Por: Nataly Triana Guerrero Asistente de Investigación Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad – Pares Laureano Augusto Acuña Díaz, más conocido como ‘el gato volador’, es senador por el Partido Conservador y actualmente se desempeña como presidente de la Comisión de Ética en el Congreso de la República. Su llegada a esta instancia, el pasado 28 de julio, pone en riesgo el ejercicio imparcial de este organismo que tiene como objetivos: el cumplimiento del código de ética que rige a los y las congresistas, el seguimiento de casos abiertos y el establecimiento de sanciones en relación con el régimen de incompatibilidades e inhabilidades. En 2018, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) advirtió sobre los serios cuestionamientos que rodeaban a Acuña en su aspiración al Congreso para el periodo 2018-2022. Sin embargo, resultó elegido con una votación de ​​82.854 votos (la cual se concentró en el departamento de Atlántico). Los cuestionamientos más relevantes que tiene este senador están vinculados con sus presuntas relaciones con el sistema de compra de votos en el Atlántico. Acuña es señalado por Aida Merlano en sus declaraciones como uno de los “tres mayores responsables de compra de votos en el Atlántico”, junto al ‘Clan Char’ y al ‘Clan Gerlein’[1]. Estas estructuras clientelares habrían permitido la llegada al Congreso de César Lorduy, Modesto Aguilera, Karina Rojano y José Gabriel Amar, quienes también obtuvieron sus mayores votaciones en el departamento de Atlántico, permitiéndoles ser actuales representantes a la Cámara por el partido Cambio Radical. Entre los comportamientos más cuestionables de Acuña se encuentra un episodio del que fue protagonista en el 2015, cuando se negó ante la Policía de Tránsito y Transporte de la Guajira a realizarse una prueba de alcoholemia. Está situación casi le hace perder su curul, tal como le sucedió al exparlamentario Jorge Merlano. Para entonces, Acuña reconoció que se encontraba en estado de embriaguez, pero afirmó que no estaba conduciendo cuando fue detenido en el retén de la Policía de Riohacha. Lo anterior produjo que la Procuraduría General de la Nación abriera una investigación preliminar en su contra. En la actualidad, a pesar de haber resultado elegido como presidente de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, Acuña tiene un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia, cuatro procesos en el Juzgado Civil del Circuito de Barranquilla, uno en el Juzgado Municipal Civil de Oralidad en Barranquilla y uno en el Juzgado de Familia de Barranquilla. Todos estos procesos son de carácter privado. Por su reserva, se desconocen los asuntos y el curso de estas investigaciones. Por todo lo presentado, se puede afirmar que, en su ejercicio público, este senador no cumple con las características requeridas para ser presidente de esta Comisión de Ética: el comportamiento decoroso, íntegro y moral. Por el contrario, la elección de Acuña en este cargo corresponde a un ejercicio desesperado, por parte de las mayorías de Gobierno, para frenar los procesos en contra de sus integrantes. Cabe recordar que, entre las investigaciones que tiene la Comisión de Ética y que podrían encontrarse en riesgo, está el proceso en contra del senador Ernesto Macías, del partido Centro Democrático, quien, en su ejercicio como presidente del Congreso, el 20 de julio de 2019 interfirió en el sistema de pesos y contra pesos al haberse negado el derecho a la réplica a la oposición. [1] Retomado de: https://pares.com.co/2019/10/07/aida-merlano-una-pieza-de-un-aparato-electoral-corrupto/

Por: Laura Cano Periodista – Pares Mario Montoya se ha convertido en uno de los hombres del Ejército con más cuestionamientos en torno suyo. Esto luego de estar en esa institución por más de 30 años, ostentando cargos tan importantes como el de la comandancia del Ejército, posición en la que estuvo hasta noviembre de 2008. Además, hay que recordar que también fue comandante de Compañía del Grupo de Caballería No. 5, del Batallón de Inteligencia No. 4, de la Escuela de Caballería del Comando Operativo No. 9, de la Brigada No. 18, del Conjunto No. 1 del Caribe, en el Batallón de Inteligencia del Ejército y de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur. Además, fue comandante de la Brigada IV del Ejército en Medellín desde el 2001 hasta el 2003, esto precedido por su comandancia en el Batallón Antinarcóticos del Ejército en Caquetá, cargo en el que fue nombrado en el año 2000. Los cuestionamientos a la gestión de Mario Montoya dieron un paso importante cuando, el 17 de octubre de 2017, el general (r) firmó el acta de sometimiento ante la JEP. Desde entonces, ha participado de dos diligencias: una pública, de sometimiento, y otra reservada, dentro del caso 03, que investiga los asesinatos ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado (este caso fue abierto el 12 de junio de 2018). Por el momento, el proceso está en curso, pero en los últimos días se conoció que la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa, decidió imputar a Montoya por su presunta responsabilidad en 104 ejecuciones extrajudiciales. Los homicidios, según las investigaciones de la Fiscalía, habrían tenido lugar entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008, mientras Montoya se desempeñaba como comandante del Ejército. Durante ese periodo (en el que regía la política de privilegiar a los uniformados con mayores números de capturas y muertes en combate), se presume que múltiples asesinatos de civiles se reportaron como resultados operacionales exitosos. Del total de estos casos, cinco habrían sido cometidos contra menores de edad. Se informó en Blu Radio que, según varias investigaciones, “el general Montoya había recibido muchas quejas de manera directa e indirecta a través del inspector del Ejército o de sus delegados. Desde el 20 de noviembre, Montoya recibió la orden de cambiar la forma de evaluar la campaña. Montoya comunicó la nueva directiva, pero no la aplicó, es decir, siguió evaluando a los comandantes de todos los niveles del mando por la cantidad de muertes en combate reportadas. En este orden de ideas, de manera consciente, el general Montoya habría desobedecido la orden emitida por el Comando General de las Fuerzas Militares”. Las reacciones a esta imputación han sido múltiples. Por una parte, desde la JEP, Eduardo Cifuentes dijo al diario El Tiempo que entre este organismo y la Fiscalía no han habido enfrentamientos: “Por el contrario, ambas instituciones tenemos la madurez para trabajar en el objetivo común de luchar contra la impunidad”. Además, aseguró que la imputación realizada por la Fiscalía no sería vinculante a las decisiones de la JEP, sino que solo se tomaría en cuenta dentro de las investigaciones realizadas por este tribunal. Al respecto, es importante mencionar que, recientemente, la JEP ha imputado, como parte del proceso por ejecuciones extrajudiciales, a 15 militares por 127 asesinatos en la costa Caribe. Por otra parte, la defensa de Montoya también se pronunció y afirmó que la Fiscalía no puede imputarle cargos al general (r). Esto argumentando que Montoya se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz desde 2018 y que, si bien la Fiscalía puede mantener la competencia de las investigaciones que marchaban en la justicia ordinaria, esta entidad no puede tomar decisiones de fondo ni citar a las personas involucradas a diligencias judiciales. “El señor fiscal no puede derogar en ningún momento ni el acto legislativo que reglamenta el Acuerdo de Paz que le da competencia prevalente a la Justicia Especial para la Paz y tampoco puede desconocer la Ley Estatutaria que estipula que la Fiscalía no puede citar a diligencias judiciales que impliquen la afectación de derechos para quien están sometidos a la JEP”, señaló Andrés Garzón, abogado de Montoya. Las sombras de Mario Montoya (Te podría interesar: La afrenta de Montoya contra las víctimas del Ejército) Un martes 4 de noviembre de 2008, el general (r) Mario Montoya dejaba la comandancia de las Fuerzas Militares luego de que el país conociera sobre la trágica desaparición de jóvenes en Soacha que, posteriormente, fueron asesinados y presentados por el Ejército Nacional como guerrilleros muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander. Más tarde, se sabría que esta práctica, denominada por los medios como ‘falsos positivos’, fue recurrente entre el 2002 y 2008, y que fueron más de cuatro mil los jóvenes asesinados por la fuerza pública. Al general (r) lo señalan de ser el verdugo que ordenó miles de muertes. Desde ese momento ya se estimaba que entre febrero de 2006 y noviembre de 2008 —tiempo en que el Montoya comandó las fuerzas militares— una (1) de cada tres (3) muertes en combate fue una ejecución extrajudicial. A pesar de lo que ya se conocía en Colombia sobre el papel de Mario Montoya y su puesta en marcha de la Seguridad Democrática del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez; el General (r) recibió en seis (6) ocasiones, la máxima distinción que se entrega en la República de Colombia a los militares: la Orden de los Libertadores ‘Cruz de Boyacá’. Detrás del General Montoya no sólo reposan las investigaciones sobre los homicidios extrajudiciales. Fue mencionado en las versiones libres del exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, quien confesó la complicidad que existió entre los ‘paras’ y la IV Brigada del Ejército Nacional mientras Montoya fue su comandante entre 2001 y 2003. Según ‘Don Berna’, entre el 16 y 19 de octubre de 2002, tropas de la IV Brigada, en compañía de paramilitares, realizaron el operativo militar urbano más grande de la historia: ‘La Operación Orión’, en donde hubo 88 homicidios y más de 600 víctimas. Además de esto, es necesario señalar que en las comparecencias de Montoya, este se ha negado a aceptar las acusaciones que se le hacen. Incluso en una de sus versiones aseguró que quienes cometieron estos crímenes lo hicieron “por falta de capacitación”. En este momento, el caso puede seguir en la JEP si Montoya cumple y aporta a la verdad y a la reparación a las víctimas. De no ser así, podría afrontar una pena de alrededor de 20 años de cárcel.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia En mi columna anterior hablé sobre lo oportuno que resulta para docentes, estudiantes y personal administrativo el retorno gradual a los campus de las diversas instituciones de educación superior (IES) en el país. Sobre todo, porque esto contribuye a que se controle el deterioro, tanto de la salud mental como de la calidad en el servicio educativo, que viene dándose por las medidas de aislamiento preventivo para atender la pandemia de la covid-19. Se trata de un regreso a las actividades presenciales que –tal como lo establece la Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud y las directivas del Ministerio de Educación– debe darse de manera gradual, controlada, progresiva, planificada y saludable. Debe cumplirse con todos los estándares de bioseguridad para volver a los lugares habituales de trabajo y estudio del personal universitario. Como se ha advertido, la covid-19 es un virus que ha llegado para quedarse y, por tanto, es necesario tomar una serie de medidas para convivir con él. Los espacios universitarios no volverán a ser los mismos: estamos en presencia de un momento que exige enfrentar la realidad y no quedarnos en casa añorando que todo vuelva a ser lo mismo que un día fue. En este sentido, la pandemia conlleva una serie de retos para todos los estamentos relacionados con la educación superior. Estos desafíos, bien aprovechados, se pueden convertir en oportunidades para transformar positivamente el sistema educativo. En el orden de actuación se tiene, en primer lugar, a los equipos directivos, quienes deberán trabajar, de manera prioritaria, para que los espacios universitarios cumplan con todas las condiciones que exige la regulación de salubridad. El riesgo de contagio se mantiene y continuará para toda la población universitaria y sus familias, lo que hay que hacer es enfrentarlo para mitigar sus efectos. La normatividad exige que los IES cuenten con espacios ventilados, limpios y con condiciones para una enseñanza adecuada. Asimismo, deben cumplir con las exigencias de distanciamiento entre estudiantes en las aulas de clase y con los porcentajes de aforo por cada salón. En este sentido, es necesario que el personal administrativo de las universidades trabaje para que los campus cumplan con las condiciones de bioseguridad. En este componente se abre para las universidades –en especial para las públicas– una oportunidad para hablarle al Estado sobre la necesidad de realizar inversiones en los planteles educativos. Por muchas décadas, los Gobiernos han presionado a las universidades para que amplíen su cobertura, buscando mayor equidad, sin embargo, la contrapartida de mayores recursos no se ha brindado, dando como resultado un incremento desproporcional entre admisión de estudiantes e inversión en instalaciones. Así, por ejemplo, un campus como el de la Universidad de Antioquia –que, a propósito, cumplió hace poco medio siglo de vida y ha sido declarado patrimonio cultural y arquitectónico de la nación– fue construido inicialmente para albergar a una población entre dos mil o tres mil estudiantes, pero ahora conviven en él hasta ocho y diez veces esa cifra, generando una gran presión por el uso del espacio. Además, con las nuevas realidades existen otras condiciones para tener una educación incluyente y de calidad. Las clases virtuales llegaron para quedarse. Muchas personas querrán alternar entre la educación desde casa y la asistencia a las aulas físicas. La pandemia requiere espacios con tecnologías de información y telecomunicaciones, herramientas que permitan tener salones para que la población estudiantil pueda recibir clase en el aula y, además, que otros estudiantes les puedan acompañar desde otros espacios, en tiempo real. Los equipos administrativos están en un buen momento para pedirle Gobierno que comparta informes sobre las condiciones en que las y los jóvenes asisten a las universidades. Esto con el fin de diagnosticar si se cuenta con los espacios suficientes para que el estudiantado reciba clases y si se tienen espacios debidos para el estudio, la alimentación, el descanso y el sano esparcimiento. Adicionalmente, las juntas directivas de las universidades deberán trabajar en crear las condiciones para un sistema de alternancia, donde se cumpla el derecho que tienen los y las estudiantes para recibir una educación de calidad, ya sea de forma presencial, virtual o híbrida. De allí que deban preguntarse si sus instituciones cuentan con los recursos para que el estudiantado inscriba cursos con materias virtuales, remotas –clases en línea, pero replicando la presencialidad– y asignaturas presenciales con un aforo máximo. El segundo actor en aparecer es el profesorado. Este grupo tiene, al menos, dos grandes retos: por un lado, lograr que aquellas y aquellos docentes que ejercen labores investigativas puedan aprovechar el regreso al campus para robustecer el trabajo colaborativo a través de la comunicación directa. Por el otro, el regreso a los campus es una excelente oportunidad para que este gremio hable de pedagogía y didáctica en la educación virtual, y del estudio desde casa mediado por tecnologías. Estos dos asuntos fueron atendidos con urgencia por el profesorado en medio de la crisis de la salud, pero lo hicieron sin la debida preparación. Las personas que nos dedicamos a la enseñanza no estábamos preparadas ni para investigar desde casa ni para enseñar desde espacios distintos al aula física. Ahora es momento de enfrentar con responsabilidad esta doble dimensión del trabajo profesoral y de dar respuestas adecuadas a la urgencia que dejó la pandemia. Finalmente, se encuentra el sector estudiantil, que es el actor que mayores retos tiene. El hecho de que las y los jóvenes universitarios sean la población con menor vacunación y, a la vez, quienes mayor ventaja inmune poseen, debe servir para que a su educación se incorpore la responsabilidad con el autocuidado y el amor propio: cuidado de su salud mental, con el respeto de los espacios del otro y con el cuidado de la vida. La juventud deberá formarse para el autocuidado: manteniendo el distanciamiento individual responsable –el suficiente para pedir un tinto o comer en el restaurante–; para el cuidado con sus compañeros y compañeras: no asistiendo al campus cuando haya síntomas de alguna enfermedad y pueda poner en riesgo a quienes les rodean; y, finalmente, para el cuidado de su familia: tomar conciencia del riesgo que tienen sus familiares y personas con las que se habita, pues, a pesar de poder no sentir los efectos del virus, este está presente y puede llevarse a sus seres más queridos. En síntesis, el regreso a los campus universitarios ofrece magníficas oportunidades que, bien aprovechadas, pueden servir a diversos actores: a los equipos administrativos, para que doten los planteles con infraestructura necesaria para transmitir las clases desde las aulas; al profesorado, para educar sin miedo y con responsabilidad; y al estudiantado, para que asuma con responsabilidad medidas de autocuidado y de respeto por los espacios y la vida del otro. De allí que se pueda decir que volver a los campus universitarios es una buena ocasión para adecuar y transformar los sistemas educativos. Profesorado, estudiantado y personal administrativo deben aprovechar el momento para prepararse pedagógica, psicológica y tecnológicamente para atender las exigencias de una nueva era de la educación. Para construir un modelo educativo que permita prepararnos más adecuadamente para atender una situación que se convierte en estructural y definitiva.

Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares Hace pocos días se posesionó Pedro Castillo como nuevo presidente del Perú. En su posesión estuvo como invitado oficial Jorge Arreaza, canciller de Venezuela, quien se entrevistó con el nuevo canciller peruano, Héctor Béjar. Y se ha abierto una pregunta sobre lo que será la continuidad de la política de cerco diplomático a Venezuela que, desde 2017, agencia el llamado “Grupo de Lima”. Se trata de una política que se ha venido debilitando de manera paulatina, y es posible que el nuevo Gobierno del Perú se aparte de esta nefasta medida que nada bueno ha traído. De hecho, el canciller Béjar ha dicho de manera clara que no comparten ninguna política que se base en bloqueos y sanciones unilaterales. La política de bloquear a Venezuela ha hecho agua y no ha acarreado ningún resultado positivo para aquel país: solo ha agudizado las condiciones sociales de una economía duramente golpeada por la caída de los precios del petróleo y estructuralmente dependiente de este sector; y, además, ha recrudecido la fragilidad de la situación de seguridad alimentaria, temas que han llevado a una crisis social sin precedentes para una nación como Venezuela (que solía ser el “vecino pudiente”). De forma similar, en otro tiempo, los indicadores de pobreza y desigualdad fueron creciendo en Venezuela hasta llevar a un quiebre político que explica la existencia del chavismo en el Gobierno desde 1999. Sin duda, hay una situación crítica en Venezuela y se requieren salidas políticas a ella, pero sobre el principio de soberanía y autodeterminación de las y los venezolanos; sin bloqueos, imposiciones o chantajes como los que se han visto en los últimos años y que han sido liderados desde la complicada administración del Presidente Trump. Bajo su Gobierno, se echaron para atrás todos los esfuerzos de diálogo y entendimiento que venía promoviendo la administración del presidente Obama (no sin dificultades, pero, sin duda, mucho más abierta y dialogante que la de quien lo sucedió). Ahora, en Venezuela hay procesos de diálogo entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y sectores de la oposición. Y vamos a ver una nueva ronda de conversaciones entre ambos sectores: la décima que se da entre gobiernos chavistas y la oposición desde 1999 (años desde el que la actual corriente política gobierna en Venezuela). Se trata, en este caso, de diálogos que se realizarán en México (probablemente durante este mes de agosto) y que son promovidos por la diplomacia de paz de Noruega y, además, cuentan con el apoyo de la Unión Europea y con cierto beneplácito de la administración del presidente Joe Biden. Esperemos que de estas nuevas rondas de diálogos salga un rumbo de entendimiento en Venezuela, tarea nada fácil pero estrictamente necesaria. Si en Venezuela hay diálogos y apertura a la diferencia, así sea poco a poco, se tomará el único rumbo viable y democrático: entendimiento entre personas venezolanas, sin injerencias ni presiones externas, y mucho menos bloqueos. Desafortunadamente, el Gobierno del presidente Iván Duque va en contravía de una diplomacia que funcione, y persiste en el trillado y fracasado camino de promover sanciones e imposiciones al Gobierno venezolano. Hace pocos días se manifestó a favor de incluir a Venezuela, por parte de los Estados Unidos, en la lista de países promotores del terrorismo. Enorme exabrupto que en nada ayuda a buscar salidas a serios problemas de violencia que se tienen en los dos países y en su zona de frontera; problemas que en medio de una política de mutua hostilidad han aumentado en los últimos cinco años. Colombia y Venezuela deben trabajar en sus temas comunes de manera diplomática, con mutuo respeto y sin injerencias. Ese será un reto para el nuevo Gobierno colombiano (que espero que sea de signo contrario a este); Gobierno que debe trabajar de manera seria y consistente en los retos compartidos con Venezuela, que no son pocos ni fáciles. ¿Seguirá Lima en el Grupo de Lima? Ya veremos.

Por: Línea de investigación de Conflicto, Paz y Postconflicto – Pares Desde la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) presentamos el Boletín #6 sobre masacres cometidas en el país entre el 1 y el 31 de julio de este año. De acuerdo a este reporte, durante este periodo se cometieron 14 masacres que dejaron 46 víctimas mortales. Para el mismo lapso de tiempo del 2020 se habían registrado siete masacres que dejaron un total de 29 personas que perdieron la vida. Estas cifras hacen evidente que tanto el número de hechos como el número de víctimas ha incrementado: el panorama que esta realidad traza demuestra que, lejos de detenerse o mantenerse estable, la espiral de violencia en el país sigue creciendo de forma dramática. En lo que va del año, en total, han sido reportadas 56 masacres en todo el país. A continuación, se encuentran las cifras e informaciones detalladas de las masacres perpetradas entre el 1 y el 31 de julio. Asimismo, más adelante presentamos un mapa con información sobre las regiones en las que han ocurrido estos hechos violentos a lo largo del 2021 en Colombia.

Por: Walter Aldana Político social alternativo Si el lenguaje, como dice el sabiondo don Google, es “la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra”, es claro que se busca cotidianamente, y a través de la historia, la herramienta por medio de la cual se transmita para generar el efecto deseado. Por ello, los detentadores del régimen político se emplean a fondo desde tiempos pasados por hacerse al dominio de los llamados “grandes medios de comunicación” televisivos, radiales y escritos, hasta llegar a pretender controlar, hoy, las redes sociales y, con ello, ahogar al periodismo independiente. Y ahí inician los cuentos con los cuales pretenden engañar al “usuario”: que para ahondar en la democracia se puede y debe tener independencia y autonomía periodística para la información, claro, pero si no estás sintonizado con mi pensamiento y sentimiento, no accedes a la pauta publicitaria (rubro con el cual se financia su operación). Sin sonrojarse, el presidente Duque nos dice a las y los colombianos, a través del diario el Espectador, lo siguiente: “mi conclusión es que nuestro Gobierno ha hecho mucho más que lo que hizo en veinte meses el Gobierno anterior para la implementación del Acuerdo”. Claro, mucho más por volverlo trizas; por pretender una “paz con legalidad”, que en su mal significado es no cumplir o rechazar aspectos como la presencia de exintegrantes de la otrora guerrilla de las FARC-EP en el Congreso de la República, la elección de la circunscripción especial de paz, de las 16 curules para las víctimas del conflicto armado y el mínimo cumplimiento del punto 1 de la agenda sobre reforma rural integral. Ante la masiva participación de jóvenes en el paro nacional, su estrategia es la de desconocer una posible negociación nacional y proyectar acciones de “pactos” donde lo regional tiene peso, porque además diluye respuestas, presupuestos y resultados. Para ello, la palabra se desplaza como la luz, en tiempo real, por redes sociales y por los grandes medios de comunicación, dando por cierto mentiras y marrullas, pero generando el efecto deseado de la desinformación. Un señor me dijo en la galería: “Lo que se consiguió con el paro fue que subieran los precios del mercado”. No fue su conclusión, repetía lo dicho por periodistas influenciadores en la opinión. Es lo que distintos grupos de poder quieren para que las personas reneguemos de la exigibilidad de derechos. Y claro, para eso son los dueños de los medios masivos de comunicación (sin olvidar en ningún momento que la responsabilidad de vigilar y preservar los precios es de las oficinas gubernamentales de pesas y medidas, de las alcaldías municipales o los distritos especiales). La frase “calumnia que algo queda” (famosa expresión del filósofo y escritor inglés Francis Bacon en su obra “De la dignidad y el crecimiento de la ciencia”, escrita en 1625) es la máxima del modelo capitalista neoliberal y aperturista, del cual cada día, con el lenguaje del “responsabilidad de todos”, se nos quiere hacer partícipes de la falta de oportunidades, de la deuda social de los gobernantes con los territorios e incluso del abuso de la fuerza de las autoridades policiales ante las protestas (asimilando marchantes con vándalos). Nosotras y nosotros también construimos, frente al lenguaje de la muerte económica, social, cultural y de derechos humanos, un lenguaje de humanidad, de esperanza y de fuerza. Ese lenguaje inicia con la verdad de que necesitamos hacer de esta una sociedad decente. La sociedad justa se dará cuando cambie el modelo, y eso depende también de usted si lo iniciamos en el 2022.

Por: Juan Sebastián Hernández Asistente de investigación Línea de Democracia y Gobernabilidad – Pares La crisis social, económica y política en Venezuela se ha venido agudizando en los últimos 5 años. Tras el bloqueo económico, la hiperinflación, el desabastecimiento y la persecución política, se ha producido un éxodo de personas de ciudadanía venezolana a diferentes países de América Latina y el mundo. El Gobierno de Nicolás Maduro ha lanzado varias estrategias para intentar mantener a flote la economía del vecino país tras la caída del precio del barril de petróleo, sin embargo, estas no han sido suficientes. A cambio de conseguir combustible, el Gobierno venezolano ha vendido su oro a países como Irán, por lo que entre 2019 y 2020 las reservas de oro del país se redujeron 7 toneladas: es decir, pasaron de tener 105 a 98 toneladas, avaluadas en 5.000 millones de dólares a diciembre de 2020. Otra de las estrategias del Gobierno de Nicolás Maduro para salvar la frágil economía de Venezuela fue ordenar al Banco Central la impresión y emisión de más billetes para su circulación. En 2020 fue importado papel moneda en el que se pensó imprimir el billete de 100.000 bolívares (equivalentes en ese entonces a 25 centavos de dólar), y en 2021 fueron presentados los billetes de 200.000, 500.000 y un millón de bolívares. Este último equivaldría, aproximadamente, a 52 centavos de dólar y sería el billete de mayor denominación de la moneda del vecino país. No obstante, de acuerdo con el Banco Central de Venezuela, en 2018 la hiperinflación en el país llegó al 130.000%; y según el Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto se ha reducido a más de la mitad desde 2013. Lo anterior ha llevado al Gobierno venezolano a revaluar la posibilidad de dolarizar su economía, lo cual, aunque no se ha dado de manera oficial, se ha venido dando de facto. A pesar de que Maduro ha manifestado en varias ocasiones que defenderá el bolívar, la dolarización se ha vuelto una alternativa para solventar en el corto plazo la crisis que viven. De acuerdo con la encuesta Econanalítica, se estimó que las transacciones en dólares ya representan más del 53% en territorio nacional, y en ciudades como Maracaibo aproximadamente el 86%. En vista de que hay ciertos grupos de la población que utilizan esta moneda de manera constante para el pago de bienes y servicios, en algunos de los sectores más exclusivos del país, varias tiendas y supermercados facturan ahora en dólares. A algunas de estas personas, que mueven grandes cantidades de dinero con la moneda estadounidense, se les conoce popularmente como ‘enchufados’, término que acuñó Enrique Capriles para referirse a los ‘nuevos ricos’, que, a diferencias de los ‘boliburgueses’ (que eran los ricos en la bonanza petrolera y que provenían de familias adineradas o habrían hecho grandes negocios con el oficialismo), son personas allegadas al régimen y se han visto favorecidas de la burocracia estatal sin tener ningún tipo de origen adinerado o empresarial. Las grandes perjudicadas son aquellas personas (con sus respectivas familias) que ganan en bolívares y cuyo salario no alcanza para consumir bienes básicos, aumentando así la dependencia de las ayudas del Estado. En enero de 2021, Nicolás Maduro anunció su intención de avanzar hacia un sistema de pagos digitales, considerando que el dólar circula de manera amplia en la economía venezolana. Esto con el fin de estandarizar la influencia de dicha moneda, pero también de reducir la impresión constante de billetes. No obstante, y como se mencionó previamente, el dólar ha venido ganando influencia en la economía del vecino país y el control por parte las autoridades, con relación al ingreso y flujo de la moneda, ha sido bastante precario; así como también lo ha sido la transparencia frente a la cantidad de dólares que circulan en la economía venezolana. La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) realizó una visita al municipio de Maicao (La Guajira), más específicamente al corregimiento de Paraguachón, para conversar con migrantes sobre la situación económica de su país. Una vez presentes en el Puesto de Control Migratorio, se pudo evidenciar que del lado colombiano hay personas venezolanas y colombianas que cambian dólares, bolívares y pesos sin ningún tipo de control por las entidades competentes. Pares conversó con uno de los intercambiadores de divisas, quien manifestó que los migrantes venezolanos en el exterior consignan en dólares a sus familiares que siguen en Venezuela. Adicionalmente, quienes ya residen en Colombia ahora prefieren cambiar pesos por dólares y no por bolívares. Quienes llegan a la frontera y deciden cruzar hacia el lado venezolano tienen la posibilidad de cambiar pesos por dólares o bolívares en varios puestos (como en el que se ve en la imagen), donde el dólar puede estar cotizándose entre 3.500 pesos y 3.600 pesos colombianos. No obstante, uno de los intercambiadores entrevistado manifestó que, pese a que salen dólares de Colombia hacia Venezuela, la mayoría de dólares que se encuentran en estos puestos provienen del vecino país e ingresan a territorio colombiano, aprovechando la devaluación del peso colombiano con relación a la moneda estadounidense. La ausencia de un control sobre el flujo de estos dineros enciende una alerta sobre su procedencia. Esto en vista de que en Venezuela hay poca transparencia en los datos sobre el ingreso de divisas (que posteriormente pueden llegar a territorio colombiano), así como en la información sobre los dólares que ingresan desde Colombia a Venezuela sin ningún tipo de monitoreo.

Por: Karina Castro CooperAcción – Organización aliada de Pares en Perú En el 2017 nadie sospechaba que Pedro Castillo Terrones, un maestro rural y dirigente de la huelga magisterial nacional que en ese entonces se llevó a cabo, asumiría en el 2021, año del bicentenario de la independencia del Perú, el cargo de presidente de la República. La aparición de Pedro Castillo en el escenario nacional refleja una convergencia de una tendencia a elegir outsider de y la elección, por primera vez, de un representante de los sectores más postergados de la población peruana. Es decir, la llegada de Pedro Castillo a la segunda vuelta electoral y su posterior ascenso a la Presidencia del país fue el resultado de la empatía que despierta un rostro nuevo en la política. En contraposición a las personalidades políticas tradicionales (varias de ellas vinculadas a escándalos de corrupción y a las élites económicas del país), su condición de profesor rural le ayudó a capitalizar las demandas de los sectores sociales más olvidados, quienes lidian constantemente con la ausencia del Estado y con una deficiente prestación de servicios públicos. Tal situación se vio reflejada, con toda claridad, en la abrumadora mayoría que Pedro Castillo logró en muchos de los distritos electorales y regiones con altos índices de pobreza y ocurrencia de conflictos sociales[1]. En medio de una de las más profundas crisis sanitaria, económica y política que el país ha atravesado, y con la fuerte resistencia de las élites económicas y políticas, Castillo Terrones se ha posicionado como una voz entre quienes no tienen voz, contando con el apoyo de los sectores de izquierda y de las organizaciones indígenas para proponer un país con igual de derechos y oportunidades, con cambios estructurales que permitan una mejor redistribución de la riqueza y la reforma de sectores como el de salud y el de la educación, buscando ampliar su cobertura y garantizar calidad[2]. Para alcanzar estos propósitos, un gran desafío para el nuevo Gobierno es conseguir una relación equilibrada con en el Congreso de la República (que está liderado por una mayoría que le es adversa) y resolver las tensiones que tiene al interior de su propio partido. Sobre la problemática de los derechos humanos y, en particular, sobre la situación de las personas líderes y defensoras, no ha habido planteamientos explícitos en el discurso presidencial, pero al haber planteado una mayor democratización, con un Estado intercultural, se tiene la expectativa de que esta problemática sea abordada con seriedad. Cabe recordar que, durante las protestas ocurridas en diciembre en defensa de la democracia, hubo una fuerte represión contra manifestantes que terminó con dos jóvenes muertos. Además, durante la pandemia se han incrementado los ataques y desapariciones de personas defensoras de derechos ambientales y territoriales[3]. Aun cuando se han producido avances en el desarrollo de la normativa para la protección de estas personas defensoras de derechos humanos[4], la limitada implementación de medidas de prevención y —más importante aún — la falta de interés político para atender los factores estructurales de la conflictividad mantienen a los pueblos en situación de peligro. Es una tarea impostergable del Estado: la reivindicación de las comunidades y pueblos originarios, garantizando la seguridad jurídica de sus territorios. Referencias [1] “Elecciones 2021: así votaron las regiones y los distritos más pobres del país”, El Comercio 2021. Recuperado de: https://elcomercio.pe/lima/elecciones-2021-asi-votaron-las-regiones-y-los-distritos-mas-pobres-del-pais-ec-data-noticia/ [2]“Debate Presidencial del JNE: Pedro Castillo y sus propuestas sobre derechos humanos y políticas sociales”, El Comercio, 2021. Recuperado de: https://elcomercio.pe/politica/debate-presidencial-del-jne-pedro-castillo-y-sus-propuestas-sobre-derechos-humanos-y-politicas-sociales-segunda-vuelta-elecciones-peru-2021-fuerza-popular-peru-libre-elecciones-generales-peru-2021-presidente-del-peru-jurado-nacional-de-elecciones-nndc-noticia/?ref=ecr [3]“¿Qué hay detrás de los asesinatos de líderes indígenas en la Amazonía peruana?”, El Comercio 2021. Recuperado de: https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-16/que-hay-detras-de-los-asesinatos-de-lideres-indigenas-en-la-amazonia-peruana.html [4] “La CIDH saluda la creación del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos en Perú”, El Comercio, 2021. Recuperado de: https://www.oas.org/pt/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/111.asp

Por: Laura Cano Periodista – Pares Es época preelectoral y las fichas de los clanes políticos del país se empiezan a mover. No obstante, en la noche de este miércoles se conoció un hecho que podría estar afectando a uno de los clanes que ha dominado en el departamento de Santander: el Clan Aguilar. El día de ayer fue capturado, por el CTI de la Fiscalía, el senador y exgobernador Richard Aguilar. Los motivos que llevaron a la captura de Aguilar tienen que ver con una serie de denuncias que se relacionan con su gestión mientras fue gobernador de Santander. Ocupó ese cargo desde el año 2012 hasta el 2015, periodo en el que se habrían suscrito una serie de contratos, a través de Aguilar, en los que se acusa que hubo irregularidades. Uno de los testimonios clave que llevó a la captura de Aguilar, la cual ocurrió en el norte de Bogotá, fue el de Claudia Yaneth Toledo, quien desde el 2013 fue nombrada como secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Santander. Desde ese cargo, habría llegado a adjudicar contratos por más de 500.000 millones de pesos. Toledo fue capturada en el año 2018 junto con su esposo Lenin Pardo: ambos fueron acusados de participar en una red de corrupción que pedía coimas a cambio de adjudicar contratos. A través de esto habrían llegado a obtener cerca de $2.900 millones. En medio del proceso judicial que se adelanta, Toledo y Pardo se acogieron a la firma de un preacuerdo con el ente acusador a cambio de contar cómo el gobernador encargado, para ese momento, era quien recibía las coimas. “En marzo se tenía que adjudicar una licitación que era la tercera vez que salía a página y por errores del contratista que él (Aguilar) había seleccionado, no se le pudo garantizar la adjudicación y ahí él me llama y me dice: «o me adjudica o me presenta la renuncia, y ahí renuncié»”, contó Toledo a la W Radio. Por otro lado, hay que recordar que Aguilar es investigado desde el pasado mes de marzo por la Corte Suprema de Justicia. Desde allí, la Sala de Instrucción le abrió investigación formal por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propio y de terceros. Además, también se establece que pudo haber una posible concertación para delinquir, hechos en los cuales, al parecer, abusó de su poder y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva. Vale la pena señalar que las presuntas irregularidades estuvieron relacionadas con los contratos que se dieron para el reforzamiento del estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga (2015), para las obras de mejoramiento en la carretera San Gil-Charalá (2014) y en el corredor vial Agroforestal y Energético (2014), así como para las labores de mejoramiento en la vía Bucaramanga-Floridablanca (2014). “Teniendo en cuenta que la investigación adelantada por la Corte implica a otros posibles partícipes en los hechos de corrupción administrativa indagados, la Sala Especial de Instrucción compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las eventuales acciones penales que considere pertinentes”, se lee en el comunicado del ente de justicia. Mientras tanto, Aguilar permanece en el búnker de la Fiscalía de la ciudad de Bogotá, desde donde deberá dar sus versiones sobre los hechos de los que se le acusa. No obstante, hasta el momento, lo que ha dicho el exgobernador es que se trata de falsos testimonios por parte de personas “que buscan obtener rebajas de penas a cambio de inculparme. Se esclarecerá la verdad, brillará la justicia». El Clan Aguilar: un entramado de poder y cuestionamientos Este es uno de los tantos clanes que mandan en Colombia y que se ha impuesto en el departamento de Santander a través de Hugo Aguilar, padre del hoy capturado Richard Aguilar. Hugo Aguilar llegó a la Gobernación en el año 2004, luego de haber pasado por el Ejército y después de haber sido diputado en el año 2000 por el partido Convergencia Ciudadana. En la Gobernación, en donde estuvo desde 2004 a 2007, se destacó por su inversión en turismo. Incluso en este periodo se dio la creación del Parque Nacional Chicamocha, uno de los atractivos turísticos más importantes y reconocidos de Santander en la actualidad. En las elecciones de 2007, el Clan Aguilar puso sus fichas en la candidatura de Didier Tavera como aspirante a la Gobernación de Santander. Sin embargo, en el cargo quedó Horacio Serpa. En 2009, Covergencia Ciudadana (el partido político que venía apoyando todas las movidas del Clan) tuvo que cambiar su nombre por Partido de Integración Nacional. Esto luego de que algunos de sus dirigentes y miembros se vieran implicados en hechos de parapolítica. En esta situación estuvieron involucrados Luis Eduardo Vives, Eleonora Pineda, Luis Alberto Gil, Luis Alfonso Riaño y Juan Manuel Herrera, quienes fueron acusados de tener vínculos con grupos paramilitares. Además, este partido también había acogido a Rito Alejo del Río, quien, hay que recordar, ha estado relacionado con múltiples hechos victimizantes. Por ejemplo, tuvo relación con la Operación Génesis, en la que fue asesinado el campesino Marino López. Asimismo, del Río ha sido relacionado con la masacre de Mapiripán (Meta) y con el asesinato de Jaime Garzón. Además, siendo comandante de la Brigada XVIII de Antioquia en 1995, se convirtió en uno de los principales aliados del entonces gobernador del departamento, Álvaro Uribe Vélez, en la ofensiva militar contra los grupos guerrilleros, que se convirtió por años en la bandera política del expresidente. Adicionalmente, ha sido acusado de ser uno de los responsables de los casos de ejecuciones extrajudiciales (‘falsos positivos‘) que fueron cometidos por casi una década en el país. Todo lo anterior se encontraría estrechamente relacionado con su cercanía con grupos paramilitares. Volviendo con la reestructuración del partido, el Partido de Integración Nacional (PIN) tuvo uno de sus primeros saltos políticos a través de la apuesta que hicieron lanzando en el 2010 a Mauricio Aguilar, uno de los hijos de Hugo Aguilar, al Senado. No obstante, el año que pasaría no sería de los mejores para el Clan, pues mientras Hugo volvía a sonar para la Gobernación de Santander, “la Procuraduría lo inhabilitó veinte años para ejercer cargos públicos por el apoyo que recibió de los Bloques Central Bolívar y Puerto Boyacá para llegar a la Gobernación en 2003”, se afirma en el libro “Los clanes políticos que mandan en Colombia”, una de las investigaciones que ha hecho la Fundación Paz y Reconciliación, en cabeza de León Valencia, sobre clanes políticos. Esta situación dio paso a que entrara a la política Richard Aguilar, quien para ese momento ya se había desempeñado como cónsul de Colombia en Chile. Él tomó la candidatura a la Gobernación, pero ya no a través del PIN, sino por firmas bajo el movimiento ‘Santander en Serio’. Finalmente, quedó electo como mandatario del departamento, a donde llegó con un caudal electoral de 481.000 votos. Sin embargo, mientras esto pasaba, por orden de la Corte Suprema de Justicia, su padre había sido capturado por la investigación que se le adelantaba debido a sus nexos con grupos paramilitares. Esto llevó a que en 2013, dos años después, se le condenara formalmente a 9 años de cárcel por concierto para delinquir agravado, ya que había firmado una alianza con las AUC para quedar como gobernador 10 años atrás. Richard Aguilar gobernó con la sombra de esta condena a su padre y, además, su hermano, Mauricio Aguilar, fue reelegido en el Senado. En el 2015, el Clan vivió algunos sucesos importantes: por un lado, perdió la Gobernación, en donde quedó Didier Tavera, a través del Partido Liberal. Por otra parte, en ese mismo año, le fue concedida la libertad condicional a Hugo Aguilar. Sin embargo, en 2018 fue capturado de nuevo y tras varias solicitudes de libertad condicional argumentadas por presuntos quebrantos de salud, estas han sido negadas y permanece en un centro de reclusión militar. Mientras esto ha ocurrido, entre Mauricio y Richard Aguilar han sabido dominar el Clan, pues en el 2018 Mauricio renunció al Senado y le hizo puente a su hermano para que llegara al Congreso de la mano del partido Cambio Radical. Entre tanto, en 2019 Mauricio Aguilar se posesionó como gobernador de Santander apoyado por el partido Conservador. Es decir, aun y con los inconvenientes judiciales del Clan Aguilar (que hoy vuelven a ser noticia) esta familia no se ha bajado del poder. ¿Un golpe para el Clan Aguilar de cara a las elecciones del 2022? Aunque el panorama electoral, en muchos sentidos, aún no es lo suficientemente claro, vale la pena preguntarse hasta qué punto esta detención de Richard Aguilar podrá afectar el poder que ha construido el Clan y que les ha servido para sacar provecho en cada jornada de elecciones. Precisamente sobre esto nos habló Juan Sebastián Hernández, investigador nacional de la Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad de Pares, quien analizó que: “Esta decisión definitivamente sí afecta al Clan. Pero también hay que decir que muy seguramente Richard va a utilizar la misma estrategia de Uribe, y es posible que renuncie al Senado para que su caso lo tome la Fiscalía. Esto empieza a desestabilizar el Clan en la medida que pierden al senador que tienen, que posiblemente es su carta más importante y con la que seguramente se iban a relanzar para una reelección en 2022. Así que, si cae una de las cabezas del Clan, es más fácil que sean otras personas diferentes al núcleo familiar las que vayan a lanzar a cargos en los que por años han estado los hermanos Mauricio y Richard, y el padre Hugo Aguilar. Eso deja muy mal posicionado al clan”. Nota del editor: para el momento de la publicación de este artículo se ha dado a conocer que, luego de su captura, Richard Aguilar ha renunciado a su curul en el Senado. En su momento, los exsenadores Álvaro Uribe (Centro Democrático) y Eduardo Pulgar (Partido de la U) tomaron esta misma decisión cuando fueron detenidos por orden de la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión implica que su caso podría dejar de corresponderle a este tribunal y que pasaría a ser asumido por la Fiscalía General de la Nación.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Después de 16 meses de estar distante de los campus universitarios –debido a las medidas de aislamiento preventivo por la covid-19–, tanto docentes y estudiantes como el personal administrativo de las instituciones de educación superior (IES) se preparan para retornar a las actividades presenciales. Lo hacen siguiendo los lineamientos que ha dado el Gobierno nacional –a través de la Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y de varias circulares del Ministerio de Educación–, los cuales autorizan el regreso a la educación presencial y el reinicio de una “vida normal”. Además, esto ocurre en un momento en el que la mayoría de docentes y del personal administrativo de las IES ya cuentan con vacuna contra la covid-19. Esta es una decisión muy pertinente, sobre todo, porque busca atender de manera urgente dos de las consecuencias más dañinas que ha traído el aislamiento para la población universitaria: por un lado, los graves problemas de salud mental y, por el otro, el deterioro de la calidad en el servicio educativo. Del primer problema, aunque todas las personas lo reconocen, se habla poco. Transcurridas varias semanas del inicio del aislamiento social obligatorio, comenzaron a conocerse los problemas que profesores, profesoras y estudiantes tuvieron con el cambio de hábitos que implicaba empezar a trabajar y estudiar desde casa. Debido al confinamiento social se hicieron comunes las historias de miedo, ansiedad, aburrimiento y depresión. Del segundo asunto, apenas comienzan a sentirse las consecuencias: por un lado, la producción académica de docentes y personas dedicadas a la investigación se ha menguado y, por el otro, las curvas de aprendizaje de las y los estudiantes se han reducido. El confinamiento ha provocado una caída en la calidad de la educación: hoy se siente el vacío en los conocimientos adquiridos y en el desamor por el saber. Para alguien que estudia no es lo mismo atender una clase virtual –donde solo se ven las iniciales de los nombres y se escuchan voces sin rostro– que estar departiendo en el aula de clase y compartiendo experiencias con las demás estudiantes. Tampoco es lo mismo para docente, trabajar con un colega en la oficina o en el laboratorio que atender una llamada cada ocho días para ver cómo va un proyecto o cómo avanza la escritura de un texto. Estudiantes y docentes reconocen que los espacios universitarios son un poderoso dispositivo para incentivar el aprendizaje y el trabajo colaborativo. En el campus se trabaja en un proceso formativo multiespacial donde los pasillos, los auditorios y las bibliotecas se convierten en lugares para el desenvolvimiento del llamado “currículo oculto”, con el cual se complementa la formación profesional en valores, hábitos y mayores conocimientos. De allí que la población universitaria reclame el reencuentro: quiere refrescar la imagen del compañero ausente o, si se quiere, conocer por primera vez a aquellos compañeros de estudio a quienes, pese a haber compartido durante casi tres semestres, tan solo han escuchado en un par de ocasiones. Insisten en regresar a los espacios universitarios como forma de atender con urgencia los problemas de salud mental y de deterioro de la calidad educativa. En síntesis, el campus universitario es un espacio para la formación integral profesional, personal y ciudadana. Allí se fortalecen los lazos sociales, se trabaja en el desarrollo psicosocial y, en especial, se gestionan las emociones y se cuida la salud mental de jóvenes y adultos. Todo esto genera unas mejores condiciones de vida y fortalece la educación de calidad. Regreso a las ciudadelas universitarias que debe darse de manera controlada y por etapas, pues la pandemia ha llegado para quedarse y aún persiste el riesgo de contagio. Lo que se debe hacer es aceptar la realidad y convivir con ella. Regresar a los lugares habituales de trabajo y estudio para continuar con una vida que –aunque nunca será la misma de antes– se añora y desea. Y, como ocurre con todo, este retorno plantea unos retos para los implicados: Estado, directivas administrativas de las IES, profesorado y población estudiantil. Sobre estos desafíos hablaré en la próxima columna.

Por: Laura Cano Periodista – Pares El pasado 26 de junio se conoció que en la ciudad de Cúcuta se había cometido un atentado contra el presidente Iván Duque mientras se trasladaba, junto con otros funcionarios, entre Sardinata y la capital nortesantandereana (zonas en las que se encontraba desarrollando compromisos relacionados con la agenda presidencial). Solo unos días antes se había perpetrado un atentado contra la sede de la Trigésima Brigada del Ejército, ubicada en Cúcuta. En este hecho, ocurrido el 15 de junio, hubo un saldo de 36 personas heridas. Sobre estos casos y otra serie de hechos que ocurrieron en esta región, se adelantaron varias acciones que incluso habían llevado a la captura de varias personas, entre ellas la de algunas que pertenecían al ‘Frente 33’ de las disidencias de las FARC, así como la de un exmilitar, Andrés Fernando Medina, y la de un funcionario de la Unidad Nacional de Protección. Sobre el exmilitar hay que decir que la Fiscalía lo señala de planear el accionar contra el presidente Duque y, también, de haber ingresado la camioneta con explosivos a la instalación militar. Si bien, como se mencionó anteriormente, ya se había asociado al ‘Frente 33’ de las disidencias con esta serie de hechos que venían ocurriendo, fue hasta el pasado 24 de julio cuando el grupo armado, más exactamente el ‘Bloque Magdalena Medio’, se atribuyó tanto los dos hechos mencionados como el ataque a la patrulla de la Policía Metropolitana de Cúcuta, en el barrio Cerro Pico. Este hecho ocurrió días después de lo sucedido en la Brigada 30, de los hostigamientos a bases militares en Teorama, Hacarí y otros municipios de Norte de Santander, y de los golpes a infraestructuras de empresas mineras, entre otros sucesos violentos. Esta responsabilidad la asumieron a través de un video en el que, además, se refirieron a otros temas e hicieron varios llamados al Estado. Entre estos, se pronunciaron sobre los más recientes anuncios del Gobierno sobre sus avances y las recompensas que están dando para la captura de los integrantes de este grupo: “No le mientan al país haciendo creer que tienen todo bajo control, cuando los problemas sociales son muchos más. Esas recompensas la podrían invertir en desarrollo, proyectos productivos, educación, vivienda y salud, y lo que nosotros gastamos en nuestra defensa también podríamos invertirlo en temas favorables para el pueblo». Adicionalmente, afirmaron: «nuestro único interés es hacer de las FARC-EP una alternativa del país donde se sientan representadas las mayorías. No estamos pensando en vivir 50 años matándonos entre pobres, tampoco pretendemos quedarnos toda la vida en las montañas. Nuestra meta es materializar el sueño de Manuel Marulanda Vélez, nos sentimos orgullosos de ser continuadores de su legado. (…) Al pueblo colombiano los invitamos a reflexionar y a darse cuenta dónde están los problemas y quien es el responsable de la violencia en el país. Con toda confianza pueden darse a la tarea de conocernos y ser ustedes mismos quienes nos juzguen si en algo estamos fallando». Por otra parte, hicieron referencia a otros de los grupos que hacen presencia en Norte de Santander. Por ejemplo, sobre el ELN dijeron: “A los compañeros del ELN, los cuales hoy vemos como nuestros hermanos estratégicos porque su proyección de país va mucho más allá de un acuerdo de paz: nosotros no somos el problema del país, los guerrilleros de las FARC-EP somos producto de la necesidad debido a las injusticias, el paramilitarismo, los falsos positivos, el abandono estatal, la falta de educación y empleo, el saqueo de los recursos naturales, y el aumento de la guerra, entendiendo que la paz no solo es el silencio de los fusiles». Sobre esa posible relación entre las disidencias de las FARC y el ELN, en esta zona del país, nos habló el asesor de la Línea de Investigación de Conflicto, Paz y Posconflicto, de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), Luis Eduardo Celis: “Estas son fuerzas que se conocen de mucho tiempo atrás: han compartido un territorio, han tenido diálogos políticos, han tenido colaboraciones en ciertos momentos. En otros momentos han tenido disputas, pero un mensaje de este tipo, como el que dicen los disidentes, significa que hay un ánimo de coordinación y de acción conjunta. Eso todavía está por verse, tendría que la dirección del ELN dar ese paso y acercarse a las disidencias, pues hasta el momento no ha habido ningún hecho formal de alianza o colaboración explícita. También yo creo que el ELN está calculando si eso le conviene políticamente o no”. Las respuestas del Gobierno En medio de esto no se hicieron esperar las respuestas del Gobierno, que de nuevo acudió a un discurso ya conocido: que toda esta situación se ha estado cocinando en territorio venezolano. Además, a través de Twitter, Iván Duque afirmó: «Los terroristas que graban videos tartarinescos desde Venezuela para mimetizar su cobardía ya saben de los golpes que les hemos asestado y les seguiremos asestando. No nos intimidan ni nos amedrentan. Seguirán cayendo ante la contundencia de la fuerza pública». Hay que recordar que incluso desde cuando se había dado captura a los presuntos implicados en los hechos, el ministro de Defensa, Diego Molano, había afirmado que “Este atentado fue planeado desde Venezuela. Es necesario hacer una reflexión en la comunidad internacional sobre cómo el régimen de Maduro sigue albergando terroristas desde donde se planean ataques contra la institucionalidad colombiana”. “Sabemos desde tiempo atrás que los irregulares colombianos se protegen en Venezuela. Estos hechos gravísimos del ataque a la Brigada y al helicóptero presidencial son de mucha gravedad por lo que significan políticamente, y sobre esto Iván Duque acusa al Gobierno venezolano de ser cómplice de los irregulares colombianos y en particular de las guerrillas. Yo creo que eso es una verdad, o sea, es una verdad que el Gobierno venezolano es complaciente, pero el Gobierno Nacional no tiene razón en pensar que el mecanismo para superar eso es la denuncia internacional. El mecanismo, más bien, es la cooperación diplomática y política para lograr, por ejemplo, un acuerdo de paz con el ELN y para volver a encauzar un sometimiento de las disidencias de las FARC. El presidente acierta en el diagnóstico y se equivoca en la estrategia”, analizó Luis Eduardo Celis. Por otro lado, vale la pena señalar que el departamento de Norte de Santander es una de las zonas fronterizas del país, y esto implica unas dinámicas particulares que no hay que perder de vista. Como mencionaba hace algunas semanas el investigador regional de Pares en Catatumbo, Cristian Mauricio Peña, “El cierre de la frontera y el congelamiento de las relaciones con el gobierno de Venezuela ha llevado a que grupos armados ilegales mantengan el control de los pasos irregulares fronterizos o trochas. Esto lo han logrado a partir del relacionamiento con estructuras criminales y/o narcotraficantes de procedencia o nexos internacionales. Un ejemplo de ello son los grupos mexicanos que apoyan las dinámicas de estos grupos armados que hacen presencia en la región” (Te podría interesar: Atentado contra el presidente Iván Duque en Norte de Santander: Una zona en alerta). Por otra parte, hay que recordar que en esta zona no solamente tienen presencia grupos guerrilleros, sino que por las dinámicas de zona fronteriza también tienen accionar grupos como ‘Los Rastrojos’, el ‘Cartel de Sinaloa’, ‘Jalisco Nueva Generación’ y el ‘Tren de Aragua’. En total, habría cerca de 37 grupos disputandose el poder en esta zona. Los repertorios de violencia de estas organizaciones criminales incluyen: desplazamiento forzado, amenazas, masacres, descuartizamientos, homicidios y desapariciones forzadas, así como violencia sexual y explotación, sobre todo en los pasos irregulares que hay para pasar de un país a otro (Te podría interesar: Retratos del abandono en la frontera colombo-venezolana: una reflexión sobre la población y el territorio). Este panorama muestra que, más allá de las soluciones guerreristas, esta zona necesita acciones estructurales que atiendan a lo complejo del contexto y de las dinámicas de violencia que se han venido agudizando.

Por: Ximena Sierra Investigadora regional en el Bajo Cauca – Pares De acuerdo a la información suministrada por la Unidad de Víctimas y la Personería municipal de Ituango, hasta el día de ayer, 26 de julio, 3.721 personas habían sido desplazadas debido a la crisis humanitaria que se vive en este municipio de Antioquia. La principal causa de esta sitación serían las constantes confrontaciones entre el grupo armado organizado (GAO) ‘Clan del Golfo’ y el grupo armado Post-FARC (GAPF) ‘Frente 18’ (Podría interesarte: Ituango: entre la violencia y la ola invernal). Sin embargo, el día de hoy, Edwin Mauricio Mira, alcalde de Ituango, reveló que la cifra aumentó y que se tiene registro de al menos 4.041 personas que han resultado desplazadas. Como parte del seguimiento que hemos hecho desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) a esta situación de violencia que se está presentando en el municipio de Ituango, presentamos esta entrevista realizada a Sara Botero, defensora de derechos humanos e integrante de la corporación Nibaru, una organización que trabaja por la implementación del Acuerdo de Paz y por la salvaguarda de los derechos humanos. Pares: Desde el año 2020, el Proceso Social de Garantías para la labor de las y los Defensores de derechos Humanos en Antioquia (PSG) venía alertando sobre la crisis de seguridad que se vivía en Ituango y en otros municipios de Antioquia. ¿Se habían presentado más alertas respecto a esta situación que ha causado, al día de hoy, el desplazamiento de más de cuatro mil personas en este municipio? Sara Botero: Pares: ¿Por qué razón desde el Gobierno nacional no se ha hecho caso a las alertas que tanto la Defensoría como ustedes y otras organizaciones sociales han realizado sobre la situación de violencia en Ituango? Sara Botero: Pares: En el 2021 ya se han registrado dos desplazamientos masivos en Ituango. Las víctimas pertenecen a las mismas comunidades y veredas. Frente a esto, ¿cuál es el análisis que se hace sobre lo que sucede en esta zona de Ituango y por qué son estas veredas las afectadas? ¿Esto tiene alguna relación con temas de economías ilegales? Sara Botero: Pares: Según su experiencia, ¿cuáles serían las medidas más eficaces para atender la actual crisis humanitaria que se vive en Ituango? Sara Botero: