Por: Walter Aldana Político social alternativo Quienes conocemos la situación alrededor de los cultivos de uso ilícito y las violaciones a los derechos humanos por parte del Esmad, por décadas veníamos solicitando a los Estados Unidos que pusieran control —si no fin— al apoyo financiero brindado a esta unidad especial de seguridad (sin desconocer que para su política de imperio le sirve). Es por ello que me alegra la noticia publicada, el pasado 24 de septiembre, en el diario El Tiempo: “la Cámara de Representantes [de Estados Unidos] aprobó este jueves en la noche un proyecto de ley en el que se prohíbe que fondos donados por Estados Unidos puedan usarse para la fumigación de cultivos ilícitos en el país”. De igual forma, este proyecto busca el bloqueo de la venta de armamento y entrenamiento para la Unidad Antimotines (Esmad) de la Policía Nacional de Colombia, además de que solicita un informe en “los próximos 6 meses (desde su aprobación) en el que se evalúe la situación de derechos humanos en el país en relación a las muertes que se presentaron durante las jornadas de protesta social en lo corrido del año”. Yo asistí, en calidad de responsable del programa de sustitución (que no es erradicación), a la presentación de informes, por parte de la fuerza pública en Tumaco y Cauca, sobre “avances” en la disminución de los cultivos. Grandes intervenciones: torticas de colores y cuadritos de columnas donde siempre “gana” el Gobierno la lucha antidrogas, mientras que comentaban sus estadísticas sobre afectación de cultivos sin decir que eran pequeños y pequeñas productoras de hoja de coca, marihuana y amapola. Más adentro de las orillas de las vías carreteables, en esos territorios alejados, grandes producciones se desarrollan, pero claro: es más fácil enfrentar al pequeño (que solo tiene su fuerza de trabajo) que a los grandes, que constituyeron ejércitos para su defensa. El país vio, a través de redes sociales (y más tarde la CIDH lo corroboró), el abuso no solo del Esmad, sino de los motorizados que “cazaban” a las y los jóvenes casi al terminar las protestas, las pedreas y el uso de armas letales (tipo Venom lanza granadas). Si no fuese cierto, por solo citar un caso, Sebastián Quintero viviría aún con nosotros y sus compañeros en Unimayor contarían en sus aulas con su sonrisa y presencia. No los engañaban; los gringos se hacían los de la vista gorda. Al fin y al cabo, muchos de sus abogados pactan acuerdos para entregas de narcos y legalizan dinero que va a parar al fisco norteamericano. Yo que creo que aquello de la nueva fumigación siempre fue una mentira, un distractor. Hará falta ver si, finalmente, este proyecto de ley logra materializarse. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Alejandro Restrepo (Coordinador línea de Conflicto, Paz y Postconflicto) y Juan Sebastián Peña (editor) El pasado jueves, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, se dio luz verde para que se limite el apoyo económico que aquel país le ofrece al Gobierno colombiano en temas de seguridad y fumigación con glifosato. Esta decisión se dio en el marco de la discusión de la ley “Acto de Autorizaciones para la Defensa Nacional (NDAA por su sigla en inglés)”, a través de la cual se establece el presupuesto y los parámetros que deben seguir los Estados Unidos en lo que se refiere a gastos que tengan relación con defensa y seguridad. En el debate de esta ley para definir el presupuesto del 2022, se aceptaron tres enmiendas que involucran directamente a Colombia. Estas modificaciones fueron propuestas por la congresista demócrata Alexandra Ocasio-Cortez y consisten los siguientes puntos: primero, en que el Gobierno norteamericano limite el apoyo financiero que presta al Estado colombiano para la erradicación forzada de cultivos ilícitos si este no ofrece informes en los que se demuestre que los procedimientos de aspersión aérea cumplen con regulaciones legales y ambientales; segundo, en que el Gobierno colombiano debe rendir cuentas sobre la forma en que actúan las Fuerzas Militares en relación a la garantía de los derechos humanos de la sociedad civil, y que la Casa Blanca suspenda la cooperación militar en caso de que se compruebe que estos derechos son vulnerados; y, tercero, en que sea prohibida la venta de armamentos y el desarrollo de entrenamientos al Esmad en vista de los serios cuestionamientos a esta unidad especial de seguridad por su uso excesivo de la fuerza, sobre todo, en el marco de las recientes movilizaciones sociales en el país. Desde el análisis que realiza la Línea de Conflicto, Paz y Posconflicto de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la decisión de la Cámara baja en Estados Unidos, aunque hace falta la discusión en la Cámara alta, da cuenta de, por lo menos, tres aspectos centrales. El primero de ellos es el cambio de disposición frente a la garantía de los derechos humanos al negar recursos para el Esmad y la fumigación aérea. Esto significa que las múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos perpetradas por el Esmad durante la ola de protestas en Colombia tuvieron eco e impacto internacional, a pesar de la estrategia de ocultamiento del Gobierno Duque. A su vez, esto quiere decir que las denuncias de los impactos ambientales y para la salud de las comunidades por cuenta de la utilización del glifosato, respaldadas por el grueso de la comunidad académica colombiana, también han tenido peso en la discusión en el país del norte. En segundo lugar, esta decisión confirma un nuevo fracaso de la política internacional de Duque, quien ha venido sumando trofeos en la materia. Desde el inicio de este Gobierno, la política internacional de Colombia buscó sumarse al bloque de derecha continental liderado por el Gobierno Trump, en Estados Unidos, buscando, principalmente, la caída del Gobierno de Maduro en Venezuela. Según Duque, con la estrategia del cerco diplomático, su principal bandera, le quedaban pocas horas a este Gobierno (frase pronunciada a inicios del año 2019). Esta estrategia no tuvo ningún resultado y hoy una facción de la oposición venezolana se encuentra en negociaciones con el oficialismo, e incluso participarán en las próximas elecciones. La alineación con Trump llevó al Gobierno colombiano a proponer la reactivación de la aspersión aérea mediante glifosato y el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad del Estado para combatir el narcotráfico. Estrategias ya recorridas por Colombia sin ningún resultado positivo. A su vez, en medio de las elecciones presidenciales, se destapó un escándalo por la posible injerencia de Francisco Santos en favor de Trump. Finalmente, el Gobierno colombiano apostó por el perdedor. El cambio de Gobierno en Estados Unidos y la decisión de la cámara baja ponen de manifiesto la soledad del Estado colombiano y la ausencia de su principal “aliado”. Esto es particularmente grave si se tiene en cuenta que este Gobierno ha incumplido, desestimado y atacado lo pactado en el Acuerdo de Paz, lo cual ha influido en el deterioro de las relaciones con quienes han invertido en este proceso, principalmente la Unión Europea. En suma, una nefasta política internacional de la cual difícilmente el país se recuperará en el corto tiempo. En tercer lugar, esta decisión tiene trascendencia porque constituye presión para que el Gobierno colombiano tome acciones concretas para evitar que fuerzas de seguridad del Estado sigan masacrando a la juventud en las calles y envenenando fuentes hídricas y a comunidades enteras en zonas ambientales estratégicas. También es la evidencia de que el “mundo” (hablando de Norteamérica y Europa) vio, a través de las pantallas, el desangre de las recientes protestas sociales, la actitud infame del Gobierno nacional y sus representantes, y la impunidad frente a las acciones de la Policía Nacional. Se destapó, a nivel internacional, la verdadera política del Centro Democrático, mano dura (muerte, en muchas ocasiones) contra el pueblo empobrecido, e impunidad y mantenimiento de los privilegios para sus amigos. Es necesario recordar que esta misma ley que ha sido discutida en la Cámara de representantes debe pasar por un trámite similar en el Senado (donde también se está discutiendo el presupuesto del próximo año para asuntos relacionados a defensa y seguridad) para que, posteriormente, a partir de las propuestas de cada una de las dos cámaras del Congreso, se acuerden las enmiendas que se realizarán y se presente un proyecto definitivo. De hecho, Ocasio-Cortez ya había propuesto modificaciones similares el año pasado, sin embargo, finalmente no fueron tenidas en cuenta en el proyecto definitivo que se concertó en la Comisión de Conciliación. De hecho, en la respuesta que dio el Gobierno colombiano a esta decisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el ministro de Defensa, Diego Molano, señaló que espera que en el Senado y en la Comisión de Conciliación se alcance algún acuerdo para que se mantenga la destinación de los recursos, especialmente, para la fumigación de cultivos ilícitos. Justamente este sería uno de los puntos que más preocupación le generaría al Gobierno Duque, pues su estrategia principal contra el narcotráfico, como es bien sabido, es la aspersión aérea. De modo que será necesario esperar la decisión final que se tome por parte del Congreso de los Estados Unidos para saber si podrán materializarse estas restricciones al apoyo que aquel Gobierno brinda al Estado colombiano. De cualquier forma, la defensa de los derechos humanos en el país seguirá siendo una tarea pendiente y un problema estructural por resolver.

Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares La semana pasada, en el Congreso de los Estados Unidos, la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez presentó tres enmiendas a la ley de presupuesto del sector defensa que afectarían a Colombia y que se votaron el 23 de septiembre. Así lo manifestó la prestigiosa representante a la prensa: «Nuestras enmiendas requerirían a los Departamentos de Estado y Defensa para que expidan un reporte sobre el estado de los derechos humanos en Colombia, también limitarían la transferencia de armas a la unidad de la Policía responsable de muchos de los asesinatos de manifestantes y finalmente prohibirían que los fondos de Estados Unidos sean utilizados para respaldar la fumigación aérea». Las tres enmiendas fueron aprobadas en el Congreso de los Estados Unidos, durante una votación de un bloque de 111 modificaciones, en la que alcanzaron 362 votos a favor. Sin embargo, aún no se trata de una decisión final, pues el texto tendrá que ir al Senado y pasar por una conciliación. Vamos a ver si estas importantes enmiendas quedan en firme en un Congreso que, en cuanto a los temas de Colombia, ha tratado de mantener una posición unificada entre demócratas y republicanos. Pese a ello, esta postura se debilitó fuertemente durante la nefasta administración del presidente Trump, donde apostaron ciegamente a las fracasadas políticas antidrogas y donde tampoco se ven cambios en la actual administración del presidente Biden, que ya va a completar su primer año. Se siguen esperando señales más claras frente a la grave situación humanitaria y de derechos humanos en Colombia. Si las enmiendas quedan en firme, sería la primera señal clara de que en Washington hay preocupación por lo que sucede en Colombia, que desafortunadamente vive un nuevo ciclo de violencias organizadas. Entretanto, la construcción de paz, con avances importantes tras el acuerdo firmado con las FARC-EP, sigue siendo un reto importante a llevar adelante, más aún en un Gobierno que se empeñó en colocar la paz en el congelador, como lo ha hecho la administración del presidente Duque. La paz de Colombia es tarea de la sociedad colombiana y de nuestras instituciones. Seguimos enfrascados en una lucha política entre quienes quieren permanecer en un orden de exclusiones y autoritarismos (que explican más de seis décadas de confrontaciones internas) y quienes queremos avanzar en transformaciones y ampliación de esta precaria democracia. Esta es una lucha interna que solo se podrá resolver en los espacios de la acción política, que tienen en el actual debate presidencial el escenario privilegiado para ver si es posible la derrota política del uribismo y dar paso a un ciclo de transformaciones que avancen hacia una Colombia en paz, o si, por el contrario, vamos a seguir en este circulo de violencias organizadas donde el uribismo nada con solvencia. Hay temas centrales que nos ligan de manera estrecha a las políticas de los Estados Unidos. Uno de estos es la fracasada guerra contra las drogas, allí debemos persistir como país en levantar nuestra voz y juntar fuerzas con otras sociedades que, igualmente, sufren este flagelo de violencias en una política que criminaliza estas dinámicas de sociedad y economía donde están las drogas. Este tema debe resolverse vía legalizaciones y regulación, y Colombia tiene que lograr mayor protagonismo en esta discusión que, sin duda, es de interés global. Si la administración del presidente Biden coloca nuevamente su interés en desarrollo rural, construcción de Estado en las regiones más desarticuladas y asistencia a los derechos de las víctimas, como las prioridades de una cooperación con Colombia, y por supuesto los delicados temas ambientales y de derechos humanos, tendremos una buena agenda de cooperación para avanzar en democracia y paz. Hay que estar pendientes a las señales que vengan desde Washington. Por ahora, la tarea liderada por la representante Ocasio-Cortez, debe darnos ánimo a seguir trabajando en Colombia por transformar las nefastas políticas de drogas, por alcanzar garantías para la protesta y la participación social, por avanzar en la implementación plena del Acuerdo de Paz y en todo lo que queda en los pendientes en cuanto a negociaciones y reformas. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad – Pares Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presentamos el informe “Consejos de Juventud: ¿la apertura democrática en Colombia?”: un análisis que busca revelar algunos de los problemas que se han dado en el proceso de construcción de los Consejos de Juventud a nivel municipal y local, los retos que tienen en cuanto a definición de agenda, así como las posibilidades de lo que puede ser un nuevo escenario de deliberación, denuncia y visibilidad de las demandas jóvenes en el país. ¿Serán los Consejos de Juventud los espacios de democratización y diversidad política que pretenden ser o se convertirán en las réplicas a “menor escala” de las dinámicas partidistas ya conocidas en el país? Conoce todos los detalles de esta investigación en el informe completo:

Por: Laura Cano Periodista – Pares El pasado 21 de septiembre, varias personas de la vereda Nuevo Oriente del municipio de Tame, Arauca, así como organizaciones sociales y campesinas, denunciaron que el campesino Marco Tulio Chanagá Herrera, de 87 años, había sido asesinado por parte de uniformados del Ejército, durante la madrugada del 20 de septiembre, en la vivienda de la víctima. Sobre lo ocurrido, se ha informado que los hechos se habrían presentado mientras los militares realizaban un proceso de allanamiento. Justamente esta podría ser una de las irregularidades del caso, pues, según la ley, estos procedimientos solo se pueden hacer entre las 6:00 am y las 6:00 pm, a menos que se cuente con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, habitantes de la zona han denunciado que el allanamiento no se dio dentro de este marco legal, pues, como se mencionó, los impactos de arma de fuego fueron escuchados en horas de la madrugada. Respecto a estos hechos, hubo un pronunciamiento del Comando de la Fuerza de Tarea Quirón, unidad militar orgánica de la Octava División, el cual tiene tropas en la zona. El comunicado indica que el allanamiento se dio por orden de la Fiscalía 117 Especializada, por el Grupo Operativo de Investigación Criminal (GROIC) de la Policía Nacional, y especifican que el procedimiento se hizo con acompañamiento de las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres No. 29 en horas de la mañana. “Según las primeras informaciones, durante el procedimiento un sujeto que se encontraba en la vivienda habría accionado un arma de fuego al parecer contra el personal que realizaba la diligencia, lo que generó la reacción de la unidad. Los enfermeros de combate le prestaron los primeros auxilios al sujeto, pero murió en el lugar de los hechos”, puntualiza el comunicado. A través de la W Radio se confirmó que el arma de fuego a la cual se hace referencia era una escopeta. Sin embargo, no se estableció si el arma había sido accionada. Vale la pena mencionar que, según se ha conocido, el adulto mayor vivía solo en la vivienda y, además, tenía un problema auditivo. “La comunidad se dio cuenta que había dos camionetas doble cabina en la vivienda, que tras un tiempo salieron de allí. Sin embargo, fue hasta casi mediodía cuando se dieron cuenta que el campesino no estaba, que en la vivienda había sangre y que en la vivienda se presentaban impactos de bala. La comunidad informó a organizaciones, y ahí fue cuando el caso fue comunicado a las autoridades”, aseveró a la W Radio Jhon Castro, defensor de derechos humanos de la región. En el mismo medio de comunicación, el defensor señaló que sobre esta zona, donde se ubicaba la vivienda de Marco Tulio Chanagá, se venían realizando constantes patrullajes, pues el lugar donde vivía la víctima se encontraba a poco más de 2 kilómetros del Cantón Militar de Puerto Jordán. “La comunidad nos informa que el Ejército conocía al señor y sabían que vivía ahí”, agregó Castro. A esto se suma que personas de la comunidad se trasladaron hasta el Cantón Militar para pedir información sobre Marco Tulio, y solo hasta que se dio esta acción el Ejército respondió sobre lo sucedido, comunicando que efectivamente el campesino estaba muerto y que esto habría ocurrido tras la respuesta de los militares ante el accionar de la escopeta por parte de la víctima. Castro señaló que, al interior de la institución, no se había hablado respecto a estos hechos, sino que fue por la presión de la comunidad que los militares hicieron esta afirmación y, posteriormente, publicaron el comunicado. Desde el Ejército se comunicó que: “El Grupo Operativo de Investigación Criminal (GROIC) de la Policía Nacional adelantó los actos urgentes, e incautó además un arma de fuego. A esta hora las autoridades judiciales competentes adelantan las investigaciones tendientes a esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos. Así mismo, el Comando de la unidad táctica dio inicio a la indagación disciplinaria correspondiente”. Hay que traer a colación que la actual situación de Arauca es crítica y, además, se encuentra atravesada por un contexto histórico que ha tendido a la violencia. En este departamento del país, el ELN y las disidencias de las FARC han ganado la batuta del poder y control territorial. Además, como mencionaba Luis Eduardo Celis en su columna de opinión Arauca y su grave crisis humanitaria, hay un alto nivel de homicidios en Arauca. Las cifras que desnudan esta realidad violenta “obedecen al fracaso del Estado a la hora de brindar condiciones de seguridad y convivencia. Y, ante ese fracaso, son los grupos irregulares los que ejercen control criminal. Allí están los resultados: 110 homicidios de personas que habrían sido asesinadas en circunstancias que, en buena medida, están por establecerse y que muy seguramente nunca sabremos, porque la acción de las autoridades como la Fiscalía y la Policía Nacional en Arauca es tremendamente deficiente”. A este panorama se suman otros dos contextos que es importante mencionar. Por un lado, en mayo de 2019 en esta misma zona, Tame, Arauca, militares que hacían parte de un retén militar, ubicado en Puerto Jordán, abusaron sexualmente de una mujer en condición de discapacidad. En este hecho también estuvo implicado el comando Fuerza de Tarea Quirón. Por otra parte, según el Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES), durante el 2020 se registraron siete casos de ejecuciones extrajudiciales en el país. En cuatro de estos hechos estaría involucrado el Ejército y en los otros tres la Policía Nacional. Entre tanto, en el 2021 se reportan dos casos en los que se presume la responsabilidad de la Policía. El caso Marco Tulio Chanagá, desde el 2020 y en lo que va del 2021, sería el primero que se registra en Arauca. Es necesario resaltar la petición de Jhon Castro en la W Radio, quien exigió que el Gobierno Nacional establezca una mesa de garantías en el municipio, pues son múltiples los hechos de violencia que afectan a la sociedad civil del departamento, así como que en el caso de Marco Tulio Chanagá se logren establecer responsabilidades respecto lo sucedido. (Te podría interesar: Paro Nacional: La Asociación Campesina de Arauca denuncia detenciones irregulares a líderes campesinos en camionetas sin placas).

Por: Redacción – Pares ¿Cómo se ha transformado el conflicto armado en el país después de la firma del Acuerdo de Paz? ¿Cuáles son las concepciones de paz a partir de las cuales se intenta avanzar en la reconstrucción del tejido social a nivel territorial? ¿Cuál es el estado de los procesos de reincorporación rural de excombatientes de las FARC-EP? ¿Cómo re-pensar la paz en un contexto como el colombiano? Preguntas como estas han motivado la publicación del libro “Los enredos de la paz: reflexiones alrededor del largo camino de la transformación del conflicto armado en Colombia”: una compilación de ensayos y artículos que buscan analizar, comprender y reflexionar sobre la realidad del país en lo que se refiere a construcción de paz. Este libro, que se encuentra disponible de forma gratuita, ha sido publicado por el German Institute for Global and Area Studies (GIGA) y la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (FESCOL). Entre los ensayos allí reunidos, dos fueron elaborados por la Oficina regional de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) en el Pacífico: “Paz glocal y modelo de desarrollo extractivo: una mirada desde el Pacífico” y “Las poblaciones indígenas y afrocolombianas y los desafíos actuales de la implementación del Acuerdo de Paz”. En la construcción de estos artículos participaron Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina de Pares en el Pacífico, y los investigadores regionales Solange Bonilla Valencia, Dennis Arley Huffington y Jairo Alexánder Castaño. En el ensayo “Paz glocal y modelo de desarrollo extractivo: una mirada desde el Pacífico”, se realiza un acercamiento crítico al modelo extractivo en Colombia. Las cadenas productivas en las que se hace especial énfasis son las de hidrocarburos y de minería. En ese sentido, se aborda el tema de las concesiones mineras que han generado conflictividades socio-ambientales por ser otorgadas sobre títulos colectivos de las comunidades étnicas (como son los casos de las comunidades indígenas en Meta y Putumayo, y de comunidades negras en el río Naya y la reserva forestal San Cipriano, del distrito de Buenaventura). Además, se exponen las afectaciones al medio ambiente y a la población asentada en cercanías a los patios de almacenamiento de carbón (a cielo abierto) que hay en las instalaciones portuarias de Buenaventura, en la isla Cascajal. Por otro lado, en el ensayo “Las poblaciones indígenas y afrocolombianas y los desafíos actuales de la implementación del Acuerdo de Paz”, se analiza el avance en lo que se refiere al Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz, firmado entre la antigua guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos. El Capítulo Étnico es el resultado del trabajo mancomunado de los pueblos étnicos por el reconocimiento, en la mesa de conversaciones, de las victimizaciones diferenciadas que padecieron por parte de los grupos armados. Por tal razón, es necesario que la implementación de lo acordado tenga un enfoque diferencial. En este apartado, en general, se manifiesta una preocupación por los escasos avances de algunos puntos acordados y se señala, en ese sentido, que la implementación continúa siendo lenta. Respecto al punto 1, se evidencia que es necesario acelerar y avanzar en temas normativos pendientes. Tal es el caso de la reforma de la ley 160 de 1994 (ley de tierras) y del desarrollo de los mecanismos para democratizar y generar seguridad jurídica sobre el uso y el acceso a la tierra. El punto 2 es uno de los que más tropiezos ha tenido en la etapa de implementación. Sobre el punto 3 podría decirse que ha avanzado en algunos de sus componentes iniciales, por ejemplo, en el proceso de dejación de armas y en la constitución de las Zonas Veredales. No obstante, las dificultades relacionadas a este punto son señaladas por Pares. En cuanto al punto 4, con respecto a los mecanismos de protección y autoprotección, preocupan los asesinatos y amenazas contra personas líderes sociales y firmantes de paz. En relación con el punto 5, se corrobora cómo se favorece la aspersión aérea con glifosato sobre la sustitución voluntaria y la firma de los PNIS. A través de estos acercamientos investigativos, reflexivos y críticos, enmarcados desde una perspectiva territorial y diferencial, pretendemos seguir contribuyendo a enriquecer el debate nacional y local en lo que se refiere a las posibilidades de construcción de paz. Una labor que, quizá más que nunca, parece necesaria en esta etapa de posconflicto que vive el país y que está atravesada no solo por la reconfiguración de distintos grupos armados y sus repertorios de violencia, sino también por liderazgos, luchas, causas, demandas sociales y anhelos de reivindicación de personas, comunidades y organizaciones que, a pesar de todo, le siguen apostando al tejido de procesos de paz. Puedes descargar el libro completo en español aquí. Puedes descargar el libro completo en inglés aquí.

Por: Juan Sebastián Peña Editor – Pares El polémico fiscal Gabriel Jaimes estudiará el caso de la exministra Karen Abudinen, quien recientemente dejó su cargo, como cabeza del MinTIC, debido al escándalo por un contrato de aproximadamente 1 billón de pesos otorgado a la Unión Temporal Centros Poblados. El objeto de este contrato era llevar internet y conectividad a zonas apartadas del país: cerca de 7.000 centros digitales serían construidos en zonas rurales. Sin embargo, retrasos en las obras condujeron a que se revelara que el consorcio habría presentado documentos falsos en el proceso de contratación (Te podría interesar: “Karen Abudinen: otra ficha del Gobierno que cae en medio de escándalos”). En el reciente informe “El escándalo de MinTIC y los Clanes de Norte de Santander”, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) reveló, entre otras cosas, que tan solo una de las cuatro empresas que hacen parte de la Unión Temporal tendría experiencia en el área de las comunicaciones: Novotic (anteriormente conocida como Funtic. No obstante, en 2020, la Contraloría General de la República señaló irregularidades en proyectos otorgados a esta empresa. Otro de los puntos centrales expuestos por Pares tiene que ver con las complejas redes de corrupción a nivel regional (en la que clanes políticos estarían involucrados). Entre las personas con cuestionamientos, se señaló que Emilio Tapia, quien había sido condenado en 2015 por su participación en el ‘Carrusel de la Contratación’, presuntamente sería el dueño en cuerpo ajeno de ICM Ingenieros, otra de las empresas que conforman el consorcio Centros Poblados. Precisamente, en el marco de este escándalo, el pasado 20 de septiembre, Emilio Tapia fue capturado por el CTI de la Fiscalía. Y en esta historia, a la que le aún faltan muchos hilos por desenredar, se suma ahora que el fiscal Gabriel Jaimes ha sido designado para estar a cargo de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía, el pasado 18 de agosto, por Erick Urueta, presidente de la Veeduría de la Rama Judicial en Cartagena. En esta denuncia de 10 páginas, se solicita que se investigue a la exministra Karen Abudinen por su presunta responsabilidad en las irregularidades del proceso de contratación con la Unión Temporal Centros Poblados. De modo que será Jaimes quien tome la decisión respecto a si se abre un proceso formal contra Abudinen o si se archiva el caso. Pero, ¿quién es Gabriel Jaimes Durán? Es la mano derecha del fiscal General Francisco Barbosa y, recientemente, ha saltado a las primeras planas de la opinión pública debido a que fue designado como fiscal en el caso del expresidente Álvaro Uribe. En este proceso, el ente acusador investiga si Uribe, a través de terceros (su abogado y un miembro de su partido), ejerció presión sobre dos testigos para que se abstuvieran de hacer declaraciones en su contra. La Corte Suprema de Justicia adelantaba esta investigación hasta que Uribe decidió renunciar a su curul en el Senado y, como consecuencia, el alto tribunal perdió la jurisdicción sobre el caso. A diferencia de la posición de la Corte, el fiscal Jaimes determinó que no había mérito para continuar las investigaciones y que el expediente debía archivarse. Esta decisión, así como la propia designación de Jaimes como fiscal (quien, además, habría sido hombre de confianza de Alejandro Ordoñez en la Procuraduría), debido a la cercanía de Barbosa con el presidente Iván Duque, ha sido fuertemente cuestionada por distintos sectores, y se ha señalado que Jaimes, en su argumentación para solicitar la preclusión del caso en contra de Uribe, habría omitido pruebas de la Corte Suprema de Justicia. Frente a este nuevo capítulo de escándalo MinTIC que parece abrirse, Daniela Garzón, investigadora nacional de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, señala que, el hecho de que la responsabilidad de la investigación en contra de Abudinen recaiga en alguien que ha sido fuertemente cuestionado por haber solicitado la preclusión del caso Uribe “sigue minando la confianza en la Fiscalía y en la justicia colombiana, porque no se le puede decir a la ciudadanía que hay garantías cuando el señor es la mano derecha de Barbosa, que perteneció al gobierno Duque”. De acuerdo con Garzón, la designación de Jaimes para adelantar las investigaciones de esta denuncia parece sumarse a las tantas causas que deterioran la confianza en el funcionamiento del sistema democrático del país: “La crisis institucional tiene consecuencias: que la gente crea que las actuaciones no son legítimas ni confiables mina más la democracia colombiana.” Además, Garzón trae a colación un hecho particular en este caso: “es preocupante que la Fiscalía no haya abierto una investigación por mérito propio, sino que un ciudadano haya tenido que interponer esa denuncia, porque lo que hemos sabido por la prensa que reveló el caso es que fue bastante evidente el engaño, y la misma ministra reconoció que tenían que haber manos dentro del Ministerio ayudando para que eso saliera”. Con todo este panorama esbozado, la pregunta que queda en el aire es: ¿será el fiscal Jaimes un garante de que haya transparencia en las investigaciones contra Karen Abudinen? Los próximos hechos que ocurran en el marco de este proceso ofrecerán la respuesta definitiva, pero, por ahora, las expectativas no parcen ser muchas.

Por: Nataly Triana Guerrero Asistente de Investigación – Línea de Democracia y Gobernabilidad Las comisiones económicas conjuntas del Congreso han aprobado, en primer debate, el Presupuesto General de la Nación de 2022 que pretende pasar por debajo de cuerda modificaciones a la Ley de Garantías. Estos cambios desequilibrarían la competencia y la transparencia electoral. Otra jugada del Gobierno Duque. Los partidos de gobierno y el Ejecutivo pretenden desmantelar parcialmente la Ley 996 de 2005, más conocida como la Ley de Garantías: una ley estatutaria que busca garantizar la igualdad de condiciones en los procesos electorales del país, promueve el ejercicio transparente de los recursos públicos y establece restricciones y prohibiciones que deben ser acatadas por las entidades públicas. En pocas palabras, la Ley de Garantías está hecha para que los mandatarios en ejercicio no apoyen, por medio de contratación pública, a las campañas políticas. Esto debido a que les prohíbe adelantar procesos de contratación cuatro meses antes de las elecciones. Sin embargo, según el nuevo presupuesto, para los próximos comicios se suspende el artículo 38 de la ley, el cual prohíbe a gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos durante los 4 meses previos a las jornadas electorales. Esta modificación la justifican porque, dada la anormalidad que causó la pandemia, los mandatarios y funcionarios públicos no pudieron prever, programar y destinar los recursos asignados dentro del calendario electoral estipulado. Bastante incompetencia, podría decirse, porque aún con crisis sanitaria y económica se debe procurar el ejercicio transparente de los recursos públicos, y suspender las garantías electorales abre la puerta para que los intereses de quienes ya deciden hacia dónde va el erario coaccionen e incidan en campañas específicas de sus aliados y/o clanes políticos. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ha defendido la modificación afirmando que es necesaria para impulsar la reactivación económica, pero parece que no se ha dado por enterado de los recientes escándalos de corrupción que involucran a sus compañeros de gabinete y de que hoy son pocos los sectores que confían en este Gobierno. Ahora bien, es anticonstitucional modificar una ley estatutaria a través de una ley ordinaria, como es la del presupuesto general. La transformación o eliminación de una ley estatutaria implica un debate transparente y prudente, puesto que es una norma de orden constitucional. La jugada de estos partidos y del Ejecutivo, al modificar la Ley de Garantías a través de una ley ordinaria, consistiría evitar la revisión de exequibilidad de la Corte Constitucional correspondiente a la aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias. Este nuevo mico de los partidos de Gobierno y del presidente Iván Duque aumenta los riesgos de cooptación ya señalados por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) en las Circunscripciones Territoriales Especiales para la Paz, y se suma al Caballo de Troya de la Registraduría: el nuevo código electoral. Están raspando la olla de los recursos públicos.

Por: Laura Cano (periodista) y Juan Sebastián Peña (editor) Fundación Paz & Reconciliación Recientemente, desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) se realizó una investigación en la que se alertaba sobre presuntas irregularidades en la licitación pública 033 de 2021, cuyo objeto es la concesión para la administración y recaudo de los peajes y de las estaciones de pesaje que están a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías). La alerta vino tras encontrar varias irregularidades que, en general, apuntaban a que los peajes iban a quedar hipotecados por décadas, en manos de privados y de bancos. Más puntualmente, el contrato implicaba la administración de la operación de 35 peajes en Colombia, donde el contratista deberá recaudar en, por lo menos, 10 años, la suma de 5 billones para obtener una retribución de 1 billón de pesos. En este contexto, las alarmas que se encendieron tenían varios aspectos por considerar: uno de estos era que, al igual que se presume en el caso de los software para las elecciones, al parecer, en esta licitación habría un pliego sastre de requisitos hecho a la medida de uno de los contratistas: una empresa del grupo Thomas Greg & Sons, pues sería casi que el único capaz de cumplir con los requisitos para participar en el proceso. Entre estos, se incluía tener experiencia en la operación y haber realizado suministro e implementación de tecnología para el recaudo de peajes, requisito que resultaba nuevo para este tipo de licitaciones. A esto se suma que, de acuerdo con la licitación, se estima que este recaudo se deberá hacer en 10 años, lo que corresponde a un monto aproximado de 5 billones de pesos, con un porcentaje de retribución del operador entre el 15,833% y el 18%. No obstante, hay que señalar que, normalmente, este tipo de contratos se realizaban por 5 años y no por 10, lo que tendría otras implicaciones, pues, como explicaba Ariel ávila en su columna “El próximo Odebrecht del Invías”, “si alguno(s) de los peajes involucrados en la licitación es(son) retirado(s) o se utiliza(n) para otra licitación, muy posiblemente se amplía el tiempo de operación hasta que se logre el recaudo. (…) Y algunos de los peajes en el actual proceso de licitación del Invías (35), que están involucrados en el contrato, pueden tomarlos del paquete y sacarlos para que la ANI los tome dentro de una vía concesionada. Esto se traduce en que, para recuperar ese recaudo, se podría ampliar el tiempo de operación en los peajes restantes. Podría ser un contrato a 15 o 20 años”. Asimismo, otra de las alertas que se hicieron tenían que ver con la titularización bancaria del recaudo de los 35 peajes. Esto, en la práctica, se traduce en que el Invías buscaría convertir los peajes en una tarjeta de crédito, solicitando un avance de 4 billones de pesos que se buscan recaudar en 10 años para gastarlos en un solo año. Por medio de este avance, el Invías buscaría transferir este recurso para mantenimiento de vías terciarias en 1.122 municipios. Lo cual resulta sospechoso si se tiene en cuenta que durante el próximo año se llevarán a cabo elecciones al Congreso y a Presidencia: “Se titularizarían los 35 peajes para que la entidad financiera que adquiera estos títulos entregue alrededor de $4 billones del recaudo anticipado, a cambio de un interés. Esto se traduce en que el que se gane la licitación deberá pagarle al banco el avance que hizo el Invías con el recaudo que obtenga. Sin embargo, ojo a esto, si el contratista no paga al ente financiero, el que tendría que responder sería el Invías, es decir, con nuestros impuestos”, advirtió Ariel Ávila. Adicionalmente, en el proceso de licitación se encontraron varias trabas para que se pudiera garantizar la pluralidad de oferentes. Por ejemplo, no se habilitó que los recaudadores de transporte terrestre masivo de pasajeros, diferente a los de peajes, se pudieran presentar, lo que sacó de la competencia a muchas empresas. Además, y como se mencionó anteriormente, la experiencia requerida también provocaría que Thomas Greg & Sons fuera el grupo beneficiado con los requisitos. A esto se agrega que la licitación se abrió el 26 de julio y se cerró el pasado 20 de agosto. Es decir, los oferentes solo tenían 25 días para preparar pliegos, comprar pólizas, presentar observaciones, entre otros procesos. Y como se explicó en su momento en Blu Radio, “solo el análisis financiero en una licitación seria tomaría aproximadamente entre 3 a 6 meses”. Las dudas de la Procuraduría General de la Nación En el marco de las denuncias sobre estas presuntas irregularidades en el proceso de licitación señaladas por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), mediante el Radicado E-2021-464616, la Procuraduría General de la Nación solicitó información al Invías relacionada a este proceso de concesión pública que podría conducir al “Nuevo Odebrecht”. De acuerdo al cronograma del proceso de licitación, el plazo máximo para expedir adendas y modificaciones al proceso se cumplía el día de ayer, 21 de septiembre. Justamente, la Procuraduría había señalado que la fecha límite para dar respuesta a sus inquietudes debía ser antes de que se cumpliera el término para proferir adendas. Y en vista de que para el día de ayer (fecha en que este plazo se cumplía), el Invías, de acuerdo a lo comunicado por este organismo en la Resolución No. 2760 del 21 de septiembre de 2021, “aún no ha terminado de elaborar el oficio de respuesta debido a su complejidad técnica”, la Dirección de Contratación de esta entidad resolvió “Ordenar la suspensión de términos de la Licitación Pública No. LP-DT-SEI-GPV033-2021 (…) por un término inicial de hasta cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de expedición del presente acto administrativo con el fin de que se dé respuesta a la Procuraduría General de la Nación”. Adicionalmente, en la misma resolución, el Invías señaló que una vez se superen los motivos que ocasionaron esta suspensión, se definirá el nuevo cronograma del proceso mediante un acto administrativo. Se espera que este proceso de control y veeduría, no solo de la Procuraduría sino de organizaciones sociales y de la ciudadanía en general, conduzca a que este proceso de contratación estatal se desarrolle a partir de los principios de transparencia, economía y responsabilidad. En ese sentido, el Invías debe garantizar a todos los interesados en participar en el polémico proceso de licitación que habrá una selección objetiva y no pliegos sastre a la medida de uno u otro contratista.

Por: Daniela Garzón (investigadora nacional) y Nataly Triana (asistente de investigación) Línea de Democracia y Gobernabilidad – Pares Las últimas encuestas indican que más de la mitad de votantes no tiene aún candidato presidencial ni partido político definidos, que dividir el mundo entre izquierda y derecha es equivocado porque la mayoría dice ser de centro, y que la pésima gestión de Iván Duque ha sido la puerta de entrada al posuribismo. También, que mientras en el Valle del Cauca la gobernadora y el alcalde pierden puntos de favorabilidad, igual que Claudia López en Bogotá, los mandatarios puestos por los Char parecen de teflón. El 20 de septiembre, la firma Cifras y Conceptos publicó su más reciente encuesta Polimétrica, en la que les preguntó a 2.231 ciudadanos, que representan casi seis millones de votantes, sobre su percepción frente a la gestión de los gobiernos nacional y locales, y frente al desempeño de algunas entidades. Además, incluyó un módulo de cultura política. Este sondeo se suma a la encuesta Pulso País, hecha por Datexco (que se publicó recientemente), y a la Invamer Poll (que se publica cada dos meses), ambas reportando datos de agosto. A continuación, presentamos los hallazgos más interesantes. En primer lugar, llama la atención que la larga lista de candidatos y candidatas —un reto hasta para personas expertas en política— tenga un correlato en los altos niveles de desconocimiento de las personas sobre los aspirantes: según Polimétrica, el 69% de las personas hoy no los conocen, y el escenario para el Congreso es aún más dramático, pues esta cifra roza el 90%. Parece que el desprestigio de los y las congresistas va de la mano con lo invisibles que son los candidatos para las personas votantes. De la misma manera, es apreciable el espacio y las posibilidades que tienen quienes aspiran a la Presidencia para buscar apoyos, pues solo el 23% de personas encuestadas afirman ya haber elegido por quien votar. Lo que es seguro es que en ese 77% de indecisión no hay espacio para tanta gente, pues solo dos candidatos van a llegar a segunda vuelta. Dicen los “gurú” del marketing político que una elección la gana quien le atine y conecte con el tema de la campaña, y aunque parecía que el de esta sería la grave crisis económica que estalló en el paro de abril, la “normalidad” de la que se está disfrutando desde hace unos meses calmó las aguas. Además de la gran confusión en torno a los candidatos presidenciales, esta parece ser una elección sin partidos, pues ninguno ha presentado una candidatura propio definitiva. Los mecanismos para elegir esta candidatura dentro de las colectividades, en vez de congregarlas, parecen separarlas. Y, por si fuera poco, las personas parecen sentirse cada vez menos identificadas con estas agrupaciones políticas. Según Polimétrica, el 64% no tiene afinidad con ningún partido, y la colectividad ganadora entre las personas que sí manifestaron alguna afinidad es la Colombia Humana de Gustavo Petro, partido que recién recibió su personería jurídica y con el que se siente afín el 10% de las personas encuestadas. Los otrora poderosos partidos tradicionales confirman su mala hora: juntos, el Partido Liberal (con un 4%) y el Partido Conservador (con un 2%) no suman sino el 6% de la afinidad política hoy (Te podría interesar: La encrucijada del Partido Liberal). Por su lado, Pulso País muestra que el 81% de las personas tiene una opinión desfavorable de los partidos políticos. De hecho, la última vez que esta cifra fue menor al 60% fue en junio de 2019. En la Invamer Poll, esa imagen negativa es del 89%, y para encontrar una cifra menor al 60% hay que ir hasta febrero de 2011. Los partidos políticos han sido, desde siempre, parte fundamental de las democracias representativas liberales, pero su ocaso es innegable y la dispersión de listas y movimientos nuevos recuerda el multipartidismo llevado al límite existente antes de la reforma política de 2003. Esto también puede ser el anuncio de un fuerte remezón en el Congreso, pues las fuerzas hasta ahora más numerosas —el Centro Democrático, el Liberalismo y Cambio Radical— tienen cada vez menos militantes y muchos de sus representantes no buscarán su reelección. Como lo ha señalado en otras ocasiones la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), estas elecciones son un reto mayúsculo para los clanes políticos y la política tradicional, no solo porque las prácticas clientelistas son cada vez más caras y complejas, sino porque hoy la mayoría de la ciudadanía parece querer —ahora sí— otra cosa. La división del mundo entre izquierdas y derechas también parece mandada a recoger, pues el 70% de las personas encuestadas por Cifras y Conceptos se identifican a sí mismas dentro del centro político. Es así como la preferencia por el centro, la poca afinidad con los partidos, junto con su mayoritaria percepción negativa, configuran una ventana de oportunidad para las 25 personas aspirantes que pretenden avalarse a la Presidencia a través de firmas, independientemente de si poseen respaldo extraoficial de algunos partidos. Aunque ya en el pasado las firmas habían sido un escaparate para huir de los partidos —las utilizó Vargas Lleras siendo el jefe natural de Cambio Radical—, esta será una elección de punto de quiebre en cuanto a su uso. En la misma línea, la encuesta de Polimétrica trae una novedosa clasificación sobre la afinidad política de la gente. Así, identificó cuatro grupos de votantes: los “Mamados”, que son el 41%, los “Reformistas”, que son el 26%, los “Incluyentes”, que son el 19%, y los “Continuistas”, que son el 14%. Resalta en el primer grupo que apoyan la cadena perpetua —tumbada recientemente por la Corte — y que no apoyan que sea mayor la edad para pensionarse. En el segundo grupo están de acuerdo con subir la edad de jubilación y con legalizar a las personas migrantes. Los “Incluyentes” son quizás ese grupo de “nuevas ciudadanías”, aquellas personas que están de acuerdo con la legalización de migrantes, con darle preponderancia a los temas sociales y que apoyan la despenalización total del aborto (que se está discutiendo en la Corte Constitucional). Finalmente, los “Continuistas” están de acuerdo con la cadena perpetua, como los “Mamados”, y son el grupo más conservador porque no apoyan ni la legalización de migrantes, ni el matrimonio entre personas gais ni que aumente la edad para pensionarse. El punto de convergencia entre todos los grupos es que ninguno quiere la continuidad del Gobierno Duque: el 71% tiene una imagen desfavorable del presidente, lo que no solo significa un durísimo golpe para el uribismo y su idea de quedarse en la Casa de Nariño, sino que, además, confirma lo que Pares ha venido afirmando: la época del posuribismo es una realidad (Te podría interesar: Posturibismo político o el fin de una etapa en Colombia). En las otras dos encuestas tampoco le va bien a Duque: en Pulso País tiene una imagen negativa del 71%, y el 77% de las personas desaprueba su gestión; y en Invamer Poll registra una desaprobación del 75%. Un dato adicional es la imagen desfavorable de Uribe, que según Invamer es del 70%, cuando alcanzó niveles de favorabilidad del 85% siendo presidente. Por otra parte, la mayor desfavorabilidad para alcaldes y gobernadores reside en Valle del Cauca. De acuerdo con Invamer y Polimétrica, Clara Luz Roldan mantiene niveles de desfavorabilidad del 58% y 49%, respectivamente. En este mismo caso está Jorge Iván Ospina, uno de los alcaldes más impopulares, con una desaprobación del 74% en Polimétrica e Invamer, y del 68% en Pulso País. Quien también ha sufrido un golpe en la favorabilidad es la alcaldesa Claudia López: según Invamer, en agosto registró, por primera vez, una imagen desfavorable (51%) mayor que la favorable (42%) en el año y medio que lleva en el cargo. Las declaraciones contra la población migrante, la inseguridad y haber extendido medidas restrictivas como las cuarentenas por localidades podrían haberle pasado factura. Aunque en el caso de la alcaldesa Polimétrica aún registra una imagen favorable (54%) mayor a la desfavorable (46%), el descenso desde abril de 2020, cuando su favorabilidad era del 89%, es muy notorio. Esto, en últimas, ha afectado a la Alianza Verde, que se ve como un partido fragmentado (Te podría interesar: Las prospectivas del verde para 2022). Para Daniel Quintero el castigo ha sido menor: según Polimétrica, hoy su favorabilidad es del 59%, mientras que en Invamer es del 46% y su desfavorabilidad alcanza el 53%. Quintero ha estado encartado con Telemedellín, no ha podido con los nombramientos en la junta directiva de EPM y vive de pelea con el uribismo. La revocatoria en su contra está en marcha. Quienes siguen sorprendiendo y la sacan barata de la crisis son las personas que puso el ‘Clan Char’ tanto en la Alcaldía de Barranquilla como en la Gobernación del Atlántico: según Invamer, tienen la mayor favorabilidad en el país. Jaime Pumarejo y Elsa Noguera registran el 63% y 78% de imagen positiva, respectivamente; y los datos de Polimétrica muestran algo parecido: 65% y 72%, respectivamente. Parece que son de teflón porque sus números no reflejan lo que han significado la temporada de lluvias, las muertes por el covid-19 y la pobreza para muchos atlanticenses. Los verdaderos victoriosos, de acuerdo a Polimérica, son los mandatarios del Magdalena que hacen parte de Fuerza Ciudadana: Virna Johnson y Carlos Caicedo, quienes superan los índices del charismo, con un 76% y 75% respectivamente. La carrera es de largo aliento y aún faltan seis meses para las elecciones de Congreso y ocho para las presidenciales. Sin embargo, las señales son claras: nadie quiere que las políticas de Duque sigan, la mayoría de alcaldes andan en descalabro, los partidos pasaron de moda y, en la lista de sesenta o más precandidatos presidenciales, la mayoría de votantes no encuentra ningún liderazgo inspirador.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Desde hace 250 años, a los empresarios se les ha colocado en el pódium del capitalismo. Los economistas políticos clásicos fueron los encargados de realizar esta apología. Sus discursos teóricos se encargaron de exaltar a los inversionistas: sin su arrojo, nos dicen, el sistema de mercado no triunfaría. Estos seres especiales son capaces de tomar sus ahorros e invertirlos en negocios arriesgados, logrando poner en funcionamiento la maquinaria de la riqueza. Con el pasar del tiempo, esta apología –realizada desde el inicio del capitalismo– se convirtió en la ideología que inspira al actuar ético del Estado. En el mundo real se observa cómo los gobiernos, en la mayoría de las situaciones, protegen y cuidan a los sectores empresarios de manera especial. Los Estados buscan atraer a inversionistas, quieren que estas personas se fijen en sus economías domésticas, que traigan sus capitales y que generen desarrollo en los territorios. De allí que cuando a sectores empresarios se les involucra en asuntos judiciales, políticos o económicos de dudosa reputación, de inmediato los administradores públicos salen a protegerlos y excluirlos de cualquier responsabilidad. Esta situación fue evidente en el caso de la empresa multinacional bananera Chiquita Brands, que, desde que regresó a Colombia y, especialmente, a la región del Urabá –en la mitad de la década de 1980–, fue exaltada por el Gobierno nacional y protegida debido a las inversiones que realizaba en el país. El Gobierno observó a Chiquita Brands con los lentes que construyeron los economistas para admirar al sector empresarial. Les dijo que sí traían sus dólares y los invertían en Colombia, a cambio serían protegidos y cuidados de forma especial. Y así fue. Durante las tres décadas que estuvo la multinacional en el país, a pesar de los señalamientos que permanentemente se le hicieron en materia de apoyo a grupos armados ilegales y de graves violaciones de derechos humanos, a esta empresa se le protegió y nunca se le condenó. Desde su regreso al país, Chiquita Brands comenzó a apoyar a grupos subversivos y paramilitares que hacían presencia en el Urabá. Primero, bajo el formato de extorsiones a la guerrilla; y luego, con pagos de seguridad privada a empresas fachada de los paras. Así, esta multinacional logró construir e implementar un modelo económico de enclave, caracterizado por el control monopólico de producción, comercialización y transporte del banano, en el cual usaban la violencia armada para conseguir un doble fin: ampliar la posesión de tierras productivas y callar a grupos sindicalistas y trabajadores. De esta forma, Chiquita Brands logró incorporar, desde el principio, las armas para el cuidado de su negocio. Entregó dineros a los grupos armados ilegales, además de que apoyó la compra de armas y el pago de hombres y mujeres que ejercieron violencia sistemática y generalizada contra personas sindicalistas y trabajadoras de la región. Adicionalmente, durante el tiempo que estuvo en la zona de la costa antioqueña, ayudó a generar las condiciones que hicieron posible que allí existiera la más alta proporción de víctimas por kilómetro cuadrado del país: entre 1985 y 2014 ocurrieron 47.656 homicidios, 581.293 desplazamientos forzados y 315 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en la guerra. Y a pesar de que estos hechos fueron conocidos por el Gobierno nacional, durante todo el tiempo que la empresa estuvo en el país, nunca se le recriminó ni juzgó por sus acciones. Las élites políticas no quisieron prescindir de los aportes que esta empresa realizaba; por ello, no atendieron las denuncias de violación de derechos en este territorio y, en su lugar, victimizaron a los empresarios por los pagos de extorsiones que tenían que hacer. Incluso, hicieron un llamado a rodear la empresa y protegerla. En breve, valoraron más los intereses económicos y empresariales que la vida de las personas trabajadoras y sindicalistas, haciendo que el país se sumiera en una impunidad política y judicial. Tuvieron que pasar varias décadas para que, en medio del cumplimiento de la Ley de Justicia y Paz de 2005, se nombrara de forma directa –por parte de algunos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)– a Chiquita Brands por su papel en el apoyo a las dinámicas del conflicto armado. En versiones libres y en entrevistas de exparamilitares como Raúl Hasbún se dijo la verdad: la empresa apoyó financieramente, de forma sistemática, a organizaciones armadas ilegales con el objetivo de silenciar y pacificar las relaciones laborales con grupos sindicalistas (lo que también se llamó “técnicas de neutralización”). En contraprestación a ese apoyo, la empresa se esforzó por ocultar los más de 100 pagos que hizo por cerca de 1.7 millones de dólares. Dineros que fueron usados para apoyar a la máquina de la guerra en la consecución de mayores estrategias y tecnologías para producir violencia. Se trata de prácticas empresariales que tenían un tinte claramente criminal, lo cual quedó evidenciado en el rol que jugó la empresa bananera formalizada, de manera individual y corporativa, en la intensificación del conflicto armado en la región del Urabá. Todos estos hechos obligaron, finalmente, a la empresa a retirarse del país, pero lo hizo sin pena. Se fueron de Colombia sin reconocer su implicación en estos hechos, y quedaron sus actuaciones macabras impunes. Esta historia es la que se cuenta en el libro “La sombra oscura del banano. Urabá: conflicto armado y el rol del empresariado”, publicado este año por la Fundación Cultura Democrática (FUCUDE) y la Corporación Opción Legal. Un texto que viene a convertirse en un gran aporte de la sociedad civil a la construcción de la verdad, premisa insoslayable de la no repetición a la que aspiran las víctimas. “La sombra oscura del banano” es un escrito que sirve para develar la participación de la niña mimada de la economía de mercado –la empresa– en la historia trágica del conflicto armado colombiano y, particularmente, en el Urabá antioqueño. Una historia desafortunada que no la escuchamos de boca de los empresarios del banano, debido, en buena parte, a que muchos políticos ayudaron a que los terceros responsables quedarán excluidos de aportar a la verdad histórica del país. Como queriendo ratificar, una vez más, que la única responsabilidad de estos agentes de la economía es generar empleo y riqueza. Afortunadamente, todavía existe la oportunidad de contar la verdad. La historia sobre el conflicto armado en Colombia no se cierra con el informe que, en noviembre próximo, entregará la Comisión de la Verdad. Más bien lo que hace es abrir un camino y delinear una ruta para que los terceros implicados –entre estos, los sectores empresariales– participen en la construcción de la paz y la verdad. Un escenario que esperamos, con el tiempo, se convierta en una oportunidad para que estos actores que realizan aportes a la economía también lo hagan con la política. Demandamos, como clientes de la democracia, que los empresarios se decidan por ofrecer de manera clara, franca y sincera la verdad sobre su participación en la violencia colombiana. Se les está diciendo a los inversionistas bananeros que, si fueron capaces de apoyar las máquinas de guerra, también lo hagan con la noble causa de la construcción de la paz. Que se responsabilicen moralmente a aportar, con su experiencia, a esclarecer las dinámicas del conflicto. Sobre todo, en un momento especial como este, cuando el país está intentando construir la verdad. Que lo hagan como un acto de liberación y de querer iniciar un nuevo período en la historia de Colombia; como un gesto de búsqueda de perdón y del compromiso de no repetir tan graves actos; como un aporte decidido al esclarecimiento de la verdad que reclaman las víctimas y la sociedad; y como acciones que propenden curar los traumas y cicatrices de la violencia que causaron ellos mismos en el Urabá.

Por: Laura Cano Periodista – Pares El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes ha sido una de las tantas formas de victimización que no ha cesado en el país. Para el 2020, según la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), se reportaron 79 eventos de conflicto armado en los que 222 personas de esta población fueron víctimas de reclutamiento y vinculación a grupos armados ilegales. Antioquia, Chocó y Nariño fueron los departamentos donde más de estos hechos se reportaron. El panorama actual, como de los años más críticos de conflicto armado, ha llevado a que sean múltiples las acciones que se adelanten con el propósito de poner sobre la mesa este tema desde la necesidad de justicia y reparación para quienes han sido víctimas de estos hechos, tanto los implicados directos (en este caso niños, niñas y adolescentes) como los familiares de estas personas victimizadas. En este sentido, se realizó recientemente el foro “Infancia Reclutada”, en donde expertos y víctimas del conflicto armado detallaron las prácticas sistemáticas del reclutamiento infantil: una estrategia que tanto guerrillas como grupos paramilitares utilizaron para fortalecer su accionar y robustecer sus filas. En el encuentro se lograron establecer varios de los contextos que durante años han permeado esta práctica. Por ejemplo, desde el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), se argumentó que el reclutamiento no ha sido un caso aislado dentro del accionar, por ejemplo, de las FARC-EP, sino que la sistematicidad en estos hechos y los repertorios que llevaban a cabo para realizar esta acción evidenciaban que esta victimización se había convertido, casi, en una política en medio de la confrontación con otros actores armados. En el marco del foro se afirmó que se utilizaban distintos discursos para llevar a cabo esta práctica victimizante. Entre esos estaban las llamadas “cuotas familiares” y el enamoramiento. Además, como se señaló una vez al interior de la guerrilla, presuntamente, cada menor era analizado para después ubicarlo en alguna facción, bien fuera la parte logística o los temas de combate. Asimismo, según se señaló, muchos de los menores habrían sido utilizados, en medio de los combates, poniéndoles en la primera fila para que, a través de sus gritos, hicieran retroceder a la fuerza pública. A eso se suman otros aspectos, como que los menores eran vistos como un ahorro, pues pensar en reclutar a un adulto implicaba más costos y menor posibilidad de maleabilidad. Hay que señalar que este informe se realizó por un equipo interdisciplinario del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y será presentado, en octubre, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Comisión de la Verdad. Esto con el fin de promover la justicia para las víctimas de estos hechos, pues, como afirmaron, la justicia ordinaria solo ha emitido 10 sentencias en los últimos 30 años. Sin embargo, según la JEP, se calcula que hay 18.000 víctimas de reclutamiento forzado, solo en el caso de las FARC-EP. Adicionalmente, se calcula que esta práctica dejó unas 1.050 víctimas que, cuando fueron reclutadas, eran menores de 15 años. Para la elaboración de este informe se realizaron más de 700 entrevistas a víctimas en 19 departamentos de Colombia. El 67% de estas personas afirmaron que fueron víctimas de reclutamiento por parte de las FARC-EP cuando tenían menos de 15 años. Entre este porcentaje, el 34% eran niños y el 33% eran niñas. En el caso de las menores reclutadas, se señala que eran utilizadas otras prácticas relacionadas con la violencia reproductiva, entre la que se ejecutaban acciones como anticoncepción forzada, estrerilización forzada, embarazo forzado, maternidades forzadas y abortos forzados. Como se mencionó más arriba, estos hechos victimizantes continúan aún después de la firma del Acuerdo de Paz y de la salida de las FARC-EP como actor armado. Niños, niñas y adolescentes de las zonas más afectadas por la violencia en Colombia se encuentran en un panorama de derechos humanos crítico, pues además de verse expuestos a este tipo de victimización, se deben enfrentar a otro tipo de realidades como las minas antipersonales, los confinamientos, los enfrentamientos armados y, en general, a un panorama que evidencia la ausencia de oportunidades y protección para las y los menores. Puedes ver el foro completo aquí