Por: Daniela Garzón (investigadora nacional) y Nataly Triana (asistente de investigación) Línea de Democracia y Gobernabilidad – Pares El Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió temporalmente al recién elegido y cuestionado alcalde de Tarazá, Dawinson Gómez Tamayo, debido a que, por ser el hijo del alcalde fallecido, Miguel Ángel Gómez García, estaría inhabilitado. A pesar de las advertencias realizadas por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), una vez más esta situación deja en un limbo a un municipio en el que se vive una auténtica guerra entre ‘Los Caparros’ y el ‘Clan del Golfo’. Esta condición de incertidumbre en la que queda Tarazá ha sido patrocinada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La cantada suspensión del recién elegido alcalde de Tarazá, Dawinson Gómez Tamayo, se dio hace unos días por cuenta de las medidas cautelares que el Tribunal Administrativo de Antioquia tomó debido a una demanda que decidió aceptar y que pretende anular la elección en cuestión. El Tribunal estudiará si Gómez Tamayo está inhabilitado por ser hijo del anterior alcalde, Miguel Ángel Gómez García, quien había sido elegido en 2019 bajo el aval del liberalismo y que, en septiembre del 2020, murió de covid-19. Las cuestionadas elecciones atípicas, sobre las que Pares alertó, se llevaron a cabo el 25 de julio pasado. Ese día se enfrentaron Gómez Tamayo, bajo el aval del Partido Liberal, y Héctor Leonidas Giraldo, con el apoyo del conservatismo y de Cambio Radical. Gómez Tamayo ganó con 4.644 votos, el 49% del total. Apenas el 36% de las personas habilitadas participaron en los comicios. Hojas de vida ejemplares Ambos candidatos están rodeados de cuestionamientos. Por un lado, Gómez Tamayo, de acuerdo con Pares, tiene dos procesos privados en curso: uno en el Juzgado Promiscuo Municipal de Caucasia y otro en el Juzgado Municipal de Medellín. Mientras que Giraldo, según el investigador Sergio Mesa, tiene dos investigaciones disciplinarias en la Procuraduría Provincial de Yarumal, un proceso de responsabilidad fiscal ante la Contraloría General de la República y una investigación en la Unidad Nacional de Protección. Además, Giraldo tiene cuatro procesos penales abiertos: uno por contratos sin el lleno de requisitos legales, otro por peculado por apropiación, otro por acceso carnal abusivo en menor de 14 años y el último por concierto para delinquir. Una historia de vida ejemplar. Para las elecciones de 2012-2015 contó con el apoyo de Mauricio Tobón, miembro del clan del exgobernador Luis Pérez y que hoy es respaldado por el representante a la Cámara Germán Blanco, apoyado por el temido ‘Clan Suárez Mira’. Mauricio Tobón apareció en el escándalo denunciado por Pares sobre lo que habría sido un presunto mecanismo sofisticado de corrupción en el que estarían involucrados: el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), la empresa Valor+ y la Gobernación de Antioquia. Por su parte, Gómez Tamayo carga, aparte de sus problemas, con las herencias de su padre: su caudal electoral y otra lista de cuestionamientos. Según Pares, Gómez García estuvo privado de su libertad entre 2009 y 2019 a causa de dos procesos penales: uno por peculado por apropiación, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público; y el otro por presuntos nexos con paramilitares. Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), reveló que Miguel Ángel Gómez García, siendo alcalde de Tarazá en 2001, se benefició de la organización paramilitar. Es necesario mencionar que Gómez García fue alcalde de Tarazá antes de 2019 en dos ocasiones: entre 2001 y 2003, y entre 2008 y 2011. Además de estos cuestionamientos de su padre, vale la pena señalar que Gómez Tamayo tiene relaciones con el cuestionado senador liberal Julián Bedoya, quien habría obtenido su título de abogado irregularmente, y que se hizo presente en la campaña de Dawinson, a través de María Eugenia Lopera, en nombre de la organización de Bedoya: Renovación Liberal. La decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, de aceptar la demanda de nulidad interpuesta por Hugo Hernán Vega, se dio después de que, durante el periodo preelectoral, se intentara insistentemente revocar la candidatura de Gómez Tamayo por el parentesco de primer grado que tiene con el fallecido Miguel Ángel Gómez. Te anulo, no te anulo El pasado 10 de septiembre, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la suspensión provisional del acto administrativo E-26 ALC del 25 de julio del 2021, en el cual se declaraba a Dawinson Gómez como alcalde electo de Tarazá. Esta decisión fue tomada tras admitir la demanda por nulidad electoral interpuesta por Hugo Hernán Vega Parra, abogado y exfuncionario de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Gómez Tamayo aparentemente se encontraba inhabilitado para la contienda electoral debido a su parentesco con Miguel Ángel Gómez porque, de acuerdo con el artículo 95 de la Ley 617 del 2000: “No podrá ser elegido ni designado alcalde quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio”. El problema jurídico reside en determinar si la muerte de Gómez padre acaba con el parentesco y, por consiguiente, con la inhabilidad de Gómez hijo. Según el concepto que retoma el demandante del Consejo de Estado, el parentesco no se extingue con la muerte y no se habían cumplido los doce meses anteriores a la elección que deben pasar para que un familiar inscriba una candidatura. La Resolución No 2456 DE 2021 expone que solamente se cumplieron diez meses y trece días desde el deceso de Gómez García hasta el día de las elecciones. Como la suspensión es temporal y hace falta que el Tribunal decida de fondo sobre si, en efecto, anula la elección de Gómez Tamayo, el gobernador (e) Luis Fernando Suárez tendrá que designar otro alcalde interino en Tarazá. La responsabilidad de este desorden jurídico recae en el CNE, que el 16 de julio de 2021, en primera instancia, había revocado la candidatura de Gómez Tamayo porque, a su juicio, la inhabilidad sí existía. Sin embargo, el propio CNE, tres días antes de la elección, declaró nulidad sobre su propia decisión porque consideró que hubo “violación del derecho a la contradicción” (Resolución No. 2456 del 22 de julio de 2021). Esto se fundamentó en lo que presentó tanto la defensa de Gómez Tamayo como el Partido Liberal. Finalmente, la revocatoria de la candidatura quedó sin efectos y Gómez Tamayo pudo presentarse el 25 de julio en las urnas. Si se anula la elección de Gómez Tamayo, el Acto Legislativo 02 de 2002 establece que se debería llamar de nuevo a elecciones porque faltan más de 18 meses para que se termine el periodo constitucional del alcalde, lo que implica que Tarazá podría estar viviendo una segunda elección atípica en la que, se presume, podría participar nuevamente Héctor Leonidas Giraldo. Una nueva elección, en un municipio que tiene la cuarta tasa de homicidios más alta de Antioquia (221.47 muertos por cada 100.000 habitantes: una cifra nueve veces mayor que la tasa nacional) y cuyo territorio es disputado entre ‘Los Caparros’ y el ‘Clan del Golfo’, es un desgaste inconveniente. La parálisis administrativa solo favorece la corrupción y la violencia. En suma, los 26.964 habitantes de Tarazá quedan de nuevo a la deriva mientras se resuelven los problemas jurídicos de la elección de su alcalde. Mientras tanto, deben enfrentar la ola invernal y el sufrimiento por la violencia a la que se ven sometidos por el enfrentamiento entre grupos armados.

Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares El maestro Francisco Gutiérrez Sanin se ha preguntado si estamos en un nuevo ciclo de nuestro viejo conflicto armado. Y, desafortunadamente, la respuesta que hay que dar es un “sí” contundente. El Acuerdo de Paz firmado por las antiguas FARC-EP, hace 5 años, fue un gran logro. En este largo esfuerzo de integración de los armados a este precario orden de una democracia restringida y con muchos temas por transformar, a pesar de los importantes avances, aún nos queda mucho por hacer en cuanto a superación de violencias organizadas. Con unas violencias persistentes en, por lo menos, 12 departamentos y alrededor de 200 municipios, los retos humanitarios no son pequeños. Las comunidades que sufren las violencias sistemáticas, por supuesto que no se resignan a vivir estos atropellos y levantan su voz para que irregulares respeten sus derechos y no les sigan atropellando. Hay que volver a insistir en el respeto al derecho humanitario, persistir en acompañar a las comunidades que siguen sufriendo, exigirle al Gobierno que cumpla con su deber de protección de manera concertada con las comunidades y que la acción de la fuerza pública no vulnere los derechos (como ha sido la tradición en muchos territorios frente a comunidades campesinas, indígenas y afro, al igual que en muchas zonas urbanas, que igualmente han sufrido en medio de la protesta social). La semana pasada se desarrolló una importante mesa humanitaria en Cúcuta para insistir en la importancia de los temas de derechos humanos no sólo en el Catatumbo, sino en el área metropolitana y la misma ciudad de Cúcuta, donde se ha mantenido una confrontación por el control territorial. Hay iniciativas humanitarias en muchas regiones: las comunidades indígenas en Antioquia, Cauca y Nariño, las comunidades afro del Pacífico, las comunidades campesinas en Arauca, por mencionar algunas. En estos territorios y en otros hay demandas humanitarias que deben ser atendidas. Ante unas violencias que persisten, unas perspectivas de superación en suspenso y un debate presidencial en curso, hay que insistir en que muchas comunidades siguen sufriendo por las dinámicas del conflicto. Es necesario acompañarlas, buscar estrategias efectivas de protección y seguir insistiendo en que hay tareas pendientes para avanzar hacia una Colombia en paz.

Por: Walter Aldana Político social alternativo Dicen que en el vocabulario que utilizamos se explicita el tipo de sociedad que se quiere construir. Es por esto que, en el marco de las campañas electorales, llaman la atención expresiones no incluyentes, estigmatizadoras e incluso que desconocen el valor del otro. También sobresale el hecho de que ciertas ideas o conceptos parecen haberse tergiversado, desgastado o adquirido connotaciones contrarias a lo que sería la construcción de una democracia participativa integral. A continuación, recojo tres de estos conceptos que más llaman mi atención: Coherencia: entendida esta como consecuencia entre las ideas y las acciones, aplicable en quienes comparten los preceptos de un partido o movimiento, y ahora exigida no a partir de principios básicos (o mínimos base del acuerdo), sino en búsqueda de asemejar o igualar posturas políticas. Alianzas: hay quienes pretenden que este tipo de acuerdos se hagan de manera vergonzante, partiendo de la clasificación judeo cristiana de “buenos” y “malos”; nosotros los puros contra los aliados, los contaminados, los oportunistas, los acomodados, los que se juegan en sus intereses personales y de grupo. Anticorrupción: este concepto es el mejor ejemplo del desgaste de una bandera que, por ser el centro discursivo alternativo, pasó a ser aceptado consciente o inconscientemente y parece volverse un lugar común. Convivimos con hechos que demuestran la necesidad de reafirmar y volver a darle valor a la bandera contra la corrupción, por ejemplo: el escándalo del MinTIC por el que casi 70 mil millones de pesos estarían embolatados y que le costó a la cabeza a Karen Abudinen, quien estaba al mando de dicho Ministerio. Frente al mal uso de las palabras “coherencia”, “alianza” y “anticorrupción”, propongo que es necesario reivindicar expresiones tales como: Conciencia colectiva: apuesta comunitaria, general y no individual, con programas concertados y estructuras organizativas que los respaldan. Cambio: se refiere a las acciones enmarcadas en las banderas de exigibilidad de derechos con las cuales se pretende cautivar al elector. Esto en la medida que este se sienta interpretado en su pensar y querer. Programa: determina los aspectos del quehacer y los temas a ser visibilizados y gestionados desde los espacios de elección popular que se ocupen. Representación: cada actor político de una campaña desempeña un papel sin el cual no funciona el todo; es un piñón que hace que funcione la máquina de lo electoral; es lo que permite que una campaña sea la sumatoria de esfuerzos empoderados todos en la distribución social del trabajo. Por ello y para cambiar a Colombia, bienvenidas y bienvenidos, participantes de los más diversos colores, a construir un lenguaje, una forma de expresarnos desde la diferencia; tal como fue el sueño de Galán el comunero, de Policarpa Salavarrieta, María Cano, Gaitán, Jaime Garzón, Camilo Torres, Serpa, Bateman, entre otros. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Laura Alejandra Fajardo Umbarila (Asistente de investigación) y Juan Gabriel Quiceno (Colaborador Pares) Línea de Democracia y Gobernabilidad – Pares La historia reciente de la izquierda colombiana ha estado marcada por el proceso de nacimiento, crecimiento y cambios del partido político Polo Democrático Alternativo. Sin embargo, divisiones y diferencias internas, así como situaciones externas (como el nacimiento del sector de centro-izquierda colombiana y los constantes ataques y estigmatizaciones que desde la derecha se han ensañado contra el Polo), han reducido significativamente el poder político que el partido logró sumar en su momento. A las elecciones legislativas y presidenciales del 2022 llega un partido debilitado, que podrá sostener su permanencia en la vida política nacional siempre que pueda aliarse y sobresalir en la coalición del Pacto Histórico. El escenario para el nacimiento del partido Para el 2002, el ambiente político para la izquierda colombiana era complicado: la Unión Patriótica, el único y último partido alternativo y progresista con posibilidades políticas de lograr caudal electoral, había sido políticamente exterminado debido a la persecución física e ideológica contra sus miembros y simpatizantes. En los territorios, la violencia se intensificó gracias a la avanzada paramilitar y la consecuente disputa con las guerrillas por el dominio territorial. De igual forma, el fracaso de los diálogos de paz entre el Gobierno Pastrana y las FARC-EP sumaban razones a un contexto político marcado por la estigmatización y persecución a la izquierda, siempre vinculada a las guerrillas, a lo subversivo y a lo socialista/comunista. Mientras tanto, en el escenario electoral se asomaban figuras como la de Álvaro Uribe Vélez, alrededor de quien empezaban a gestarse alianzas, dinámicas y un sorpresivo caudal electoral que se vería reflejado en las votaciones presidenciales en 2002. La izquierda estaba fragmentada en diversos movimientos políticos y sindicatos, sin un proyecto conjunto capaz de hacer oposición al Gobierno de turno. En el panorama sobresalían el Partido Polo Democrático Independiente (PDI) y Alianza Democrática (AD). El PDI, como heredero de las banderas de la ANAPO (liderado por Samuel Moreno Rojas) y del extinto M-19 (Antonio Navarro Wolff y Gustavo Petro), y la AD, liderada por Carlos Gaviria y Luis Eduardo Garzón. Este último se lanzó al ruedo electoral para las elecciones presidenciales de 2002, comicios que dieron como ganador a Álvaro Uribe Vélez. Garzón quedó en tercer lugar con una considerable votación de izquierda para ese momento. En el Congreso se ubicaban figuras como Antonio Navarro Wolff, quien alcanzó la segunda votación más alta al Senado, y Gustavo Petro, en la Cámara de Representantes. El nacimiento del Polo Democrático Alternativo y las elecciones de 2006. Los primeros logros El panorama político, marcado por la incursión paramilitar en los espacios democráticos y los nexos de estas fuerzas con la política de seguridad de Uribe Vélez, empezaba a levantar sospechas en la oposición colombiana, situación que abonó el terreno para que las dos colectividades de izquierda mencionadas, la Alianza Democrática y el Polo Democrático Independiente, se unieran en 2005, dando como resultado de esta alianza al Polo Democrático Alternativo de cara a las elecciones presidenciales y de Congreso en el año 2006. Desde el inicio, el partido se caracterizó por contar con liderazgos visibles e importantes de personas como Carlos Gaviria Díaz, Jaime Dussán, Antonio Navarro, Gustavo Petro, María Emma Mejía, Jorge Enrique Robledo y Clara López Obregón, así como de organizaciones sociales, campesinas, sindicales e indígenas. Tras quedar tercero en las elecciones presidenciales de 2002, Luis Eduardo Garzón gana las elecciones a la Alcaldía de Bogotá en 2004 con el PDI. Y para las elecciones presidenciales del 2006, el Polo alcanza su primer logro electoral al quedar en segundo puesto con Carlos Gaviria como candidato, y al conseguir la primera votación más alta de la izquierda hasta el momento en unos comicios presidenciales. Con esta fuerza electoral, Gaviria asume la presidencia del Polo. El ascenso político El Polo Democrático Alternativo logró ascender en un momento político difícil. Los Gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y los delicados señalamientos en materia de derechos humanos y pérdida de vidas civiles en medio del conflicto armado, a causa del fuego cruzado, la persecución y estigmatización a sectores de oposición, así como un Congreso famoso por escándalos de parapolítica y corrupción, hicieron del ambiente político nacional una delicada situación de persecución y orden público. La oposición era constantemente citada bajo el apelativo de subversiva. La vida política se desarrollaba en medio de la reducción de los espacios democráticos propicios para las ideas contrarias al Gobierno de turno[3]. Tras la destacada votación en las elecciones presidenciales en 2006, el Polo decide conquistar las elecciones locales en 2007, en donde tuvo algunos logros electorales importantes como la Gobernación de Nariño, con Navarro Wolff, y la Alcaldía de Bogotá, que quedó en manos de Samuel Moreno Rojas. Las dificultades y lo que fue el comienzo del declive El declive político del partido ha sido un proceso progresivo y que se ha visto reflejado elección tras elección. El primer golpe político para el Polo vino con el castigo electoral tras los escándalos de corrupción en la Alcaldía de Samuel Moreno en Bogotá, generando que parte importante de su electorado se haya movido, progresivamente, junto con las figuras políticas más importantes con las que contaba, hacia otros sectores de la izquierda y la centro izquierda. Los escándalos de corrupción en la Alcaldía de Samuel Moreno Rojas Las victorias electorales del Polo y de la izquierda en el país se mantenían en pie, en parte, por las dos alcaldías consecutivas que se habían logrado hasta el momento con ‘Lucho’ Garzón y Samuel Moreno Rojas, quienes ostentaron el que es considerado el segundo cargo de elección popular más importante del país: la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, para finales del 2011, y a unos pocos meses de culminar su mandato, el concejal Fernando de Roux y Gustavo Petro, ex miembro del Polo, denunciaron la red de corrupción que se había forjado desde la Alcaldía distrital durante el proceso de construcción de la Fase III de Transmilenio[4] Las investigaciones del desfalco concluyeron en condenas penales y millonarias sanciones al comprobar, entre otros delitos, la entrega de información para favorecer a determinadas personas en las licitaciones públicas, además de millonarios sobrecostos en la ejecución de los proyectos de infraestructura. Por este caso, el exalcalde Moreno cumple hoy una condena de 25 años, una inhabilidad de 18 años y una multa de 174.996 millones proferida por la Contraloría[5]. La entonces directora de Instituto de Desarrollo Urbano IDU, Liliana Pardo, también fue condenada durante el mismo proceso y deberá pagar en solidaridad la suma mencionada, además tendrá que cumplir una sentencia de 22 años de prisión, luego de haber sido arrestada en Miami, ciudad en la que se encontraba prófuga, con una circular roja de INTERPOL[6]. Tras el escándalo, Samuel Moreno fue retirado de su cargo y, por decreto presidencial, se designó a Clara López Obregón como alcaldesa encargada, mientras se posesionaba el nuevo alcalde de Bogotá. La salida de Gustavo Petro y otros miembros del partido Mientras tanto, la delicada situación política en la que quedó el Polo tras la publicación del escándalo exigía rápidas y contundentes respuestas y sanciones, al enfrentarse no solo a los reclamos y comentarios de la derecha colombiana, que condenó fuertemente el caso de corrupción, sino también teniendo en cuenta que el partido encaraba un delicado panorama de división interna. La falta de respuestas y sanciones llevó a que el partido se fracturara. Y sin encontrar solución a las divisiones, parte de los miembros optaron por salir. Entre estos, Gustavo Petro, quien ya venía tomando distancia del partido y oficializó su salida al lanzar su candidatura a la Alcaldía de Bogotá en 2011, haciéndolo a través de su movimiento ciudadano Progresistas. De esta forma, rompió del todo las relaciones con el Polo. Las divisiones entre Gustavo Petro y otras figuras al interior del partido, como Jorge Enrique Robledo e, inclusive, Carlos Gaviria, se gestaron desde el 2009, cuando el Polo optó por llevar a una consulta interna la decisión de quién sería el candidato presidencial para las elecciones del 2010. Las votaciones dieron como ganador, por un estrecho margen, a Gustavo Petro, panorama que no cayó muy bien en algunos sectores al interior del partido. Sin embargo, la primera vuelta presidencial no resultó muy favorable para el Polo, pues Petro quedó en cuarto lugar y sin posibilidades de avanzar a la segunda vuelta, disputada entre Juan Manuel Santos y Antanas Mockus. Tras las discusiones internas, las diferencias con otros miembros y la falta de sanciones a Samuel Moreno llevaron a que Gustavo Petro decidiera salir del partido. Formó el movimiento Progresistas y, con este, ganó las elecciones a la Alcaldía de Bogotá, posicionándose como alcalde de la capital en enero de 2012. Durante la Alcaldía de Petro, Navarro Wolf fue su secretario de Gobierno, posición que lo enemistó con parte importante de algunos sectores que permanecían en el Polo, a tal punto que le fue retirado su reconocimiento político en el partido por el entonces presidente de la colectividad, Jaime Dussán, alegando que “el secretario de gobierno ha decidido emprender un proyecto personal por encima del ámbito político”[7]. A pesar de renunciar como secretario, tras unos meses, el político nariñense no retornaría al partido político de izquierda. Similar situación enfrentó Luis Eduardo Garzón, quien salió del partido en 2009 a raíz de las discusiones internas y luego, tras aceptar ser ministro de Trabajo en el segundo Gobierno de Juan Manuel Santos, en 2014, se alejaría definitivamente del proyecto político del Polo. La irrupción del Partido Alianza Verde en el escenario político[8] A pesar de ser un partido fundado originalmente desde el 2002, con Carlos Ramón González en la cabeza, no sería sino hasta las elecciones de 2010 que lograron irrumpir y llamar la atención en el escenario electoral. Para el Senado, lograron una votación de 521.503 votos, siendo el séptimo partido más votado, por debajo del Polo Democrático con una diferencia de tan solo 303.445 votos. Y lo más significativo: a pesar de ser sus primeras candidaturas a elecciones presidenciales, de la mano de Antanas Mockus, lograron conseguir 3.134.222 votos y pasar a segunda vuelta, en donde se enfrentó con Juan Manuel Santos. A la fuerza del Partido Verde se sumaría Antonio Navarro Wolff, quien, sin casa política tras haber salido del Polo por decisiones de las directivas, se acogería al proyecto político de la centro izquierda; personajes como Claudia López y Jorge Iván Ospina también se sumarían al colectivo, sumando figuras políticas y votos en las regiones colombianas. Siguiendo los datos de la Registraduría, es notable la votación de Navarro Wolff para el Senado por el Partido Alianza Verde, logrando 55.444 votos. El crecimiento del Partido Verde sigue en ascenso y votos que antes pertenecían al Polo, en tanto miembros como Navarro y Petro se encontraban allí, se fueron con ellos a distintos sectores y espectros de la izquierda colombiana. Las elecciones presidenciales del 2014 Para las elecciones presidenciales del 2014, el Polo decidió lanzarse a la campaña presidencial con Clara López como candidata y con Aida Avella, de la Unión Patriótica, como fórmula vicepresidencial, quedando en cuarto lugar y con una notable reducción en la votación, compitiendo electoralmente con las nuevas figuras de la centro izquierda. Sin embargo, los resultados electorales eran claros y progresivamente se veía el descenso de caudal electoral para el Polo Democrático Alternativo, tanto en comicios presidenciales como en las elecciones legislativas y locales. Otro de los golpes que sufrió el PDA fue la muerte de su líder natural, Carlos Gaviria Díaz, en 2015. A pesar de no estar tan activo en la política del partido en comparación a otros años, Gaviria sí seguía siendo un símbolo político de las primeras glorias electorales. Finalmente, para el 2018, el Partido, en cabeza de Jorge Enrique Robledo, declaró el apoyo a la Coalición Colombia y a Sergio Fajardo. Sin embargo, el descontento de un sector considerable del Polo, al no sentirse representados en la decisión y advertir su apoyo a Gustavo Petro (el candidato contrincante de Fajardo), dividió profundamente al partido, avizorando la ruptura que vendría posteriormente con el nacimiento de Dignidad y la salida de Robledo del Polo. La creación de ‘Dignidad’ y la salida de otro sector político del Polo[9] Recientemente, el Consejo Nacional Electoral le otorgó la personería jurídica a Dignidad, movimiento político liderado por Jorge Enrique Robledo, a través del cual pretende alcanzar la Presidencia y ocupar curules en el Congreso. El nacimiento jurídico de este movimiento oficializó la salida del sector robledista del Polo, históricamente perteneciente al Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario MOIR. La creación de Dignidad resulta compleja para el Polo, pues, si se analizan los votos de las últimas elecciones a Congreso en 2018, es posible concebir el impacto electoral que podría implicar la salida de una figura como la de Jorge Robledo para el Polo Democrático: fue el senador más votado de la izquierda, con 226.099 votos, representando un porcentaje importante de votos y siendo casi tres veces mayor que el del siguiente senador del partido, Pedro Leónidas Gómez. De esta forma, parte importante del caudal electoral del Polo se va con Robledo, poniendo en jaque las posibilidades del Polo por alcanzar un número significativo de curules para las próximas elecciones. Iván Cepeda y su trabajo político El actual senador ha sido una figura fundamental al interior del Polo, no sólo por su actividad legislativa, sino por su trabajo judicial y político en contra del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, labor que lo ha convertido en la imagen de la denuncia y la oposición a las políticas y los Gobiernos del cuestionado expresidente. La vida política de Iván Cepeda nació del interés por esclarecer los hechos alrededor de la muerte de su padre, Manuel Cepeda Vargas, quien fue senador y dirigente de la Unión Patriótica (UP), asesinado en 1994. Esta búsqueda dejó como resultado dos sentencias y un movimiento social, al ser Cepeda fundador del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE[10]. La primera sentencia fue proferida en 2008 por el Consejo de Estado, que establece como responsables del asesinato de Cepeda Vargas al Ministerio de Defensa y al entonces Departamento Administrativo de Seguridad DAS, al comprobar que no actuaron de forma responsable, pues aun cuando conocían de las amenazas que recaían sobre el entonces senador de la UP, no le brindaron la seguridad suficiente para preservar su vida[11]. La segunda sentencia fue proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2010 falló a favor de Cepeda[12] y condenó al Estado colombiano al comprobar que el asesinato de Cepeda Vargas hizo parte de un ejercicio sistemático y coordinado, emprendido desde el Estado y encaminado al exterminio de la UP. Además, esta instancia internacional corroboró el nulo esfuerzo de los entes investigativos responsables del esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de la verdad. Tras estas victorias judiciales y el reconocimiento político y de denuncia que estos fallos le dieron a Iván Cepeda, decide lanzarse al ruedo electoral y, en 2009, llega a la vida legislativa como representante a la Cámara por el Polo. Desde entonces se caracteriza por una labor política encaminada al esclarecimiento de crímenes de Estado y violaciones a derechos humanos. Ha denunciado vínculos entre empresas multinacionales, grupos paramilitares y desplazamiento. Tal fue el caso de la denuncia que elevó ante la Cámara de Representantes en 2014, presentando el caso de la Jagua de Ibirico, en el departamento del César, y la multinacional carbonera Drummond. La disputa entre el expresidente (en ese entonces senador) Álvaro Uribe Vélez y el senador Iván Cepeda inició públicamente desde 2014, cuando Cepeda citó a un debate político a Uribe, acusándolo de haber tenido vínculos e influencia en la conformación de grupos paramilitares[13]. Tiempo después, Álvaro Uribe iniciaría un proceso judicial en contra de Cepeda, acusándolo de ofrecer dádivas y beneficios a exparamilitares para que declararan en su contra. Sin embargo, en 2018, la Corte falló a favor de Cepeda, declarándolo inocente y, además, abrió una investigación al expresidente Uribe dado que, en el desarrollo de las investigaciones, se descubrió que su abogado, Diego Cadena, había contactado a los testigos exparamilitares, buscando comprar testimonios y cambios en las versiones. El propósito de esto, presuntamente, sería favorecer jurídicamente a su cliente, Álvaro Uribe[14]. En 2020, el expresidente, investigado hasta ese momento por la Corte, renunció a su curul en el Senado, trayendo como resultado que la investigación fuera trasladada a la Fiscalía General de la Nación. El caso judicial ha acaparado las primeras planas del país y se espera que en algún momento logre esclarecerse el entramado de testigos, falsos testimonios y acusaciones que han fundado el proceso. Hasta el momento, Iván Cepeda ha sido el único senador que ha podido sostener jurídicamente las acusaciones y el proceso judicial en contra del expresidente, situación que lo ha hecho destacar no sólo en su labor legislativa como senador, sino como figura política de la oposición y de la izquierda en el país. El estado actual de las cosas Curules en Senado y Cámara de Representantes En materia legislativa, desde el 2014, el Polo ha conseguido cinco curules en Senado y dos en Cámara de Representantes. Sin embargo, los contrastes entre las figuras que encabezaron las votaciones resultan claves para comprender los cambios en las dinámicas electorales del partido y, a su vez, las proyecciones del partido hacia las próximas elecciones. Para el caso del 2014, el Polo consiguió cinco curules en Senado, siendo Iván Cepeda el senador más votado de la colectividad, con 79.262.397 votos, cifra muy por encima de los 14.204.889 votos conseguidos por Jorge Enrique Robledo, la otra figura considerable del Polo y quien hoy se lanza a la precandidatura presidencial desde otra casa política. De igual forma, para las elecciones legislativas de 2018, el Polo alcanzó las mismas cinco curules en Senado y dos más en Cámara de Representantes. Sin embargo, el panorama legislativo para el Polo es preocupante si se tienen en cuenta dos situaciones particulares: primero, es notable cómo hay algunos congresistas del Polo que no lograron sostener su curul (como Segundo Senen en el Senado o Alirio Uribe Muñoz en la Cámara), lo que ha generado que no haya un incremento en las curules logradas y, en cambio, se mantengan con cierta dificultad las curules obtenidas. Y segundo, en contraste con estas figuras que no logran permanecer, hay personajes como Jorge Enrique Robledo, quien incrementó su caudal electoral de una votación a la otra y hoy se lleva consigo esos votos a Dignidad, su nuevo espacio político. A su vez, Alexander López Maya, uno de sus senadores con una votación considerable, actualmente es precandidato presidencial por el Polo en el Pacto Histórico, lo que dificulta el panorama legislativo y electoral para el partido. Se avecina, entonces, una pérdida de curules para el Polo, con la esperanza de que figuras reconocidas como Iván Cepeda, en el Senado, y Germán Navas Talero, en la Cámara, logren conservar sus curules y evitar así la desaparición del Polo en el legislativo. Gobernaciones y alcaldías En las últimas elecciones de gobiernos locales, los resultados para el Polo han sido preocupantes, pues no han logrado gobernación alguna y, mientras que en 2015 lograron quedarse con cinco alcaldías locales (dos en Nariño, una en Norte de Santander, una en Boyacá y una en Arauca), estas se redujeron a tres en las elecciones de 2019 (dos en Cundinamarca y una en Cesar). Aunque hayan aumentado los votos totales para las elecciones locales de 2019, es notable la dificultad de sostener las alcaldías locales a lo largo de los años, panorama que se suma al ya preocupante escenario en el Congreso. Esta realidad confirma, nuevamente, el declive electoral del Polo en estos espacios de elección popular, lo que pone en jaque no solo su permanencia política, sino, también, su personería jurídica ante el Consejo Nacional Electoral; la existencia misma del Polo. Panorama para el 2022 Consultamos con un miembro del Polo las proyecciones frente a las próximas elecciones en un ambiente de expectativas y zozobras, pues esperan, de la mano del Pacto Histórico y los movimientos sociales que lo integran, poder conservar curules en el Congreso y continuar con la labor legislativa que desde allí se ha emprendido. De igual forma, el Polo tiene su propio precandidato presidencial, Alexander López Maya, quien competirá por votos en la consulta interna que pretende llevarse a cabo al interior del Pacto. La idea del Partido es sostener su personería jurídica a través de las curules que logren ocupar desde la lista cerrada y paritaria anunciada por el Pacto Histórico hace algunas semanas: “Lo único que puede garantizar la vida política del Polo es una organización que hoy cuenta con una personería jurídica estable, fuerte y que ha venido haciendo historia durante estos 17 años de existencia, es que haya una mejor una mejor propuesta y nosotros hoy no la vemos, yo opino que el Polo continúa. Por supuesto que en el marco de una coalición vamos a participar, pero eso no determina que vamos a desaparecer, seguimos con listas hacia el Senado de la República”. El Polo está, entonces, a la espera de lo que se defina en marzo en la elección de candidatura presidencial para el Pacto, y del cómo se defina el orden en la lista cerrada a Senado, esperando que algún miembro del partido logre quedar en un puesto que le asegure alguna curul en el Congreso. El panorama es mucho más complicado en Cámara de Representantes si se tiene en cuenta que el único representante que ha logrado sostenerse, a lo largo de las elecciones, es Germán Navas Talero, quien dependerá todavía más de las decisiones que se tomen, desde el Pacto Histórico y la dirigencia del Polo, para dirimir las posibilidades que se tienen o no frente a este escenario. Reflexiones finales Es difícil desconocer el papel y la ardua labor del Polo como partido de izquierda y de oposición durante el inicio del milenio en el país, sin embargo, la debilidad institucional, la falta de disciplina en el partido y las dinámicas marcadas por figuras políticas que se aglutinan alrededor con un capital electoral distinto, hicieron del Polo un partido de figuras y no de disciplina y cohesión partidista. Tras la movilización y la caída de las figuras más importantes, el capital electoral se dispersó de tal manera que la casa política quedó prácticamente vacía. Sin sus grandes figuras, el Polo sobrevive en las esferas de la política nacional gracias a senadores como Iván Cepeda y a representantes a la Cámara como Germán Navas Talero. Es importante, entonces, que el Polo fortalezca su caudal electoral y sus bases políticas regionales en los territorios, y que de esta manera pueda nuevamente alcanzar altas votaciones de izquierda en los departamentos. El Polo necesita, además, saber leer el momento político para poder establecer alianzas que permitan y promuevan la consolidación de un bloque de izquierda suficientemente capaz de hacerle frente a la derecha, a la centro izquierda y a la centro derecha colombiana. Referencias [1] https://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Col/pres02.html; https://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Col/senado02.html [2] https://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Col/pres06.html [3] https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20101101.ciendias70.pdf [4] https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/portal_doc_interes//46_Fallo%20NIMR-1.pdf [5] https://www.contraloria.gov.co/contraloria?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=%2F%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0&_101_assetEntryId=521506&_101_type=content&_101_urlTitle=contraloria-profirio-fallo-con-responsabilidad-fiscal-por-174-996-millones-contra-el-exalcalde-samuel-moreno-rojas&redirect=https%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%3A443%2Fcontraloria%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dsamuel%2Bmoreno%2Brojas%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252F%253Fp_p_id%253D3%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dmaximized%2526p_p_mode%253Dview%2526_3_groupId%253D0&inheritRedirect=true [6] https://www.elespectador.com/judicial/capturada-en-eeuu-liliana-pardo-exdirectora-del-idu-condenada-por-carrusel-de-la-contratacion/ [7] https://www.elespectador.com/politica/polo-le-retira-reconocimiento-politico-a-navarro-wolf-article-321214/ [8] https://pares.com.co/2021/08/09/las-prospectivas-del-verde-para-2022/ [9] https://pares.com.co/2021/05/24/cual-es-el-nuevo-partido-dignidad/ [10] https://www.lasillavacia.com/quien-es-quien/ivan-cepeda [11] https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/36/20%20511%20muerte%20de%20Cepeda.pdf [12] https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_213_esp.pdf [13] https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/09/140917_colombia_uribe_cepeda_debate_paramilitarismo_aw [14] https://pares.com.co/2021/03/11/uribe-15-anos-acusando-a-la-oposicion-de-comprar-testigos/

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presentamos el informe “Gobernación de La Guajira: la maratónica distribución de contratos”: una investigación de la Línea de Democracia y Gobernabilidad sobre las adjudicaciones de contratos realizadas por Nemesio Roys, exgobernador de La Guajira, antes de ser destituido de su cargo por el Consejo de Estado. La velocidad con la que se realizó esta asignación de recursos del Sistema General de Regalías y los municipios priorizados dan pistas sobre la necesidad de amarrar el presupuesto en municipios donde Roys, ficha del ‘Clan Nueva Fuerza Guajira’, puede crecer electoralmente y, de paso, fortalecer las intenciones de la cabeza de esta estructura política: Alfredo Deluque, quien aspira a saltar de la Cámara al Senado en el 2022. Conoce todos los detalles de esta investigación en el informe completo.

Por: Laura Cano Periodista – Pares Durante esta semana se conoció otro de los importantes pasos que ha dado la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD): en el cementerio La Dolorosa, en Puerto Berrío, Antioquia, han sido recuperados los cuerpos de 13 personas que habrían sido víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado en el país. Este hallazgo se produce en el marco de las labores que ha desarrollado la UBPD desde que fue convenido este mecanismo extrajudicial, humanitario, autónomo e independiente, mediante el Acuerdo Final firmado el 24 de noviembre de 2016, en respuesta a la solicitud de los y las familiares de personas desaparecidas, así como de las organizaciones civiles que participaron en los diálogos de paz en La Habana (Cuba), lo que permitió que en 2019 la UBPD iniciara sus labores. Hay que recordar que, con corte al primer trimestre de 2020, la UBPD estableció el estado de búsqueda de 810 personas dadas por desaparecidas. En materia de resultados, entre 2020 y el primer semestre de 2021, la UBPD reportó la recuperación de 163 cuerpos y el reencuentro de 4 víctimas con sus familias. En lo corrido del año 2021, se realizó la verificación de identidad de una persona encontrada con vida en la región del Magdalena Medio. Según se informó, a junio de 2021, la UBPD había recibido 16.133 solicitudes de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Hay que recordar que, también a junio de 2021, la UBPD ha identificado, a través del cruce de información de las bases de datos analizadas por el Sistema Integral para la Paz con el Registro de Solicitudes de Búsqueda de la UBPD, un resultado inicial y provisional de 98.820 registros de personas dadas por desaparecidas. Respecto a las dimensiones de esta cifra, hay que tener en cuenta el alto nivel de subregistro existente en el país producto de la falta de información correspondiente a miles de casos que no habrían sido puestos en conocimiento de las autoridades por razones del conflicto armado. En relación con esto, es necesario traer a colación que el Centro Nacional de Memoria Histórica reportó, a través de su informe “Hasta encontrarlos”, que son cerca de 82.998 las víctimas de esta práctica entre 1996 y 2005. Cementerio La Dolorosa, la esperanza de familias de encontrar a sus familiares desaparecidos Desde el pasado 14 de septiembre, la Unidad ha adelantado trabajos para continuar con labor de búsqueda a través del “Plan Regional de Búsqueda de los Puertos, que comprende los municipios de Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Puerto Boyacá, Puerto Nare y Puerto Salgar, y [que] está dirigida a la intervención de las bóvedas en las que reposan cuerpos no identificados, que desde hace décadas han sido adoptados por la comunidad a cambio de favores, considerados como milagrosos”, según se informó a través de la UBPD. Este plan inició con la intervención de la Unidad en tres pabellones de caridad del cementerio La Dolorosa, ubicado en Puerto Berrío, Antioquia. En este camposanto habría más de un centenar de víctimas de desaparición producto del conflicto armado. En los primeros días de esta acción humanitaria, la UBPD ha recuperado los cuerpos de 13 personas. Y es que, justamente, las zonas que incluye el Plan Regional de Búsqueda de los Puertos están rodeadas por uno de los testigos de los años más duros del conflicto armado: el Río Magdalena, el cual llevó en sus aguas miles de cuerpos que pretendían desaparecer los actores y victimarios que han hecho parte del largo capítulo de violencia en Colombia. En ese contexto, muchos de los pobladores de los puertos por donde pasa el Río sacaron los cuerpos y los sepultaron, muchas veces bajo promesas milagrosas. Esta acción de las comunidades es la que hoy permite que la Unidad de Búsqueda pueda avanzar en las acciones humanitarias de recuperación. Este proceso se lleva a cabo con la comunidad a través de “la presencia de un animero, quien hace parte del proceso de reconocimiento, diálogo e inclusión para la generación de confianza que permita a la UBPD comprender las necesidades de quienes han adoptado y establecido una relación espiritual con los cuerpos durante años, y para los adoptantes poder comprender cuáles son las necesidades de quienes buscan a sus seres queridos”, agregó la UBPD. En la primera jornada en este cementerio, que fue cobijado con medidas cautelares de la JEP por solicitud del Movice,en 2018, a través del Auto 023 de 2020 del Tribunal de Paz, se recuperaron cinco cuerpos. Entre estos estaba el de una víctima que, por sus características, podría corresponder a un menor de edad entre los 14 y los 17 años. Además, hay que recordar que en febrero de este año, la UBPD, junto a la JEP, protegió 416 cuerpos que se encontraban en bolsas y en baldes, dentro de dos celdas de custodia del cementerio La Dolorosa. Estas estructuras óseas que fueron protegidas se reubicaron en otro lugar del cementerio, donde estarían salvaguardadas del deterioro o de una posible mezcla con otros cuerpos. Hay que señalar que, para agilizar la identificación de los cuerpos recuperados, el equipo interdisciplinario de la UBPD documentará los hallazgos forenses de este proceso que se desarrollará en el cementerio La Dolorosa hasta el próximo 26 de septiembre. Según la UBPD, entre otras características, los cuerpos recuperados en los pabellones de caridad tienen signos de violencia, lo que permite inferir que corresponderían a víctimas de desaparición del conflicto armado. “Para la entidad es importante abordar los cementerios como escenarios de búsqueda y que la comunidad pueda contribuir a que sepamos cómo llegaron estos cuerpos, cuáles eran sus características, y que quienes los recuperaron puedan ayudarnos a aproximarnos cada vez más a esa persona que hoy se encuentra desaparecida y que solo la hallaremos, como hemos dicho, cuando la identifiquemos y la entreguemos dignamente a sus familiares”, puntualizó Luz Marina Monzón, directora la UBPD.

Por: Guillermo Segovia Mora Politólogo, abogado y periodista Con poca distancia se produjeron, en las últimas semanas, las muertes de Antonio Caballero Holguín y Germán Castro Caycedo, sin duda, dos de las más destacadas figuras del periodismo colombiano. Antonio, sin par en el género de opinión y un prosista superior por más de cuatro décadas, y Germán, un reportero único, magnifico investigador, precursor de la narrativa de no ficción y autor de grandes reportajes publicados en libros que, por su manejo literario y por la asombrosa realidad de nuestro país, parecían novelas. Desde “Colombia amarga”, compilación de crónicas sobre la lacerante realidad nacional de siempre, Germán marcó con sello indeleble un estilo que, sin portar militancia alguna, le dio al periodismo la misión social que le corresponde de evidenciar la realidad desde su trinchera: la libreta de notas, la máquina de escribir y, en los últimos años, el computador. Se destacó por un manejo de las letras preciso y precioso que, a pesar de los temas, la mayoría dolorosos, eran fascinantes y dejaban abierto el interrogante sobre las injusticias. “Enviado especial”, su programa de reportajes en televisión sobre la Colombia profunda (muchos de ellos verdaderas hazañas logísticas), al igual que sus textos en El Tiempo, son páginas cimeras de nuestro periodismo. Quien vuelva a leer o lea por primera vez “Perdido en el Amazonas”, “Mi alma se la dejo al diablo” o “El Karina” quedará atrapado, desde el comienzo, en una narración cinematográfica pletórica en minuciosas descripciones de personas, paisajes, entornos e increíbles sucesos: la exuberante y enigmática selva del Amazonas, un esqueleto recostado por años sobre una mesa en un cambuche y sus secretos, o un barco taqueado de armas para el M19 en Alemania hundido por la Armada en el Pacífico frente a la costa vallecaucana. “Nuestra guerra ajena” acusa y condena la demencial guerra antidrogas impuesta por Estados Unidos y el papel del país de sirviente. En “El huracán” y “Huellas” evidencia la bestialidad de la invasión y colonización española. La abominable violencia y corrupción y los dolores de una guerra interna eterna se reflejan con tristes emociones en “Con las manos en alto”, “La tormenta”, “Sin tregua”, “Que la muerte espere”, “Más allá de la noche” y “La bruja”. En “El palacio sin máscara”, con testimonios contundentes y haciendo hablar los expedientes judiciales, levantó el velo sobre la masacre ejecutada por el Ejército tras la toma del Palacio de Justicia por el M19 en 1986. El peso de su profesionalismo y su calidad ética y moral lo hicieron persona favorecida en su búsqueda de entrevistas o ambicionada por actores al margen de la ley para transmitir sus mensajes al país. Luego de ser raptado por un comando del entonces famoso Movimiento 19 de abril – M19 para dialogar con el comandante general de la organización, Jaime Bateman Cayón, la entrevista se convirtió en un éxito de ventas para el periódico El Siglo, del conservador Álvaro Gómez –quien luego sería secuestrado por esa guerrilla, su aliado en la Constituyente de 1991 y quien fue asesinado por las FARC, según estas reconocen y muchos dudan–, pues los demás medios sacaron el cuerpo por pánico o animadversión. En esa publicación, Bateman propuso el “Diálogo nacional” que años después sería la base de los acuerdos de paz con el M-19. Las conversaciones de Castro con Pablo Escobar, donde el capo despliega su conocimiento y supersticiones sobre las pistolas, son de antología. Años después, en “Operación Pablo Escobar”, detallaría las andanzas del capo, la persecución de autoridades policiales y su final abaleado sobre un tejado. Junto con entrevistas al jefe del paramilitarismo Carlos Castaño (censurada en televisión) y al guerrillero disidente del ELN, Jaime Arenas –asesinado después por sus excompañeros–, las mencionadas de Bateman y Escobar fueron publicadas en el libro “En secreto”. Las de Bateman y Arenas ya lo habían sido en “Del ELN al M-19: once años de lucha guerrillera”. Antonio Caballero, en cambio, siempre se declaró un hombre de izquierda y ejerció en periodismo de opinión y la caricatura en Inglaterra, Colombia y España desde esa posición, explícita en la experiencia de la revista Alternativa entre finales de los años 70 y comienzos de los 80 del siglo pasado. Fue un referente de prensa militante alineada con la necesidad de un cambio revolucionario a la estructura económica social del país. Como muchas experiencias beligerantes, Alternativa terminó asfixiada entre falta de plata, el sabotaje a las ventas y los bombazos. Fue la plataforma del Movimiento Firmes, a través del cual el M-19 intentó aglutinar una izquierda con posibilidades de triunfo en la competencia electoral. Tras el fracaso de la revista, entusiasmo rebelde de Enrique Santos Calderón, Daniel Samper Pizano, Roberto Pombo y el propio Caballero –fustigados como “los guerrilleros del Chicó” por su pertenencia a familias tradicionales cercanas al poder– retornaron a las páginas de “El Tiempo”, de adscripción partidaria liberal, pero denodado defensor del establecimiento, donde se destacaron en el ejercicio del periodismo por cerca de tres décadas. Caballero estableció su columna en El Espectador, siempre considerado como más crítico y paladín de la lucha contra el narcotráfico en los años 80 y 90. Caballero, un hombre autodidacta de gran cultura, fino olfato, capacidad de análisis y carácter irreductible en posiciones y expresiones, pudo, desde tribunas de la prensa liberal como el periódico El Espectador y Semana –en época lúcida de la revista–, decir con claridad, sinceridad y contundencia lo que muchos callaron por miedo o conveniencia. Sus caricaturas en Alternativa (El policía y Macondo) y Semana eran de una ironía demoledora contra la represión, el clasismo y la oligarquía. Lo mejor de sus columnas fue recogido en “No es para aguarles la fiesta”, y sus opiniones en “Patadas de ahorcado”: dos libros rotundos sobre el desmadre de un país causado por quienes lo han gobernado. En despliegue de erudición y curiosidad, para conmemorar la llegada del año dos mil, con ilustraciones del español Juan Ballesta, publicó “Y Occidente conquistó al mundo”, dando cuenta de episodios –algunos desconocidos– de la apropiación del planeta por Europa y EE.UU. y el cristianismo: hambre, guerra, plaga, muerte y “justicia divina”, “entre el gran pavor del año 1000 y el gran terror del año 2000”. Por invitación de una familiar suya publicó por entregas, en la página web de la Biblioteca Nacional (entidad adscrita al Ministerio de Cultura), “Historia de las oligarquías en Colombia”, donde no deja títere con cabeza desde la llegada de los españoles hasta nuestros días. Luego este texto fue impreso con gran éxito. Su única novela, “Sin remedio”, es considerada pionera de la novelística urbana latinoamericana. También se ocupó con solvencia de los toros y de las artes. Tres temas fueron motivo recurrente en sus columnas: la inútil y criminal guerra contra las drogas, el imperialismo, la violencia y la paz en el país. A los que, en cada final de período presidencial, o cada vez que moría un político ilustre, agregaba el perfil del caso para señalar la progresión del mal gobierno y la hipocresía como enfermedad nacional. Jamás tuvo titubeo en condenar la abyección de la política antidrogas, la contribución advertida de ésta al desangre nacional, el enriquecimiento de ciertos sectores, el empobrecimiento de los campesinos, la guerra química contra los pobres y los ecosistemas y su irreversible fracaso: “Un plan contra Colombia” nombró una de sus columnas, recogiendo un titular de la revista “Solidaridad”, cuando el Gobierno de Andrés Pastrana firmó en inglés la versión del catastrófico “Plan Colombia”. Contra la política exterior de los Estados Unidos, su proclividad policial de gendarme del mundo y, en particular, de Latinoamérica y el Caribe, fue implacable. Los bombardeos con Napalm sobre los rebeldes en Vietnam siempre estuvieron presentes como antecedente. Sin rodeos, condenó la agresión a la Nicaragua sandinista a través de “Los contras”, mercenarios sostenidos y armados con plata del narcotráfico por la CIA y la DEA. Rechazó indignado la invasión a la isla caribeña de Granada justificada en mentiras y manipulaciones, como es tradicional. Cuestionando la dictadura bananera del General Noriega en Panamá, no dejó de repudiar la sangrienta ocupación de 1989. Y frente a Venezuela, si bien fue crítico del chavismo, también denunció las maniobras injerencistas para acabar con el régimen, incluyendo la mofa al papel cipayo del Gobierno Duque. Fue solidario con la causa palestina y agudo al señalar las falsedades de Occidente para encubrir sus guerras por el petróleo en Medio Oriente y las invasiones a Irak y Afganistán. Como estudioso y analista de la violencia, señaló la responsabilidad de los partidos tradicionales (Liberal y Conservador) en la matanza de los años 50 y del “Frente Nacional” –coalición de los mismos para frenar el desangre y manejar el país tras el derrocamiento de la dictadura de Rojas Pinilla–. Fue entusiasta defensor de una solución política negociada al conflicto interno. Con ojos de periodista visitó “Casa verde”, la sede del secretariado de las FARC en La Uribe, Meta, en el Gobierno Betancur, durante el primer intento de negociación, y la zona de despeje del Caguán, en la nueva apuesta de Andrés Pastrana. De sus diálogos con ‘Manuel Marulanda’ (‘Tirofijo’) y de las andanzas de las FARC, finalizando el siglo XX, concluyó la inviabilidad de la lucha armada y la necesidad de acuerdos de paz que apoyó al lograse en el Gobierno de Juan Manuel Santos, advirtiendo la imperiosa necesidad de proteger a los firmantes so pena de un nuevo ciclo de violencia. En esas estamos. Desde el Gobierno de Andrés Pastrana, Caballero asumió e hizo pública su convicción de que en Colombia cada nuevo Gobierno es peor que el anterior. Cada fin de mandato, en irónicas columnas, lo constató: “El proceso 8.000” que sepultó a Samper, “El Plan Colombia” que deshonró a Pastrana, “La seguridad democrática” que inculpa a Uribe con 6.402 “falsos positivos”, “El caso Odebretch” que mancha a Santos –y al Centro Democrático de Uribe– y “la presidencia por encargo de Duque”. A todos los Gobiernos del último medio siglo, desde Alfonso López, pasando por la Constituyente de César Gaviria, les increpó la adopción del modelo neoliberal –atenuado en el Gobierno Samper–, responsable de la pobreza, la oprobiosa concentración de la riqueza, la ruina del campo, de la industria y de los ecosistemas y, junto con las nuevas formas de criminalidad, de la violencia que sacude el país. Dos cosas nunca entendí o compartí de las posiciones de Caballero: primero, la defensa de la traición del Arzobispo Caballero y Góngora a las Capitulaciones de Zipaquirá que, mediante negociación, pusieron fin al movimiento comunero de 1781 en Santa Fe, colonia de España. Solo explicable en el hecho de que el arzobispo es su antepasado más remoto en estas tierras y, paradójicamente, parte de la “historia de las oligarquías”. Tampoco comprendí su animadversión visceral hacia Gustavo Petro, la que no pudo explicar más allá de que no le generaba confianza. En una entrevista que le hicimos (Antonio Caballero, María Elvira Samper y quien esto escribe) al entonces alcalde de Bogotá, al referirse Petro al cambio climático, Caballero reviró agrio: “Solo porque usted lo dice”. A lo que comenté: “Lo acaba de decir el Papa”. Antonio asintió resignado. Si queremos conocer a Colombia para acertar en los remedios para sus males, si queremos que nuestros hijos la amen con la pasión que llama a curar sus heridas, nada más apropiado que el relato vivencial, exquisito, comprometido y apasionado de Germán Castro Caycedo y las opiniones contundentes, drásticas, reveladoras, incisivas y soberbiamente bien escritas de Antonio Caballero. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Nataly Triana Guerrero Asistente de investigación Línea de Democracia y Gobernabilidad – Pares El 3 de septiembre se dio inicio formal en México a los diálogos entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Esta negociación está encabezada por dos comitivas. Por un lado, la que representa al Gobierno y está encabezada por Nicolás Maduro Guerra (hijo del primer mandatario),[1] Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez. Por otro lado, la oposición está compuesta por una figura denominada “Plataforma Unitaria de Venezuela» y el gobierno interino de Guaidó. La plataforma es un mecanismo de representación de los partidos y/o movimientos opositores, entre los que se encuentran 10 partidos mayoritarios y 30 organizaciones minoritarias. Los partidos de estos diálogos que componen el G4 plus son: Un Nuevo Tiempo (UNT), Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD), Movimiento Progresista de Venezuela (MPV), Comité de Organización Político Electoral Independiente (COPEI), Convergencia (CVG), la Causa R y Proyecto Venezuela.[2] Entre estos partidos, es importante señalar que la Causa R y Proyecto Venezuela son los únicos que no están de acuerdo en participar en las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes que tendrán lugar el próximo 21 de noviembre. Las caras visibles de la oposición en estos diálogos son Gerardo Blyde, Carlos Vecchio, Tomás Guanipa (por Guaidó), Luis Emilio Rondón (por UNT), Luis Aquiles Moreno (por AD), Roberto Enríquez (por COPEI) y Mariela Magallanes (por los partidos minoritarios).[3] El propósito de este espacio es encontrar una solución consensuada la crisis política, económica y social que se vive en Venezuela. Estos diálogos tienen lugar a partir de 3 puntos claves de negociación: levantamiento de las sanciones internacionales, liberación de presos políticos y celebración de las próximas elecciones con garantías. Monómeros El pasado 6 de septiembre, la Superintendencia de Sociedades de Colombia tomó el control de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A.S. a través de la Resolución No. 301-004466. Está acción se justificó en relación con sus atribuciones de inspección, vigilancia y control, previstas en la Ley 222 de 1995.[4] De acuerdo con esta entidad, los motivos que llevaron a esta decisión se dieron «tras identificar situaciones susceptibles de mejora en los procesos económicos, jurídicos y administrativos, los cuales, en caso de quedar en firme la determinación, serán responsabilidad de la sociedad, bajo el seguimiento que realice la entidad».[5] Esta figura es el máximo grado de supervisión que ejerce la Supersociedades sobre una sociedad comercial, la cual se limita a “la facultad de promover la presentación de planes y programas de mejoramiento para subsanar este tipo de situaciones críticas”.[6] Es decir, Monómeros deberá presentar ante la Supersociedades, desde ahora hasta que termine esta figura de supervisión, los certificados financieros anuales, solicitar autorización para solemnizar reformas estatutarias y solicitar la autorización para la emisión de bonos, entre otros. Esta figura se presenta a pesar de que Monómeros “en el 2020 cerró con un EBITDA de COP 75.000 millones y una utilidad de COP 32.000 millones, representando un aumento del 224% respecto al año 2019”.[7] Igualmente, han aumentado un 25% de las ventas nacionales con respecto al año anterior y, a través de Fundación Monómeros, la empresa impactó a 24.436 personas, en 9 departamentos del territorio colombiano y más de 60 municipios, con una inversión de COP 715.476.774, en programas e iniciativas sociales enfocadas en aumentar las capacidades productivas de diferentes comunidades. Este hecho ha tensionado los diálogos que tienen lugar en México, puesto que Maduro ha calificado esta intervención como una «agresión» al país «en complicidad con las mafias lideradas por Juan Guaidó, quienes han robado millones de dólares mediante el secuestro y la apropiación ilegal de activos procedentes de la República”.[8] Así mismo, este suceso ha puesto en riesgo las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, y también los avances para la apertura gradual de la frontera. El sometimiento a control de Monómeros Colombo Venezolanos S.A. Monómeros es una empresa venezolana, filial de Petroquímica de Venezuela S.A. (Pequiven),[9] una compañía perteneciente al Estado y adscrita al Ministerio del Poder Popular de Petróleo. Desde el 2006, la participación de Pequiven en Monómeros es del 100%, es decir que está compuesta por acciones de exclusiva propiedad de la República Bolivariana de Venezuela.[10] Esta compañía se dedica, principalmente, a impulsar las actividades petroquímicas en el eje norte costero, específicamente en los estados de Zulia, Carabobo y Anzoátegui, estados donde se producen fertilizantes nitrogenados, fosfatados, olefinas y plásticos, entre otros productos químicos que demanda el mercado nacional e internacional. Monómeros tiene presencia en Colombia hace 53 años aproximadamente,[11] se encuentra ubicada en las ciudades portuarias de Barranquilla y Buenaventura, y se dedica principalmente a atender la demanda de fertilizantes, fosfatos de calcio para la alimentación animal y productos químicos.[12] En 2019, esta compañía se le entregó a Guaidó como parte de los bienes en el exterior que quedaron bajo su tutelaje con el objetivo de evitar que fueran usurpadas por Nicolás Maduro.[13] Desde ese entonces, Pequiven perdió el control de esta sociedad. El 18 de agosto de 2021, la delegación del Gobierno de Nicolás Maduro propuso llevar a la mesa de diálogo en México una petición para que Monómeros fuera regresada al control de Pequiven, argumentando que es una compañía fundamental para la seguridad alimentaria y, en especial, para la reactivación económica del país.[14] Para el 20 de agosto, Supersociedades emitió una resolución para someter a Monómeros a su control, como se puede observar en el siguiente comunicado. No obstante, fue de conocimiento público solamente 3 días después haberse dado el inicio formal de las negociaciones en México. Teniendo en cuenta lo presentado, es posible pensar que, probablemente, la decisión sobre el control de Monómeros por Supersociedades se dio más por el valor estratégico y su relevancia en el mercado agrícola de Colombia, que por la incurrencia de la sociedad en alguna de las irregularidades del artículo 85 de la Ley 122 de 1995. La relevancia estratégica de esta empresa para Colombia reside en que, para el 2019, Monómeros representaba el 40% del mercado de fertilizantes. Así mismo, suministraba el 48% de este mismo producto en el sector agrícola y cubría el 70% de la demanda de fertilizantes de los cultivadores de café, papa y palma, como se puede observar en el siguiente comunicado de la embajada. En la actualidad, según el presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández, Monómeros representa el 88% del sector de fertilizantes en el departamento del Atlántico y abastece el 50% del mercado nacional.[15] Así mismo, de acuerdo con información de El Tiempo, 4 de cada 10 kilos de alimentos que se consumen en Colombia provienen de los agro insumos que produce esta compañía.[16] El 6 de septiembre, Monómeros Colombo Venezolanos S.A. se pronunció en contra de las medidas tomadas por la Supersociedades y, según señaló a medios de prensa, que apelará esta decisión ante la ley. A través de un comunicado, afirmó que este ente de vigilancia tomó datos desactualizados y señaló que los Estados de la región no pueden considerar “la entrega” de Monómeros como una propuesta seria, ya que no se encuentra al interior de la agenda de discusiones en México. Sin embargo, el primer resultado de las negociaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición es un acuerdo parcial en dos aspectos: ​​“la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba” y la “protección económica y social de los venezolanos”, esto último incluye un rescate de activos y del dinero que se encuentra depositado en cuentas en el extranjero.[17][18] En la actualidad, se desconocen los mecanismos que considera el rescate y si, al interior de estos activos, se contempla a Monómeros. Las irregularidades de Monómeros La Superintendencia de Sociedades confirmó el 8 de septiembre, a través del documento confidencial al que tuvo acceso El Tiempo, que el sometimiento a control de la empresa se dio por una serie de irregularidades.[19] Según este medio, a pesar de que Monómeros factura 790.000 millones de pesos al año, de acuerdo con los últimos flujos de caja presentados por el gerente Guillermo Rodríguez Lamprea, esta sociedad está en riesgo de liquidez e insolvencia. Así mismo, existen cuestionamientos a este gerente (quien llegó tras el tutelaje de Guaidó) por presuntos favorecimientos para contratar con proveedores, por represalias contra trabajadores que habían manifestado su desacuerdo con alguna de las políticas de Rodríguez y por la interpretación de un contrato de colaboración empresarial con la compañía panameña Lionstreet Ventures Corp como un traslado de activos. Por último, se menciona que, de las 555 personas empleadas de Monómeros, 218 tienen demandada laboralmente a la empresa y que, además, esta no estaría incumpliendo con normas clave antilavado. El 14 de septiembre, El Tiempo tuvo acceso a un documento interno del Comité de Crisis de Monómeros emitido el 12 de septiembre. En este se afirma que, en un par de semanas, la empresa no tendrá cómo pagar la nómina ni, tampoco, a sus proveedores. De acuerdo con esta fuente de prensa, luego de saldar sus obligaciones con los proveedores y con el Estado colombiano, el flujo de caja quedaría en 11.278 dólares, y para el 27 de septiembre entrarían en números rojos. Está información, de ser cierta, revelaría que el gigante de Venezuela en Colombia podría dejar en jaque a la agroindustria colombiana y, en especial, sumergirla en una crisis económica. La decisión de Supersociedades de someter Monómeros a control es, aparentemente, la más prudente, sin embargo, puede generar costos políticos con Nicolás Maduro y alterar los diálogos para la reapertura de la frontera. Repercusiones La responsabilidad de las acciones tomadas por la Superintendencia de Sociedades de Colombia recae exclusivamente en el presidente Iván Duque, ya que únicamente es posible determinar la vigilancia a sociedades que sean señaladas por el presidente de turno. La decisión tomada por el mandatario es contraproducente teniendo en cuenta las posibles repercusiones que pueda tener en las negociaciones entre el Gobierno de Maduro y parte de la oposición en México, así como en los presentes diálogos para la reapertura bilateral de la frontera. En primer lugar, no es un secreto que no toda la oposición se encuentra presente en los diálogos y que una de las figuras más relevantes al interior de estos es Guaidó, quien se ha visto seriamente cuestionado por el mismo gobierno y parte de la oposición, lo que ha generado una percepción del debilitamiento de su liderazgo. A esto es importante sumarle las divisiones que se han dado al interior del G4 plus y las organizaciones minoritarias que componen la Plataforma Unitaria de Venezuela. La razón principal de esta situación se encuentra relacionada con la decisión de participar en las elecciones de las cabezas de alcaldías y gobernaciones, puesto que algunas organizaciones afirman no haber sido consultadas y tampoco convocadas en esta decisión. Teniendo en cuenta esto, el haber tomado control de una empresa en tutelaje de Guaidó deja en entredicho el poder y control de negociación que este tiene con los Estados donde reposan los activos y dineros venezolanos. En segundo lugar, esta decisión implica debilitar aún más las mínimas relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, las cuales subsisten con el propósito de dar una apertura bilateral no total o condicionada de la frontera. En la actualidad, se han dado avances en los diálogos entre Víctor Bautista, secretario de fronteras, Carlos Luna, presidente del Comité Intergremial y Fredy Bernal, el protector del Táchira.[20] Los puntos sobre los cuales giran los acuerdos son:[21] La creación de un corredor estudiantil que permita el paso por los puentes a aproximadamente 372 estudiantes de nacionalidad venezolana que hacen parte de instituciones educativas colombianas. Esto con el objetivo de que puedan presentar las pruebas Saber. La vacunación de cerca de cinco mil estudiantes de nacionalidad venezolana y sus familias que viven en la frontera de Venezuela, pero que asisten a clases en Norte de Santander. La creación de un grupo de trabajo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) de Venezuela y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para la reactivación de las plataformas aduaneras. La creación de comisiones para establecer protocolos de bioseguridad para una reapertura comercial gradual. No obstante, estos diálogos pueden suspenderse si el Gobierno de Nicolás Maduro y sus delegados en México continúan percibiendo el sometimiento a control de Monómeros como una usurpación a la República Bolivariana de Venezuela, y como un intento para sabotear las negociaciones en México. La posible suspensión de los diálogos para la reapertura de la frontera pone en jaque las posibilidades de protección de la población migrante vulnerable. Referencias [1] Tomado de: https://www.elespectador.com/mundo/america/venezuela-quien-es-quien-en-dialogos-entre-el-gobierno-de-maduro-y-la-oposicion/ [2] Tomado de: https://efectococuyo.com/politica/quienes-integran-la-unidad/ [3] Tomado de: https://www.elmundo.es/internacional/2021/08/13/6116bd52fdddff66448b4699.html [4] Tomado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0222_1995.html [5] Tomado de: https://www.portafolio.co/negocios/empresas/monomeros-apelara-decision-de-controla-de-superintendencia-de-sociedades-555981 [6] Tomado de: https://www.portafolio.co/negocios/empresas/monomeros-apelara-decision-de-controla-de-superintendencia-de-sociedades-555981 [7] Tomado de: https://img.lalr.co/cms/2021/09/07085244/COMUNICADO-OFICIAL-1.pdf [8] Tomado de: https://www.notimerica.com/politica/noticia-amp-venezuela-colombia-venezuela-denuncia-intervencion-empresa-estatal-venezolana-colombia-20210908021322.html [9] Tomado de: http://www.monomeros.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=8 [10] Tomado de: https://www.pequiven.com/empresa/ [11] Tomado de: https://www.larepublica.co/empresas/monomeros-manifesto-su-desacuerdo-con-la-decision-emitida-por-la-supersociedades-3228866 [12] Tomado de: http://www.monomeros.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2 [13] Tomado de: https://www.semana.com/internacional/articulo/guaido-asumira-control-de-activos-de-venezuela-en-el-exterior/266558/ [14] Tomado de: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1428159474511093763?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1428159474511093763%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiariocriterio.com%2Fmonomeros-y-la-pelea-entre-guaido-maduro-y-colombia-por-su-control%2F [15] Tomado de: https://www.elcolombiano.com/negocios/que-pasa-si-maduro-recupera-el-control-de-la-empresa-monomeros-LF15542911 [16] Tomado de: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/08/30/monomeros-la-empresa-radicada-en-colombia-que-maduro-quiere-recuperar-para-el-chavismo/ [17] Tomado de: https://cnnespanol.cnn.com/video/acuerdo-parcial-dialogo-venezuela-oposicion-mexico-fernando-del-rincon-conclusiones-cnne/ [18] Tomado de: ​​https://www.elespectador.com/mundo/america/gobierno-de-venezuela-anuncia-primeros-dos-acuerdos-en-dialogo-en-mexico/ [19] Tomado de: https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/monomeros-los-hallazgos-de-supersociedades-que-la-sometio-a-control-616440 [20] Tomado de: https://www.portafolio.co/internacional/frontera-colombia-y-venezuela-avanzan-conversaciones-para-reapertura-555885 [21] Tomado de: https://www.laopinion.com.co/frontera/anuncian-nuevas-medidas-para-la-frontera-con-venezuela

Por: Laura Cano Periodista – Pares Los excesos de la fuerza pública, durante el paro nacional de este año, dejaron a su paso una crítica situación de derechos humanos. Según fuentes como Temblores ONG, del 28 de abril al 26 de junio se reportaron 4.687 casos de violencia policial, hechos en los que se incluyen 1.617 denuncias por violencia física, 2.005 detenciones arbitrarias, 784 intervenciones violentas, 82 agresiones oculares, 28 casos de violencia sexual y 44 hechos de violencia homicida. Respecto a estos últimos casos, para el pasado mes de junio, 29 de ellos estaban en proceso de verificación, de los cuales 13 se encontraban en proceso de esclarecimiento sobre si el presunto victimario pertenecía a la fuerza pública. Justamente, uno de los casos de violencia homicida ocurrido en el marco del paro nacional fue el de Santiago Murillo, un joven de 19 años que residía en la ciudad de Ibagué y que se encontraba de regreso a su casa cuando recibió un impacto de arma de fuego. “Siendo aproximadamente las 21:00 horas del sábado 1 de mayo del 2021 ingresa al servicio de urgencias de nuestra entidad el paciente identificado como Santiago Andrés Murillo, de 19 años de edad, en quien se documenta herida en tórax región precordial por proyectil de arma de fuego”, comunicó en ese momento la Clínica Nuestra de Ibagué. Ante la gravedad de las heridas, Santiago murió ese mismo sábado en el centro hospitalario. Desde ese día, la lucha de su familia, de personas conocidas y de varias organizaciones ha sido que haya justicia en este caso y que se logre establecer quiénes son los respondables del asesinato de Santiago Murillo. Hasta el momento, se han dado pasos importantes: uno de ellos ha sido la acusación que realizaría hoy la Fiscalía General de la Nación. Lo que ha sucedido en este caso Inicialmente, la investigación inició en la Justicia Penal Militar. Se habían capturado a dos uniformados presuntamente responsables: Jorge Mario Molano y el patrullero Óscar Leonardo Devia. Sin embargo, en junio, un juez revocó esta medida de aseguramiento tras solicitud de la Procuraduría y de los abogados de los implicados, quienes para ese momento alegaron tener nuevas pruebas. No obstante, el 8 de junio, Jorge Mario Molano, quien para el 1 de mayo (día en que fue asesinado Murilllo) fungía como comandante de la estación Norte de la Policía de Ibagué, fue recapturado por la Fiscalía. Hay que recordar que, durante el proceso, hubo choques entre la Justicia Penal Militar y la Fiscalía, entidad que también realizó actuaciones. Sin embargo, para finales de agosto, la Corte Constitucional decidió que, sobre el conflicto de competencias entre jurisdicciones, era la Fiscalía la que debía continuar con el proceso y no la Justicia Penal Militar. Y es que justamente fue este organismo el que ordenó la recaptura de Molano y le imputó el delito de homicidio, cargo que no fue aceptado por el uniformado. Recientemente, a través del diario El Espectador, se conoció que para hoy, 16 de septiembre, la Fiscalía llamó a juicio a Jorge Mario Molano, quien está suspendido. Molano será acusado por homicidio, pues, “según los cotejos periciales, todo indica que le disparó al joven Santiago Murillo en Ibagué sin que fuera necesario y desconociendo todas las directivas para el uso de armas”. Según lo que logró establecer el medio, el pasado 2 de mayo a las 2:40 a.m., Molano entregó su arma de dotación, y es justamente este arma, con serial SP 0169540, una de las pruebas con las que la Fiscalía adelantará el juicio, pues el registro coincide con el proyectil encontrado en el hombro de la víctima. De acuerdo a lo informado por El Espectador, en la noche del 1 de mayo, Molano observó a un grupo de personas que se movilizaban hacia una marcha. Detrás de ellas se encontraba Murillo, quien habría salido esa tarde a casa de su pareja en bicicleta. La Fiscalía afirma estar en la capacidad de probar que, en ese momento, “sin motivo alguno para disparar, Molano accionó su arma contra el joven, que estaba a 30 o 35 metros de distancia. El ente investigador le reprocha a Molano, quien desde el principio se ha declarado inocente, que según las cámaras de seguridad la situación de orden público estaba en calma y que no existía el más mínimo peligro ni para el oficial ni para los agentes a cargo de este”. Luego de recibir el impacto de bala, Murillo habría intentado pedir ayuda, pero finalmente se desplomó. Recibió ayuda de personas que se encontraban en el lugar, sin embargo, según informó El Espectador, “ninguno de los policías —incluido Molano— brindó ayuda al joven. De hecho, la Fiscalía acusa que Molano huyó del lugar y puso en su lugar a una persona de su misma contextura: el intendente Óscar Devia. Según el abogado de la familia Murillo, Miguel Ángel del Río, ese uniformado habría sido presionado para que se declarara culpable por altos mandos de la Policía, antes de que la Corte Constitucional definiera que el caso debía adelantarlo un juez ordinario y no la Justicia Penal Militar”, informa el medio de comunicación”. Es importante señalar que esta sería la primera acusación que haría la Fiscalía a un miembro de la Policía por los hechos ocurridos en el marco del paro nacional retomado el pasado 28 de abril. Por su parte, la familia de Santiago Murillo y diferentes organizaciones han convocado, para este jueves, en la ciudad de Ibagué, un evento en conmemoración a este caso en el que, además, se presentará el proyecto de Reforma a la Policía que se radicó ante el Congreso de la República el pasado 9 de septiembre. Se espera que este caso no quede en la impunidad y que las acciones que realice la Fiscalía garanticen la reparación de la familia y conocidos de Santiago Murillo. Además, lo ocurrido con este joven representa un nuevo llamado de atención para que se concrete una reforma a la Policía, la cual sea estructural y evite que más vidas se pierdan a causa de la violencia ejercida por miembros de esta institución (Te podría interesar: Azul o verde: ¿cuál es la diferencia? Algunas reflexiones sobre la reforma policial).

Durante la visita del presidente Iván Duque a España, el Gobierno de aquel país le condecoró con una de las distinciones más importantes: el Collar de Isabel la Católica. A propósito de la ola de violencia que sacude a distintas regiones y comunidades del país, y teniendo en cuenta los escasos y precarios esfuerzos del Gobierno que encabeza Iván Duque para avanzar en la implementación efectiva e integral del Acuerdo de Paz, desde el movimiento Defendamos la Paz se ha dirigido una carta de protesta a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, como muestra de la indignación por esta condecoración que recibió Duque. A pesar de la falta de respuestas por parte del Estado, miles de excombatientes, personas líderes y defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales y, en general, personas de la sociedad civil nos mantenemos en el convencimiento y en la apuesta por la construcción y el tejido de paz. A continuación reproducimos la carta que Defendamos la Paz le ha enviado al presidente del Gobierno español: Bogotá, 15 de septiembre de 2021 Señor Pedro Sánchez Pérez-Castejón Jefe de Gobierno La Moncloa Madrid, España De nuestra consideración: Nos dirigimos de manera respetuosa al Gobierno español para elevar una voz de protesta ante la condecoración Collar Isabel la Católica que recibió el presidente de Colombia Iván Duque. El partido de Gobierno prometió “hacer trizas la paz” y el presidente Duque se acometió a ello. Listamos aquí algunos hechos que lo demuestran: Según el partido Comunes, 285 excombatientes han sido asesinados al punto que esta situación de vulnerabilidad de derechos ha llevado a la Corte Constitucional de Colombia a analizar demandas que podrían pronto llevar a una declaración del “estado de cosas inconstitucional”. La Defensoría del Pueblo reporta 182 líderes y lideresas sociales asesinados y unas 30.000 personas desplazadas en 2020. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Colombia confirmó la ocurrencia de 76 masacres con 292 víctimas ese año. El Gobierno continúa atacando al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No-Repetición, intentó reformarlo sin éxito y, a menos de un año de cambio de gobierno, continúa sus gestiones para modificarlo de manera unilateral. El Gobierno se prepara para fumigar con glifosato los cultivos ilícitos, en detrimento de la salud de las comunidades y la protección del medio ambiente y en violación del Acuerdo de Paz, que privilegia la sustitución voluntaria de cultivos, un mecanismo que provee mayor sostenibilidad – menos de 1% de resiembra en erradicación voluntaria vs. entre 50% y 67% en erradicación forzosa -, según mediciones de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen. El presupuesto para la financiación de la paz se ha reducido de 5.3 billones en 2018 a 0.78 billones para 2022. Esta drástica disminución se viene dando previo a la pandemia con 3.1 billones en 2019, 1.4 billones en 2020 y 0.97 billones en 2019. Recordamos que el periodo de implementación dura de 10 a 15 años dependiendo del punto acordado. El Gobierno no ha presentado ni una sola iniciativa para poner en marcha el Capítulo 1 del Acuerdo de Paz titulado “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”. Aun así, miles y miles excombatientes continúan leales al proceso de paz y el Acuerdo de Paz resiste embate tras embate. Esperamos de la comunidad internacional que continúe apoyándonos, como lo ha venido haciendo hasta ahora, para defenderlo. Escribimos a nombre del movimiento Defendamos la Paz, el movimiento de paz de Colombia, que reúne a las delegaciones negociadoras del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, los facilitadores del proceso de paz con el ELN, líderes y lideresas sociales, exministros y exdirectores de departamentos administrativos, miembros de organizaciones no gubernamentales y, en general, a los ciudadanos y las ciudadanas comprometidos con la paz en Colombia. Movimiento Defendamos la Paz Colombia, 16 de septiembre de 2021. CC: Su Excelencia José Manuel Albares Ministro de Asuntos Exteriores

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad – Pares Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presentamos el informe “El escándalo de MinTic y los Clanes de Norte de Santander”: una investigación de la Línea de Democracia y Gobernabilidad sobre un entramado de corrupción que se esconde detrás de la polémica más reciente debido a un contrato, por más de un billón de pesos, otorgado a la Unión Temporal Centros Poblados. Este escándalo le ha costado el puesto a quien fuera la cabeza del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Karen Abudinen. ¿Qué relación tienen algunas empresas que hacen parte de la Unión Temporal Centros Poblados con presuntas redes de corrupción y clientelismo de las que harían parte distintos clanes políticos de Norte de Santander? La respuesta a esta y otras preguntas se encuentran en este informe. Descarga el informe completo

La organización Diálogo Colectivo por la Paz (DIACONPAZ) ha denunciado el día de hoy que Rodolfo Galvis, defensor de derechos humano, líder campesino y de restitución de tierras, ha desaparecido desde el 10 de septiembre. La última vez que se supo de su paradero, Galvis se encontraba en la vereda La Silla, en el corregimiento de Campo Dos, del municipio de Tibú, en Norte de Santander. Galvis es integrante de DIACONPAZ y de la PRECOOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SEMILLEROS DE PAZ Y DE COLOMBIA. Además, adelanta un proceso de reclamación de un predio y contaba con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, de acuerdo a lo informado por su familia, su esquema de seguridad se había negado a cubrir la zona de Tibú en la que vive. Por esta razón, hace más de dos meses, Galvis había solicitado un cambio de su esquema de seguridad. Sin embargo, durante este tiempo no recibió respuesta de la UNP. Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) nos sumamos al llamado que hace DIACONPAZ a la Fiscalía General de la Nación, a la Personería Municipal de Tibú, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Policía Nacional para que se esclarezcan la información sobre el paradero de Rodolfo Galvis y sobre los responsables de su desaparición. A continuación, compartimos el comunicado emitido por DIACONPAZ con la denuncia de la desaparición de Rodolfo Galvis: