Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Esta semana el presidente de la República sancionará el acto legislativo con el que se crearán las 16 curules de la paz –Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz–. De esta forma, le da cumplimiento a una de las promesas pactadas en el Acuerdo Final y hasta el momento incumplidas a las víctimas del conflicto armado. Y es que a pesar de que las curules para las víctimas hacían parte de uno de los compromisos de más fácil trámite –pues estaban en el Acto Legislativo de la Paz 01 de 2016 y solo se requería de su promulgación para pasar al control automático de constitucionalidad–, desde noviembre de 2016 y hasta la fecha había sido imposible darle cumplimiento a este derecho de las víctimas. En 2017, cuando en el Congreso de la República se vivía el denominado fast track o procedimiento especial para la paz, este organismo legislativo no aprobó su promulgación por tan solo un voto para completar el cuórum; retrasando por un período electoral –cuatro años– este mandato cuasi-constitucional. Las y los congresistas no quisieron compartir el poder creador de normas de manera temporal con las víctimas –por tan solo ocho años–, con lo cual quedó evidenciado el grado de mezquindad con que los partidos tradicionales actúan. Y esto queda aún más expuesto si se considera que el propósito de estas nuevas personas que ingresarían al Congreso es apoyarles en la tarea de crear normas que permitan a avanzar en materia de igualdad y justicia social en el país. El desempolve de las curules de la paz se da luego de presentarse una tutela al poder judicial y de que este –la Corte Constitucional y el Consejo de Estado–, en un doble fallo (donde se aclara el error en el cálculo del cuórum), diera respuesta positiva en mayo de 2021, exigiendo al Congreso y a la Presidencia tramitar con urgencia la promulgación del acto legislativo. De esta manera, a partir de 2022 y hasta 2030, las víctimas tendrán asiento en el Congreso. Este será un espacio exclusivamente para ellas: podrán participar sólo las víctimas de la violencia, las personas acreditadas en el Registro Único de Víctimas (RUV) y aquellas víctimas pertenecientes a organizaciones sociales, resguardos o consejos comunitarios afro. Con la promulgación del acto legislativo y la revisión de constitucionalidad que se surtirá en las próximas semanas, las víctimas tendrán que actuar de manera acelerada. Las elecciones se llevarán a cabo el 13 de marzo de 2022, el mismo día de las elecciones parlamentarias –intentando reducir costos y cumplir con la idea de que sean elecciones ordinarias–, eso sí, respetando la idea de contar con tarjetones independientes. A estas curules podrán postularse las personas que no hayan participado en las elecciones durante los cinco años anteriores –siendo elegidas o que hayan sido candidatas por cualquier partido político– y que estén viviendo, al menos desde hace tres años, en algunas zonas afectadas por la violencia. Es necesario advertir que, debido a la inexperiencia que tendrán como representantes de las víctimas en estos espacios políticos, existe un riesgo alto de que las y los 16 representantes que estarán en la Cámara de Representantes no consigan grandes avances en materia legislativa en los ocho años que estarán allí; es probable que muchos de sus proyectos –con los que buscarán favorecer a los territorios más afectados por el conflicto– no tengan luz verde. De allí que en esta columna me proponga resaltar lo que considero como lo más valioso de este proceso electoral y legislativo: la importancia de las curules de la paz está en los cambios que puede tener como organización política y en el sistema democrático. Las víctimas pueden aprovechar este momento para fortalecerse como actor político y proponer un giro hacia la democracia deliberativa. Las cerca de 9’200.000 víctimas –casi el 20% de la población del país– podrían aprovechar esta experiencia para construirse como un actor político colectivo, que trabaja asociadamente para mantenerse en la arena electoral después del 2030. Utilizar la experiencia que viene teniendo el Partido Comunes para introducir cambios en la estrategia política para que, una vez finalicen el período de las curules, continúen en el Congreso de la República a través de un nuevo partido político. Los y las candidatas de las víctimas tendrán la posibilidad de usar los recursos que se les asignarán y los medios de comunicación regionales para hacerse conocer y ventilar los problemas que tienen como comunidad; de construir programas legislativos que les ayuden a formular planes de intervención y banderas políticas para permanecer en el proceso democrático; de visibilizarse como víctimas y luchar por la necesidad de ampliar la votación a todo el territorio nacional, pues lo más seguro es que el acto legislativo propondrá estas elecciones solo para los 170 municipios Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Es necesario trabajar por la igualdad de derechos y el reconocimiento en la participación de todas las víctimas, recordándole al Gobierno y al país que, como víctimas, están dispersas por todo el territorio nacional –en lugares como el Distrito Capital o el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, donde se concentran en su mayor número–, y que estas también tienen derecho a votar y a igualdad de trato. Finalmente, las víctimas y sus representantes deberán aprovechar esta experiencia legislativa para unirse y establecer alianzas en el Congreso. Partidos minoritarios como Comunes, ASI, MAIS y AICO pueden resultar buenos socios para enfrentar a los partidos tradicionales y al Gobierno, y, así, avanzar en la implementación de muchos componentes del Acuerdo Final. En conclusión, las curules de la paz aparecen en un magnífico momento para seguir caminando –junto con los informes de la Comisión de la Verdad– en la construcción de Justicia, Reparación y No Repetición. Los nuevos congresistas deberán avanzar en la defensa de los derechos de las víctimas a través de la aprobación de proyectos para la reparación integral de sus territorios. Pero, sobre todo, estamos en un momento decisivo para avanzar en la consolidación de las víctimas del conflicto armado como actor político; que este tenga una o varias organizaciones políticas propias que les permitan elegir –además de congresistas– a diputados, concejales, alcaldes y gobernadores, y –por qué no– a presidentes. Están en un momento significativo para dar un salto hacia un sistema democrático participativo en el que las víctimas, como población comprometida, ayuden a construir una nueva realidad política para el país. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Laura Cano Periodista – Pares Las y los jóvenes han sido protagonistas de muchos de los sucesos sociales que han ocurrido en los últimos meses en el país: han sido la gasolina de la organización y movilización social, han sido los principales participantes de las jornadas de paro nacional, y han sido quienes han llevado las banderas de múltiples exigencias y demandas. Asimismo, lastimosamente, han sido las principales víctimas de la violencia que se ha desatado en el marco de la coyuntura nacional. En los últimos meses, con la reactivación de la protesta social, han sido constantes las noticias sobre agresiones físicas, detenciones arbitrarias, violencia sexual, lesiones oculares y asesinatos, especialmente contra esta población. Una de esas noticias sobre este tipo de agresiones se conoció en el 2018, cuando un paro estudiantil se tomó las calles del país durante casi dos meses (de octubre a diciembre) exigiendo garantías e igualdad de oportunidades para el acceso a la educación. A aquellas movilizaciones sociales se unieron varias universidades de distintas regiones del país, y una de esas zonas fue Popayán, donde centrales obreras y grupos de estudiantes salieron a manifestarse. En una de esas jornadas, Esteban Mosquera fue víctima de una lesión ocular luego de recibir el impacto de un proyectil disparado por el Esmad. El 5 de diciembre de aquel año le confirmarían al estudiante de música instrumental de la Universidad del Cauca que no había manera de reparar su ojo izquierdo. Esteban fue sometido a una serie de cirugías mientras seguía estudiando en la Universidad del Cauca. Su liderazgo nunca se detuvo e incluso inició otros procesos organizativos. Por ejemplo, se unió al medio de comunicación Contraportada como comunicador popular. Desde allí, entre otras acciones, venía haciendo seguimiento al desarrollo de las jornadas de movilización social en el marco del paro nacional de los últimos meses. Para ese momento, Esteban se había convertido en un reconocido líder de su ciudad y de su universidad. A su vez, su experiencia recalcaba la necesidad de rechazar la violencia cometida por miembros del Esmad en medio de las movilizaciones sociales y, en ese mismo sentido, de la urgencia de una reforma estructural de la Policía. No obstante, el día de ayer muchas de las cosas que significaba Esteban para su comunidad y para la juventud en general fueron truncadas, pues el líder juvenil fue asesinado por sicarios ​​en el barrio La Pamba, en pleno centro de Popayán, Cauca. “Repudio el homicidio del que acaba de ser víctima Esteban Mosquera, estudiante de Música de la @unicauca. Como Alcalde de Popayán no toleraré ningún acto que atente contra la vida e integridad de nuestros jóvenes. ¡La violencia es un camino que no debemos seguir transitando! Le he pedido a la @PoliciaPopayan y la @FiscaliaCol que adelanten todas las acciones que permitan la captura y judicialización de los responsables de este cobarde hecho. A la familia de Esteban mi solidaridad y condolencias en estos difíciles momentos”, escribió a través de su cuenta de Twitter, Juan Carlos López Castrillón, alcalde de Popayán. Por su parte, y ante diversos llamados para que el Gobierno actúe ante este hecho, el presidente Iván Duque comunicó que desde la Presidencia ofrecerán una recompensa de hasta $50 millones por información que ayude a las autoridades a dar con el paradero de quienes asesinaron al joven de 24 años. Mientras tanto, el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas Valencia, dijo: «He dado instrucciones a la dirección de Investigación Criminal, Interpol, para que envíe un equipo de investigadores del nivel central para que coadyuve a los investigadores de Popayán a esclarecer este homicidio». Por otro lado, organizaciones han convocado a rendir homenaje a Esteban Mosquera en distintas zonas del país. Así mismo, se han sumado para exigir que haya justicia en este caso y que, además, se investiguen los hechos en relación con su liderazgo, sin dejar de lado que Esteban era una de las tantas víctimas que han dejado los abusos del Esmad. “La muerte de Esteban Mosquera ha golpeado muy duro porque fue un joven que además de perder un ojo, tuvo que ser víctima de un proceso de persecución y de acoso policial. Ell movimiento social y estudiantil en Popayán está muy golpeado. Esto se puede calificar como un crimen ejemplarizante, es decir, es un hecho que envía el mensaje que las personas que victimizan luego puede ser asesinada”, afirmó Juan Manuel Torres, Coordinador de oficina regional de la Fundación Paz & Reconciliación. La violencia contra jóvenes del Cauca que no para A este hecho ocurrido el día de ayer se suman los ocurridos el fin de semana, cuando tres jóvenes fueron asesinados en la vereda El Águila de Santander de Quilichao. Los jóvenes se encontraban en una celebración cuando llegaron hombres armados que dispararon a la multitud. En el sitio perdieron la vida Sergio Iván Bandera Carbonero y Gustavo Adolfo Zapata Mera, mientras que Yesid Mera Mera, quien había quedado herido, murió en un centro asistencial. Por otra parte, el 23 de agosto, en la vía Panamericana fueron asesinadas las jóvenes Mabel Conde y Vanessa Mena, de 27 y 21 años de edad respectivamente. Las mujeres fueron abordadas por hombres armados que les dispararon desde una camioneta cuando ellas se movilizaban en la vía entre los municipios de Puerto Tejada y Villa Rica. Adicionalmente, el pasado domingo, como lo informó el medio regional Proclama Cauca, fue asesinado en la vereda Loma Amarilla, zona rural del municipio de Caldono, el joven Jhon Jairo Chocué, quien “fue un estudiante y comunicador Nasa, hizo parte del proceso de comunicación de La Gaitana Estéreo 93.5 FM, quien desde su talento y su dedicación se desempeñaba como DJ o programador musical y su sueño fue el de servir a la comunidad”, se lee en el medio de comunicación. Al respecto, Juan Manuel Torres, coordinador de la oficina regional Pares – Pacífico, concluyó: “En estos momentos, el valor de la vida, principalmente de los jóvenes en el Cauca, está en entredicho. No solo caen en manos de las autoridades por la represión, sino también de los grupos delincuenciales y armados que vienen atentando contra sus vidas. Incluso, además de ser asesinados, gran parte de ellos y ellas están entrando a conformar las filas de los grupos armados, los cuales están llenos de jóvenes caucanos, indígenas, afro. La juventud está expuesta, tanto quienes viven en los pueblos y en las veredas como quienes aparentemente están a salvo en zonas más tranquilas. Hay persecución por todos lados y nadie responde”. Nota del editor: La imagen utilizada en el cabezote de esta publicación fue creada por David Arias, tatuador y estudiante de Diseño Gráfico de la Universidad del Cauca, en homenaje a Esteban Mosquera.

Por: Walter Aldana Político social alternativo En el año 2018, la izquierda, lo social, dejó de ser una propuesta electoral marginal: más de 8 millones de votos por Gustavo Petro así lo evidencian. Y bajo la sombrilla de un bonito nombre nos cobijamos: a alguien se le ocurrió llamar a esa esperanza la “Colombia humana”. Como en todo el país, acá también nos aglutinamos en este movimiento. En esta ruta, llegamos el pasado 21 de agosto al “Primer Congreso Departamental de la Cauca Humana” lideresas y líderes de los 42 municipios, de condición territorial, étnica, del campesinado y sectoriales de mujeres, jóvenes, estudiantes, artistas, ambientalistas, de diversidades sexuales, del agro, generadores de opinión, viviendistas, de servicios públicos e incluso de las llamadas barras bravas, entre otras colectividades diversas. Más de 500 personas delegadas, de manera presencial y/o virtual, nos dimos cita para avanzar en la construcción del programa político y de las formas de relacionarnos entre lo social para determinar qué hacer en el tema electoral de Senado y Cámara para el 2022, dándose por sentado el apoyo a la presidencia de Gustavo Petro. Construimos nuestra identidad con base a dinámicas comunitarias y político-electorales, así como lo son el MAIS, la UP, el Polo Democrático Alternativo, el PTC, entre otros. Habernos encontrado en medio de la adversidad generada por la pandemia, con algunas dificultades para la conectividad, nos permitió identificar la necesidad de perdurar en el tiempo, ratificando nuestro carácter digno y rebelde desde el Cauca para Colombia. Con ese acumulado de experiencias vividas, de todo tipo de organización, es que vamos a la nueva sombrilla denominada “Pacto Histórico”, coordinación nacional y territorial, que no es otra cosa que la suma de voluntades desde las regiones. Por ello, es relevante que los primeros lugares de la lista cerrada estén conformados por dirigentes sociales probados en el fragor de la exigibilidad de derechos, unas veces en la interlocución con la institucionalidad y otras haciendo uso de la movilización social. Ser Gobierno en lo nacional con Gustavo; ganar en Senado y Cámara será la actividad clave. Por lo tanto, es necesario que voceros comunitarios lleguen a ocupar las curules; pero no solo se trata de ganarlas, la pregunta es: ¿para qué? La implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, la defensa del agua, la vida y el territorio, el freno a las concesiones mineras y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos son, entre muchos más temas, los que llevaremos como aporte al Pacto Histórico: proyecto político, organización y una apuesta a Senado con el profesor Óscar Salazar (para que, reconociendo su representatividad, el colegio electoral le asigne uno de los primeros lugares en la lista, así como a todos y todas los líderes sociales); y con Jorge Bastidas en una lista de Cámara de Representantes en el Cauca que será diseñada por las organizaciones que hacen parte del Pacto Histórico. Es cierto que la Colombia Humana no es todo el pacto, es una parte importante; por ello pierden quienes, atacando a esta unión de fuerzas, creen hacer mella en la candidatura de Petro, porque ese sueño de vida y humanidad va más allá de los hoy parlamentarios y pide, desde las regiones, dar el espacio a las aspiraciones, las propuestas locales y regionales de confluencia de procesos sociales, tal y como lo hablan las conclusiones del Primer Congreso Departamental de la Cauca humana, en el camino hacia el Pacto Histórico. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Nataly Triana Guerrero Asistente de Investigación Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad – Pares El actual alcalde del municipio de Calamar, Bolívar, es Alejandro Mario de Jesús Arrázola Sagbini: el heredero del caudal político y electoral de Alejandro Antonio Arrázola Carrasquilla[1] (exalcalde del mismo municipio en el periodo 2012-2015 por el Partido Conservador). La candidatura de Arrázola Sagbini fue respaldada por sus padrinos políticos: Vicente Blel Scaff, gobernador de Bolívar, y el senador Efraín José Cepeda del Partido Conservador. En relación con Blel Scaff, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), para las elecciones de 2019, cuestionó al actual gobernador por ser heredero político de Vicente Blel Saad, quien fue condenado a 7 años por el delito de concierto para delinquir por promover grupos armados al margen de la ley[2]. Por su parte, a Efraín Cepeda se le ha vinculado con “la ruta de la mermelada”[3] del presidente Iván Duque. De acuerdo con información obtenida por Pares, el actual alcalde de Calamar ha gestionado una serie de contratos que constan de unas presuntas irregularidades, específicamente en relación con la obra del Cementerio de Calamar y el Contrato de suministro No. UM – 002 2020. La casa política Arrázola-Sagbini El líder de esta casa política era Alejandro Antonio Arrázola Carrasquilla, quien, en su ejercicio como alcalde de Calamar, en el 2013, fue sancionado por desacato a una tutela. En 2015 también fue investigado por la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en contrato de concesión para la prestación del servicio público de aseo[4]. Tras su muerte, en 2020 la Contraloría Provincial de Bolívar expidió un aviso para que sus herederos hagan parte dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1767 con ocasión del daño que sufrió este municipio durante la gestión de Arrázola Carrasquilla[5]. En esta estructura familiar y clientelar también se encuentra la cuñada de Alejandro Antonio Arrázola y madre del actual alcalde de Calamar, Alexis Del Carmen Sagbini Cabrera, notaria del municipio[6] y esposa de Jorge Arrazola Carrasquilla. Actualmente, Sagbini Cabrera tiene un proceso judicial privado con el Juzgado 014 de Pequeñas causas y Competencia Múltiple en Barranquilla, además de un proceso de tipo constitucional en el Juzgado Promiscuo Municipal de Arroyohondo. En esta red también se encuentra, según fuentes territoriales, el inspector de Policía Farid Said Sagbini Sara, y el secretario de la oficina de talento humano de la Alcaldía, Fernando Antonio Sagbini Llach, ambos primos del alcalde. Pares no pudo corroborar este lazo de familiaridad, más allá de la coincidencia en los apellidos, debido al difícil acceso de información pública por parte del municipio. Por esta razón, se invita al alcalde para que se pronuncie al respecto. No obstante, se pudo indagar que Farid Said Sagbini Sara tiene ocho procesos judiciales privados y que Fernando Antonio Sagbini Llach tiene un proceso privado, todos relacionados con la rama judicial. Por su reserva, se desconocen los asuntos y el curso de estas investigaciones. Cementerio de Calamar El 30 de octubre del 2020 se suscribió un contrato por un valor de $199.980,804 millones para la adecuación y mantenimiento de la infraestructura física del cementerio del municipio de Calamar. Entre los objetivos de esta licitación se encontraba el relleno de material orgánico reciclado para áreas de cobertura vegetal, el suministro e instalación de arbusto talla mediano, bancas tipo prisma, luminarias con poste, entre otros. Desde Pares se tuvo acceso al “Informe de Obra Fachada Cementerio Calamar”, presentado el 22 de febrero de 2021 por Soluciones de Ingeniería y Arquitectura S.A. En este consta que el monto ejecutado en esta obra, para ese entonces, fue de $102.171.505 millones debido a que algunas medidas presentadas en la licitación no coincidían con lo real. La comunidad informó de algunas actividades que no fueron ejecutadas. Así mismo, se evidenció la realización de actividades que no eran necesarias debido a las características de la infraestructura y otras que eran imposibles verificar sin registro fotográfico por parte del contratista, por lo cual quedaban entendidas como nulas. De acuerdo con fuentes territoriales, en la actualidad, este cementerio no cuenta con la infraestructura prometida en el contrato. Entre los elementos pendientes se encontrarían: las bancas, las señalizaciones y las cestas de basura, calculadas en $3.779.248, $799.166,00 y $2.189.577,00 millones respectivamente. Tanto el informe de Soluciones de Ingeniería y Arquitectura como las fotografías del estado actual del cementerio generan inquietud sobre la realización de este contrato y el buen uso de los recursos destinados. Se invita a la Alcaldía a hacer claridad sobre los avances presentados luego del informe de febrero, sobre las modificaciones respectivas en relación con las medidas y sus precios, así como sobre los procesos que reajustan el presupuesto otorgado. Contrato de suministro No. UM – 002 2020 Este contrato fue suscrito el 25 de marzo de 2020 y tenía el objetivo de suministrar 2.444 kits de mercados para la población en condición de vulnerabilidad tras la presencia del covid-19. Los mercados tendrían un valor aproximado de $70.000 y el contrato habría sido solicitado por $171.080.000. En relación con este contrato, Pares tuvo acceso a una denuncia interpuesta ante la Procuraduría General de la Nación, en el mes de abril, por supuestos sobrecostos relacionados con los productos de esta canasta familiar. En primer lugar, no se exponen las marcas relacionadas a los productos, lo que puede permitir una variación en varios precios como el de la harina de maíz, la leche en polvo, la lenteja, entre otros productos. En segundo lugar, el contrato no expresa si el servicio de transporte es otorgado por el contratista o si, por el contrario, es un servicio particular. Esto puede influir en el costo del IVA, ya que en el segundo caso se encuentra exento de este impuesto y, por ende, los precios cambian[7]. En tercer lugar, se señala que no todas las personas beneficiadas recibieron la cantidad y/o los productos asignados. Algunas familias no recibieron espagueti y la avena de hojuela solo fue entregada en un paquete de 220 gramos. De acuerdo con esta denuncia, los precios de los productos y el transporte sin ser exento del IVA tendría un costo por kit aproximado de 34.881 pesos. En los procesos de verificación por parte de Pares, y a través de la información proporcionada por las fuentes territoriales, se puede constatar que se habrían presentado unos sobrecostos en los productos en relación con las marcas entregadas en los kits, específicamente en los productos de aceite vegetal Ricaceite, harina de maíz-Arepasan, lentejas Ricura del Campo, leche en polvo The Cantara y la sal Doña Blanca. Ahora bien, se constata que la denuncia proviene del primer contrato gestionado por la Alcaldía, ya que esta institución presentó un contrato adicional en el mes de abril, por un valor de $171.062.732,00 adicionales, con el objetivo de destinarlo a 2.672 hogares. Sin embargo, a diferencia del anterior contrato, los precios de los ítems variaron en relación con el contrato inicial. Según el documento, la variación de los precios corresponde a que la tabla pasada contenía algunos ítems con doble tributación, por lo que esto fue compensado con 228 mercados adicionales sin costo por parte del contratista. Teniendo en cuenta la variación de los precios entre ambos contratos (que contienen los mismos ítems proveídos por el mismo contratista), Pares encuentra una presunta irregularidad asociada a las precarias habilidades y competencias de la Secretaría de Hacienda del municipio e incluso las del propio alcalde, porque a pesar de que el contratista asumiera a pérdida 224 mercados en función del error de la cotización de los kits, este error debió ser identificado en el proceso de contrastación de cotizaciones con las otras dos empresas. En efecto, se duda de que el contratista elegido haya sido el más idóneo en relación con los principios de la contratación pública. Por último, fuentes territoriales de este municipio aseguraron que parte de los 5.116 mercados fueron otorgados a discreción por el alcalde a la población que lo habría respaldado en las respectivas elecciones locales del 2019 y 2015. Es importante que el alcalde Arrázola Sagbini se pronuncie al respecto y que se lleven a cabo las investigaciones necesarias por parte de la Procuraduría, pues no sería la primera vez que un funcionario público de este grupo político tiene comportamientos irregulares en relación con la administración municipal[8]. Conclusión Es relevante que el alcalde Sagbini se pronuncie sobre los cuestionamientos relacionados al contrato obra Cementerio de Calamar y al contrato de suministro No. UM – 002 2020, en concordancia con la ley 80 de 1993 o de Contratación Pública. De lo contrario estaría violando los principios de transparencia, economía y responsabilidad de las actuaciones contractuales de las entidades estatales. De igual forma, Pares solicita a la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación que desarrollen las respectivas investigaciones a este ente territorial. Referencias [1] Consultado en: http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%202073%20DEL%2023%20DE%20OCTUBRE%20DE%202015.pdf [2] Consultado en:https://verdadabierta.com/siete-anos-de-prision-para-el-ex-senador-vicente-blel/ [3] Consultado en: https://pares.com.co/2018/06/28/la-memerlabilidad/ [4] Consultado en: https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria-General_de_la_Nacion_formul__pliego_de_cargos_contra_actual_alcalde_de_Calamar__Bol_var__y_su_secretaria_de_Obras_Publicas.news [5] Consultado en: https://www.eluniversalclasificados.com/Anuncio.php?r=Edictos&s=Edictos&a=465942_1_ALEJANDRO-ANTONIO-ARRAZOLA-CARRASQUILLA&r=Edictos&s=Edictos&a=465942_1_ALEJANDRO-ANTONIO-ARRAZOLA-CARRASQUILLA [6] Consultado en: http://www.notariaunicacalamar.com.co/sitio/nosotros/funcionarios [7] Consultado en: https://cincodias.co/la-dian-se-pronuncia-sobre-la-aplicacion-del-iva-frente-al-transporte-de-carga/ [8] Consultado en: https://www.wradio.com.co/amp/nota.aspx?id=4156255

Por: Laura Cano Periodista – Pares El Chocó es uno de los departamentos más golpeados por cada uno de los problemas estructurales de Colombia: violencia, corrupción, ausencia estatal, falta de oportunidades, carencia de infraestructura, entre otros. Aún con los pasos —así sean pocos— que se han dado con el Acuerdo de Paz, el Chocó pareciera estar en un capítulo de violencia sin final, pues allí no han dejado de cesar las vulneraciones contra la población. Lo que ha venido ocurriendo desde hace algunas semanas en el departamento es una muestra de ello. Desde el pasado 13 de agosto, habitantes del Litoral de San Juan (más exactamente de las comunidades de Togoromá Quebrada, Puerto Guadualito, Unión San Juan, Nuevo Pitalito y Loma Alta) alertaron sobre la alta presencia de grupos armados y los constantes enfrentamientos entre miembros del ‘Clan del Golfo’ y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta situación ha llevado a que, en lo corrido de la última semana, cerca de 640 familias, con alrededor de 1.550 personas, se hayan tenido que desplazar a diferentes zonas de los tres municipios afectados. Además, aproximadamente 1.150 personas de los corregimientos de San Miguel y La Unión permanecen confinadas. “Hasta el momento el desplazamiento se da entre corregimientos, ya que muy pocas familias han logrado salir hasta el municipio de Istmina o hasta la cabecera municipal de Medio San Juan. Sin embargo, advertimos que la situación de desplazamiento en la zona se puede agravar y extender a comunidades vecinas de los municipios de Sipí y Litoral de San Juan”, advirtió a principios de la semana pasada el defensor del pueblo, Carlos Camargo, quien visitó la zona el día viernes. Durante su paso por los municipios afectados, Camargo dio a conocer la Alerta Temprana de Inminencia 020-21 para los municipios de Medio San Juan e Istmina, en Chocó, en la que se advierte la situación de desplazamiento forzado, confinamiento, homicidios y elevado riesgo de enfrentamientos. Estas problemáticas infringen el principio de precaución del Derecho Internacional Humanitario (DIH) sobre la población afrocolombiana perteneciente a los Consejos Comunitarios de Acadesan, Cocominsa y al Resguardo Indígena de Unión Wounaan, La Lerma y Macedonia del Pueblo Wounaan. En el documento se señala que desde el pasado 15 de agosto hay combates entre el ELN y las AGC. Esto tras la finalización de un pacto que mantenían los dos grupos desde el 2017. Ambas estructuras armadas lideran las rentas de las economías ilegales, la cadena del narcotráfico, los cultivos de uso ilícito y procesamiento de coca, la extracción ilícita de recursos naturales, minería y explotación de madera, entre otras actividades criminales. Con el fin de la alianza entre los dos grupos, las AGC decidieron ingresar a algunas de las comunidades del municipio de Medio San Juan, donde pintaron las viviendas con logos alusivos al grupo armado ilegal y retuvieron e interrogaron a civiles. Asimismo, el 14 de agosto un civil, a quien acusaban de ser informante de las AGC, fue asesinado por el ELN. Hay que señalar que, además de la alerta emitida durante la semana pasada, la situación de esta región del Chocó ya había sido advertida en la Alerta Temprana 034-19, en la que se puntualizaba el riesgo para estas poblaciones ante la presencia y el fortalecimiento del ‘Bloque Ernesto Che Guevara’, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en los territorios que habitan las comunidades étnicas. Adicionalmente, el pasado 3 de agosto la Defensoría del Pueblo había publicado la alerta 016 de 2021, en la que se ponía la lupa en tres regiones (Vigía del Fuerte, Bojayá y Medio Atrato) sobre las cuales se identificaba un “escenario de riesgo por la expansión de las AGC en la zona y la disputa territorial que tienen con el ELN, lo que supone una clara situación de riesgo para la población civil de las comunidades étnicas que habitan en dichos corredores fluviales y cuyos territorios quedan interpuestos a merced de los dos grupos armados presentes”. En este contexto, es necesario traer a colación varias cosas. Por un lado, según la Defensoría del Pueblo, durante el primer semestre de este año, 45 mil personas pertenecientes a 15.340 familias se vieron en la obligación de salir de sus sitios de residencia a raíz de la situación de violencia en varias zonas del país. Hay que señalar que, en el mismo periodo del año anterior, se registraron 51 eventos que afectaron a casi 14 mil personas de 4.311 familias. Adicionalmente, el Chocó, junto a Nariño, Antioquia, Norte de Santander y Cauca son las zonas que este año han resultado más afectadas por los desplazamientos forzados. Por último, es importante mencionar que esta zona que hoy vive una crisis humanitaria es un importante botín de disputa entre grupos armados debido a su posición geográfica: es una región estratégica para el control sobre las rutas del narcotráfico, pues tiene salida directa al océano Pacífico y una rápida comunicación con Buenaventura, en el Valle del Cauca, y con los municipios de Nuquí, Bahía Solano y Juradó, en frontera con Panamá. Asimismo, no hay que olvidar la gran riqueza natural del departamento por su concentración de recursos maderables y minerales.

Por: Línea de Investigación Democracia y Gobernabilidad – Pares Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presentamos el informe “El inexistente plan de vacunación en Venezuela”: una investigación sobre las irregularidades en los procesos de vacunación de aquel país. Descarga el informe en la infografía interactiva que se encuentra a continuación

Por: Laura Cano Periodista – Pares Por años, los clanes en Colombia han sabido cómo mover sus fichas para lograr importantes puestos para sus miembros (en su mayoría cargos de elección popular). Desde allí han desarrollado políticas clientelares, favoreciendo a su mismo círculo de poder. Uno de los grandes clanes del país es precisamente el ‘Clan Gnecco’, el mismo que el día de ayer, tras múltiples denuncias en contra de sus miembros, en este caso más precisamente en contra de Luis Alberto Monsalvo, sumó un proceso judicial más. El más reciente caso contra Monsalvo inició en julio de este año cuando, ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación imputó a Luis Alberto Monsalvo Gnecco, gobernador del César, tras evidenciar presuntas anomalías en un contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) suscrito en agosto de 2015, año en el que ejercía su primer periodo como gobernador, cargo al que llegó luego de ser Representante a la Cámara (2002-2006). El contrato en cuestión se celebró entre el departamento del César y el Consorcio de Alimentación Escolar A Salvo, y en dicho documento se establecía un plazo de 59 días de operación con una inversión de $17.140 millones. Este contrato, como estableció la Fiscalía, no cumplía con lo legalmente establecido, por lo que a Monsalvo se le imputaron los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Los entes de control lograron hallar que hubo una presunta malversación de los fondos públicos por cerca de $3.000 millones, lo cual se habría dado a través de posibles sobrecostos en productos alimenticios. Por ejemplo, se habla de que cada kilogramo de hígado se había pasado por un valor de $65.406, un precio mucho mayor al regular. Adicionalmente, desde la Fiscalía se aseguró que en las verificaciones que hicieron se identificaron, por lo menos, nueve inconsistencias entre las que están: falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley en distintas etapas del proceso de contratación, evaluación y liquidación. En ese momento, y tras la investigación, el fiscal del caso, Julio Ospino, solicitó que Monsalvo estuviera detenido preventivamente mientras el proceso avanzaba, esto para evitar que el mandatario departamental “se siga apropiando del erario así sea a través de terceros”, expresó el funcionario . Así las cosas, la situación del gobernador estaba a la espera de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el cual comunicó su decisión el día de ayer, 18 de agosto. Según lo comunicó el Tribunal, se impondrá medida de aseguramiento privativa de la libertad, y esta podrá ser cumplida bajo detención domiciliaria. Hay que traer a colación varias cosas. Por un lado, este no es el primer proceso que afronta Monsalvo Gnecco: en julio de 2020, la Corte Suprema de Justicia lo había relacionado con el delito de corrupción al elector en su primera campaña electoral hacia la Gobernación del Cesar. Según lo estableció el organismo en ese momento, en el año 2011 Monsalvo hizo una alianza con las personas líderes del sector de las invasiones de Tierra Prometida, Guasimales y Emmanuel, en Valledupar, presuntamente con el compromiso de mantenerles la situación de ilegalidad a cambio de votos. “Al ser el aspirante con mayor opción, acudió a ciudadanos desprotegidos, víctimas del entonces conflicto armado, en una condición manifiesta de marginalidad, con la intención dolosa de alcanzar el falso favor de los electores merced a la prebenda corruptora manifestada en la promesa de dádiva analizada”, comunicaba el alto tribunal. Con esto, el 27 de julio la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Monsalvo Gnecco a cinco años, un mes y 16 días de prisión. Además, se le impuso pagar una multa por 301 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como la inhabilidad para ejercer funciones públicas durante el mismo tiempo de la condena. No obstante, en septiembre de 2020 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia que había impuesto en primera instancia; absolvió y ordenó la libertad inmediata del gobernador, tras argumentar que “analizados los hechos demostrados, así como también los elementos constitutivos del tipo penal de corrupción al sufragante (Art. 390 C.P.), la Corte concluyó que el demostrado comportamiento de Luis Alberto Monsalvo Gnecco no se adecúa a los elementos constitutivos del tipo penal juzgado, además de no constituir tal actuación, vulneración al bien jurídico tutelado de la libre participación democrática”. Clan Gnecco: la sombra de los constantes cuestionamientos Luis Alberto Monsalvo Gnecco no es el primer miembro del clan que debe afrontar procesos judiciales, pues junto al poder que ha logrado acumular esta estructura política del César, los escándalos han acompañado su desarrollo y consolidación como fuerza política. Varias de estas presuntas irregularidades en las que el ‘Clan Gnecco’ ha estado envuelto han sido alertadas desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Uno de estos, y más reciente, tuvo que ver con un proceso en la Contraloría General de la República al que Pares tuvo acceso. En el marco de este proceso se habrían ordenado medidas cautelares, con posibles embargos, contra el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, y contra el exgobernador Francisco Fernando Ovalle Angarita (también del ‘Clan Gnecco’), por presuntos hechos de corrupción ocurridos en los periodos 2012-2015 y 2016-2019, respectivamente. Además, Pares reveló, hace tan solo unos días, un segundo caso relacionado a 10 audios que la Fiscalía interceptó, con orden judicial, del teléfono del ‘Ñeñe’ Hernández entre mayo y agosto de 2018, cuando se desarrollaron la primera y la segunda vuelta presidencial. Según se puede inferir a partir de estos, el ‘Ñeñe’ Hernández se habría articulado con miembros del ‘Clan Gnecco’ para apoyar al entonces candidato presidencial Iván Duque con los votos que le habían prometido al candidato de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. De acuerdo a lo que se pudo analizar en las llamadas interceptadas legalmente, los recursos utilizados para este entramado se habrían obtenido de las comisiones que supuestamente se otorgan en el Cesar por contratación pública, y que presuntamente se destinarían a la financiación oculta de las campañas políticas. (Consulta aquí el informe completo: La ‘Ñeñepolítica’ y los embargos que rodean al ‘Clan Gnecco’) Por otro lado, hay que recordar que el ‘Clan Gnecco’ inició a través de cinco hermanos: Jorge, José Eduardo, Cielo, Nelson y Lucas, quienes desde los 90 incursionaron en la política, conformando un clan que se adueñaría de la política en el César. Para 1992, Lucas Gnecco ya se había quedado con la Gobernación del departamento. Pero su poder no solamente se quedó en el César, pues para ese mismo año Hugo Gnecco, sobrino de Jorge Gnecco, se quedó con la Alcaldía de Santa Marta. Y en ese momento empezaron algunos de los cuestionamientos al clan, pues luego se conocería que Hugo había nombrado funcionarios sugeridos por el Bloque de las Autodefensas Resistencia Tayrona. Luego llegaría otro escándalo cuando Rafael Bolaños, cuñado de Lucas Gnecco, tras ser elegido en el 2000 como gobernador del Cesar, fue destituido por fraude contractual. Adicionalmente, otra sombra que persigue al clan es la relación entre Jorge Gnecco con los paramilitares Hernán Giraldo y ‘Jorge 40’, quienes compartían rutas de contrabando y negocios de armas. No obstante, en las dinámicas de confrontación por el poder, Giraldo y ‘Jorge 40’ entraron en enfrentamientos, y el grupo de los Gnecco presuntamente habría decidido apoyar a Hernán Giraldo. Esta situación habría llevado a que Jorge Gnecco fuera asesinado en el 2001 por tropas del Bloque Norte de las AUC. En ese año, además, la familia tuvo una disminución de su poder político; para el 2002 el único puesto que lograron fue justamente con Luis Monsalvo, quien llegó a la Cámara de Representantes. Fue con Monsalvo Gnecco, hoy cuestionado y con medida de detención domiciliaria, que el clan fue tomando fuerza de nuevo, pues en 2011 llegó a la Gobernación por primera vez. Asimismo, el ‘Clan Gnecco’ no estuvo alejado de los cuestionamientos que tuvieron varios gobernadores por el manejo de los recursos durante la pandemia por covid-19. Desde Pares se advirtió que habían sido encontrados 32 contratos con irregularidades, las cuales se centrarían en sobrecostos y doble contabilidad de algunos de los productos. Hoy, de nuevo, Luis Alberto Monsalvo y el ‘Clan Gnecco’ se ven envueltos en escándalos. La pregunta es: ¿qué pasará con el proceso que afronta actualmente Monsalvo? ¿Esto traerá repercusiones para el clan en las elecciones que se aproximan para el año 2022? ¿Cuál será el futuro político del departamento del César?

Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares El pasado viernes 13 de agosto, en la ciudad de México, se firmó el “Memorando de Entendimiento” entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, representado por Jorge Rodríguez (actual presidente de la Asamblea Nacional y destacado militante del PSUV), y Gerardo Blyde Pérez, por la Plataforma Unitaria de Venezuela (colectivo de organizaciones políticas que representa a parte de la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro). Para este importante paso, fue clave tanto el trabajo profesional y discreto del Gobierno de Noruega como la credibilidad de ambas partes en el Gobierno México (que tiene una larga tradición de trabajo en procesos de paz y una clara postura de no inmiscuirse en asuntos internos). En Venezuela se vive una profunda y prolongada crisis social, económica y política, que tiene a nuestro vecino en una situación tremendamente preocupante. De allí han salido forma sistemática millones personas en los últimos diez años, y el número puede ser un poco superior al de la guerra en Siria: se calcula que hoy pueden haber más de cinco millones de venezolanas y venezolanos por fuera de su país a causa de la realidad crítica que se vive allí. La mayoría de estas personas se encuentra en Colombia, donde se calcula que pueden estar residiendo un millón y medio de migrantes de nacionalidad venezolana (eso sin contar los retornados colombianos y sus hijos e hijas). Resulta muy difícil establecer con mayor rigor estas cifras debido a las complicaciones logísticas, la incapacidad institucional y la desconfianza para suministrar la información; pero, sin duda, Colombia es el mayor receptor de la diáspora del vecino país. El proceso de diálogos y negociaciones entre el Gobierno venezolano y un sector de la oposición es la evidencia de que ambas partes reconocen que la situación es tan delicada que, ante todo, hay que valorarla en términos humanitarios; han regresado a este camino de búsqueda de consensos que han tratado de recorrer en varias oportunidades sin que haya sido posible lograr resultados positivos. El “Memorando de Entendimiento” firmado tiene dos temas centrales: asuntos electorales y de participación política, y asuntos relacionados con la economía nacional. De manera particular, hay puntos como el levantamiento de las sanciones, la restauración de derechos a activos, garantías para la competencia política y el cronograma electoral para elecciones observables. Estos últimos puntos, especialmente, son de interés de la oposición, mientras que lo relativo a las sanciones económicas es de interés del Gobierno. En medio de los dos temas centrales también está la reparación de las víctimas de la violencia: un asunto que, sin duda, les compete a las dos partes (porque en esta confrontación tanto Gobierno como oposición tienen responsabilidades por asumir). El Gobierno de Nicolás Maduro va en su tercer año de seis que tiene. Las próximas elecciones presidenciales deberían ser en 2024 y, por el momento, es una incertidumbre si la oposición quiere adelantar el calendario electoral y si el Gobierno está dispuesto a ceder en este punto. Lo que es evidente es que ambas partes requieren transitar un camino de entendimiento ante una situación de la mayor gravedad, y que no será una negociación fácil, pero la única posibilidad viable es que entre el Gobierno y la oposición haya disposición para construir las salidas que la sociedad venezolana requiere con urgencia. De hecho, fue muy diciente el discurso de Gerardo Blayde, quien recalcó el “aquí y ahora” en varios momentos de su intervención en el acto protocolario de la firma del “Memorando de Entendimiento” (documento en el que quedaron consignados los principios que guían la negociación y la agenda ya señalada). Se inicia este proceso, difícil sin duda, con acompañamiento internacional: junto a la facilitación de Noruega, hay un acompañamiento de Rusia y de los Países Bajos. Muy seguramente se integrarán otros países y las negociaciones deberán dar resultados positivos antes de fin de año. Esto, sobre todo, ante la urgencia de encontrar fórmulas para atender los temas más apremiantes relacionados a recursos financieros hoy congelados en el exterior debido a medidas unilaterales de sanción al Gobierno de Nicolás Maduro. Estos recursos se podrían utilizar en la consecución de alimentos y medicinas que hoy escasean en Venezuela. Además, este proceso de diálogo debería hacer posible el esbozo de un rumbo para la participación política y electoral que le dé señales a la oposición de que se están atendiendo sus preocupaciones. Para quienes hemos insistido en que el único camino viable a la grave crisis que se vive en Venezuela es un entendimiento entre la propia sociedad de aquel país, el proceso que recién se inicia es una muy buena noticia. La próxima cita es del 3 al 6 de septiembre, muy seguramente, de nuevo, en México. Ya veremos la evolución de este importante proceso al cual hay que desearle los mejores logros y que, de momento, no se ve que tenga opositores de peso dentro del país ni, afortunadamente, en el contexto internacional. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Línea de Investigación Conflicto, Paz y Posconflicto – Pares Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presentamos el informe “Grupos Armados PosFarc (GAPF): Una nueva espiral de violencia en Colombia”: una investigación sobre la presencia territorial y las principales acciones de los GAPF en distintas regiones del país. En este informe hemos puesto especial atención en la realidad de estas estructuras armadas en cuatro territorios centrales para el desarrollo de este fenómeno: Costa Pacífica nariñense, Cauca, Nudo de Paramillo (Bajo Cauca y sur de Córdoba) y Norte de Santander. Descarga el informe en la infografía interactiva que se encuentra a continuación

Por: Laura Cano Periodista – Pares Durante la semana pasada se conoció el escándalo relacionado a un contrato firmado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) por más de un billón de pesos, con el cual se pretende llevar conectividad a 7.277 puntos en lugares apartados del país. Esto se haría a través de una Unión Temporal, la cual debía comprometerse a garantizar todo el proceso de arquitectura, diseño, solución tecnológica, instalación y funcionamiento hasta diciembre de 2031. Del total del dinero, un 6.55% le fue entregado a los contratistas como adelanto. El proceso inició en diciembre de 2020, pero en los últimos meses habían empezado a ser alertadas una serie de inconsistencias. Por una parte, el consorcio (Unión Temporal Centros Poblados) presentó una garantía que no había sido expedida por el Banco Itaú, situación que fue advertida por la ministra Karen Abudinen el pasado 25 de junio. Además, a esta situación se sumaba el preaviso de la falta de experiencia, capacidad técnica y financiera del consorcio para poder ejecutar el contrato. Tras esto, el pasado 19 de julio se anunció la declaratoria de caducidad del contrato que se había firmado con la Unión Temporal Centros Poblados, que cubría la región denominada “B”, la cual estaba conformada por los departamentos de Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada. Además, la situación llevó a la cartera a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Hay que recordar que este tema llegó a la agenda nacional luego de que Paola Herrera, periodista de La W Radio y una de las primeras personas en informar sobre el caso, alertara que los 70.000 millones que se le habían adelantado a la Unión Temporal Centros Poblados estaban extraviados. Además, Herrera también fue la encargada de advertir la poca experiencia del consorcio y de señalar que “no fue solo una sino que fueron tres las garantías bancarias falsas que se presentaron por parte de Centros Poblados. Estas tres pólizas tienen un valor total de $145.866 millones”, escribió la periodista en su cuenta de Twitter. Dado esto, el pasado 13 de agosto se conoció que había quedado en firme la caducidad del contrato entre el MinTic y la Unión Temporal Centros Poblados por $1,07 billones. Esto luego que Adriana Vivas Robles, delegada de la ministra de las TIC, Karen Abudinen, rechazara el recurso de reposición presentado por Centros Poblados. En respuesta a esto, el abogado de este consorcio, Jorge Pino Ricci, aseveró que a la Unión Temporal se le había violado el debido proceso y que solo un juez de la república podía decidir o no la caducidad del contrato. Adicionalmente, el MinTic impuso una multa de $39.015 millones (equivalentes a 49.944 salarios mínimos legales vigentes) a la Unión Temporal y, asimismo, se anunció la liquidación de dicho contrato. Esto ha llevado a múltiples reacciones. Por ejemplo, el presidente Iván Duque afirmó que la ministra Abudinen: «Es una mujer honorable, transparente, y así lo ha demostrado en todos los cargos públicos que ha ejercido». Por otra parte, sectores de la bancada alternativa del Congreso pidieron que Abudinen fuera a una moción de censura por este caso. Sin embargo, en la Cámara de Representantes esta propuesta parece estar tambaleando, pues en la corporación las plenarias por el trámite de la reforma tributaria están próximas a suceder. “Estoy sumamente preocupado con la moción de censura de la ministra de las Comunicaciones Karen Abudinen. Hablé con la presidenta de la Cámara para que agendara la moción de censura y ella dice que va a citar para el lunes a la mesa directiva y ahí van a analizar si es conveniente o no hacer el debate. (…) Esperemos que la señora presidenta de la Cámara no vaya a embolatar la moción de censura. El país completo, los medios de comunicación están esperando este debate, un debate álgido para el país”, indicó a La FM el Representante a la Cámara León Fredy Muñoz. Por otra parte, desde la Fiscalía General se decidió citar a interrogatorio al representante legal del consorcio Centros Poblados. Esto en el marco de las investigaciones penales que se adelantan por las denuncias sobre las presuntas irregularidades en el contrato suscrito con el MinTic. Se busca que el representante del consorcio dé explicaciones sobre lo que se le acusa. “El caso está priorizado. Está en cabeza del director nacional Anticorrupción. Existe ya la estructura de un grupo de tareas especiales, donde se involucra también al coordinador de fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, y tenemos las líneas investigativas para cada uno de esos hechos. (…) Entre las líneas a desarrollar está la relacionada con funcionarios públicos que habrían estado involucrados o trabajaron en la estructuración en el proceso de evaluación, en el proceso de las mismas pólizas y los documentos contractuales”, comunicó el fiscal Francisco Barbosa. Este caso se suma a una serie de hechos de corrupción que salpican a funcionarios públicos y que son una constante en el país. Por eso, desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) estaremos haciendo seguimiento a este escándalo en el que está involucrado el MinTic. Como parte de este cubrimiento, les invitamos a conectarse el próximo 19 de agosto, a las 8:00 pm, a un diálogo entre Ariel Ávila y Paola Herrera a través de la página de Facebook de Pares.

Por: Walter Aldana Político social alternativo En esta sociedad capitalista, las relaciones sociales, económicas y políticas se han ejercido, sustentado y sostenido en el patriarcado como relación de poder. En este tipo de configuración social, la mayoría de funcionarios y servidores públicos no han tenido un comportamiento coherente con la ética personal y comunitaria, aunque la carta constitucional se los exige y su creencia religiosa o filosófica se los dicta. Primero fue la noticia: “alcalde de La Sierra Cauca, agrede a su compañera sentimental”. Acá recordamos de inmediato (ante este hecho de violencia basada en género) la definición de ética que, según Wikipedia, reza así: “es el estudio de los valores morales que guían al ser humano en su relación con la sociedad, la moral son las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad”. “Lesiones en la nariz, trauma en su ojo derecho, espalda, incapacidad de 20 días, además de las palabras soeces y desobligantes”, mencionó sobre los hechos Gustavo Montaña, director de fiscalías seccional Cauca. Y solicitó: “Medida de control de garantías, de protección de garantías inmediata, con el fin de evitar que hechos como este se repitan”. La indignación se aumenta en el momento en que el juez ordena que el alcalde (abogado, por cierto), en su calidad de acusado: “acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico y abstenerse de reincidir en la conducta violenta”. ¿Qué está ocurriendo con quienes aplican justicia? Por fallos como este que se revictimiza a la mujer; van perdiendo credibilidad; con el mismo argumento condenan y con el mismo absuelven. Dicen que es por lo variable de la interpretación de la norma, pero la malicia indígena (similar a la sana picardía del campesinado) nos indica que son más criterios de interés y favorabilidad política ante la sociedad que el deseo de aplicar justicia. Debo decir que, en esta cultura patriarcal y machista, muchas veces he tenido actitudes y expresiones verbales que se acercan a comentarios degradantes de las mujeres (y eso que tengo tres en casa); que participo con algunos oficios en la cotidianidad familiar, compartimos lecturas variadas sobre la realidad política desde la condición de padre, mayor de edad y ellas de compañera e hijas; e intento alejarme de personas sexistas y racistas. Estoy seguro de que esta es la razón por la que esta noticia me causa fastidio. Pero golpear a la pareja u otra mujer es vergonzoso para la humanidad. Y si, como dice el juez, este comportamiento venía sucediendo hace más de un año, no debemos banalizarlo (que es lo que hace el aplicador de justicia). Así como los deportistas y los artistas son referentes para niñas, niños, jóvenes, los mandatarios (y que lo digan las comunidades donde lo hemos sido) somos objeto de vigilancia social en nuestros actos. El juez, en este caso, no solo revictimiza a la esposa, sino que da patente de corso para que cualquiera violente a su pareja, pues el resultado será un tallercito sobre “no debo hacerlo” y ningún efecto penal ni disciplinario. Yo creo en la justicia recuperadora, restaurativa, para nada en la vengativa (aquella en la que mientras más años de cárcel se imponga, supuestamente mejor), pero no me digan que 20 días de incapacidad, afectación psicológica a los hijos, solo merece un llamado de atención y un: “abstenerse de reincidir en la conducta violenta”. Frente a este aberrante comportamiento, la justicia debe tener una respuesta seria en lo que al alcalde corresponde en lo penal y administrativo, y en relación al juez una investigación, que el Consejo seccional de la de la judicatura actúe. Está de por medio la credibilidad de la aplicación de justicia.

Por: Nataly Triana Guerrero Asistente de Investigación Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad – Pares El Congreso Anual Empresarial Colombiano de la ANDI generó un espacio denominado “Segmento Precandidatos ANDI”, durante el 10 al 12 de agosto, en el que 15 precandidatos presidenciales expusieron sus propuestas y/o programas en materia económica ante grupos empresariales e industriales del país. En este espacio participaron Enrique Peñalosa, Miguel Ceballos, María Fernanda Cabal, Federico Gutiérrez, Gustavo Petro, Juan Carlos Echeverry, Eduardo Verano de la Rosa, Rafael Nieto, Oscar Iván Zuluaga, Roy Barreras, Sergio Fajardo, Mauricio Cárdenas, Dilian Francisca Toro, Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo. Este encuentro fue un insumo realmente importante sobre la configuración de las cartas políticas de los distintos partidos, coaliciones y movimientos significativos que tienen interés de presentarse a las elecciones del 2022. Entre las más importantes, estuvo la declaración oficial de la precandidatura de Oscar Iván Zuluaga y, aparentemente, de la candidatura de Dilian Francisca Toro, de quien aún no hay muchas certezas. El escenario electoral que esbozó este espacio también ha dejado en entredicho la diversidad de las precandidaturas en cuestiones de género, etnia y clase, ya que solamente había dos mujeres invitadas a este segmento, María Fernanda Cabal y Dilian Francisca Toro, quienes, además, no son reconocidas por ser mujeres comprometidas con las agendas de género que promueven distintos colectivos feministas. En esta misma lectura, ninguno de los precandidatos pertenece a la población afrodescendiente e indígena del país, lo que hace cuestionar los criterios sobre los cuales la ANDI decidió no invitar a Francia Márquez, teniendo en cuenta que las invitaciones a participar de este espacio aparentemente no giraron en torno a las encuestas de intención de voto. A pesar de que aún es pronto para cuestionar los programas económicos de los precandidatos y precandidatas, es necesario hacer unas observaciones relevantes en torno a las intervenciones realizadas en la ANDI que hacen parte e inciden sustancialmente en la configuración del panorama político y electoral. Modelo económico Las diferencias del modelo económico de las distintas precandidaturas presidenciales se centran en tres puntos que son: la relación del Estado con el mercado, la descentralización del Ejecutivo y los procesos de industrialización en el país. En primer lugar, el modelo centrado en el libre mercado se encuentra representado por Enrique Peñalosa y María Fernanda Cabal, mientras que el modelo de un Estado de bienestar se encuentra en cabeza de Gustavo Petro y Roy Barreras. Las otras personas aspirantes no se catalogan a sí mismas al interior de alguno de estos modelos de manera radical, pero sí dejan revelar sus tendencias. Entre estas se encuentra la continuidad y ampliación del programa de ingreso solidario, pero focalizado, por parte de Oscar Iván Zuluaga; y la declaración de una economía fundamentada en mantener el ingreso del sector trabajador, pero que disminuya la carga efectiva del sector empleador, por parte de Rafael Nieto. Es importante señalar que María Fernanda Cabal, Oscar Iván Zuluaga y Dilian Francisca Toro se encuentran abiertamente decididos a llevar a cabo una reforma política que reduzca el tamaño del Estado en aspectos clave como la reducción del Congreso y la preponderancia de los partidos políticos. En cuestión de la obligatoriedad de las listas cerradas, la financiación mayoritariamente pública de los partidos y la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), se encontraron a favor las personas mencionadas junto a Roy Barreras. En relación con los procesos de descentralización, todos los precandidatos y precandidatas se pronunciaron a favor de descentralizar el Ejecutivo; sin embargo, las maneras en que esto se propone distan entre sí. Dilian Francisca Toro planteó una descentralización con autonomía y recursos propios; Federico Gutiérrez solamente señaló la necesidad la creación de un plan estratégico determinado por regiones; mientras para Eduardo Verano de la Rosa el camino es la descentralización de las oportunidades; y para Juan Carlos Echeverry, es darle centralidad a cada región de acuerdo con sus milagros económicos. Por último, en función de la industrialización del país, todas las personas que aspiran a participar en las elecciones presidenciales se encontraron a favor de impulsar el desarrollo industrial y agropecuario. Dentro de las propuestas, con encuentros y desencuentros, están las de Jorge Enrique Robledo, Gustavo Petro y Roy Barreras, quienes coincidieron en la necesidad de un nivel de proteccionismo por parte del Estado hacia sus industrias nacionales. En los desencuentros, están los factores diferenciales entre Petro y Robledo que son: la adaptación de una reforma agraria y la implementación del modelo de sustitución de importaciones, respectivamente. El fantasma del populismo Las intervenciones de Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez y Juan Carlos Echeverry estuvieron dirigidas a asegurarle a los grupos empresariales e industriales del país que en sus modelos de gobierno no se promoverá el populismo. Aparentemente, este sector empresarial, tras el estallido social y las profundas brechas que ha revelado la pandemia de covid-19, le teme a los cambios que se puedan desarrollar si gana las elecciones el Pacto Histórico con Gustavo Petro, quien lidera la intención de voto en las distintas encuestas, incluida la más reciente de Invamer. De acuerdo con las intervenciones, una parte de este grupo económico prevé que, tras la posible victoria de Gustavo Petro, este traerá consigo el populismo y Colombia se dirigirá a una crisis social, política y económica como la que vive Venezuela. Este análisis político demuestra que este concepto, a pesar de la ausencia de pruebas al respecto, puede ser una constante que determine el apoyo de este sector a un candidato o a una candidata en específico. En ese sentido, en su intervención, Roy Barreras señaló que el populismo tiene lugar desde ambos espectros políticos y que se sitúa, en la derecha, en promesas políticas como la reducción de la jornada laboral, la posibilidad de una prima extra y el ofrecimiento de una estabilidad económica con un tejido social destruido. Enfoque de género La participación política de las mujeres ha tenido brechas importantes que aún no se traducen en el goce pleno de sus derechos. En primer lugar, por el tardío reconocimiento de la ciudadanía y, segundo, por el déficit de una representación femenina directamente relacionada a compromisos en materia de género. Las elecciones del 2022 en Colombia evidencian que estas distancias no tienden a acotarse en torno a la participación política ni, mucho menos, en lo que se refiere a aquellas mujeres que pertenecen a comunidades históricamente excluidas (entre estas las mujeres afro y las mujeres trans). Es realmente preocupante el panorama de la representación política de las mujeres para el próximo periodo presidencial. No solamente porque en el espacio de la ANDI se contara a penas con dos precandidatas que en sus modelos económicos nunca incluyeron a la mujer como parte de la apuesta de la reactivación económica con miras a un modelo equitativo y paritario de género; sino también por los cuestionamientos que las acompañan y por la clase económica y política a la que representan. A pesar de que es muy pronto para juzgar los programas económicos, se debe señalar que en la mayoría de las deliberaciones de precandidatas y precandidatos no se tuvo en cuenta una apuesta que involucre a esta población en una verdadera transformación de su rol en la sociedad desde la economía. Sorpresivamente, el único candidato que mencionó mayoritariamente el papel de la mujer fue Oscar Iván Zuluaga, continuando así el legado de los partidos de derecha de ser más “inclusivos” con los aspectos de género al interior de sus agendas, sin resultados o acciones reales. En el caso de Gustavo Petro, aunque mencionó a la mujer solamente una vez, en relación con las prácticas del cuidado, su reflexión se queda corta teniendo en cuenta las bases que compusieron su electorado en 2018, es decir, movimientos y organizaciones feministas. Y se queda corto, en especial, porque este precandidato se alimenta de dichos movimientos. Un ejemplo de ello es que busca avalar a mujeres feministas para las elecciones a Congreso en 2022, como es el caso de Isabel Cristina Zuleta. Por esta razón, se esperaría que su modelo resignifique los roles y combata las desigualdades inherentes del modelo económico capitalista. Cambio Climático Los retos que se imponen ante la posible extinción del ser humano, tras el acelerado cambio climático y las necesidades de la reactivación económica, han suscitado una discusión en torno a la sostenibilidad ambiental de las apuestas planteadas por los distintos países. En el caso de Colombia, de cara a las elecciones presidenciales del 2022, los precandidatos Federico Gutiérrez, Gustavo Petro, Roy Barreras, Eduardo Verano de la Rosa, Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo hablaron respecto de la economía basada en la minería: en general, sobre el extractivismo y los compromisos que debe adquirir Colombia frente a las declaraciones dadas respecto al cambio climático en el Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas. Las metas de los futuros Gobiernos de los distintos precandidatos son las siguientes: para Federico Gutiérrez, la clave es la reducción del 51% de emisiones de CO2 al 2030; mientras que Gustavo Petro y Roy Barreras señalaron que debe darse una transición de la economía fósil hacia la industrialización y el agro. Por otro lado, Eduardo Verano de la Rosa se centró en que debía darse cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por su parte, Sergio Fajardo formuló la necesidad de transitar a energías renovables, y Jorge Enrique Robledo abogó a favor de una minería responsable. Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) se ha establecido que las claves para reducir el cambio climático pueden ir encaminadas a la creación de un impuesto al carbono (que aumente anualmente hasta que se cumplan las metas de reducción de la emisión de CO2) y a la protección de humedales, al ser ecosistemas que pueden capturar cerca del 40% de los gases de efecto invernadero generados en el planeta. Así mismo, se plantea una mejora sobre los sistemas de ordenamiento territorial que definan claramente los usos y los espacios que se les van a dar a las distintas actividades económicas en relación con el uso del suelo. Acuerdo de Escazú En relación con este acuerdo, Rafael Nieto fue el único en referirse al respecto y declaró, sin reservas, que se debe evitar la aprobación de este en la nueva legislatura del Congreso. En el pasado, este abogado se ha referido a este documento como un “esperpento”. En lo cual coincide con los ataques de María Fernanda Cabal al mismo. Conforme a las investigaciones de Pares, el Acuerdo de Escazú es un compromiso fundamental, ya que permite el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos medioambientales y el acceso a la justicia en estos asuntos. En específico, posibilitaría a las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan espacios de interés económico tener la posibilidad de contar con asistencia para desarrollar sus peticiones en estos temas y, en particular, cambiar las dinámicas y ser poblaciones que pasan de ser consultadas a ser consensuadas. En la actualidad, a pesar de haber sido ratificado por Iván Duque, este Acuerdo no ha sido aprobado por el Congreso de la República tras suscitar en senadores y senadoras, como María Fernanda Cabal, el fantasma del comunismo y del ya mencionado populismo. En su intervención, Nieto no explicó los argumentos por los cuales se debía declinar la aprobación de este documento y tampoco presentó sus apuestas en materia de sostenibilidad en caso de quedar elegido como presidente de la República.