamente los ecosistemas y el tejido social, y ha acrecentado la victimización de poblaciones, pues este procedimiento se ha desarrollado en territorios donde habitan comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, violando sus derechos humanos y arrasando con los entornos naturales en los que viven. En el 2015, la aspersión con glifosato se suspendió en el país acogiendo el principio de precaución. En el 2017, la Corte Constitucional terminó por condicionar la práctica de aspersión, por medio de la Sentencia T-236, a través de unos requisitos mínimos que el Estado debía cumplir. La llegada de Iván Duque (2018-2022) a la Presidencia ha estado caracterizada por sus múltiples maniobras para lograr la reactivación de la fumigación, pasando por encima de lo establecido por la Corte y de lo acordado en el Acuerdo de Paz de 2016. A la par, el Gobierno de Iván Duque colocó en tercer plano la implementación del programa integral de sustitución voluntaria, dando prioridad a la erradicación forzada a cargo de la fuerza pública. El plan de sustitución se redujo a pagos parciales a las familias inscritas entre 2017 y 2018, que la fecha no han recibido las asignaciones para proyectos productivos ni han tenido acceso a tierras para cultivar o reubicarse. El Gobierno dejó por fuera a más de 200.000 familias que han expresado su voluntad de ingresar a los Planes Nacionales Integrales de Sustitución y que incluyen a las que firmaron compromisos de pactos colectivos. Además, la política de sustitución no ha avanzado en la concertación con las comunidades étnicas que siguen azotadas por las mafias del narcotráfico, ni ha garantizado la seguridad para las personas líderes y defensoras de derechos humanos comprometidas en la superación de tal economía. En el marco de las movilizaciones sociales iniciadas el 28 de abril de este año, diversas organizaciones sociales, de jóvenes, campesinas, afros e indígenas, se sumaron a las acciones para exigir al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados de sustitución y la no reactivación de las fumigaciones ni de las erradicaciones forzadas, puesto que ponen en grave riesgo la vida rural y recrudece la violencia en las regiones. El país tiene enormes preocupaciones sobre la reactivación de esta estrategia que incluye el uso de sustancias químicas tóxicas en operaciones de guerra. Exigimos cumplir de buena fe con los programas de desarrollo rural integral y la sustitución concertada de economías ilegales, dando prioridad a alternativas de vida digna a las familias más empobrecidas y vulneradas. Firmas de Organizaciones y personas Instancia Étnica de Alto Nivel, Organización Indigena de Colombia ONIC Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC Comisión Étnica para la paz y la defensa de los derechos humanos Asociación de juntas de acción comunal de San José del Guaviare COCCAM Cauca COCCAM Tumaco Acción Técnica Social ATS Asociación pro zona de reserva campesina de Miranda Asociación Campesina del Sur de Córdoba Elementa DD.HH. Asinatrancampic Asociación Porvenir Campesina de Llorente Ascamcat Coccam Argelia Redhpana: Recompas, Asocoetnar, Aciesna, Unipa, Resguardo indígena Piguambí Palangala, Asociación de Consejos Unidos de Magüí Payán, Voces del Pacífico, Palenque Afro Urbano de Tumaco, Mesa Municipal de Mujeres de Tumaco, Mesa Municipal de víctimas de Tumaco, Asociación piernas cruzadas de Barbacoas, ABC Pazcific, Consejo comunitario Bajo Mira y frontera, Consejo Comunitario Río Tablón dulce, Consejo comunitario rescate las varas, Consejo comunitario la esperanza, Consejo comunitario La Nupa, Consejo comunitario veredas unidas por un bien común, Consejo comunitario el esfuerzo pescador, Consejo comunitario Acapa, Consejo comunitario pro defensa, Consejo comunitario Unión de Cuenca, Asociación Luz de esperanza, Asociación de mujeres líderes ASMUL, Colectivo socio jurídico Orlando Fals Borda, Nilson Estupiñán Arboleda. Corporación Viso Mutop Centro de Pensamiento desde la Amazonía Colombiana AlaOrillaDel Rio INDEPAZ CINEP CODHES Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Corporación Geoambiental Terrae

Por: Juan Sebastián Peña Muette Editor – Pares Este 28 de septiembre, el movimiento social y político “Congreso de los Pueblos” ha denunciado que, como parte de una persecución judicial de la que estaría siendo víctima, el líder y defensor de derechos humanos Jimmy Alexander Moreno fue capturado por la Policía Nacional. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Popayán en el preámbulo de las jornadas de movilización que se realizaron el día de ayer en distintos puntos del país. Jimmy Moreno es vocero y dirigente nacional del Congreso de los Pueblos, de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, y del Comité Nacional de Paro en Popayán. Según se denunció por parte del “Congreso de los Pueblos”, aunque aún son pocos los detalles que se conocen respecto a su captura, la detención de Moreno haría parte de un escenario adverso para el liderazgo social propiciado desde el Estado. Esta situación de vulnerabilidad estaría marcada por “los múltiples señalamientos, estigmatizaciones, y montajes judiciales como parte del genocidio político estatal contra el movimiento social y organizaciones defensoras de derechos humanos en el país para desarticular la movilización y las acciones sociales que buscan la defensa de la vida y de los territorios”. Desde Blu Radio se informó que a Moreno se le acusa del delito de rebelión y de tener presuntos nexos con el ELN. De acuerdo a la información de este medio de comunicación, su captura se habría dado como resultado de la revisión de los computadores incautados luego del bombardeo del Ejército contra alias ‘Fabian’, cabecilla del ELN, en el departamento del Chocó. Sin embargo, la constante persecución contra el liderazgo social por parte de las autoridades despierta sospechas respecto a la transparencia de procesos como este. De hecho, justamente, el Programa Somos Defensores acaba de revelar en su informe más reciente que, para el primer semestre del 2021, aumentaron los casos de violencia contra personas líderes y defensoras de derechos humanos respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior. En total, se registraron 524 hechos violentos en los primeros seis meses del año contra esta población y, por primera vez, la mayoría de presuntos victimarios en estos casos serían integrantes de la fuerza pública. Llama la atención, además, teniendo en cuenta que Jimmy Moreno fue capturado en vísperas de una nueva jornada de movilizaciones sociales, que, según este informe de Somos Defensores, el 41,6% de estos hechos violentos contra personas defensoras de derechos humanos se presentaron, justamente, en el marco de las movilizaciones sociales del paro nacional iniciado el 28 de abril. Teniendo en cuenta todo esto, desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) hacemos un llamado de alerta y exigimos que haya garantías al debido proceso en este caso y que se esclarezcan los hechos que han llevado a la captura de Jimmy Moreno.

Por: Daniel Julián Parra Integrante de equipo de investigación de Frontera – Pares Recientemente se cumplieron 100 días del atentado ocurrido en Cúcuta contra la Brigada 30 del Ejército Nacional. Desde entonces, además del ataque contra un helicóptero en el que se movilizaba el presidente Iván Duque, toda una serie de hechos violentos se han presentado y han evidenciado la crisis de seguridad que se vive en esta ciudad y en su área metropolitana. Las disputas territoriales entre distintos grupos armados organizados han dejado a la sociedad civil en medio de un escenario de violencia para el que, de momento, las respuestas estatales parecen ser insuficientes. A continuación, presentamos una línea de tiempo interactiva con algunos de los hechos de orden público que han marcado la situación de seguridad en Cúcuta durante estos últimos 100 días.

Por: Isaac Morales Coordinador Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, ha decidido hacer algunos cambios en la cúpula de la institución. Las secciones en las que se han producido movimientos son: la Dirección de Seguridad Ciudadana, la Inspección General, la Dirección de Antinarcóticos y la Policía Metropolitana de Barranquilla. El anuncio oficial se realizó el día de ayer. El cambio más relevante tiene que ver con la designación del general Herman Alejandro Bustamante como nuevo director de la Dirección de Seguridad Ciudadana (DISEC). Al respecto, es importante mencionar que este representa el tercer cargo más importante al interior de la Policía Nacional después de la Dirección y la Subdirección. Bustamante, quien se desempeñó hasta el día de hoy como director de Antinarcóticos, llega con una tendencia de línea dura dentro de la institución y con experiencia en diversas especialidades policiales. Otro de los cambios tiene que ver con el nombramiento del general Carlos Ernesto Rodríguez como Inspector General de la Policía. Desde el 2020, Rodríguez se venía desempeñando como director de la DISEC. Entre los principales desafíos que se le presentaron mientras ocupó este cargo se encuentran la respuesta a las protestas sociales, sobre todo en el marco del más reciente paro nacional, y el proceso de transformación institucional que se viene gestando desde el mando del General Atehortúa. De igual forma, en reemplazo del puesto que dejó el general Bustamante en la Dirección de Antinarcóticos, fue nombrado al mando de esta sección el brigadier general Ricardo Augusto Alarcón Campos, quien se desempeñaba como comandante de la Región de Policía No. 4 (que comprende los departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Cauca). Finalmente, el otro cambio tiene que ver con el nombramiento del brigadier general Luis Carlos Hernández Aldana como comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Desde el pasado 6 de enero, Hernández se venía desempeñando como comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias. Estos cambios realizados por el general Vargas buscan responder de manera efectiva a los altos índices de hurto y homicidio que se han registrado en todo el territorio nacional. Además, los movimientos de Rodríguez y de Bustamante podrían significar una proyección de quién sería el próximo director nacional de la Policía. De cualquier forma, estos nombramientos evidencian la presión por parte del presidente Iván Duque para dar respuesta inmediata a los hechos que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana en el país.

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Buena parte de los nacionales que han viajado o viajan al exterior han manifestado que, a cuanto sitio llegan, les asocian con la delincuencia; especialmente con el narcotráfico. Igual se sabe que eso les ocurre tanto en Bolivia como en la China, y que eso es consecuencia de informaciones que le llegan al mundo repetidas veces. Informaciones donde se nos describe como narcotraficantes y, aunque no se tengan datos precisos que involucren a cada persona de ciudadanía colombiana en ese delito, lo corriente es que el mundo entero piense que eso es cierto. La repetición de esa falsedad (en series, películas y noticias sobre el tema, en las que el centro espacial y cultural es Colombia) la hace aparecer como una irrefutable verdad, pese a que las colombianas y los colombianos no somos todos traquetos. Se trata de un efecto sicológico que determina nuestra visión del mundo sobre la base de que aquellas informaciones, a las que nos exponemos repetidamente, las percibimos como más verdaderas. Esto es así porque una suerte de pereza o comodidad mental –muy connatural al comportamiento animal– nos dispone a elegir siempre los mecanismos de facilidad cognitiva (“los caminos del lobo”, les digo yo). La facilidad cognitiva –que es un término acuñado por los sicoanalistas posmodernos– da cuenta de cuánto está trabajando tu cerebro, y si lo hace desde lo más elemental (como cuando estás viendo ballenas) o si desde lo más complejo (como cuando estás pensando en soluciones para los problemas de tu país). Las cosas irrefutablemente verídicas, como observar ballenas, suelen generar facilidad cognitiva y todos podemos dar fe de ello, como cuando alguien dice que “el agua moja”, que “la tierra es redonda” o que “las ballenas son gigantes”. Esas verdades axiomáticas no solo las percibimos como verdaderas, sino además las sentimos familiares. Las receptamos sin ningún esfuerzo y las consideramos muy bien dichas. Pero ello no sería ningún problema, de no ser porque la facilidad cognitiva puede fabricarse artificialmente –como suelen hacerlo los políticos– y, si te repiten el estímulo contrario a esas verdades, puedes propagar como un hecho verídico que “el agua reseca”, que “la tierra es plana” y que “las ballenas son diminutas”. En la universidad de Michigan realizaron uno de esos experimentos que, por basarse en estadísticas y encuestas, suelen parecernos fríos y aburridos, pero que a la final nos resultan eficientes herramientas cuando se trata de sustentar tesis acerca del comportamiento humano y su espíritu cambiante. Sin advertirles a sus lectores, publicaron en la revista del campus universitario una serie de palabras carentes de significados. La mitad de ellas fueron publicadas varias veces y las otras muy pocas veces. En otra sede de la misma universidad hicieron lo propio con las mismas palabras, pero allí imprimieron con mayor frecuencia las que en la otra sede habían relegado. Al cabo de unos días, se les pidió a los lectores que calificaran el significado oculto de aquellas palabras sin sentido, y que lo hicieran en una escala de valores de lo bueno a lo malo. Sin sorpresa, en ambas sedes los resultados fueron los esperados: mientras más frecuentemente había aparecido una palabra, más personas creyeron que significaba algo bueno. Así que, con la suficiente repetición, incluso una palabra sin sentido puede sentirse familiar y, en consecuencia, puede incentivar la facilidad cognitiva y acentuar la sensación de que algo es bueno. En una estrategia muy cercana a la de los sofistas –cuyo razonamiento tiene como objetivo la eficacia persuasiva y no la verdad–. Las personalidades políticas de hoy han comprendido eso y han aprendido a usarlo maquiavélicamente. De hecho, sabiendo que los experimentos muestran que las palabras se perciben mejor luego de verlas y/o escucharlas varias veces, los políticos han construido, en reemplazo de sus discursos retóricos, los llamados eslóganes: frases cortas que en un instante visual resumen sus programas o sus intenciones que, las más de las veces, son engañosas. Recordemos el eslogan de Uribe, quien, teniendo el corazón pequeño y mineralizado, rezaba: “Mano firme y corazón grande”. O el eslogan de Duque: “Economía, innovación social, desarrollo y cultura”, cuando no ha hecho sino maniatar la economía, innovar las formas de reprimir a los jóvenes que reclaman por sus derechos, estancar el desarrollo y ofrecer como cultura la medianía artística de Juanes y Maluma. Incluso, también está demostrado que muchos electores decidieron apoyar a determinados políticos –sin importarles si en verdad son personas dignas de elegir– solo por encontrarlos más agradables después de ver repetidas veces su retrato. Igual pasa con los llamados youtubers o influenciadores que son famosos por nada –o solo son famosos por ser famosos–, pero, querámoslo o no, realmente estas personas tienen fama por la misma razón que cualquier medallista olímpico la tiene: porque hemos escuchado sus nombres y hemos visto sus rostros una y otra vez, y eso nos conduce a procesarlos con facilidad cognitiva, lo cual se siente bueno. No en vano, la facilidad cognitiva está en la base de la publicidad. Si mostramos repetidamente la imagen de un rostro desagradable, más temprano que tarde resultará atrayente. Es una respuesta de nuestros cerebros que evolucionaron para identificar amenazas, y todo lo novedoso es una amenaza potencial. Por tal razón, buena parte de la población colombiana le teme al cambio político y prefiere al malo conocido y no al bueno por conocer. No obstante, la repetición no es la única forma de crear facilidad cognitiva en política. En otro estudio con imágenes, a quienes se les proyectó solo el contorno de la silueta, antes que el rostro en sí, comenzaron a sonreír y a relajarse. De igual forma, las imágenes con mayor contraste fueron percibidas con más facilidad cognitiva, pues el contraste permite que se sienta a gusto el sentido de la visión. De ahí la eficacia, por ejemplo, del afiche usado por Álvaro Uribe Vélez en sus campañas, que descontaba su rostro limitándolo a sus contornos, y sus colores primarios no mezclados acentuaban el contraste. Con la misma efectividad que la repetición, y aprovechándose de esta, suelen también usarse las asociaciones. A Gustavo Petro, por ejemplo, sus enemigos políticos con astucia malsana lo asocian al castrochavismo y al neocomunismo; y a Uribe, con argumentos fundados, se le asocia con las muertes extrajudiciales de más de 6.402 jóvenes inocentes. Una prueba fehaciente de la efectividad de las asociaciones es pedirles a los ciudadanos y a las ciudadanas que digan, por ejemplo, en una sola palabra, el resultado de asociar tres palabras. En efecto, si les enunciamos las palabras “presidente”, “paraco” y “paramilitar”, probablemente responderán que Uribe. Y si les pedimos lo mismo con estas otras tres palabras: “paz”, “pacto” y “progreso”, es posible que digan que Petro. No todas las palabras tienen asociaciones sencillas como las expuestas, pero lo asombroso es que los experimentos muestran que las personas pueden determinar si hay una asociación en pocos segundos, mucho antes de notar cuál es la conexión; es decir, sin comprobar si hay o no verdad en su respuesta. Esto ocurre gracias a la sensación de facilidad cognitiva y gracias a que, en algún lugar del cerebro, estas asociaciones generan una chispa de reconocimiento que es placentera. La facilidad cognitiva es útil para ser creativo e intuitivo, pero también te hace más crédulo. Por eso, en el ejercicio de la democracia, a la hora de elegir a nuestros gobernantes, no hay que ser tan intuitivos, pues ello nos llevaría fácilmente a concepciones erróneas. La facilidad cognitiva es placentera, no toma esfuerzos, y es familiar; pero también puede engañarte, puede hacer que algo te parezca verdad y no lo sea, y puede hacerte sentir que estás aprendiendo cuando no es así. Por otro lado, ser escéptico y analítico (por ejemplo, no conformarse con las frases publicitarias de los candidatos políticos y leer sus programas) requiere más trabajo mental, es más confuso y no se siente tan bien, pero es la mejor manera de separar los hechos reales de los fake news. Con todo, vale decir que, en el presente político de nuestro país, gracias a las y los jóvenes, estamos rompiendo definitivamente la facilidad cognitiva. Ante el auge comunicativo de compartir y repetir ideas más fácilmente que nunca, creo que las juventudes han desarrollado su escepticismo y hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que son capaces de diferenciar entre lo que realmente es verdad y lo que solo han escuchado repetir muchas veces. Nota: Este texto es una paráfrasis –no una parodia ni una repetición– de un capítulo de Versatium: “La ilusión de la verdad” del físico teórico Derek Muller. En: https://www.youtube.com/watch?v=w4NWes4xF6Q * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Juan Sebastián Peña Editor – Pares Durante los dos primeros días de octubre, a partir de modalidad presencial y virtual, se desarrollará el “Primer Congreso Bogotá: Comunidad para el Desaprendizaje”: un espacio que busca servir como lugar de encuentro para diversas poblaciones que habitan la ciudad con el propósito de que, entre estos diversos actores sociales, se puedan desarrollar y tejer saberes, experiencias, reflexiones y conversaciones relacionadas a temas como democracia y cultura política. El objetivo principal del encuentro es reflexionar sobre actitudes, costumbres, imaginarios y prácticas relacionadas al relacionamiento entre las personas y la construcción de comunidad. Se pretende que, en el marco de este evento, se pueda generar mayor conciencia respecto a las formas en que las personas participan de los tejidos sociales de los que hacen parte y que, de esta forma, hábitos relacionados a factores como el individualismo, el irrespeto, la intolerancia frente a la diferencia y la incapacidad de reconocer a las demás personas, entre otros aspectos que afectan el desarrollo de la democracia a todos los niveles, puedan ser transformados. Precisamente, por esta razón, en el título que da nombre a este espacio de encuentro se ha incluido la palabra “desaprendizaje”: porque desde esta perspectiva es posible reformular prácticas e imaginarios políticos naturalizados y avanzar hacia la construcción de otras formas de relacionamiento más diversas, incluyentes, empáticas y respetuosas de las diferencias. Este “Primer Congreso Bogotá Comunidad para el Desaprendizaje” es organizado por El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), entidad que escogió a las personas que liderarán los distintos espacios de diálogo a través de una convocatoria abierta en la que se presentaron propuestas de talleres interactivos enfocados en esta idea del “desaprendizaje”. Entre todas las ideas presentadas, finalmente, 18 talleres fueron seleccionados para ser desarrollados el sábado 2 de octubre, desde las 9:00 am, en el parque Bicentenario. Algunos de los temas que se abordarán en estos talleres son: “Problemáticas, retos y experiencias democráticas en los barrios”, “Poder y democracia: autoridad, legitimidad y desigualdad”, “Nuevas subjetividades, actores y agencias alternativas o disidentes”, entre otros. Las personas interesadas en participar de este espacio de desaprendizaje pueden registrarse en este enlace. Las inscripciones se cierran este 30 de septiembre.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Hace un par de semanas, la organización ecologista y defensora de los derechos humanos Global Witness –una de las más importantes desde su labor de hacer seguimiento a la seguridad de líderes ambientalistas en el mundo– informó que, en los últimos años, Colombia ha ocupado el primer puesto en violencia contra personas defensoras de la tierra. Para el 2019, de 212 lideresas y líderes ambientales que fueron asesinados en el mundo, 64 ejercían su labor de defensa en nuestro país. En el 2020 estas cifras crecieron: a nivel global ocurrieron 227 asesinatos y 65 de estos se presentaron en Colombia. Esta situación nos alerta sobre dos tipos de exterminio (íntimamente relacionados) que están ocurriendo en el país: el primero es la destrucción acelerada de nuestro medio ambiente; y el segundo, el asesinato sistemático de las personas cuidadoras de la tierra. Exterminios de los cuales la mayoría de colombianos y colombianas tenemos conocimiento, pero intentamos ocultarlo enterrando la cabeza como el avestruz, o sea, fingiendo que no nos damos cuenta de lo que ocurre en nuestro entorno. El primer exterminio se presenta, desafortunadamente, como consecuencia de tener un país con una de las riquezas naturales más importantes del mundo. Colombia se caracteriza por tener una biodiversidad inigualable: posee el 50% del total de los páramos del planeta y, además, una inmensa cobertura boscosa que cubre el 30% de su territorio y que está dispersa en 59 áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Esta riqueza ha provocado que los empresarios –tanto legales como ilegales– hayan convertido al país en un territorio de disputa por la extracción y desaparición de la naturaleza. Sus tierras son explotadas tanto por los colonizadores de la ganadería extensiva y expansión de la frontera agrícola –tipo colonos y campesinos– como por las economías ilegales – quienes desarrollan cultivos ilícitos extraen ilegalmente los minerales y realizan tala indiscriminada de la madera–. Así, los páramos, las selvas y los parques naturales nacionales se han llenado de personas deseosas de aprovechar todo tipo de riquezas naturales. Una explotación que se está acelerando desde hace cinco años, luego de la firma del Acuerdo Final, y que está llevando a que, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la tasa de deforestación se dispare de forma alarmante, pues, en menos de cinco años, por lo menos, se han perdido 750 mil hectáreas (has.) de bosque –219.973 has. en 2017, 158.894 en 2018, 197.159 en 2019 y 171.685 en 2020–. A esta guerra de aniquilamiento contra la naturaleza, en la están implicadas tanto las manos criminales de los grupos ilegales como los grupos de personas de la población local –que insisten en abrir los campos para cultivarlos, talar los árboles para vender maderas escasas y lucrativas, o remover la capa vegetal con el fin de realizar su actividad extractiva– se le han opuesto, en el país, un grupo de personas –en su mayoría jóvenes, niños, niñas y mujeres– que, a través de labores pedagógicas y usando los pocos instrumentos que les ofrece el sistema político, han intentado proteger la naturaleza. Así ocurrió en 2018, cuando un grupo de 25 jóvenes –muchos de los cuales eran niñas y niños– interpuso una acción de tutela, ante la Corte Suprema de Justicia, para exigir la protección de la Amazonía. Petición que fue aceptada y, a través de la Sentencia STC-4360 de 2018, se logró que los bosques, los ríos y los animales de este territorio fueran reconocidos como sujetos de derechos. Esta fue una situación bastante similar a la que ocurrió un par de años atrás, cuando a través de la Sentencia T-622 de 2016 –emitida por la Corte Constitucional– se logró que el río Atrato fuera, igualmente, protegido por el Estado. De esta manera, en los últimos años se ha logrado que tanto la Presidencia de la República –Directiva Presidencia No. 10 de 2018– como la Procuraduría General de la Nación –Directiva No. 004 de 2019– se hayan visto obligadas a involucrarse, también, en el cuidado de los ecosistemas. Desafortunadamente, todas aquellas personas que vienen desarrollando labores para evitar que se avance en el exterminio violento de la naturaleza, también se han visto involucradas en un segundo exterminio sistemático. Las personas defensoras de la tierra y líderes sociales ambientalistas vienen siendo asediadas de manera violenta y sufren de la impunidad de sus crímenes. Una situación que, como lo mencionó Global Witness, empeoró durante la pandemia y ha llevado a que el país sea el más peligroso para la defensa del bosque, la tierra, el agua y el aire en el mundo. En este sentido, como sociedad tenemos una doble responsabilidad: por un lado, trabajar para que los hermosos bosques –aquellos que alberguen nuestra riqueza biodiversa– no se conviertan en inmensos terrenos de arena muerta y lagunas repletas de cianuro y mercurio; y, por el otro, proteger de manera colectiva a las personas cuidadoras de la naturaleza para que sus luchas por la defensa de los derechos de las generaciones futuras no se conviertan en motivo para ocupar la tumba prematura construida por los ilegales. Como colombianos y colombianas tenemos que trabajar para que este doble exterminio se detenga; para que la destrucción de nuestros ecosistemas cese y, al mismo tiempo, se logre proteger a nuestros líderes y lideresas ambientales. Aquellas personas que –como los bosques, ríos y montañas– también son sujetos de derechos; seres que, aunque dispuestos a entregar la vida por la defensa de la naturaleza, necesitan protección para seguir haciendo por nosotros su papel de la defensa de los territorios. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Laura Cano Periodista – Pares Tras el escándalo relacionado con la pérdida de cerca de $70.000 millones del contrato firmado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados, con el cual se pretendía llevar conectividad a 7.277 puntos en lugares apartados del país, garantizando todo el proceso de arquitectura, diseño, solución tecnológica, instalación y funcionamiento hasta diciembre de 2031, se ha abierto un nuevo capítulo en esta historia, pues el presidente Iván Duque ya asignó una nueva ministra tras la salida de Karen Abudinen. Hay que recordar que Abudinen dejó su cargo como ministra del MinTIC el pasado 9 de septiembre, luego de que por varias semanas varios sectores pidieran su renuncia y de que, en medio de la moción de censura que enfrentaba la ministra, la mayoría de votos parecieran estar a favor de su salida. Situación que habría llevado a que el presidente Iván Duque pidiera su renuncia. Y es que justamente antes de que el presidente solicitara la renuncia de Abudinen, ya eran múltiples las exigencias para que la funcionaria dejara su cargo, y una de las acciones adelantadas fue la que se dio en el Congreso, en donde citaron a Abudinen a debate de control político y moción de censura. Con todo esto, y como afirmaba Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), a través de su cuenta de Twitter, con esta decisión quedaban tres preguntas abiertas: “1. ¿En manos de quién quedará el Ministerio?, ¿nuevamente en manos de los Char o pasará a Vargas Lleras? 2. ¿Qué pasará con los 70 mil millones? 3.¿Karen Abudinen será candidata a la Alcaldía de Barranquilla?”. Hoy, finalmente, una de esas preguntas fue resuelta, pues se conoció que Iván Duque designó como nueva ministra a Carmen Ligia Valderrama Rojas, abogada y especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia, y magíster en Derecho Empresarial del Centro Europeo de Estudios y Formación Empresarial Garrigues & Andersen de Madrid, España. «He designado a la Dra. Carmen Ligia Valderrama como nueva ministra TIC. La dra. Valderrama se venía desempeñando como vice ministra de Transporte y también ha sido superintendente de Transporte, superintendente delegada para la protección del consumidor y secretaria general de la @sicsuper (Superintendencia de Industria y Comercio)», publicó a través de Twitter Iván Duque. Además, el mandatario afirmó que ordenó a la nueva ministra «sacar adelante todos los proyectos de conectividad en marcha, avanzar en la formación de los 100.000 programadores, llevar internet de alta velocidad al 70% del país en agosto de 2022 y avanzar en la consolidación de una economía y gobierno digital». Asimismo, sobre el presunto hecho de corrupción por el que salió Karen Abudinen, dijo que “la nueva Ministra TIC tiene la tarea de apoyar la labor de todos los organismos de control para llevar hasta las últimas consecuencias a quienes de manera fraudulenta querían desfalcar al Estado”. Respecto a la designación de Valderrama, Daniela Garzón, investigadora nacional de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, señaló que este “nombramiento se sigue dando como en un juego de ajedrez, pues se siguen moviendo fichas que ya estaban dentro de la cartera de Gobierno sin meter gente nueva. No obstante, la ministra no tiene muchos taches en su hoja de vida, sin embargo, quedan las dudas sobre qué tanto sabe del sector de las telecomunicaciones, además, porque la saliente ministra tampoco tenía mucha idea”. Es importante recordar que la nueva ministra estaba al frente de la Superintendencia de Transporte cuando se decidió sancionar a aplicaciones de transporte como Uber y Picap por, aparentemente, permitir operaciones de transporte ilegal en Colombia. “Parece curioso porque desde la Superintendencia y el Ministerio de Transporte no han podido dar respuesta a las innovaciones tecnológicas que han supuesto retos en los temas de transporte. Queda la pregunta en el aire respecto a si Valderrama Rojas, además de resolver los problemas que dejó la administración de Abudinen, también pueda entender la importancia del sector de las comunicaciones y afrontar los retos que tiene estar a cabeza del MinTIC”, concluyó la investigadora.

Por: Laura Cano Periodista – Pares En horas de la noche del pasado domingo fue asesinado, en el corregimiento Santana, municipio de Puerto Asís, Putumayo, el mayor del Ejército Nacional Fulver Norley Ayala Zuluaga, adscrito a la Quinta División de esa institución. Los hechos ocurrieron mientras se trasladaba a la unidad militar de la zona: en inmediaciones a su lugar de operación fue interceptado por dos hombres que le propinaron tres impactos de arma de fuego. El oficial fue trasladado de forma inmediata en una ambulancia hasta la Clínica Putumayo. Sin embargo, allí llegó sin signos vitales. Hay que señalar que Ayala Zuluaga estaba en Putumayo como enlace coordinador de labores de erradicación de cultivos de uso ilícito en el departamento, una de las zonas con más hectáreas de cultivos de uso ilícito (19.986 hectáreas). El oficial se movilizaba en compañía del capitán Ruber Villegas Carvajal, quien resultó ileso. “Expresamos nuestra solidaridad y enviamos un sentido mensaje de condolencias a sus familiares y amigos por esta pérdida irreparable. Este Comando rechaza vehementemente el homicidio de nuestro oficial superior y, así mismo, denuncia ante los organismos nacionales e internacionales defensores de los Derechos Humanos está clara infracción al Derecho Internacional Humanitario”, se afirmó desde el Ejército Nacional a través de un comunicado. Desde la institución se señaló que los responsables de los hechos podrían ser las disidencias del ‘frente 48’ de las FARC, autodenominados ahora “Comandos de Fronteras”, que hacen presencia en el sur del departamento del Putumayo. Justamente, respecto a este tema, en el pasado mes de junio, la Defensoría del Pueblo había emitido la alerta temprana 013-21. Allí se advertía sobre el escenario de riesgo en la zona a causa del posicionamiento de este grupo armado posFarc (GAPF). Sobre lo sucedido, el secretario de Gobierno de Puerto Asís, Carlos Segura, dijo a El Espectador que durante el más reciente fin de semana fueron asesinadas tres personas, entre ellas el militar. Los otros dos hechos se habrían presentado en el barrio El Prado. Hay que resaltar que, ante la grave situación de seguridad en la zona, desde diversas instancias se solicita que el Ministerio de Defensa adelante una visita para evaluar la situación en este municipio de Putumayo. Por otra parte, a través del comunicado del Ejército, se agregó que “las autoridades, tanto administrativas como militares, coincidimos en que al parecer la muerte del mayor del Ejército Fulver Norley Ayala se produjo por los golpes contundentes a las disidencias que delinquen en la región. (…) En cumplimiento al principio de colaboración armónica entre las instituciones, esta unidad continuará coadyuvando en el desarrollo de la investigación que conduzca a esclarecer lo ocurrido y responsables del asesinato de nuestro oficial”. Sobre lo anterior, hay que mencionar que recientemente fue capturado Crisanto Caro Castro, alias ‘Coco’, presunto cabecilla de la comisión de Puerto Asís de los ‘Comandos de Fronteras’. A Caro Castro se le señalaba de los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Putumayo: una crisis de seguridad En el departamento ​​tiene presencia el ’Clan del Golfo’, ‘La Constru’, La Mafia Sinaloa y las disidencias de los frentes 48, 49, 31 y 1 de la otrora guerrilla FARC. Además, según información del Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (Sipares), entre el 2020 y lo que va del 2021 han sido asesinadas 19 personas líderes y defensoras de derechos humanos en el departamento. De este total, cinco han ocurrido en Puerto Asis, mismo municipio donde ocurrieron los hechos de Fulver Norley Ayala Zuluaga. Además, en hechos violentos han perdido la vida 11 personas en proceso de reincorporación en el Putumayo, y 6 de estos casos (más de la mitad) sucedieron en el municipio de Puerto Asís. Estos sucesos dejaron como víctimas a los firmantes Carlos Alberto Bustos, Antonio Ricaurte Solarte, Raúl Liponce, Ángel Alberto Calderón, Juan Carlos Castillo y José Elias Peralta. Cabe recordar que el ETCR Heiler Mosquera está ubicado en la vereda la Carmelita, del municipio de Puerto Asís. La situación de seguridad en el Putumayo lleva meses sin ser atendida a pesar de que se han hecho múltiples alertas. Hay cientos de víctimas de distintos hechos violentos a raíz de un conflicto que se agudiza y, además, existen estructuras armadas ilegales que están ejerciendo control en la población. Todo esto mientras las acciones por parte del Gobierno nacional en el departamento se han quedado cortas.

Por: Laura Cano Periodista – Pares Hoy es 28 de septiembre: se conmemora el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro. En Colombia, la lucha por este derecho ha sido recurrente en las mujeres, quienes, por lo menos desde la década de los 70, han insistido para que en el país se dé garantía para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. A la fecha, aunque se han dado pasos importantes, aún faltan varios por darse en lo que se refiere a la despenalización del aborto y el acceso digno a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Un informe de Profamilia publicado el día de hoy reveló que, tan solo en el 2020, al menos 70.000 embarazos no deseados no pudieron ser evitados en el país. En Colombia, desde el 2006, a través de la Sentencia C-355, se despenalizó el aborto en los casos en que este es motivado por tres causales: cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida y cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto, categorizándose así como interrupción voluntaria del embarazo (IVE). No obstante, desde entidades como Profamilia y organizaciones como la Mesa por la Vida, se ha alertado que, en Colombia, incluso las mujeres que buscan acceder a la IVE dentro de las tres causales enfrentan barreras que ponen en riesgo su salud y su vida. Sumado a esto, hay que señalar que en el país se realizan poco menos de 17.000 abortos legales al año, según cifras de Profamilia; mientras que, al menos, 400.000 se realizan de forma ilegal, siguiendo los datos del Instituto Guttmacher. En el país hay por lo menos diez estándares normativos que buscan proteger el aborto inscribiéndolo dentro de los derechos reproductivos que, a su vez, son reconocidos como derechos humanos. Estos son: C-355 de 2006, T-636 de 2007, T-585 de 2010, T-841 de 2011, T-627 de 2012, C-754 de 2015, T-301 de 2016, T-697 de 2016, C-327 de 2016 y SU-096 de 2018. Entre otras cosas, estas normativas plantean la obligación del Estado de suministrar información oportuna, suficiente y adecuada al respecto, y también de garantizar la IVE en todo el territorio, en todos los niveles de complejidad y en cualquier etapa del embarazo. Adicionalmente, establecen la obligación de proteger el derecho a la intimidad y confidencialidad de las niñas y mujeres en quienes, además, se reitera el derecho de decidir libremente. Asimismo, se prohíben las dilaciones injustificadas y se exige que, si profesionales de la salud se rehúsan a practicar la IVE por motivos de conciencia, se garantice la prestación del servicio en condiciones de calidad y seguridad. No obstante, y a pesar de estos pasos que se han dado, la práctica del aborto sigue siendo criminalizada, incluso cuando se cumple con alguna de las causales que actualmente ampara la Sentencia C-355. En un contexto como este, y ante la ausencia de una despenalización total del aborto, muchas mujeres deben someterse a procedimientos clandestinos e inseguros para abortar. A propósito de esto, vale la pena mencionar que, según la Organización Mundial de Salud, anualmente cerca de 67.000 mujeres mueren a causa de abortos mal realizados, lo que corresponde al 13% de la tasa de mortalidad materna. Hay que señalar que en Colombia existe el articulo 122 del Código Penal, el cual establece que “La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses. A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior”. El 16 de septiembre de 2020, el movimiento Causa Justa, que reúne a 134 activistas y 91 organizaciones, interpuso una demanda conjunta ante la Corte Constitucional en la que se instaba a que este artículo fuera eliminado, entre otras cosas, porque, más allá de desincentivar la práctica, lo que hace es fomentar el aborto clandestino y, con eso, pone en peligro la vida de las mujeres y crea un escenario estigmatizante para profesionales de la salud que realizan estos procedimientos. Según se expresó desde Causa Justa, este artículo: “(…) es ineficiente, injusto con las mujeres y vulnera derechos fundamentales como la salud, la igualdad, la libertad y, sobre todo, porque su existencia desconoce la ciudadanía de las mujeres”. Así, hay que mencionar que, siguiendo datos de la Fiscalía General de la Nación, hasta el 2019 había 5.833 denuncias por aborto. Entre estas, 4.834 son casos activos que siguen en alguna etapa del proceso penal. Además, siguiendo lo expuesto anteriormente, el 97% de las denuncias interpuestas entre 2010 y 2017 se hicieron contra mujeres que viven en zonas rurales, mientras que el 2% correspondía a mujeres que habitan áreas urbanas. Lo que demuestra, entre otras cosas, cómo la estigmatización está atravesada también por la ausencia de instituciones que informen sobre el derecho a la IVE. Por otra parte, del total de denuncias presentadas en 2019 ante la Fiscalía, el 73% habían sido presentadas por miembros del personal médico, lo que de nuevo pone sobre la mesa la urgencia de que se cumpla el derecho a la intimidad y confidencialidad, pues muchas mujeres dejan de asistir a centros hospitalarios por la tendencia a la vulneración de este derecho y deber. De igual forma, esta realidad evidencia la carga psicológica, emocional y laboral a la que son expuestas las personas que realizan estos procedimientos, pues incluso en el ámbito médico el estigma sigue siendo una constante. A luz de este contexto, y sumándonos a la conmemoración del #28S, desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) hablamos con María de los Ángeles Ríos Zuluaga, integrante del equipo de incidencia y del equipo de trabajo regional de La Mesa por La Vida y La Salud de las Mujeres. Pares: Aproximadamente, ¿cuántos abortos legales se ralizan al año en Colombia? ¿Se tiene alguna aproximación a los que se realizan clandestinamente? María de los Ángeles Ríos Zuluaga: Se estima que en 2008 ocurrieron en Colombia unos 400.400 abortos inducidos, de los cuales solamente 322 fueron procedimientos legales o interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) practicadas en instituciones de salud. En 1989, hubo un total de 288.400 abortos. Este aumento a lo largo del tiempo se debió principalmente a un mayor número de mujeres en edad reproductiva en 2008. Sin embargo, la tasa de aborto se ha mantenido relativamente constante: en 1989 la tasa era de 36 abortos por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva, comparada con 39 por 1.000 en 2008. Hay que resaltar que las mujeres colombianas enfrentan continuamente barreras innecesarias para tener un aborto legal. Como resultado, muchas mujeres recurren a procedimientos clandestinos. Entre enero y junio de 2020 se presentaron 12.444 complicaciones por aborto en mujeres que fueron atendidas en algún centro de salud. En el 2019 se presentan mayores IVE en mujeres entre los 19 y 35 años. Vale la pena resaltar que entre enero y junio de 2020 se presentaron 19.606 IVE. Pares: En Colombia, desde el 2006, a través de la Sentencia C-355, se despenalizó el aborto cuando este es motivado por tres causales. ¿Qué se ha logrado con esta sentencia? ¿Cuáles son las más importantes falencias de esta sentencia? M.R.Z: Desde La Mesa por La Vida y La Salud de las Mujeres se ha identificado que el modelo de causales no garantiza el ejercicio de los derechos de las mujeres, pues estas enfrentan diferentes barreras. En el informe sobre barreras de acceso a la IVE en el contexto de la pandemia por covid-19, se identificó que, a pesar de la existencia de la sentencia, se presentaron barreras previamente identificadas y se asentaron unas nuevas. Estas son: desconocimiento del marco legal, interpretación restrictiva del marco legal y fallas en la prestación del servicio de salud. Además, se encontraron unas barreras nuevas. Estas son: falta de información sobre las rutas y canales de atención para el acceso a IVE, dificultades para obtener información y acceder al servicio debido a la falta de intimidad del hogar y la virtualidad de los trámites implica restricciones para solicitar el servicio de IVE. Pares: Respecto a toda esta situación, ¿cuál es la situación de las mujeres migrantes? M.R.Z: Las mujeres migrantes enfrentan unas barreras específicas de acceso a la IVE y, en el marco de la pandemia, estas se acentuaron. Estas barreras están relacionadas con que actualmente hay una grave dificultad en la garantía de los derechos humanos de las mujeres migrantes. Específicamente en la insatisfacción de necesidades en cuanto a su salud sexual y reproductiva. Además, la falta de documentación ha ocasionado una grave dificultad para que las mujeres puedan acceder a los servicios, por lo que solo pueden acudir en situaciones de urgencia. Por lo general, las mujeres migrantes en situación irregular no cuentan con los recursos económicos suficientes, por lo que se les dificulta en mayor medida el acceso a la IVE, pues el sistema no lo cubre de manera gratuita. Hay que señalar, por ejemplo, que de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el Hospital Erasmo Meoz, ubicado en la zona fronteriza de Cúcuta, se niega a realizar la IVE a mujeres venezolanas: las remite a IPS privadas como Profamilia o a la ONG Rescate Internacional. La Corte Constitucional, sobre esto, identificó que los principales motivos de quejas presentadas a la Superintendencia de salud son: la falta de oportunidad en la programación de procedimientos quirúrgicos, la demora en la referencia o contrarreferencia, la demora en la autorización de procedimientos y la no aplicación de normas, guías o protocolos de atención. Pares: ¿Qué garantías tienen las mujeres que habitan en zonas rurales y que desean realizar una IVE? M.R.Z: Las mujeres rurales son titulares del derecho a la IVE como todas las mujeres del país. Sin embargo, se ha identificado que las condiciones como falta de acceso a internet, lejanía con los centros de salud médica, así como la falta de espacio para sostener una llamada telefónica para recibir información sobre el servicio de IVE, en pandemia, han impedido el ejercicio del derecho. Lo anterior teniendo en cuenta, además, la dificultad que enfrentan las mujeres para acceder a servicios de anticoncepción y prevención del embarazo por razones asociadas al nivel educativo, económico y social. El machismo y el estigma alrededor del aborto impide a las mujeres acceder a la información, y esto se acentúa cuando las entidades no hacen campañas pedagógicas sobre la IVE y los centros de salud no cuentan con equipos diagnósticos adecuados e insumos generales. Adicional, las barreras que enfrentan las mujeres rurales están relacionadas a la falta de capacitación del personal médico, así como a la penalización social del ejercicio del derecho. Las mujeres rurales experimentan, generalmente, barreras asociadas a requisitos adicionales que no son legales y que son abiertamente contrarios a los pronunciamientos de la Corte Constitucional. Entre estos están: valoraciones psiquiátricas o juntas médicas. Por otra parte, al ser mujeres rurales que, en su mayoría, tienen a cargo las labores de cuidado de sus familias, estas dilaciones injustificadas convierten casi en imposible acceder al servicio y ejercer su derecho. Pares: Desde las organizaciones proaborto se espera un fallo de la Corte Constitucional que finalmente despenalice este procedimiento. Si esto ocurre, ¿qué sería urgente de reglamentar? ¿Cuándo se espera que se conozca este fallo? M.R.Z: A partir de eso se debería abordar la IVE como un derecho y que se promueva la superación de las barreras de acceso. Esto va a requerir una regulación en temas de salubridad que garanticen el servicio bajo todo lo que supone este derecho. Esperamos que ese fallo finalmente se conozca el 19 de noviembre. Pares: ¿Cuál es la responsabilidad de las EPS en los abortos que, aún bajo las tres causales, son negados? ¿Qué deben saber las mujeres que se van a realizar una IVE respecto a las responsabilidades de las EPS? M.R.Z: La IVE es un derecho y, a su vez, un servicio que se encuentra en el Plan de beneficios en salud. Las EPS han recibido lineamientos del Ministerio de Salud y, por lo tanto, tienen la obligación directa de prestar el servicio a cualquier mujer que se encuentre en cualquier parte del país y deben garantizar la realización de este procedimiento a través de su red de prestadores. En los casos en los que no esto no se garantiza, las EPS están sujetas a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud. Así que podrían enfrentar sanciones y procesos administrativos ante la Superintendencia. Ahora, dependiendo de cada caso, las mujeres que llevan a término su embarazo por estas barreras, pueden adelantar un proceso de reparación.

Por: Juan Sebastián Peña Editor – Pares Hoy se cumplen 5 meses del inicio de las históricas jornadas de movilización que sacudieron al país desde el pasado 28 abril. Esto luego de que múltiples demandas ciudadanas encontraran un cauce común con motivo de una reforma tributaria propuesta por el Gobierno (y que le costaría la cabeza a Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda) que, a todas luces, parecía ir en contravía de los intereses de la clase media y de las poblaciones más vulnerables y afectadas por la realidad que trajo la pandemia de covid-19. Precisamente para el día de hoy, 28 de septiembre, el Comité Nacional del Paro (CNP) ha convocado a nuevas jornadas de movilización para reclamar que se dé respuesta a muchas de las exigencias de distintos sectores de la sociedad civil que no han sido atendidas por el Estado. En el marco del impacto político y social que produjeron las protestas (re)iniciadas el 28 de abril, y como respuesta a la ausencia de compromiso y voluntad política por parte del Gobierno para establecer acuerdos en la mesa de negociación que fue abierta para responder a las demandas sociales que alimentaban el estallido y la indignación social, a mediados de junio, el Comité Nacional del Paro suspendió las conversaciones con el Gobierno y decidió llevar los reclamos de los sectores que representaba en forma de un pliego de emergencia ante el Congreso. Finalmente, el 27 de julio, a través de las bancadas alternativas y de oposición, los 10 proyectos de ley que se recogían en el pliego fueron presentados en el Congreso. Sin embargo, de acuerdo a lo comunicado por el Comité Nacional del Paro, estos no han sido discutidos ni tramitados en el Legislativo. Esta sería la principal razón por la que esta organización ha llamado el día de hoy a desarrollar una nueva jornada de movilizaciones. Al respecto, Diógenes Orjuela, Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) e integrante del Comité Nacional del Paro, en entrevista con la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), señaló que esta jornada de protestas convocada para hoy “tiene como elemento principal agitar los proyectos de ley que tenemos presentados ante el Congreso de la República. Es un reclamo porque el presidente y el secretario del Congreso de la República, del Senado y de la Cámara, no han agendado ponentes ni han agendado estos proyectos en el orden del día, pero además esta jornada constituye la denuncia de más asuntos dentro de las tantas tropelías que el Gobierno comete contra los colombianos”. El pliego de emergencia presentado en julio por el Comité Nacional del Paro intentaba recoger puntos centrales que ya habían sido el eje de demandas constantes por parte diversos sectores en movilizaciones sociales anteriores como las desarrolladas en noviembre del 2019. Los diez proyectos allí consignados giran en torno a: renta básica por 12 meses para cerca de 7,5 millones de hogares, garantías para ejercer el derecho a la protesta pacífica, la derogatoria del Decreto 1174 de 2020, la implementación de la matrícula cero en educación superior, la reactivación económica de las pequeñas y medianas empresas a través de apoyos en subsidio y créditos, reforma a la ley 1622 de 2013 para robustecer los Consejos de Juventud y la participación política de esta población, la modificación del decreto 569 de 2021 para contemplar medidas de alivio a deudores del fondo de solidaridad agropecuario y del programa nacional de reactivación agropecuaria, el desarrollo de una política de fijación de precios de los productos e insumos agropecuarios, la realización de una reforma policial estructural y el avance en acciones contra la violencia basada en género. Son estas las peticiones, entre muchas otras, que aún no encuentran espacio en el Congreso. No solo estas demandas, sino también las de sectores sociales que no se hallan representados en el Comité Nacional del Paro, pero que también han alimentado la fuerza de las más recientes movilizaciones a través de la puesta en el escenario público de sus identidades, demandas, expresiones y propias formas organizativas, no parecen hallar respuesta en un Gobierno que va de salida.