Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia La semana pasada advertí sobre el reto que tenemos como sociedad para explorar formas creativas y didácticas de comunicar la verdad a las víctimas sobre lo ocurrido en el conflicto armado colombiano. Este es un deber que tenemos con las víctimas, en especial con aquellas peor situadas en la escala social: las que no saben leer o escribir, y las que no poseen un ambiente adecuado para acceder a este conocimiento. En este escrito quiero resaltar el poder pedagógico, comunicativo y educativo que tiene la música para cumplir ese objetivo. Buscaré nombrar una serie de atributos y ventajas que ofrece la música para que las actuales generaciones escuchen lo que le sucedió al país, recuerden a los ausentes y tomen conciencia de que esta trágica historia no puede volver a repetirse. Empecemos por reconocer que la música sirve para conocer la historia. Desde hace siglos, las canciones se han utilizado para narrar la cotidianidad. Han servido para hablar de los conflictos, reconocer sus causas y advertir las consecuencias que traen. A través de la música, millares de personas han podido tomar consciencia de sus realidades políticas y, a partir de allí, han buscado transformarla. En el siglo pasado, por ejemplo, buena parte de la población mexicana, sin saber leer o escribir, pudo conocer de primera mano la situación por la que pasaba su país a través de la música popular. Canciones como La Cucaracha o La Adelita sirvieron para narrar el acontecer de la guerra y unirles como pueblo. La música es plural, incluyente y polifónica. Se escucha y expresa desde la diversidad, pues abarca todos los géneros –el hip-hop y el rap, la música popular y la folclórica, el rock y la salsa–. Tiene el poder de hablarle a todas las personas: a jóvenes y ancianos, a campesinos y citadinos, a negros e indígenas. Una joven a la que le tocó vivir la incursión armada del Ejército en la Operación Orión, en Medellín, puede contar su tragedia y narrar su verdad desde el rap. Igualmente, grupos campesinos de Ituango con sus cantos populares pueden narrarnos las múltiples violencias y masacres que vivieron en sus territorios. La música es integradora, puede ayudar a reducir la polarización. Los cantos colectivos han mostrado la fuerza que tienen para reafirmarse en sus identidades, para recordar sus tragedias y para sanar en colectividad. Las comunidades más apartadas han logrado, con la música, conservar su memoria histórica colectiva y, a la vez, intentar pasar la página de la violencia. Hoy las cantadoras de Pogue (corregimiento de Bojayá), a pesar del dolor que les causó la masacre del 2002, a través de los alabaos de resistencia han logrado conservar la memoria viva de su comunidad: cantos tradicionales que interpretan a capela y que, en compañía de sus hijos y vecinos, son transmitidos de generación en generación, intentando estar más unidos y protegerse de los armados. La música es íntima, cercana y reparadora. Nos permite transformar historias dolorosas en cánticos, lo cual las despoja del horror profundo y permite que nos llegue de la manera que más nos gusta. Las canciones cuentan la verdad como se siente, de manera cercana, como si eso que vivió el otro también fuera nuestra historia. De allí que en estos momentos, cuando el país intenta pasar la página de la guerra, la población requiere de la sanación emocional. La música cuenta la verdad de lo sucedido, expresa cosas dolorosas, pero lo hace intentando no causar mayor dolor; la idea es recordar lo vivido con un verso, con una estrofa, con un coro, hacer que esta vida pasada se ponga en una canción para hacerla más llevadera. La música es discreta y pertinente, tiene el poder de comunicar en el momento adecuado. Nos trae al recuerdo ciertas cosas cuando lo necesitamos y estamos dispuesto a recibirlo: ya sea escuchándolo de forma pública, con mucha gente, en auditorios o plazas; o también de manera privada, en el lugar más acogedor y único, incluso en el trabajo o haciendo deporte. Imaginémonos un campesino recogiendo la cosecha, escuchando canciones populares en la radio que le sirvan para entender por qué durante tanto tiempo no pudo trabajar la tierra. A un joven en el metro o en un bus público, sumergido con sus auriculares, comprendiendo a través de la música por qué su familia fue desplazada de su vereda. O a una madre, realizando sus labores cotidianas, tarareando una canción y entendiendo por qué sus hijos no volvieron a casa debido a los falsos positivos. Finalmente, la música traspasa fronteras. Le habla a todo el mundo y puede ser escuchada en lugares distantes. Sería muy afortunado que otras culturas puedan conocer nuestra historia a través de la música colombiana, y que esta pueda servir como ejemplo para que no se repita una tragedia similar en otro país. A la vez, presentarse de ejemplo para mostrar cómo se puede trabajar de forma novedosa en la reconciliación y la resiliencia. En síntesis, la música se nos ofrece como una de las mejores maneras de hacer llegar estas verdades a las víctimas. Sobre todo, a la población que sufrió la guerra y con quienes tenemos el deber de contarla. Por eso la propuesta es: dejemos que la música despliegue todo su potencial sanador. Confiemos en ella y su poder para comunicar, para narrar la verdad y para conservar la memoria de los pueblos a través de sus atributos pedagógicos de dejar aprendizajes. ¡Qué bueno sería pasar la página de la guerra en compañía de la música! Un lenguaje que puede ser escudriñado y utilizado, que puede ser estudiado para recoger piezas que nos ayuden a construir un repertorio musical donde se narre el conflicto, se incluya las víctimas para que se vean reflejadas allí y se construya una memoria que perdure. Esta tarea, por cierto, es relativamente fácil, pues hay muchas canciones y géneros en el país que ya vienen andando este camino. Avanzar en esta dirección debería, también, hacer posible que desde variados lugares –como ocurre en el curso sobre Música y Política que coordino con un par de colegas de la Universidad de Antioquia– se pueda trabajar en identificar las variadas canciones que describen el conflicto armado colombiano. En este sentido, y para concluir, debemos ser creativos, intentando encontrar o crear las músicas que narren la historia de las víctimas en Colombia. Músicas que aportan a la tarea de hacer justicia y avanzar en los actos de perdón y reconciliación. Tarea que debemos acompañar del lema que nos deja la canción de Marta Gómez: Para la guerra nada, y para la paz todos nuestros sueños, creatividades y esfuerzos. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Laura Cano Periodista – Pares Es 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, y en Colombia esta ha sido la población que ha promovido varios de los recientes escenarios de estallido social. Sin embargo, este impulso que ha dado la juventud a la protesta social ha dejado entrever, también, que es uno de los sectores con más exigencias y reclamos al Gobierno nacional. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en el primer semestre de 2021 el desempleo juvenil alcanzó el porcentaje de 23.10%. Es decir, hay cerca de 1,57 millones de jóvenes desempleados en el país, mientras que los que se encuentran inactivos son cerca de 5.5 millones, habiendo alrededor de 5.2 millones ocupados. Hay que recordar que, para los últimos tres meses del 2020, el porcentaje de desempleo juvenil era del 18.7%, es decir que entre un año y el otro subió un poco más de 5 puntos porcentuales. Vale la pena señalar que Riohacha es la ciudad con mayor tasa de desempleo, con el 31%, seguida de Neiva (29.60%), Ibagué (28.9%) y Armenia (28.1%). Por su parte, en Bogotá se reportó una tasa de desempleo del 28% y 378.000 jóvenes desocupados (118.000 más de los registrados en el mismo periodo de 2020). Adicionalmente, hay una condición de género que acentúa este panorama crítico para un sector de la juventud: en el reporte nacional, los hombres tienen un porcentaje de desempleo del 17.9%, mientras que para las mujeres es del 30.1%, es decir, 12 puntos porcentuales más. Por otra parte, es en esta misma población en la que han recaído los problemas históricos y estructurales relacionados con el acceso a la educación, que es, quizá, una de las razones que da cuenta de los altos índices de desempleo (tanto las cifras actuales, como las que se han dado por años). Mencionando algunos datos al respecto, según el Ministerio de Educación, anualmente se gradúan más de 600 mil estudiantes de calendario A. No obstante, según las últimas cifras que da el mismo organismo, entre 2015 y 2018, anualmente, en promedio fueron admitidos entre 35.000 y 44.000 estudiantes en instituciones de educación superior (IES). Vale la pena señalar que, en el marco de la pandemia por el covid-19, la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) reveló que, luego de consultar a 88 IES, se comprobó que un 20% de estudiantes antiguos desertaron y que hubo una reducción del 17% en el número de estudiantes esperados que se matricularon para el segundo semestre de 2020. Asimismo, para el año 2017, en su informe sobre educación, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) informó que Colombia tenía una cobertura del 45% en educación superior (muy por debajo de la media de los países que hacen parte del organismo, la cual está en 66%). A esto se suman otro tipo de realidades como la precarización que hay tanto en ámbitos académicos como laborales, los cuales, por ejemplo, por un lado, tienen que ver con la poca infraestructura y capacidad para brindar espacios formativos de calidad; y, también, por otra parte, con la falta de garantías laborales, cuya ausencia puede evidenciarse hasta en el tipo de contratos que a muchas personas jóvenes les son asignados. Esta situación termina afectando la capacidad de acceder a fondos de pensiones, cesantías y hasta a algo tan básico como los servicios de salud. Los reclamos de los jóvenes: la gasolina de la protesta social Lo anterior es solo una parte del amplio abanico de los reclamos y demandas de los y las jóvenes, quienes además también son un constante foco de criminalización y vinculación a estructuras armadas ilegales o bandas criminales. Además, esta población también ha sido el blanco de hechos tan graves como algunas de las masacres cometidas en el último año. Hay que traer a colación los hechos ocurridos durante el 2020: durante varias semanas fueron noticia los hechos victimizantes cometidos contra jóvenes. Uno de ellos, conocido el 11 de agosto de 2020, se presentó cuando, en una caseta de vigilancia de un cañaduzal cercano al barrio Llano Verde en Cali, fueron encontrados los cuerpos sin vida de cinco menores: Luis Fernando Montaño de 15 años, quien era estudiante de octavo grado en el colegio Instituto Los Ángeles de Dios; Álvaro José Caicedo de 14 años, quien heredó el nombre de su papá, un hombre que se dedica a la soldadura en el barrio caleño; Jean Paul Cruz Perlaza de 16 años, quien llegó a esta zona en el 2013 junto a sus padres (José Rogelio Cruz y Sandra Perlaza) y sus dos hermanos tras ser desplazados de Buenaventura; Jair Andrés Cortés Castro de 14 años, hijo de Ruby Cortés, hermano de Eliza Mina Cortés y nieto de Wilson Cortés; y Léider Cárdenas de 15 años, un joven de una familia que vivía del ‘rebusque’ diario en Llano Verde, y quien, además, era aficionado al deporte, al fútbol, especialmente. Poco tiempo había pasado cuando más familias tenían que despedirse a causa de la violencia en contra de sus familiares. La noche del sábado 15 de agosto de 2020 otros 9 jóvenes fueron asesinados en Samaniego, Nariño, luego que 4 hombres armados ingresaran a una casa, ubicada en la vereda Santa Catalina, donde dispararon en forma indiscriminada. En este hecho las víctimas fueron: Brayan Alexis Cuarán de 25 años, oriundo de la ciudad de Pasto; Sebastián Quintero de 23 años, quien también tenía una especial inclinación por el fútbol; Laura Michel Melo Riascos de 19 años, hija de Gloria Riascos; Byron Patiño de 25 años, un joven que estaba a poco de graduarse como contador; Óscar Andrés Obando 23 años, estudiante de la Escuela del Deporte del Valle del Cauca; Rubén Darío Ibarra de 20 años, estudiante de auxiliar de enfermería del Politécnico San Juan de Pasto; Daniel Steven Vargas Jurado de 22 años, estudiante de radiología; Elian Benavides de 19 años, estudiante de grado once, quien había sido seleccionado por un club de fútbol de ese México; y Yésica Zúñiga Jaramillo de 26 años, quien trabajaba en Samaniego y era proveniente de Cartago. Un día después se conocería que el 12 de agosto habían sido asesinados dos hermanos, Jeison Fajardo Ruiz y Alejandro Fajardo Ruiz, de 15 y 16 años, respectivamente. Ambos eran oriundos de Caquetá y habían llegado al municipio El Patía, en el sur del Cauca, donde además de quitarles la vida también los torturaron. Un hecho similar había ocurrido días antes en Leiva, Nariño, donde fueron asesinados otros dos menores: Cristián Caicedo (12 años) y Maicol Ibarra (17 años), quienes iban en camino desde Balboa al municipio nariñense para dejar sus tareas en el colegio San Gerardo, pues ante la poca la poca conectividad en el sector, esta opción era la que tenían los menores para cumplir con sus responsabilidades académicas. No obstante, en una de sus rutinas que en medio de la pandemia se convirtieron en cotidianidades, fueron asesinados por miembros de las Autodefensas Gaitanistas. Por otra parte, han sido las y los jóvenes quienes se han convertido en las mayores víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos armados. Sobre esto hay que señalar que, durante marzo y septiembre del 2020 (meses en que se mantuvieron las medidas de aislamiento preventivo más exigentes), la Defensoría del Pueblo recibió 83 denuncias de casos de reclutamiento de menores en diferentes territorios del país. Respecto a estos datos, hay que anotar que el 80% de los casos reportados se presentaron en zonas rurales y que las víctimas son menores entre los 8 y los 18 años. El 33% de estas víctimas fueron menores de 14 años y un 59% fueron niños (49 casos). Además, según la información presentada por el organismo, 20 pertenecen a comunidades indígenas y dos a comunidades afrodescendientes. Adicionalmente, en el informe se agregaba que “En el año 2021, se han emitido 5 alertas tempranas que advierten sobre riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Estas cinco alertas se concentran en los departamentos de Caquetá, Amazonas, Valle del Cauca, Norte de Santander y Vichada”. Una suma de motivos A todo lo anterior se suma un descontento social generalizado que ha llevado a que en los últimos meses se haya retomado el paro nacional. En este escenario de movilización, los y las jóvenes han sido los protagonistas, no solo por ser quienes mayoritariamente llenan las calles, las plazas y, en general, los escenarios de protesta, sino porque también son quienes están promoviendo la organización en barrios, en puntos de resistencia y distintos espacios comunes. Sin duda, este papel activo de las juventudes ha inyectado fuerza al paro nacional, pero también ha puesto en el foco que los y las jóvenes son una de la poblaciones que están más se están viendo afectadas por la precarización social, económica, laboral y educativa que, en general, está afectando al país. Hoy, Día Internacional de la Juventud, nos sumamos a los llamados por brindar más garantías a las y los jóvenes en los distintos ámbitos que atraviesan las realidades de esta población, por fomentar la educación superior gratuita y de calidad, por propiciar espacios laborales dignos y por apalancar espacios seguros y oportunidades que realmente pinten panoramas diferentes para las juventudes del país.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad Fundación Paz & Reconciliación Desde la Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad, de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), presentamos este informe en el que revelamos dos escándalos que involucran al ‘Clan Gnecco’: un proceso abierto por la Contraloría en el que se habrían decretado medidas de embargo contra miembros de este clan (incluido Luis Alberto Monsalvo Gnecco, actual gobernador del departamento del Cesar), y varios audios interceptados por la Fiscalía que evidenciaría que personas del ‘Clan Gnecco’ presuntamente habrían estado involucradas en la ‘Ñeñepolítica’. Descarga el informe en la infografía interactiva que se encuentra a continuación:

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Luego de casi tres años de trabajo en torno a la búsqueda de elementos que contribuyan al esclarecimiento de lo ocurrido en el largo conflicto armado interno, el país se prepara para recibir el o los informes de la Comisión de la Verdad. En pocos meses llegarán a nuestras manos una serie de materiales que ofrecerán una explicación amplia del conflicto armado. Allí se narrarán los horrores vividos por millones de víctimas. Su objetivo será ayudarnos a entender por qué ocurrió esta tragedia en Colombia y por qué nuestra sociedad –en especial, niños, niñas, adolescentes, indígenas, grupos étnicos y campesinos– padeció, con tanta fuerza, los horrores de la violencia. Este es un informe muy esperado y deberá ser también muy esperanzador. Los más de nueve millones de víctimas que ha dejado la guerra requieren conocer la verdad. Quieren que se les cuente la historia, que se les diga qué fue lo que hicieron –o no hicieron– para que se les tratara de esta manera tan brutal. Las víctimas esperan recibir un informe que les garantice el derecho que tienen a conocer lo acontecido en el marco del conflicto armado, y de esa manera seguir avanzando en pasar la página de la violencia. Esperan recibir la verdad sobre lo que les pasó, con el objetivo de mejorar la convivencia en los territorios y sentar las bases para que una tragedia humanitaria como la que ocurrió no se vuelva a repetir; y, además, para avanzar hacia la edificación de un ambiente propicio para la paz y el buen vivir. En este contexto es donde aparece un gran reto para la sociedad: ¿cómo hacer que estos informes lleguen a las víctimas, a quienes es prioritario narrarles la verdad? Sabiendo que buena parte de esta población es la peor situada en la escala social, con niveles de educación bajos, que no cuentan con facilidad para el acceso a la información y cuyo tiempo para reuniones o desplazamientos es escaso. Pensemos, por ejemplo, en las y los habitantes de municipios como los que integran el Urabá antioqueño –territorios que han sufrido todas las guerras–. Allí las tasas de analfabetismo están alrededor del 15 por ciento, los servicios de telecomunicación son mínimos y los niveles de pobreza no dan tiempo sino para trabajar. Es en este tipo de población que debemos poner la mirada, apelar a la creatividad, a la pedagogía y a la insistencia para que estas personas se sientan reconocidas. Nuestra responsabilidad es con las víctimas, ellas tienen el derecho a ser incluidas, tenidas en cuenta y verse reflejadas en las historias de dolor y sufrimiento que se narran en Colombia. De allí que el reto que tenemos el conjunto de la sociedad civil es pensar en formas creativas de comunicar, de llevar la verdad y hacerla escuchar a las comunidades. Que los pueblos víctimas del conflicto se vean incluidos en los relatos de la violencia. Es necesario buscar en todos los escenarios elementos que contribuyan a la sanación de las heridas. El objetivo no es remover viejas heridas, ni mantenerlas vivas, sangrantes, intentando alimentar el odio. El propósito es recordar lo vivido para no repetirlo, para dejar contado el pasado y construir con decisión otro porvenir. Construir narraciones con las que se sientan a gusto, porque reflejan su pasado, sus dolores, sus peripecias. En conclusión, ahora que la Comisión de la Verdad se acerca a la entrega de su informe, como sociedad debemos explorar formas de contar esa verdad, buscar las mejores maneras de hacer llegar estas verdades a las víctimas; pensar, desde los múltiples espacios, cómo contar esa verdad histórica del conflicto, sobretodo, a la población que sufrió la guerra y con quienes tenemos el deber contarla.

Por: Laura Alejandra Fajardo Umbarila Investigadora Línea de Democracia y Gobernabilidad – Pares El código penal, en su artículo 122, declara el aborto como un delito. En Colombia, la lucha por la defensa sobre los derechos sexuales y reproductivos, la libre decisión sobre la maternidad y el mandato sobre el cuerpo propio, es posible rastrearla desde la década de los 70, momento en el que el debate con el Estado se estableció a través del Congreso, siendo un diálogo infructuoso tras casi 30 años: 6 proyectos de ley radicados y ningún resultado exitoso. En 2005, Women’s Link World, junto con organizaciones colombianas como La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y Católicas por el Derecho a Decidir crean el proyecto LAICIA – Litigio de Alto Impacto en Colombia: la Institucionalidad del Aborto. A través de esta iniciativa proponen un estudio de los avances en materia de derechos humanos a nivel mundial y, usando estos argumentos legales, exigen y proponen cambios al interior de la legislación nacional. La demanda, en cabeza de la abogada Mónica Roa, logró poner en el debate público el derecho a la libre maternidad, a la libre decisión y a la autonomía sobre los cuerpos de las mujeres. La Corte se pronuncia el 10 de mayo de 2006, con la sentencia C-355 de 2006, despenalizando el aborto en tres circunstancias: cuando el embarazo fuera fruto de una violación, cuando hubiera malformaciones o el estado de salud hiciera inviable la vida del feto por fuera del útero, y cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre gestante. Aunque la sentencia fue un avance histórico e importante en su momento, quince años después y tras hacer el balance de su aplicación, cerca de 45 organizaciones y alrededor de 60 mujeres, activistas, trabajadoras de la salud, miembros de academia y centros de investigación sumaron esfuerzos y se agruparon alrededor de Causa Justa e identificaron las distintas barreras para el libre ejercicio del derecho al aborto bajo los tres casos establecidos, revelando que, aún con la despenalización parcial, son muchos los problemas que permanecen. Es por esto que Causa Justa, en septiembre del 2020, instauró una nueva demanda ante la Corte Constitucional que busca la despenalización total del aborto y establecimiento de los mecanismos para el libre acceso y el disfrute efectivo del derecho a decidir. Principales barreras identificadas después del 2006 La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres ha sido una de las organizaciones dedicada al seguimiento de casos y aplicación de lo dictado por la Corte en el 2006 y la jurisprudencia posterior. Según esta organización, hay principalmente tres barreras que impiden el cumplimiento efectivo de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE): el desconocimiento de la norma, las interpretaciones restrictivas y las fallas estructurales en la prestación del servicio de salud. Cada una de estas barreras revelan que la despenalización parcial lograda en 2006 no es suficiente para garantizar que las mujeres puedan tomar libremente la decisión y accedan dignamente al servicio médico[1]. Desconocimiento de la norma El personal de salud y los funcionarios de las instituciones del sector público que pueden verse involucradas en un proceso de la IVE (como las Comisarías de Familia, Fiscalía o ICBF) son los actores sociales que más han revelado el desconocimiento de la norma. Esto se expresa en un conocimiento limitado de la información, de forma que se nubla el derecho a la información veraz y oportuna, al tiempo que se desconocen derechos como la intimidad de las mujeres y el respeto a su autodeterminación. Lo lamentable es que esta falta de información eficaz, oportuna, veraz e imparcial ha generado una ausencia en protocolos de atención, falta de disponibilidad de redes para la prestación del servicio, respuestas tardías a las solicitudes e importantes equivocaciones de las obligaciones jurídicas que se declaran en las sentencias de la Corte. Interpretaciones restringidas Por otra parte, las interpretaciones restringidas por parte de los prestadores de salud o instituciones involucradas se han hecho manifiestas en un uso inconstitucional y erróneo de la objeción de consciencia, la negación de la prestación alegando la edad gestacional, y el uso y la exigencia de requisitos adicionales. El uso equivocado de una herramienta jurídica como la objeción de consciencia ha obligado a la Corte a pronunciarse al respecto en varias sentencias posteriores al 2006, como la sentencia T-209 de 2008, donde se señala que, aunque la objeción de consciencia sea un instrumento legal sumamente importante para la protección de libertades, en casos como estos, la objeción debe ser la última instancia. Esta no puede ser presentada de forma colectiva, solo puede ser presentada por personas naturales y debe argumentarse exhaustivamente; debe presentarse por escrito (no con formularios de diligenciamiento de datos, como se dio en alguna ocasión denunciada) convocando razones de tipo religioso o moral. Además, el médico que alegue la objeción tiene la responsabilidad de remitir a la mujer gestante a un médico del que sepa que sí le practicará la interrupción voluntaria del embarazo. Otras de las interpretaciones erróneas ha sido la edad de la mujer gestante, pues se ha convertido en un argumento habitual para no practicar la interrupción, generando que muchas adolescentes menores de edad no puedan acceder al derecho o se les obligue a contar con autorización o acompañamiento de una persona mayor de edad, lo que complejiza el proceso y vulnera la confidencialidad de la paciente. Fallas estructurales en la prestación del servicio Si se parte del precario sistema de salud con el que se cuenta en Colombia, se pueden dimensionar las dificultades que implica cualquier procedimiento médico; y para el caso particular del aborto hay que sumarle un factor de estigmatización y rechazo, lo que hace que sea una práctica médica sumamente limitada y de difícil acceso. Una manifestación de esta dificultad estructural se expresa en las exigencias adicionales y por fuera de la ley que se le imponen a las mujeres, y que, además, interrumpen los procesos y vulneran sus derechos, pues se les pone siempre en la posición de tener que demostrar condiciones y razones particulares para poder abortar: la realización de juntas médicas, comités de evaluación y demás son instancias que no solamente vulneran la libre decisión, sino que impiden el efectivo cumplimiento del proceso (en donde los tiempos son fundamentales si se tiene en cuenta que la edad gestacional incide en la legalidad o no del procedimiento, y que cada semana de trámite innecesario puede resultar fatal para la mujer que ha tomado la decisión). Las cifras Según las cifras recogidas por Women’s Link Worlwide, después del 2006 y del fallo de la Corte, en Colombia el sistema de salud cubre solo entre un 1% y un 9% de los cerca de 400.412 procedimientos estimados al año, registros que en su mayoría únicamente cubren las zonas urbanas, desconociendo la realidad de las mujeres rurales. En la actualidad, mueren cerca de 70 mujeres al año por abortos mal practicados, mientras que cerca de 132.000 sufren complicaciones en un procedimiento que, de hacerse de forma oficial y libre, sin estigmas, reduciría sustancialmente esa cifra de decesos y complicaciones[2]. En materia de judicializaciones, las cifras de la Fiscalía revelan que entre 1998 y 2019 la Fiscalía inició 5.833 investigaciones por aborto; y que entre 1998 y 2019 cerca del 73% de los casos que llegaron al ente investigador fueron denunciados por el personal médico, siendo una abierta violación a la confidencialidad y la intimidad de las pacientes. Desde el 2006, año de publicación de la sentencia, aumentaron significativamente las denuncias, pues si en 2005 se presentaron 98, para el 2006 eran 168, y para el 2018 fueron 383. De estos casos, han sido condenadas 340 personas entre mujeres, personal médico, parteras, entre otras[3]. Lo más preocupante es que un 75% de las mujeres denunciadas son adolescentes y mujeres entre los 10 y los 24 años, aun cuando a las más menores, cuando sea el caso, debería presumírseles haber sido víctimas de alguna violación y estarían entre las causales establecidas por la Corte. Cabe mencionar que el acceso a estas cifras suele ser complejo y que las organizaciones han accedido a ellas a través de mecanismos como el derecho de petición, pues los datos no son de conocimiento público ni de fácil ubicación. Los argumentos de la demanda Para Causa Justa[4], colectivo de organizaciones que en septiembre de 2020 presentó la demanda en la que le pide a la Corte declarar la eliminación del artículo 122 del Código Penal, los argumentos son, a grandes rasgos, seis[5]: La permanencia del aborto como delito es una abierta violación al derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, pues reproduce el estigma y mina las posibilidades de una aplicación legal que no discrimine ni judicialice a las mujeres que toman la libre decisión de interrumpir su embarazo, que deciden sobre su cuerpo y eligen no ser madres. La eliminación del delito reduciría no solo la cantidad de mujeres judicializadas, sino que también reduciría el número de mujeres que fallecen anualmente por practicar abortos clandestinos. De igual manera, la permanencia como delito reproduce órdenes de desigualdad materiales y ahonda en las brechas de la inequidad, pues las mujeres que viven en zonas rurales tienen que enfrentar muchas más barreras que las que tienen algunas mujeres en las grandes ciudades. Considerando, además, la persistencia del conflicto armado en el país, en donde los grupos armados controlan la movilidad y diversas dinámicas territoriales, situación complejiza el acceso a condiciones dignas en la interrupción. El aborto como delito es una violación al derecho a la salud. Una de las mejores muestras de la inefectividad de la despenalización parcial son las cifras de muertes de mujeres por abortos mal practicados, de forma que los casos actuales protegen solo a las mujeres que logran demostrar estar entre las tres causales y que, además, logran romper con las barreras antes mencionadas. Sin embargo, representan una minoría en contraste con las tantas mujeres que tienen que seguir arriesgando su vida. Es una violación al libre ejercicio de la profesión médica y los oficios del personal de salud. Los profesionales de la salud, por un lado, son convocados a la protección de la madre y su salud, pero, por otro, son juzgados penalmente en caso de no demostrar estar en las causalidades establecidas, en estas condiciones no es extraño que sean pocos los profesionales que acceden a practicar interrupciones. La delicada situación de las mujeres migrantes en medio de esta situación y el limbo jurídico en el que viven al estar indocumentadas implica que deben enfrentarse a las barreras ya existentes para el aborto, pero también a las que se suman por su condición de migrantes (Te podría interesar: La menstruación y las mujeres migrantes: la difícil situación sanitaria en la frontera). Esto sin contar con que el trato sociocultural hacia estas mujeres está mediado, en ocasiones, por la xenofobia, las amenazas de deportación o la apertura de procesos penales. La permanencia del delito va en contravía de los principios de un Estado laico, pues obliga a las mujeres a tomar decisiones que no necesariamente coinciden con sus deseos. El Estado laico colombiano no puede imponer normativas jurídicas guiadas por lo moral ni lo religioso. Por último, la permanencia del aborto como delito penal vulnera los principios del derecho penal y la política criminal. Si se analiza cuál es el objetivo de la penalización de las acciones, se encuentra que es, en últimas, la corrección de las conductas punibles, sin embargo, considerar al aborto como un delito no evita de forma alguna que las mujeres aborten, sino que, al contrario, las empuja a acudir a mecanismos que ponen en riesgo su vida y por los que muchas mujeres mueren en el país y en el mundo. ¿Qué sigue? Sigue movilizar la opinión pública y esperar que en septiembre la Corte se pronuncie. Manifiesta Media, en alianza con Causa Justa[6], hizo un análisis frente a las posibilidades que tiene la eliminación del delito a partir de las magistradas y sus perfiles. El balance es esperanzador en tanto que es la primera vez que la corporación tiene cuatro magistradas mujeres cuyas trayectorias jurisprudenciales han estado ligadas a los derechos de las mujeres: Gloria Stella Ortiz, Cristina Pardo Schlesinger, Diana Fajardo y Paola Andrea Meneses conforman la cuota femenina en el tribunal constitucional, que se espera falle declarando inconstitucional el artículo 122 del Código Penal y, con esto, se produzca la despenalización del aborto. Sin embargo, es necesario anotar dos cosas: primero, Cristina Pardo Schlesinger no ha sido reconocida por ser una magistrada progresista. De hecho, en el año 2018 presentó una ponencia que buscaba limitar las semanas para la interrupción del embarazo[7], lo que hace pensar que la magistrada, probablemente, no votará a favor de la despenalización total; y, segundo, es necesario revisar el perfil del resto de los magistrados, partiendo por el presidente de la Corporación, Antonio José Lizarazo, quien, frente a este tema en particular, le solicitó a la Fiscalía un informe detallado con las cifras de las mujeres investigadas penalmente por abortar[8]. Sin que esto pueda ser leído como apoyo o rechazo, podría pensarse que, por lo menos, la falta de interés no es un rasgo del presidente de la Corte. Jorge Enrique Ibáñez es un especialista en derecho económico y su perfil para estos asuntos es más bien conservador, lo que nuevamente hace pensar que podría no votar a favor de la despenalización[9]. Sin embargo, no es posible rastrear con detalle los perfiles de los magistrados restantes: Alberto Rojas Ríos, Alejandro Linares Cantillo y José Fernando Reyes Cuartas. Con este panorama, pocas pistas se tienen sobre cómo se declaren mayorías en la votación a favor o en contra de la despenalización. El peor de los escenarios sería que la Corte se declarara inhibida y se mantuviera el estado actual de las cosas. Habrá quienes esperen que el aborto vuelva a penalizarse en su totalidad, escenario que no resulta tan probable teniendo en cuenta el retroceso jurídico a nivel nacional y latinoamericano que implicaría tomar tal decisión. Como sociedad civil, nos queda esperar en la movilización, en el activismo y en la esperanza que la despenalización sea el primer paso para romper el estigma, y contribuir a los derechos de las mujeres en la libre decisión de sus cuerpos y sus proyectos de vida, porque la marea verde también se tome las calles colombianas. Referencias [1] Documento. Módulo 2. Acceso a los servicios de aborto en Colombia: panorama, avances y barreras. [2] https://www.womenslinkworldwide.org/files/3132/cifras-aborto-en-colombia.pdf [3] Datos de https://www.womenslinkworldwide.org/files/3132/cifras-aborto-en-colombia.pdf [4] https://despenalizaciondelaborto.org.co/lanzan-causa-justa-un-movimiento-por-la-eliminacion-del-delito-de-aborto-en-colombia/ [5] Causa Justa lanzó un documento con la exposición completa de los argumentos y se puede consultar en https://despenalizaciondelaborto.org.co/wp-content/uploads/2021/02/Argumentos_CausaJusta-virtual-final-1-1-1-2.pdf [6] https://manifiesta.org/magistradas-corte-constitucional-aborto-causa-justa/ [7] https://www.rcnradio.com/judicial/cristina-pardo-la-magistrada-detras-de-las-ponencias-sobre-el-aborto-y-las-consultas [8] https://www.elespectador.com/judicial/magistrado-antonio-jose-lizarazo-nuevo-presidente-de-la-corte-constitucional-article/ [9] https://www.lasillavacia.com/quien-es-quien/jorge-enrique-ibanez

Por: Walter Aldana Político social alternativo Es cierto que todo estímulo genera una reacción. Quizás ante un gobierno “legal” como el de Duque por su resultado en las urnas, pero ilegítimo por sus énfasis en el bienestar (razón final del contrato social), es que se levantó, desde el 21N, un sector importante de la población en la exigibilidad de sus derechos. A la indignación de personas mayores por la desfachatez de los gobernantes (quienes presentaron una reforma tributaria que gravaba el ingreso de los pobres y la clase media, antes que a los capitales) y a las palabras de los voceros del modelo neoliberal en el afán de convencer sobre las «bondades» de su política, se sumó la construcción de propuestas y visibilización de las mismas por parte de las y los jóvenes, quienes se han tomado en sus manos y con sus pasos, en la movilización, la responsabilidad de construir su futuro. En una sociedad decente las personas de la ciudadanía se expresan libremente. Me refiero al derecho a la protesta, aquello que se reconoce como legítimo por nuestra Constitución política. El espacio público se disfruta y se defiende su existencia, es escenario de cantos, consignas, es teatro de construcción de ciudadanías a partir del relacionamiento comunitario. El papel de las instituciones señaladas por la ley como garantes de esos derechos en la relación con la comunidad (titular de los mismos) se ha ido perdiendo. Ante la transformación, cada día más evidente, del Estado social de derecho al estado de opinión, en más de veinte años de hegemonía uribista, nuestra democracia se ha venido debilitando, al punto de tener un sinnúmero de hechos signados por la corrupción y la ilegalidad en las altas esferas de la política y la administración que los diarios y noticieros de televisión no pueden esconder. A la generación presente de jóvenes le enseñaron sus maestros que Colombia era una democracia con tres ramas del poder público: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Les dijeron, también, que con su funcionamiento autónomo e independiente garantizamos el equilibrio de los intereses legítimos que se juegan en una democracia. Desde primaria les señalaron la existencia de una fuerza pública encargada de hacer cumplir la ley, un ejército para salvaguardar las fronteras y una policía que con, su papel disuasivo, no ofensivo, garantizaría la convivencia ciudadana; esa fuerza leal a la Constitución (no a una persona y su ideología) no tomaría partido, tan solo estaría vigilante al apego a las leyes y preceptos constitucionales vigentes. Nos dijeron antes y hoy, a los y las jóvenes, que la razón del ser de un Estado es garantizar el bienestar de quienes lo componen: salud y educación como derechos sociales, alimento, vivienda y afecto, un nombre, una identidad (sin caer en el discurso trillado de lo supuestamente «igualitario», pero sí un esfuerzo permanente por cerrar brechas). Sin embargo, no fue este el resultado. Al contrario, bajó la población de estrato social y se redujo su nivel de ingresos. La capacidad de generar riqueza en un país que, por su topografía, pisos térmicos y variedades de bienes renovables y no renovables, permitiría alcanzar aquel orden social en el que constantemente se buscan reducir las brechas sociales. Por ello es que esta es una época marcada por la reacción al modelo neoliberal basado en el extractivismo y la usura del capital financiero: es el tiempo de la humanidad y de la búsqueda de que, entre otros aspectos, el espacio público no sea una amenaza para las mujeres y sus propuestas de vida, se reconozca campesinado como sujeto político de derechos diferenciales para que el Estado deje de verles como meras fichas productoras y les garantice el acceso a una salud y una educación a partir de su cosmovisión. Yo aún tengo la ilusión de cambio. Me niego a creer que nuestro destino sean las sombras y no el arco iris de la diferencia donde, como dice el filósofo Avishai, el Gobierno no humille a los gobernados y estos no se humillen entre sí.

Por: Juan Sebastián Hernández Asistente de investigación Línea de Democracia y Gobernabilidad – Pares En la última década, el Partido Alianza Verde se ha convertido en una de las colectividades de corte alternativo con mayor crecimiento en el país. Desde 2010, han tenido candidatos propios a las elecciones presidenciales, consiguiendo en su primer año de participación que Antanas Mockus, su entonces candidato, lograra pasar a segunda vuelta enfrentando a Juan Manuel Santos. Al final, el exalcalde de Bogotá perdió, pero la imagen del partido ha ido sumando nuevas figuras y creciendo en su electorado. Los inicios del Verde El Partido Alianza Verde tiene sus inicios en cabeza del exmiliciano del M-19 Carlos Ramón González Merchán, quien fue concejal de Bucaramanga en dos ocasiones a mediados de la década del 90. En 2002 logró ocupar el cargo de director ejecutivo de la Alianza Democrática M-19, un movimiento político en el que también convergieron algunos sectores de la izquierda colombiana, pero que, tras su decaimiento electoral y la fuga de personalidades como Antonio Navarro, Gustavo Petro y Everth Bustamante, entre otros, dio un viraje en la política partidista. El 25 de noviembre de 2005, González Merchán fundó el partido Opción Centro, aduciendo la necesidad de crear una colectividad que se distanciara del ‘radicalismo de izquierda y de derecha’[1], contando con el apoyo y la financiación del también exmiliciano del M-19, y fundador del movimiento político Convergencia Ciudadana, Luis Alberto ‘El Tuerto’ Gil[2]. Para las elecciones a Congreso de 2006, Opción Centro logró obtener una curul de minorías políticas en Cámara de Representantes por Santander en cabeza de Rodrigo Romero, ex subsecretario de educación del entonces gobernador de Santander Hugo Aguilar; y en 2007, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio la personería jurídica al nuevo Partido Verde Opción Centro, el cual, desde sus nuevas directrices y lineamientos, adoptó un compromiso por el medio ambiente, materializado en las diferentes giras que realizó González Merchán a diferentes Partidos Verdes en el mundo[3]. El mismo año en que obtuvieron la personería jurídica, en las elecciones locales lograron conseguir dos gobernaciones, Boyacá y Cesar, en cabeza de José Rozo Millán —apoyado por Jorge Eduardo Londoño, exgobernador de Boyacá— y Cristian Moreno, respectivamente. Además, lograron obtener 27 alcaldes, 10 diputados y 307 concejales. En 2008 llegó a la dirección del partido Jorge Eduardo Londoño Ulloa, y bajo su gestión empezaron a sumar a personalidades políticas que marcaban una distancia de la política tradicional con un capital electoral amplio, acumulado durante su gestión en cargos públicos. En 2009, se sumaron a este partido los exalcaldes Antanas Mockus, Luis Eduardo Garzón y, posteriormente, Sergio Fajardo, dejando al naciente Partido Verde como una nueva fuerza política —con mayor fuerza en Bogotá— de cara a las elecciones presidenciales y a Congreso en 2010. Elecciones 2010 En los comicios a Senado de la República, en 2010, el Partido Verde obtuvo 521.503 votos[4], siendo el séptimo partido más votado y consiguiendo, así, 5 curules en cabeza de Gilma Jiménez, Iván Name, Jorge Eduardo Londoño, John Sudarsky y Félix Valera Ibáñez. Para Cámara de Representantes lograron obtener tres curules con Ángela María Robledo (Bogotá), Alfonso Prada (Bogotá) y Carlos Amaya (Boyacá)[5]. En las elecciones presidenciales lanzaron al exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, y como su fórmula vicepresidencial estaba Sergio Fajardo. En la primera vuelta, Mockus consiguió 3.134.222 votos, lo cual le permitió avanzar a segunda vuelta y enfrentarse al entonces candidato del uribismo, Juan Manuel Santos, quien terminó siendo elegido con 9.028.943 votos contra los 3.587.975 votos del candidato del Verde. Pese a que Mockus no fue elegido presidente, el Partido Verde había logrado consolidar una base electoral a la que le apostaría en las siguientes elecciones a Congreso en 2014. Elecciones 2014 Desde su fundación, el Partido Verde estuvo inclinado a unir fuerzas con personalidades políticas que encarnaran proyectos alternativos a la política tradicional. Por ende, a esta colectividad se sumaron Compromiso Ciudadano,de Sergio Fajardo, y algunos políticos como Antonio Navarro Wolf —que venían del movimiento Progresistas,el cual había llevado a Gustavo Petro a la Alcaldía de Bogotá—, dando así nacimiento al Partido Alianza Verde. Posteriormente, y previo a las elecciones a Congreso en 2014, se sumaron Podemos Cali, en cabeza de Jorge Iván Ospina; Jorge Prieto, exgobernador del Casanare; Claudia López, quien habría sido reconocida por sus investigaciones sobre parapolítica; y el exsenador nariñense Camilo Romero[6]. En 2014, en las elecciones a Senado, el Partido Alianza Verde consiguió 564.663 votos que le permitieron mantener las cinco curules en cabeza de: Claudia López, Antonio Navarro, Jorge Iván Ospina, Jorge Eliécer Prieto e Iván Leonidas Name. En Cámara de Representantes el partido obtuvo 6 curules (el doble con relación a la anterior elección): Ángela María Robledo, Angélica Lozano e Inti Asprilla por Bogotá; con Sandra Ortíz por Boyacá; en el Cauca la consiguió Óscar Ospina; y en Valle del Cauca, Ana Cristina Paz. Para las elecciones presidenciales de 2014, el Partido Verde realizó una consulta interna para escoger al candidato que los representaría en la contienda. Los precandidatos que se enfrentaron en aquella ocasión fueron: Enrique Peñalosa, Camilo Romero y John Sudarsky. La consulta alcanzó 3.097.708 votos, dando como ganador al exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa con 2.013.954 votos[7]. En las elecciones de primera vuelta, Peñalosa ocupó el quinto lugar con 1.064.758 votos[8]. Elecciones 2018 En 2018, el Partido Verde tuvo dentro de su lista a Senado a quien en ese entonces era su cuadro político más importante: Antanas Mockus. También repitieron en esa lista Jorge Eduardo Londoño e Iván Name, y se sumó Angélica Lozano, quien en las elecciones de 2014 ocupó una curul en Cámara de Representantes. Los resultados, en comparación con las dos anteriores elecciones, fueron bastante positivos para la colectividad, puesto que lograron obtener un poco más del doble de votos con relación a elección anterior. En total fueron 1.317.429 votos que les permitieron obtener 10 curules, destacando la participación del exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, quien fue el segundo senador más votado, con 540.783 votos, es decir el 41,05% del total de la votación del partido. En efecto, las curules del Verde las obtuvieron: Antanas Mockus, Angélica Lozano (que aumentó su votación significativamente en comparación a su elección en Cámara: obtuvo 74.750 votos más que en 2014), Jorge Londoño, José Polo Narváez, Sandra Ortíz, Iván Marulanda, Antonio Sanguino, Juan Luis Castro y Jorge Eliécer Guevara. En Cámara de Representantes obtuvieron 883.547 votos que les significaron 9 curules, a las que se sumó la coalición Alternativa Santandereana AS (conformada por el Partido Verde, el Polo Democrático y el Partido ASI), la cual obtuvo 71.953 votos y la curul de Santander. En Antioquia obtuvieron una curul con León Fredy Muñoz; en Bogotá consiguieron cuatro con Inti Asprilla, Juanita Goebertus (fórmula de Angélica Lozano), Katherine Miranda (fórmula de Antanas Mockus) y Mauricio Toro (fórmula de Iván Marulanda); en Boyacá alcanzaron dos con Wilmer Leal Pérez y Neyla Ruíz; en Casanare y Valle obtuvieron una curul con César Ortíz y Catalina Ortíz, respectivamente; y por la coalición Alternativa Santandereana AS, la curul quedó en cabeza de Fabián Díaz. Para las elecciones presidenciales de 2018, el Partido Verde apostó por el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, el cual tuvo como fórmula vicepresidencial a la exsenadora Claudia López. Fajardo ocupó el tercer lugar con 4.589.696 votos, 261.558 votos menos que Gustavo Petro. Tras la derrota en primera vuelta, Fajardo decidió no apoyar a ninguna de las candidaturas en segunda vuelta, por lo que dejó a sus votantes en libertad de decidir, una situación que le ha representado un costo político importante. Posteriormente, desde el Partido Verde se promovió la consulta anticorrupción en la que consiguieron 11.674.951 votos que no fueron suficientes para que fuera aceptada, puesto que para pasar el umbral se necesitaban 12 millones. Como se puede observar en las gráficas anteriores, desde la primera elección a Congreso en 2010, luego de haber recibido la personería jurídica, el Partido Verde ha venido creciendo de manera exponencial dentro del espectro de la centroizquierda. Actualmente, es el partido de oposición más fuerte, por lo menos en cuanto a su representación en el Congreso, así como de mandatarios locales. Así pues, Alianza Verde aparece posicionado como el partido de mayor proyección en las elecciones de 2022, esto como resultado de la consolidación de sus bases en ciudades como Bogotá y en departamentos como Boyacá, a lo que se suma su imagen proyectada de “centro” que acapara, en muchos escenarios, a aquellos votantes indecisos que no se sienten representados por la derecha ni por la izquierda política del país. Bogotá y Boyacá: ¿los fortines del Verde? Los sectores políticos a los que ha integrado el partido en sus múltiples alianzas han sido bastante fructíferos en Bogotá y en el departamento de Boyacá, donde ha logrado construir un capital político considerable. En 2014, para las elecciones a Senado de la República, el Partido Verde consiguió el 25,78% de sus votos en Bogotá (siendo el quinto más votado), mientras que en Boyacá obtuvo el 5,5% del total de los votos. Es decir, para Senado, aproximadamente el 30% de su votación estuvo concentrada en estos dos departamentos. En Cámara de Representantes, de los 479.521 votos, el 34,28% fueron obtenidos en Bogotá, mientras que en Boyacá consiguió el 7,83% del total. Aunque la diferencia en cuanto al número de votos entre Boyacá y Bogotá es significativa, hay que destacar que la cantidad de votantes en la capital es mayor. A eso se suma que, si bien en departamentos como Antioquia y Valle del Cauca el partido ha conseguido una votación superior con relación a Boyacá, la proporción con el total de votos en cada departamento es inferior a la obtenida en Boyacá. En Antioquia, la votación del Verde en Senado representó el 2,33%, y en Valle del Cauca fue del 5,43%, mientras que en Boyacá fue del 7,31%. Para Cámara, en Antioquia, el porcentaje total de votos del Verde en el departamento fue de 2,28%, en Valle del Cauca del 4,91% y en Boyacá del 9%. En las elecciones a Congreso en 2018 se vio un crecimiento exponencial del Partido Verde. Para esos comicios, obtuvo 1.317.429 votos para Senado y 883.547 para Cámara de Representantes. En Bogotá logró pasar a ser el partido más votado en Senado, luego de que en 2014 obtuviera la quinta mayor votación, superando a partidos como Centro Democrático y el Partido Liberal, que fueron los más votados en la capital en el período inmediatamente anterior. En Bogotá consiguió el 41,23% del total de los votos para Senado, y en Boyacá (siendo también el partido más votado) alcanzó el 7,32% de la votación. Aunque en Valle del Cauca y en Antioquia la votación creció en comparación a lo obtenido en 2014, la hegemonía la mantuvieron el Partido de la U y el Centro Democrático, respectivamente. En Cámara de Representantes la situación fue similar a la que ocurrió en Senado, aunque en Bogotá no fueron los más votados, sí lograron ascender del tercer al segundo puesto, obteniendo un poco más del doble a lo conseguido en 2014. Del total de votos obtenidos a nivel nacional, en la capital del país el Partido Verde consiguió el 49,08% de ellos. En el departamento de Boyacá fue también la colectividad más votada, concentrando el 8,75% de la votación nacional. Al igual que en Senado, las votaciones obtenidas en Valle (11,49% del total nacional) y Antioquia (14,67% del total nacional) aún siguen siendo distantes en comparación con los partidos tradicionales y de derecha. Las elecciones presidenciales dieron otra muestra de que, en Bogotá y en Boyacá, el Verde ha logrado consolidar sus bases electorales, y es por esto que, en la primera vuelta presidencial, a pesar de que Gustavo Petro ya había sido alcalde de Bogotá y gozaba de cierta favorabilidad, fue Sergio Fajardo quien mayor votación obtuvo (con 1.240.799 votos, 142.321 más que el exalcalde). La sorpresa ocurrió en Boyacá, donde el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, fue el más votado, seguido por Sergio Fajardo, con una diferencia de 77.117 votos. En Antioquia, tierra de Fajardo, Iván Duque le sacó más de 400 mil votos, reafirmando el capital electoral del uribismo; y en Valle del Cauca también ocupó el segundo lugar, pero en este departamento la diferencia con el más votado, Iván Duque, fue de 23.973 votos. La consolidación del Verde a nivel local Para las elecciones locales de 2019, el Partido Verde reafirmó su crecimiento en todo el territorio nacional, obteniendo algunas de las principales alcaldías en el país aun cuando personalidades políticas como Claudia López, Ramiro Barragán y Jorge Iván Ospina fueron en coalición. Como grandes cargos alcanzados, destacan las alcaldías de Bogotá, Cali, Manizales (aunque Carlos Mario Marín no sea de las huestes del partido) y Cúcuta (que le fue arrebatada a Ramiro Suárez, condenado por parapolítica); la Gobernación de Boyacá (en cabeza de Ramiro Barragán, que fue en coalición con el Partido Liberal) y la Gobernación de Antioquia (en cabeza del liberal Aníbal Gaviria, que hizo coalición con el Partido Verde, Cambio Radical y el Partido de la U). Congreso y Presidencia 2022 ¿Un partido fragmentado? Para las elecciones presidenciales y de Congreso de la República en 2022, el Partido Alianza Verde decidió conformar la ‘Coalición de la Esperanza’, donde integran a uno de sus grandes aliados, Sergio Fajardo, al naciente partido Dignidad, de Jorge Enrique Robledo, y a una serie de personalidades políticas provenientes del liberalismo y del nuevo liberalismo como Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán, entre otros. Desde finales de 2020 e inicios del 2021, se está barajando la posibilidad, al interior de la coalición, de lanzar una lista única a Senado y a Cámara de Representantes (esta última de acuerdo con cómo decidan organizarse en los diferentes departamentos). Sin embargo, recientemente se ha visto que hay tensiones internas en el Verde que necesitan ser resueltas para continuar en la coalición, y por eso, el pasado 21 de mayo, el partido anunció que tomaría distancia de la coalición mientras concilia con las facciones internas[9]. Al interior del Partido Verde existen facciones que han generado tensiones en su interior. Una de ellas es la que lidera el exgobernador de Nariño y precandidato presidencial Camilo Romero, quien ha tenido desencuentros con la Coalición de la esperanza y se ha visto más cercano al Pacto Histórico. Los precandidatos del Verde hasta ahora son: Carlos Amaya, Iván Marulanda, Sandra Ortíz, Antonio Sanguino y Jorge Eduardo Londoño. No obstante, la colectividad no ha definido el mecanismo de selección de su candidato. Angélica Lozano, quien representa a otro de los sectores de la colectividad, ha dicho en sus redes sociales que las bases del partido (personas afiliadas, ciudadanía votante, excandidatos y personas electas) deberán decidir la candidatura, situación que no ha agradado a Romero, quien planteó realizar la consulta del partido en el mes de marzo, cuando se lleven a cabo las elecciones legislativas. La propuesta no cayó bien a la senadora Lozano, que manifestó que la competitividad de las consultas que se realizarán en marzo del 2022 radica en que son interpartidistas. La propuesta de Romero de realizar la consulta interna en marzo dividiría a la Coalición de la Esperanza, donde, de acuerdo a varios de sus integrantes, en el proceso de selección podrían intervenir otros sectores que llegarían incluso a favorecer al exgobernador de Nariño en la elección. El sector que Angélica Lozano representa considera que dicha decisión dejaría el escenario en segunda vuelta igual al que se configuró en 2018, escogiendo entre Gustavo Petro y el candidato de la derecha y el uribismo[10]. Estas diferencias internas han alejado a la precandidata presidencial Ángela María Robledo, quien manifestó el pasado mes de junio se distanciaría de la coalición hasta que no resuelvan sus diferencias[11]. En el mes de abril, Invamer publicó la encuesta “Colombia Opina #7”, en la que reveló la intención de voto de la ciudadanía colombiana de cara a las elecciones presidenciales en 2022. Con respecto a la Coalición de la Esperanza, los resultados arrojaron que en la consulta interna el ganador sería Sergio Fajardo con el 34,3%, mientras que Camilo Romero ocuparía el último lugar con el 6,2%. En la campaña a Presidencia, Fajardo ocuparía el segundo puesto con una intención de voto del 15,9%, menos de la mitad del porcentaje obtenido por Gustavo Petro, quien ocupó el primer lugar en la encuesta[12]. El 15 de mayo de 2021, el Centro Nacional de Consultoría presentó la encuesta de “Intención de voto y percepciones sobre el Paro”. Allí reveló la intención de voto de algunos aspirantes a la presidencia. En el documento se ve que Gustavo Petro se mantiene como el precandidato presidencial con mayor intención de voto, con el 25%, seguido de Sergio Fajardo con el 6%. En esa encuesta se muestra un posible escenario de segunda vuelta entre los candidatos Petro y Fajardo, dando como ganador al exalcalde de Bogotá con el 38%, mientras que el exalcalde de Medellín obtendría el 36%. Adicionalmente, la encuesta reveló el partido o movimiento político con el cual se sienten identificadas las personas encuestadas. En primer lugar quedó el Partido Liberal con el 9%, mientras que el Partido Verde ocupó el cuarto lugar con el 3%; entretanto, el 52% expresó que no se siente representado por ningún partido (Centro Nacional de Consultoría; Semana, 2021). En la encuesta presentada por Guarumo, titulada “Percepción País 2021”, publicada en el mes de mayo de 2021, la intención de voto reveló una vez más a Gustavo Petro como el favorito para llegar a la Casa de Nariño, con el 20,6%, seguido de Sergio Fajardo con una intención de voto del 9,8%. Sin embargo, en esta muestra sorprende que el 20,4% no votaría por ninguno y que el 15,8% no sabe por quién votar (Guarumo; EcoAnalítica, 2021). El pasado mes de junio, el Centro Nacional de realizó otra encuesta sobre las elecciones presidenciales donde los resultados daban a Gustavo Petro como ganador, con el 21%, seguido de Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán, con el 6% y el 5%, respectivamente (ambos de la Coalición de la Esperanza. Las encuestas de Invamer, el Centro Nacional de Consultoría y Guarumo tienen en común que el candidato con mayor intención de voto por la Coalición de la Esperanza es Sergio Fajardo, quien en las encuestas ocupa siempre el segundo lugar, con una diferencia bastante amplia con relación al candidato que lidera la intención de voto: Gustavo Petro. La estrategia de mantenerse en el espectro del “centro” político y su distancia con la movilización social han pesado en las encuestas y en muchos de quienes salen a marchar y apoyan el paro nacional. No obstante, con ello esperan capitalizar los votos de las personas indecisas —que según la encuesta Guarumo son el 15,5%, y en la más reciente del CNC son el 4%— con el fin de aumentar su caudal electoral para derrotar en primera vuelta a Gustavo Petro y, así, conseguir avanzar a segunda vuelta. La Coalición de la Esperanza: ¿Qué aportan Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán y Humberto de la Calle? Esta coalición de centro-izquierda que integra a sectores de la centro-derecha (provenientes del liberalismo y el nuevo liberalismo, como Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán y Humberto de la Calle), ve en ella una oportunidad de sumar votos de sectores no tan radicales que recojan a la ciudadanía que no se siente representada en los extremos políticos. Sin embargo, ¿qué tanto pueden aportar estos candidatos a la coalición? Juan Manuel Galán La última vez que Galán participó en elecciones fue en las legislativas de 2014, donde obtuvo 75.523 votos, siendo el tercer senador más votado por el Partido Liberal. Pese a ello, decidió retirarse de la colectividad por diferencias con el presidente del partido, César Gaviria, manifestando que la dirección que estaba tomando no era la correcta. Él y su hermano, Carlos Fernando Galán, se han distanciado de los partidos de los que emergieron. Esto con el fin de limpiar su imagen tras los múltiples escándalos en los que se vieron inmersos varios de los miembros de los partidos en que militaban. Aunado a lo anterior, Juan Manuel Galán ha recuperado la personería jurídica del ‘Nuevo Liberalismo’ ante la Corte Constitucional. En este escenario, Galán cobraría mayor peso en la coalición en vista de que no solo podría dar avales, sino que podría capitalizar un porcentaje significativo de la votación obtenida por su hermano Carlos Fernando Galán (quien seguramente llegaría al partido) en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá, la cual fue de 1.022.362 votos, una votación histórica en la ciudad de Bogotá. Juan Fernando Cristo El exsenador elegido durante cuatro períodos legislativos, desde 2002 hasta 2014, ha tenido una larga carrera en el sector público bajo las toldas del Partido Liberal, donde inició su vida política. Ha sido viceministro de Relaciones Exteriores, consejero Presidencial de Comunicaciones, embajador de Colombia en Grecia y exministro del Interior de Juan Manuel Santos. Su fortín político ha sido Norte de Santander, de donde es oriundo. Su hermano menor, Andrés Cristo, también con el aval del Partido Liberal, entró a reemplazarlo en 2014 y resultó reelegido en 2018. En la última elección a Senado, el menor de los Cristo consiguió 67.449 votos, de los cuales obtuvo el 51,83% en Norte de Santander. Aunque ambos hermanos han continuado la línea de su papá, Jorge Cristo, antiguo dirigente del Partido Liberal en el departamento, se ha visto que, desde que Andrés Cristo inició su campaña a Senado en 2014, ha sido cercano al exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, condenado por parapolítica y quien, pese a que se encuentra recluido, ha hecho de la capital departamental su fortín político gobernando en cuerpo ajeno. De los 34.960 votos obtenidos en Norte de Santander, Cristo consiguió el 51,35% en Cúcuta. Humberto de la Calle El exnegociador de paz ha tenido una extensa carrera en el sector público, ocupando cargos relevantes como ministro del Interior, vicepresidente y embajador ante la OEA, entre otros tantos. No obstante, a nivel electoral, de la Calle no aporta votos de manera significativa a la coalición. Esto basado en su candidatura presidencial, donde obtuvo 399.180 votos, alcanzando sus votaciones más altas en Bogotá, con el 23,5%, Antioquia con el 15,02% y Valle del Cauca con el 10,25%; es decir, los departamentos con mayor población, pero sin que sus resultados fuesen significativos en alguno de estos tres territorios. Sin embargo, la idea de implementar los acuerdos de paz, de los que él fue negociador, refuerzan la proyección de esta idea como uno de los ejes de la coalición. ¿Qué le espera al Partido Verde? Para el caso del Congreso, tras el retiro de Antanas Mockus de la política, la congresista más fuerte al interior de la colectividad es Angélica Lozano, quién fue la segunda senadora más votada con poco más de 100.000 votos en 2018, y quien que comparte ese liderazgo en el Verde con la alcaldesa Claudia López, quien obtuvo más de un millón de votos en las elecciones locales de 2019. Aunque Lozano no ha escogido quién(es) podría(n) ser su(s) fórmula(s) a Cámara de Representantes (si es que las tendrá), la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) pudo confirmar que la representante Juanita Goebertus no participará en las próximas elecciones. En Bogotá, que es donde más votación obtienen, el representante a la Cámara Inti Asprilla, que se ha visto distante en varias ocasiones con la directriz del Verde a nivel nacional, aspiraría a ser cabeza de lista al Senado, pues los cerca de 100.000 votos obtenidos en 2018 lo motivarían a asumir tal opción. Katherine Miranda, cercana a Asprilla y quien se lanzó en 2018 como fórmula de Mockus, no cuenta hoy con su figura para impulsar su candidatura y no se ha confirmado si participará en las elecciones del 2022. El caso de Mauricio Toro es similar, pues en 2018 fue la fórmula de Iván Marulanda, precandidato a la presidencia, y cuya votación fue bastante baja con relación a los otros representantes del Partido. De acuerdo con una entrevista realizada por Pares a un miembro del Partido Verde, la estrategia de este será descentralizar “el poder” que tiene el directivo nacional, concentrado en Bogotá, y para ello fortalecerán las alianzas que han venido construyendo en departamentos como Boyacá, Valle del Cauca y Antioquia con el fin de aumentar el número de curules en el Congreso. Finalmente, en el sonajero electoral está el nombre de Matilda Jiménez, exsecretaria de la mujer de Manizales, que ha venido haciendo guiños al Verde y desde ya trabaja en la comunidad LGBTI para impulsar su candidatura. Referencias [1] Recuperado de: https://www.alianzaverde.org.co/nosotros/historia [2] Recuperado de: https://lasillavacia.com/historia/3895 [3] Recuperado de: https://www.alianzaverde.org.co/nosotros/historia [4] Recuperado de: https://www.registraduria.gov.co/Informacion/votacion-por-partido-senado-2010.pdf [5] Recuperado de: https://www.registraduria.gov.co/descargar/camara-detallado-elec2010.pdf [6] Recuperado de: https://www.alianzaverde.org.co/nosotros/historia [7] Recuperado de: https://elecciones.registraduria.gov.co/consulverde2014/resultados [8] Recuperado de: https://elecciones.registraduria.gov.co:81/elecciones2014/presidente/1v/99PR1/DPR9999999_L1.htm [9] Recuperado de: https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/coalicion-de-la-esperanza-y-alianza-verde-se-separan-590056 [10] Recuperado de: https://www.laopinion.com.co/politica/la-encrucijada-de-la-alianza-verde-por-la-escogencia-de-su-candidato-presidencial [11] Recuperado de: https://www.lafm.com.co/politica/las-diferencias-entre-angela-maria-robledo-y-la-coalicion-de-la-esperanza?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR3mP6YCP-KMHW9NkzW_dXfTBz30umkumJtrsQTqaez50QOu4AHJyit6Nm8 [12] Recuperado de: https://www.eltiempo.com/uploads/files/2021/04/22/019900210000%20COLOMBIA%20OPINA%20-7%202021%20SIN%20PATRON%20GRIS%20-1-.pdf

Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares Luis Carlos Galán ha marcado de manera positiva la dinámica política de la sociedad colombiana. Fue protagonista de primera línea en toda la década de los ochenta, desarrolló de manera intensa y vital un trabajo político valiente y con grandes mensajes, se enfrentó a las mafias que ya estaban de lleno en la vida política del país y señalo grandes males de nuestra sociedad: la inequidad, la amplia pobreza y la corrupción. Todos estos males permanecen y hoy están más solidificados en el aparato del Estado colombiano, en la política y en muchas dinámicas de sociedad. Superarlos sigue siendo un desafío presente. Hace pocos días, la Corte Constitucional falló a favor de restituir la personería jurídica al Nuevo Liberalismo, un partido político que fue duramente agredido por las mafias que se han opuesto a los cambios y a las ideas de equidad y democracia de calidad. Esta decisión de la Corte es un acto justo al cual hay que saludar con beneplácito. La política en Colombia sigue llena de violencias, mafias, trampas e inequidades. Todo ello hay que superarlo si aspiramos a vivir en una sociedad con una democracia de calidad: ese fue el mensaje que, de manera vigorosa y valiente, y desde una acción política digna, nos compartió Luis Carlos Galán. Hacerlo le costó la vida, pero como bien nos han recordado sus hijos Juan Manuel y Carlos Fernando: “A los hombres se les puede asesinar, pero no a sus ideas”. Gran mensaje que hoy tiene plena vigencia y que reafirma que, en medio de tantas violencias y atropellos, la sociedad colombiana sigue trabajando y luchando por un orden social de mayor calidad, sin exclusiones, ni violencias, ni atropellos. Ese es el horizonte que nos sigue convocando a quienes creemos que hay tareas por realizar ante una realidad de tantos déficits y que vulnera los derechos de millones de colombianas y colombianos. El Nuevo Liberalismo puede ser un partido de una acción política hacia el cambio y la construcción de políticas que convoquen fuerzas sociales y ciudadanas para asumir los propósitos que animaron a Luis Carlos Galán y a miles de líderes y lideresas que han sido víctimas de asesinato; y a las miles de personas que persisten en un propósito de vida digna para todas y todos, sin exclusiones de ningún tipo. Colombia vive días de inconformidad en las calles, de reclamos justos, de intenso debate político, de realidades que muestran que hay una sociedad en movimiento y unos liderazgos políticos enfrentados con razones y argumentos que deben tramitar de manera democrática el rumbo del país. Son debates necesarios y enmarcados por las complejidades de una sociedad llena de mafias con mucho poder y por violencias políticas organizadas que aún no logramos superar del todo, pero que tienen mucho menos peso del que tenían en vida de Luis Carlos Galán. Mucho hemos avanzado en estas tres décadas de esfuerzo sostenido de construcción de paz política iniciado con el acuerdo de paz con el M-19, en marzo de 1990, hasta el último firmado con las FARC, en diciembre de 2016, pasando por el acuerdo con las AUC. Todos ellos, con sus más y sus menos, sin duda, han aportado a una política sin violencia. Juan Manuel Galán, Carlos Fernando Galán y Rodrigo Lara tienen el buen reto y desafío de liderar a un Nuevo Liberalismo que sea ejemplo de acción política hacia los cambios pendientes que permitan el avance democrático, reto enorme pero que con el ejemplo de sus padres y con la experiencia acumulada pueden liderar de buena manera. Colombia requiere cualificar la acción política; más debates y más concertaciones entre la diversidad social y política; más política para la inclusión y el desarrollo económico y social con equidad; cerrar todas las violencias, someter a todas las mafias, salir de las guerras fracasadas, avanzar en las difíciles verdades que nos permitan asumir nuestro pasado de manera consistente y sin esguinces. Son enormes los desafíos y hay que asumirlos. Estamos en pleno debate frente a las elecciones al Congreso y a Presidencia. Allí viene la primera gran prueba para el Nuevo Liberalismo. Seguro que esta colectividad podrá desarrollar un buen desempeño y sumar al cambio.

Por: Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presentamos el informe “Empieza el juego electoral presidencial”: un análisis realizado por la Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad sobre las proyecciones y los pronósticos de cara a las elecciones presidenciales del 2022 en Colombia. ¿Habrá segunda vuelta? ¿Qué candidatos y candidatas puntean en las encuestas? ¿Colombia transita hacia el ‘posturibismo’? Las respuestas a estas y otras preguntas se encuentran en este informe. ¿Quieres saber más? Ingresa a desenredandoloshilos.pares.com.co para conocer toda la información sobre la realidad política en Colombia de cara a las elecciones 2022.

Por: Laura Cano Periodista – Pares Ya estamos en periodo preelectoral y, como es común, varias de las personas y colectividades con aspiraciones a algún cargo de elección popular empiezan a mover sus fichas con miras a quedarse con las mayores votaciones. El juego ya empezó hace algunos meses, pero en esta semana se dieron pasos importantes que quizá dan pistas de lo que se avecina de aquí a mitad del año próximo. Aquí le contamos los principales acontecimientos de estos días 1. La Corte Constitucional revivió al Nuevo Liberalismo como partido político Habían sido varios los intentos para que le dieran personería jurídica al partido de la familia Galán, sin embargo, desde el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado les fueron negadas las acciones, por lo que el caso llegó a la Corte Constitucional, donde finalmente vio luz verde. Hay que recordar que, en principio, la intención de revivir la colectividad (creada en 1979 por Luis Carlos Galán) estuvo en manos de Gloria Pachón, pero la respuesta que le dieron en repetidas ocasiones fue que el partido “no cumplió los requisitos constitucionales, en relación con los escaños en el Congreso y el umbral, contenidos en el Artículo 108 de la Constitución Política”. Además, otra de las razones que se dieron fue que no se podía hacer uso del argumento del Acuerdo Final para la Paz, como pasó con la Unión Patriótica (UP), respecto a que se trataba de un colectivo afectado por la violencia y que, por lo tanto, debía considerarse como un sujeto colectivo de reparación. No obstante, Jorge Enrique Ibáñez, magistrado de la Corte Constitucional, logró establecer que a pesar de que el partido renunció a su personería jurídica ante el CNE, sí hubo escenarios de violencia que atravesaron al partido, teniendo como primer y gran referente el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989. Los argumentos que presentó el togado para que desde la Corte Constitucional se diera el espaldarazo tuvieron que ver con que la Sección Quinta del Consejo de Estado desconoció el precedente que sentó la sentencia de la Unión Patriótica, ya que se limitó a comparar los casos que de alguna manera tenían relación. De esta forma, se ordenó al Consejo Nacional Electoral que en los próximos 10 días reconozca la personería jurídica del Partido Nuevo Liberalismo. Este escenario abre una nueva posibilidad en el mapa electoral del 2022, por un lado, con Juan Manuel Galán, quien parecía figurar dentro de los posibles candidatos de la Coalición de la Esperanza, pero ahora podría hacerlo desde el partido que fundó su padre. Y, por otro lado, hay que recordar que en el Nuevo Liberalismo también estaría sonando Alejandro Gaviria. 2. Pacto Histórico se va con lista cerrada Luego de varios meses se conoció que la alianza del Pacto Histórico pondrá a sus fichas a jugar para llegar al Congreso de la República a través de lista cerrada, es decir, solo se votará por alianza o partido. Además, también se comunicó que la lista será en cremallera, es decir, debe estar conformada por un hombre y una mujer. La decisión fue tomada con 21 votos a favor y ocho en contra. “La lista del Pacto Histórico será la única lista en Colombia que le garantice a las mujeres de nuestro país, que realmente la mitad de esas sillas del Congreso serán ocupadas por las mujeres. Además, en un hecho inédito en la historia, será la única fuerza política que garanticen las circunscripciones de Senado y Cámara, la inclusión real y efectiva de hombres y mujeres afros, indígenas, campesinos, de jóvenes, estudiantes, empresarios, ambientalistas, víctimas del conflicto”, aseguró Roy Barreras. 3. Volvió Piedad Córdoba Luego de que todo pareciera indicar que Piedad Córdoba abandonaba la política, la exsenadora vuelve a sonar como posible candidata al Congreso en 2022, luego de que varias personalidades políticas le pidieran que se lance por el Pacto Histórico. Por otro lado, su hijo, el senador Juan Luis Castro, aclaró mediante una carta que no tiene intenciones de volver al Congreso. Es necesario traer a colación que, en 2010, la Procuraduría (en ese momento en cabeza de Alejandro Ordoñez), tras acusarla de tener vínculos con la exguerrilla de las Farc, decidió destituir a la entonces senadora y, además, inhabilitarla por 18 años para ejercer oficios gubernamentales. En 2016, la Corte Suprema de Justicia rectificó el fallo contra Piedad Córdoba, argumentando que la exsenadora fue sancionada con pruebas ilegales. Para ese momento, Córdoba tenía otro proceso que la inhabilitaba por 14 años para ocupar cargos públicos, esto tras haber sido acusada de entregar $25 millones a la campaña del entonces candidato a la Cámara, Ricardo Montenegro. Esta sanción fue anulada por el Consejo de Estado: “La Sección Segunda, con ponencia de la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez, estudió el caso y encontró que dentro del proceso no existían pruebas que demostraran una violación a la ley disciplinaria. La Sala concluyó que la investigación de la Procuraduría General de la Nación se basó en conjeturas e indicios que no fueron demostrados y que no constituyen medios de prueba a la luz del Código Disciplinario”, se comunicó en su momento desde el organismo. Así las cosas, Piedad Córdoba tiene el camino libre y el apoyo para lanzarse nuevamente al Congreso. 4. Federico Gutiérrez a poco de dejar en firme su candidatura a la presidencia Tras el anuncio de que en agosto Federico Gutierrez iba a comenzar la recolección de firmas para poder inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral, se conoció que, el próximo martes 10 de agosto, el exalcalde de Medellín acudirá ante la Registraduría Nacional para iniciar la inscripción de su comité con el que aspira llegar a la Casa de Nariño. _________________________________________________________________________ Nota: Para enterarse de todo lo que suceda en estos meses prelectorales, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a consultar pares.com.co y a escuchar desde mañana, sábado 07 de agosto, el Sonajero Podcast, el nuevo contenido de Pares que desenredará los hilos de la política electoral.

Por: Guillermo Segovia Mora Politólogo, abogado y periodista Ante la crisis interna que acarrea Venezuela hace varios años, luego de una década de liderazgo chavista que impulsó el estatismo, adelantó proyectos sociales de impacto, mantuvo una activa e influyente política internacional —en particular en América Latina y El Caribe— y reivindicó como símbolo para su proceso al Libertador Simón Bolívar (al punto del cambio constitucional y de nombre del país como República Bolivariana de Venezuela), hay quienes presumen que la vigencia histórica del patriota independentista quedó petrificada en las estatuas. De nuevo, como tantas otras veces, se equivocaron. De manera inesperada —sobre todo por el país anfitrión, que no tiene hechos significativos que lo aten a la figura celebrada—, el 238 aniversario del natalicio de Simón Bolívar en Caracas (el 24 de julio de 1783) no fue fiesta grande en su país ni en Colombia, Venezuela, Perú o Bolivia, naciones que liberó al mando del ejército patriota, sino en México. La celebración fue impulsada por la Presidencia de la República con importantes eventos precedentes (organizados por el Fondo de Cultura Económica) y con un acto solemne que tuvo al presidente Manuel Andrés López Obrador (AMLO) como orador principal, y a la escritora chilena Isabel Allende como invitada especial. Asistieron representantes del Gobierno mexicano y algunos cancilleres de la región —entre estos, la vicepresidenta de Colombia— participantes de la reunión periódica de Comunidad de Estados de América Latina y El Caribe (Celac), bajo presidencia pro témpore de México desde 2020. Así, el país azteca redondea un año de efemérides de alta carga nacionalista al conmemorarse, también, los 500 años de la caída de Tenochtitlán a manos de los españoles y los 200 años de la Independencia (ocurrida el 27 de septiembre de 1821). Isabel Allende, en bellas palabras, resumió: “La historia de México, como de toda Latinoamérica, es un mural de claroscuros, de esperanzas y fracasos, de héroes y villanos, de ideales y de traiciones, de caudillos brutales y de revolucionarios, de grandes pensadores y de una multitud de saboteadores; pero, sobre todo, es un mural de brillantes colores, luminoso, magnífico.” Y a tono con la convocatoria a la unidad bajo el estandarte bolivariano, expresó: “Nuestras similitudes como latinoamericanos son muchas más que nuestras diferencias. Podemos y debemos enfrentar los desafíos del futuro como una sola potencia, es nuestra mejor opción. Otras naciones, que tienen menos en común, lo han logrado.” El discurso de AMLO, aparte de la necesaria y justificatoria referencia a la biografía del Libertador, apeló a la integración (uno de los ideales bolivarianos) para plantear la necesidad de un nuevo organismo regional que reemplace la cuestionada y derechizada OEA —“lacaya”—, y de unir esfuerzos continentales en la mira de un organismo similar a la Unión Europea. Al tiempo que condenó el intervencionismo, las invasiones, los bloqueos y las sanciones —solidarizándose con Cuba—, llamó a los Estados Unidos a una nueva era de cooperación en el espíritu del libre comercio (ante las acechanzas chinas), a la resolución pacífica de los conflictos y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Con distancia respecto a la posición de muchas de las personas representantes de los Estados que asistieron a la reunión, afirmó: “Podemos estar de acuerdo o no con la revolución cubana y con su Gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es toda una hazaña. (…) creo que, por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia, por su ejemplo de resistencia”. La referencia a este aguerrido pueblo en su resistencia al imperio romano, remite a la que Bolívar hiciera a los pastusos y a su obcecación contra los patriotas, a tono con la conmemoración. Consecuente con el propósito del encuentro, que a la vez refleja la intención del presidente de México de impulsar la nueva corriente de izquierda integracionista a la que se suman Bolivia, Argentina y, ahora, Perú, concluyó: “Lo aquí planteado puede parecer una utopía; sin embargo, debe considerarse que, sin el horizonte de los ideales, no se llega a ningún lado y que, en consecuencia, vale la pena intentarlo. Mantengamos vivo el sueño de Bolívar.” Por supuesto, las críticas de la derecha continental y europea no se han hecho esperar. Apenas cuatro días después, el nuevo presidente del Perú, el maestro campesino Pedro Castillo (quien ha despertado tanto expectativas populares como rechazos en la derecha) asumió el cargo como primer mandatario en la fecha conmemorativa de los 200 años de la declaración de Independencia por el argentino José de San Martín (el 28 de julio de 1821). El discurso de posesión de Castillo tuvo un acento social y de cambio. No obstante, no reivindicó en especial la efeméride. La Independencia peruana y de América Latina se consolidó por los ejércitos patriotas bolivarianos al mando de Antonio José de Sucre, con la Batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. Reivindicando a los pueblos indígenas que nutrieron esas tropas y sus siglos de frustraciones y dolores, Castillo afirmó: «Juro por dios, por mi familia, por mis hermanos y hermanas, campesinos, ronderos, pescadores, docentes, profesionales, niños, jóvenes y mujeres, que ejerceré el cargo de presidente en el periodo constitucional 2021-2026. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución». Y sentenció: «Este Gobierno ha llegado para gobernar con el pueblo y para construir desde abajo. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino. (…) Yo también soy hijo de este país fundado sobre el sudor de mis antepasados». En materia internacional, Héctor Béjar, canciller, escritor y exguerrillero, no dejó duda sobre la nueva orientación del Gobierno tanto en la toma de posesión como en pronunciamientos posteriores. Perú respaldará la plena vigencia de los derechos humanos, los compromisos sociales de Naciones Unidas y el respeto a la soberanía de los pueblos. En particular, para el caso de Venezuela, habrá un giro frente al “Grupo de Lima”, liderado, entre otros, por el Gobierno Duque, y enfilado, a la cola de los Estados Unidos, a dar al traste por cualquier medio con el Gobierno de Nicolás Maduro. En este aspecto, se debe señalar que los Gobiernos de derecha de Latinoamérica (Piñera de Chile, Macri de Argentina, Bolsonaro de Brasil, Moreno de Ecuador y Duque de Colombia) fueron entusiastas aliados para acabar con el prometedor y autonomista proceso de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), menguar al Mercado Común de Suramérica (Mercosur) y activar una proestadounidense e intrascendente Prosur. Por cerca de 200 años, la unidad e integración latinoamericana propuesta por Simón Bolívar, el hombre más importante de la historia de América Latina y El Caribe, plasmada en la Carta de Jamaica de 1815 y buscada en el Congreso Anfictiónico de Panamá (frustrado por el sabotaje de portadores de pequeñeces y enajenaciones), ha sido un ideal aplazado. En la Carta de Jamaica, Bolívar expresó: “Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria”. La integración de inspiración bolivariana parece estar tomando un nuevo aire.

Por: Laura Cano Periodista Pares “Este escenario no es ni puede ser para glorificarse como actores de guerra, sino para mostrar la inmensa deuda que ustedes y todos los demás actores del conflicto, el Estado y los colombianos, tenemos con las víctimas y con todos aquellos que fueron asesinados, mutilados, secuestrados, arrebatados de sus tierras, desplazados y humillados”, estas fueron algunas de las palabras del padre Francisco de Roux a Rodrigo Londoño y Salvatore Mancuso, el pasado 18 marzo, cuando presentó la ruta de la contribución a la verdad y al reconocimiento de responsabilidades de los excomandantes. En el marco de este proceso, el pasado miércoles 4 de agosto, tuvo lugar un encuentro en el que fueron escuchados los antiguos miembros de grupos armados ilegales. El espacio, que fue organizado por medio de la Comisión de la Verdad, permitió seguir construyendo lo que para muchas personas es una esperanza de verdad, reconciliación y reparación. Además, hizo posible que 18 víctimas llegaran hasta las instalaciones de la Comisión para escuchar a quienes ejercieron y fueron responsables de cientos de hechos victimizantes que, por años, desangraron el país y dejaron en la memoria de miles de personas recuerdos dolorosos. Algunas de las personas que asistieron al encuentro fueron: Orlando Medina, exalcalde de Nariño, Antioquia; Marta Aguirre, cuñada del concejal Desiderio Suárez, de Rivera, Huila; Paola García, hija de dirigentes políticos de la Unión Patriótica; y Lesley Orozco, representante de la organización Mujeres Víctimas Construyendo Paz, de los Montes de María. Hay que señalar que en el espacio estuvieron, de forma virtual, tanto Rodrigo Londoño como Salvatore Mncuso, quien se conectó desde el centro de reclusión en Georgia, en donde está luego de haber sido extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008. También participaron los comisionados Lucía González, Carlos Ospina, Saúl Franco, Alejandra Miller y Marta Ruíz. El encuentro estuvo centrado en escuchar tanto al ex jefe guerrillero como al ex jefe paramilitar, quienes en su paso por la guerra dejaron un universo de millones de víctimas. Ambos recordaron cómo fue su entrada a los grupos de los que hicieron parte. Por un lado, Timochenko recordó: “Soy de una familia pobre. No aguantamos hambre, pero fuimos muy pobres. Escuché a mi papá hablar del comunismo, leí sobre la Unión Soviética. En la escuela uno veía que había compañeros que llegaban sin desayunar. Son elementos que contribuyen a lo que uno vive. Eso me incentivó a integrar la militancia comunista desde los 13 años, en 1976 (…). Jamás se me pasó por la cabeza dejar la lucha armada. Estábamos convencidos. Ahora uno es autocrítico. (…) La vida me dio el privilegio de ser el firmante de la paz, lo cual representa bastante porque estuvimos en una confrontación que generó heridas profundas en la sociedad, pero tengo la posibilidad de trabajar para sanar esas heridas”, dijo. Por su parte, Mancuso narró los tiempos en los que era extorsionado por guerrilleros cuando vivía en Tierralta, Córdoba: “Llegó un grupo de guerrilleros pidiéndome la cuota de la extorsión, yo les mostré el recibo de pago, pero me dijeron que el responsable de las finanzas se voló con la plata, que me tenían que llevar para hablar con el jefe”. Tras esto, pidió protección al Estado: “. Fui con una escopeta, ubicamos el sitio, se dieron de baja a tres guerrilleros, y, a partir de eso, me dijeron que me monté en el lomo del tigre, y, si me bajaba, me comía el tigre. Mis opciones eran seguir en la lucha, acompañar y seguir de ejemplo ante empresarios y ganaderos, para conseguir apoyos y demostrar que podíamos ganarle a la guerrilla. O la otra opción era vender e irme, porque la guerrilla me iba a secuestrar y asesinar. Esas fueron las causas del momento en que el Estado me empujó cuando fui a donde ellos pidiendo protección”. Además, durante su relato, Mancuso también contó cómo fueron creciendo las Autodefensas, que, según sus palabras, tuvieron una gran injerencia por parte de grupos políticos y económicos del país, los cuales, además de promover varias acciones violentas, apoyaron logística y económicamente jugadas en medio de la democracia de varias zonas. Asimismo, puso sobre la mesa el papel de las Convivir, grupos que fueron el enlace entre las AUC y las Fuerzas Militares, lo que les permitió recibir apoyos económicos para expandirse y confrontar a la guerrilla.“Las autodefensas, al igual que las guerrillas, jamás hubiéramos podido llegar a una región si no teníamos una financiación asegurada”, aseveró. Asimismo, el ex jefe paramilitar también profundizó en la forma en la que la parapolítica se fue fortaleciendo gracias, también, al aporte empresarial: “Todos los problemas mínimos básicos e insatisfechos estaban concentrados en esas regiones y en algún momento estuvieron bajo ese dominio de las guerrillas y abandonadas por el Estado. Y es cuando se da este tránsito que va de la parte militar a la parte política. Y es cuando empieza la toma del poder del Estado por parte de las Autodefensas haciendo pactos, acuerdos, y que se conoce como la parapolítica. Tuvimos alcaldes, gobernadores, diputados, congresistas y hasta presidentes alcanzamos a ayudar a nombrar”, detalló Mancuso. Adicionalmente, y también en relación con el Estado y con los grupos políticos y económicos del país, añadió que estos también tuvieron responsabilidad con el exterminio de la Unión Patriótica: “cuando la guerrilla decide conformar la UP y empieza la vinculación con la vida política, y hacer campaña, y participar en elecciones, y logra acceder a concejos, alcaldías y demás, la preocupación enorme viene de las instituciones del Estado, de los gremios económicos, industriales, de que Colombia se convirtiera en otra Cuba: expropiaran las propiedades, sectores económicos e instauraran un modelo político y acabar con quienes se oponían. (…) La UP no fue exterminada por las Autodefensas. Su gran victimario fue el Estado, y claro que nosotros tuvimos responsabilidades”, sentenció. Es importante traer a colación que, en medio de estas confesiones, Mancuso dejó en claro que no estuvieron al servicio de una clase política tradicional ni sirvieron a los gremios económicos. “Ahora, hubo personas que utilizaron a las autodefensas y se aprovecharon de ellas” reiteró. No obstante, manifestó que en otros escenarios, como para la provisión de armamento, también tuvieron alianzas con grupos de narcotraficantes. Mencionó que: “Se les pidió armamento y ellos, a cambio, pidieron que se les pagara con droga. Estas economías ilegales permitían conseguir recursos para enfrentar a los enemigos. Cuando propusimos la erradicación de los cultivos ilícitos, el Gobierno nunca estuvo interesado. Le dimos la orden a los campesinos que no podían talar bosques vírgenes ni entregarle la droga a las Farc, sino solo a las autodefensas”. Por su parte, Rodrigo Londoño también contó varias de sus experiencias en su paso por la otra guerrilla de las Farc. Contó que, en relación con algunos de los hechos que afectaron a las comunidades, este grupo armado no planificaba la toma de la población, “sino del sitio militar, puesto de policía o base militar, que, violando las normas del derecho internacional, las ponían entre la población. La línea era destruir el puesto de Policía, que cada vez era más reforzado, por eso necesitaba más explosivos y afectaba a los alrededores. Eso jamás debió pasar”. Londoño también habló sobre la forma en la que se equipaban de armamento: “Conseguíamos armas en el mercado negro. Solo con llegar con plata a la frontera del Ecuador se conseguían 100 fusiles. Cuando se consiguió más finanzas, hicimos más negocios. En el 81 me enviaron con Jorge Briceño al Caguán a resolver un problema interno con un comandante que indica que era un infiltrado que se puso a trabajar con la mafia. Puso a la guerrilla a trabajar con la mafia. En los campamentos había pista hecha por los guerrilleros, llegaban las balsas con la coca. En el Caguán conocimos ese fenómeno. Secuestrábamos a los mafiosos y les decomisamos la coca. Les decíamos que nos trajeran armas, pero nos decían que no. Solo nos pagaban los impuestos y las remesas. Uno solo nos consiguió unas escopetas viejas. Por lo menos, en lo que yo me acuerdo, los narcos se cuidaban mucho de no darnos armas. Pero sí iban vendedores y algunos nos vendían las armas por coca”. Al respecto, es necesario traer a colación otra de las afirmaciones de Timochenko, quien recordó que “las guerrillas existieron como forma de resistencia a esa violencia (la violencia del Estado)”. En ese sentido, añadió: “No vengo como un pecador a la redención. Llego como un revolucionario que viene a asumir sus consecuencias. Cometimos crímenes que iban en contravía de la ética y que dejaron profundas heridas”. Con todo esto, lo que se percibió en esta jornada fue una intención transversal por la reconciliación, por aunar esfuerzos que lleven a la reparación de las millones de víctimas que el conflicto armado dejó en el país. Esto en el marco del trabajo de la Comisión de la Verdad, el cual ha propiciado este y otros encuentros en pro de la construcción de una verdad plural. Por último, vale la pena cerrar mencionando que, una vez más, Mancuso hizo pública su intención de acogerse a la JEP, de donde ha sido rechazado, pues los magistrados han considerado que, más que haber tenido un papel de “tercer civil colaborador”, el rol de Mancuso fue el de un “miembro orgánico de la estructura criminal, desarrollando una función continua de combate”. Sin embargo, en esta ocasión, Mancuso envió un oficio ante la JEP para que aceptara su comparecencia como testigo en el caso 003 (muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado): “Queda en mis manos que la JEP decida mi comparecencia”, aseveró el exjefe paramilitar. Adicionalmente, Rodrigo Londoño aseguró: “estamos en este camino por las víctimas. Estamos haciendo el máximo esfuerzo para la no repetición. Este es un momento muy importante, estamos viendo los frutos de lo que acordamos en la Habana”.