Por: Luis EduardoCelis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares Es otra noche más De caminar Es otro fin de mes Sin novedad Tus amigos se quedaron Igual que tú Este año se les acabaron Los juegos, los doce juegos Únete al baile De los que sobran Nadie nos va a echar de más Nadie nos quiso ayudar de verdad En 1986 se estrenó la canción “El baile de los que sobran”, compuesta por Jorge González e interpretada por el grupo Los Prisioneros. Pronto se convirtió en un himno de la juventud excluida de todos los derechos, no solamente en el Chile de la dictadura de Pinochet, sino en toda Latinoamérica. Es de esas canciones que convocan e interpretan los sueños y frustraciones de las personas excluidas de ayer y de hoy. Ya han pasado casi cuatro décadas desde que “El baile de los que sobran” dio su luz de vida, y sus mensajes de indignación y de denuncia de esa dura realidad que reflejan sus letras se mantienen igual de vigentes. Quizás hoy con más fuerza porque hay una generación de jóvenes que viven plenamente en una sociedad planetaria y ven con agudeza que la vulneración de derechos elementales es un tema de muchas latitudes, y que los causantes de estos desastres son los mismos en todas partes: las personas codiciosas de dinero que lo acumulan de manera desenfrenada. Aquí, allá y más allá se reproducen ciertas lógicas que nos tienen donde nos tienen: acumular y acumular. No importa a qué costo: se puede pasar por encima de la vida humana, devastar la naturaleza, aliarse desde el poder con criminales y déspotas. Todo ello se vive en los cinco continentes. Atropellos siempre ha habido en la historia de la humanidad. Excluidos siempre, abusos siempre, pero contra todo ello cada generación ha luchado desde tiempos remotos. Cada generación ha tenido, por un lado, grupos establecidos en el poder y en el control de los recursos y, por otro, grupos excluidos de estos. Esa ha sido la historia de la humanidad, la cual ha luchado por construir mejores condiciones para vivir en comunidad. En el siglo XIX recuperó la idea de democracia de los griegos (que quedó excluida durante los regímenes esclavistas y feudalistas en Asia y Europa durante mas de quince siglos, y luego vino el desarrollo del capitalismo como forma predominante de organización económica con sus respectivas formas sociales y políticas); entonces resurgió la vieja idea de democracia y su paralelo de naciones y Estados nación. Y en esas llevamos fácilmente dos siglos largos desde la independencia de los Estados Unidos y la toma de la Bastilla (por colocar dos grandes referentes de la acción política), hitos históricos que promovieron la fuerte idea de democracia liberal que se impuso en buena parte del mundo hasta el presente. “El baile de los que sobran” es una abierta crítica a ese orden social de exclusiones, donde no hay derechos sino mercancías: la educación, la alimentación, la vivienda, el vestirse, la salud, todo es mercancía a la que se puede acceder, en un abanico de posibilidades de menor a mayor calidad, si se tiene dinero para adquirir esos derechos vueltos mercancías. Esa ideología se propagó por el mundo desde finales de los años setenta del siglo pasado, y todo lo construido como estado de bienestar, luego de la segunda guerra mundial en Europa y Norteamérica, empezó a ser desmontado. En América Latina, donde el Estado ha sido precario y el bienestar una palabra para pocos, se presentó un ciclo de políticas en el que el énfasis estaba en el mercado y en la oferta de muchos derechos como mercancía. Entonces vino el esplendor de las políticas neoliberales con su mensaje de que había que crecer y crecer, y que luego vendrían los derechos; pero nada de eso fue realidad y América Latina se convirtió en la región más desigual del mundo, y Colombia en la más desigual entre los desiguales. Hoy hay un proceso constituyente en Chile y las personas jóvenes que durante la dictadura aireaban su rebeldía en las calles de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar o en el sur de los Mapuches han crecido y hoy están entre los cincuenta y los sesenta años. Hoy son parte de la Asamblea Constituyente que debe darle a esa sociedad un referente de derechos para la construcción de una realidad con ciudadanías de calidad. Si alguien sabe sobre lo que significa el nefasto neoliberalismo es la sociedad chilena, donde el crecimiento económico no se ha traducido en derechos universales ni en mejoras de la calidad de vida, sino todo lo contrario. Ya veremos qué resulta de este proceso constituyente y de una acción política que pugna por transformaciones. En Colombia hemos vivido el baile de la juventud: marchas alegres y multitudinarias. La juventud no quiere seguir viviendo en la exclusión, quiere derechos y democracia de calidad, no esta farsa de democracia llena de sangre y de mafias. También por estas tierras, con un proceso constituyente de hace tres décadas, hay una constitución por hacer vigente y universal para el conjunto de la sociedad colombiana y garantizar, así, los derechos de todas las personas: aquí, como en Chile, hay una sociedad buscando transformaciones y democracia de mayor calidad. Los que sobran en este orden capitalista se están rebelando al abuso del poder. “Los que sobran” es un libro de Juan Carlos Flores que expone, con evidencia y rigor, cómo se ejerce el poder de manera abusiva y excluyente en buena parte de este planeta que está amenazado por una forma de producir y de relacionarnos que nos tiene ante la posibilidad de un proceso de extinción como especie humana. Ante estos enormes desafíos hay y vendrán nuevas generaciones que luchen contra la exclusión. Esa ha sido la historia de la humanidad desde que vivíamos en cavernas: el incesante transcurrir de todas las sociedades, con sus enormes desafíos, a esta generación y a las que vienen. Mientras haya planeta para habitar nos corresponde seguir pensando y luchando por una vida buena y digna para todas y todos.

Por: Walter Aldana Político social alternativo El Gobierno nos cree de pensamiento, análisis y recuerdo corto (o, cuando menos, con alzheimer histórico). No sé si a ustedes les pasa cuando ven una película gringa sobre la guerra de Vietnam que, con la sonrisa de cabildante Nasa, expresan un “pobrecitos” cuando finaliza el filme con el triunfo norteamericano. Y es real que un Gobierno que no empodera al oponente, no lo reconoce y lo humilla ofendiendo su inteligencia, termina haciendo campañas de tan limitado contenido como las que hemos visto en este segundo mes de paro nacional con el nombre de “el pacto por las juventudes”. Iniciaron con el discurso trillado de “tú propones y entre todos hacemos”. Como no les funcionaron las mesas regionales con gobernadores y alcaldes, le entregaron al “eficiente” Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) la responsabilidad de convocar espacios a los que los y las jóvenes que se han movilizado no han asistido, pues conocen del manejo maniqueo y mediático del tema. Y hagamos un recuento de metidas de pata del Ejecutivo y su equipo de gobierno (al que, dicho sea de paso, se entra luego de presentar el prontuario, ya sea en la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría o altas cortes): basta recordar, por ejemplo, la respuesta destemplada del presidente Duque ante las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), o la de la “alta” Consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, expresando que “las recomendaciones no son vinculantes o de obligatorio cumplimiento”. Cambiar el uniforme de la Policía es tanto como vender el sillón de la casa para evitar la infidelidad. La ideología no se lleva en el verde oliva, o ahora en el vestido similar al de cartero inglés; la ideología se forma en las escuelas de guerra, con asesorías como las del culebrero de la teoría de la revolución molecular disipada (base de la campaña ‘Ojo con el 2022’). En estos centros se preparan expertos y efectivas unidades que, luego de pensionarse con régimen especial, pueden disfrazar su mercenarismo como “asesoría en seguridad a los gobiernos extranjeros” o a quien lo solicite, como en Haití. Además, enviar allí una periodista española para “lavarles la cara” desde su servil revista Semana es humillar a los gobernados, es creernos con tan solo tres dedos de frente. ¿Qué nos cree el Gobierno? Si sabemos leer y supimos la noticia inocultable de los millones de dólares que su “adalid” de la democracia autoproclamado presidente, Juan Guaidó, está en calzas prietas por no dar razón de más de 200 millones de dólares con los que USAID expresa «ayuda humanitaria», con razones políticas, en nuestro hermano país de Venezuela. Y de peor recibo fueron las declaraciones de la canciller, Marta Lucía Ramírez, exigiendo tratamiento humanitario a las movilizaciones en Cuba, cuando acá tenemos más de 50 personas muertas en dos meses de paro, aproximadamente 129 jóvenes desaparecidos y alrededor de 35 personas afectadas en la cara y en la visión. La vicepresidenta, como diría mi abuelita Laura Rosa, parece un burro hablando de orejas. Fotos con amigos que los acompañan y aplauden en las manifestaciones públicas porque practican su ideología, pilotos y amigos dueños de avionetas que transportan cocaína saliendo desde el aeropuerto militar… en fin, el Gobierno de veras nos cree caídos del zarzo. El Gobierno pensó que aguantaríamos todo lo que hicieran y dijieran, que con la frase candorosa de que “es responsabilidad de todos y que entre todos mejoraremos” no nos movilizaríamos; que seguiríamos creyendo que el bienestar y la alegría tan solo en el cielo la conseguiríamos (sufran en esta tierra que en la otra vida gozarán). Y lo peor es que no se han dado cuenta de que despertamos. En una sociedad donde los mandatarios humillan a su población, la pregunta tiene vigencia: ¿Qué nos creerá el gobierno?

Por: Ximena Sierra Investigadora regional en el Bajo Cauca – Pares La crisis humanitaria que hoy se presenta en el municipio de Ituango, en el Norte de Antioquia, es la muestra del fracaso de la estrategia de seguridad del presidente Iván Duque, que, a tres años de su mandato, no ha podido garantizar la seguridad en esta zona del país. Según registros que tiene la Unidad de Víctimas y la Personería municipal de Ituango, hasta el día de hoy, 26 de julio de 2021, serían 3.721 personas, pertenecientes a 1356 familias provenientes de 29 veredas, las que se han desplazado desde el pasado 21 de julio y se encuentran en el casco urbano del municipio. A esto se le suman los desplazamientos de cuatro veredas del municipio de Peque que limitan con Ituango. Según la Red de organizaciones sociales y campesinas del Norte y Bajo Cauca (REDOSC), serían 35 personas de 12 familias las que han llegado desplazadas en las últimas horas al casco urbano del municipio de Peque. Y es probable que con el pasar de las horas las cifras aumenten. Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) hemos hecho seguimiento a la situación de seguridad que se está presentando en el municipio de Ituango. Los desplazamientos que hoy se registran son resultado de la confrontación que sostienen por este territorio el grupo armado organizado (GAO) ‘Clan del Golfo’ y el grupo armado Post-FARC (GAPF) ‘Frente 18’. Ituango tiene un valor estratégico para estos GAO, pues desde allí pueden hacerse con el control del Nudo del Paramillo, región que representa un área estratégica para el desarrollo de economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. Quien controle dicho territorio tendría garantizada una retaguardia que le permitiría incursionar en Urabá, Chocó, la costa atlántica, Antioquia y conseguir el tránsito hacia el sur de Bolívar. Además de lo anterior, es una zona donde actualmente hay intereses de proyectos mineros multinacionales. A lo anterior se suma la emergencia que se vive a raíz de las fuertes lluvias que se registraron el pasado 22 de julio, ocasionando el derrumbe de la vía que comunica a Ituango con la ciudad de Medellín y dejando, así, en estado de confinamiento a la población de ese municipio. Los derrumbes en la vía impiden el ingreso de víveres y otros insumos vitales para atender la emergencia humanitaria y las necesidades básicas de los ciudadanos y las ciudadanas de Ituango. Una tragedia advertida En el 24 de enero del año 2020, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta AT 004-20, donde anunciaba el riesgo de seguridad de las veredas que hoy se encuentran desplazadas en su totalidad por la presencia del ‘Clan del Golfo’ y de los GAPF frentes 18 y 36. En esta alerta, la Defensoría hizo 26 recomendaciones a las diferentes instituciones de orden nacional y local que hacen presencia en el municipio y que están en la obligación de garantizar la seguridad de la población. A las alertas emitidas por la Defensoría se le suman las realizadas por diferentes organizaciones sociales como el Proceso Social de Garantías para la labor de las y los defensores de derechos humanos en Antioquía y la Red de organizaciones sociales y campesinas del Norte y Bajo Cauca, que en el año 2020 advirtieron del riesgo de la denominada operación “mil”, que buscaba el control por parte del ‘Clan del Golfo’ del municipio de Ituango, y del despliegue del “COMANDO ANTIPARAMILITAR” de las disidencias del Frente 36 y 18, que buscaban frenar la expansión del ‘Clan del Golfo’. El pasado 15 de febrero se registró un desplazamiento masivo en Ituango. Para ese entones, 1.028 personas fueron desplazadas desde las veredas. Y hoy nuevamente estas personas vuelven a ser víctimas del accionar violento de estos grupos armados y de la lucha que sostienen. Cinco meses después se evidencia que las recomendaciones y alertas que se realizaron para prevenir estos desplazamientos no han sido tomadas en cuenta y que las acciones del Gobierno nacional, departamental y municipal han sido insuficientes e ineficaces para garantizar la seguridad y los derechos de la población. Una estrategia de seguridad que no funciona A tres años del Gobierno del presidente Duque, la situación de seguridad en el departamento de Antioquia y en el municipio de Ituango es desalentadora. Según cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), entre los años 2019 y 2020, en Ituango se han registrado 2.669 personas desplazadas (cifra que ya fue superada con los dos desplazamientos masivos que se han presentado en 2021). Por otra parte, las tasas de homicidio en Ituango, durante los años 2019 y 2020, fueron de 116,70 y 165,53 por cada 100.00 habitantes. Del 1 de enero al 30 de junio de 2021, el Instituto Nacional de Medicina Legal ha registrado 20 homicidios en Ituango que representan una tasa de homicidios de 70.87 por cada 100.000 habitantes. Por otra parte, el asesinato de personas líderes sociales en 2021 en este municipio de Antioquia no se detiene. El 10 de enero fue asesinado Luis Alfredo García, integrante de la organización de campesinos de Ituango. Al parecer el GAO responsable del hecho habría sido el ‘Clan del Golfo’, que acusó al campesino de haber pertenecido al frente 18. A la difícil situación que se vive en materia de seguridad en Ituango, la respuesta institucional se centra en ofrecer recompensas que permitan dar con los autores del hecho, como lo hizo el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suarez, quien ofreció 50 millones de pesos por información sobre alias ‘Camilo’, presunto responsable de las amenazas a los campesinos y campesinas que causaron el desplazamiento masivo de estas 29 veredas. Esta acción hace parte de la estrategia de seguridad que se ha planteado desde el Gobierno nacional para combatir a las estructuras armadas ilegales y que centra su estrategia en la captura o dada de baja de los cabecillas de los diferentes GAO y en la lucha antidrogas, desconociendo otros factores generadores de violencia, como lo ha sido el incumplimiento del Acuerdo de Paz y la falta de garantías para el proceso de reincorporación de las personas excombatientes firmantes del acuerdo de paz, del antiguo ‘Frente 18’, que fueron desplazadas el 15 de julio de 2020 al municipio de Mutatá debido a amenazas y al asesinato de 12 excombatientes del ETCR Román Ruíz, ubicado en la vereda Santa Lucía. Los recientes desplazamientos masivos de familias campesinas, líderes sociales y funcionarios públicos, que se han presentado en Ituango (entre los años 2019, 2020 y 2021), complejizan la grave situación de seguridad que se vive al norte del departamento de Antioquia, donde las alianzas y disputas entre los tres principales grupos armados ilegales en enfrentamiento (‘Clan del Golfo’ y GAPF Frentes 18 y 36) se han convertido en la principal causa de distintos tipos de violencia contra los y las habitantes de esta zona del departamento de Antioquia. Desde Pares hacemos un llamado al Gobierno nacional para que cumpla con los compromisos derivados del Acuerdo de Paz y para que garantice la prevención, la atención y la no repetición de estos hechos victimizantes que afectan hoy a la población del municipio de Ituango.

Por: Nataly Triana Guerrero (Asistente de investigación) y Sergio Mesa (Colaborador) Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad – Pares El próximo 25 de julio habrá elecciones atípicas en el Municipio de Tarazá, Antioquia, debido al fallecimiento por covid-19 del alcalde Miguel Ángel Gómez del Partido Liberal. La Alcaldía será disputada por el candidato del Partido Conservador y Cambio Radical, Héctor Leónidas Giraldo Agudelo, y por el candidato del Partido Liberal, Dawinson Gómez Tamayo. Ambos candidatos con fuertes cuestionamientos De acuerdo con la Registraduría, son 25.850 las personas habilitadas para ejercer el derecho al voto: 6.534 hombres y 12.316 mujeres. Serán instalados 10 puestos de votación con 57 mesas y 365 jurados. El heredero Dawinson Gómez es hijo del alcalde fallecido y su candidatura estaba en vilo por este vínculo familiar. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de la resolución No. 2456 de 2021, revocó su decisión sobre la inhabilidad, permitiéndole a Gómez participar en la contienda electoral como heredero del caudal político de su padre. Los cuestionamientos alrededor de Gómez estarían relacionados con dos procesos privados: uno con el Juzgado Promiscuo Municipal de Caucasia y otro con el Juzgado Municipal de Medellín. De acuerdo con las fuentes consultadas, por el carácter de reserva, se desconoce el asunto y el curso de estos. Por otro lado, Dawinson arrastra los cuestionamientos adjudicados a su padre, quien, según la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), estuvo privado de su libertad en los años 2009 y 2010 por dos procesos penales: uno vinculado a peculado por apropiación, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Y el otro proceso estaba ligado a presuntos nexos con grupos armados, específicamente paramilitarismo. Este último se dio en función de los testimonios de Ramiro “Cuco” Vanoy, exjefe de las AUC, quien reveló que Miguel Ángel Gómez, como alcalde de Tarazá, en el año 2001, se benefició de la organización paramilitar en el municipio. Los cuestionamientos no se detienen allí, pues este candidato, tras la muerte de su padre, heredó también las relaciones políticas con el Clan del cuestionado senador liberal Julián Bedoya, quien, según Pares, habría obtenido su título como abogado de forma irregular. La relación de Gómez con Bedoya se demuestra, de acuerdo al investigador Sergio Mesa, por medio de la diputada María Eugenia Lopera, quien fue la representante de esta organización en la oficialización de la campaña de este candidato en nombre del grupo político del senador: Renovación Liberal. El contrincante Por su parte, Héctor Giraldo, según Mesa, tiene cuatro graves cuestionamientos soportados en sendas investigaciones penales llevadas por la Fiscalía: dos investigaciones disciplinarias en la Procuraduría Provincial de Yarumal, un proceso de responsabilidad fiscal ante la Contraloría General de la República (CGR) y una investigación por parte de la Unidad Nacional de Protección. De acuerdo con la investigación llevada a cabo por Mesa, las investigaciones penales que se encuentran activas son las siguientes: Entre las investigaciones penales de mayor gravedad, se encuentra un proceso por presunto abuso sexual contra un menor de 14 años. Este aparente hecho habría sido cometido en 2012 y fue denunciado por la madre del menor en 2014. El proceso se ha logrado dilatar siete años tras haber quedado en libertad, en 2015, por supuesta inexistencia de pruebas para llevarlo a prisión. Al respecto, en 2014, la Procuraduría de Caucasia abrió un proceso de intervención relacionado a las acusaciones por el presunto delito de acceso carnal abusivo contra menor de 14 años. Actualmente esta investigación se encuentra activa y en curso ante la Fiscalía. En relación con las dos investigaciones llevadas por la Procuraduría de Yarumal, estas se encuentran vinculadas a su gestión como alcalde del municipio de Tarazá en el periodo 2012-2015. La primera, de 2016, está asociada a unos hallazgos frente a los recursos del sistema de regalías en una obra del municipio de Tarazá. La segunda, de 2017, es sobre una presunta financiación de gastos de funcionamiento con regalías por parte del mismo municipio. De acuerdo con la última actualización de la Procuraduría, estas investigaciones se encuentran en etapa probatoria desde 2019. Ante la Contraloría General de la República, Giraldo lleva un proceso por responsabilidad fiscal (PRF-2017-01156) en el cual le imputan un detrimento patrimonial por catorce millones cuarenta y siete mil novecientos sesenta y dos pesos. De acuerdo con la investigación de Mesa, “en este proceso también se vinculó a Miguel Ángel Bustos Díaz, ex gerente del Hospital San Antonio, y a Argelia María Julio Vergara, ex secretaria de Planeación y Bienestar Social, quien luego fue gerente del Hospital de Nechí entre 2016 y 2019”. Por último, la investigación en manos de la Unidad Nacional de Protección está sujeta al supuesto atentado contra Héctor Leónidas Giraldo, el día 30 de octubre de 2020, a manos de quien había sido su escolta: Julio Zurique. Según fuentes de Mesa, el escolta estaría buscando un principio de oportunidad al revelar que habría actuado presuntamente por petición de Giraldo para responsabilizar al fallecido alcalde Miguel Ángel Gómez, quien lo había superado en el reconteo de las elecciones del 2019 por 13 votos. En los nexos políticos de Giraldo, se destaca que para el periodo 2012-2015 contó con el respaldo político de Mauricio Tobón, integrante del Clan político de Luis Pérez. Actualmente, cuenta con el respaldo político del representante a la cámara por Antioquia, Germán Blanco, quien, a su vez, pertenece al Clan Suárez Mira. Un futuro incierto Teniendo en cuenta los cuestionamientos presentados, el próximo domingo en Tarazá, quienes se disputarán la alcaldía son dos fuerzas políticas fuertemente cuestionadas que han dominado y/o tienen una herencia política en esta zona del Bajo Cauca. Tarazá no solamente es un municipio que históricamente ha sido desangrado por la disputa de los grupos armados, sino que también ha sido un fortín de clanes políticos y candidaturas cuestionadas. Estos cuestionamientos se dan desde los partidos políticos que los avalan, las investigaciones propias de los candidatos y sus padrinos políticos: el senador Julián Bedoya y el representante a la Cámara Germán Blanco han dejado claro, a través del ejercicio de sus estructuras clientelares, que su único interés es la consolidación del poder en áreas estratégicas como Tarazá: un municipio priorizado por PDET, PNIS y, ahora, por las Circunscripciones Territoriales Especiales para la Paz. La democracia y la consolidación de la paz en el Bajo Cauca se encuentran en riesgo mientras municipios ejes del conflicto armado como Tarazá se encuentren en manos de estructuras clientelares y candidaturas cuestionadas.

Por: Guillermo Segovia Politólogo, abogado y periodista Si de medir la hipocresía se tratara, en esta época de dobleces, basta con las declaraciones del Gobierno colombiano y su partido frente a la situación de Cuba. Se necesita ser caradura para exigir desde Colombia a cualquier Estado extranjero que garantice el derecho a la protesta y la libertad de expresión, cuando aquí, en los últimos dos meses (para hablar de lo más reciente), el tratamiento de enemigo que se le ha dado a las protestas contra Duque arroja una cifra dolorosa de muertes, desapariciones, personas heridas, contusas, mutiladas, pérdidas de ojos, agresiones a la prensa y presencia ilegal de civiles junto a la Policía en labores represivas. No son entonces la derecha colombiana ni un sector súbdito de la prensa los más indicados para cuestionar lo que pasa en la isla, no obstante que en su esquizofrenia no les dé vergüenza salir al ruedo. ¿Cómo pueden sostener que se debe escuchar a un pueblo en las calles al tiempo que ese clamor se ignora de manera despreciativa fronteras adentro, se desconoce representatividad, se dan largas para ahogar conversaciones y, por su cuenta, el Gobierno establece una agenda recortada con la que intenta, con demagogia, disuadir la inconformidad? Ahora, no es que en Cuba no pase nada o que lo que pasa sea menor. El 11 de julio irrumpieron y convergieron en distintos puntos, a partir de la iniciativa en San Antonio de los Baños, diversas expresiones de descontento, protesta, insubordinación y, cómo no, contrarrevolucionarias envalentonadas desde Miami. Esto se puede constatar siguiendo el cubrimiento mediático y de redes, puesto que una cosa es la espontánea rabia de vecinos angustiados por las carencias y restricciones agravadas por la pandemia, otra un movimiento cultural en auge que demanda apertura y otra, a diferencia de las anteriores, la bien planeada campaña que promueven grupos radicados en la Florida con apoyo de capital cubano americano y del Gobierno de los Estados Unidos que busca derrocar al régimen de La Habana. Cuba padece una crisis económica de hondas repercusiones sociales por escasez y desabastecimiento; el atraso en infraestructura de servicios es notable; las dificultades de Venezuela han mermado sustancialmente la provisión de petróleo con el consiguiente impacto en la disposición de combustible; y el recorte del servicio de electricidad ha afectado a la población. La atorrante administración Trump echó para atrás los significativos esfuerzos y logros de Obama por el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la normalización económica y comercial que había logrado notorios avances de bienestar con la llegada de remesas, la ampliación del turismo, la regularización del transporte aéreo, el acceso a internet y a redes, y la ampliación de la lista de productos importables por la isla. Trump, en contubernio con la extrema derecha de su país, mayoritariamente republicana, y el bastión contrarrevolucionario miamense, revirtió ese proceso, endureció el bloqueo contemplado en la Ley Helms-Burton y adoptó medidas agravantes, lo que hoy obstaculiza que el enorme logro que significa para Cuba haber desarrollado su propia vacuna contra el covid-19 se vea reducido en la práctica ante las dificultades para obtener jeringas. Precisamente la pandemia vino a rematar el daño del indigno exmandatario: la isla se tuvo que cerrar al turismo (principal fuente de divisas) y encerrar a la población, con una caída del 11% del PIB para 2020 y demoledores efectos socioeconómicos. Estados Unidos y la derecha latinoamericana abundan en esfuerzos por desconocer los efectos del bloqueo y la pandemia para tratar de demostrar al mundo el fracaso de un modelo —en crisis también por factores internos, es cierto—, ocultando hábilmente los efectos catastróficos del embargo, tan evidentes que toda la comunidad internacional representada en la Asamblea de Naciones Unidas —excepto el propio EE.UU., su aliado Israel, y este año la abstención insolidaria de Brasil y Colombia— lo ha condenado período tras período y ha exigido el cese de ese chantaje violatorio del derecho internacional y de los derechos humanos. Tanto pesa el embargo para Cuba que parte de la protesta tiene que ver con el fin de las facilidades otorgadas por acuerdo con Barack Obama. Aún en tránsito a las repercusiones que la agresiva política de Trump implicaría, en 2019, la sociedad cubana aprobó reformas constitucionales orientadas a actualizar el modelo socialista en consecuencia con los cambios generacionales y con la ya casi total ausencia del mando histórico de la revolución con la muerte de Fidel y el retiro de Raúl Castro. Apertura a las minorías, a la iniciativa privada en pequeña escala y a la autonomía de la sociedad civil fueron algunos de los cambios refrendados por la población. Medidas que, para preocupación del gobernante Partido Comunista, se retrasaron fruto del burocratismo, las resistencias ortodoxas y el temor de los efectos ante el cambio de política estadounidense. El remezón del 11 de julio, al parecer, sorprendió a la siempre bien informada dirigencia cubana que desplegó una acción represiva —disolución policial de protestas, detenciones, posibles enjuiciamientos en el marco del código penal interno y bloqueo de internet— y un discurso de condena generalizada contra el “intervencionismo”, sin reparar en algunas razones justificadas del descontento. Con el correr de los días, y respondiendo no obstante a las demandas de la calle, el Gobierno ha autorizado la introducción libre de impuestos de alimentos y medicinas por parte de viajeros en retorno, la devolución de libretas de alimentación a 300 mil personas excluidas por el ajuste económico, el reajuste de salarios y, actualmente, estudia la puesta en marcha de medidas para promover pequeñas empresas. Si bien esas decisiones pueden bajar la presión por el lado social, en el aspecto político es evidente que en particular la juventud, con su destreza mediática y en redes, ha puesto en el centro del debate público asuntos como la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad en la agenda (o los ha enfatizado ante cierto desdén oficial). En esa demanda, goza de un amplio apoyo que va desde artistas emblemáticos de la revolución como Silvio Rodríguez, Haydé Milanés, Los Van Van, Revé, ‘Chucho’ Valdés hasta el escritor independiente Leonardo Padura —que en su última novela “Como polvo en el viento” da cuenta de la desesperanza y la diáspora sobreviniente—. Todas estas personas se encuentran en un anhelo: diálogo y reformas que recojan las demandas de la juventud cubana del siglo XXI sin renunciar al legado humanista de la Revolución.

Por: Dennis Arley Huffington Investigador territorial Oficina de Pares – Pacífico Por lo acontecido en el mes de julio ya se puede afirmar que Buenaventura enfrenta un nuevo pico de violencia como el que se vivió, desde el 30 de diciembre del 2020, cuando la denominada banda ‘La Local’ se fragmentó en dos facciones que se enfrentan en una disputa sin cuartel. Ninguna de las acciones implementadas, tanto por la Alcaldía distrital como por el Gobierno nacional, a través de sus ministerios de Defensa e Interior, parecen dar resultados. En el presente año, los hurtos y desapariciones forzadas se han incrementado, y de los enfrentamientos prolongados en los barrios se ha pasado al sicariato y a los asesinatos selectivos: en promedio, dos personas son asesinadas cada tres días, ya sea por robo, extorsión o ajustes de cuentas. A todo lo anterior, se suma la desesperanza de varios sectores de la ciudadanía que no encuentran en la administración distrital soluciones oportunas a la problemática más allá de “esperar que uno de los bandos en disputa gane” o que “ellos por iniciativa propia hagan las pases”, como lo expresó a inicios de año Víctor Vidal, el alcalde mayor de Buenaventura. Desde el Gobierno nacional tampoco se aprecia una medida acorde que vaya más allá de la reiterada fórmula de la militarización del distrito y la llegada de grupos operativos especiales. Esta medida se viene implementado desde el 2007, por parte del Estado, como respuesta a los picos de violencia en la ciudad. Sin embargo, estas acciones no han generado una solución estructural a esta problemática, sino que, por el contrario, con el pasar de los días hay una mayor degradación de la violencia en el distrito; una violencia cuyas causas no se logran terminar de comprender. Antecedentes ‘La Local’ nació como una iniciativa ilegal de un grupo de narcos, tal como su nombre lo indica (“locales”), con el propósito hacerse con el control de las economías ilegales y las rutas del narcotráfico en Buenaventura. De esta manera, quienes otrora se habían enfrentado en las guerras entre grupos armados (los paramilitares contra la guerrilla, y ‘Rastrojos’ contra ‘Urabeños’) conformaron su propia organización delincuencial con varios mandos horizontales como alias ‘Julito’, el clan de los Bustamante, los ‘Montaño’, entre otros. Después de diezmar a la banda ‘La Empresa’, se establecieron como operadores ilegales del orden social en el distrito. Alcanzaron presencia en casi todo el territorio urbano, exceptuando dos barrios, y algunas zonas rurales carreteables como Sabaletas. Esto se mantuvo hasta finales del 2020 cuando alias ‘Félix’ sufrió un atentado, presuntamente por orden de los Bustamante, hecho que fragmentó a ‘La Local’ en dos facciones: ‘Los Shotas’, dirigidos por los Bustamante, y ‘Los Espartanos’, cuyo líder es alias ‘Mapaya’. Así se dio inicio a una serie de vendettas que completan 7 meses y tiene en jaque a las autoridades y a la administración distrital. Las medidas son insuficientes Con las primeras balaceras y el patrullaje en los barrios de hombres armados con fusiles, la Alcaldía distrital intentó enfrentar la situación a través de una serie de medidas que han sido cuestionadas por no dar los resultados esperados. La primera de ellas fue establecer el toque de queda nocturno desde las 8 de la noche, junto a la ley seca y la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos de atención al público; adicionalmente, ante los hurtos, se prohibió el parrillero hombre en motocicletas, también en horarios nocturnos. También se solicitó el apoyo del Gobierno nacional, que respondió con la visita de los ministros de Defensa y del Interior, quienes anunciaron que fortalecerían el pie de fuerza de la Policía, militarizarían algunos barrios, promoverían recompensas con el cartel de los más buscados y realizarían operativos especiales de control en las zonas más álgidas de la ciudad. El resultado ha sido la captura de más de 250 personas integrantes de ambas facciones, según informan las autoridades locales. Sin embargo, estas medidas han sido un manejo superficial de la situación de seguridad en Buenaventura: no han logrado su objetivo de reducir la inseguridad, por el contrario, se dispararon los homicidios selectivos y aparecieron nuevas modalidades delictivas. La seguridad, un mar de problemas que se profundizan Las fórmulas reiterativas con las que se enfrenta la delincuencia en Buenaventura, lejos de darle solución a esta compleja realidad, han profundizado la problemática: no existe una propuesta seria de desarticulación de estas estructuras criminales. Si bien las capturas reflejan cifras de resultados “históricos”, lo que en realidad han generado es un vacío de liderazgos criminales y, con ello, una anarquía que no hay quien la controle. Hay vía libre para que a plena luz del día se presenten todo tipo de hurtos (especialmente de motocicletas en las vías principales) y también apareció la modalidad del secuestro exprés, donde las personas son retenidas a la fuerza y se les exige el pago de una suma de dinero para dejarles en libertad. Los homicidios se viven a diario: en los 22 días transcurridos del mes de julio se han presentado 23 asesinatos. Y en lo que va del año se registran 123 homicidios en la ciudad (en 6 de ellos las víctimas serían menores de edad): en solo 7 meses se ha superado el número de asesinatos presentados en todo el 2020, año en el que ocurrieron 111 homicidios. De continuar estos patrones, se cerraría el año con más de 200 asesinatos, lo que significaría un aumento de más del 100% con relación a años como 2017, 2018 y 2019, cuando las cifras estuvieron por debajo de los 100 casos. Otro aspecto preocupante es que las alarmas por reclutamiento están encendidas por organizaciones como la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico). Si bien no hay cifras oficiales que permitan establecer el número de personas reclutadas, en las investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) en los barrios de Buenaventura, se reciben testimonios de que muchas personas jóvenes y familias están sufriendo desplazamiento intraurbano ante las presiones para que miembros de sus entornos familiares engrosen las filas de una de las facciones. A esto se suman las fronteras invisibles que se han ampliado y reforzado, afectando a la población civil que no puede transitar hacia otros barrios según su procedencia. Una situación similar ocurre con los establecimientos comerciales: algunos se ven forzados a pagar doble renta extorsiva, quienes se niegan a hacerlo han sido víctimas de atentados con explosivos, y quienes se han visto obligados a pagarle a alguna de las facciones no pueden comercializar en barrios o zonas donde tenga presencia la otra. ¿Qué se puede hacer? Si bien el panorama actual de Buenaventura es bastante desalentador, no es irremediable: no podemos caer en el discurso vargasllerista de que la ciudad-territorio es inviable. Sería injusto culpar a la actual administración de lo que hoy ocurre en la ciudad: esta problemática es el resultado de décadas de descomposición y de fracturas profundas del tejido social causadas por la corrupción y las alianzas del pasado entre la legalidad y la delincuencia. No obstante, sí es su responsabilidad buscarle una solución a corto, mediano y largo plazo. Y para ello, el alcalde Víctor Vidal (sugerimos desde Pares-Pacífico) debe ponerse al frente de la situación; debe enfrentar la crisis de seguridad como un problema estructural, con medidas concretas y mensajes claros que calen, como se lo han exigido los y las jóvenes en los últimos meses; debe volver a generar confianza y, sobre todo, esperanza en una ciudadanía que se siente derrotada. Para lograr todo esto podría empezar por: primero, dejar atrás las formas administrativas de municipio pequeño y, por el contario, fortalecerse e implementar medidas estratégicas de corte distrital, con funcionarios de mayor alcance técnico y político, y con herramientas estratégicas que se tienen a la mano como el Observatorio Social del Delito. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana debe funcionar como tal, sin comportarse como la Secretaría de Convivencia (que también la hay) ni de gabinete: es menester un secretario o, por lo menos, un asesor experto en seguridad urbana focalizado en esta problemática. Y es indispensable generar viabilidad y mayor sinergia entre los alcaldes locales y el alcalde mayor; descentralizar más las funciones para que desde las localidades se implementen estrategias orientadas a solucionar las problemáticas que padece el distrito, evitando así la sobrecarga de la administración mayor. Segundo, si bien el grupo ‘La Local’ se ha fragmentado en dos, a esta agrupación no se le puede seguir combatiendo bajo la denominación de Grupo Delincuencial Organizado (GDO). Se debe elevar su categoría a Grupo Armado Organizado (GAO). Aunque actualmente no tiene un mando unificado, en lo que va del año ha demostrado que desborda la capacidad de respuesta de la Policía distrital. Con más de 250 capturas sufridas en 7 meses, sigue operando con fuerza: sobrepasa en integrantes a cualquier GDO, se ha comprobado que su armamento es de guerra y el control que ejerce sobre más del 90% del territorio urbano demuestra que no se trata de delincuencia común. Tercero (es la más sencilla, pero pareciera ser la más complicada), y esto involucra a la sociedad civil y a la institucionalidad: rodear a la actual administración y que esta se deje rodear. Y cuarto: se deben crear y poner en marcha medidas acordes a las necesidades evidentes de Buenaventura como una ciudad principalmente urbana y de territorios rurales extensos. Es urgente una Secretaría de Juventud: las necesidades de este grupo poblacional exceden la capacidad de respuesta de una coordinación. Mientras eso ocurre, como lo viene recomendando la Oficina de Pares – Pacífico desde inicios de la vigencia de la actual administración, hace falta una estrategia de choque contra el reclutamiento de jóvenes. En una ciudad con el desempleo en 33,6% (según la última GEIH del DANE en el año 2020), donde en los últimos dos años se perdieron 35 mil puestos de trabajo, donde más de 3 mil empresas no renovaron su registro mercantil ante Cámara de Comercio y donde la pobreza va en aumento (todo acelerado como consecuencia de la pandemia), se debe anticipar el posible rumbo de parte de la juventud que es víctima y victimaria en esta disputa armada y ejercer una atención primordial, pues, como se está demostrando, el problema de seguridad ha sido la debilidad de una administración que supo sortear un problema mundial que nadie se imaginaba, como lo fue el covid-19, y que ahora deber ser capaz de hacerlo con uno tan diagnosticado como lo es la violencia.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Este 20 de julio inició en Colombia la última legislatura del actual Congreso de la República. Históricamente, a este se le considera como un año perdido en materia legislativa, pues, por lo general, se tramitan temas de poco interés para el país, los congresistas pasan la mayoría del tiempo haciendo sus campañas en lugar de asistir al Capitolio y, además, consideran poco ético atar al próximo Gobierno con reformas que él mismo no gestionó. Así, la historia cada cuatro años es la misma. Pero este año, si el Congreso se lo propone, la situación podría ser otra. La crisis económica, la no aprobación de muchas reformas en las anteriores legislaturas y la presión social por cambios harán que este año llegue al Legislativo una avalancha de normas que, además de urgentes, son vitales para el país. De allí que si este jugador político actuara de forma estratégica –aprovechando el momento– ganaríamos todas las personas, convirtiendo esta legislatura en una muy distinta a la que se configura normalmente. Una opción ganadora para el Senado y la Cámara sería realizar los debates de las propuestas legislativas con altura, entregando este año a la ciudadanía unas normas prioritarias que son necesarias discutir y aprobar. Solo así se transformaría un año típico –de no hacer nada en el Congreso– en un período de aprobación de proyectos de primer nivel. De esta forma, la buena gestión se convertiría en una estrategia efectiva para enfrentar la deslegitimidad y, a la vez, hacer frente al aislamiento social que no permitirá el normal desarrollo de las campañas. Esta semana, por ejemplo, se comenzará a hablar de una nueva reforma tributaria, llamada de Inversión Social. El Gobierno Duque quiere actuar, quiere atender el llamado de sectores empresarios y de las instituciones financieras internacionales de dejar sentadas las bases para la solución a mediano plazo de los problemas económicos y sociales causados por la pandemia, tales como los altos niveles de desempleo, pobreza y crisis empresarial y productiva. El Gobierno, a pesar de los costos políticos que tiene proponer este tipo de reforma, intentará tapar el hueco fiscal antes de finalizar su mandato. Quiere también cumplir con la promesa que le hizo a la juventud de, por lo menos, tramitar ante el Congreso unos programas de apoyo a la nómina de las empresas para su contratación y acceso gratuito a la educación superior para personas de estratos bajos. También, piensa presentar una reforma a la Policía Nacional. Luego de dos años de presión ciudadana y de los graves actos del Escuadrón Antidisturbios (Esmad) –que dejaron centenares de muertos y heridos– el Gobierno propondrá una reforma al Estatuto Disciplinario de este organismo. Esta será una buena ocasión para que, desde el Congreso, se debata la reforma, se escuche a la ciudadanía y se introduzcan los cambios a los límites que debe tener este viejo organismo. Finalmente, el Gobierno Duque intentará regular la protesta social. Insistirá en la vieja estrategia de defender la seguridad y la democracia, de allí que buscará castigar algunos actos de protesta social: aquellos que considera desbordes en violencia, vandalismo y terrorismo. Lo que debe hacer el Congreso es dejar clara su postura frente a este tema; debería, con mesura, tomar las banderas de las personas jóvenes y defender el maltratado derecho a la protesta que tenemos en Colombia. En síntesis, todas estas propuestas legislativas, sabiéndose aprovechar, servirían para darle respiro a un Congreso deslegitimado. Sería una buena decisión que los parlamentarios, en lugar de faltar al espacio de trabajo, hicieran su campaña mostrando buena gestión. Esta sería una oportuna forma de convencer al electorado de su reelección, en un entorno donde salir a la calle, como comúnmente lo acostumbraban, es muy difícil. De nuevo, frente a las reformas nombradas, el Congreso podría aprovechar los debates en su recinto para atar, de una vez, al Gobierno nacional para que se mantengan las decisiones de apoyar a la población juvenil con trabajo y educación. Estas decisiones son avances que –aunque tibios– representan un freno al declive del estado social de derecho. Incluso, podría ser una oportunidad para debatir propuestas más progresistas y atrevidas, como la de una renta básica mensual. También el Congreso podría escuchar a variados actores, entre ellos, al Comité Nacional de Paro con su reforma tributaria alternativa –además de otras propuestas de ley y actos legislativos que presentará al Congreso–. Jugada que, sin duda, reduciría los ánimos de protesta y el malestar general de las personas manifestantes, evitando que de nuevo la juventud y los organizadores del paro vuelvan a las calles para presionar la discusión de la agenda. Y en cuanto a las sanciones a las personas protestantes, el Congreso podría incentivar el valor de la protesta pacífica y recuperar legitimidad con las y los jóvenes, convirtiéndoles en un sector aliado; sobre todo, en momentos como este en el que once millones de jóvenes se preparan para elegir –el 28 de noviembre– los Consejos Municipales y Locales de Juventud: valiosos aliados en la renovación del poder en los próximos años. En conclusión, el deslegitimado Congreso, que inicia la última legislatura, sabiendo pensar estratégicamente, podría convertirse en un actor político clave, tanto para realizar las reformas que se reclaman los diversos actores –Gobierno, empresarios, sindicatos, estudiantes– como para convertirse en agente constructor de paz al escuchar a los jugadores en disputa y negociar políticamente las demandas sociales. El Congreso debería permitir que la ciudadanía observe unos legisladores debatiendo y aprobando normas necesarias y urgentes; esto haría que, en lugar de ser el habitual año perdido, se convierta en un instrumento para equilibrar el poder presidencial, mejorar la democracia representativa y convertir el Congreso en un recito de debate –parecido al ágora griega–. En breve, hacer campaña a través de la buena gestión y no con la habitual compra de votos y promesas vanas. Esperemos qué pasa.

Por: Esteban Salazar Coordinador Línea de Democracia y Gobernabilidad Fundación Paz & Reconciliación El próximo 20 de julio se termina la legislatura más impopular de la historia, en manos de Arturo Char y de Germán Blanco, presidentes salientes del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente. Según la más reciente encuesta Datexco, el 88% de la ciudadanía tiene una imagen negativa del Congreso (cifra idéntica a la de la desfavorabilidad del ELN). Por lo menos cinco factores confluyeron para consolidar una legislatura que se despide con un balance negativo para la democracia y para el país: 1. Unos presidentes de Senado y Cámara cuestionados Históricamente, debido a la importancia de sus funciones para el trámite legislativo, el orden de la aprobación de los proyectos de ley e incluso la citación a debates de control político, las presidencias del Senado y de la Cámara de Representantes eran espacios codiciados por las personalidades políticas más importantes del Congreso. Estas dignidades eran ocupadas por congresistas sobresalientes que contaban con el respaldo de los partidos oficialistas que lograban acuerdos para garantizar sus agendas legislativas. Sin embargo, desde la llegada del actual Congreso y del Gobierno de Iván Duque, la presidencia y vicepresidencia del Congreso se ha venido desdibujando por la inexperiencia y poca trayectoria de quienes han puesto en estos cargos. Casos como el de Ernesto Macías denotan el decaimiento en la importancia de este cargo. Y así como Macías pudo, cualquiera podría. Bajo esta lógica, desde el inicio de la legislatura saliente (20 de julio de 2020 – 20 de julio de 2021), se votó por la elección de dos políticos cuestionados que pertenecen a partidos tradicionales y a poderosos clanes a nivel territorial: Arturo Char y Germán Blanco. Arturo Char, senador del partido Cambio Radical y miembro del Clan Char en Atlántico, quien resultó elegido como presidente del Senado para la presente legislatura, ha sido nombrado en varios escándalos de presuntos delitos electorales en 2018. La prófuga exsenadora Aida Merlano lo mencionó como partícipe en la operación de compra de votos en Atlántico. Esto sin contar el prontuario del clan que lo apoya y los cuestionamientos de sus miembros. Por su parte, Germán Blanco, representante a la Cámara de Antioquia por el partido Conservador, resultó elegido como presidente de la Cámara de Representantes a pesar de haber llegado como fórmula de la exsenadora Olga Suárez Mira, miembro del temible Clan Suárez Mira, en Bello. Tanta es la cercanía de Blanco con el Clan Suárez Mira, que tuvo dentro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a Luz Marina Osorio Álzate, la esposa de César Suárez (exalcalde de Bello condenado e inhabilitado por falsificar su diploma como bachiller). También, dentro de su UTL, tuvo a María Elizabeth Gómez Quiroz, quien es esposa del exconcejal de Envigado (2016-2019) Jorge Correa Betancur, quien, a su vez, le hizo campaña a Olga Suárez en 2014 y 2018[1]. 2. La pandemia y las sesiones virtuales Ante la llegada de estos presidentes cuestionados, y con motivo de la pandemia por covid-19, se implementaron las sesiones virtuales del Congreso. A través de Zoom se tramitaron proyectos de ley y reformas constitucionales: una situación sui generis que generó todo tipo de reacciones en la opinión pública. Por un lado, despertó la indignación de una ciudadanía que, mientras se jugaba la democracia y la vida en las calles, veía a casi 280 congresistas devengar sus salarios y gastos de representación sin ninguna modificación, a pesar de estar sesionando en sus casas. Por otro lado, no hubo ningún control sobre las UTL de los y las congresistas, pues no se pudo establecer si realmente estaban trabajando. Pero lo que más generó indignación fue que, ante la mirada de una ciudadanía cada vez más vigilante y despierta, decidieron negarse en varias oportunidades las reformas a sus propios estamentos. 3. Un Gobierno sin rumbo y sin agenda Sin duda, Arturo Char y Germán Blanco fueron los esbirros para tramitar los proyectos de ley y las reformas que necesitaba el Gobierno. Sin embargo, durante su tercer año, el Ejecutivo no encontraba rumbo en su agenda legislativa. El presidente Iván Duque no movilizó grandes reformas políticas, sociales o económicas. Su legado, terminando esta legislatura y empezando la última de este Congreso, brilla por su ausencia. La esencia fundamental de este Congreso fue servir de notario en el tránsito hacia un Ejecutivo hipertrófico que, gracias al Estado de Emergencia y a la situación atípica del país, legisló mediante decretos. A pesar de lo anterior, las reformas legislativas aprobadas llegaron por medio de agendas de las bancadas, los partidos y los clanes, más que por iniciativa del Gobierno. Incluso, en diversos proyectos de ley se observó una oposición de sus propios partidos a las iniciativas del Gobierno. Este es el caso de la tercera reforma tributaria que desató el estallido social desde el 28 de abril del 2021. 4. La ausencia de contrapesos Ante un Gobierno sin rumbo y sin agenda, una dirección en manos de los clanes y congresistas cuestionados, así como ante el detrimento de la democracia con las sesiones virtuales, la oposición no encontró una ruta que convocara contrapesos eficientes a las medidas autoritarias del Estado de Emergencia. Solamente se realizaron algunos debates de control al principio de la legislatura, así como pronunciamientos sobre las medidas del Gobierno, pero el estatuto de la oposición perdió su fuerza por las estrategias de Duque para evadir la normatividad. Se debe reconocer que, aunque se convocaron y realizaron debates de moción de censura, estos no llegaron a buen puerto por la desventaja aritmética en las Cámaras. Una constante que se seguirá repitiendo en la última legislatura y que no generará mayor impacto que la vitrina política para incrementar la indignación. 5. Proyectos legislativos y elecciones cuestionadas a) Fundamentalmente, las elecciones y los proyectos legislativos más nocivos durante esta legislatura fueron cinco:La aprobación del nuevo Código Electoral, que incluso obtuvo el apoyo de algunos miembros de la oposición, no corrige los riesgos de fraude electoral y genera mayor burocracia e inconvenientes en el sistema electoral. b) La aprobación de la reforma constitucional sobre la cadena perpetua para violadores de menores de edad: una reforma que pasó de agache en el Congreso y que fue aprobada con presuntos vicios de forma y de fondo. c) La aprobación de la reforma a la justicia, que incrementa la burocracia de la Procuraduría, abre la puerta a la impunidad sobre procesos disciplinarios y, además, va en contravía de las exigencias realizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. d) La elección en Senado, como procuradora General de la Nación, de Margarita Cabello (otrora aliada del Clan Char y exministra de Duque), quien ha estado ausente en la defensa de los derechos humanos ante las amplias violaciones por parte de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones del paro nacional que inició el 28 de abril. e) La elección en Cámara de Representantes, como defensor del Pueblo, de Carlos Camargo (miembro del Clan Conservador en Córdoba), quien tiene diversos cuestionamientos por sus manejos cuando dirigía la Federación Nacional de Departamentos y aspiraba a ser registrador General de la Nación. También ha estado ausente en su labor como defensor ante las violaciones de derechos humanos en el marco de las movilizaciones del paro nacional. Ha sido duramente cuestionado por su negligencia e inexperiencia en el manejo de la institución, donde ha aprovechado para incrementar la burocracia de los clanes políticos y sus aliados. Ahora, si bien la pandemia fue un factor preponderante para que estos cinco factores presentados se acentuaran, las sesiones virtuales han permitido develar el trabajo deficiente de las y los congresistas. Un hecho que también despertó en la ciudadanía una mayor vigilancia, tal vez muy parecida a la veeduría que se vivió en el fast-track durante la implementación del paquete legislativo del Acuerdo de Paz en el Congreso, que también resultó siendo deficiente. En suma, estos hechos han llevado a que 9 de cada 10 personas en Colombia tengan una imagen negativa de un Congreso que no impulsó las reformas necesarias para apalancar la crisis económica, política, social y de salud en el país. Tampoco generó los contrapesos suficientes y se convirtió en el notario de un Gobierno ciego, sordo y mudo ante las demandas sociales que explotaron desde el 28 de abril. Lo que resulta siendo más preocupante es que la próxima legislatura no promete nada diferente. Las nuevas personas que ocuparán las presidencias de Senado y Cámara, Juan Diego Gómez, senador del Partido Conservador, y Jennifer Arias, representante a la Cámara del partido Centro Democrático, tienen con serios cuestionamientos previamente presentados por Pares (Te podría interesar: Los narco-pilotos y la campaña política de Jennifer Arias a la presidencia de la Cámara), lo que solo garantiza la agenda legislativa de los clanes y del Gobierno, así como una afectación irreversible a la democracia. Cabe resaltar que, además, al tratarse del último periodo legislativo, históricamente esta legislatura es la más deficiente en lo que se refiere a la actividad de los y las congresistas, quienes alistan baterías para sus campañas de reelección, antes que la aprobación de reformas. Se empiezan a activar los planes tortuga para los trámites legislativos, toda vez que, al Gobierno nacional, que también va de salida, se le agota el combustible y el oxígeno para gestionar su agenda. En otras palabras: se acaba la mermelada y con congresistas en campaña esta legislatura no genera expectativas de cambio. REFERENCIAS [1] Recuperado de: https://www.semana.com/la-bolsa-de-empleo-de-los-suarez-mira-columna-ariel-avila/674327/

Laura Cano Periodista – Pares Durante los últimos días, los reflectores mediáticos han estado puestos en Cuba. Desde el pasado domingo, en aquel país se han venido presentando una serie de manifestaciones sociales que iniciaron en San Antonio de los Baños, al sur de La Habana, y que han estado, principalmente, motivadas por la falta de vacunas contra el covid-19 y la escasez de alimentos. Estas movilizaciones se fueron replicando en otras ciudades y, a la fecha, se habla de alrededor de 50 personas que han sido arrestadas. Hay que señalar que uno de los grupos que ha estado convocando a las protestas es el Movimiento San Isidro, el cual hace parte de la denominada disidencia cubana: la oposición al Partido Comunista de Cuba. Lo cierto es que la situación en Cuba, así como en Colombia, no solo se ha desatado por los recientes hechos y reclamos, sino que está marcada por una serie de acontecimientos históricos que hoy muestran una cara de lo que se vive en la isla. Ante esta situación, han sido múltiples las reacciones que se han dado desde distintos sectores políticos, entre ellas las de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, que ha denunciado «detenciones arbitrarias y selectivas» por parte del Gobierno en contra de las personas manifestantes. Se informó, a través del medio de comunicación BBC, que se han registrado al menos 247 personas que han sido detenidas o que están desaparecidas. No obstante, hay que señalar que oficialmente no hay datos sobre estas cifras. Adicionalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se ha pronunciado a través de sus redes sociales afirmando que recibió “reportes sobre uso de la fuerza, detenciones, agresiones a manifestantes y periodistas, además de cortes de la señal de Internet”. En ese sentido, le hizo un llamado al Gobierno cubano a ofrecer garantías para el derecho a la protesta. Las protestas han llevado a que, por ejemplo, como lo aseguró el medio español ABC, el general de brigada Jesús Manuel Burón Tabit haya dimitido tras cuestionar el uso excesivo de la fuerza policial para reprimir las manifestaciones del 11 de julio, lo que habría llevado a su salida de la cartera. No obstante, poco después en medios se afirmó que esa información era falsa, incluso el mismo presidente Miguel Díaz-Canel dijo por televisión que es «una más de las mentiras publicadas sobre lo que pasa en el país”. Por otra parte, hay que recordar que en las últimas horas se conoció que se suspendían los aranceles a los alimentos y medicinas que los viajeros llevan a la isla. Esta medida regirá desde el próximo lunes hasta el 31 de diciembre del presente año. Durante estos días también se han denunciado las constantes restricciones al servicio de internet. Además, se ha reportado que en medio de las protestas fue asesinado Diubis Laurencio, un joven de 36 años que se encontraba en medio de las manifestaciones desarrolladas en el Consejo Popular Güinera, del municipio de Arroyo Naranjo, cuando se presentaron enfrentamientos con la fuerza pública del país. Ante lo sucedido, desde el Ministerio del Interior se aseveró que “grupos organizados de elementos antisociales y delincuenciales en el Consejo Popular Güinera, municipio de Arroyo Naranjo, alteraron el orden e intentaron dirigirse hacia la estación de la Policía Nacional Revolucionaria del territorio, con el objetivo de agredir a sus efectivos y dañar la instalación». Por su parte, Miguel Díaz-Canel, que viajó el pasado domingo hasta San Antonio de los Baños, respecto a toda esta situación aseveró: “no vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al Gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vaya a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Habrá una respuesta revolucionaria. Por eso estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones”. Con esto, es necesario traer a colación que las peticiones de las y los manifestantes, como se ha hecho saber en los distintos videos que circulan a través de redes sociales, tienen que ver con reclamos por libertades civiles, la renuncia del presidente, la admisión de ayuda humanitaria para enfrentar la grave crisis sanitaria, así como necesidades de alimentos y medicinas. Asimismo, en los últimos días se ha insistido en que se detenga la violencia contra los manifestantes, así como que cese la restricción a internet, canal por el que se venía informando sobre lo que pasaba en la isla y, también, medio que ha funcionado para convocar gente a las protestas. Hay que mencionar que a raíz de todo esto se han alertado dos cosas: por un lado, el enfriamiento de las protestas y, por otro, la dificultad que hay para mostrar lo que realmente está pasando en la isla, así como para mantener los flujos de información tanto internos como externos. El lado b de la situación en Cuba Mientras la atención mediática se ha puesto sobre las movilizaciones que se han desarrollado en contra del Gobierno, en la isla también se han venido realizando protestas en apoyo a Díaz-Canel. A través del diario BBC se citó la opinión de uno de los manifestantes, identificado como Antonio Crespo, quien afirmaba que «los que llegamos hasta aquí somos fieles veladores de la Revolución, la queremos fuerte, porque estamos criados por ella. Y ahora, con la presencia de Díaz-Canel, nos sentimos firmes, seguros, porque la Revolución está con el pueblo, que es el verdadero dueño de las calles. En Cuba no vamos a permitir que entren aquellos que quieren arrebatarnos lo conquistado». Hay que decir que, justamente, una de las consignas de quienes han salido a las calles a favor de la revolución es que pare el bloqueo económico al que Estados Unidos ha sometido a Cuba. Y es que justamente este ha sido uno de los motivos históricos que ha venido afectando la economía y las relaciones internacionales de Cuba, especialmente en un periodo tan complejo como el desatado por el covid-19. Hay que decir que este embargo ha significado una serie de sanciones económicas, financieras y comerciales por las cuales se restringe la compra y venta de mercancías desde y hacia Cuba. Además, este bloqueo también ha implicado la restricción del uso del dólar, lo que ha sido una limitante más para poder hacer transacciones con otros países. Esto ha llevado, por ejemplo, a la limitación de las importaciones de fármacos y medicamentos porque se hallan sujetas a condicionantes. También las exportaciones se ven limitadas, lo cual no es un detalle menor en la coyuntura actual en la que, por ejemplo, Cuba ha sido uno de los países que ha logrado producir su propia vacuna contra el covid-19. Vale la pena recordar que el primer bloqueo del país norteamericano a la isla ocurrió en 1958, pero para esa ocasión solo se impedía la comercialización de armamento. No obstante, para 1960, años después del triunfo de la Revolución Cubana, las sanciones se incrementaron, y para 1962 ya se estaba impidiendo la comercialización de alimentos y medicinas. En 1990 estas restricciones adquirieron carácter de ley, y en 1996 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Helms-Burton, la cual eliminó la posibilidad de hacer negocios en Cuba o con el Gobierno de ese país. Tres años más tarde, Bill Clinton acentuó las medidas y aumentó las restricciones. No fue sino hasta la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca que se intentó mejorar las relaciones entre ambos países, pero la iniciativa duró hasta cuando se posesionó Donald Trump como presidente, quien de nuevo endureció las medidas (las cuales han sido mantenidas por el ahora presidente demócrata Joe Biden). En este punto es importante tener presentes dos cosas. Por un lado, recordar las palabras de Biden respecto a la situación en Cuba: “Apoyamos al pueblo cubano y su clamor por la libertad y el alivio del trágico control de la pandemia y de las décadas de represión y sufrimiento económico a las que ha sido sometido por el régimen autoritario de Cuba”. Además, la situación también ha servido como pretexto para que otros dirigentes estadounidenses, (como Francis Suárez, alcalde de Miami) aprovecharan la coyuntura para pedir una intervención de Estados Unidos en la isla. Al respecto, no sobra recordar que la defensa por la autonomía e independencia de la isla y, por lo tanto, la oposición a cualquier tipo de intervención estadounidense han sido unas de las banderas y de las luchas de buena parte del pueblo cubano. A la luz de todo este panorama y de la complejidad del contexto social, político, económico y cultural de Cuba, parece ser incierto el rumbo que tomará la situación en aquel país.

Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares En febrero de 1972 se dio un paro cívico en la intendencia de Arauca. El motivo fue que el invierno se llevó los puentes artesanales que grupos campesinos, con la ayuda de ingenieros militares, habían construido para poder comunicarse con Pamplona y, desde ahí, con los santanderes, la costa y el interior del país. Con aquellos puentes buscaban superar el aislamiento insoportable al que les sometía el hecho de estar en una región de reciente colonización, promovida por los presidentes Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia y Carlos Lleras Restrepo, quienes prometieron tierras (las cuales obtuvieron), vías, escuelas y puestos de salud (que se quedaron en los planos de la colonización dirigida, financiada con créditos del BID). Fue una nueva frustración para cinco mil familias campesinas que, huyendo de la violencia y la pobreza, se instalaron en Arauca en esos doce años. Un joven corresponsal de El Tiempo, Germán Castro Caycedo, escribió dos crónicas los días 20 y 22 de febrero de 1972, tituladas “Colonos Embotellados” y “El Sarare en pie por múltiples problemas”. En ellas describe las deplorables condiciones de las poblaciones colonas, señala las razones de la protesta y critica la acción del Estado. Catro Caycedo hacía énfasis en que “el paro cívico será pacífico” y refería que “decenas de colonos han dicho que en las próximas elecciones nadie ira a las urnas en el Sarare”. En estas crónicas se reflejan las transiciones y las rupturas que se iban a dar en el Sarare: la realización de un paro pacífico y la existencia de una desconfianza respecto al Estado y sus instituciones. El pasado 4 de julio, el duro invierno que vive Arauca se volvió a llevar los puentes y las torres de energía que llegaron a mediados de los años 80, cuando el departamento se puso en el mapa nacional gracias al más importante yacimiento petrolero descubierto en esos años: el de Caño Limón. Esta fuente de petróleo nos volvió a dar suficiencia y nos permitió volver a ser un país exportador. Fueron los años en que el petróleo araucano aportó fácilmente 8 puntos al PIB; fue una década de bonanza de recursos, recursos que fueron aprovechados para nivelar a Arauca a la media de los indicadores nacionales. Viniendo de muy atrás, de ese petróleo vienen la energía, las precarias carreteras, la infraestructura en salud y educación que se ofertó en los años sesenta y que solo empezó a ser realidad en los años noventa y en el nuevo milenio. Hoy Arauca está incomunicada. Sin embargo, gracias al trabajo de ISA y Enelar, la empresa de energía regional, el servicio eléctrico regresó desde el pasado viernes 16 de julio. Fueron 12 días de penurias para una sociedad ya golpeada por décadas de violencia y una economía maltrecha. Luego de los años de abundancia (que fue aprovechada por políticos, por guerrillas y por el Estado central, desde donde se pudieron hacer mucho mejor las cosas), hoy la economía araucana no cuenta en las finanzas nacionales y parece que debe buscar su vocación en lo que realmente son sus habitantes: productores agrícolas. Así el petróleo siga presente y se pueda expandir en los próximos años, ya la población araucana sabe muy bien que lo central es su capacidad agrícola y que, si el petróleo les da una mano, pues bienvenida, pero no es lo central. Esperemos que luego de casi cuatro décadas de petróleo hayan aprendido la lección. Arauca sigue aislada. Eso le impide progresar como lo podría hacer una sociedad organizada, emprendedora y trabajadora. Hay que lograr una buena infraestructura vial que soporte los embates de la naturaleza, fortalecer la protección a la conectividad energética para que las personas no se queden sin este vital servicio y, sobre todo, insistir en que hay un profundo conflicto armado no superado y que sigue siendo una tarea pendiente. Arauca debe ser protagonista de su desarrollo, de la construcción de un acuerdo de paz con el ELN; debe estar integrada y con posibilidades de progreso económico y social. Todos estos son retos pendientes.

Por: Walter Aldana Político social alternativo Es una ley que todo estimulo genera una reacción, y eso es lo que está ocurriendo previamente a la movilización del 20 de julio del 2021. Al acoso agresivo contra las comitivas que se dirigían a la Asamblea Nacional Popular a desarrollarse en la Cali de la resistencia, y a la consabida rueda de prensa policial con el objetivo de “dar a conocer un plan urdido por las guerrillas de infiltrar a la movilización para generar el caos”, se suma la iniciativa que presentará el Ejecutivo al Congreso de la República en el inicio de legislatura. Se trata, ni más ni menos, de la “nueva” reforma tributaria: perverso proyecto de ley, no consensuado ni discutido con los sectores del paro nacional. Olvida este presidente autista que fue la presentación de la anterior reforma, junto con el desconocimiento del exministro del costo de una docena de huevos, lo que genero el estallido social. Debe saber el Gobierno que no bastó con los más de 60 muertos a presuntas manos de la fuerza pública, en algunos casos con la ayuda de civiles denominados hoy por hoy “gente de bien”, hombres en esta sociedad patriarcal que, pistola en mano y al lado de la “seguridad” de los colombianos, dispararon contra las personas marchantes. Es un Gobierno que humilla a sus gobernados, a sus representados, que olvida su misión y visión de servidores públicos para convertirse en los dueños del erario, la infraestructura institucional e incluso de la vida. Esto después de que el expresidente y expresidiario autorizara el uso de las armas. La soberbia gubernamental dio como resultado no dialogar, no acordar, enredar a gobernadores y alcaldes con mesas de negociación donde llegan los funcionarios nacionales sin capacidad de decisión y con bajo rango de representatividad institucional. Pretende el poder central que, para las solicitudes de quienes protestan. los entes territoriales comprometan lo poco que queda de los dineros de regalías. Se viene una jornada de protesta partir del 20 de julio. No dejarse provocar y lograr que sea pacifica es el interés de las personas movilizadas; el de los señores de la guerra (guerrillas y Gobierno), será el de generar actos que llamen a la represión y el abuso de autoridad, donde se evidencia el tratamiento represivo a falta de ideas. Humillar para someter es la consigna del capitalismo.

Por: Laura Cano Periodista – Pares Pasó el día del orgullo LGBT. Las calles se volvieron a pintar de colores, pero también de denuncias ante la realidad discriminatoria y violenta que deben sufrir día a día las personas LGBT en Colombia. Las noticias de asesinatos, amenazas y casos de violencia en contra de esta población abundan en el país. Hay que recordar que solo mientras se conmemoraba el día del orgullo, el pasado 28 de junio, se conocía que en Tunja había sido asesinada Adriana Díaz, una mujer trans. Vale la pena mencionar que, según el DANE, al menos el 1,2 por ciento de las personas entre 18 y 65 años que viven en centros urbanos se identificarían como gays, lesbianas o bisexuales; y un 0,05 por ciento como transgénero. Es decir, a pesar del subregistro que puede llegar a haber, hay cerca de 256.000 personas LGBT en los centros urbanos del país. Aclarando que esta cifra se dio a conocer el año pasado por el organismo, luego de que realizara la primera medición estadística de esta población, por lo que se aclara que la cifra puede ser mucho mayor. No obstante, y a pesar de ser una comunidad bastante grande, las políticas públicas se han quedado cortas para atender las diferentes problemáticas que atraviesan a estas personas. Por eso, desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) queremos hacer un balance y una evaluación a la gestión del presidente Iván Duque, quien está cerca de cumplir 3 años en la Casa de Nariño. ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? A continuación, Wilson Castañeda, director de la organización Caribe Afirmativo, nos da su balance al respecto en diferentes aspectos: Reconocimento a las personas LGBT en el Gobierno de Iván Duque Desde nuestra perspectiva, el avance en materia de reconocimiento de derechos de las personas LGBT, en el actual plan de desarrollo nacional, tiene tres calificativos: es deficiente, está en retroceso y ha generado obstáculos y barreras. Es deficiente porque en términos cualitativos y cuantitativos no estamos encontrando avances. Está en retroceso porque el plan de desarrollo, en materia LGBT, tuvo muchos obstáculos porque había un interés de no incluir este enfoque y al final se avanzó en algo por la presión que hizo el representante a la Cámara Mauricio Toro, quien insistió en que el Gobierno actual mantuviera, al menos, lo ganado por el Gobierno anterior (que tenía que ver con la política pública y la mesa de casos urgentes). Sin embargo, en eso no se ha avanzado y por eso nombramos que hay retroceso. En tercer lugar, lo nombramos como obstáculo porque hemos sentido que las acciones que ha implementado este Gobierno en algunos asuntos generales para garantizar derechos y proteger la ciudadanía, en específico la LGBT, presentan más obstáculos que oportunidades de avance. Educación Hay dos asuntos de fondo que se interrelacionan. Uno de ellos es la violencia. Según la CIDH, después de México y Brasil, somos el tercer país de la región más violento para personas LGBT. En lo que fue el 2020 y lo que va del 2021 tuvimos un incremento que duplicó las cifras de homicidios y amenazas contra estas personas. En este Gobierno, esas cifras de violencia no solamente no se han prevenido ni se han investigado, sino que, por el contrario, han aumentado por la ausencia de políticas de prevención. El otro asunto en relación con este enfoque es que todavía no se hacen esfuerzos para prevenir la violencia contra las personas LGBT. Esos dos asuntos de base, finalmente, se vuelven disparadores en otros asuntos como, por ejemplo, el educativo. En Colombia tenemos una tarea pendiente que entregó la Corte Suprema de Justicia al Ministerio de Educación y que en el Gobierno pasado se intentó cumplir, pero finalmente no se logró, que fue la corrección en los manuales de convivencia. Esto como decisión de la Corte a partir del caso de Sergio Urrego. Puntualmente, se había determinado que muchos manuales de convivencia están propiciando prácticas de discriminación por orientación sexual o identidad de género, por lo que la Corte ordena al Ministerio hacer una corrección de inmediato. Sin embargo, el Ministerio de Educación, en el periodo de Duque, no lo ha puesto en temas de su interés. La segunda dificultad que tenemos está esbozada en la política pública LGBT: es que hay un alto nivel de desescolarización de las personas LGBT, particularmente de las personas trans. Además, hay múltiples expresiones de discriminación en el sistema escolar que van desde la manera en que se nombran algunas cosas, hasta impedimentos a poder compartir espacios seguros para desarrollar el derecho a la educación. Ante esta situación, también se le ha recomendado al Ministerio activar acciones que promuevan espacios seguros para educar a las personas LGBT, tanto en la educación básica y secundaria como en la superior. En esta última se ha insistido en incentivar cupos para las personas trans. No obstante, se ha avanzado muy mínimamente; se encuentran algunos programas del SENA y algunos programas de universidades públicas, pero desde que eso no se permee en la educación básica y secundaria los esfuerzos van a ser insuficientes, porque la mayoría de personas, en este caso trans, no han logrado resolver el programa de acceso a la educación básica. Esas son las dos grandes falencias de este Gobierno en lo que respecta al derecho a la educación. Salud En términos del derecho a la salud, tenemos cuatro grandes dificultades. La primera dificultad tiene que ver con protocolos diferenciados de acceso a la salud, pues finalmente el sistema de salud tiene muchísimos obstáculos que, por ejemplo, terminan afectando mucho a las personas trans. Esto desde aspectos como la manera en que son nominadas, hasta los escenarios de atención médica que tienen que ver con los servicios de salud que se les brinda según su identidad de género. Por otro lado, en este país, urgen mecanismos de enfoques diferenciales que permitan que cuando una persona trans llegue al hospital se le den los tratamientos adecuados a su expresión e identidad de género sin revictimizar. La segunda dificultad tiene que ver con todos los programas de salud sexual y reproductiva. Seguimos teniendo políticas de derechos sexuales más relacionadas con la procreación y el binarismo entre hombre y mujer. Adicionalmente, este país todavía no está pensando en activar acciones que velen por la integridad de los derechos reproductivos de las mujeres lesbianas y bisexuales. El tercer problema está relacionado con la atención y prevención de VIH, que es una pandemia que afecta a muchas personas, mayoritariamente a hombres que tienen sexo con hombres y a mujeres trans. El Gobierno actual encontró el reto, cuando llegó, de que en años anteriores se había ido del país el Fondo Mundial, que es un programa internacional que ayuda a los Estados en la atención del VIH. Y se fue porque se entendía que ya el Gobierno colombiano tenía la capacidad de atender la pandemia. Sin embargo, este Gobierno no ha respondido a atender el VIH como se requiere, y además se ha tenido un aumento de la prevalencia, es decir, hoy por hoy, nuevamente el VIH está aumentando en cifras principalmente en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, y no estamos teniendo unos problemas de salud articulados que permitan dar una atención a tiempo, preventiva. Y estamos encontrando, de nuevo, muchos casos de personas muriendo por falta de atención médica. El cuarto asunto tiene que ver con todos los requerimientos de atención hormonal en la reasignación del componente sexo-género que tienen las personas trans. Si bien hay sentencias de la Corte Constitucional que han indicado que la reasignación de sexo y género es un derecho ciudadano y que las EPS la deben garantizar, el Ministerio de Salud todavía no ha articulado un proceso de vigilancia y son enormes los contratiempos, la ausencia de respuesta y la revictimización que deben sufrir a diario las personas trans en Colombia cuando deciden iniciar su proceso corpóreo. Policía y personas LGBT En el tema donde uno puede leer más la categoría de retroceso (de la que hablaba al principio) es respecto a la fuerza pública. Esto lo digo por dos cosas. El primer argumento es que el segundo acto de violencia que más se ha incrementado contra las personas LBGT, en este Gobierno, es la violencia policial; el primero son las amenazas. Esta violencia muy seguramente está dada porque la institución policial todavía no reconoce a las personas LGBT como sujetas de derechos, y no entiende que su labor hacia ellas es la protección. Adicionalmente, el retroceso más grande del Gobierno tiene que ver con que la Policía de Colombia, en el año 2009, hizo un diagnóstico en compañía de Naciones Unidas (porque en el 2008 este organismo encendió una alerta en Colombia), pues mucha de la violencia que en Colombia se generaba contra las personas LGBT, era una violencia propiciada por la Policía. Por lo que, en 2009, siendo Oscar Naranjo el comandante de la Policía, esta institución se dio a la tarea de una reestructuración interna para prevenir esa violencia y formar a los policías en el respeto a las personas LGBT, promoviendo que se convirtieran en un cuerpo que protegiera los derechos. En ese momento se creó una directiva transitoria, que en el 2010 se convirtió en permanente, para tratar asuntos concretos de la población LGBT. De allí salió lo que se llamó el “Policía Enlace”. Al final del Gobierno anterior, en la Comandancia del general Palomino, por solicitud de la sociedad civil, y de cuestiones internas de la institución, se retira esta directiva y se somete a una revisión para su mejoramiento. Este Gobierno recibe esa tarea y hoy estamos sin directiva. Es decir, pasamos de tener una directiva, que comprometía a la institución con proteger los derechos de las personas LGBT, a no tener directiva ni ordenamiento normativo interno en este tipo de escenarios. Esa falta de normatividad interna hace que este incremento de violencia policial sea evidente. Hay que decir que no es solamente formar o dar herramientas conceptuales a los policías, sino que en realidad se cuente con herramientas internas que permitan evaluar, medir, prevenir, calcular, prever y sancionar cualquier tipo de violencia que afecte a las personas LGBT. Acceso a la justicia Para nosotros, el acceso a la justicia de las personas LGBT, en el actual Gobierno, tiene tres calificaciones: la primera es la impunidad, seguimos teniendo altísimos niveles de impunidad. De hecho, sentimos que hay un leve retroceso en la Fiscalía General, porque en la administración, por ejemplo, del fiscal Montealegre se creó una figura de fiscales destacados para asuntos LGBT. Durante muchos años tuvimos una Fiscalía muy comprometida en reducir los niveles de impunidad, que a finales de 2018 estaba en 80% (que, a pesar de ser muy alta, había bajado 10 puntos porcentuales en relación con los años anteriores). Sin embargo, en este momento hay una desaceleración de las investigaciones por parte de la Fiscalía. Y eso tiene que ver con que se están cometiendo muchos errores por parte de la Policía Judicial. Es decir, hay unos fiscales que la tienen clara, pero quienes recogen la evidencia y están en el lugar de los hechos muchas veces no están siendo capacitados, y esto hace que estemos en un círculo vicioso de la impunidad. Hay que reconocer que en los últimos años hemos visto que nuevamente se aumentó el compromiso de la Fiscalía contra la impunidad, pero si se hace una revisión estructural del actual Gobierno, en materia de acceso a la justicia, lo que hay es una tendencia de impunidad, que finalmente nos preocupa porque lo que se hace es enviar un mensaje desafortunado a los perpetradores de la violencia, diciéndoles que esta es una violencia que no se investiga o que se investiga poco. Lo segundo tiene que ver con el estado de indefensión. Las personas LGBT son revictimizadas en el sistema de justicia. Los operadores de justicia no están preparados en materia de respeto y reconocimiento de los derechos de las personas LGBT. Entonces sigue siendo muy recurrente, sobre todo en los casos de las personas trans, que cuando son víctimas de algún delito y quieren poner la denuncia, finalmente son revictimizadas, lo que desmotiva la denuncia por parte de la ciudadanía. Pero también cuando esta comunidad es víctima de homicidios, muchas veces se borra el hecho de que estas personas pertenecen a la comunidad, y en ese orden de ideas la Corte Constitucional ha sido muy clara diciendo que en estas investigaciones se debe tener en cuenta e indagar si la motivación de los crímenes estuvo relacionada con la identidad sexual o de género de la víctima. El tercer gran ausente tiene que ver con las expectativas frustradas de las víctimas. Eso tiene que ver tanto con la justicia ordinaria como con la transicional, pues si bien ambos sistemas de justicia se han comprometido con el bienestar de las víctimas, a la hora de acceder a la justicia, las víctimas son sometidas a otro tipo de vulneraciones. Por ejemplo, víctimas que deben asistir a una audiencia de forma online sin un acompañamiento psicosocial para lo que significa denunciar, por ejemplo, casos de violencia sexual. Además, muchas veces no hay confidencialidad en la información, y el hecho de denunciar les vuelve objetivos por parte de grupos ilegales. Eso hace sentir que el acceso a la justicia en Colombia está dejando desamparadas a las víctimas y se está quedando, simplemente, en recoger los argumentos, pero no en propiciar la restitución de derechos. Empleo y desarrollo económico Este ámbito es donde hay mayores frustraciones con el actual Gobierno. Digo frustraciones porque históricamente los gobiernos se vienen ocupando de los temas LGBT en los últimos 20 años, pero tanto en el Gobierno de Pastrana, como en el de Samper, Gaviria y Uribe, la violencia y la escasa concentración que se tuvo en termas LGBT llevó a que las políticas se concentran en los derechos civiles, específicamente el derecho a la vida, pero la pregunta por los derechos económicos, sociales y culturales no aparecía. De un lado, porque este país tan violento nos ha jugado una mala pasada que nos ha llevado a pensar que primero se debe ver que a la gente no la maten, y luego se resuelve lo demás, olvidándonos que los derechos son integrales. En ese sentido, cuando Duque llega al Palacio de Nariño, llega con un Acuerdo de Paz firmado; llega también con una reducción de homicidios contra esta comunidad. Entonces existía una alta expectativa de que este Gobierno podía enfocarse en empezar a activar programas de empleabilidad, de acceso al trabajo, de formación, etc. Sin embargo, lo que nos damos cuenta es que no se activa y no tenemos, hoy por hoy, en el Gobierno Nacional ningún plan de empleo ni de trabajo digno. Se dieron un par de iniciativas con el Ministerio de las TIC, pero esas iniciativas no tenían ningún plan de choque que permitieran que realmente las personas LGBT fueran las que llegaran a esas convocatorias. Lo que pasa con la pandemia es que, además de mostrar que es urgente atender los derechos económicos, sociales y culturales de las personas LGBT, también evidencia que son necesarias las acciones de organismos como el Ministerio del Trabajo, pues la situación de salubridad mostró que la mayoría de personas LGBT son pobres y muchas sufren de desempleo. Por ejemplo, muchas mujeres trans pasan a la habitabilidad de calle de la noche a la mañana porque viven en la informalidad. En términos del derecho al trabajo, el Gobierno actual tiene tres pendientes. El primero es dar el salto a la integralidad de derechos. El segundo es ver que la mayor necesidad de las personas LGBT es que atiendan la pobreza, el acceso a alimentos, a vivienda y a trabajo. El tercero es que el mundo laboral sigue teniendo múltiples prácticas de discriminación que el Gobierno no ha intervenido. Entonces, por un lado, respecto a gays y lesbianas, se siguen teniendo muchas prácticas cotidianas de discriminación que van desde señalar y estigmatizar hasta desconocer derechos familiares a parejas del mismo sexo y marginar de beneficios laborales. Vinculación de las personas LGBT en la implementación del Acuerdo de Paz Este Gobierno tenía dos oportunidades históricas de avanzar en términos de derechos LGBT que ha desaprovechado fuertemente. La primera fue que ha sido un Gobierno que recibió una política pública para personas LGBT, y de esa manera tenía un instrumento normativo interno que le permitía avanzar de manera asertiva y proteger los derechos de la comunidad. De hecho, la primera tarea que tenía este Gobierno era tomar esa política pública, que fue aprobada en el Gobierno Santos, y hacer de ella un plan de acción. En tres años y medio, no solamente no se ha hecho el plan de acción, sino que la política está inactiva. La segunda oportunidad que perdió este Gobierno fue la implementación del Acuerdo de Paz, que fue el primer acuerdo de paz en el mundo en incluir a las personas LGBT desde el enfoque de género. Esto lo hacía de cuatro formas. Uno, reconociendo que el conflicto armado hizo más difícil la vida de las personas LGBT porque, además de todo lo que suponía esta violencia, la orientación sexual o expresión de género hacía más difícil la vida. Y ahí una de las oportunidades era documentar ese tipo de violencias, una documentación que ya había empezado a través de la Ley 1448 con la Unidad de Víctimas y el Centro de Memoria Histórica. Pero lo que pasa en este Gobierno es una cosa muy aberrante: por un lado, la Unidad de Víctimas desaparece el grupo que tenía el deber de hacer el seguimiento pormenorizado a las personas LGBT y a la afectación que estas habían sufrido a causa del conflicto armado. De otro lado, el Centro de Memoria Histórica, que venía haciendo un ejercicio muy juicioso, con la nueva administración deja esa práctica y, además, decide no publicar un informe relacionado con este tema en la región del Magdalena Medio. Dejar de documentar esto obstaculiza la posibilidad que había de entender la violencia y ser perteneciente a la comunidad LGBT. Hay que decir que el Acuerdo de Paz, en lo que respecta con la justicia transicional, por primera vez daba espacio para pensar las violencias a las personas LGBT, pero lastimosamente el sistema ha sido muy lento. Y la JEP va muy lenta en el tratamiento a las personas LGBT: los comparecientes no están y no se avanza en el reconocimiento de los hechos victimizantes relacionados con la orientación sexual y la expresión de género. Estamos esperando que salga el informe de la Comisión de la Verdad (a donde hemos enviado muchos informes, como organización de la sociedad civil) en el que esperamos que se cuente lo que ha sucedido con un enfoque diferencial. Además, también esperamos que la Unidad de Búsqueda active una búsqueda diferenciada para personas LGBT desaparecidas. Tercero, el Acuerdo de Paz creó unos espacios de participación muy interesantes que son los Consejos de Paz y los PDET. En ambos hay espacio para las personas LGBT, pero estamos encontrando que es una participación muy nominal. Muchos consejos de paz todavía no incluyen a las personas LGBT, otros las incluyen, pero de manera muy escueta y simple. En los PDET, por ejemplo, encontramos mucha ausencia de consulta y participación de la comunidad LGBT, aunque la ley lo ameritaba como tal. Entonces hizo falta contundencia para buscar la participación efectiva de las personas LGBT en estas consultas de la ciudadanía rural.