Por: Laura Fajardo Investigadora Línea de Democracia y Gobernabilidad – Pares La situación de seguridad en Cúcuta y el área metropolitana es alarmante, y aunque desde hace varios años es compleja debido del cierre de la frontera oficial y a la reacomodación estratégica de los grupos armados, es innegable la intensidad y escalamiento del conflicto en la región desde hace algunos meses. El carro bomba en la Brigada 30 y los disparos al helicóptero del presidente (sucesos ocurridos en meses anteriores), son una pequeña muestra de la complejidad que vive la zona. La explosión del lunes pasado, ocurrida en el Primer Distrito de Policía de Cúcuta, se suma al repertorio de acciones que, por el momento, parecen vaticinar tiempos de violencia en medio de una convulsionada carrera política, en donde habrá quienes capitalicen el miedo y la zozobra para alcanzar votos. Algunos de los factores que inciden sobre esta realidad tienen que ver con el cierre de frontera, la reconfiguración de actores armados y el incremento en los cultivos y procesamiento de clorhidrato han hecho de la región nortesantandereana-Catatumbo una zona sin ley estatal ni presencia institucional. Las disputas entre grupos armados y los mercados delictivos en la región (contrabando de mercancías y gasolina, narcotráfico, tráfico y trata de personas, reclutamiento y desaparición) han dejado cientos de víctimas por desplazamiento forzado y, más recientemente, víctimas letales por asesinatos y masacres. Tan sólo en las últimas dos semanas se han presentado diversos hechos violentos hacia la población y hacia la fuerza pública: amenazas, activación de artefactos explosivos, ataques militares y homicidios selectivos, como el caso del vicepresidente de JAC, Eliécer Sánchez Cáceres, asesinado el 21 de agosto en Banco de Arena, zona rural de Cúcuta. La respuesta e investigaciones que desde la institucionalidad se emprendieron, consistieron en reforzar el de pie de fuerza, lo que dejó más víctimas, pues miembros de la fuerza pública fueron sorprendidos con artefactos explosivos en días posteriores al inicio de las indagaciones. Mientras tanto, organizaciones sociales y de víctimas son amenazadas en el Catatumbo, como el caso de la Asociación de Madres del Catatumbo, desde donde se manifestó haber recibido fuertes amenazas y tener el temor de ser asesinadas o verse obligadas a desplazarse. Mientras se vive en medio de esta delicada situación de orden público y humanitario, y a pesar de las múltiples Alertas Tempranas que desde la Defensoría se han lanzado, el Gobierno Nacional y regional parece no dar con las políticas precisas para dar pronta solución a la problemática. Se esperaba que en la visita de la Canciller y vicepresidenta Martha Lucía Ramírez a la capital de Norte de Santander, con motivo de la conmemoración de los 200 años de la Constitución de Cúcuta, se hiciera alguna mención a la necesidad de soluciones prontas. Sin embargo, poco o nada se dijo al respecto. Se hace imperante, además, que la Alcaldía de Cúcuta y el área metropolitana coordinen esfuerzos ya no sólo al interior de la zona administrativamente delimitada, sino con los municipios aledaños, como Tibú, pues las condiciones de desplazamiento que se están viviendo desde estos municipios del Catatumbo hacia la zona urbana de Cúcuta ameritan un trabajo articulado que garantice corredores humanitarios, garantías de traslado e instalación, así como búsqueda por retornos seguros y siempre en miras a la protección de la vida de las personas y poblaciones amenazadas. Desde las organizaciones sociales el compromiso debe ser seguir de cerca la situación de orden público para los meses venideros, dado que, en el marco de un escenario preelectoral, de conformación de procesos políticos alrededor de las curules a víctimas decretadas por el Acuerdo de Paz, los liderazgos sociales se verán altamente impactados y, paralelamente, las maquinarias electorales del departamento podrán también jugar sus cartas.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia En la actualidad, el territorio colombiano pasa por un hito de movilización poblacional sin precedente en su historia: por un lado, alberga uno de los mayores números de personas desplazadas en el mundo a causa del conflicto armado; y, por el otro, observa un acelerado flujo de personas migrantes y refugiadas. El primero es un fenómeno de su propia cosecha, fabricado con las manos y el golpeteo de los fusiles que utilizó por casi seis décadas: un conflicto armado de larga duración que ha provocado, en tan sólo 35 años de historia, por lo menos, 9.2 millones de víctimas que habitan hoy, en su mayoría, las laderas de grandes ciudades. El segundo es un efecto particular, producto, por un lado, de la cercanía que se tiene con su vecino país y que ha traído a Colombia más de dos millones de personas de ciudadanía venezolana. Y, por otra parte, es resultado, también, de la situación geoestratégica del país, que lo ubica en el Tapón del Darién, por el cual miles de personas africanas, asiáticas y haitianas transitan en busca de cumplir su sueño americano. Esta singular situación haría que cualquier habitante del planeta pudiera pensar o suponer que la sociedad colombiana ha desarrollado una especial sensibilidad frente a la población desplazada, migrante y refugiada. Pues, el hecho de haber padecido de manera tan brutal el horror de la guerra y convivir constantemente con migrantes haría que sus habitantes se solidarizaran, con facilidad, con el dolor de otros pueblos. Sin embargo, la realidad es otra. La ciudadanía colombiana, con sus acciones y prácticas cotidianas, está mostrando que, como sociedad, no ha aprendido de su trágica experiencia. Tanto la conducta con migrantes de Haití como con personas afganas refugiadas evidencia que tenemos una cultura política que desconfía del extraño y que es indolente ante el sufrimiento ajeno. Con la población migrante haitiana nos hemos comportado mal. A pesar de que traen dinero –el cual utilizan para comprar comida o pasajes entre Ipiales y Necoclí, activando la economía y fomentando el consumo–, el lamento de estas personas es el abuso permanente al que son sometidas por algunos colombianos. Esta población padece de un cobro desmedido en el valor de los tiquetes y, además, sus escasas pertenencias son saqueadas en el viaje. Por el lado de la población afgana refugiada, ante la solicitud de un asilo temporal humanitario y sin siquiera haber llegado al país, ven como sus paisanos, a través de las redes sociales, son estigmatizados, burlados, criticados y ofendidos en su cultura y forma de vida. Sometiéndose a una doble victimización: la que sufren en su país por estar en contra del régimen Talibán y la que padecen en el país anfitrión, con el mal recibimiento. Esta lógica de actuación, aunque tradicional, es poco comprensible en la cultura política actual. Digo que tradicional, pues históricamente las comunidades han tenido miedo a los extranjeros; a estos se les tiene pánico por lo que pueden traer con su llegada: pestes y enfermedades, además de un lenguaje que no se entiende y una cultura desconocida. Pero es poco comprensible en la medida que hoy, a través de los medios de comunicación, conocemos las razones del desarraigo. Además, porque en lugar de estar atendiendo a personas que viene sin recursos, tanto la población haitiana como la afgana no están pidiendo nada regalado, tan solo que se les atienda por un pago monetario y como gesto humanitario ante la necesidad manifiesta. Así lo han dejado claro las personas afganas refugiadas con su solicitud de asilo. A través del Gobierno norteamericano, han pedido al nuestro que acoja en el territorio a un grupo de familias –alrededor de cuatro mil personas, compuestas en su mayoría por niños, niñas, adolescentes y mujeres–, las cuales deben salir de Afganistán a causa de la toma del poder del régimen Talibán y, con esta realidad, de la intensificación del conflicto armado que se vive allí. Aclarando que este acogimiento será temporal: mientras se revisan y aceptan las peticiones de asilo, se regula su situación migratoria y se entregan las visas para su ingreso legal a otro país. Además, advierten: todos los gastos relacionados con su estadía los asumirá la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). En este sentido, no son una población que venga a quitarle un bocado de comida a las personas colombianas, ni a competirles en un semáforo por pedir limosna. Vienen a que se les preste auxilio humanitario, a que se les cuide la vida y se les ayude. Y como si eso no fuera suficiente, a cambio proponen impulsar la economía hotelera y de servicios, pues estarán albergados con todo pago mientras se van del país. En conclusión, los colombianos y las colombianas nos estamos comportando como patanes, como hace mil años lo hacían los villanos en la Edad Media, dándole la espalda al migrante y refugiado. Actuamos como seres que no hubiéramos vivido la guerra, insensibles al llamado a salvar una vida. Como si no comprendiéramos lo que es llevar la casa al hombro, lo que es perder una familia, unos vecinos y una cultura. La invitación es a ponernos, por un momento, en la posición del otro. Debemos trabajar en una ética del cuidado, en una cultura política de atención a la población migrante y refugiada que nos capacite para atender de manera urgente a los grupos indefensos; que nos sensibilice sobre lo frágil que es la vida, sobre lo fácil que es destruir una cultura y, sobre todo, el poder que tenemos como colectividad para brindar un apoyo a un “desconocido” en apuros. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Juan Camilo Rodríguez Guerra Investigador Línea de Investigación de Conflicto, Paz y Posconflicto – Pares Hace un año, por motivo de la pandemia, encontramos situaciones comunes que viven personas líderes y defensoras de derechos humanos en algunos países de la región andina. Con la intención de profundizar en esta realidad, estudiamos los casos de Colombia, Perú y Venezuela. Como resultado, intuimos que una perspectiva regional nos permitiría comprender a mayor profundidad las dificultades que atraviesa esta población. De este modo nos acercaríamos a la realidad de personas defensoras de derechos humanos, del ambiente y del territorio que son victimizadas sistemáticamente. Hoy pasamos de la intuición a la acción; de la mano de organizaciones expertas en los tres países, construimos una iniciativa que nos permite abordar esta problemática: el Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA). El pasado jueves 26 de agosto realizamos el lanzamiento internacional del ODEVIDA (presentación que es posible volver a ver aquí). Fue un evento gratificante que contó con la participación de Javier Ciurlizza, director de la Fundación FORD en la Región Andina; León Valencia y Ariel Ávila, de la Fundación Paz & Reconciliación (Colombia); Raúl Cubas, cofundador de PROVEA (Venezuela); Ana Leyva, responsable del Programa de Derechos Colectivos de CooperAcción (Perú); y Juan David Cárdenas, profesor asociado de la Universidad de La Sabana (Colombia). En resumen, el evento tuvo dos objetivos: por un lado, profundizar en los retos que existen para visibilizar la labor de personas líderes y defensoras de derechos humanos; y, por el otro, presentar el informe “Violencia en contra de personas líderes y defensoras de derechos humanos: una realidad que traspasa fronteras”: una investigación sobre los contextos de riesgo y violencia que vive esta población en los tres países. Dicho informe se encuentra disponible aquí. A continuación, un resumen de las principales reflexiones que se dieron en el lanzamiento y que buscan hacer camino para mitigar la violencia contra líderes y lideresas sociales. Reflexiones del lanzamiento El lanzamiento inició con la intervención de Javier Ciurlizza, director de la Fundación FORD en la Región Andina, quien agradeció el espacio y saludó la participación de las tres organizaciones (Pares, Provea y CooperAcción) reconocidas por su trabajo en pro de la justicia social en Colombia, Venezuela y Perú, respectivamente. Ciurlizza reflexionó en torno a una situación que se reproduce en muchas partes del planeta y que, en el caso latinoamericano, tiene sus propias características: el acortamiento o achicamiento de espacios, tanto sociales como institucionales, para la participación de la sociedad civil en problemas que le atañen. Una de las razones de esto es el fortalecimiento de olas conservadoras en el mundo, que, basadas en percepciones de inseguridad, están dando lugar a nuevos autoritarismos y a una enorme polarización política basada en noticias falsas y distorsionadas sobre lo que es la sociedad civil y la protección de los derechos humanos. Esta crisis se expresa, en el caso latinoamericano, en una enorme fragilidad, tanto de instituciones como de partidos políticos y organizaciones sociales, que evidencia un debilitamiento de los valores democráticos en el continente. En este contexto, líderes y lideresas sociales, que se encuentran en el frente del cambio social, son una preocupación principal de la Fundación FORD. A partir de esto, se reiteró la importancia de trabajar en torno a estas problemáticas comunes que se evidencian, entre otras cosas, en la constante estigmatización por parte de Gobiernos autoritarios hacia la labor de personas defensoras de derechos humanos y hacia la protesta social, en las medidas normativas insuficientes para la protección de esta población, y en que la protección hacia líderes y lideresas sociales se asume como un problema de seguridad, dejando de lado sus riesgos diferenciales y su importancia para el fortalecimiento de la democracia. León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), retomó esta idea, evidenciando que la organización social y la movilización colectiva son el motor para la profundización de la democracia en el continente. Mencionó los casos de Chile, Perú y Colombia, donde la protesta social ha logrado transformaciones inéditas en los últimos tiempos. Desde la perspectiva de análisis de Pares, la violencia contra líderes y lideresas sociales es un problema con un trasfondo pavoroso que, en el caso colombiano, se remonta a los años más álgidos del conflicto armado y a la época de Seguridad Democrática de los Gobiernos Uribe Vélez. Desde 2018 esta violencia se desbordó, llegando a su punto más álgido en 2020. Ante esta situación nace el ODEVIDA: una iniciativa que busca comprender las situaciones de riesgo a las que se enfrenta esta población, esperando incidir para que se respete, garantice y promueva la labor de personas defensoras de derechos humanos en estos tres países con profundas dificultades para su protección. En el evento también participó Ariel Ávila, subdirector de Pares, quien hizo énfasis en que, a pesar de que las realidades son distintas en los tres países, hay por lo menos cuatro similitudes o fenómenos comunes en la victimización a líderes y lideresas sociales. El primero de ellos tiene que ver con el perfil de las personas afectadas por la violencia. En el informe se encontró que son los liderazgos ambientales, sindicales y que promueven la defensa del territorio son los perfiles más victimizados sistemáticamente en los tres países. En el caso venezolano, la victimización se concentra en esta población cuando hace críticas hacia el actuar del Estado. El segundo fenómeno común se relaciona con los lugares en los que ocurren afectaciones a personas líderes y defensoras de derechos humanos. Se identificó una sistematicidad de violencia en los territorios con actividades extractivas legales o ilegales, con valor ambiental y que suelen ser habitados por comunidades indígenas o negras, y/o en los que se han concentrado movilizaciones sociales en los últimos tiempos. El tercero es con respecto a los repertorios de violencia o las formas en que se victimiza a líderes y lideresas sociales: el señalamiento o estigmatización por parte de funcionarios de cada Gobierno en los tres países, las amenazas, los homicidios, así como otras tácticas para la intimidación y el silenciamiento de organizaciones sociales o políticas. El último factor común es que, tanto en Colombia como en Perú y Venezuela, hay una crisis del sistema político que se evidencia en una crisis de representación y de generación de espacios para la participación política y de la sociedad civil, así como una desconexión con el modelo de desarrollo por parte de esta. Tras la participación de Ariel Ávila, intervino Ana Leyva, responsable del Programa de Derechos Colectivos de CooperAcción (Perú). Hizo un diagnóstico de la situación de riesgo de las personas líderes y defensoras de derechos humanos en el país, reconociendo que la violencia selectiva es un problema en crecimiento. De este modo, mencionó cuatro factores de riesgo: Primero, que la pandemia favoreció la expansión de las economías ilegales en varias regiones del Perú, lo que está generando escenarios de disputa por recursos y zonas estratégicas. Esto ocurre, especialmente, en contra de comunidades indígenas. El fenómeno se produce, sobre todo, en Junín, Pasco, Ucayali y Amazonas. Segundo, la expansión de proyectos extractivos formales que también entran a disputar el territorio con comunidades y organizaciones sociales, buscando la obtención de recursos. En este caso, esta realidad va de la mano con la criminalización y la estigmatización hacia la protesta social. Tercero, la inestabilidad política y la fragilidad de la democracia. Solo en dos años, Perú ha tenido tres presidentes, lo que ha desembocado en masivas movilizaciones sociales que han sido reprimidas a través de la violencia. Por último, las movilizaciones laborales se intensificaron en el país producto de la crisis económica derivada de la pandemia, lo que generó un factor de riesgo para personas líderes y defensoras de derechos humanos debido a la estigmatización y señalamientos contra sus labores. La intimidación a través de largos procesos judiciales y la acusación por delitos graves se convirtió en una forma de acallar y frenar la actividad de las organizaciones laborales. Luego del esbozo de este panorama, participó Raúl Cubas, cofundador de PROVEA (Venezuela), y se refirió a la situación de personas líderes y defensoras de derechos humanos en el país. Inició dando un contexto de la situación política en Venezuela, marcada por la muerte del expresidente Hugo Chávez y el posicionamiento de Nicolás Maduro. Desde esa fecha, inició un proceso acelerado de deterioro del proyecto político chavista que se dio a la par que aumentaban las intimidaciones y la estigmatización hacia esta población. Se evidenció una crisis humanitaria compleja que lleva ya seis años y que se encuentra caracterizada por la violación sistemática de los derechos humanos, especialmente contra dirigentes políticos, líderes y lideresas sociales, y personas defensoras de derechos humanos. Durante estos últimos años, el Ejecutivo viene desarrollando distintas iniciativas institucionales que criminalizan el disentimiento y las críticas a su actuar. Un ejemplo de esto fue la creación, en 2020, de un cuerpo antiterrorista que tiene facultades excepcionales para investigar o allanar, y que fiscaliza a las personas críticas al Gobierno bajo delitos como terrorismo o narcotráfico. Este panorama, agravado por el Gobierno de Nicolás Maduro, aumentó el nivel de victimizaciones e intimidaciones en contra de la sociedad civil, especialmente en contra de lideresas y líderes tanto sociales como políticos. La última intervención estuvo a cargo de Juan David Cárdenas, profesor asociado de la Universidad de La Sabana que, en alianza con Pares, realizó un estudio sobre el papel de los medios de comunicación en la realidad de líderes y lideresas sociales en Colombia. Inició su participación señalando que el lenguaje es la forma en que se moldea la realidad y el instrumento a través del cual se configuran las claves para entender un problema. Frente a la situación de personas líderes y defensoras de derechos humanos, evidenció que un lenguaje que prioriza la violencia tiende a reproducir fenómenos como la estigmatización, los prejuicios y los señalamientos. A partir de esto, se hizo un estudio sobre el cubrimiento y el tratamiento de los medios a las noticias relacionadas con líderes y lideresas sociales. En este se encontraron cuatro escenarios donde el lenguaje puede estar construyendo violencia: Primero, cuando el lenguaje acompaña relatos violentos; segundo, cuando el lenguaje se utiliza para justificar una muerte; tercero, cuando el lenguaje conduce hacia la violencia, especialmente en espacios como las redes sociales; y, por último, cuando el lenguaje es, en sí mismo, un acto violento. Estos escenarios del lenguaje se normalizaron, en muchos casos, en el paisaje comunicativo y en la forma en que los medios tratan acontecimientos relacionados con líderes y lideresas sociales. Por ejemplo, en más de la mitad de las noticias analizadas se evidenció que hay una preponderancia en las cifras y en los conteos de violencias, sin profundizar en los casos específicos. El 41% de las noticias hablan simplemente de una situación de seguridad y de orden público, por lo que se enmarca la problemática bajo un lente de inseguridad que no responde a las realidades por las que ocurren afectaciones a líderes y lideresas. Esto promueve una lógica de la securitización que hace que el Estado responda a estas afectaciones mediante el incremento de la Fuerza Pública, escoltas, pero sin tratar de forma integral las causas estructurales de esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentra esta población. Finalmente, el evento cerró con preguntas tanto de periodistas de los tres países como del público general. Estos interrogantes permitieron profundizar en el contexto de riesgo de personas líderes y defensoras de derechos humanos en Colombia, Perú y Venezuela.

Por: Laura Cano Periodista – Pares Hace algunas semanas parecía que se abría un nuevo capítulo en la historia judicial de Mario Montoya, pues la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa, decidió imputar a Montoya por su presunta responsabilidad en 104 ejecuciones extrajudiciales. Los homicidios, según las investigaciones de la Fiscalía, habrían tenido lugar entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008, mientras Montoya se desempeñaba como comandante del Ejército. Durante ese periodo (en el que regía la política de privilegiar a los uniformados con mayor número de capturas y muertes en combate), se presume que múltiples asesinatos de civiles se reportaron como resultados operacionales exitosos. Del total de estos casos, cinco habrían sido cometidos contra menores de edad. Se informó en Blu Radio que, según varias investigaciones, “el general Montoya había recibido muchas quejas de manera directa e indirecta a través del inspector del Ejército o de sus delegados. Desde el 20 de noviembre, Montoya recibió la orden de cambiar la forma de evaluar la campaña. Montoya comunicó la nueva directiva, pero no la aplicó, es decir, siguió evaluando a los comandantes de todos los niveles del mando por la cantidad de muertes en combate reportadas. En este orden de ideas, de manera consciente, el general Montoya habría desobedecido la orden emitida por el Comando General de las Fuerzas Militares”. Pues bien, recientemente se conoció que el Tribunal Superior de Bogotá, actuando en función de garantías, decidió no avalar que se juzgue el caso en la justicia ordinaria, argumentando que es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la que debe llevar este proceso. Además, se aseguró que en este caso no cabe ningún recurso de apelación. El Tribunal manifestó “Abstenerse de realizar audiencia de formulación de imputación en el caso del general en retiro Mario Montoya Uribe, según convocatoria realizada por el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia por los punibles de homicidio agravado, ocultamiento y alteración de elementos materiales probatorios, en el denominado caso de falsos positivos que actualmente es conocido por la JEP donde se ha sometido voluntariamente”. Adicionalmente, se aclaró que la Fiscalía sí puede avanzar en las investigaciones y recolección de pruebas pertinentes, pero no tiene la competencia de avanzar con diligencias como la imputación de cargos ante la justicia ordinaria. Por otra parte, hay que recordar que justamente la defensa de Montoya había asegurado, cuando se conoció la decisión de la Fiscalía, que este organismo no podía imputar cargos al general (r). Esto argumentando que Montoya se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz desde 2018 y que, si bien la Fiscalía puede mantener la competencia de las investigaciones que se desarrollan en la justicia ordinaria, esta entidad no puede tomar decisiones de fondo ni citar a las personas involucradas a diligencias judiciales. “El señor fiscal no puede derogar en ningún momento ni el acto legislativo que reglamenta el Acuerdo de Paz que le da competencia prevalente a la Justicia Especial para la Paz y tampoco puede desconocer la Ley Estatutaria que estipula que la Fiscalía no puede citar a diligencias judiciales que impliquen la afectación de derechos para quien están sometidos a la JEP”, señalaba Andrés Garzón, abogado de Montoya. Hay que recordar que en las comparecencias de Montoya, este se ha negado a aceptar las acusaciones que se le hacen. Incluso en una de sus versiones aseguró que quienes cometieron estos crímenes lo hicieron “por falta de capacitación”. Asimismo, hay que señalar que, en septiembre de 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la JEP citó a una audiencia de sometimiento a Mario Montoya Uribe, para que en esta suscribiera el acta de sometimiento ante la JEP y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Finalmente, el general (r) firmó dicha acta el 17 de octubre, en la que se comprometió a comparecer ante la JEP y a contribuir a la reparación de las víctimas. No obstante, hasta el momento, los aportes de Montoya se han quedado cortos. Incluso en algunas ocasiones víctimas del conflicto armado reclamaron que el exgeneral fuera retirado de la jurisdicción. Así las cosas, la actual decisión pone sobre la mesa la responsabilidad de Montoya para aportar en la JEP, pues hay que recordar que este exmilitar no solo está relacionado con las investigaciones sobre los homicidios extrajudiciales, sino que también fue mencionado en las versiones libres del exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, quien confesó la complicidad que existió entre los ‘paras’ y la IV Brigada del Ejército Nacional mientras Montoya fue su comandante entre 2001 y 2003. Según ‘Don Berna’, entre el 16 y 19 de octubre de 2002, tropas de la IV Brigada, en compañía de paramilitares, realizaron el operativo militar urbano más grande de la historia: ‘La Operación Orión’, en donde hubo 88 homicidios y más de 600 víctimas. Otro de los paramilitares que mencionó en versiones libres al general fue Daniel Rendón Herrera, quien señaló que Montoya recibió dinero para ayudar a Miguel Arroyabe, del ‘Bloque Centauros’, en la guerra contra ‘Martin Llanos’ por el control del Meta y Casanare. Pero no sólo han sido exjefes paramilitares quienes vinculan al general (r) con actividades ilegales. En 2010, tres coroneles y un capitán testificaron en contra de Montoya, a quien acusaron de autorizar la utilización de guías civiles, quienes, más tarde, se comprobaría fueron paramilitares en acciones que culminaron en la masacre de ocho campesinos que hacían parte de la. Así que aún queda mucho camino por delante en lo que se refiere a las responsabilidades de Montoya.

Por: Walter Aldana Político social alternativo En nuestro país se confunde la política con la politiquería. La primera tiene que ver con todas las acciones públicas y privadas del ser humano, la segunda es la utilización de ella para el bien personal y de grupo. En la sana política (la del servicio comunitario), el bien general prima sobre el particular; en la politiquería no existe el bien colectivo, priman la ganancia y el dinero mal habido (como dirían las abuelas). De ello pueden dar cuenta los contratistas del Mintic, embajadores con coca en el solar de la finca, sobrecostos en los mercados en época de pandemia… en fin, pregúntele de esto al equipo de Gobierno de Duque. Y avispados para «aprovechar el cuarto de hora», no solo se hacen al poder en el Ejecutivo y el Legislativo, sino que, para darse a conocer y mantenerse en él, invierten dineros (ellos directamente o sus amigos patrocinadores) en la televisión con sus canales privados, en la radio y en revisticas con «afamados y afamadas» periodistas emparentadas con los dueños del dinero, el narcotráfico y las decisiones políticas, sociales y, sobre todo, económicas. Si se plantea en contraposición al modelo de ellos, el resultado sería un modelo económico basado en el aprovechamiento de las energías limpias, en el estímulo a la producción nacional (con políticas que protejan a pequeños y medianos productores frente a las multinacionales que se dejan venir subsidiadas desde sus países de origen), en la matrícula cero hacía una educación gratuita y de calidad, y en el regreso de la salud al carácter público de su servicio. A través de los medios de comunicación de las personas de siempre, entre otros adjetivos, si pregonamos estas ideas se nos dice… “polarizadores”. Y aparecen las caras de «periodistas», conductores de la opinión, pidiendo no dejar caer al país en los «extremismos», rogando a las personas que denominan de «centro» salvar la patria: primero fue el señor Fajardo (que le gusta ver ballenas mientras la nación se hunde), y ahora un «académico» con rostro humano (además pispo) del capitalismo salvaje, que intentó poner freno a la tutela como mecanismo de exigibilidad de derechos, ministro de Salud con el modelo de la ley 100 intacta en su administración. Entonces, politiquería reinante y grandes medios de comunicación al servicio de esta, para completar, son los dos componentes de la expresión de un modelo arrasador e inhumano que pretenden mantener sembrando miedo. Yo reivindico la izquierda, los servicios esenciales administrados por lo público, el servicio como comportamiento natural del funcionario, la implementación de los acuerdos con las antiguas FARC-EP, la defensa de los derechos humanos, el reconocimiento del campesinado como sujeto político diferencial de derechos. Creo, además, en el respeto a todas las opiniones (lo que no quiere decir silencio ante las injusticias), en la hermandad, en la lucha pacífica con la movilización social y en la construcción de propuestas. Recordémoslo siempre: debemos avanzar hacia la construcción de una realidad política en la que el Gobierno no humille a sus gobernados ni haya denigración entre estos. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Laura Alejandra Fajardo Investigadora Línea de Democracia y Gobernabilidad – Pares Para las elecciones de 2018, Colombia vivió la mayor votación presidencial alcanzada por un candidato de izquierda. La lista de la Decencia y la Colombia Humana, en cabeza de Gustavo Petro, consiguió una histórica votación, reflejo de lo que para muchos fue entendido como una expresión de apoyo al Acuerdo de Paz, la manifestación del voto joven y la incomodidad frente a que ganara “el que diga Uribe”. Sin embargo, la crisis desatada por la pandemia del covid-19, el descontento social que ha traído consigo y las intensas jornadas de protestas, manifestaciones ciudadanas y un paro cívico nacional de casi tres meses en distintas partes del país son factores que imponen a los candidatos, partidos políticos y movimientos sociales un escenario particular para los comicios del 2022. En lo que respecta a la Colombia Humana: ¿podrá el Pacto Histórico responder a las exigencias sociales?, ¿a qué retos se enfrentan?, ¿qué ventajas pueden tener?, ¿les alcanzará para la segunda vuelta?, ¿qué tan reales son las posibilidades de Petro de llegar a la Presidencia? Un breve recuento Para responder a estas preguntas es necesario hablar de los orígenes de la Colombia Humana, movimiento ciudadano producto de la ruptura en 2010 entre las dos grandes figuras del Polo Democrático Alternativo (PDA), Gustavo Petro y Jorge Enrique Robledo, posterior al escándalo de los hermanos Moreno y a los escándalos de corrupción de Bogotá. Las divisiones políticas de Petro y Robledo parecen ser de tal anchura que se mantienen vigentes a la fecha sin que los implicados busquen solventarlo. Un ejemplo de esta división se hizo manifiesta para las elecciones presidenciales en 2018, en las que, para la segunda vuelta presidencial, Robledo prefirió anunciar su apoyo al voto en blanco y no a Petro, a pesar de que el otro candidato con opciones presidenciables fuera Iván Duque, candidato del uribismo por el Centro Democrático. A la fecha, algunos sectores atribuyen la victoria de Duque a la mencionada falta de respaldo entre las candidaturas de centroizquierda, un hecho que no está sustentado en las cifras de los votos ni en el electorado que apoyó a Petro en segunda vuelta. Tras la ruptura del PDA y la salida de Petro, este último optó por convocar a la ciudadanía, recoger firmas y lanzarse como candidato a la Alcaldía de Bogotá bajo sus propias banderas, dándole vida a “Progresistas”[1], movimiento ciudadano que llevó a Petro a gobernar desde el Palacio de Liévano en la capital del país para el periodo 2012-2015. En ese mismo periodo, Progresistasy la Alianza Verde lograron nueve concejales en la capital, entre esos Angélica Lozano y Vicente de Roux, unión que se fragmentó ante las diferencias para las elecciones presidenciales de 2014 y las locales de 2015. Actualmente, Lozano y de Roux están bajo los toldos del Partido Verde y la Coalición de la Esperanza. Por su parte, la Unión Patriótica (UP) nació en 1985, fruto de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Belisario Betancur y la entonces guerrilla de las FARC-EP. Sin embargo, la presencia de sus líderes sindicales y sociales en las regiones desató una fuerte ola de violencia sistemática y generalizada, que se expresó en asesinatos, secuestros, amenazas y exilios. En la actualidad, no se tiene aún certeza del número determinado de personas perseguidas y víctimas de este genocidio político, según lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y lo reconoció el expresidente Juan Manuel Santos. Este escenario significó su desaparición del panorama electoral, lo que llevó a que en 2002 el Consejo Nacional Electoral (CNE) le retirara la personería jurídica al partido. No fue sino hasta 2013, cuando el Consejo de Estado restituyó la personería jurídica, tras un análisis contextual de su desaparición obligada y el retorno del exilio de algunas de sus líderes más representativas, como Imelda Daza y Aída Avella. Mientras tanto, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) nació del interés electoral de la comunidad indígena expresada en el VII Congreso Nacional Indígena en 2007, teniendo como primera aparición en las elecciones legislativas de 2014, mediante Luis Evelis Andrade, con 15.961 votos[2], una de las dos circunscripciones indígenas en el Senado. Elecciones 2018: el punto de quiebre para la Colombia Humana Tras la Alcaldía en Bogotá, Gustavo Petro se embarcó en la campaña presidencial, tomó como referencia el nombre de su programa en la Alcaldía de la Bogotá Humana y lo traslapó al nivel nacional, inscribiéndose como candidato con cerca de 850 mil firmas ante la Registraduría Nacional bajo el titular de la Colombia Humana.[3] A medida que la campaña presidencial cogía forma, se sumaron nuevas fuerzas y, con la adición de la Unión Patriótica y el MAIS, se conformó la Lista de Decentes (o solo Decentes): lista abierta que fue tras las curules en Congreso y que conformó la bancada de respaldo al dirigente de la Colombia Humana. La Lista, encabezada por líderes sociales como Cesar Pachón, figuras reconocidas como Gustavo Bolívar y Aída Avella, y caras jóvenes como David Racero y María José Pizarro, logró convocar el voto joven, logrando una importante votación. Así conformaron también parte relevante de la bancada de oposición al Gobierno de Duque. Tras las elecciones presidenciales y bajo el Estatuto de la Oposición, se les sumaría Gustavo Petro en Senado y Ángela María Robledo, en Cámara de Representantes. En el ambiente de la campaña presidencial, la primera vuelta transcurrió con sorpresas como la ‘quemada’ de Germán Vargas Lleras, de quien se esperaba una alta votación, teniendo en cuenta las maquinarias electorales con las que cuenta su partido, Cambio Radical. También se dio la sorpresa del paso a segunda vuelta de la Colombia Humana de Gustavo Petro y Ángela María Robledo, quienes alcanzaron la votación histórica más alta por la izquierda en estos comicios. Sin embargo, hubo un estrecho margen que sostuvo la Colombia Humana con la Coalición Colombia, liderada por Sergio Fajardo, que contrastaba con el amplio espacio entre Petro e Iván Duque; de ahí que la Colombia Humana confiara en la adhesión de Fajardo y los Verdes para la segunda vuelta, escenario que no se dio, parcialmente. Mientras que el Polo y el Partido Verde, como colectividades, respaldaron a Petro, sus caras más visibles, Robledo y Fajardo, respectivamente, no lo hicieron (aunque cabe mencionar que Fajardo no es miembro del Partido Verde, para ese momento lo era de ‘Compromiso Ciudadano’, partido con el que ganó la Alcaldía de Medellín en 2004). Para la opinión pública, esta falta de respaldo fue decisiva en la derrota electoral de Petro para la segunda vuelta, sin embargo, las cifras de las votaciones revelan que, aunque Fajardo y Robledo le hubieran brindado el apoyo, no habría podido hacerle frente al crecimiento del voto en blanco y los números no le habrían alcanzado para derrotar a Duque y su maquinaria electoral para la segunda vuelta. Este escenario se trasladó al Congreso y la actividad legislativa en el periodo 2018-2022, de cierto modo, ha generado un ambiente electoral tenso entre las fuerzas de izquierda y centroizquierda, que ya empieza a revelarse y que se espera tome intensidad en lo que queda de este año y lo que viene para el próximo. ¿Y en el Congreso? Es importante señalar que, gracias al Estatuto de la Oposición, Gustavo Petro pudo ocupar una curul en el Senado, mientras que Ángela María Robledo, como fórmula vicepresidencial, tomó la suya en la Cámara de Representantes. Así las cuentas, la Lista de la Decencia y la Colombia Humana resultaron con cuatro escaños en el Senado, una del MAIS por circunscripción indígena y cuatro en la Cámara de Representantes. Con el tiempo, serían sólo tres en Senado tras el controvertido caso de Jonatan Tamayo, también conocido como ‘Manguito’, quien sorpresivamente salió de la bancada de oposición para alinearse con el Gobierno nacional. Los dos primeros periodos de la actividad legislativa fueron deficientes, pues se decía que parte importante de los partidos de gobierno esperaban su cuota ‘incentivo’ legislativo desde el Ejecutivo (de la que poco o nada vieron)[4]; mientras tanto, la bancada de oposición pudo unir esfuerzos y hacer llamados a control político que resultaron fundamentales para la opinión pública: el llamado al exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por los llamados ‘Bonos Agua’ (mejor conocidos como ‘Bonos Carrasquilla’), y al exministro de Defensa, Guillermo Botero. Si bien las primeras legislaturas fueron complejas, posteriormente, en el marco de la pandemia por covid-19, el Congreso fue incapaz de adaptarse con rapidez a las medidas que las circunstancias exigían. La suspensión temporal de las sesiones presenciales y, luego, las fórmulas aplicadas en las sesiones virtuales poco o nada dejaron para la oposición que, además, bajo la presidencia de Cámara y Senado en manos de partidos de Gobierno, hizo aún más difícil el uso de los tiempos, las dinámicas de los debates y los espacios para replicar. Las discusiones y propuestas desde la Lista Decentes estuvieron enfocadas a la búsqueda de mecanismos para solventar la responsabilidad del Estado ante la emergencia económica provocada por la pandemia, como la búsqueda de aprobación de la renta básica. Otros de los temas debatidos por la Lista (y, en general, por la bancada de oposición) fueron la Ley de la comida chatarra, el Acuerdo de Escazú, la implementación de los compromisos del Acuerdo de Paz y los controles y modificaciones necesarias para limitar el uso de la fuerza pública. A pesar de los debates y los proyectos presentados y apoyados como oposición, las diferencias políticas entre los miembros de los partidos al interior de la bancada se hicieron evidentes, dejando al desnudo las distancias políticas entre los y las parlamentarias, desaprobando entre sí las formas y los fondos para la actividad legislativa. Una de las situaciones más reveladoras se materializó en la reciente división entre la oposición por la elección del vicepresidente del Senado y el rifirrafe entre el Partido Verde y la Lista de Decentes (en cabeza de Angélica Lozano y Gustavo Bolívar, respectivamente). Una situación que nuevamente expuso que estas fuerzas políticas podrán ser oposición, pero parecen no existir ánimos ni intereses por tender puentes: “juntos, pero no revueltos”. Caras vemos, corazones e intenciones políticas no sabemos El sorpresivo giro de Jonatan Tamayo, al darle la espalda a la Lista y apoyar varios de los proyectos presentados por el Centro Democrático, no fue el único salto político que se presentó en la legislatura. La salida de Ángela María Robledo de la Coalición de la Colombia Humana (que luego desencadenaría en la pérdida de su curul como representante a la Cámara por doble militancia al momento en que se declaró fórmula vicepresidencial de Petro) irrumpió el escenario político de la izquierda y develó profundas diferencias y problemas que, al parecer, existirían en la coalición conformada para el 2018. El origen de las diferencias sería, en parte, el apoyo que Petro le dio a Hollman Morris para las elecciones a la Alcaldía en el 2019, a pesar de las denuncias que lo acusaban de presunto maltrato intrafamiliar y que recaían en el entonces precandidato, y sobre las cuales las directivas y cabezas de la Colombia Humana no demostraron interés real por investigar o sancionar de alguna manera. A esta queja se suman algunos señalamientos contra otros miembros de la coalición, de nuevo, por los mismos temas de violencia de género sin resolver, como el caso de Feliciano Valencia, senador que ocupa la curul indígena por el MAIS y que ha apoyado abiertamente las candidaturas y posicionamientos de Gustavo Petro a lo largo de estos años, siendo parte importante de la cuota indígena en la coalición. Más allá de la diferencia de Ángela María Robledo con la coalición por el nulo tratamiento a estos temas, resultó sorpresivo su anuncio no solo de renunciar a la Colombia Humana, sino de querer sumarse a la Coalición de la Esperanza, formación política de “centro” que se considera a la fecha como uno de los principales contendientes para el Pacto Histórico de cara al 2022, en tanto puede llevarse los votos de quienes no están del lado del Gobierno nacional, pero que no se sienten convencidos por una propuesta política como la de Petro. Sin duda alguna, esta decisión de Ángela María Robledo cambió el panorama en tanto se presume que se lleva consigo votos de mujeres y de grupos relacionados a la defensa de las diversidades sexuales y de género, que cada vez más parecen coger más fuerza, caudal y espacio en el escenario electoral. Con esta decisión, la otrora candidata vicepresidencial se suma a la coalición que se debate entre cinco precandidatos presidenciales: Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán. Los escenarios para el 2022 El 2020 estuvo marcado por la pandemia por covid-19, problemas económicos, pobreza y una tasa de desempleo que para junio de 2021 se ubicaba en el 14,4%, según cifras del DANE.[5] Además, se prendió un escenario de convulsión social que se tomó los titulares y el debate político durante parte importante del primer semestre del año 2021, tras la declaratoria de paro nacional a partir del 28 de abril ante la inacción del Gobierno nacional, la falta de respuesta al hambre, las precarias condiciones de vida de la población, la vivencia de lo indigno que puede ser el sistema de salud y, sobre todo, el estallido coyuntural que detonó la presentación de una Reforma Tributaria considerada por muchas personas y sectores como un abuso al bolsillo de la ciudadanía de a pie. Los sucesos posteriores y los abusos de la fuerza de los cuerpos armados en las manifestaciones sociales influyeron en que, a julio de 2021, el presidente Iván Duque llegara a una desaprobación del 79% y una imagen desfavorable del 74%.[6] Ante semejantes cifras de impopularidad, se constituye una atmosfera que favorece a la izquierda y la centroizquierda a nivel electoral, con mayor fuerza, según las actuales encuestas, para la Coalición de la Colombia Humana, ahora nombrada como Pacto Histórico. A pesar de ello, son múltiples los escenarios a revisar y las cuestiones que entran en juego para la contienda electoral del próximo año. Se hace necesario evaluar el escenario de acuerdo con los comicios del Congreso, por un lado, y de la Presidencia, por otro. Congreso En el Congreso podría analizarse la situación en dos sentidos: por un lado, los históricos en las votaciones de 2018 y, por el otro, las discusiones por la equidad de género y paridad política, tema que adquirió una especial relevancia tras la salida de Ángela María Robledo, pues parece haber dejado en entredicho el ‘espíritu’ de progreso, igualdad y equidad que promulga la coalición, ¿es acaso el Pacto Histórico un escenario ideal para las mujeres? Respecto a las votaciones, si se revisan los datos en Senado, en 2018, es notable la votación alcanzada por el expresidente Uribe, quien seguramente no se presentará en esta ocasión a elecciones, teniendo en cuenta las investigaciones que la Fiscalía tiene en curso y en las que está involucrado. Que Uribe retorne al Congreso implicaría el regreso de sus procesos a la Corte Suprema de Justicia, situación que ya esquivó en el pasado y por la que renunció a su curul de senador. La segunda votación más alta de la tabla se la atribuye Antanas Mockus, quien no pudo culminar su periodo como senador, pero que recientemente expresó su intención de establecer diálogos al interior del Partido Verde y con otras fuerzas políticas como el Pacto Histórico o el posible candidato presidencial Alejandro Gaviria.[7] Sin embargo, el comunicado no deja claro su apoyo a ninguno de las posturas en disputa, de forma que se hace difícil pensar para dónde podrían ir esos votos obtenidos en 2018. Por otra parte, es posible considerar los votos que se sumarían al Pacto desde la orilla de Roy Barreras, quien dejó al Partido de la U y se lanzó a la contienda al interior de la coalición de izquierda. La pregunta que queda es: ¿Qué tantos votos puede alcanzar estando lejos de las dinámicas electorales propias de la U y en un escenario diferente al parlamentario? Al análisis se suman los votos de Jorge Enrique Robledo, que para esta oportunidad decidió alejarse del Polo y buscar sus propios caminos con Dignidad, el nuevo movimiento político que lidera y el cual logró personería jurídica hace algunos meses. Esta ruptura entre Robledo y el Polo parece dejar el camino abierto a quienes no eran afines a la línea política interna del senador (muchos herederos del MOIR) para sumarse abiertamente como PDA al Pacto Histórico. Este es el caso de Alexander López Maya, quien llegó al Senado en 2018 con 85.395 votos.[8] Por su parte, Gustavo Bolívar, a pesar de ser el más votado al Senado en el 2018, por la Colombia Humana, y de ser figura clave de la legislatura de la Lista Decentes, no tiene nada garantizado para las próximas elecciones y tendrá que esperar las cartas que se jueguen durante la campaña para saber si su electorado se reduce, se mantiene o crece. Frente al tema de género, llama la atención que, ante las denuncias y quejas por la falta de paridad e interés por los temas de equidad de género al interior del Pacto, hayan sido pocas las intenciones y esfuerzos por cumplir con la Ley de cuotas de género al interior de los partidos, o más allá del cumplimiento legal, por apostarle políticamente a la paridad de género en el desenvolvimiento de la vida política del Partido como muestra de cohesión y coherencia.[9] A pesar de los retos en números de votos y en las formas paritarias de manejo político al interior de la colectividad, un reciente anuncio del Pacto Histórico puede cambiar el panorama de lo que suceda en las relaciones del partido y, por supuesto, en la configuración del Congreso en el 2022. El Pacto Histórico decidió lanzarse a la contienda con una lista cerrada y en cremallera. A pesar de haber sido el debate interno por semanas, fueron dos los argumentos de peso para que fuera este el mecanismo escogido, y que resolverían los dos retos mencionados previamente: disciplina de partido y paridad de género. Disciplina interna, buscando cohesión y adherencia a las ideas del Pacto, evitando futuras fugas como Jonatan Tamayo; y paridad de género, queriendo demostrar el ánimo de equidad que se espera en este espacio político. De igual forma, desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) se analiza que una lista cerrada al Congreso puede beneficiar ampliamente al Pacto, por lo menos en el ámbito de Senado, en donde podrían ampliarse la cantidad de votos a la lista, asegurando más curules que las obtenidas por la Colombia Humana en 2018, que fueron solo cuatro. El Pacto Histórico tiene un gran potencial en la agenda de inclusión y diversidad en la actividad política, con lo cual deberá tender puentes con grupos socialmente marginados, pero que adquieren cada vez más una importancia electoral; aún con el anuncio, quedan en el tintero algunas preguntas sin resolver como: ¿Quiénes serán los nombres y el orden de la lista?, ¿quiénes se quedarán en la Cámara de Representantes y quienes buscarán dar el paso hacía el Senado? Las respuestas se irán conociendo a lo largo de la campaña y abonarán el escenario para lo que podrán ser, después, las votaciones a la Presidencia. Presidenciales El segundo de los escenarios a analizar es el de las elecciones presidenciales, sobre las cuales se tienen menos pistas en comparación con las parlamentarias, considerando que los precandidatos por el Pacto Histórico que concurren vienen de diferentes lugares políticos y cuentan con diversos perfiles, aunque ninguno tiene experiencia suficiente en candidaturas presidenciales como Gustavo Petro. Las últimas que se sumaron a la propuesta de izquierda son Francia Márquez, mujer, afro, lideresa social y ambiental del Cauca, y Arelis Uliana, mujer Wayúu y lideresa indígena, exponiendo una vez más los aparentes ánimos de apertura y diversificación de las candidaturas. Por su parte, el senador y excandidato presidencial Gustavo Petro se encuentra en lo que pareciera ser una favorable situación, similar a la que vivió tras los resultados de la primera vuelta en 2018. Según la encuesta Pulso País de Datexco, publicada en junio del 2021, la posición de Petro ante la opinión pública parece ser favorable, por lo menos más favorable que para el representante histórico de la extrema derecha, Álvaro Uribe Vélez. Imagen favorable/desfavorable de Gustavo Petro Imagen favorable/desfavorable Álvaro Uribe Vélez A pesar del alentador panorama que podría representar esto para el Pacto Histórico y la izquierda colombiana, la situación frente a la figura de Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo, precandidatos por la Coalición de la Esperanza, es diametralmente diferente a la de Uribe, pues la favorabilidad de su imagen comparte valores similares y la definición de la contienda estará en el cómo se desarrolle la campaña presidencial. Imagen favorable/desfavorable Sergio Fajardo Imagen favorable/desfavorable Jorge Robledo Ante estas cifras, pueden recogerse algunos puntos importantes: en el ámbito parlamentario, si el Pacto Histórico quiere conseguir más curules de las que logró en 2018, la lista cerrada puede ser una buena fórmula, y de paso puede resolver los problemas que tuvo en el pasado en términos de paridad en la participación y en la equidad de género, así como en la disciplina al interior de las listas. Sin embargo, conocer quiénes encabezarán la lista será fundamental para revisar efectivamente hasta dónde puede llegar dicho compromiso y coherencia pregonada en materia de equidad de género, pues si quienes la encabezan son personas señaladas por alguna violencia de género o relacionado con este tema, sería un golpe sumamente lesivo para la lista. No se trata sólo de una solicitud ético-política, sino de ser, por supuesto, un gancho electoral importante para el jalonamiento de votos el próximo año. Desde lo presidencial, parece mucho más difuso el escenario, y estando a menos de un año de esas elecciones, son inciertos los pronósticos. Lo que pase en las elecciones a Congreso será clave para los cambios en las campañas presidenciales, al igual que la configuración de los Consejos Municipales de Juventud, escenarios de apertura política que pueden movilizar el voto hacía uno u otro espectro del panorama electoral, además del reciente anuncio de la restitución de personería jurídica al Nuevo Liberalismo. Al cierre de este análisis, Gustavo Petro ofrecía un acercamiento a los miembros de este ‘renaciente’ partido, haciendo un llamado a retomar las banderas de lo que en otros tiempos fue el Partido Liberal, colectividad capaz de promover reformas rurales y de modernización estructurales, confirmando que el Nuevo Liberalismo es un actor que entrará a disputarse votos y que puede llegar a modificar la balanza electoral para las elecciones presidenciales del 2022.[14] Referencias [1] “Progresistas” se denominó el movimiento ciudadano a través del cual el entonces exsenador Gustavo Petro aspiró y ganó la Alcaldía de Bogotá. Su triunfo sorprendió a sectores políticos que no vaticinaban este resultado, sobre todo después de la desastrosa gestión del alcalde anterior, Gustavo Moreno Rojas, también de izquierda y también del PDA (casa política de Petro). [2] Consultado en: https://moe.org.co/wp-content/uploads/2017/05/Libro-Resultados-Electorales-Congreso-2014-2.pdf [3] Consultado en: https://www.elespectador.com/politica/petro-entrego-850-mil-firmas-para-avalar-su-candidatura-presidencial-article-727884/ [4] Consultado en: https://razonpublica.com/periodo-legislativo-2019-2020-despues-la-pandemia/ [5] Consultado en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo [6] Consultado en: https://datastudio.google.com/embed/u/0/reporting/6322ede2-3c7d-42e7-a7bd-70c708f9f509/page/g0XzB [7] Consultado en: https://noticias.canal1.com.co/uno-dos-tres/napa-tres-reaparece-antanas-mockus-lanza-propuesta/ [8] Base de Datos. Misión de Observación Electoral. Congresistas electos 2018 con votación. [9] Para ampliar la información al respecto, revisar el Informe de la Misión de Observación Electoral sobre el tema: https://moe.org.co/wp-content/uploads/2018/11/De-la-Participaci%C3%B3n-a-la-Representac%C3%ADon-Efectiva-Participaci%C3%B3n-Pol%C3%ADtica-de-la-Mujer_Digital.pdf [10] Consultado en: https://datastudio.google.com/embed/u/0/reporting/6322ede2-3c7d-42e7-a7bd-70c708f9f509/page/HLRzB [11] Consultado en: https://datastudio.google.com/embed/u/0/reporting/6322ede2-3c7d-42e7-a7bd-70c708f9f509/page/k0QzB [12] Consultado en: https://datastudio.google.com/embed/u/0/reporting/6322ede2-3c7d-42e7-a7bd-70c708f9f509/page/7LRzB [13] Consultado en: https://datastudio.google.com/embed/u/0/reporting/6322ede2-3c7d-42e7-a7bd-70c708f9f509/page/tMRzB [14] Consultado en: https://cuartodehora.com/2021/08/08/viejo-y-nuevo-liberalismo/

Por: Línea de Investigación de Conflicto, Paz y Posconflicto – Pares Este 26 de agosto realizamos el lanzamiento del Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA): una iniciativa internacional liderada por Pares, en alianza con las organizaciones Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), en Venezuela, y CooperAcción, en Perú. El ODEVIDA tiene como propósito promover el derecho a la defensa de los derechos humanos en Colombia, Perú y Venezuela a través de la investigación, la incidencia y el fortalecimiento de capacidades, contribuyendo a la visibilización de los grandes aportes de personas líderes y defensoras de derechos humanos en la construcción de territorio, comunidad y democracia en la región andina. Para realizar este trabajo, el equipo internacional ha hecho énfasis en la necesidad de fortalecer lazos de solidaridad a través de la generación de alianzas. En este sentido, de la mano de la sociedad civil, la academia y sectores institucionales comprometidos con los derechos humanos, buscamos contribuir con nuestro grano de arena para mitigar los impactos de las violencias en contra de esta población. La protección de líderes y lideresas es un asunto común en América Latina y el Sur Global. En el marco del lanzamiento del ODEVIDA, hemos publicado un informe sobre la situación de personas líderes y defensoras de derechos humanos. Esta investigación pretende abrir un espacio para la reflexión sobre los principales fenómenos de violencia que afectan a estas personas en cada uno de los países que forman parte del análisis, sobre los actores y los contextos relacionados con el ejercicio de estas violencias y sobre el impacto que esta realidad tiene en los tejidos organizativos de las regiones afectadas. De esta forma, este ejercicio constituye un primer paso en la investigación/acción del ODEVIDA y, también, un homenaje a cientos de personas líderes y defensoras de derechos humanos que han sido objeto de violencias en nuestros países, a sus luchas por el territorio, el ambiente, los derechos colectivos, la participación democrática, la equidad y la construcción de paz. Puedes conocer todo sobre ODEVIDA y acceder al informe «Violencia en contra de personas líderes y defensoras de derechos humanos: una realidad que traspasa fronteras» en https://odevida.pares.com.co/ Si te interesa ver parte del lanzamiento internacional que realizamos, puedes hacerlo aquí.

Por: Guillermo Segovia Mora Politólogo, abogado y periodista El título de esta columna no se trata de una arenga de apoyo al clamor de cambio de Colombia, América Latina y El Caribe (aunque también). Se refiere al acontecimiento de la muerte de Larry Harlow, uno de los más talentosos músicos de la creación latina, a los 82 años, el pasado 20 de agosto, homenajeándolo con el nombre de uno de sus discos más exitosos. Paradojas del destino. Harlow dejó este lar seis días antes de la conmemoración del aniversario número 50 de una mítica descarga, grabada en el Club Cheetah de New York, que sería la partida de bautismo de la orquesta “estrellas” y la consolidación del sello Fania, símbolos de la melodía que naciera en “El barrio”, con inspiraciones cubanas y puertorriqueñas, cultivadas por las personas latinas emigrantes o por sus hijos nacidos en la capital del “mundo”. Larry Harlow fue apodado ‘el judío maravilloso’ gracias a la mágica coincidencia de que el monumental músico cubano Arsenio Rodríguez, de quien se nutrió en buena parte de su obra —con una versión irremplazable de “La cartera”—, estuviera acompañándolo en estudio. Cuando alguien se refirió a Arsenio como ‘El ciego maravilloso’, este trasladó a Larry el elogio. Arsenio, ciego desde niño, tuvo la creatividad asombrosa de componer un bolerazo como “La vida es un sueño” y descargas alucinantes. De los coqueteos de Harlow con el rock y su pasión por la música cubana, anterior a los sesenta, surgió un estilo inconfundible que distinguiría para siempre una vertiente del fenómeno musical conocido como salsa. En 1971, Harlow rompió fuegos con la empresa disquera Fania con el trabajo “Abran paso”, nombre de uno de los éxitos del álbum, secundado con “Abandonada fue”, un lamento al desamor que sigue doliendo: “jugaste conmigo, pero no con mi corazón”. En adelante, el virtuoso pianista realizó osados proyectos para evidenciar la influencia africana en las sonoridades caribeñas. Sin militancia, pero imbuido del reclamo imperecedero de los hijos de la patria grande tan maltratados por la vida, se atrevió a parodiar el intento de ópera rock Tommy de The Wold, con Hommy, la estoica cruzada de un niño con limitaciones múltiples que rompe el maleficio con la percusión: “Gracia Divina” evoca la voz de Celia Cruz, rescatada del olvido nochero de la Habana y del exilio por Harlow para esa bella ocasión. En un trabajo posterior, Harlow se aventura a montar una suite para reivindicar la travesía musical de orígenes africanos enriquecida en puertos caribeños y aliñados en la frenética New York: Raza Latina. Desde la rumba, el guaguancó, la conga y el yambú, al danzón, bolero, el son y la guaracha, para presagiar a media fortuna con lo que podría ser el futuro. Nada promisorio desde que la industria discográfica privilegió el momento comercial (la salsa cama) que el legado. Y aún, en la “salsa romántica”, la incursión de Harlow fue afortunada pues su “Romance en salsa”, uno de sus últimos trabajos, tiene la impronta errante y bohemia que marcó su generación. El sello Fania fue la concreción del talento comercial de Jerry Masuccy, estadounidense de origen judío, y Johnny Pacheco, virtuoso flautista dominicano crecido en la sonoridad del Bronx nuevayorquino. Sirvió de sombrilla y aprovechó la cosecha de talento artístico que bullía en el asfalto de los barrios de emigrantes latinos en una ciudad de rascacielos, apuros y miedos. De esa cantera refulgieron Harlow, Rivera, Pacheco, Colón y Lavoe, Lebrón, Rey y Cruz, Roena, Valentín y Blades (quien confrontó a los dueños por “tiburones”). La música latina había hecho carrera en la “capital del mundo” desde tiempo atrás. Allí descollaron la percusión deslumbrante de ‘Chano’ Pozo, las grandes orquestas de Tito Puente, Cesar Concepción, Tito Rodríguez, Machito, José Curbelo y Mario Bauzá; había surgido como éxito mundial “El manicero”, en versión de Desi Arnáz, y lo que venía de La Habana, aun después de la Revolución Cubana, tenía adaptaciones que impactaban. Desde el son al mambo, el bugalú, el chachachá, la rumba y, más recientes, la timba y el songo. Cubanos y borinqueños exiliados en la urbe del capitalismo, añorantes de su patria y sus sonidos, pero obligados a la lógica de la relación laboral, y agotados, pero con ganas de juerga, abarrotaron los 60 salones inaugurados por comerciantes calculadores. Uno de esos sitios fue el Chetaah, escogido por descarte, por los fundadores del sello discográfico Fania, para hacer una presentación juntando a distintos artistas vinculados al sello. Lo que parecía un riesgo (llenar un salón para dos mil personas) fue un éxito total. Cuatro mil almas abarrotaron el local para menearse con la “música latina” el 26 de agosto de 1971. Con intuitiva previsión, los empresarios de Fania previeron filmar el concierto como parte de una película que quería dar cuenta del naciente fenómeno de la música latina en Nueva York: “Nuestra cosa Latina”, dirigida por Leo Gats, hoy testimonio visual de una de los grandes hitos de la música latinoamericana y parte de su identidad ante el mundo. Las imágenes del Bronx, donde hacinados malvivían los compatriotas en busca del “sueño americano”, añorando la cuadra, secundadas por cortes del concierto del Cheetah son entrañables. Los fundadores de Fania tenían en mente un negocio: aprovechar la magnífica fusión de los aires isleños del Caribe con el acento musical de los barrios bajos neoyorquinos, que ya auguraba éxito comercial. De repente, se encontraron con que fueron los auspiciadores de una de las corrientes musicales más impactantes del siglo XX en América Latina y parte de Estados Unidos, con respeto del Jazz, el Tango, la Ranchera y las músicas autóctonas con dimensión de todo el mundo. La etiqueta exitosa de “salsa” para denominar la música afrolatina que se comercializó en Estados Unidos fue positiva, generó un ambiente extendido desde las costas estadounidenses hasta los puertos latinoamericanos y hacia adentro de estos. Amalgamó una identidad. Sin proponérselo, marcó el reclamo desolado de los sudacas ante el mundo. Ya elaborada, dio pie a proclamas sonoras como las de Rubén Blades. La “Salsa” es un suceso en la historia cultural de Latinoamérica que empieza a dejar de ser moda para ser referente. Se untó de todos los pros y contras de lo que ha sido la realidad y lucha de Latinoamérica y El Caribe por ser y surgir. Borracha y droga cuando de parranda se trata, también ha sido rebelde y contestaría, a veces sin pretenderlo, porque arisca ha sido para defender un lugar en el mundo. Tal vez, ahora, está cediendo el paso y generando el espacio para que otros caminen. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Laura Cano Periodista – Pares Tras una larga batalla, iniciada desde 2016 con la firma del Acuerdo de Paz, fueron aprobadas las 16 curules de paz. Esto luego que el presidente Iván Duque comunicara que había ordenado al ministro del Interior, Daniel Palacios, que de manera inmediata se promulgaran las 16 curules que serán ocupadas por las víctimas del conflicto armado. “Le di instrucciones claras al ministro del Interior Daniel Palacios, para que se proceda de inmediato con la promulgación. Eso no solamente es un deber, derivado de una decisión judicial, sino que ahora lo que tenemos que garantizar es que en la reglamentación esas curules, realmente, sean para las víctimas y que no haya ninguna rendija a través de la cual quieran ser capturadas por los victimarios o por organizaciones afines a los victimarios», aseguró el mandatario. Sumado a esto, también señaló que se deberá tener en cuenta a las víctimas del terrorismo, tanto desde la participación política como para temas de reparación. Hay que señalar que esto se dio luego de un largo proceso en el que, hace algunos meses, la Corte Constitucional revivió el tema luego de que el senador Roy Barreras, en 2019, pusiera una tutela en la que argumentaba que en la votación realizada en el 2017 (en la que a pesar de tener una alta votación a favor, la propuesta no procedió, pues obtuvo en el Senado 50 de los 52 votos que se necesitaban para aprobar el proyecto) habían existido fallos en la votación y en el conteo. Barreras aseguraba en la tutela que, en ese momento, cuatro de los congresistas que componían el Senado estaban inmersos en procesos judiciales por corrupción. Lo que significaba que el total de votos para la aprobación debían ser contados con base a los 98 funcionarios que estaban habilitados para votar, es decir, los 50 votos sí representaban a la mayoría absoluta para conseguir la aprobación. Esto llevó a que, en mayo de este año, la Corte Constitucional rectificara la decisión y quedaran en firme las curules de paz, a espera solo de la decisión de Iván Duque, la cual finalmente hoy se conoció. Hay que recordar que este proceso, a pesar de ser uno de los compromisos de más fácil trámite, pues solo requería de la promulgación para pasar al control automático de constitucionalidad, ha sido uno de los que mayores trabas ha tenido, llevando a que pasaran casi cinco años para que pudiera quedar en firme. Los obstáculos que han enfrentado estas curules han tenido que ver con varias cosas. Por un lado, desde los diálogos que se dieron en el periodo presidencial de Juan Manuel Santos, varios miembros del partido Centro Democrático aseguraban que estos escaños serían tomados por personas desmovilizadas de la antigua guerrilla FARC-EP, mas no por las víctimas. A esa oposición también se sumaron algunos sectores de los partidos Cambio Radical y Conservador. Por otro lado, luego de la campaña de oposición que se dio por parte del partido del actual Gobierno, se estableció que el partido que surgiera de la reincorporación de las FARC no podría inscribir candidatos a las 16 curules transitorias en la Cámara de Representantes. Estos escaños estaban contemplados para los periodos 2018-2022 y 2022-2026, sin embargo, por todo lo que ha significado su implementación han existido significativos retrasos. Así las cosas, hay que señalar que estas curules son el eje del segundo punto del Acuerdo (en el que se plantea la participación política para la apertura democrática en la construcción de paz). Con esto, se busca garantizar la ampliación de los escenarios de participación política, generando un mayor debate desde los intereses y prioridades de las distintas regiones del país y sus marcos históricos. Además, en la elección de estas 16 curules no podrán participar partidos tradicionales, además del Partido Comunes, por lo que es importante mencionar que podrán ser elegidas personas de organizaciones sociales y afectadas por el conflicto que acrediten los requisitos estipulados en el acto legislativo que se tramitó en el Congreso. Para estas curules, que serán para la Cámara de Representantes por dos periodos (2022-2026 y 2026-2030), se priorizarán 16 de las zonas más afectadas por el conflicto armado: Cauca, Arauca, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Chocó, Meta, Bolívar, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y Cesar. Por último, es necesario señalar que aunque este es un importante paso en lo que ha significado la difícil implementación del Acuerdo de Paz y la reparación para las víctimas, es importante seguir insistiendo en que estas curules realmente promuevan la representación de las víctimas en el Congreso a través de personas que sean garantes de todo lo que contemplan los puntos de reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y reparación integral de las víctimas del conflicto armado. Sumado a esto, también tendrán una importante tarea de representar sus territorios, los cuales, en su mayoría, tienen graves problemas de seguridad y violencia. No hay que dejar de lado que las curules de paz también necesitarán una constante veeduría y defensa desde diversos sectores, pues, seguramente, como ha ocurrido en los últimos años, estas se enfrentarán a una dura oposición y deslegitimación.

Por: Laura Cano Periodista – Pares Hace unas semanas se conoció el escándalo relacionado a un contrato firmado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), por más de un billón de pesos, con el cual se pretende llevar conectividad a 7.277 puntos en lugares apartados del país. Esto se haría a través de una Unión Temporal, la cual debía comprometerse a garantizar todo el proceso de arquitectura, diseño, solución tecnológica, instalación y funcionamiento hasta diciembre de 2031. Del total del dinero, un 6.55% le fue entregado a los contratistas como adelanto. El proceso inició en diciembre de 2020, pero en los últimos meses habían empezado a ser alertadas una serie de inconsistencias. Por una parte, el consorcio (Unión Temporal Centros Poblados) presentó una garantía que no había sido expedida por el Banco Itaú, situación que fue advertida por la ministra Karen Abudinen el pasado 25 de junio. Además, a esta situación se sumaba el preaviso de la falta de experiencia, capacidad técnica y financiera del consorcio para poder ejecutar el contrato. Tras esto, el pasado 19 de julio se anunció la declaratoria de caducidad del contrato que se había firmado con la Unión Temporal Centros Poblados y que cubría la región denominada “B”, la cual estaba conformada por los departamentos de Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada. Además, la situación llevó a la cartera a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Dado esto, el pasado 13 de agosto se conoció que había quedado en firme la caducidad del contrato entre el MinTic y la Unión Temporal Centros Poblados por $1,07 billones. Esto luego que Adriana Vivas Robles, delegada de la ministra de las TIC, Karen Abudinen, rechazara el recurso de reposición presentado por Centros Poblados. En respuesta a esto, el abogado de este consorcio, Jorge Pino Ricci, aseveró que a la Unión Temporal se le había violado el debido proceso y que solo un juez de la república podía decidir o no la caducidad del contrato. En efecto, la defensa de la Unión Temporal presentó una acción de tutela y esta fue analizada por un juez de Puerto Colombia (Atlántico), quien decidió frenar el proceso de caducidad y de embargo que había iniciado la cartera que dirige Karen Abudinen. Hay que señalar que, además, la Unión Temporal había afirmado que actuaron de buena fe y que tienen cómo probar que no tienen nada que ver con la emisión de pólizas falsas. Con esta decisión judicial, las resoluciones del 19 de julio de 2021 y del 13 de agosto de 2021 quedarían suspendidas, así como cualquier decisión que hubiese sido tomada en los últimos meses, lo que incluye también los pagos que le habían sido impuestos a la Unión Temporal. Asimismo, se pondría freno a la decisión que se había tomado desde el MinTic de entregar a ETB el contrato por $1,07 billones que le había sido caducado a la Unión Temporal Centros Poblados. Hay que señalar que el anuncio sobre ETB lo hizo Abudinen durante el debate de control político al que fue citada en la Comisión Sexta del Senado. Allí, además, la ministra afirmó que la Unión Temporal le hizo trampa al Estado, y que los $70.000 millones (el 6,2% del valor del contrato) dados en anticipo para la ejecución no fueron entregados por ella o el Ministerio, sino por la fiducia del contrato. Adicionalmente, aseveró que se lograron entregar $25.000 millones. Este panorama indicaba que se abría otro capítulo en este caso. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el juez Alberto Mario Ospino, quien había ordenado frenar la caducidad del contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados y el MinTic, decidió revertir la decisión dejando en firme las acciones tomadas por el MinTic. Por otro lado, hay que recordar que el proceso está siendo investigado por la Procuraduría desde el pasado 27 de julio: “actualmente se encuentra en etapa probatoria para determinar eventual apertura de investigación”, comunicó el organismo. Y desde la Fiscalía se ha aseverado que se están realizando investigaciones a los funcionarios públicos del MinTic que participaron en el proceso de evaluación del contrato, así como en la elaboración de las pólizas y los documentos del acuerdo. Mientras que en la tarde de este 24 de agosto el organismo realizó una inspección en la sede de MinTic para recaudar la documentación relacionada con el contrato suscrito. Los ojos seguirán puestos sobre este caso, el cual ha dado varias vueltas y ha sumado distintas versiones. Asimismo, se seguirá ejerciendo presión para que se implemente alguna solución al problema que pretendía tener respuesta con el contrato en cuestión: la conexión de internet en las zonas más apartadas del país.

Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares ElConsejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal es una entidad civil mexicana que sigue los temas de seguridad y convivencia, y que, desde hace una década, elabora un listado de las ciudades más violentas por tasa de homicidio en el mundo. Para el 2020, Cúcuta se ubicó en el puesto 43 entre 50 ciudades con una tasa de 37.75 (por cien mil habitantes), lo que corresponde a 325 homicidios. Esta es una muestra de los graves temas que allí ocurren desde hace décadas y que se han agravado en los últimos cinco años, donde se puede afirmar que, luego del Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP, se dio inicio a un nuevo ciclo de violencias no solo en Cúcuta, sino en Colombia. Cúcuta es el epicentro de unas dinámicas de ilegalidad cruzadas por narcotráfico, extorsiones cada vez más ampliadas y un conjunto de contrabandos donde sobresale el de drogas, pero igualmente los hay de armas, personas, alimentos y todo lo que se mueva en este territorio de frontera. Esto con el agravante de que, en medio de la fracasada política de ruptura diplomática con Venezuela y la nula coordinación entre las autoridades de Colombia y el país vecino, los ilegales han hecho fiestas y hoy tienen el control de la frontera. La realidad de Cúcuta, con sus dinámicas de ilegalidad y violencia, no se puede entender sin ubicarse en el contexto regional y sin tener presente que lo que ocurre en el Catatumbo, siendo vecinos, se articula con la ciudad y su área metropolitana. Allí, desde finales de 2019, se vive una expansión del ELN que, triunfante en su confrontación contra ‘Los Pelusos’, decidió fortalecer su presencia en todo el corredor fronterizo que va de Cúcuta a Tibú y emprendió una confrontación con ‘Los Rastrojos’ (que tenían desde hace años control de pasos fronterizos para el paso de narcotráfico hacia Venezuela). De esta confrontación, donde el ELN movió fuerzas del Catatumbo y Arauca, se dio un debilitamiento de ‘Los Rastrojos’, que debieron acudir a las AGC – Clan del Golfo para seguir en esta confrontación. Al día de hoy, este conflicto no ha parado y el ELN, poco a poco, ha venido con un mayor control. La acción violenta en el área rural de Cúcuta, sostenida durante varios meses y que las autoridades no han podido controlar (por ineficacia o falta de decisión, o por una combinación de ambas), es una nueva evidencia del fracaso del Gobierno del presidente Iván Duque en desarrollar políticas adecuadas para lograr el sometimiento de los grupos ilegales (como son ‘Los Rastrojos’ y AGC) o una negociación viable con el ELN; pero ni lo uno ni lo otro, y a menos de un año de finalizar su mandato, la administración Duque se raja en los temas de seguridad y convivencia: hoy todos los indicadores han subido desde el inicio de su Gobierno en 2018. Cúcuta es una ciudad importante por su tamaño, economía y posición fronteriza. Allí se vive una crisis sostenida de seguridad que amerita un diálogo del Gobierno nacional, municipal y departamental con las organizaciones de sociedad civil que expresan su preocupación. Es importante el pronunciamiento que ha hecho un grupo de organizaciones de derechos humanos de la región, acompañadas por otras de carácter nacional: se debe atender este diálogo urgente para una ciudad y una región donde las cifras de homicidios y otras vulneraciones a los derechos humanos se han mantenido al alza en los últimos años. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad – Pares Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presentamos el informe “La Guajira: sin gobernador y Deluque buscando saltar al Senado”: una investigación sobre la realidad política de La Guajira luego de la reciente destitución de Nemesio Roys como gobernador, y sobre las consecuencias que esto traería para las aspiraciones de Alfredo Deluque de consolidar su hegemonía política en el departamento. Descarga el informe en la infografía interactiva que se encuentra a continuación: