Por: Harvey Santiago Moyan Polindara Enlace territorial para el norte del Cauca – Pares El 7 septiembre, en la Universidad Autónoma Indígena e Intercultural (UAIN), se llevó a cabo la minga de pensamiento, en la cual participaron las organizaciones que hacen parte de la Asamblea Nacional Popular (ANP) y de la Minga Suroccidente. Delegaciones de Medellín, Bogotá, Cali, Cauca y Nariño se encontraron para compartir sus visiones, apuestas, métodos y planteamientos políticos de cara a los retos que quedaron del gran estallido social que representa el paro nacional. “El paro no ha parado, el paro continua. El paro sigue en movilización desde los territorios”, afirmó un participante del espacio en el que se proyectó la socialización de la declaración política de la III Asamblea Nacional Popular y de los planteamientos realizados por el Consejo Regional Indígena que se expresan en lo que llaman “Pacto Nacional”. Antes de compartir de qué trata cada una de las propuestas, es importante tener en cuenta la lectura de contexto que pusieron sobre la mesa las personas participantes del espacio. Al respecto, es posible identificar unos elementos de análisis de lo acontecido en estos dos últimos años, especialmente en lo que se refiere la movilización social en Colombia. A continuación, me permito recoger las cuatro ideas principales que —a mi modo de ver— se plantearon en el espacio y las cuales fueron consensuadas entre ambas partes. La pandemia mundial por covid-19 desnudó los problemas económicos que venían de tiempo atrás en nuestro país. Además, visibilizó la desatención estatal de las periferias urbanas y del campo colombiano. El actual modelo económico está afectando a las comunidades, sobre todo teniendo en cuenta que privilegia el dinero sobre el bienestar de las personas, negando el derecho a tener derechos. El Gobierno en cabeza de Iván Duque Márquez le aposto a una represión violenta de las manifestaciones[1]. Algunos sectores cayeron en ese juego, otros decidimos apartarnos y apostar por una minga en resistencia. La movilización social fue, principalmente, nutrida por las y los jóvenes del país, lo cual ha desencadenado una serie de iniciativas organizativas como las Primeras Líneas. Inicialmente, organizaciones como el CRIC acompañaron esta iniciativa de movilización, sin embargo, debido a la fuerte arremetida por parte de la fuerza publica y la “gente de bien”, pasaron a cumplir un rol activo y propositivo dentro de la agenda de movilización, lo cual les llevo a fortalecer la agenda y el espíritu del paro nacional. Teniendo en cuenta estos elementos de análisis y contexto, surge la siguiente pregunta entre los diferentes sectores sociales que participaron en el paro: ¿Cómo hacemos para lograr una propuesta programática conjunta? Para responder a este interrogante, tanto la ANP como la Minga Suroccidente han elaborado propuestas, las cuales se condensan en dos ideas: el Programa estratégico de construcción de poder popular y el Pacto Nacional. ANP: Programa estratégico de construcción de poder popular Enla Asamblea Nacional Popular confluyen organizaciones de alcance local, regional y nacional. Según la declaración política de la asamblea realizada en la ciudad de Bogotá, entre el 6 y 8 de junio del 2021, este proceso está conformado por “comunidades campesinas y negras; pueblos indígenas; procesos y movimiento de mujeres; asambleas y cabildos populares; organizaciones populares urbanas; organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la producción, el magisterio, la salud y el transporte; movimientos sociales y políticos; movimiento ambiental; movimiento de DDHH; colombianos y colombianas en el exterior; procesos culturales, artísticos, deportivos y comunicacionales; organizaciones juveniles y estudiantiles; guardias étnicas, campesinas y populares; primeras líneas; victimas; diversidades y disidencias sexuales; movimiento de personas en condición de discapacidad; movimiento comunal”. Durante el 17 y 19 de julio, en la asamblea llevada a cabo en la ciudad de Cali, se definieron cuatro grandes propuestas: 1) Elevar los niveles de movilización 2) Construir y consensuar un pliego de lucha y un programa estratégico de construcción de poder popular 3) Fortalecer los procesos de base a nivel local que surgieron a raíz del paro nacional en los diferentes rincones de la geografía colombiana 4) Consultar en las distintas regiones posibles formas organizativas de este proceso permanente de construcción de poder popular. Además, hacer una apuesta al fortalecimiento del tejido que se estableció con la solidaridad internacional en materia de derechos humanos. En ese sentido, la ANP se plantea como un espacio de carácter convocante y amplio en el cual participan y pueden participar diferentes expresiones populares y organizativas que busquen la construcción de “gobiernos propios, planes de vida [que permitan consolidar] territorios y territorialidades étnicas, campesinas y populares urbanas, y [que] orienten las luchas del pueblo” (tal como se lee en la declaración política de la ANP). A esta realidad participativa y colectiva le denominan como embriones de poder popular. Minga Suroccidente: Pacto Nacional Sus inicios se remontan al mes de abril del presente año, momento en que el CRIC se encontraba en lo que denominaron “Minga Hacia Adentro”: una respuesta ante la ola de asesinatos y perturbaciones a los territorios ancestrales[2] que se esta presentando, principalmente, en el norte del departamento del Cauca. Posteriormente, ante el estallido social en el marco del paro nacional, el CRIC decide pausar esto y acompañar los procesos de movilización en la ciudad de Cali, que en ese momento se encontraban fuertemente reprimidos. Esta acción la denominaron “Minga Hacia Afuera”: un proceso en el cual confluyeron otras expresiones organizativas como: el Congreso De los Pueblos (CDP), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC CAUCA) y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), entre otras. Así pues, tras diferentes acciones de movilización, convocatoria y participación en asambleas y espacios de interlocución, la Minga del Suroccidente avanza en la construcción de una propuesta a la que han denominado “Pacto Nacional”. Esta iniciativa, abanderada principalmente por el CRIC y ratificada en su decimosexto congreso (llevado a cabo entre el 17 y 20 de agosto del presente año), tiene la convicción de que este proceso nacional, amplio e incluyente de movilización debe abandonar la interlocución con el Gobierno (mesas de negociación entre comités de paro y Gobierno nacional, regional y local) e iniciar un diálogo entre la misma gente. Posteriormente, el pasado 23 de agosto, la Comisión política de la Gran Minga Nacional, Popular, Social y Comunitaria ratificó su apuesta de un “Pacto Nacional” mediante una consulta popular que garantice la participación y dignidad de las personas: “La consulta popular, que es producto del paro, busca un mejor país para todos, que a través del diálogo y usando las herramientas de la democracia, se logre una conciencia histórica que permita generar mecanismos de solución a las afectaciones que la actual política de estado”[3]. Este proceso, con el que buscan respetar las diferencias y autonomías de cada organización, lo han denominado como una juntanza de unidad en la diversidad. Este pacto entre organizaciones busca articularse en torno a tres principios: 1) Defender la paz. 2) Que haya justicia por las personas muertas, las personas heridas, las mujeres violentadas y las personas desaparecidas en el marco del paro nacional. 3) La defensa de la vida. De esta manera, la minga busca tener una acogida a nivel nacional que permita, como lo dicen ellas y ellos, “avanzar sin prisa, pero sin pausa”. Caminar y tejer: Apuntes sobre los espacios de encuentro Tal y como podemos observar en las dos propuestas presentadas por la ANP y la Minga Suroccidente, ambas se encuentran en un proceso de fortalecimiento del paro nacional y están direccionadas a generar cambios estructurales; dirección contraria a lo que el Comando Nacional del Paro venia abanderando, propuestas que se recogen en reivindicaciones concretas que no transgreden la estructura política y económica del Estado. Volviendo a la pregunta inicial que se planteó en la Minga de Pensamiento (¿Cómo hacemos para lograr una propuesta programática conjunta?), parece ser que la respuesta a este interrogante se resuelve con la búsqueda de una unidad en la diversidad que genere una articulación sobre lo político y programático. En ese sentido, se reconoce que es necesario consensuar el método, como indicó uno de los participantes: “somos los ojos de agua que nacen en lo alto de la montaña, cuando descendemos a los valles, nos dividimos a seguir llenando de vida los lugares por los que pasamos. Ahora, estamos buscando nuevamente encontrarnos para seguir creciendo, recogiendo los caminos que cada uno ha andado”. Caminos que cada vez están más cerca. [1] Según la ONG Temblores, entre el 28 de abril y el 15 de julio del 2021 se registraron: 4.852 hechos de violencia policial, 1.661 victimas de violencia física por parte de la policía, 2.053 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 90 victimas de agresión en los ojos, 35 víctimas de violencia sexual presuntamente por parte de la fuerza publica y 44 casos de violencia homicida. https://www.temblores.org/comunicados 08/09/2021. [2] El 6 de abril fue asesinada Sandra Liliana Peña, gobernadora del resguardo de la Laguna Siberia Sat Tama Kiwe, en Caldono, Cauca. Los motivos de su asesinato corresponden al rol que venía cumpliendo al denunciar el incremento de cultivos de uso ilícito, además de la presencia de Grupos Armados Organizados (GAO) que alteran la armonía de la comunidad y de los territorios. Su muerte generó que el CRIC decidiera encarar el problema de raíz, entrando a sus territorios, erradicando los cultivos de uso ilícito y enfrentándose a los actores armados. Tomado de: https://www.facebook.com/ParesColombia/posts/3899314460185846 (8/09/2021). [3] Tomado de: https://www.cric-colombia.org/portal/la-minga-no-para-avanza/

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad El día de hoy, desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), presentamos oficialmente en rueda de prensa, con la participación de León Valencia (director de Pares), Ariel Ávila (subdirector de Pares) y Esteban Salazar (coordinador de la Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad), el “Primer informe de violencia y dinámica electoral”: un balance realizado por la Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad sobre los casos de violencia electoral que se han presentado en el país desde que inició el calendario electoral, el 13 de marzo de este año, hasta el pasado 23 de agosto. ¿En qué consiste este tipo de violencia? ¿Cuántos casos se han presentado en este tiempo y cuántas víctimas han dejado? ¿Se conoce a los presuntos responsables? Las respuestas a estas y otras preguntas se encuentran en esta investigación. Conoce aquí el informe completo y distintos mapas interactivos, elaborados a través del Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES), con toda la información detallada sobre los hechos de violencia electoral y las víctimas que han dejado. También puedes escuchar el tercer episodio de la primera temporada de El Sonajero Podcast. En este programa presentamos el resumen de la información más relevante y el análisis de este primer informe sobre casos de violencia electoral en Colombia:

Por: Laura Cano Periodista – Pares Luego del indeciso futuro que parecía tener la posibilidad de que Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción y principal testigo en los procesos penales y disciplinarios que se adelantan por el ‘cartel de la toga’ (el escándalo de corrupción que permeó a la Rama Judicial), pudiera seguir colaborando con la justicia, finalmente el Juzgado 64 de Control de Garantías de Bogotá, en una audiencia decisiva, prorrogó por un año más el principio de oportunidad que, en 2018, le fue avalado a Moreno por el Juzgado 17 de Control de Garantías. Este proceso estaba en veremos debido a que desde la Fiscalía se propuso hacer un cambio sustancial en la prórroga del principio de oportunidad del testigo: se le había añadido un nuevo elemento en el que se establecía que, además de su obligación de comparecer a todos los juicios y declarar todo lo que sabe sobre ese entramado de corrupción, ahora las confesiones de Moreno serían valoradas para determinar si resultaban determinantes para impartir condenas. “La Fiscalía le está añadiendo cosas a la prórroga del principio de oportunidad como si fuera un carrito de mercado al que se le puedan ir añadiendo cosas cuando uno va de compras. Y estas nuevas exigencias afectan esa negociación porque, además, escapan a la órbita del cumplimiento del testigo, en este caso yo. Se está pidiendo que los juicios todos lleguen hasta su culminación y eso no depende de mí. Hay procesos que no se han movido y eso no depende de Gustavo Moreno. Otra exigencia que han agregado es que las sentencias sean condenatorias. A este paso seguramente muchas van a prescribir por el paso del tiempo y eso no me lo pueden adjudicar a mí”, dijo Luis Gustavo Moreno al diario El Espectador. Esto también había llevado a la defensa del testigo Pedro Aguilar a pronunciarse, pues, como se informó en el mismo medio, el abogado habría enviado una carta al fiscal Francisco Barbosa, el pasado 1 de septiembre, en la que se afirmaba que “Determinar la eficacia de la colaboración del aspirante «en la valoración de las sentencias condenatorias proferidas contra las personas frente a quienes testificará», rompe con lo trazado cuando se aprobó el principio de oportunidad y le traslada a mi representado atribuciones que solo le corresponden a la Fiscalía General de la Nación. A esta institución, para el cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales, le corresponde «investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito». Y llevar al acusado hasta sentencia condenatoria es una carga procesal que realiza ante los jueces y tribunales”. Siendo así, el 7 de septiembre, durante la audiencia en la que se definía si se aceptaban las modificaciones del principio de oportunidad y su prórroga, la jueza 64 de garantías, Ángela Granados, decidió no darle luz verde a la Fiscalía, señalando que el principio de oportunidad tiene por propósito, única y exclusivamente, el aporte de información y no que se esperen los resultados que esta haya generado. Además, la funcionaria resaltó la importancia que han tenido los aportes de Moreno en avances que se han dado en los estrados dentro del proceso del llamado ‘cartel de la toga’. Sumado a esto, la jueza fue enfática en solicitarle a la Fiscalía que sea más clara en sus peticiones «para garantizar el acceso a los principios que rigen el procedimiento penal». Hay que recordar que Moreno se comprometió a declarar contra los excongresistas Musa Besaile, Álvaro Ashton, Nilton Córdoba, Argenis Velásquez, Julio Gallardo Archbold y Martín Emilio Morales; los exgobernadores Alejandro Lyons, Juan Carlos Abadía y Lucas Gnecco Cerchar; el exfiscal delegado ante la Corte Alfredo Bettín Sierra, el exmagistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz (quien ya está condenado), los exmagistrados de la Corte Suprema Francisco Javier Ricaurte, Camilo Tarquino, Leonidas Bustos y Gustavo Malo, y los abogados Luis Ignacio Lyons España, Leonardo Luis Pinilla y Gerardo Torres Roldán. Gustavo Moreno, de culpable a pieza clave para la justicia El 17 de mayo llegó la noticia del aval que había dado el Juzgado 17 de Control de Garantías al principio de oportunidad que se le había otorgado a Gustavo Moreno. Hay que recordar que el exfiscal anticorrupción fue capturado el 27 de junio de 2017 por el delito de conspiración para lavar activos con el propósito de promover el soborno y actos de corrupción. Esto con el fin de frenar investigaciones de su unidad. A Moreno se le acusaba de exigir el pago de coimas para favorecer al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus, enredado en varias investigaciones por irregularidades en millonarios contratos. Esta situación llegó hasta la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, lo que llevó a que Moreno fuera extraditado a Estados Unidos el 17 de mayo de 2018. Allí cumplió una pena de 48 meses por los delitos de conspiración para lavar dinero, conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario. En junio de 2020, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la pena de cuatro años y diez meses por los delitos de concusión y uso indebido de información privilegiada. Ese mismo año, en diciembre, Moreno regresó al país, en donde de nuevo fue capturado y trasladado al búnker de la Fiscalía General. Hay que señalar que, para ese momento, Moreno ya había firmado el preacuerdo con la Fiscalía en el que se comprometía a contar lo que sabía y a colaborar con la justicia. Dicho acuerdo había sido logrado luego de cuatro intentos, por parte de Moreno, en los que el principio de oportunidad había sido negado, pues los jueces habían alegado la falta de representación de la víctima. Este mecanismo del principio de oportunidad da facultades para que la Fiscalía pueda renunciar, suspender o interrumpir una acción penal con el fin de lograr la colaboración de implicados en actos condenables. El preacuerdo de la Fiscalía con Moreno ha permitido dar varios pasos en este proceso, y hoy sigue siendo clave para continuar esclareciendo que pasó en la Corte Suprema con varias de sus cabezas y magistrados. Ya veremos qué más se resuelve durante este próximo año en el que el principio de oportunidad seguirá vigente.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El pasado martes 31 de agosto, el expresidente colombiano Andrés Pastrana Arango se presentó ante la Comisión de la Verdad. Aunque su objetivo era aportar a la comprensión de los hechos de violencia que ocurrieron durante su mandato (1998-2002), en realidad su contribución a este objetivo fue poca y su discurso sirvió más bien para levantar críticas, avivar polarizaciones políticas y dejar un sin sabor entre las víctimas. El aporte voluntario de Pastrana se realizó a último momento, a pocos meses de que se entregue el informe final de la Comisión Verdad y cuando solo faltaba él para completar la presencia de todos los expresidentes vivos ante el órgano de la Justicia Integral. Lo hizo por la presión que ejerció de la opinión pública, porque vio una buena ocasión para, nuevamente, cuestionar a sus eternos adversarios políticos, y, por supuesto, por la invitación que le hizo el presidente de la Comisión. Francisco de Roux fue quien insistió en que los exmandatarios “tienen mucho que decir sobre lo que se ha vivido en el conflicto”, al menos en su presidencia. Además, señaló que durante este período presidencial (1998-2002), en especial, el país había acumulado el mayor número de víctimas en el lapso de análisis la Comisión de la Verdad; fruto, por supuesto, de la guerra con la exguerrilla de la FARC-EP, pero, sobre todo, por la expansión de grupos paramilitares –que durante su Gobierno se extendieron por todo el territorio, siendo la población civil la mayor afectada–. A pesar de este importante señalamiento –en el cual tuvo que insistir Francisco de Roux al final de la versión–, el expresidente conservador no dijo nada nuevo. Se dedicó tan solo a dos cosas: primero, a repetir todo lo que ya ha dicho en sus memorias –las que había escrito en su libro “La palabra bajo el fuego” (2005) y en“Memorias Olvidadas” (2014)–; y, segundo, a dejar en el aire, sin mucha argumentación, una serie de críticas contra sus opositores políticos. Sin pena con las víctimas, durante el tiempo que mantuvo el micrófono encendido en la sala de la Comisión, Pastrana enfocó su discurso en la defensa de su período presidencial, en insistir que mantuvo una “apuesta decidida por la paz”. Esto posibilitó que algunos, después de escucharlo, concluyeran que sin todo lo que él hizo con las FARC, en San Vicente del Caguán, “no habría sido posible el Acuerdo de La Habana”, y que los escasos frutos que hoy se recogen en torno a la paz en Colombia se deben a su trabajo. Como queriendo con ello borrar de la memoria de la sociedad colombiana y de las víctimas que él fue uno de los principales líderes del No en el Plebiscito por la Paz del 2016. Su nombre, junto a los del Centro Democrático, se levantó en contra de lo que consideraban que era entregarle el país a las FARC-EP, a las víctimas, a las comunidades LGTBI y a los comunistas. De allí que impulsó decididamente el voto por el No. Dado que el expresidente hizo muy bien su papel de contar su verdad sobre lo que hizo durante su mandato, en esta columna voy a recordar tan solo tres aprendizajes en materia de paz que se le olvidó nombrar, como debía, en su versión voluntaria. Estos son: Primero, que propuso el inicio de un proceso de paz sin un deseo genuino de buscar un acuerdo final. Pastrana no querían negociar la paz seriamente, tan solo buscó aprovechar el Mandato ciudadano por la paz, la vida y la libertad para ganar respaldo político y obtener la victoria a la Presidencia de la República en 1998. Ante una primera vuelta que ganó por muchos votos Horacio Serpa –su adversario y contradictor–, el único argumento que le quedó fue presentar una fotografía en la selva con Manuel Marulanda –el entonces comandante de las FARC-EP– como constancia de que iba a negociar la paz con él. Segundo, que inició unos diálogos de paz sin una agenda clara y precisa de negociación. Lo cual lo obligó a utilizar todo el tiempo que estuvo en el Caguán para construir, con su enemigo, una agenda donde se proponía reformar casi todo; una agenda amplia e imposible de cumplir, aunque hubiese tenido varias reelecciones. Y lo peor, una negociación donde a muchas personas las hicieron pasar por la Mesa de Diálogo y Negociación para entonar sus propuestas sin que estas fueran oídas, haciendo perder la confianza en la paz negociada y dándose cuenta de los pocos avances que se tenían en esta materia. Y tercero, que negoció en el territorio nacional y despejó una zona de este para la guerrilla. El Gobierno le entregó a la insurgencia un territorio y se fue a negociar la paz en él; en un lugar donde gobernaba su adversario político y no otro con un gobierno neutral. Esto provocó que las FARC-EP se comportaran como un soberano tiránico, realizando en aquel territorio lo que deseaban: desde dejar plantado al opositor político en la mesa de diálogo –la silla vacía de Marulanda– hasta secuestrar un avión comercial y llevarlo a su zona de dominio para mostrar su poder. En conclusión, los colombianos y las colombianas sí reconocemos en Pastrana al presidente del “Cambio para construir la paz”; pero lo hacemos no porque en el Caguán se haya avanzado mucho en el tema de paz, sino porque nos dejó muchas lecciones aprendidas con sus errores. Desaciertos que el país no podía darse el lujo de volver a repetir. De allí que una vez se tuvo nuevamente la oportunidad de negociar la paz, se trabajó en transformar muchos aspectos intentando remediar aquellas malas decisiones tomadas en el pasado. Esta vez la realidad fue otra: se negoció la paz con deseo real, se tuvo una agenda clara, precisa y negociable, y se desarrolló una mesa de encuentros en el exterior, entre otras acciones que no realizó en el gobierno Pastrana. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Daniela Garzón (investigadora nacional) y Laura Cano (periodista) Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad – Pares Luego de un primer intento que llevó a las personas a manifestarse en las calles para que no fuera aprobada, finalmente, en su versión 2.0, se le dio luz verde a una nueva reforma tributaria —la cuarta que presenta este Gobierno— después de que, tanto en Cámara de Representantes como en el Senado de la República, la propuesta, en cabeza del Ministerio de Hacienda y el Gobierno nacional, tuviera la mayoría de votos a favor: 124 votos positivos y 8 negativos en la primera corporación, y 76 votos a favor y un voto en contra, en la segunda. Lo que en abril fue el florero de Llorente, hoy fue una reforma aprobada en tiempo express a la que solo le falta la conciliación y pasar a sanción presidencial. Este proceso comenzó el pasado 24 de agosto, cuando el Gobierno radicó la propuesta, y un día después fue aprobada en primer debate por las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara. Este 7 de septiembre, en debates simultáneos la reforma tributaria pasó invicta. Por lo menos en el Senado, los 61 artículos que la componen, incluyendo los nuevos que agregó el ministro, fueron aprobados. Este proyecto, según lo argumentado por Iván Duque y Hacienda, busca recaudar $15,2 billones para atender la crisis generada por la pandemia del covid-19 en el 2020 y los problemas fiscales: este valor representa ocho billones menos de lo que pretendía recaudar la polémica reforma de Carrasquilla. La bancada de oposición consideró que la reforma se estaba aprobando a ‘pupitrazo’, pues entre el tiempo de radicado de la ponencia definitiva y su debate no hubo ni 15 horas de diferencia. Según sus miembros, no hubo garantías para el debate. La ponencia, que llegó en la tarde del lunes, contenía 61 artículos, 6 de ellos nuevos. Entre los cambios de este nuevo texto estaban algunos como la extensión de las ayudas al sector de restaurantes y bares (eximiéndoles del pago del IVA e impuesto al consumo hasta el 2022) y nuevas herramientas para facilitar el pago a deudores de multas por infracciones de las normas de tránsito que se hayan hecho con anterioridad al 30 de junio de 2021. Del primer articulado presentado por el Gobierno, se cayeron en la primera ponencia —afortunadamente— las facultades extraordinarias que el artículo 17 le daba al presidente para que durante los seis meses siguientes a la publicación de la ley pudiera expedir “normas con fuerza de ley” para “suprimir, fusionar, reestructurar (…) [y] modificar entidades, organismos y dependencias de la Rama Ejecutiva”. Como advirtió el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, no había ninguna claridad sobre cuáles entidades serían reestructuradas y bajo cuáles criterios. En nombre de la austeridad se podría haber abierto una puerta más para la concentración de poder en manos de Iván Duque, al que parece que no le fue suficiente el Estado de Emergencia Económica. Volviendo a lo aprobado, hay que señalar que en el Senado la votación se dio en varios bloques. El primero con un grupo de 39 artículos, que correspondía al 64% de la reforma. Allí había propuestas como los tres días sin IVA, además de las incluidas respecto al sector de restaurantes (mencionadas anteriormente). Posteriormente, se votó un grupo de 16 artículos que incluían proposiciones que no fueron aprobadas, quedando como venían en la ponencia. En concreto, la reforma vuelve a poner el peso de la carga tributaria en las empresas —una idea que surgió de la ANDI frente a la presión social que produjo la anterior reforma—, pues les aumenta la tarifa de renta del 30 al 35%, con una sobretasa para el sector financiero de tres puntos. También, apuesta por recaudar alrededor de $300,000 millones este año a través de la normalización tributaria, es decir, ofreciendo amnistía a activos que no se hayan reportado con una tarifa del 17%. Estas medidas, a juicio de algunos economistas, desincentivan que se declare en el momento que debe hacerse. Se reglamentarán, también, los tres días sin IVA y se extenderán las ayudas al sector de restaurantes y bares. También se crearán incentivos tributarios para las empresas de la economía naranja, y se deberá pagar IVA por la importación de bienes inferiores a 200 dólares. La reforma, igualmente, extiende programas que surgieron durante la pandemia (como Ingreso Solidario) hasta diciembre de 2022, y amplía el programa de apoyo al empleo formal (PAEF) hasta diciembre de este año, focalizándolo en empresas que tengan máximo 50 personas empleadas. Además, garantiza una de las victorias del paro: la matrícula cero para estudiantes de estrato 1, 2 y 3 que estén matriculados en instituciones de educación superior públicas. Dentro de lo aprobado también hay nuevos ajustes a la Regla Fiscal para limitar la posibilidad de endeudamiento. A las quejas de la oposición podría sumarse que todas sus propuestas fueron derrotadas. Su ponencia alternativa no se tuvo en cuenta ni tampoco el sonado impuesto a las bebidas azucaradas, que lleva varios proyectos de reforma en discusión. Para lo que sí hubo tiempo fue para meterle otro gol a la paz: según Juanita Goebertus, representante a la Cámara por la Alianza Verde, en la reforma se acaba con la focalización de obras por impuestos en los municipios más afectados por el conflicto armado. Lo anterior, al abrir la posibilidad de que la inversión se haga también en proyectos “de importancia nacional que resulten estratégicos para la reactivación económica y/o social de la Nación”. No hay que dejar de lado que, según el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Nacional, este proyecto de Inversión Social establece mantener el ingreso solidario para 200 mil familias más. Además, se brindará un subsidio del 25% de un salario mínimo para las empresas que contraten a jóvenes de 18 a 28 años; y, también, se dará un subsidio para la contratación de mujeres y el resto de la población. “Esta reforma lanza la pelota y el problema a la siguiente administración. Esto no resuelve problemas estructurales de déficit fiscal de mediano y largo plazo, compromete la regla fiscal, dificulta los escenarios del marco fiscal de mediano plazo y, definitivamente, no es algo más que superficial y un maquillaje que, en últimas, nos devuelve a lo mismo de siempre. Es decir, en lo tributario en vez de avanzar en estos cuatro años que tuvo el Gobierno nacional, lo que se hizo fue volver a una posición similar a la anterior de la posesión presidencial de Duque. De tal forma que el problema queda vivo e incluso más agudizado”, concluyó una de las fuentes consultadas por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares).

Por: Laura Cano Periodista – Pares Ad portas de las próximas elecciones al Congreso de la República y a la Presidencia, son múltiples las jugadas que se ejecutan para mantener en el poder a clases políticas hegemónicas que por años han mantenido los puestos más importantes de elección popular. Esto a través de un amplio espectro de artimañas que ya se volvieron las ‘malas conocidas’ de estos tiempos próximos a encontrarnos en las urnas. Una de esas jugadas comunes de cada tiempo electoral es la que se hace a través de la contratación de la empresa encargada para la organización tecnológica de las elecciones. Este proceso de contratación está cercano a finalizarse y pocas son las luces para que este año el panorama sea diferente al de años pasados. Según lo denunciado por la W Radio, “se conoció en primicia que varias empresas de renombre en el país enviaron una carta a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, en la que exigen la suspensión de este proceso. Según ellos, está hecho a la medida de la empresa que se ha quedado con todos los contratos de la Registraduría desde 2009: Thomas Greg And Sons”. Esta afirmación está sustentada en que, según lo informado, la Registraduría pide para este proceso de contratación que la empresa que se quede con el contrato tenga un software especial, el cual solo lo tendría la empresa en cuestión. Además, entre la experiencia requerida se exige que las empresas hayan participado en elecciones anteriores, lo cual también sería un requisito que solo podría cumpliría Thomas Greg & Sons. Adicionalmente, como lo indica el medio de comunicación, “el tiempo que les dio la Registraduría es extremadamente corto para al menos intentar obtener o crear un software similar con el que puedan participar”. A esto se sumó que el “18 de agosto múltiples interesados en el proceso habrían pasado una carta a la gerente administrativa de la Registraduría, Sabrina Cajiao Cabrera, para cambiar la modalidad de contratación y hacer una licitación pública. Esto, para que se les permitiera al menos competir y generar una masiva participación, pero la solicitud ha sido negada”. Una alerta realizada por Pares Desde el 2018, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha venido alertando sobre la contratación de Thomas Greg & Sons y sobre los riesgos que esto ha traído. En ese año se advirtieron varios hechos. Por ejemplo, a través del informe “Así se roban las elecciones en Colombia”, se documentó que para esa ocasión, durante la “Gran Consulta por Colombia” de los candidatos Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordoñez, y también durante la consulta de la “Inclusión Social para la Paz” de Gustavo Petro y Carlos Caicedo el 11 de marzo, en la que también estaba contratada la empresa Greg And Sons para la protección y cuidado de los formularios E-11, estos tan solo fueron destruídos el 7 de mayo gracias a la intervención de la Procuraduría y la MOE. Lo anterior, debido a que la información que contenían podría significar un riesgo a la identidad del votante, su preferencia política, el derecho a la intimidad, el voto secreto y el habeas data. “Si la Registraduría cuenta con problemas para la destrucción de material electoral, es evidente que en problemas más complejos posiblemente no tenga las capacidades para darles manejo. Además, es irregular que ante la búsqueda del contrato en el SECOP, por el cual Thomas Greg & Sons prestó servicio de custodia a los mismos, no aparece”, se lee en el informe. A esto se suma que, además, la empresa también ponía en riesgo la elección de jurados en los puntos del país, pues el software utilizado no ha garantizado la transparencia en este proceso. Hay que recordar que en el 2011 se produjo una filtración en la designación de los jurados de votación, y esto habría derivado en una manipulación de las bases de datos de cientos de personas elegibles para ser jurados de votación. Al respecto, en el informe de Pares se afirmaba lo siguiente: “El riesgo no está solo en la presentación de las listas de elegibles y en el sorteo en el software, sino que cabe la posibilidad de que los jurados que se presentan el día de las elecciones y firman las actas y los formularios E-14 no correspondan realmente con los que fueron asignados. Una de las maneras en que se puede amortiguar este riesgo es mediante el cruce de las listas de los asignados por el software en cada mesa y las listas de los nombres en los registros de quienes efectivamente firmaron los formularios E-14. Así, se sabe si coinciden o qué cambios se dieron el día de las elecciones. De acuerdo con las fuentes de la Fundación, para los comicios del 11 de marzo se habrían cobrado hasta $2.500 millones de pesos por candidato para manipular el sorteo de jurados de votación, modificar los puestos asignados o colar jurados a fines de un candidato en particular”. Adicionalmente, vale la pena señalar que estas advertencias y hechos no solo se han reportado en las elecciones pasadas. Hace tan solo unos meses, a través de la Línea de Democracia y Gobernabilidad, desde Pares se denunciaron irregularidades con las llamadas cédulas digitales (acusaciones que a pesar de generar muchos movimientos dentro de la Registraduría, pocas transformaciones reales produjo). Pues bien, Thomas Greg & Sons también estaría involucrada en esto, ya que antes de que el Congreso diera aprobación, el registrador Alexander Vega ya parecía haber amarrado con la cuestionada empresa el contrato para el fortalecimiento de la plataforma tecnológica que soporta el sistema de identificación y registro civil del país. Asimismo, y como explicaba Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, todo este proceso de implementación de cédula digital tuvo el aval de la hoy cuestionada Karen Abudinen. “Esto coincidió además con el nombramiento como gerente de informática de la Registraduría del antiguo funcionario de Thomas Greg & Sons, Alejandro Campo Valero, empresas socias a las que se les cayó la contratación de 120 mil millones con la Registraduría para adelantar las elecciones de juventudes por posible direccionamiento dentro de la entidad”, se lee en el informe “Alexander Vega y el negocio detrás de la reforma electoral”. Hay que señalar que, como lo mencionaba Ariel Ávila, subdirector de Pares, “las elecciones se roban es metiéndole la mano al software electoral». Además, explicó que no es solamente un software, sino siete, y de esos hay dos que son los que tienen mayores riesgos: uno de estos es el de jurados electorales (mencionado anteriormente) y el otro es el de transmisión de datos, el cual permite saber cómo avanzaron las votaciones en las urnas. “Thomas Greg & Sons son los que tienen estos software. Ellos dicen que su software es único y que no lo pueden mostrar, entonces el registrador se lava las manos así, diciendo que no le pueden hacer auditoría al software (porque lo nombran como si solo fuera uno), argumentando que éste es privado y no público y que si se audita se estaría violando el secreto de la patente”, dijo Ávila. No hay que dejar de lado que, así las cosas, para las próximas elecciones, Thomas Greg & Sons ya tendría 1.2 billones de pesos en el bolsillo, pues estaría a cargo de las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud, del Congreso de la República y la Presidencia; y, además, de haber una segunda vuelta presidencial, lo cual es muy probable, asegurarían 600.000 millones de pesos más. Con todo este panorama, de nuevo los ojos están puestos en todas las jugadas en medio de la carrera hacia el Congreso y la Presidencia, pues quienes no quieren abandonar el poder vuelven a jugar las mismas cartas que les han permitido quedarse con los puestos de elección popular, así que la invitación es a hacer veeduría desde todos los frentes posibles para evitar que se siga repitiendo la historia.

Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares En lo que va corrido del año, de acuerdo a información de Medicina Legal, en Arauca se habrían presentado 110 homicidios. Entre estos, en 44 casos las víctimas serían personas de ciudadanía venezolana. Una verdadera crisis humanitaria que trae como resultado una tasa de homicidios cercana a los 40 por cien mil habitantes: toda una tragedia que se repite desde los últimos tres años, cuando las condiciones de convivencia y seguridad empezaron a deteriorarse para un departamento que vivió las mieles de vivir en mayor calma entre 2013 y 2018, no sin sobresaltos, pero, sin duda, lejos de lo que se está viviendo ahora. Esta realidad nos recuerda que Arauca es un territorio sin control del Estado colombiano y que allí mandan más guerrillas y otros grupos irregulares (como nos lo recordó un informe de Human Rights Watch hace un par de años). El ministro de Defensa, Diego Molano, en el marco del desarrollo de los consabidos Consejos de seguridad, estuvo la semana pasada en la capital del departamento. Se le vio montado en una lancha patrullera sobre el Río Arauca, dando un parte de soberanía y de compromiso del Gobierno colombiano con este territorio: pura demagogia que nadie cree en Arauca. El Estado colombiano no controla ni el rio ni buena parte del territorio; allí mandan el ELN y las disidencias de las FARC. Estos grupos tienen más raíces que las instituciones estatales de seguridad colombianas, que bien saben que hay que andar con mucho cuidado por veredas y caminos, y que cualquier despliegue de fuerza implica todo un operativo militar (como bien lo saben quienes viven en Arauca). El coronel Pedro Enrique Pérez, comandante del Batallón Especial, Energético y Vial No. 18, fue secuestrado el 17 de abril de 2021 en un hotel en Saravena, Arauca. Desde entonces, se encontraría en poder del ‘Frente 28’ de las disidencias de las FARC. Esta situación es otra evidencia de los graves hechos que han ocurrido en este departamento en materia de seguridad. Y tienen el agravante de que el Ejército Nacional afirma que a Pérez lo tienen en territorio venezolano, lo cual representaría un nuevo hecho de discordia en las inexistentes relaciones entre los Gobiernos de Colombia y Venezuela. Arauca es la evidencia de que, en materia de seguridad, el Gobierno del presidente Iván Duque no tiene una política efectiva para tratar con los grupos irregulares que le disputan soberanía y que ejercen verdadero control sobre porciones importantes del territorio nacional. Arauca es uno de los casos más dramáticos en cuanto a la permanencia de dinámicas de violencia y a la persistencia de actores organizados que hacen y deshacen según su leal saber y entender. No hay respuestas efectivas para asumir estos desafíos; solo un Gobierno que ni controla ni tiene una política efectiva para adelantar diálogos o para lograr el sometimiento de estos grupos: todo un fracaso de pe a pa de un país que tenía una senda de superación de las violencias organizadas con los pasos dados por el Gobierno de Juan Manuel Santos (que logró llevar adelante las históricas negociaciones con las FARC-EP y que dejó un país con indicadores de seguridad y convivencia que se han deteriorado en estos tres años del gobierno de Iván Duque). Los altos niveles de homicidio en Arauca obedecen al fracaso del Estado a la hora de brindar condiciones de seguridad y convivencia. Y, ante ese fracaso, son los grupos irregulares los que ejercen control criminal. Allí están los resultados: 110 homicidios de personas que habrían sido asesinadas en circunstancias que, en buena medida, están por establecerse y que muy seguramente nunca sabremos, porque la acción de las autoridades como la Fiscalía y la Policía Nacional en Arauca es tremendamente deficiente. Esperemos un buen reporte de la Defensoría del Pueblo, que es una entidad con credibilidad en el territorio. Arauca debe levantar su voz y volver a decir con firmeza que quiere vivir en paz, sin violencias ni coerciones de ningún tipo. Es necesario recordarle al país que son parte de Colombia y que merecen vivir en paz. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Walter Aldana Político social alternativo Nuevamente, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) expide el rutinario informe de presencia de cultivos de uso ilícito en Colombia. Se hace necesario recapitular cifras y fechas para comprender la variedad de fuentes y de datos. Por ejemplo: en lo que se refiere al departamento del Cauca, de las variedades caucanas pajarita, guayaba y chipará se logra un número de cosechas al año que oscila entre cuatro y cinco. El valor promedio pagado por arroba es de 60 mil pesos, y una hectárea sembrada produce de 500 a 800 arrobas. Se calcula la existencia de 20 mil hectáreas plantadas en nuestro departamento; de ellas, el 48% se encuentra en parque naturales y áreas de protección ambiental. Rueda por YouTube un video (producido por el medio de comunicación DW) en el que pequeños y pequeñas productoras de hoja de coca expresan, entre otros aspectos, los siguientes (que a mi modo de ver son los más importantes): dicen que “según Naciones Unidas, un millón de personas trabajan en su producción en el campo”, que la “coca ha nacido como respuesta al abandono institucional” y “ha permitido a estas comunidades alcanzar un mínimo de dignidad”. Estas comunidades resaltan, además (tal y como lo dijimos al Estado antes de la reincorporación de los hombres y mujeres de la guerrilla), que, si no se ocupaban estos territorios desde el Gobierno con inversión social y oportunidades de ingresos lícitos, veríamos cómo “las zonas productoras posterior a la salida de las FARC de estos territorios, nuevamente estarían ‘cogidas’ por nuevos grupos al margen de la ley”. Llama la atención la participación de la mujer raspando hoja de coca, ya que de por sí no existen condiciones estructurales para que el Gobierno les garantice, entre otras cosas, oportunidades para su acceso a la educación y para la generación de ingresos. El vídeo finaliza con la respuesta de un cultivador organizado, quien dice que “para enfrentar las fumigaciones, los campesinos están organizándose en resistencia: movilizaciones, protestas y paros”. Recuerdo muy bien que cuando laboré en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), las organizaciones sociales de productores tenían la voluntad de encontrar alternativas lícitas; las recién reincorporadas FARC acompañaban y ello daba garantías de los compromisos. Se quería salir de la espiral de lo ilícito, pero nuevamente el Gobierno falló, dejó colgando de la brocha a las y los firmantes de los acuerdos de sustitución, y el programa se diluyó en la neblina de la burocracia institucional… Forma efectiva para matar una ilusión, una concertación. Demasiados intereses para ser real su aplicación concertada. Las cifras en el 2017 y 2018 eran muy diferentes: una hectárea sembrada producía solo dos cosechas, y de 300 a 350 arrobas era lo máximo de producción; el valor de arroba de hoja de coca pasó de 25 mil a 35 mil pesos. A la tecnificación y la creación de variedades de semilla propia se puede atribuir este aumento, y el resultado fue menos área sembrada y más producción. De acuerdo a pesquisas que he realizado con pequeños productores, el departamento del Cauca produce, de 22 mil hectáreas, unos 4 kilogramos por hectárea, es decir, alrededor de 90 mil kilogramos; esto sería, por cuatro cosechas, 360 mil kilos al año. Al pasar a clorhidrato pierde el 25% (270 mil kilos); y, finalmente, cada uno vendido en 37 mil dólares, da como resultado aproximadamente 9.990 millones de dólares al año. Razón tiene el estudioso del tema de narcotráfico Ricardo Vargas cuando asevera que: “En 40 años se ha sedimentado una cultura mafiosa que no es exclusiva del crimen organizado del narco, sino que abarca una élite emergente asociada o relacionada estrechamente con narco e ilegalidad. Esa élite es más peligrosa y desafiante que el mismo narcotráfico”. Este no es tema de una o de un pequeño productor de media hectárea.

Por: Daniela Garzón Investigadora nacional Línea de Democracia y Gobernabilidad – Pares El Partido Social de Unidad Nacional o Partido de la U fue fundado en 2005 como soporte a la campaña de reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Surgió después de la reforma política de 2003, que intentó corregir la diáspora partidista impulsada por la Constitución política de 1991 como forma de romper el bipartidismo. Uribe Vélez fue el primer presidente elegido por fuera de los partidos tradicionales, bajo el movimiento ‘Primero Colombia’, y fue quien implosionó definitivamente la hegemonía de estos partidos. Desde entonces, ni liberales ni conservadores han logrado poner una candidatura propia en la Casa de Nariño. La U no solamente acompañó a Uribe en su campaña reeleccionista e impulsó con entusiasmo el referendo, sino que fue el partido con el que Juan Manuel Santos ─su fundador─ llegó a la presidencia en 2010 y en 2014, cuando ocurrió la ruptura definitiva con Uribe por cuenta del proceso de paz que Santos puso en marcha con las FARC-EP. A raíz de esto, Uribe decidió crear el Centro Democrático. Así, el Gobierno estuvo influenciado por Uribe y su partido durante doce años consecutivos (2002-2014). Luego del proceso de paz y la ruptura con Santos, en 2014, en las elecciones de 2018 Uribe le apostó a Duque. La ruptura con el expresidente Uribe dejó claro que La U no era su partido, sino el de las y los congresistas. Para el 2014, el partido tenía en sus toldas a la mayoría de caciques electorales poderosos del país: cinco de los once congresistas que en ese momento tenían más de cien mil votos pertenecían a La U. El partido, sin embargo, nunca ha tenido un contenido programático sólido, sino que ha sido más bien una confederación de grandes caudales electorales cuya principal motivación es el apetito burocrático. Ello no deja de hacer sorprendente el poder que acumularon durante los doce años en que vivieron las mieles del Gobierno. Pese a esto, hoy están en caída libre. Más clanes que propuestas Durante tres periodos legislativos consecutivos (2006-2018), el partido fue la primera fuerza en el Congreso de la República. En el 2006 se hizo a veinte escaños en el Senado; en el 2010, a veintiocho ─su mejor momento de la mano de figuras como Musa Besaile y Bernardo Elías, que hoy tienen líos con la justicia─; en el 2014, a veintiuno; y la vuelta de tuerca ocurrió en 2018, cuando se redujo a catorce curules. Hoy, a La U solo le alcanza para ser la cuarta fuerza en el Congreso con trece curules en Senado ─perdió una por la renuncia de Eduardo Pulgar─ y veinticinco en la Cámara de Representantes: sin duda, ya no es la esplendorosa fuerza que movía las locomotoras del expresidente Santos. A la vez, mientras eligió a Uribe en su segundo mandato y a Santos dos veces como presidente, en el 2018 ni siquiera tuvo candidatura presidencial propia, se quedó por fuera de la segunda vuelta y le tocó refugiarse, de nuevo, en el uribismo y en su candidato: Iván Duque. El declive del partido ha respondido a un sinfín de cuestiones, dentro de las cuales las más importantes podrían ser: su falta de consistencia ideológica y su dependencia de los caudales electorales de personalidades políticas que están en la contienda electoral desde antes de que el partido se constituyera ─como los Name─ y que pueden irse, en cualquier momento, con otro mejor postor. A esto se suman los muchos cuestionamientos que han recaído sobre sus personas avaladas. Entre sus toldas han militado tantas personas cuestionadas que contarlas no resulta una tarea fácil. El último fue Eduardo Pulgar, quien renunció a su curul mientras era investigado por la Corte Suprema de Justicia por tráfico de influencias, y quien fue condenado a 58 meses y 25 días por ese delito en junio de este año. Entre la corrupción y la parapolítica Muchas personalidades políticas del partido se han visto envueltas en escándalos que van desde la corrupción hasta la parapolítica. Su directora actual, Dilian Francisca Toro, baronesa electoral, tiene aspiraciones presidenciales después de ser la gobernadora del Valle del Cauca y de haber dejado como su heredera a Clara Luz Roldán. Toro fue elegida senadora para los periodos entre 2002 y 2014. En 2010 obtuvo más de 150.000 votos, pero renunció en 2013 a su curul porque estaba siendo investigada por la Corte Suprema de Justicia (por presuntos nexos con paramilitares) y por la Fiscalía (por lavado de activos). Aunque ambas investigaciones se cerraron en favor de Toro y la Procuraduría también cerró una investigación disciplinaria que le había abierto por una presunta nómina paralela en la Gobernación del Valle, para el 2019 tenía al menos otras catorce investigaciones abiertas en esa entidad. Además, según investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) reportadas en el libro “Herederos del Mal”,su poder ha servido para tener una amplia participación en el sector salud. Asimismo, su red política fue señalada, en su momento, de haberse apoderado de la contratación de Palmira a través del entonces alcalde Raúl Arboleda (de su grupo político), que habría suprimido la planta de cargos y creado una nueva con sus cuotas entre 2007 y 2008. Dilian Francisca se ha reunido con otros exgobernadores que tienen aspiraciones electorales para 2022, y es probable que se arme una gran coalición entre estas personalidades para que elijan una de las candidaturas de la derecha para las elecciones presidenciales. Otros cuestionados que militaron en la U fueron los excongresistas Musa Besaile y Bernardo Elías. Besaile fue congresista desde 2002, cuando llegó a la Cámara de Representantes bajo el aval del liberalismo. En esa ocasión, tuvo el apoyo de Juan Manuel López Cabrales, quien fue congresista entre 1994 y 2007, y quien resultó condenado por parapolítica en 2008. En 2006, Besaile fue reelegido en Cámara con la mayor votación de Córdoba a esa corporación, y en 2010 decidió migrar al Partido de la U y lanzarse al Senado. Resultó electo como senador durante dos periodos, sacando la mayor votación del partido y la segunda al Congreso en 2014. Este fenómeno político del Caribe empezó a caer en desgracia cuando la Corte Suprema de Justicia decidió investigarlo, primero por parapolítica y después por presuntas irregularidades en el manejo de recursos para la salud en Córdoba, departamento del que fue gobernador su hermano, Edwin Besaile, entre 2016 y 2019. Por irregularidades en el manejo de recursos para la salud, Edwin Besaile fue destituido e inhabilitado diez años por la Procuraduría para ejercer cargos públicos, y sigue la investigación en su contra en la Fiscalía. En octubre de 2017, Musa fue enviado a la cárcel debido a que la Corte Suprema de Justicia lo acusó de pagar un soborno para evitar que saliera adelante una orden de captura en su contra (esto en medio del proceso que enfrentaba por parapolítica). Aunque en 2020 se acogió a la Justicia Especial para la Paz (JEP), en julio de 2021 esta corporación decidió expulsarlo de la jurisdicción, pues, a su jucio, sus aportes a la verdad “no son relevantes y denotan falta de seriedad y de compromiso”. La caída de Musa Besaile no ha impedido que su clan político siga vivo: hoy en el Senado está su hermano Jhon Moisés Besaile, y en la Cámara se encuentra Erasmo Zuleta Bechara, el heredero de uno de sus aliados políticos. Por su parte, Bernardo ‘El Ñoño’ Elías, oriundo de Sahagún, Córdoba, consolidó un gran poder en su departamento antes de su condena por estar involucrado en el escándalo de Odebrecht, en el que la empresa brasilera fue acusada de pagar sobornos para quedarse con contratos de infraestructura en la Ruta del Sol II. Su tío, el exsenador Jorge Ramón Elías Nader, fue condenado por el proceso 8000 y de él heredó buena parte de su caudal político. ‘El Ñoño’ también es familiar de Mario Salomón Nader Muskus, condenado por parapolítica. Al igual que Musa, Elías arrancó su carrera política en la Cámara de Representantes en 2006, siendo la fórmula de la exsenadora Zulema Jattin, también condenada por parapolítica. En 2010 dio el salto al Senado, y en 2014 ya era el segundo elector de su partido y el tercero en Colombia. Su poder político se condensaba en torno a su imagen y al movimiento de la ‘Ñoñomanía’, con el que inauguraba obras públicas acompañado del entonces presidente Santos, y con el que alcanzó concejos, alcaldías, asambleas departamentales, gobernaciones y puestos en la Cámara de Representantes. El golpe vino en 2017: la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura por haber recibido sobornos de Odebrecht. Hoy tiene vigentes dos condenas: una de seis años y ocho meses de prisión, proferida en 2018 por cohecho y tráfico de influencias, y la otra de ocho años y cuatro meses, y una multa de 15.008 salarios mínimos, proferida en 2021 por concierto para delinquir agravado y lavado de activos. Su fórmula en la Cámara, Eduardo José Tous de la Ossa, se quemó en las elecciones de 2018, pero el clan político espera recuperar su poder con la postulación Julio Elías, hermano de Bernardo, al Senado el próximo año. José Alfredo Gnecco Zuleta es uno de los congresistas activos de La U que también tiene serios cuestionamientos. Es hijo del exgobernador del Cesar, Lucas Gnecco Cerchar, sobre quien pesan cuatro condenas (la más grave de ellas de 24 años de prisión y la última proferida en abril de este año). Empezó su carrera política en la Cámara de Representantes en 2010 y, posteriormente, saltó al Senado, donde lleva dos periodos haciéndose elegir con votaciones impresionantes, de más de ochenta mil votos, a pesar de ser un ausentista consagrado. Su primo, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, gobernador del Cesar que pasó por el liberalismo, La U y actualmente está en Cambio Radical, acaba de ser imputado porla Fiscalía debido a presuntas irregularidades en un contrato de alimentación escolar. El exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, condenado en medio del escándalo del Cartel de la Toga, dijo en 2018, antes de ser extraditado, que recibió 150 millones de pesos por parte de Gnecco Zuleta para dilatar un caso que se había abierto en la Corte Suprema de Justicia en contra de su padre, Lucas Gnecco. José Alfredo Gnecco Zuleta buscará su reelección el próximo año para mantener el poder del clan político de su familia, liderado por Cielo Gnecco, madre de Monsalvo Gnecco, tía de Gnecco Zuleta y prima del exgobernador de La Guajira, Francisco ‘Kiko’ Gómez, quien paga una condena por homicidio. Sara Piedrahita Lyons y Andrés Felipe Zuccardi son otros de los congresistas de La U con familiares cuestionados y con presuntas alianzas non sanctas. Piedrahita arrancó su carrera política en 2014 en la Cámara de Representantes, y es innegable el apoyo que ha recibido de su primo: el condenado y pedido en extradiciónAlejandro Lyons, exgobernador de Córdoba. Ingresó a la Cámara siendo la fórmula en Córdoba del senador Martín Morales Díaz, quien fue condenado en 2018 por narcotráfico y quien, presuntamente, también habría tenido nexos con grupos paramilitares. Piedrahita quiere dar el salto al Senado en el 2022. Por su parte, Andrés Felipe García Zuccardi ha sido senador desde 2014. Es hijo de Juan José García, exsenador condenado por peculado y apropiación ilegal de recursos quien murió este año a causa del covid-19, y de Piedad Zuccardi, también exsenadora en juicio por parapolítica. El tío de Andrés Felipe es el exsenador condenado por la masacre de Macayepo, Álvaro ‘el Gordo’ García Romero. Además de esta lista, el Partido de la U cuenta en su historia con una serie de personas condenadas por parapolítica, algunas de los cuales ya han sido mencionados anteriormente. Según relata Javier Duque Daza, ocho de los congresistas de la U pasaron de las curules a la cárcel: cuatro que fueron elegidos en 2002 por otros movimientos y posteriormente ingresaron al partido (Mauricio Pimiento, Zulema Jattin, Jairo Merlano y Miguel Ángel Rangel) y otros cuatro elegidos o reelegidos en 2006 (Odín Sánchez, Marco Alirio Cortes, Fuad Emilio Rapag y Jorge Visbal Martelo, este último también expresidente de la Federación de Ganaderos y condenado en 2018). El escándalo de Odebrecht, en el que se vieron involucrados no solo congresistas y ministros, sino que también salpicó a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos, es sin duda el más grande que ha tenido que enfrentar el Partido y sus miembros, pues esta situación diezmó sus fuerzas electorales debido a la salida de ‘El Ñoño’ y de Besaile. En ese caso aún se encuentran involucrados Armando Benedetti, Sandra Villadiego y Martín Morales. Cabe resaltar que Benedetti, al igual que su copartidario Roy Barreras, decidió renunciar al Partido de la U en un giro por apoyar a Petro y la Colombia Humana en 2022. De cara a 2022 Al estar del lado del Gobierno, el partido ha gozado de las mieles de la burocracia durante los años que lleva fundado. Desde entonces, ha sido fundamental para que se aprueben diversos proyectos presentados por el Ejecutivo ─como el acuerdo de La Habana─, pero hoy se encuentra en cuidados intensivos por las deudas de muchos de sus grandes representantes con la justicia, y haciendo malabares para armar sus listas de cara a las elecciones de 2022. El partido quedó huérfano tras la salida de Juan Manuel Santos de la Presidencia con su sobrada impopularidad, y eso quedó demostrado en la pérdida de votos que sufrió en las elecciones legislativas de 2018, en las que pasó de tener más de 2’260.000 votos a tener menos de 1’900.000. También ha golpeado al partido la salida de dos de sus figuras más notables en la agenda pública, Roy Barreras y Armando Benedetti, que decidieron renunciar al colectivo (por la disparidad de sus posiciones alrededor del Acuerdo con las antiguas FARC-EP) y sumarse al ‘Pacto Histórico’, la coalición de Gustavo Petro. Este hecho, junto con el hueco de los senadores Roosvelt Rodríguez, José Ritter López y Jimmy Chamorro, que no se harán reelegir, podría significar, según los cálculos electorales para el próximo año, un déficit de más de medio millón de votos. El partido intentó cambiar las reglas de juego para que se les permitiera a los partidos más grandes ─que juntos sumaran más del 15% de los votos en Senado─ hacer coaliciones y montar listas conjuntas para el Congreso del próximo año, pero el proyecto se hundió. La U optó, entonces, por buscar sus candidatos y candidatas en redes sociales, y anunció hace poco que tenía más de 1.200 aspirantes, ¿saldrán de ahí listas suficientemente potentes para mantenerse con una bancada importante? Y aunque en estas elecciones podrían tener candidata propia a las presidenciales con Dilian Francisca Toro y encontrar en ella una fuente de la unidad que solo llevan en el nombre, la exgobernadora del Valle del Cauca aún no aparece en las pocas encuestas electorales que se han realizado, y no está claro si participaría o no en una consulta interpartidista con otros precandidatos como Alejandro Char, Federico Gutiérrez o la persona candidata del uribismo. Toro, por ahora, impulsa una alianza regional con otros exgobernadores y anda de correría por el país. Pasarán los meses y veremos si el Partido de la U desaparece, en una dispersión de sus personalidades políticas hacia otros movimientos y partidos, o si estas logran mantener la bandera bajo la cual han encontrado abrigo… y puestos.

Por: Laura Cano Periodista – Pares Este 3 de septiembre se reanudarán los diálogos entre el Gobierno venezolano y la oposición de ese país. Las conversaciones, que iniciaron en agosto, se retomarán en México, país que, junto a Noruega, ha intermediado en este diálogo. Hay que recordar que estos diálogos iniciaron con la firma de un memorando en el que ambas partes se comprometieron a establecer una agenda conjunta para avanzar en soluciones políticas que ayuden a resolver la crisis que se vive en este país. Entre los siete puntos acordados para ser discutidos en la agenda de las negociaciones se encuentra el levantamiento de las sanciones y la restauración del derecho a activos, así como la existencia de garantías para la participación política. Respecto al primer punto aquí mencionado, para atender a la difícil situación económica por la que atraviesa el país, se solicitará la devolución de activos de Venezuela que algunos Gobiernos y entidades financieras mundiales han congelado en el extranjero. Mientras que respecto al segundo punto, Vladimir Villegas, periodista y político venezolano, en conversación con León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), manifestó lo siguiente: “Garantías políticas significa una liberación definitiva de presos políticos y una amnistía general. También se refiere a poder ejercer la política sin que te detengan, que los partidos políticos estén todos habilitados y todos puedan competir por los distintos cargos de elección popular. También garantías es que exista un Consejo Nacional Electoral equilibrado”. Adicionalmente, en los puntos de negociación también está que se reconozcan y legitimen instituciones de Venezuela como la Presidencia, la Asamblea Nacional electa en 2020 y el Tribunal Supremo de Justicia. Además, se plantea la necesidad de que se permita el ingreso masivo y diligente de ayuda humanitaria y de vacunas contra el covid-19 al país (Te puede interesar el informe: “El inexistente plan de vacunación en Venezuela”). A todo esto se suma la exigencia (ya mencionada) de que haya garantías democráticas y de que se liberen los presos políticos que hay en las cárceles del país, así como que se permita el regreso de las personas exiliadas y que se instaure una justicia transicional. “El hecho de que está primera etapa del diálogo se fuera construyendo en privado y que entre ambas partes se discutiera la agenda y el memorando, demuestra que es posible que este diálogo sí sea viable. Porque antes lo que pasaba es que las personas que estaban en la negociación le hablaban a las cámaras y no con el interlocutor. En esta ocasión, además, se ha dado cumplimiento a acuerdos previos, como por ejemplo: quedó en libertad un dirigente de Voluntad Popular y se incorporó a los diálogos. Asimismo, ambas partes han reconocido cosas importantes, como que hay asuntos democráticos por resolver”, aseveró Vladimir Villegas. Hay que señalar que Villegas analiza con optimismo moderado estos diálogos, puesto que en años anteriores se habían realizado otros intentos que no tuvieron éxito. Uno de estos ocurrió en Barbados, en 2019, y otro en República Dominicana, en 2018. El primero no terminó dándose por la negativa y falta de disposición del Gobierno venezolano; mientras que en Barbados no continuaron luego de que Juan Guaido anunciara el fin del diálogo debido a la prolongada ausencia del Gobierno de Maduro. “La problemática social del país no espera. Hay necesidad de soluciones políticas, que pasa también por atender las necesidades de la gente. Entonces, un fracaso de esta nueva iniciativa de diálogo podría provocar lo que un analista venezolazono vaticinaba: si no hay acuerdo y si no hay avances la comunidad internacional puede tirar la toalla. Y es que hay una preocupación de que el tema de Venezuela deje de ser un asunto de importancia por no tener la capacidad de ponerse de acuerdo”, añadió Vladimir Villegas. Este, sin duda, será un proceso difícil en el que será clave el acompañamiento internacional, pues es un hecho que la crisis venezolana tiene en el centro a la población civil. Muchas personas han tenido que salir de su país enfrentándose a situaciones mucho más complejas, mientras que otras han decido quedarse en un contexto de crisis humanitaria. Así, estos diálogos no solo son un acto político, sino que se convierten en una oportunidad para una salida acordada de la grave situación que ha vivido el vecino país por años. Así las cosas, citando las palabras de Luis Celis, “ambas partes requieren transitar un camino de entendimiento ante una situación de la mayor gravedad, y que no será una negociación fácil, pero la única posibilidad viable es que entre el Gobierno y la oposición haya disposición para construir las salidas que la sociedad venezolana requiere con urgencia”. (Te puede interesar: “Venezuela solo tiene un camino viable: diálogos y negociaciones en la pluralidad”) Hay que señalar que, como está establecido, las elecciones en Venezuela se realizarían en 2024. Sin embargo, es posible que en los diálogos se acuerde realizarlas antes. “Es urgente que el día de las elecciones sea una fiesta democrática y cesen los abusos que han sido tradicionales”, dijo Villegas, quien, además, en su análisis, resaltó la importancia de consolidar una cultura democrática en el país: “Debemos imaginar cómo va a ser el día después de las elecciones ganando el chavismo o la oposición, cómo va a ser esa convivencia política en Venezuela y cómo contribuimos al escenario del día después de las elecciones. Debemos pensar qué va a pasar con el chavismo si pierde el poder, y cuáles van a ser las garantías. Aquí hay muchas cosas subyacentes al diálogo y que seguirán revelándose en el curso de este proceso”. Aquí puedes ver el diálogo completo entre León Valencia y Vladimir Villegas:

Por: Línea de investigación de Conflicto, Paz y Postconflicto – Pares Desde la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) presentamos el Boletín 7 sobre masacres cometidas en el país entre el 1 y el 31 de agosto de este año. De acuerdo a este reporte, durante este periodo se cometieron siete masacres que dejaron 22 víctimas mortales. Para el mismo lapso de tiempo del 2020 se habían registrado 11 masacres que dejaron un saldo de 47 personas muertas. Es decir que hubo una reducción tanto en el número de hechos como en el número de víctimas que estos dejaron. En lo que va del año, en total, han sido reportadas 64 masacres en todo el país. A continuación, se encuentran las cifras e informaciones detalladas de las masacres perpetradas entre el 1 y el 31 de agosto. Asimismo, más adelante presentamos un mapa con información sobre las regiones en las que han ocurrido estos hechos violentos a lo largo del 2021 en Colombia. Descarga el informe aquí. A continuación, un mapa interactivo con los municipios en los que se han presentado masacres a lo largo del año y con el número de víctimas que estos hechos han dejado. Este mapa ha sido elaborado por con base a las cifras del Sistema de Información de Pares (SIPARES).

Por: Laura Cano Periodista – Pares En el último mes han sido constantes las noticias sobre feminicidios en Colombia. Solo en lo que va de esta semana se han conocido los casos de Deysi Marcela Cruz Reyes, de 39 años, y de Edy Mariel Barragán, de 49. El primero de estos casos ocurrió el pasado domingo al sur de Neiva, Huila. El victimario, cuya identidad aún no se conoce, habría huido con rumbo al municipio de Campoalegre, donde se presentó en la Estación de Policía para confesar lo sucedido. Hay que señalar que en el departamento, en lo corrido del año, se han presentado los casos de Luzdally Motta Yagué, en el municipio de Garzón, y el de una menor de 11 años en El Pital. Este hecho se registró el pasado mes de junio. Por otro lado, el caso que se reportó en la ciudad de Bogotá, en el que el responsable sería Luis Carlos Barragán, pareja sentimental de Edy Mariel Barragán, ocurrió en el barrio El Pedregal, de la localidad de Fontibón, al noroccidente de la ciudad. Y es que en la capital, así como en muchas otras zonas del país, la violencia contra las mujeres no cesa. Tan solo de enero a julio, según lo citado en El Espectador sobre el reporte del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (OMEG), “en la capital 1,2 de cada 100.000 mujeres fueron asesinadas, siendo Ciudad Bolívar y Bosa las localidades en donde más casos se registraron, con diez y siete, respectivamente, seguidas por Engativá (cinco), Kennedy (cuatro) y Rafael Uribe (cuatro)”. Es necesario mencionar que, en lo que va del año, más de 50 mujeres que residían en la capital fueron víctimas de feminicidios. Además, el OMEG también alertó que en los últimos seis meses la Secretaría Distrital de la Mujer ha valorado y atendido a 524 mujeres en peligro de ser víctimas de feminicidio, la mayoría en riesgo extremo. Solo en junio se presentaron 58 mujeres en riesgo extremo, 32 en riesgo grave, 30 en riesgo moderado y 23 en riesgo variable. Este panorama ha encendido las alarmas a nivel nacional, por un lado, debido al alto índice de casos, y, por otra parte, en razón de las pocas acciones efectivas que se han tomado, pues a pesar de lo sistemático de estos casos existen muchas vacíos en cuanto a las medidas de prevención, lo que termina dejando una radiografía como la actual. A lo que se suma un complejo sistema judicial que, primero, carece de cobertura, dejando a muchas zonas del país sin mecanismos que atiendan casos de violencias basadas en género, y, segundo, parece incapaz de atender casos bajo un enfoque de género, lo que termina revictimizando a muchas personas afectadas y haciendo posible que muchos victimarios queden en libertad. Un panorama nacional Hay que iniciar señalando que los problemas estructurales, como los anteriormente nombrados, también tienen otra consecuencia en lo que se refiere a la sistematización y registro de datos: existen notables diferencias entre la información entregada por organismos oficiales y la que es reportada por organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, desde enero a julio de 2021, Medicina Legal registró que en el país se cometieron 44 feminicidios, cuatro de ellos contra menores de edad. Además, a través de Radio Nacional, se informó en julio de este año que “la procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, Viviana Mora, advirtió que hasta abril de este año se han registrado 67 feminicidios en toda Colombia. Lo que implicaría un aumento del 10 % para final de año”. Hay que recordar que para el 2020 la Fiscalía General de la Nación registró 182 feminicidios. Este mismo organismo, en los primeros dos meses del año, comunicó que habían ocurrido 36 casos. Además, para el año pasado, según esta institución, los departamentos con mayores registros fueron Caquetá, Huila, Chocó, La Guajira, Quindío, Caldas y Cundinamarca. Por otra parte, el Observatorio de Feminicidios Colombia tiene un registro de 320 feminicidios en los primeros 6 meses de este año: 55 en enero, 50 en febrero, 52 en marzo, 51 en abril, 50 en mayo y 62 en junio. La mayoría de estos casos se concentraron en mujeres de 20 a 24 años. No obstante, esta cifra puede variar si se tienen en cuenta los casos que responden a homicidios contra mujeres. En este punto, es importante señalar que el feminicidio está tipificado en la ley 1761 del 6 de julio de 2015, donde se establece que será culpable de este tipo de crimen quien “cause la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, a) Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella. b) Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. c) Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural. d) Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo. e) Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no. f) Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella”. Junto a esto, se señala que los responsables de estos casos incurrirán en prisión de 250 a 500 meses. Sin embargo, cuando las víctimas sean menores de edad o mayores de 60 años; el victimario sea funcionario público y se aproveche de esta condición para cometer el crimen; el feminicidio se cometa con el concurso de otra u otras personas; la víctima sea mujer en situación de discapacidad física, psíquica o sensorial o desplazamiento forzado, condición socioeconómica; el crimen esté motivado por prejuicios relacionados a la condición étnica o la orientación sexual; el asesinato se cometa en presencia de cualquier persona que integre la unidad doméstica de la víctima; o cuando se cometa el delito con posterioridad a una agresión sexual, la pena será entre 500 y 600 meses. Todo lo descrito anteriormente demuestra que, además de lo crítico del panorama nacional, hay una complejidad con las cifras registradas. Esta situación responde a un desconocimiento de la tipificación del feminicidio como delito, pero, además, como explica María Victoria Ramírez, coordinadora de temas de género en la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), “también esta dificultad tiene que ver con el subregistro, por un lado, porque la víctima directa es la víctima fallecida, y a veces sus familiares tampoco tienen claro qué es un feminicidio y no se registra como tal. Adicionalmente, muchas veces los medios de comunicación e incluso las autoridades, de manera ligera, por desconocimiento o a propósito, hacen ver los feminicidios como si fueran otro tipo de crímenes, no dan el trasfondo de género que hay en esos hechos”. Dos radiografías departamentales Recientemente, desde la Alcaldía de Medellín se informó que, en lo que va del año, han ocurrido 25 asesinatos contra mujeres en la ciudad. “De este total, la Comisión Primera del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres ha postulado el 75 % de estos crímenes como presuntos feminicidios en 2021, en total 18 casos, de los cuales 8 han sido verificados por investigación judicial con esta clasificación”, según se informó desde la administración local. La estadística revela que el 38% de los crímenes ya esclarecidos fueron cometidos por parejas o exparejas; el 12%, por algún familiar de la víctima; y el restante 50% se encuentra en proceso de análisis. Por otra parte, en el departamento del Cauca, la secretaria de la Mujer del Cauca, Rosalbina Valdés, denunció que en lo corrido del 2021, 40 mujeres han sido asesinadas. De esa cifra, 10 pertenecían a comunidades indígenas en ese departamento. Sobre estos casos, se ha logrado identificar que 11 han sido feminicidios y los otros 29 se encuentran en investigación. Además, los municipios con más altos índices de este tipo de violencia son Santander de Quilichao y Popayán, con cinco casos en cada zona; Buenos Aires con cuatro casos; y Puerto Tejada con tres casos. Hay que recordar que en este último municipio, el pasado 23 de agosto, se cometió el asesinato de Mabel Conde y Vanesa Mena, de 27 y 21 años de edad respectivamente. Las dos mujeres se movilizaban en una motocicleta en la vía Panamericana, entre los municipios de Puerto Tejada y Villa Rica, cuando sujetos armados las atacaron. El hecho es materia de investigación. Todo este panorama reitera la necesidad de seguir exigiendo medidas y acciones contra los feminicidios en Colombia, así como ante toda clase de violencia contra las mujeres. Además, resulta evidente que se debe garantizar que las instancias judiciales tramiten estos casos de forma responsable con las víctimas, permitiendo el acceso a la justicia, pero también desarrollando investigaciones juiciosas en este tipo de hechos. Desde Pares nos sumamos a las exigencias de justicia para cada una de las mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia.