Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda La función de la moneda, desde que fue creada, ha sido principalmente comercial. El uso de las monedas viabilizó las negociaciones comerciales disminuyendo la carga de mercancías en el mercado hasta en un 40%. De hecho, las monedas remplazaron a bultos de harina, sacos de sal, carneros y ovejas, y hasta delicadas y pesadas ánforas colmadas de vino o de aceite. La organización en torno a un centro urbano, desde el cual se dominaban todas las acciones comerciales legales, garantizaba la fiabilidad en los trueques, de modo que podían recibirse, a cambio de unas lonjas de jamón seco, unos diminutos círculos de cobre martillado; o a cambio de una Pecua –así llamaban a la unidad de ganado en la antigua Roma– una simple pecunia, como se denominaría a la unidad monetaria. Efectivamente, las primeras monedas romanas eran de bronce y cobre, y las discriminaban en su valoración por el peso y las impresiones de animales y objetos que tuvieran. La primera moneda romana, al parecer, se imprimió y selló hacia el año 280 a.C., y el nombre de “moneda” proviene, según el numismático Enrique Rubio Santos, del templo Juno Moneta (la diosa amonestadora), porque junto a éste quedaba la ceca romana: el lugar donde se fabricaban y acuñaban las monedas. En fin, la sociedad romana mantuvo una actividad monetaria basada en unas cifras estándares, como el sextante, el triente, el denario, el pecunio y, el más caro entre ellos, el denario argentum, que era la moneda que el Imperio usaba para sus negocios mercantiles que superaban las de cualquier comerciante privado. Con todo, en la antigua Roma, además de animales y objetos, también empezaron a acuñarse monedas con la silueta o efigie de gobernantes. Pese a ello, no se trataba de una gratuidad frívola, sino, por el contrario, significaba la afirmación de un hecho relevante: lo primero que pensaban los gobernantes romanos cuando se les proclamaba al trono era precisamente en eso, en imprimir una moneda con su efigie. Así, buena parte de los gobernantes, desde el mismo inicio de la acuñación de monedas –cuya perfección, podría decirse, se alcanzó hacia el año 237 a.C.– hasta tiempos del Emperador Justiniano I, cumplieron con tal deseo. Eso era, además, lo que el pueblo esperaba, porque la impresión de monedas significaba la circulación de éstas, para lo cual —consideramos que obedeciendo a una estrategia promocional de su propio nombre— los mandatarios no dudaban en repartir dádivas en denarios y sestercios, en demostración de la existencia y desarrollo de políticas de asistencia al pueblo y, principalmente, en procura de no ser acosados, al menos al comienzo de sus gobiernos. De tal suerte, en esa primera etapa de empalme e instalación, los emperadores se despreocupaban de las críticas y opiniones del pueblo, y removían altos militares de sus cargos de autoridad, nombraban funcionarios en puestos administrativos sin el cumplimiento de los requisitos, mientras la gente se distraía tomando vino, comiendo pan y jamón seco; en fin, disfrutando la fiesta, que era algo muy fácil de encender en el espíritu de los romanos. En tal sentido, las monedas tenían el objetivo perverso de distraer –en su acepción peyorativa– al pueblo, y cuando por cuenta de la falta de dinero este salía de su obnubilación carnavalesca era demasiado tarde, pues los gobernantes, para entonces, ya tenían todo bajo control. Aun así, llama la atención que, en dichas monedas acuñadas para enceguecer al pueblo, los emperadores imprimieran su imagen, en vez de animales y objetos, en una clara demostración de sus ambiciones de popularidad, haciendo de su rostro una propaganda política codiciable. No obstante, con la caída del Imperio romano, las monedas dejaron de usarse para tales fines. Solo hasta el siglo XX volvió a reaparecer en términos no comerciales el formato de la moneda. Aprovechando la rapidez en la propagación comunicativa, comenzó a usarse para hacer memoria de hechos históricos célebres, con acuñaciones de monedas recordatorias como, en el caso de Colombia, la moneda conmemorativa de la Batalla de Boyacá, o la moneda conmemorativa de los Juegos Panamericanos de Cali. De hecho, la ley 31 de 1992 le permite al Banco de la República “la acuñación en el país o en el exterior de moneda metálica de curso legal para fines conmemorativos o numismáticos, previstos en leyes especiales, establecer sus aleaciones y determinar sus características”. Por todo lo anterior, llama la atención la gran moneda de Duque; porque, siendo estrictamente protocolaria –una suerte de suvenir para los visitantes ilustres de la Casa de Nariño–, se aparta de la tradicional utilidad de la moneda. La de Duque pareciera la versión más inútil de todas, pues no va a ser aprovechada ni en un céntimo por el pueblo, como sí fueron aprovechadas las que distribuyeron Calígula o Nerón. Ni tampoco es conmemorativa, pues solo hace referencia al periodo de mandato de Duque cuando este ni siquiera ha finalizado, lo cual es una condición sine qua non de lo memorable. Bajo tales presupuestos, los fines de la moneda de Duque parecieran reducirse a lo propagandístico. Aunque su moneda no registre su efigie –imagino que por una intuitiva y fina recomendación de su asesor de imagen–, sino apenas su firma, la moneda de Duque pareciera encerrar únicamente su narcicismo. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Laura Cano Periodista – Pares Las comisiones del Congreso de la República ya dejaron listo el Presupuesto General de la Nación (PNG) para 2022, el cual fue aprobado por 350.4 billones de pesos. El monto estipulado en el proyecto (que había sido radicado en agosto de este año) tuvo un crecimiento de 3,8% en comparación al presupuesto del 2021, pues para este año fue de 313.9 billones. Se espera que en los próximos días se radique la ponencia para primer debate del proyecto en el Congreso y que se discutan las asignaciones presupuestales por sectores. No obstante, el pasado 24 de agosto se había informado en el Congreso que los rubros por sectores se distribuirían de la siguiente forma: educación ($49,3 billones), defensa ($41,9 billones), salud ($41,2 billones), trabajo ($36 billones), hacienda ($23,9 billones) e inclusión social ($21,7 billones). En la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes la votación fue de 21 a favor y 1 en contra; y en la Comisión Tercera de Cámara fue de 23 a favor y 3 en contra. Por el lado del Senado, la Comisión Cuarta aprobó con 9 votos a favor y 4 en contra, y en la Comisión Tercera 10 senadores votaron a favor y 2 por el no. Al respecto, es necesario señalar que, en el marco del debate, la oposición radicó una proposición que buscaba modificar el monto del presupuesto para que fuera de $364 billones, pero esta no fue aprobada. Hay que recordar que las comisiones del Congreso retomaron esta discusión tras la aprobación de la Reforma Tributaria 2.0 la semana pasada después de que, tanto en Cámara de Representantes como en el Senado de la República, la propuesta, en cabeza del Ministerio de Hacienda y el Gobierno nacional, tuviera la mayoría de votos a favor: 124 votos positivos y 8 negativos en Cámara, y 76 votos a favor y solo 1 voto en contra en Senado. Como se mencionó, la bancada de oposición solicitó elevar el monto en $16 billones para implementar planes de generación de empleo con recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) a través del Derecho Especial de Giro (DEG). La propuesta fue planteada principalmente por el senador Wilson Arias, quien argumentó que, con la cifra que pedían elevar, se podrían generar alrededor de un millón de puestos de trabajo. Es importante señalar que, a pesar de que el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ha destacado el incremento del presupuesto (en el marco de una activación económica a raíz de la dura crisis que ha vivido el país debido a la pandemia de covid-19, y que llevó a que muchas familias y sectores no tuvieran cómo solventar sus gastos), el senador Arias señaló que “el proyecto que presentó Iván Duque aumenta a 40,9 billones el presupuesto de guerra, siendo 17 veces el presupuesto del sector agricultura y 83 el de sector Paz”. A esto se sumó lo advertido por Juanita Goebertus, quien a través de su cuenta de Twitter sostuvo que, del total aprobado, tan solo el 3.1% se destinará a la implementación del Acuerdo de Paz. Al respecto, hay que recordar que, una vez firmado el Acuerdo, se estableció que el costo total para la implementación era cercano a los 129,5 billones de pesos en los próximos 15 años. Esto para poder dar cumplimiento a lo especificado en los seis puntos del documento: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, e implementación, verificación y refrendación. En este sentido, vale la pena traer a colación que Emilio Archila, consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, en agosto de 2020, presentó un informe ante la Comisión Primera de la Cámara en el que se informaban los presupuestos para el 2021 respecto a la implementación del Acuerdo. En este documento se establecía que, para la reforma rural integral, de los 2.3 billones solicitados se les había asignado 1.2 billones; para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial se pidieron 627.000 millones de pesos y dispusieron, finalmente, 98.263 millones de pesos. Además, para atención a víctimas se comprometieron 86.442 millones de pesos, lo que significa 261.000 millones de pesos menos que el monto pedido inicialmente. No obstante, y como se mencionó más arriba, la distribución del presupuesto final respecto a este tema no se ha aclarado. Desde la Universidad Nacional, a través del periodico de la institución, se informó que “según la información reportada por las unidades ejecutoras del SPI (Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), todas las iniciativas que de una u otra forma atienden el Acuerdo Final son 132, y su monto de inversión es de 44 billones de pesos para el actual año fiscal. De ese valor global, solo 5,5 billones de pesos impactan cada uno de los puntos del Acuerdo, lo cual equivale al 1,82% del PGN”. Aunque todavía hay muchos puntos sobre la mesa respecto a la distribución de los recursos del Presupuesto General de la Nación para el año que viene, hay que señalar que, ante el contexto actual del país, en el que muchos territorios se enfrentan a una grave ola de violencia, es urgente la inversión para la efectiva implementación del Acuerdo de Paz, que está a meses de cumplir 5 años. Son muchos los pasos que ya debían haberse dado para avanzar en ese camino, pero que, sin embargo, no se han dado.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Jaime Jaramillo Escobar le madrugó a la vida. Nació el 25 de mayo de 1932 a las 3:15 de la madrugada, tres horas antes de que se alzara el sol en Pueblorrico –una pequeña localidad del suroeste antioqueño, apenas erigido como municipio en 1911–, territorio al cual su padre llegó como educador y al que Jaime volvió tan solo al cumplir sus 87 años de edad, como queriéndose morder la cola. Como nació en la década de los treinta –el momento en el que se estaba gestando el período de la Violencia en Colombia–, durante sus años de niño y adolecente le tocó vivir en continuo desplazamiento. Primero tuvo que salir de su pueblo natal –debido a la labor docente de su familia– para Altamira, un corregimiento cercano del municipio de Betulia, donde cursó su primaria. Luego pasó a Andes, donde realizó su bachillerato. Y más tarde, como inspector de Policía, pasó revista por varios municipios de ese místico territorio antioqueño. Ese constante cambio de lugar convirtió a Jaime en un andariego, peculiaridad que conservó durante muchos años. Vivió en Cali, Bogotá y Medellín, y recorrió todo el país: desde la mítica región chocoana hasta la ancestral alta Guajira. Incluso visitó las islas de San Andrés y Providencia, donde, junto a su amigo salgareño Verano Brisas, visitó a Simón González –hijo del filósofo Fernando González– cuando fue gobernador en aquel archipiélago. En la década de 1960, en la sucursal del cielo –Santiago de Cali–, se encontró con Gonzalo Arango, quien fue su compañero de colegio a los 15 años en Andes y quien era, además, padre del Nadaísmo. Su amigo –que lo consideraba “la mejor de las compañías”– lo invitó en 1958 a que lo acompañara en el lanzamiento del manifiesto de su movimiento filosófico-literario. Años más tarde se reconocería a la corriente nadaísta como una de las mayores revoluciones literarias de la historia del país debido a los cambios que produjo y a la crítica que realizaba. A partir de ese momento, a Jaime Jaramillo lo catalogaron como uno de los miembros más importantes y, a la vez, uno de los “espécimen más raros” del nadaísmo. Se le asociaba con esta corriente debido a la cercanía que tuvo con Gonzalo Arango y, sobretodo, a que en 1967 se ganó el primer Premio nadaísta de poesía Cassius Clay con el trabajo Los poemas de la ofensa, obra que retrata a de manera sintética la apuesta contestataria del movimiento literario. Los poemas de la ofensa fueron publicados un año más tarde bajo el seudónimo X-504, que, según palabras de él mismo, representaba a “una res marcada”; y correspondía, en primer lugar, a una X que se pregunta o interroga por “¿quien soy?”, y segundo, a los tres primeros números de su vieja cédula –sacada en Medellín el último día de enero de 1955–. Seudónimo que abandonó, según Jaime, para enfrentar el miedo que le producía el hecho de ser un funcionario público señalado por ser poeta crítico y, además, para “hacerse responsable de lo que decía”, pues pensaba que los escritores deberían ser francos y directos. Luego de mucho andar se radicó en Medellín, ciudad en la que se mantuvo hasta su muerte, a pesar de las múltiples invitaciones que le hacían de visitar México o España. A partir de 1983 creció su fama, pues ese año recibió un doble reconocimiento: el Premio Nacional de Poesía Eduardo Cote Lamus y el Premio Nacional de Poesía de la Universidad de Antioquia. Reconocimientos que lo posicionaron como el mayor de los exponentes del nadaísmo y uno de los poetas más importantes del siglo XX en Colombia. A pesar de que su gloria traspasó fronteras, Jaime siempre fue una persona humilde. Nunca quiso pertenecer o acercarse a los círculos intelectuales rimbombantes y exclusivos del país. En su lugar, mantuvo una cercanía con niños y jóvenes, al igual que con todas aquellas personas que, de manera sincera y sin prejuicio, se acercan a la poesía; así como con habitantes de los parques públicos o los lustrabotas, pues, decía, “son la gente que entiende los poemas”. De allí que, al terminar sus lecturas, disfrutaba hablando con estas personas, ya que le ofrecían “gratuitamente sus servicios para que me sentara a conversar con ellos”. Precisamente, en 1985, atendiendo un llamado que le hizo el escritor antioqueño Darío Jaramillo Agudelo, desde la Biblioteca del Banco de la República, comenzó a dirigir en la Biblioteca Pública Piloto el Taller de Poesía y Creación Literaria –el cual dirigió, todos los sábados, durante 35 años–. Jaramillo Agudelo logró convertir este espacio en un verdadero encuentro para la tertulia, donde los gomosos de la poesía y otras formas literarias –de manera sencilla y cálida, pero a la vez profunda y didáctica– escuchaban a su maestro. Por eso, el pasado 11 de septiembre, mientras que el mundo hacía honor a las víctimas de las Torres Gemelas en New York, un grupo de amigos y alumnos le rendían tributo en un parque público de la ciudad de Medellín. Jaramillo Escobar, su maestro, les había dejado el día anterior – sentado en su baño y, tal vez, a la misma hora que nació– a sus 89 años de edad. Un homenaje de agradecimiento a “una ranita que canta al compás del universo”, como él mismo describe a los poetas. A un verdadero amante del idioma español, pues le posibilitaba decir lo más dulce y delicado, pero a la vez le permitía ser sarcástico, irónico y contestatario con las costumbres e instituciones. Poemas que le sirvieron para buscar en los ríos tormentosos las palabras más “viejas de todas para volver a Angbala” y sacar a la superficie, entre las palabras más profundas y desconocidas, “una que sea tan honda como el pez en el agua”. Palabras que compartía, como niño feliz altruista, con todo mundo, porque sus poemas eran dulces y sencillos como el bocadillo, al que amaba y le gustaba tanto. Por ello, los invito a leer a Perorata o Circo para regresarnos de nuevo a la infancia. Pero antes de iniciar este viaje recuerden: “el poema tiene que se flexible, escurridizo, ondulante, con un cuerpo frio que os estremezca una boca capaz de haceros cualquier cosa”. Ahora si, ¡prepárense!: “los de más cerca, apártense un poco. Los de más allá, acérquese más. Hagan un círculo perfecto, tómense de las manos, aquí está saliendo esa cosa verde que es el poema”. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Redacción Pares Con motivo de las alarmantes cifras de casos violencia, durante el primer semestre de este año, en contra de personas que ejercían algún liderazgo político, social y comunal, y en vista de que ya ha iniciado el calendario electoral y de que faltan solo meses para que se desarrollen las elecciones presidenciales y a Congreso, el movimiento Defendamos la Paz hace un llamado a distintos actores armados para que haya un cese al fuego y a las hostilidades durante el periodo electoral. Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) reproducimos el comunicado completo a continuación: Defendamos la Paz llama al cese al fuego y de hostilidades durante el periodo electoral Ante el inicio del calendario electoral, el movimiento Defendamos la Paz hace un llamado público a los grupos armados para que inicien cuanto antes un cese al fuego y de hostilidades unilateral, e insta al Gobierno nacional a respetar estos gestos y adoptar acciones encaminadas a la paz total. El pasado 13 de marzo comenzó el año electoral del país. Contrario a lo que sucedió en 2018, cuando Colombia registraba las elecciones más tranquilas de los últimos 50 años – producto del Acuerdo de Paz- hoy nos enfrentamos a un verdadero retroceso en materia de seguridad electoral. El lamentable recrudecimiento de las hostilidades y la suspensión de los diálogos de paz, los conflictos por el control del territorio y el incumplimiento a muchos de los puntos del Acuerdo firmado en el Teatro Colón, han incidido en el aumento de la violencia política. Según la Misión de Observación Electoral, MOE, durante el primer semestre de 2021 se registró un total de 247 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en todo el territorio nacional; de estos hechos, el 54% ocurrió en territorios de las circunscripciones especiales de paz. Faltando pocos meses para que se lleven a cabo los comicios, hacemos desde la pluralidad que representamos, un llamado a los grupos armados del país para que cuanto antes -y como lo han hecho en otras oportunidades- anuncien a Colombia un cese unilateral al fuego y de hostilidades que tenga los más amplios alcances, que salve vidas, ahorre sufrimientos y recursos en los territorios donde hacen presencia, y que permita a la ciudadanía participar libre y democráticamente en las elecciones que se avecinan. El cese unilateral al fuego y de hostilidades debe ir acompañado de un cese inmediato de los confinamientos, restricciones a la movilidad, desplazamientos forzados y limitaciones al acceso de bienes y servicios de la población civil, así como de cualquier infracción al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos. De igual forma, hacemos un llamado por el respeto a la participación política de las comunidades y víctimas del conflicto armado, en el marco de la elección de los representantes a la Cámara por las circunscripciones especiales para las víctimas. Al Gobierno nacional y a la Fuerza Pública les solicitamos que respeten los ceses unilaterales al fuego y de hostilidades que decreten los grupos armados, apliquen en toda circunstancia los preceptos del Derecho Internacional Humanitario y del respeto de los Derechos Humanos, adopten acciones encaminadas al diálogo y la construcción de paz y, especialmente, se abstengan de estigmatizar a los líderes y movimientos sociales en razón a su labor política. Garantizar la participación libre y plena de la ciudadanía, es también un acto de paz. Movimiento Defendamos la Paz Colombia, 14 de septiembre de 2021 Defendamos la Paz Equipo Negociador del Gobierno Nacional en los Diálogos por la Paz • Juan Fernando Cristo Bustos Exnegociador de paz con las Farc Exnegociador de paz con el ELN y exministro del interior • Rafael Pardo Exnegociador de paz y exministro Equipo Negociador de FARC en los Diálogos por la Paz • Rodrigo Londoño Echeverri Presidente del partido FARC • Pablo Catatumbo Exnegociador de paz y senador del partido FARC • Pastor Alape Representante de FARC ante el Consejo Nacional de Reincorporación • Julián Gallo Cubillos Exnegociador de paz y senador partido FARC • Victoria Sandino Exnegociadora de paz y senadora del partido FARC • Marcos Calarcá Exnegociador de paz y representante del partido FARC • Rodrigo Granda Escobar Exnegociador de paz y dirigente partido FARC • Sergio Marín Exnegociador de paz y dirigente partido FARC Negociadores en los Diálogos de Paz con el ELN • Clara López Obregón, Exnegociadora de paz con el ELN y exministra de Trabajo • José Noé Ríos Muñoz, Exnegociador de paz con el ELN y exviceministro • Juan Mayr Maldonado, Ecologista, exministro de Medio Ambiente y exembajador en Alemania. Miembro de la Comisión Nacional de Conciliación. Ex negociadores con el ELN en el gobierno Santos. • Mauricio Rodríguez Múnera, Exjefe negociador con el ELN (agosto – octubre de 2016) profesor universitario y periodista • Socorro Ramírez, Exnegociadora con el ELN, profesora jubilada de la Universidad Nacional y miembro de Puentes Ciudadanos Colombia Venezuela. Facilitadores en los diálogos de paz • Henry Acosta Patiño Facilitador de diálogos de paz en el proceso con FARC • Iván Cepeda Castro Facilitador del proceso de paz con FARC Exfacilitador de paz con el ELN y senador del Polo Democrático Alternativo Otras personalidades que suscriben: • Adam Isacson, Director de seguridad y defensa en WOLA. • Adolfo Rivas, • Adriana Herrera Botta, Empresario • Adriana Hinestrosa, Secretaria general de la Comisión de Paz del Senado de la República. • Adriana Rodríguez • Alberto Yepes, Defensor de derechos humanos. • Alejo Vargas Velásquez, Director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz – UN • Alina Healp, Cineasta • Alirio Uribe, Defensor de derechos humanos, miembro del Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ y exrepresentante a la Cámara • Álvaro Jiménez Millán, Politólogo – columnista Director Campaña Colombiana Contra Minas Antipersonal • Alvaro Restrepo, Colegio del Cuerpo • Álvaro Villarraga Sarmiento, Exintegrante Comision Especial Legislativa y directivo Fundación Cultura Democrática • Ana María Almario, Defensora de derechos de las mujeres y ex directora de participación en la Unidad de Víctimas • Andrei Gómez Suárez, profesor investigador Universidad de Winchester y cofundador de Rodeemos el Diálogo. • Andrés Chica Durango, Fundación Cordoberxia, Red de Derechos Humanos del Sur de Córdoba. • Ángel María Gaitán, Representante a la Cámara. PLC • Ángela María Escobar Vázquez, Coordinadora Red de Mujeres Víctimas y Profesionales • Ángela María Robledo Gómez, Académica y politica. Representante a la Cámara por Colombia Humana • Angelo Cardona, International Peace Bureau – IPB • Antonio Sanguino Páez, Copresidente Comisión de Paz. Senado. • Arlene Tickner, Profesora de la Universidad del Rosario. • Armando Benedetti, Senador del Partido de la U • Armando Borrero, Académico • Armando Novoa García, Abogado constitucionalista y ex magistrado del CNE • Aura Amelia Pareja Benitez, Licenciada en Ciencias Sociales defensora de derechos Humanos integrante del observatorio de la red de mujeres del Atlántico. • Bernardo González, Editor, Ex Viva y ex director de la Caja de Herramientas. • Bertha Lucía Fríes Martínez, Víctima atentado Farc al Club EL Nogal • Blanca María de los Reyes, Periodista • Camilo González Posso, exministro de Estado, presidente Indepaz • Carlos Alberto Benavides Mora, Profesor universidad externado de Colombia. Área economía, trabajo y sociedad. • Carlos Arcesio Paz, Empresario • Carlos Eduardo Caicedo Omar, Gobernador del Magdalena • Carlos Julio Díaz, Director Escuela Nacional Sindical • Carlos Satizábal, Escritor, actor y director teatral. Profesor asociado Universidad Nacional de Colombia. • Carolina Albornoz, Coordinadora Nacional de PAX FOR PEACE • César Bocanegra, Ex integrante de la delegación de jóvenes que fue a La Habana y líder juvenil en Cundinamarca • César López, Artista • Clara Pérez de Restrepo, Licenciada en humanidades • Claudia Mejía Duque, Feminista, defensora de DDHH, Red Nacional de Mujeres • Consuelo Cepeda, Periodista • Cristina Espinel, Colombia Human Rights Committee, Washington, DC • Daniel García-Peña, Ex Alto comisionado para la paz y columnista de opinión • Daniel Poveda, Vicepresidente del Capítulo de egresados de Economía de la universidad de los Andes • Danilo Rueda, Defensor de derechos humanos, director Comisión de Justicia y Paz • Daría Fajardo Montaña, profesor de la Universidad Externado de Colombia, ex-integrante Comisión histórica del conflicto y sus víctimas creada en los diálogos de paz de La Habana • Darío Villamizar, Escritor e investigador • David Flórez, Abogado Defensor De Derechos humanos y activista por la paz • David Luna, Ex ministro y gran amigo de la Paz • Diana Castro, Economista e historiadora • Diana Lucía Matallana Eslava, Hija del general Matallana, también nuerocientifica que quiere aportar desde la Academia • Diana Sánchez Lara, Directora Asociación MINGA • Diego Cancino, Concejal de Bogotá • Diego Herrera, Defensor de Derechos Humanos • Donka Atanasova, Lideresa social, ex directora de seguridad de Bogotá y actual directora de promoción de la participación del instituto de participación y acción comunal • Doris Salcedo, Escultora • Dorys Ardila, abogada. • Edna Cristina Bonilla Sebá, Profesora de la Universidad Nacional • Eduardo Díaz Uribe, Exministro de salud y Exdirector de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos. • Elizabeth Ungar Bleier, Columnista de El Espectador, Exdirectora de Transparencia por Colombia, Politóloga, docente e investigadora Uniandes • Ernesto Parra, Director Corfas • Esmeralda Vargas Vallejo, Psicóloga defensora de derechos de niños, niñas y adolescentes. • Esperanza Hernández Delgado, Investigadora para la paz, académica y defensora de la Paz • Fabián Acosta, Profesor e investigador universitario. • Fabio Arias, Dirigente CUT, Central Unitaria de Trabajadores • Fabio Velásquez, Asesor de presidencia de Foro Nacional Por Colombia • Fabiola Rodríguez López, Encargada de colección en la biblioteca nacional de Francia • Fernando Posada, Politólogo, columnista y ferviente defensor de La Paz • Fernando Sarmiento, Director RedProdepaz • Francisco Leal Buitrago, profesor Honorario de la UNal y U de Los Andes. • Francisco Villegas Tascón, Empresario • Fredy Alexánder Chaverra Colorado, Profesor en la UdeA y colaborador del portal Las2orillas. • Fredy Miguel Socarrás Reales, Exalcalde de Valledupar y Exviceministro de Trabajo • Gabriel Cifuentes, La Paz no es solo un anhelo nacional, es el derecho de nuestra sociedad • Gerardo Jumi, Consejero General-ONIC • Gimena Sánchez, Directora de los Andes Washington Office on Latín América-WOLA • Gloria Amparo Alzate, Directora Corporación Conciudadanía • Gloria Arias, Columnista y Defensora de la paz • Gloria Cuartas Montoya, Defensora DH • Gloria Moreno, Periodista • Gloria Rosero, socióloga. • Gonzalo Arcila Ramirez, Sicólogo.DEMHOY • Gonzalo Sánchez Gómez, Exdirector del Centro de Memoria Histórica e investigador universitario • Gustavo Gallón, Defensor de derechos humanos – Director de Comisión Colombia de Juristas CCJ • Harold A. Vargas Hortua, Abogado y defensor de Derechos Humanos • Héctor Fabio Cardona, Periodista y asesor asuntos públicos. • Héctor Galeano, profesor de la U del Norte, internacionalista y columnista de La Línea del Medio. • Helena Mallarino, Actriz • Hugo Buitrago, Director de la Unidad Especial de Paz de la Universidad de Antioquia • Imelda Daza, Exvocera de Paz • Irma A. Perilla Piñeros, Directora Pensamiento y Acción Social – PAS • Isabel Sepúlveda, Directora de la Corporación Región • Iván Marulanda Gómez, Senador Partido Alianza Verde • Jaime Caycedo, Secretario General del Partido Comunista Colombiano • Jaime Díaz, Director Corporación Podion • Jaime Navarro Wolff, Secretario general de Alianza Verde • Jairo Hernán Ortiz, profesor Programa de Ciencia Política Universidad del Cauca • Javier Betancourt, ONIC • Javier Felizzola, Director Académico Corporación Escenarios para La Paz (E-PAZ) y Coordinador • Colegiado de REDEPAZ ATLANTICO • Bibiana Peñaranda, Instancia de género en la Paz • Karolina Guerrero Obregón, Activista, Defensora de DH, Abogada, Esp en Derecho Penal, Mgt en DH y Cultura de Paz • Luisa Fernanda Jaramillo, Representante étnico del partido Farc • Orlando Castillo, Espacio humanitario de Puente Nayero CORHAPEP • Dadis Gómez Machacón, Ceprod. • Franklin Donado Buelvas, Mesa Sucreña por La Paz • José Fredy Aguilera Garavito, Fundimur • Jesús Abad Colorado López, Periodista y fotógrafo documental • John Jairo Cárdenas, Representante a la Cámara del Partido de la U • John Sudarsky, Investigador del Capital Social y Ex senador del partido verde • Jorge Alberto Tovar, Activista de paz, Secretario de Desarrollo Social Departamento de Caldas • Jorge Diego Acosta C., Médico anestesiólogo. • Jorge Enrique Rojas, Exsecretario de Integración Social • Jorge Restrepo Potes, Columnista de El País y amigo de la Paz • Jorge Restrepo, Director CERAC • José Aristizabal, ambientalista. • José Luciano Sanín Vásquez, Director de la Corporación Viva la Ciudadania – Abogado • Juan Carlos Henao • Juan Manuel Osorio, Abogado defensor de derechos humanos • Juanita de los Ángeles Ariza Guzmán, directora Red Nacional del Agua de Colombia • Julián Ramírez, Sicólogo, Constructor de Paz y Democracia • Julio Hernán Correal Triana, Actor, escritor y director teatral • Katherine Miranda Peña, Representante a la Cámara Partido Alianza Verde • Laura Gil, internacionalista, directora de La Línea del Medio • León Fredy Muñoz Lopera, Representante a la Cámara Partido Alianza Verde • León Valencia Agudelo, Director Fundación Paz y Reconciliación • Lida Nuñez, Coordinadora de Incidencia política de Viva la Ciudadanía • Liliana Camargo, socióloga. • Liliana Estupiñán Achury, Red de mujeres constitucionalistas de América Latina y académica de la Universidad Libre • Liliana Galindo Ramírez, Doctora en Ciencias Políticas, Ciudadanías por la Paz de Colombia • Lisandro Duque Naranjo, Director de cine y columnista de opinión • Luis Carlos Jacobsen, Consultor en Aprendizaje Organizacional / Comunitario • Luis Eduardo Celis, Analista en temas de paz y conflicto armado • Luis Emil Sanabria Durán, Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la GuerraREDEPAZ • Luis Gilberto Murillo-Urrutia, Exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible • Luis Humberto Montejo B.Ex-gobernador de Boyacá. 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Por: Ramón Jimeno Abogado de la Universidad de Los Andes, periodista, analista, guionista, productor de cine y televisión. Un análisis a raíz de las comparecencias públicas, ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) de Colombia, del expresidente Álvaro Uribe, del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso y del excomandante de las FARC-EP Rodrigo Londoño. Quienes ostentan poder se consideran dueños del futuro y a través de sus acciones buscan definirlo. Al mismo tiempo suelen caer en la tentación de creerse dueños del pasado y tratan de moldearlo a su gusto[1]. Esto fue lo que ocurrió durante las comparecencias de Uribe, Mancuso y Londoño ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Los tres excomandantes dejaron clara su intención de controlar el relato público al buscar que su visión se percibiera como la verdadera. El rol pasivo de los comisionados, a pesar de la amplia información que han recopilado, les permitió a los comparecientes desconocer sus responsabilidades. Los ejercicios de diversos analistas han desmaquillado la pretensión de los excomandantes. María Emma Wills mostró el absurdo de poner a su disposición los micrófonos a los actores sin contrapeso alguno y sin que las víctimas tuvieran voz; José Fernando Isaza hizo una analogía entre la familia del paramilitar Castaño y la del expresidente Uribe que evidencia cómo los dos relatos son calcados; otros analistas han expuesto la inconveniencia y el riesgo que corre la CEV al convertir la búsqueda de la verdad en un espectáculo público dominado por los protagonistas, sin que el rol de los comisionados para esclarecer la verdad se perciba. Es oportuno retomar la tesis de la politóloga Hannah Arendt, quien puso en muchos de sus textos el engaño que necesita el poder para gobernar y sus dificultades para enfrentar la verdad. Las versiones de los excomandantes confirman esa realidad y que la verdad es indefinible, lejana, esquiva. De manera que cuando llegue el momento de ajustar las instituciones colombianas para que no se repita el conflicto, la tarea será difícil si no se producen los reconocimientos para reparar lo reparable y castigar lo imperdonable. Los testimonios de los tres actores, por supuesto, son importantes por su contenido de veracidad, pero la justicia transicional debe ayudar a conciliar los crímenes con la reparación y el castigo. La CEV tiene el rol de equilibrar las voces, de incluir los reclamos de las víctimas, de contra argumentar y exponer sus hallazgos, y aún puede asumirlo. 1 La forma como los tres actores desean que se perciban los daños colaterales es un ejemplo de su intención publicitaria. Los tres los justifican con frases grandilocuentes que camuflan la voluntad que los llevó a ordenar, tolerar o incentivar las graves violaciones a los derechos humanos. Decir que la guerra es así, o que fue la dinámica de guerra, o que no se enteraron, no es creíble. Es una forma de eludir la explicación con un lenguaje retórico, fluido, tan conmovedor como perturbador. Conmueve por su performance como víctimas y perturba por esta misma razón. Uribe, jefe la institucionalidad y de las Fuerzas Militares durante ocho años, dio a entender que el gobernante puede causar daños colaterales al desplegar sus políticas. Exterminar a las FARC, que amenazaban la supervivencia del país, era esencial, requería todo su esfuerzo y él creía en sus tropas, en su moral, en su rectitud. Frente al paramilitarismo, se jacta de haberlo desmovilizado y se presenta como el solucionador del problema. Sin embargo, elude reconocer que su pensamiento es afín a la doctrina paramilitar que consideró una forma eficiente para luchar contra las FARC. De manera que los daños colaterales que produjo esa política son lamentables, pero él no asume responsabilidad alguna en su implementación e impulso. Tampoco habló sobre el papel de los narcotraficantes y cómo, mientras por un lado fumigaba los cultivos campesinos de coca protegidos por las FARC, por el otro aceptaba la financiación de los capos a los paramilitares. Rodrigo Londoño (‘Timochenko’), que formó parte de la insurrección armada durante cuatro décadas, sostiene que se vinculó a la subversión por las injusticias sociales y para establecer un nuevo orden social y económico. Los abusos del Estado y la violencia de los años cincuenta son sus motivaciones. Pero es ligero en la explicación de la degradación de las FARC, en la instauración de sus prácticas violatorias de los derechos humanos y en el fracaso de su lucha. Reconoce que el espíritu revolucionario se desdibujó, pero lo justifica en la dinámica de guerra y en la necesidad de golpear al enemigo. Frente al narcotráfico, recuerda su sorpresa al visitar un frente descompuesto donde descubrieron la dimensión del problema, mientras que todo el país lo reconocía sin necesidad de visitar sus campamentos. Mancuso, que formó parte de las élites económicas de la costa caribe antes de cofundar el paramilitarismo, profundizó algo en las alianzas y complicidades institucionales que les permitieron avanzar. Reconoció las violaciones a los derechos humanos que cometieron, pero no explicó por qué asesinaban campesinos por el hecho de transportar alimentos. Su objetivo era erradicar a la guerrilla, establecer la seguridad y llevar bienestar a la población bajo un modelo capitalista que el Estado había sido incapaz de consolidar. Reconoció que contaron con recursos del narcotráfico y aportes empresariales, pero se quedó corto al explicar bajo qué doctrina es válido usar la violencia contra civiles, con apoyos estatales y de los narcos, y sin norma alguna que los constriña. ¿Eran daños colaterales derivados de la guerra? ¿O más bien esos daños eran parte de la estrategia que asumieron para imponer su dominio? ¿Los daños fueron circunstanciales o estaban previstos? ¿Los nazis llegaron a la solución final porque no sabían qué hacer con los prisioneros o hicieron prisioneros para aplicar la solución final? Al buscar que sus relatos sean conmovedores, los tres excomandantes apelaron a las emociones con argumentos para generar empatía. La CEV puso a su disposición los canales de comunicación, que les permitieron vender sus puntos de vista sin confrontación o corroboración alguna. Fue una gran oportunidad para posicionar sus versiones como verdaderas, al punto que Uribe, a pesar de desconocer el carácter institucional de la CEV, decidió aprovechar el escenario para moldear el pasado a su gusto. El trabajo verificador lo hará la CEV después con un riesgo: cuando entregue su informe, las versiones de los excomandantes ya habrán echado raíces en el corazón de los civiles. Será fácil desconocer las verdades del informe porque es normal rechazar verdades que sorprenden, que remueven los cimientos éticos o morales de las personas, porque las confronta y compromete con una realidad indeseable en la que –por ejemplo– sus héroes se convierten en villanos. Nadie quiere sentirse cómplice pasivo o aceptar que vive en una sociedad gobernada por criminales. Lo humano es acoger tesis que se acomoden a lo que cada persona prefiere pensar que ocurrió: el relato de las buenas intenciones, los daños colaterales, las omisiones involuntarias son fáciles de aceptar, aunque sean engaños. Muchos ciudadanos –dirigentes y empresarios– apoyaron el accionar de las fuerzas irregulares y las actuaciones ilegítimas de la fuerza pública. La antigua revista Semana realizó un estudio en los años de Uribe en el que se reveló que -para sorpresa general- los paramilitares recibían un amplio respaldo de la sociedad. Eran la solución al tema guerrillero. Al igual que muchos campesinos sin tierra y líderes urbanos comunistas, apoyaron el accionar de las FARC. El relativo éxito electoral de la Unión Patriótica –un movimiento surgido de otro proceso de paz con las FARC en los ochenta– demostró su ascendente apoyo popular. Por último, hay que registrar la condescendencia social con los reiterados abusos de los militares contra los civiles que llegó a su clímax con la masacre de magistrados y civiles en el Palacio de Justicia en 1985. El apoyo ciudadano, implícito y explícito, al uso abusivo de la fuerza pública contra los civiles y a la impunidad frente a estos crímenes de Estado, fue un respaldo a esas actuaciones. De manera que el apoyo a los bandos irregulares y a los excesos de la fuerza pública es más extenso de lo que se quisiera aceptar. Compromete a quienes creyeron que eran modalidades incómodas pero necesarias para acabar con la guerrilla o con la injusticia. Después de convalidar esos caminos, a la ciudadanía le cuesta trabajo aceptar que las graves violaciones a los derechos humanos se lograron también gracias a su apoyo. Es más conveniente para su salud mental. Aceptar una verdad que destruye la estructura de creencias sobre la cual se funciona es difícil. El ser humano prefiere creer la versión que le conviene. Sobre esta premisa se basan las versiones de los tres excomandantes. Entonces los daños son colaterales y no parte de una estrategia destinada a crear terror, dominar y erradicar al enemigo. Al ciudadano le hacen creer que era necesario hacer lo que se hizo, recurriendo al engaño colectivo. Una gran parte de la sociedad creyó que los paramilitares eran una solución acertada; al igual que creyeron que los excesos de los militares eran necesarios y que, si los sancionaban, los militares no combatirían; igual que a los seguidores de las FARC les vendieron la idea de que su degradación era inevitable ante la escalada de las fuerzas del Estado. 2 El mecanismo del engaño funciona por la confiabilidad de las versiones de los tres excomandantes. Su mayor conocimiento de los episodios, las decisiones y los hechos les permite asumir una voz superior, omnisciente. En realidad, esta característica debía hacer poco confiable sus testimonios. El esfuerzo de los tres por represar tantas verdades que hacen falta era necesario para que la sociedad conozca lo que va a perdonar, a acepta, a conciliar. Frente a quienes estaban informados por la infinidad de estudios, documentos, informes, análisis, investigaciones, testimonios y noticias que a lo largo de las décadas se han elaborado, incluyendo la recopilación documental del equipo de Memoria Histórica que lideró Gonzalo Sánchez, saben que hubo pocas revelaciones. Las audiencias carecen de las herramientas metodológicas, de la información y del contexto para diferenciar cuando el protagonista omite, manipula o miente. Todo lo que dicen puede ser verdad, porque el ciudadano está predispuesto a creer lo que sus antiguos héroes dicen porque así reafirman su posición. Esto explica que los tres protagonistas prepararan muy bien sus presentaciones. Las diseñaron a la medida de sus audiencias para fijarlas en la mente de los ciudadanos. Los tres se dirigieron a las audiencias usando el mecanismo del mundo publicitario, donde al consumidor le presentan unas premisas emocionales que lo impulsan a comprar un producto. En la publicidad nadie busca validar si es verdad o mentira lo que anuncian. Se trata de percibir, a través de emociones, que es un producto que debe consumir. Con esta lógica publicitaria procedieron los comparecientes. Mancuso se esforzó en confirmar que fue un instrumento de las fuerzas del Estado, que fue usado como parte de un engranaje mayor que después lo demolió. No explica por qué creyó en que la alianza paramilitares-narcotraficantes-fuerza pública-políticos sería triunfadora. Como si el fenómeno hubiera brotado de la tierra sin semilla ni cultivador: el cansancio con la guerrilla los unió, estructuró y armó para ir a un conflicto armado a cometer atropellos que no querían cometer. Con esa lógica, los tres camuflaron la responsabilidad de sus acciones. Si las FARC destruían un pueblo era porque la fuerza pública estaba ubicada en medio de la población civil, aunque esté prohibido por el DIH. Como ellos necesitaban atacar a sus enemigos, era inevitable acabar con los poblados, por pobres que fueran. Igual, cuando las autodefensas masacraban a un grupo de civiles era porque se trataba de guerrilleros que los transportaban, les vendían provisiones, les daban techo o los adoctrinaban en las escuelas. Eran guerrilleros porque les ponían esta etiqueta. Por su parte, Uribe se abstuvo de suspender a los militares que asesinaban civiles para aumentar la cifra de guerrilleros dados de baja, y se abstuvo de derogar la política que los premiaba por hacerlo porque respeta el debido proceso y era necesario mantener la moral de combate de las tropas. Los tres son buenos mensajes publicitarios construidos con base en artificios retóricos para establecer percepciones positivas frente a acciones que, ante todo, necesitan responsables. Su propósito es dejar de ser percibidos como victimarios y pasar a ser víctimas de las circunstancias, desean entrar a las filas de las víctimas, por la puerta de atrás, haciendo alarde de un relativismo moral monumental. 3 La intención de Uribe de moldear el pasado a su gusto sobresale. Para él solo hay una verdad verdadera y aceptable: la suya. Ni la de sus contrapartes, ni la que producirá la CEV, ni las que presenten las evidencias técnicas de la Justicia Especial (JEP), ni los testimonios de los paramilitares y víctimas, ni la liberación de los archivos clasificados de los norteamericanos. Como ser superior -así se trata a sí mismo-, desconoce las instituciones surgidas del Acuerdo de Paz y para todo tiene su explicación. Esta característica, de creer que en una guerra todo se puede conocer y explicar, es lo que hace poco confiable su versión y clara su intención publicitaria. Lo cierto es que la verdad es difícil de encontrar, es incoherente e irracional, mientras que la mentira tiene lógica porque se construye con la razón. Se estructura pensando en cómo la audiencia puede aceptarla. De manera que cuando las versiones son claras, simples y lógicas, se puede tener la certeza de que se trata de mentiras o de verdades a medias. Uribe tiene la necesidad de explicar los crímenes cometidos bajo su política, por acción o por omisión, y sabe que, si se arma el rompecabezas de verdades dispersas a lo largo de la geografía colombiana y de las décadas de confrontación, se configuraría una verdad que desintegra su versión. Su sueño de configurar el futuro del país y dibujar el pasado se desvanecería. Al comparecer ante la CEV quiso desvirtuar de manera anticipada su informe, restarle validez, descalificarlo y anularlo. A la CEV y sus comisionados también los descalificó por parcializados, estigmatizadores, y por supuestamente haber tenido simpatías con la guerrilla. Uribe, conocedor del manejo de la opinión pública, necesita que sus audiencias lo sigan viendo como el redentor, el que recuperó la seguridad y permitió la prosperidad de su patria. Necesita detener la descomposición de su imagen. Cuando sostiene que no podía conocer lo que hacían sus militares al asesinar civiles para presentarlos como guerrilleros, estructura una mentira a partir de premisas creíbles. Sostiene que investigar es un proceso lento en el tiempo, que él partía de la presunción de buena fe y no podía creer que sus oficiales y soldados cometieran asesinatos. Remata con que su única fuente de información son sus subordinados y que ellos lo engañaron. Su performance llega a un clímax cuando el padre De Roux lee el crescendo de asesinatos, año tras año, bajo su Gobierno, hasta llegar a seis mil. Sencillamente, salta al otro lado del turbulento río: cuando supo que era cierto, destituyó a los oficiales, anuló las directivas y acabó con la política. ¿Qué mas podía hacer? Si bien la intención es ponerse por encima del mal, surge la pregunta que todos los interesados han repetido: ¿Qué objetivo buscaba el Gobierno y/o la fuerza pública con esos asesinatos a sangre fría si sabían que no estaban dando de baja a guerrilleros y, por lo tanto, esas muertes no debilitaban a la guerrilla? Por supuesto es el body counting que enseñan en la Escuela de las Américas. Es un mecanismo efectivo de medición del avance hacia el triunfo militar. Pero también obedece a una lógica de opinión: a mayor número de bajas es más fácil aumentar la percepción en la opinión pública de los avances militares. De manera que los asesinatos eran una mentira del gobernante para mantener el apoyo social a la política militar en marcha. Mentir, manipular, engañar a la opinión es fundamental para mantener el respaldo a la guerra. El dramaturgo Uribe recurre a las emociones de la audiencia que necesita una versión digerible ante semejante engaño. El excomandante en jefe nunca supo lo que ocurría. A Kennedy, Johnson, Nixon les pasó lo mismo en Vietnam. A Bush, Obama y Biden les pasó lo mismo en Afganistan, de triunfo en triunfo hasta la derrota final. La sostenibilidad de una guerra depende de la voluntad de una sociedad para librarla y sostenerla. Si se necesitan mentiras para sostener esa voluntad, bienvenidas. El engaño funciona muy bien cuando la verdad es inaceptable. ¿Y qué sería lo inaceptable en este caso? Que el presidente Uribe sabía lo que ocurría y lo permitió porque le convenía. Como es una verdad que sería repugnante, es inaceptable. En consecuencia, es fácil construir la mentira que sustituya esa verdad. 4 La comparecencia de Mancuso también deja ver la intención de construir percepciones positivas sobre su rol. Se presentó como víctima de la guerrilla que secuestraba, extorsionaba y le impedía progresar; víctima de un Estado incapaz de gobernar en todo el territorio; víctima del narcotráfico al que tuvo que acudir para financiar sus operaciones; y víctima de la manipulación de las fuerzas de seguridad que lo utilizaron para cometer crímenes que el Estado no podía cometer -pero sí quería- por el temor a sanciones internacionales. El excomandante se convirtió en aliado del Estado creando una estructura política que hacía acuerdos con los militares, con los dirigentes políticos, con empresarios, terratenientes y narcotraficantes. Con el Gobierno negociaba el nombramiento de mandos que los apoyaran en las regiones; con los políticos, el reparto de poder local -cargos y presupuesto- incluyendo los candidatos a votar en las elecciones; con los empresarios, los aportes, las zonas a liberar y las tierras a comprar; y con los narcotraficantes, los impuestos para operar en sus territorios. Mancuso reiteró que los apoyos del Estado no provinieron de ovejas descarriadas, sino de una política oficial a la que no se atreve a ponerle nombres, posiblemente porque los pactos de silencio siguen vigentes. Es una versión que tiene bastante lógica, por lo tanto, hay que dudar de ella. Por ejemplo, si una de sus motivaciones era buscar el desarrollo de sus regiones y generar bienestar, ¿por qué no hicieron este esfuerzo antes de promover el conflicto armado? ¿Como ganaderos no sabían que monopolizaban las mejores tierras con ganaderías extensivas que generaban poco empleo? Los campesinos sobrevivían en millares de pequeñas parcelas en unas de las zonas mas pobres del país. La precariedad de los servicios públicos, de educación, salud o vías era visible. Sin embargo, solo como guerreros se dieron cuenta que necesitaban traer desarrollo, inversión y empleo para generar bienestar y que la guerrilla era la que se los impedía. Es un argumento fácil de aceptar para quien poco conoce la realidad de esas zonas y el desprecio de los terratenientes por los campesinos y su bienestar. Cuando los paramilitares ordenaban masacres contra civiles, a las víctimas les ponían previamente la etiqueta de colaboradores y, por tanto, de guerrilleros, de acuerdo con su universo conceptual. Así, la percepción de esos crímenes se matiza, pues el ciudadano entiende que es inmoral masacrar, pero si las víctimas son guerrilleros el crimen se justifica: dejan de ser civiles inocentes porque son guerrilleros sin uniformes ni armas. Los paramilitares también necesitaban presentar resultados a sus superiores para sostener el apoyo político, económico y militar. Ese era el sentido de aumentar las cifras de muertos, de desplazados y de kilómetros cuadrados recuperados para la democracia. Es otra verdad que sería inaceptable. En esa sucesión de argumentos, tampoco sabían los paramilitares que los políticos se apropiaban de los recursos, que incumplían sus promesas electorales y que su interés en el bienestar colectivo era simbólico. Lo descubrieron cuando conquistaron los territorios y les correspondió gobernarlos. Primero contaron con la clase política como aliada -de allí nace la parapolítica- y luego descubrieron que eran saqueadores del erario. Entonces asumieron el control total de los municipios. Pero los registros demuestran que se dieron por igual al saqueo de los recursos públicos amparados en el terror que irradiaban. Esta versión no figura en la presentación de Mancuso. Pocos creerían si dijera que el propósito de su lucha era eliminar el minifundio, convertir a los campesinos sobrevivientes en asalariados de los proyectos agroindustriales que surgieran y utilizar los recursos públicos para dirigirlos a favorecer su modelo económico. Sería una verdad difícil de aceptar, y es una manera de eludir la responsabilidad alejando la posibilidad de unir a la sociedad a través del perdón sociológico. 5 Londoño elabora su discurso bajo los parámetros publicitarios de sus dos antiguos enemigos: él también fue víctima, se vio obligado a alzarse en armas ante la indolencia del Estado en medio de tanta pobreza e injusticia y tras el asesinato de millares de campesinos en los años cincuenta; las FARC surgieron como víctimas del abuso del poder y del sistema excluyente del Estado colombiano. Poco a poco, Londoño se incorporó a la vida propia de la guerrilla, siempre movido por la necesidad del cambio. Cuando entra al terreno de lo inexplicable, tampoco sabe a qué horas cometieron tantos hechos trágicos que no han debido ocurrir. No entiende por qué sus subordinados empezaron a asesinar civiles inocentes o políticos indefensos, o a mantener durante años a los secuestrados en condiciones indignas. No se explica por qué ni él ni sus compañeros del Secretariado rectificaron esas políticas a tiempo, por qué no dieron órdenes para corregir esas prácticas o por qué no sancionaron a los responsables. ¿Eran tan lentas las FARC para investigar como las instituciones en las que Uribe excusa su inacción? La explicación fácil, elaborada y, por lo tanto, poco confiable, es que era difícil saber lo que hacían sus subordinados, difícil controlarlos y disciplinarlos. La distancia, la complejidad de movilizarse en los territorios, las dificultades de comunicación, la autonomía de cada frente y la baja preparación de sus mandos medios se los impedía. Sin embargo, la sociedad sí conocía la degradación de las prácticas revolucionarias y confirmaba que los comandantes permanecían indolentes. Pudo ser el oportunismo militarista que los llevó a guardar silencio y aceptar esas prácticas como política por la efectividad de sus resultados. Pero es una versión inaceptable para la audiencia. Es más fácil dejar la idea de que perdieron el control de sus tropas por las condiciones tan adversas que les tocó enfrentar y que la degradación es un proceso del que solo se dieron cuenta cuando las cosas se habían salido de sus manos. Otra versión coherente, emocional y poco creíble. La diferencia de las versiones de las FARC es que partieron con un hándicap enorme. Nunca lograron comunicarse con la sociedad colombiana ni estudiaron los mecanismos del engaño para posicionarse como redentores de la sociedad ante un régimen opresivo, excluyente y asesino. Tan mal lo hicieron que llegaron a una imagen negativa del 90% que, considerando que su lucha era por el pueblo, es inexplicable. Los paramilitares cometían crímenes similares -o si se quiere peores- pero tenían buena imagen, aunque no luchaban por el pueblo sino por intereses económicos. Su popularidad se derivaba en gran medida de ser los verdugos de las FARC. Es una desventaja en reputación gigante para enfrentar a una audiencia trabajada durante cuarenta años a través de la prensa, la televisión, la radio y las redes sociales por sus enemigos. Pero Londoño no explica ni siquiera los errores comunicacionales. ¿Qué efecto buscaban al divulgar las imágenes de los policías, militares y civiles enjaulados como presas de caza? ¿Era una acción de propaganda con el propósito de debilitar la voluntad de combate de las tropas oficiales? ¿O quizás era para mostrar el poderío que habían acumulado al ser capaces de derrotar unidades militares, capturar a los sobrevivientes rendidos y mantenerlos meses y años como prisioneros de guerra? Mientras, para la sociedad, mantenerlos en esas condiciones era indigno, para las FARC era una proeza. ¿En qué momento perdieron el sentido común? Londoño no lo explica. Es la poco creíble dinámica de guerra. La versión que quiere asentar Londoño es desde la inocencia, no entiende cómo llegaron allá. Ocurría, pero no podían creer que ocurriera, pues en el ser revolucionario no caben esas conductas. Pero por lo visto, como en su mente eso no existía, era innecesario actuar para corregir lo que no ocurría y recuperar el auténtico espíritu revolucionario. Se salvaron muchos guerrilleros de morir fusilados por sus propias filas. Igual que los oficiales del Estado se salvaron de ser sancionados por las instituciones gracias a que Uribe desconocía los crímenes que cometían. La versión de Londoño, preparada y diseñada como las otras para vender una verdad amable, aceptable, que suavice las percepciones, es endeble. El ejercicio de la verdad requiere un esfuerzo mayor en el caso de las FARC por el desprestigio que cargan. 6 Los protagonistas tienen muchas ventajas para manejar las mentiras, esconder las verdades y construir falsas versiones. Su información es difícil de cuestionar, sea cierta, falsa o parcialmente cierta y falsa. Uribe, en especial, tuvo la oportunidad de construir su relato según sus necesidades y anticipar respuestas a datos y hechos. Preparó 62 puntos y con seguridad le faltaron muchísimos. Tuvo tiempo para darles coherencia y pensar cómo neutralizar las preguntas que lo pudieran desvirtuar. Omitió la extensa hoja de vida que confirma su cercanía y su apoyo al proyecto paramilitar, sin necesidad de reuniones. Organizó un gran homenaje -antes de ser presidente- al general Rito Alejo del Río, principal aliado de los paramilitares en Urabá que fue destituido tarde. Nombró director de un organismo de inteligencia (DAS) a un paramilitar y a otros asesinos como sus asesores, desde donde ordenaron ejecutar civiles y espiaron a la oposición y a la justicia para neutralizarla. Los hechos confirman que Uribe puso mandos militares afines a los paramilitares y las autodefensas, y a los servicios de inteligencia a su disposición, y permitió la coordinación de operaciones con la fuerza pública. Y como gobernador de Antioquia, presuntamente estructuró grupos de autodefensas con los futuros integrantes de los grupos paramilitares. Las manifestaciones del compromiso de Uribe con esa forma de lucha irregular, que se niega a reconocer pero que tampoco puede ocultar, hacen que se esfuerce en que sus audiencias lo interpreten como él necesita para quedar a salvo de la condena pública. Sin embargo, para resarcir a las víctimas se requiere que el ideólogo explique por qué creyó que el paramilitarismo era la forma de derrotar a las FARC, y que explique su desconfianza en las instituciones democráticas para imponer la soberanía en el territorio nacional a partir de satisfacer las necesidades de la población y solucionar los problemas, como el del acceso a la tierra, que generan el conflicto permanente. Desvalorizar la vida es otro de los mecanismos del engaño que usaron los excomandantes. La decisión de autorizar el asalto al campamento donde estaban secuestrados el gobernador de Antioquia, su comisionado de paz y varios integrantes de la fuerza pública, ilustra esa desvalorización. Uribe, informado del lugar donde escondían a los prisioneros, habría ordenado el operativo sabiendo el alto riesgo de provocar la muerte de los rehenes. ¿Por qué corre este riesgo por encima de asegurar la preservación de sus vidas? Pesa mas propinar un golpe y una lección a las FARC que salvar seres humanos. Era necesario quitarles valor a los rehenes, reformular su condición de víctimas para convertirlos en simples obstáculos en el camino para derrotar a las FARC. Las FARC debían entender que los secuestrados, en adelante, carecerían de valor de cambio político, económico o militar. Es interesante y preocupante que la lógica de las FARC fuera la misma del Estado colombiano. Los secuestrados o son nuestros o se mueren, y procedieron a su asesinato antes de que los rescatara el enemigo. Por supuesto, uno es un grupo irregular insurgente, y la otra fuerza es el Estado obligada a respetar la vida de los civiles. Es una doctrina antigua de las Fuerzas Militares colombianas que vio el mundo en la retoma del Palacio de Justicia (1985), cuando el Ejército, con el beneplácito del Gobierno, arrasó con magistrados y civiles atrapados en el asalto con tal de aniquilar a los guerrilleros. La vida de los rehenes dejó de tener valor para el Estado, y los militares -aun después de la toma- asesinaron a sangre fría a guerrilleros y rehenes rescatados. Esta es una actitud ilegítima que esconde la creencia en que provocar la muerte de inocentes es un sistema efectivo, aleccionador, que lleva al triunfo sobre el enemigo. Decir que fueron decisiones difíciles es un juego retórico cuando son decisiones sin fundamento ético, moral o legal. Sería un grave error seguir aceptándola como doctrina del Estado colombiano si se busca reconstruir la sociedad y sus instituciones a partir de una reconciliación social. Las fuerzas del Estado, los gobernantes o los inconformes no pueden seguir pensando que la muerte del adversario y la vida de los civiles que se encuentren en medio del combate es un valor menor. Es importante anotar la diferencia con el operativo que liberó a los tres norteamericanos, pues confirma cómo cuando un Estado (Estados Unidos) privilegia el rescate con vida de sus ciudadanos se puede lograr, así el cautiverio se postergue varios años. 7 La automanipulación en la presentación de los hechos y actuaciones de cada actor busca que la sociedad los acepte como ellos quieren ser vistos. Necesitan “vender” su verdad diseñando con cuidado las versiones para adaptarlas a lo que la gente está dispuesta a aceptar. El esfuerzo consiste en tejer lógicas amañadas, empacarlas de manera atractiva, quitar las aristas que hieran al consumidor. Para evitar que esto ocurra, la CEV debe ejercer su función de contrarrestar, exponer sus argumentos (sus verdades y hallazgos) y rectificar lo que sea necesario, para que cada cual acepte su responsabilidad en los atropellos y no simplemente los excusen, expliquen o justifiquen. La CEV tiene la capacidad para confrontar, cuenta con las fuentes suficientes para neutralizar los sesgos y los esfuerzos por desviar la búsqueda. Puede descubrir las mentiras disfrazadas de verdades, completar las verdades parciales y desechar las plenas mentiras. Sin embargo, parafraseando a Hannah Arendt,[2] la fragilidad de la verdad permite que el engaño sea fácil y hasta cierto punto tentador. Las versiones, cuando no entran en conflicto con la razón porque las cosas pudieron ocurrir como el mentiroso lo sostiene, son creíbles; las mentiras suelen parecer más creíbles y ser más atractivas a la razón que la verdad porque se estructuran con tiempo, paciencia y conocimiento; y el mentiroso tiene la ventaja de saber, de antemano, lo que el público desea escuchar. Por eso prepara su historia para el consumo público con el cuidado necesario para hacer creíble su versión. En cambio, la verdad tiene la desconcertante costumbre de confrontar a la gente con lo inesperado, y nadie está preparado para esta circunstancia. Es más fácil dejarse engañar que confrontar la versión del mentiroso, porque la audiencia sabe que una parte de su corazón moriría en ese ejercicio. En los relatos de los tres excomandantes, todas las piezas parecen encajar. Cuando esto ocurre se puede tener la certeza que se trata de un engaño. La verdad en los conflictos armados es incoherente, irracional, sorpresiva. Referencias [1] Hannah Arendt desarrolla esta idea en su texto The Pentagon Papers, de nov 17 de 1971 publicado en el New Yorker, en el que desarrolla el tema del engaño y el poder con profundidad. [2] Pentagon papers. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares En Arauca hay un profundo conflicto, no solamente armado (que es grande y grave), sino también relacionado al hecho de que parte de la sociedad araucana no cree ni confía en el poder central: por el contrario, en muchos casos, lo ven como enemigo. Ahora volvemos a presenciar la hipocresía y la retórica de siempre: que van a enviar más militares, policías y agentes de la Fiscalía. En esas llevamos más de cuatro décadas. El ritual se repite: consejos de seguridad, declaraciones del presidente, del ministro de Defensa, del comandante de las Fuerzas Armadas, del comandante del Ejército… pura retórica que nada soluciona. Arauca es el territorio con más militares y policías por kilómetro cuadrado. Sin embargo, esto no soluciona nada. Los grupos guerrilleros felices con que envíen más militares. Al respecto, cuando le hablaban de grandes contingentes militares, Manuel Marulanda, excomandante en Jefe y fundador de las FARC-EP, decía : «Que sea bien grande porque así más blanco dan». Se pueden enviar mil, dos mil o veinte mil militares más y nada se va a resolver de forma integral. La sociedad araucana debe levantar su voz y decir no solo que quieren vivir en paz, sino cómo lograrlo, y para eso hay que resolver una pregunta central: ¿qué se va hacer con el ELN y las disidencias de las antiguas FARC-EP? Si la fórmula es echarles bala, en esas llevamos más de cuatro décadas y ahí siguen los grupos armados. Un 14 de septiembre de 1980, 14 combatientes del ELN asaltaron el puesto de Policía de Betoyes, en Tame, Arauca, y anunciaron la aparición del Frente ‘Domingo Laín’. Desde entonces, 41 años han pasado y este grupo sigue siendo responsable de hechos violentos en el departamento. El pasado sábado 11 de septiembre, cuando el mundo recordaba los 48 años del golpe militar al presidente Salvador Allende, y los veinte años del ataque terrorista a las Torres gemelas en Nueva York, el ELN atacaba una patrulla militar en la vereda Jujuy, en Arauquita. El resultado de esta acción armada fue de 5 soldados muertos y 6 heridos. Una tristeza por donde se le mire. Estados Unidos salió de Afganistán y nada de fondo resolvió frente al terrorismo; el Estado colombiano le sigue apostando a derrotar militarmente al ELN y nada que puede. La sociedad Araucana debe pensar en su presente y su futuro. No pueden pasar otros 41 años en esta tragedia. Estamos entrando de lleno al debate presidencial, desde Arauca le deben presentar propuestas a las y los candidatos sobre qué hacer con esta violencia que les sigue agobiando. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Walter Aldana Político social alternativo Señores: Ejército de Liberación Nacional Comando Coordinador de Occidente Columna Móvil Dagoberto Ramos Columna Móvil Jaime Martínez Frente Carlos Patiño Águilas Negras Autodefensas Gaitanistas de Colombia Inicio reconociendo que no sé si se me escapa el nombre de alguna otra agrupación armada con presencia en nuestro departamento. La presente columna de opinión política y social, dirigida a ustedes, espera que por su difusión y conocimiento de ella en las zonas donde hacen presencia, pueda ser respondidacon el mismo respeto y la claridad con que me dirijo, comprometiendo solo mi nombre, como ciudadano y amigo de procesos comunitarios de colectivos hoy preocupados por el accionar cotidiano de sus unidades. En más de cinco décadas de guerra en el país, y obviamente en los campos de Colombia, tuvimos cerca de ocho millones de víctimas del conflicto armado. Los sucesivos Gobiernos, durante este tiempo, encontraron en el conflicto y sus dificultades de orden público la excusa para no desarrollar ni invertir dineros que propiciaran ingresos para una vida digna del campesinado, los sectores urbanos, los pueblos afros e indígenas, entre otros. La deuda social del Estado centralista así lo confirma, y de esta manera ahoga a las regiones en la pobreza y falta de oportunidades. La negociación en el 2016 con las FARC-EP fue un nuevo aliento de esperanza para las generaciones futuras: tendríamos un país sin guerra, con intereses variados, sí, pero con otras formas diferentes a las violentas para solucionarlas. Sin embargo, esta es una oligarquía pusilánime, falta de grandeza, incluso con quienes desde la “legalidad democrática” pretendemos ayudar a construirla. Según cifras de la JEP, han sido asesinadas más de 700 personas líderes y defensoras de derechos humanos y alrededor de 300 excombatientes también han sido víctimas de violencia homicida desde el 2016. A la salida de muchas personas (o de una gran mayoría de hombres y mujeres) conocidas como combatientes de las FARC-EP de los territorios, la nueva clase emergente capitalista desde inicios del nuevo siglo, ligada al narcotráfico (o mejor, utilizando al narcotráfico), se posicionó desde un discurso antiacuerdos en el momento en que vieron la centralidad de aspectos como verdad, justicia y reparación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Centro de Memoria Histórica y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en el marco del conflicto armado. Hoy, ante la incertidumbre que camina las veredas y los campos de nuestro rebelde y digno Cauca, me dirijo a ustedes en el interés de conocer pública respuesta a las garantías que lamentablemente no da la institucionalidad, y que requerimos desde los cabildos indígenas, los consejos comunitarios afros, las juntas de acción comunal y las organizaciones de la sociedad civil para que, independientemente de la ideología que profesen las y los candidatos a corporaciones públicas, puedan desarrollar su proselitismo electoral; y que no sea el miedo al accionar de las armas portadas por ustedes una limitante para presentar propuestas y alternativas de desarrollo. Reconocer la dirigencia social, no atentar contra su integridad física, sus organizaciones, sus cosmovisiones, sus símbolos y propuestas construidas comunitariamente… es el inicio de una Colombia más humana. Con respeto, solicito respuesta pública de parte de ustedes a este clamor social. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Laura Cano Periodista – Pares La violencia en el país no cesa. Desde la firma del Acuerdo de Paz, los asesinatos a líderes y lideresas sociales han sido uno de los problemas que más se han agudizado en Colombia. Según el Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES), desde el 24 de noviembre de 2016 hasta la fecha, se han registrado 675 asesinatos contra esta población (Te podría interesar el informe: Violencia contra personas líderes y defensoras: una realidad que traspasa fronteras). El panorama ha sido cada vez más crítico y, justamente, uno de los ojos que están puestos en esta situación son los de Global Witness, una ONG que desde el 2012 ha estado recopilando datos sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Desde su reporte de 2018, esta organización ha señalado que Colombia es el país más peligroso para las personas que ejercen este tipo de liderazgo. El 2020 no fue la excepción: de nuevo Colombia aparece como protagonista en este crítico informe. Hay que recordar que en el 2018 se presentó el reporte de 2017, año para el cual se registraba que, del total de los asesinatos cometidos en el mundo (97), 32 habían ocurrido en Colombia. Para el informe publicado en 2020 (sobre la situación en el 2019), 212 casos se reportaron a nivel global; entre esos, 64 fueron contra líderes y lideresas ambientales del país. Ahora, en el informe más reciente, Global Witness reportó un total de 227 asesinatos cometidos en el 2020, de los cuales 65 tuvieron lugar en Colombia: país que, de nuevo, figura como uno de los más peligrosos para el ejercicio de la defensa de los derechos ambientales. México y Filipinas son los dos países que le siguen en este informe: ocurrieron 30 y 29 casos, respectivamente. A pesar del panorama crítico de estos dos países, en Colombia se duplica el número de personas asesinadas respecto a las cifras de cada uno de ellos. El panorama general Como se mencionó anteriormente, Global Witness logró registrar 227 asesinatos contra personas líderes ambientales en el 2020. Esto significa que a más de 4 personas les fue arrebatada la vida cada semana. Hay que decir que, como se indica desde esta organización, es necesario reconocer el alto nivel de subregistro que puede haber en este panorama debido al poco seguimiento que se hace a este tipo de victimizaciones, así como a las restricciones de prensa y a la ausencia de registros independientes de ataques contra las personas defensoras del medio ambiente y el territorio. “Las disputas por la tierra y el daño ambiental –dos de las principales causas subyacentes detrás del activismo de las comunidades– también pueden ser muy difíciles de monitorear en las zonas del mundo afectadas por los conflictos. Sabemos que, más allá de los asesinatos, muchas personas defensoras y comunidades también son silenciadas mediante la utilización de tácticas como las amenazas de muerte, vigilancia, violencia sexual o criminalización. Y estos tipos de ataques son aún menos denunciados. Estos desafíos en el registro, junto con el requisito de cumplir con estrictos criterios de verificación para acreditar los asesinatos, hacen que nuestras cifras sean –casi que con certeza– una subestimación”, se lee en el informe. Adicionalmente, se identificó que las causas que más habían motivado estos crímenes había sido la oposición a la explotación forestal (23 casos), a la minería e industrias extractivas (17 casos) y a la agroindustria (17 casos). Además, muchos casos estaban relacionados con la sustitución de cultivos ilegales (17 casos), la reforma agraria (12 casos) y la defensa del agua (20 casos). En 112 de los hechos no se logró establecer el sector de defensa al que pertenecían las personas asesinadas. Asimismo, a pesar de ser Colombia el país con mayor número de casos, si se tiene en cuenta el registro per cápita, Nicaragua fue el país más peligroso para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente: en este país centroamericano se registraron 12 asesinatos, mientras que en 2019 se contabilizaron 5. A la violencia homicida se suma otra serie de victimizaciones a las que son expuestas estas personas defensoras: hostigamientos, persecución y criminalización, además de casos en los que la violencia sexual se ha utilizado como una herramienta para generar miedo a las personas que ejercen estos liderazgos, especialmente cuando se trata de mujeres. “Más de 1 de cada 10 personas defensoras asesinadas en 2020 eran mujeres. Si bien la cantidad de asesinatos registrados contra mujeres parece ser menor, quienes actúan y se manifiestan también pueden enfrentar amenazas específicas de género, incluida la violencia sexual. Las mujeres suelen enfrentar un doble desafío: la lucha pública para proteger su tierra, agua y nuestro planeta, y la lucha, a menudo invisible, para defender su derecho a manifestarse dentro de sus comunidades y familias. En muchas partes del mundo, las mujeres todavía están excluidas de la propiedad de la tierra y discusiones acerca del uso de los recursos naturales”, se agrega. Colombia, en alerta por asesinatos a personas defensoras de los derechos ambientales Ya son dos años en los que consecutivamente Colombia ha estado bajo la lupa como el país donde hay más asesinatos a líderes y lideresas ambientales. Y es que justamente en el país hay varios contextos que atraviesan esta situación, pues, por un lado, hay una situación generalizada de asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos que se ha agudizado desde 2016, pero además, son muchos los motivos estructurales por los que los ejercicios de liderazgo resultan necesarios. Por ejemplo, se han adelantado acciones relacionadas a la sustitución de cultivos ilícitos, en donde ha habido una fuerte oposición al uso de glifosato y a la erradicación forzada. En este contexto, además, se reportan casos en los que grupos campesinos son víctimas de ejecuciones extrajudiciales mientras la fuerza pública realiza este tipo de erradicación. Según el SIPARES, en el 2020 ocurrieron tres de estos hechos registrados en Antioquia, Norte de Santander y Nariño. Además, desde varios sectores se han realizado actividades contra el fracking, para promover que los territorios estén libres de esta actividad y para que, además, se respete el derecho a la consulta previa a la que las comunidades tienen derecho. Y a esto se suma toda la lucha por la tierra, que históricamente ha sido una de los motivos que más ha llevado a la conflictividad en el país. Este escenario se complejiza aún más teniendo en cuenta la proliferación y el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales, pues a pesar de la firma del Acuerdo de Paz y de la salida de las FARC-EP, muchos otros grupos han copado las zonas del país, agudizando la situación de violencia y dejando como una de sus grandes víctimas a defensores y defensoras de derechos ambientales. Muchos de estos grupos actúan a través de la financiación de estructuras a las que les benefician las acciones contra el medio ambiente por las que muchos líderes y lideresas trabajan. De acuerdo al informe de Global Witness, precisamente, un actor central que tendría responsabilidad en buena parte de los casos que ocurren a nivel global se trata del sector conformado por empresas y corporaciones que, en muchos casos, contarían incluso con la complicidad de los Gobiernos de los países en que estas victimizaciones ocurren a gran escala. Como se mencionaba en el título de este artículo, vuelve y juega: por segundo año consecutivo, Colombia es el país más peligroso para la defensa del medio ambiente en el mundo. Esta realidad pone sobre la mesa el cuestionamiento relacionado a cuáles han sido las medidas de protección que se han tomado desde el Estado para garantizar la vida de líderes y lideresas sociales del país, pues los llamados han sido muchos, y las acciones por parte de las instituciones encargadas parecen quedarse cortas.

Por: Laura Cano Periodista – Pares Esta semana se conoció que otra ficha más del ‘Clan Aguilar’ estaba en una encrucijada judicial. Se trata del representante a la Cámara, Edwin Ballesteros, quien el pasado miércoles renunció a su curul. Esto tras verse implicado en un proceso que lleva la Corte Suprema de Justicia por el escándalo relacionado a un supuesto entramado de corrupción en la Gobernación de Santander durante el mandato de Richard Aguilar. Finalmente, durante ese día, la renuncia fue aceptada en plenaria con 131 votos a favor y 15 en contra (Te podría interesar: Richard Aguilar: una ficha del clan político de Santander que cayó). Hay que recordar que justamente un día antes, el 7 de septiembre, se había conocido que Ballesteros había quedado formalmente vinculado a la investigación que adelanta en su contra la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en materia de contratación. Durante ese mismo día se conoció que los abogados del representante del Centro Democrático habían presentado su renuncia: el exfiscal Eduardo Montealegre y el exmagistrado Julio César Ortiz. “Esta renuncia la presentamos ante su Despacho, en virtud de la flagrante vulneración de garantías constitucionales por parte del magistrado, especialmente la violación del derecho fundamental a la defensa, durante la diligencia de indagatoria que fue celebrada el día de hoy, dentro del proceso de referencia», se lee en el documento enviado al magistrado Héctor Alarcón, encargado del caso. Al respecto, es importante mencionar que en la indagatoria, citada para el 23 de agosto pasado, también Francisco Bernate, quien llevaba el caso, había renunciado al mismo. Ballesteros es investigado por el Alto Tribunal, desde junio de este año, por presuntos hechos de corrupción mientras estuvo al frente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant), entre 2014 y 2016. De esta forma, la Corte deberá también indagar si Ballesteros incurrió en concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho. Esto se pretende esclarecer a través de la investigación de tres contratos: el primero es el 157 de 2014, firmado entre la Empresa de Servicios Públicos de Santander e Ingream S.A.S por $1.188.804.830, bajo el objetivo de realizar mantenimiento del sistema de alcantarillado en un sector del municipio de Sucre, Santander. El segundo data del 23 de febrero de 2015 y fue realizado con la Unión Temporal Enciso Potable, por 472 millones de pesos, para una planta de potabilización de agua en Enciso, Santander. Justamente con esta misma unión temporal se celebró el otro contrato, el cual se realizó por 4 mil millones de pesos para el sistema de acueducto en el municipio de Landázuri. Hay que recordar que todo este caso se estableció a través de la investigación que se le adelanta a Richar Aguilar, quien fue capturado el 27 de julio por el CTI de la Fiscalía. Los motivos que llevaron a la captura de Aguilar tienen que ver con una serie de denuncias que se relacionan con su gestión mientras fue gobernador de Santander, cargo en el que estuvo desde el año 2012 hasta el 2015 (periodo en el que se habrían suscrito una serie de contratos, a través suyo, en los que se acusa que hubo irregularidades). Aguilar también es investigado desde el pasado mes de marzo por la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Instrucción le abrió investigación formal por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propio y de terceros. Además, también se establece que pudo haber una posible concertación para delinquir, hechos en los cuales, al parecer, abusó de su poder y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva. “Según las investigaciones que se han hecho, a diferencia de Aguilar, que fue capturado estando en ejercicio del cargo, Ballesteros podría hacerle ‘conejo’ a la justicia. Esto porque la información que existe es que, en ejercicio de sus funciones, habría participado del presunto entramado de corrupción de medio billón de pesos”, expuso al respecto Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares).

Por: Laura Fajardo (investigadora) y Nataly Triana (asistente de investigación) Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad – Pares En los 2.219 kilómetros de extensión que componen la frontera entre Colombia y Venezuela, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha podido reconocer con exactitud cinco cruces ilegales en Norte de Santander, 14 en la subregión del Catatumbo[1] y cuatro en Maicao, La Guajira[2]. En estos pasos ilegales se han presentado los fenómenos de tráfico y trata de personas desde el cierre de las relaciones diplomáticas entre ambos países, en el 2015. Sin embargo, estos fenómenos se han hecho más visibles y se han fortalecido desde la emergencia sanitaria provocada por el covid-19 y el cierre unilateral de la frontera desde Venezuela. Delitos brutales El tráfico y la trata de personas son delitos que suelen estar correlacionados, y en el caso de las trochas es posible que ambas actividades ilegales tengan lugar allí. A nivel penal y conceptual, se trata de hechos diferentes. El tráfico consiste, principalmente, en el paso irregular de una o varias personas por el territorio de su país de origen y/o hacia el exterior de este. En el caso de la frontera colombo-venezolana, el contacto con la persona traficante se da de manera voluntaria y la relación con esta termina con el pago y el cruce del paso irregular. Por otro lado, la trata de personas consiste en la explotación o el aprovechamiento ilícito de un tercero. En este caso, el beneficio se encuentra relacionado con una o varias condiciones de vulnerabilidad de la persona afectada y, por ende, existe una posición de poder por parte de quien comete este delito. En este sentido, la principal distinción entre el tráfico y la trata de personas es que para el primer delito se puede dar un consentimiento, pero esto nunca ocurre cuando se presenta el segundo delito. Aunque la trata de personas es, sobre todo, conocida por el fin de la explotación sexual, este delito tiene diferentes modalidades que no son excluyentes entre sí y, por lo tanto, pueden presentarse simultáneamente. Es el caso, por ejemplo, de la explotación laboral, el establecimiento de relaciones filiales, la comisión de delitos, el reclutamiento por temas de conflicto armado, la explotación sexual y la comercialización de órganos y tejidos. De esta manera, el delito de la trata es mucho más complejo si se tiene en cuenta que se traduce en la captación, transporte y/o traslado de personas y el mantenimiento de las condiciones y modalidades de explotación. En el contexto de la frontera colombo-venezolana, las redes de trata no siempre se dedican al tráfico, pero pueden tener relaciones con los grupos al margen de la ley que cometen este delito. De allí se desprende que son delitos que suelen estar correlacionados. La explotación sexual es una de las manifestaciones predominantes y más visibles de la trata. En la región fronteriza, recientemente, Pares ha identificado que esta actividad tiene lugar a través de la pornografía y actividades relacionadas al modelaje webcam. Otra de las modalidades de trata, según el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, es el matrimonio servil: el sometimiento laboral y/o sexual de mujeres jóvenes que son obligadas a contraer matrimonio y cumplir con todos los roles y expectativas tradicionalmente asignados al cuidado y la satisfacción sexual masculina. En estas circunstancias, las mujeres también se encuentran ante un tipo de secuestro al interior del hogar, incomunicadas con el mundo exterior y sin sus documentos de identificación. Ahora bien, el lugar donde se produce la trata es determinante para establecer si es de carácter interno o externo. La diferencia radica en que la trata externa es aquella que involucra el desplazamiento de la víctima con fines de explotación fuera del territorio nacional[3]; mientras que la trata interna implica la explotación al interior del territorio nacional. Anteriormente, Colombia era conocida por ser un país de trata interna en las modalidades de explotación sexual, trabajo forzado y matrimonio servil, pero tras la explosión de cruces ilegales y grupos armados en las trochas, el país se ha convertido en receptor de trata externa. Esto es evidente tras las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo: N°037-19 de inminencia, N° 024-19 de inminencia y N° 035- 20. Los perpetradores Entre las organizaciones que tienen en sus repertorios de violencia la trata de personas se encuentran ‘Los Rastrojos’ y el ‘Tren de Aragua’. De acuerdo a investigaciones previas realizadas por Pares, los corredores de estas organizaciones son, para el caso de ‘Los Rastrojos’, la trocha Boca De Grita, en Puerto Santander, y La Marina, en Villa del Rosario; mientras que el ‘Tren de Aragua’ tiene control en la trocha Los Mangos y Sector Cortina Rojo, en Villa del Rosario[4]. Actualmente, para el caso de Boca De Grita es importante establecer cómo se ha configurado el mercado de la trata de personas, teniendo en cuenta que, en medio de las disputas por el control territorial de esta trocha, el ELN ha logrado desplazar a ‘Los Rastrojos’ y, por ende, ha logrado una presencia mayoritaria, pero no hegemónica, en Puerto Santander. Las investigaciones adelantadas por Pares, con el apoyo de NED, en la frontera colombo-venezolana de Norte de Santander y La Guajira, con los respectivos estados venezolanos del Táchira y Zulia, permitieron develar que se mantiene ​​una migración con un carácter de permanencia hacia Colombia, y una migración pendular en la consecución de víveres y medicamentos para comercializar en Venezuela. Debido a la porosidad y el carácter lucrativo de las trochas, las redes de trata han establecido sus mecanismos de captación, cooptación y dominio en ambas formas de migración. De acuerdo con fuentes territoriales de Pares, en Puerto Santander la trata externa de población migrante tiene lugar tanto en la migración con carácter de permanencia como en la pendular, y la principal modalidad conocida es la explotación sexual. Sin embargo, la forma de captación es diversa incluso al interior del mismo tipo de migración. Según la información obtenida mediante entrevistas y grupos focales, las migrantes vulnerables pueden ser cooptadas desde Venezuela con falsas ofertas laborales en Colombia o por fuera de este país[5], e incluso en el mismo municipio receptor. Así mismo, pueden ser captadas a través del proceso de paso por las trochas. Es relevante mencionar que el proceso de captación puede presentarse con o sin mecanismos de coacción físicos, pero casi siempre involucran mecanismos de manipulación psicológica. En este municipio, Pares ha podido identificar que las redes de trata captan a las víctimas desde el interior de Venezuela y las pasan a través de las trochas, les confiscan sus documentos y las ubican en casas de Puerto Santander o Cúcuta, en donde permanecen custodiadas y sin comunicación. De igual forma, en un reciente informe, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) identifica otras rutas a través de las cuales han sido conducidas las víctimas: por ejemplo, desde ciudades y/o municipios fronterizos hacia ciudades del Caribe como Santa Marta, Cartagena o Panamá[6]. Algunas de ellas también son transportadas hasta Bogotá para establecerlas en hogares. Para el caso de la migración pendular, se ha logrado identificar que las redes de trata coordinan el paso con las organizaciones de tráfico de jueves a domingo, y las personas son trasladadas a ciudades fronterizas para su explotación sexual. En este caso, las redes de trata son de carácter transnacional. ¿Y las instituciones? El Gobierno nacional ha dispuesto de mecanismos legales e institucionales como el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas, establecida bajo la Ley 985 de 2005[7], y la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas[8]. No obstante, estos mecanismos han resultado insuficientes al diagnosticar, judicializar y prevenir la trata de personas en municipios receptores y emisores de trata externa. Un ejemplo: el municipio de Puerto Santander, el cual es identificado por Pares como un lugar importante de tránsito y operatividad de redes de trata transnacionales. En este municipio, de acuerdo a información otorgada por un funcionario de la Alcaldía, “el trabajo se ha concentrado en la actualización de un decreto establecido desde el 2017”, pero no se han desarrollado acciones de diagnóstico, reconocimiento, prevención y recepción a migrantes víctimas de trata. Lo anterior se dificulta aún más cuando desde funcionarios del Concejo de este municipio se percibe que no existe la trata de personas, sino la inducción a la prostitución. Esta perspectiva entorpece las posibilidades de que las distintas entidades del municipio trabajen de manera articulada en torno al acceso de servicios de asistencia para víctimas de trata, generando, además, obstáculos a los procesos de investigación y judicialización. Esta realidad ha permitido que, tanto desde la institucionalidad como desde la población civil, se naturalice la presencia y operatividad de las redes de trata, confundiendo conceptualmente el trabajo sexual con la explotación sexual, manteniendo los estigmas sobre el trabajo sexual como un “oficio de mujeres fáciles”, desconociendo así la legitimidad del trabajo sexual y el drama humano que se esconde detrás de quienes son explotadas sexualmente. Por este motivo, Pares establece que es importante que las acciones para responder de forma integral a la problemática de la trata de personas estén orientadas a: Generar acciones en conjunto con otras entidades regionales y de cooperación institucional que cuentan con la capacidad investigativa de recolectar información y brindar un análisis que nutra el debate. Solo a través de buenos diagnósticos se puede comprender la complejidad de estas dinámicas para avanzar en la creación de estrategias y mecanismos que respondan a esta realidad, sobre todo en lo que se refiere a la capacidad de reconocimiento y aproximación con las modalidades de trata menos conocidas por la institucionalidad, como es el caso del matrimonio servil. Crear estrategias educativas desde la institucionalidad, en alianza con las organizaciones civiles, para la formación de servidores públicos y funcionarios de atención primaria a mujeres víctimas de trata. Esto con el objetivo de que se reconozcan las diferencias sustanciales entre la trata, el tráfico y la inducción a la prostitución, para evitar procesos de revictimización y estigmatización contra las mujeres afectadas. Desarrollar campañas y procesos de formación con organizaciones de mujeres en territorios. Esto con el propósito de generar mecanismos alternativos de recepción y acompañamiento en los procesos de denuncia. Articular la lucha contra la trata con organizaciones de mujeres trabajadoras sexuales en cada uno de los territorios, teniendo en cuenta que son estas mujeres las que mayores conocimientos tienen sobre las dinámicas, relaciones y procesos que se dan alrededor de los grupos criminales transnacionales que se dedican a estas actividades ilegales. Esto implica trabajar sobre la implementación de estrategias y acompañamiento para garantizar condiciones dignas del trabajo sexual. Referencias [1] Tomado de: https://pares.com.co/wp-content/uploads/2020/12/Seguridad-y-Migracion-frontera.pdf [2] Tomado de: https://pares.com.co/wp-content/uploads/2020/02/INFORME-DE-SEGURIDAD-EN-LA-FRONTERA-1.pdf [3] Tomado de: https://tratadepersonas.mininterior.gov.co/trata-de-personas/que-es-la-trata-de-personas [4] Tomado de: https://pares.com.co/wp-content/uploads/2020/02/INFORME-DE-SEGURIDAD-EN-LA-FRONTERA-1.pdf [5] Tomado de: https://www.laopinion.com.co/contenido/judicial/asi-se-movia-la-familia-que-conformo-una-red-de-trata-de-personas-en-cucuta [6] Tomado de: https://repositoryoim.org/bitstream/handle/20.500.11788/2301/ROBUE-OIM%20033.pdf?sequence=1&isAllowed=y [7] Tomado de: https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0985_2005.htm [8] Tomado de: https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/7._decreto_1036_del_24_de_junio_de_2016.pdf

“Si la escritura es verdaderamente neutra, si el lenguaje, en vez de ser un acto molesto e indomable, alcanza el estado de una ecuación pura sin más espesor que un álgebra frente al hueco del hombre, entonces la literatura está vencida”. Roland Barthes, “El grado cero de la escritura” Por: Juan Sebastián Peña Editor y redactor – Pares En su ensayo “Salir de la censura”, al reflexionar sobre uno de los mecanismos al que históricamente han apelado distintos órdenes políticos para sostenerse el poder, Coetzee nos recuerda que detrás de todo gesto de censura suele esconderse una patología propia de las dictaduras o de los regímenes inseguros: la paranoia. Y describe allí mismo este tipo de trastorno: “los paranoicos se comportan como si el ambiente estuviera repleto de mensajes codificados que se burlaran de ellos o tramaran su destrucción”. Parece ser esta una de las tantas enfermedades que padece el actual Gobierno en cabeza de Iván Duque. Este diagnóstico no solo se encuentra confirmado en los hechos más notorios, como en la respuesta violenta del Estado colombiano a las recientes movilizaciones sociales que remecieron al país y que expusieron las múltiples demandas de distintos sectores de la sociedad civil con los que el Gobierno tiene deudas históricas, sino también en un detalle tan simple como las razones que dio Luis Guillermo Plata, embajador en España, para haber invitado a ciertos escritores y escritoras a participar de la Feria del Libro de Madrid en representación de Colombia, el país invitado de honor a este evento. Respecto a esto, en una declaración para el portal Libertad Digital, Plata afirmó lo siguiente: «Uno no quisiera que una feria literaria se convirtiera en una feria política. Ni para un lado ni para el otro”. Y, en ese sentido, afirmó que, por eso, en esta selección “se ha tratado de tener cosas neutras donde prime el lado literario de la obra». Más allá de la reducida y escasa comprensión sobre “lo literario” (y, en un sentido más amplio, sobre “lo estético”) que sus declaraciones demuestran, en las palabras de Plata, me parece, se revela un posicionamiento ético afín al Gobierno de turno: la defensa a ultranza (desde el lenguaje y, también, desde la violencia) del orden de las cosas: del status quo. Al defender la posibilidad de una supuesta neutralidad de la literatura, implícitamente se busca construir una imagen de la realidad como algo que debe permanecer intocado frente al ejercicio de la palabra. Todo intento por intervenir, (re)nombrar, (re)construir, alterar, (re)crear y cuestionar aquello que concebimos como real (ejercicio que desde la literatura se concibe a partir del empleo del lenguaje) resulta amenazante para los intereses de quienes se benefician del orden social, político, cultural y económico vigente. La conciencia de este potencial radicalmente transformador del lenguaje pone en vilo la sostenibilidad del status quo. Desde la posición en que se formulan los criterios de selección referidos por Plata (en los que se privilegia una supuesta neutralidad de “lo literario”), se cree —como si aquello fuera viable— que es posible despojar al lenguaje de su inherente carácter creador, revelador y postulador de realidades otras: una higienización del lenguaje a costa del lenguaje mismo. Y, en ese camino, se aspira a negar la dimensión política ya no solo del lenguaje, sino de sus hablantes, de las personas que inevitablemente nos valemos de cualquier sistema de símbolos para decir, pero también para ser. Desde esta perspectiva des-politizante y, por lo tanto, deshumanizante de “lo literario”, el sujeto que habla o escribe sería, pues, una entidad capaz de despojarse de imaginarios, experiencias, saberes, sentires, creencias, historias, emociones, en fin, de todo lo que compone nuestra hechura humana, y de asumir una posición “neutral” frente a la realidad. Detrás de la exaltación de esta supuesta neutralidad a la que podrían y deberían llegar quienes tienen la escritura como oficio, se esconde (de forma consciente o inconsciente) un interés por perpetuar una visión de la realidad como algo ajeno al actuar humano; como una exterioridad unívoca, monolítica, inapelable, incuestionable, monológica y, por lo tanto, intransformable. Frente a un orden como este, la única respuesta humana esperable sería la resignación. Sin embargo, múltiples textualidades que reconocemos como “literarias”, justamente, parecen resistirse a quedar sometidas al orden de las cosas. El acto mismo de escribir, nombrar o decir, implica ya un acto transgresor: un rompimiento del silencio, la aparición de un relato in-esperado, una versión sobre el mundo que emerge y exige ser reconocida; que irrumpe y demanda ser partícipe de la construcción de lo real. Nuestras palabras crean aquello que, muchas veces, creemos simplemente estar nombrando. Ya no solo la literatura, sino el lenguaje mismo, lejos de poder ser una sustancia neutral, transparente y pasiva, es parte constitutiva de la realidad. Movido por esa convicción, Wittgenstein afirmó alguna vez: “Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo”. No solo resultaría imposible alcanzar un lugar “neutral” desde un aparente uso aséptico del lenguaje, sino que, inevitablemente, el lenguaje mismo nos posiciona en el mundo: el barro del que están hechas nuestras palabras y silencios contradice la posibilidad de la neutralidad. Y es precisamente el despliegue de esta conciencia aquello que parece perseguir “lo literario”. Los lugares, espacios y tiempos otros que abre la literatura nos recuerdan la apertura e inestabilidad de los mundos que nos rodean; su carácter ficcional, histórico, temporal… humano, a fin de cuentas. La incompletitud y parcialidad de todo lo que nos rodea (creencias, valores, formas de vida, formas de gobierno, entre otros) demanda de nuestra parte un ejercicio activo, crítico, transformador, creador. El carácter abierto de la realidad que la literatura (y, en general, el arte), muchas veces, nos revela y recuerda, nos sitúa en un lugar desde el cual es posible reconocer la responsabilidad ética de construir, a partir del uso que hacemos de los lenguajes que tenemos a la mano, realidades más humanas, plurales, incluyentes, sensibles y democráticas. De modo que no solo se trata de que sea cuestionable la posibilidad de un posicionamiento neutral ante el mundo, sino de que no existe tal cosa que el embajador Plata ha llamado “el lado literario” de una obra. Nuestro lenguaje mismo solo es posible por su ineludible dimensión literaria constitutiva, por su inevitable capacidad creadora. No es que haya un lado literario del lenguaje (o de una obra), es que la urdimbre misma del lenguaje es literaria: la literaturidad es su forma de ser. “Lo literario” es inseparable de lo político porque el lenguaje es inseparable de lo humano. Todo espacio abierto por la literatura es un lugar que, al abrirnos al mundo y permitirnos estar en él, desdice de la neutralidad. Al tener que empalabrar la realidad para hacerla comprensible y habitable, inevitablemente, somos animales literarios y, por lo tanto, políticos. Todo esto es lo que, en medio de su pulsión paranoica (tal como la que caracteriza al Estado que representa), por interés o por desconocimiento, el embajador Plata parece haber pasado por alto en sus declaraciones. La capacidad de la literatura de reivindicar sentidos políticos liberadores, al contribuir a revelar la heterogeneidad y complejidad de la realidad (tal como lo hicieron las múltiples expresiones de inconformidad que han sacudido al país en el marco del último paro nacional), parece ser aquello a lo que este Gobierno paranoico e inseguro le teme; así como le teme a todo acto molesto e indomable que sea una reafirmación de la diversidad, la vitalidad, la disidencia, la creación, la inconformidad y el cambio. El nuestro es un Estado, por antonomasia, contra-literario y, por lo tanto, contra-humano. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Laura Cano Periodista – Pares Luego de varias semanas en las que varios sectores pedían la renuncia de Karen Abudinen al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, a causa del escándalo por la pérdida de $70.000 millones con los que se pretendía llevar internet a zonas alejadas del país, finalmente el presidente Iván Duque solicitó la renuncia de la ministra, quien deberá dejar el cargo en los próximos días. Esta decisión se tomó en medio de la moción de censura que enfrenta la ministra, proceso de control político en el cual también tambaleaba, pues recientemente se conoció que la bancada del Partido Liberal (la más grande en la Cámara de Representantes) había decidido votar a favor la moción de censura en contra de Abudinen. “La bancada de Cámara del Partido Liberal en sesión virtual, el día 8 de septiembre de 2021, por votación mayoritaria ha aprobado votar favorablemente la moción de censura contra la ministra de la TIC, Karen Abudinen, para que sea separada de su cargo, por considerar que existen argumentos para atribuirle responsabilidad política”, se lee en el comunicado de los liberales. Y es que justamente antes de que el presidente solicitará la renuncia de Abudinen, ya eran múltiples las exigencias para que la funcionaria dejara su cargo, y una de las acciones adelantadas fue la que se dio en el Congreso, en donde citaron a Abudinen a debate de control político y moción de censura. Con todo esto, y como afirmaba Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), a través de su cuenta de Twitter, quedan tres preguntas: “1. ¿En manos de quién quedará el Ministerio?, ¿nuevamente en manos de los Char o pasará a Vargas Lleras? 2. ¿Qué pasará con los 70 mil millones? 3. ¿Karen Abudinen será candidata a la Alcaldía de Barranquilla?”. Por otro lado, hay que recordar que el proceso está siendo investigado por la Procuraduría desde el pasado 27 de julio: “actualmente se encuentra en etapa probatoria para determinar eventual apertura de investigación”, comunicó el organismo. Y desde la Fiscalía se ha aseverado que se están realizando investigaciones a los funcionarios públicos del MinTIC que participaron en el proceso de evaluación del contrato, así como en la elaboración de las pólizas y los documentos del acuerdo. En la tarde del pasado 24 de agosto el organismo realizó una inspección en la sede del Ministerio para recaudar la documentación relacionada con el contrato suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados. La denuncia de la pérdida de los 70.000 millones Precisamente, hace unas semanas se conoció este escándalo relacionado a la celebración de un contrato por más de un billón de pesos entre el MinTIC y la Unión Temporal Centros Poblados. A través de este acuerdo se pretendía llevar conectividad a 7.277 puntos en lugares apartados del país. El contratista debía comprometerse a garantizar todo el proceso de arquitectura, diseño, solución tecnológica, instalación y funcionamiento hasta diciembre de 2031. Del total del dinero, un 6.55% le fue entregado como adelanto. El proceso inició en diciembre de 2020, pero en los últimos meses habían empezado a ser alertadas una serie de inconsistencias. Por una parte, el consorcio (Unión Temporal Centros Poblados) presentó una garantía que no había sido expedida por el Banco Itaú, situación que fue advertida por la ministra Karen Abudinen el pasado 25 de junio. Además, a esta situación se sumaba el preaviso de la falta de experiencia, capacidad técnica y financiera del consorcio para poder ejecutar el contrato. Tras esto, el pasado 19 de julio se anunció la declaratoria de caducidad del contrato que se había firmado con la Unión Temporal Centros Poblados y que cubría la región denominada “B”, la cual estaba conformada por los departamentos de Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada. Además, la situación llevó a la cartera a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Dado esto, el pasado 13 de agosto se conoció que había quedado en firme la caducidad del contrato entre el MinTic y la Unión Temporal Centros Poblados por $1,07 billones. Esto luego que Adriana Vivas Robles, delegada de la ministra de las TIC, Karen Abudinen, rechazara el recurso de reposición presentado por Centros Poblados. En respuesta a esta situación, el abogado de este consorcio, Jorge Pino Ricci, aseveró que a la Unión Temporal se le había violado el debido proceso y que solo un juez de la república podía decidir o no la caducidad del contrato. En efecto, la defensa de la Unión Temporal presentó una acción de tutela y esta fue analizada por un juez de Puerto Colombia (Atlántico), quien decidió frenar el proceso de caducidad y de embargo que había iniciado la cartera que dirige Karen Abudinen. Hay que señalar que, además, la Unión Temporal había afirmado que actuaron de buena fe y que tienen cómo probar que no tienen nada que ver con la emisión de pólizas falsas. Con esta decisión judicial, las resoluciones del 19 de julio de 2021 y del 13 de agosto de 2021 quedarían suspendidas, así como cualquier decisión que hubiese sido tomada en los últimos meses, lo que incluye también los pagos que le habían sido impuestos a la Unión Temporal. Asimismo, se pondría freno a la decisión que se había tomado desde el MinTIC de entregar a ETB el contrato por $1,07 billones que le había sido caducado a la Unión Temporal Centros Poblados. Este panorama indicaba que se abría otro capítulo en este caso. Sin embargo, el juez Alberto Mario Ospino, quien había ordenado frenar la caducidad del contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados y el MinTIC, decidió revertir la decisión dejando en firme las acciones tomadas por el MinTIC. Tras todo esto, en la cartera se presentaron varias renuncias, entre ellas la del director de infraestructura de esta cartera, Camilo Jiménez, las de otros siete funcionarios de esta área y las de dos de las funcionarias más cercanas a Abudinen: la secretaria general del MinTIC, Adriana Meza, y la subdirectora de Gestión Contractual, Sandra Orjuela. Hay que mencionar que estas personas están vinculadas con este escándalo. Adicionalmente, en medio de todo esto, Karen Abudinen comunicó que se habían embargado cuentas bancarias, los inmuebles y los vehículos de la Unión Temporal Centros Poblados y de sus integrantes por su implicación en este hecho. A esto se suma que, el pasado fin de semana, en su columna publicada en El Tiempo, Germán Vargas Lleras denunció que Abudinen también estaba relacionada con un contrato que presentaba irregularidades entre el MinTIC y la empresa 4-72. Sobre esto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó que sí encontró mérito para la apertura de una investigación administrativa sobre la contratación. Lo que denunciaba el exvicepresidente era que en el contrato se había dado una presunta colusión (convenio o contrato hecho entre dos o más personas en forma clandestina, con el objeto de defraudar o perjudicar a alguien) para unas licitaciones que se abrieron este año, y a pesar de las alertas que se hicieron, nadie del Ministerio tomó medidas al respecto. Hoy, la renuncia parece ser una victoria para quienes, desde distintos sectores, insistían en la renuncia de Abudinen. Asimismo, se espera que, en efecto, las investigaciones puedan avanzar y esclarecer lo sucedido para que se conozca quienes fueron los responsables. Y, con mucha más urgencia, se espera que finalmente el proceso de conexión se lleve a cabo y que quienes se iban a ver beneficiados con la conectividad de internet pronto puedan hacerlo.