Por: Nataly Triana Guerrero Asistente de Investigación Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad – Pares El Estado colombiano y las organizaciones internacionales que hacen presencia en la frontera colombo-venezolana tienen un gran déficit en lo que se refiere al ofrecimiento de garantías para la integración del enfoque de género en los programas de acción humanitaria focalizados a migrantes que se encuentran en edad menstrual y que viven en condiciones de pobreza extrema. Una doble afectación como víctimas de la migración y la pobreza, y la ausencia de políticas diferenciales para atender las necesidades de las mujeres migrantes. Según información obtenida por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), las mujeres migrantes de Puerto Santander reciben anualmente, por parte de una de las organizaciones internacionales, un kit de aseo personal en el que encuentran solamente un paquete de toallas higiénicas, un rollo de papel higiénico y otros implementos no relacionados con el cuidado menstrual. La pobreza menstrual es una condición que afecta a niñas, mujeres y personas menstruantes que no pueden acceder a productos de calidad ni a cuidado menstrual. De igual forma, estas personas tampoco tienen la posibilidad de acceder a servicios públicos que les permitan vivir una menstruación digna. De acuerdo con la Fundación PLAN, en el 2019, 5 de cada 10 niñas colombianas que vivían en poblaciones vulnerables se encontraban en esta situación. Lo anterior sin mencionar a las personas menstruantes en condición de habitabilidad en calle. Esta situación se agrava tras las consecuencias de la pandemia de covid-19, incidiendo específicamente en la disminución de los ingresos de las familias más vulnerables y generando, así, un desabastecimiento de los productos necesarios para la gestión menstrual. De hecho, el comercio de las toallas higiénicas en el país cayó un 15% en el año 2020. Para la Cámara de Comercio de la ANDI una de las razones de este comportamiento obedeció al impacto de la pandemia sobre el bolsillo de las consumidoras, lo que llevó a que las personas que aún tienen una mínima capacidad adquisitiva opten por el uso de protectores diarios en sustitución de las toallas sanitarias, ya que aquellos son 400 o 300 pesos más económicos. En Colombia, de acuerdo a la ONG Plan Internacional, las mujeres menstruantes gastan alrededor de 2 a 3 dólares mensuales en toallas sanitarias. Eso representa un gasto de 36 a 40 dólares al año: entre 120.000 y 150.000 pesos anuales. Esta cifra debe leerse teniendo en cuenta que se estima con base a un gasto en los productos más sencillos y menos lujosos para la gestión menstrual. Sin embargo, en la realidad colombiana el acceso a una toalla sanitaria es sinónimo de privilegio, lo que demuestra que en este país la gestión menstrual no es una posibilidad al alcance de todas las mujeres, en especial de las personas menstruantes sobre las cuales existen mayores estigmas. Teniendo en cuenta esto, y en vista de la crisis política y humanitaria que se vive en Venezuela, la realidad de las niñas, mujeres y personas menstruantes venezolanas puede ser incluso más alarmante. La Asociación Venezolana para una Educación Sexual y Alternativa (AVESA), para el año 2020, señaló que 9 de cada 10 mujeres vivían en pobreza menstrual, y 1 de cada 10 vivía en condición de pobreza menstrual extrema. Esto se debe a dos motivos: el primero es la incapacidad de adquirir un paquete de toallas sanitarias (que ronda entre los 0.80 y los 2 dólares). Esto teniendo presente que el salario mínimo equivale actualmente a solo 2 dólares y que se necesitan por lo menos 35 dólares para abastecer a una familia con 20 productos de la canasta básica (entre los cuales no se están contemplando los productos de cuidado menstrual). El segundo motivo se encuentra relacionado a la deficiencia de los servicios públicos que el 72% de la población padece. Entre estos se encuentra el servicio al agua potable, uno de los más indispensables para la gestión menstrual. De acuerdo a Transparencia Venezuela, en el año 2018, solamente el 18% de la población tenía acceso al servicio de agua potable de calidad. De esta manera, la situación de desabastecimiento y de deficiencia en los servicios públicos en Venezuela ha obligado a las mujeres a prescindir de los productos de cuidado menstrual y a vivir en condiciones de pobreza menstrual. La situación de las mujeres y personas menstruantes que deciden migrar es aún más grave ya que las condiciones de tránsito hacia Colombia no son las más favorecedoras. En una reciente investigación de Cerosetenta y la Liga Contra el Silencio se evidencia que, actualmente, hay un fenómeno denominado “feminización de la migración venezolana”: esto quiere decir que la reciente migración hacia Colombia se da mayoritariamente por mujeres en condiciones de vulnerabilidad, lo que hace que el paso por la frontera implique una serie de dificultades diferenciales que van desde las violencias de género que se viven en las trochas, las condiciones de salubridad que pueden incidir en la salud de las migrantes y los recursos económicos limitados que restringen su movilidad, hasta el acceso a bienes y servicios en Colombia. En particular, en este sentido, existe una doble afectación de la que son objeto las migrantes por parte del conflicto armado interno colombiano (en especial en municipios como Puerto Santander donde operan el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las bandas que mantienen control sobre las trochas). Es relevante mencionar que no solo las condiciones de tránsito son desfavorables, si no que las de estadía también lo son. Según Medicina Legal, para el año 2020 las mujeres migrantes tenían una doble probabilidad de morir violentamente a comparación de las mujeres colombianas, ya que el riesgo de sufrir de violencia de género y violencia sexual es un 39% y un 28% mayor, respectivamente. La violencia de género es exponencial para esta población, especialmente teniendo en cuenta las dificultades propias del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y las condiciones de desempleo que viven departamentos receptores de migrantes como Norte de Santander, en donde la población extranjera debe acudir mayoritariamente a la informalidad como medio de subsistencia. De acuerdo con un estudio llevado a cabo por el Observatorio de Mujeres de Norte de Santander, para el año 2020, la violencia económica que padecían las mujeres en la región afectaba en gran parte a mujeres migrantes. Al respecto, la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane demuestra que el 91,1% de las migrantes trabajan en condiciones de informalidad y sin protección social, recibiendo ingresos inferiores al salario mínimo. La precarización laboral incide en la decisión forzada de incursión a la prostitución e incluso en la llegada a redes de trata. De acuerdo con Border Lab, la trata de personas durante los años 2019 y 2020 aumentó un 267% en Norte de Santander, siendo así el departamento de destino con mayor explotación de personas. De esta forma, el flagelo que viven las personas migrantes en edad menstrual en Colombia ya no está relacionado al desabastecimiento de bienes de primera necesidad, sino al conflicto armado interno, a la doble violencia por la condición de ser mujeres y refugiadas, a la corrupción, a la ausencia de recursos económicos y a la falta de políticas de manejo de la salud menstrual y sexual para personas migrantes y refugiadas. En Puerto Santander, según testimonios de migrantes y de acuerdo a fuentes territoriales de Pares, la alcaldía no solamente no habría ofrecido productos para la gestión menstrual de las migrantes, sino que tampoco ha proveído a la población migrante de suministros para evitar el contagio del covid-19. Al parecer, únicamente se ha centrado en la distribución de mercados provenientes de la priorización asignada por el Gobierno nacional a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Estos mercados, conforme a las fuentes de Pares, estarían siendo entregados de manera arbitraria, por parte de la alcaldía, a personas que no cumplen con los requisitos de pertenecer a población migrante vulnerable. Esta información no pudo ser contrastada con la Alcaldía de Puerto Santander, puesto que no acudieron a las entrevistas realizadas por la Fundación. La coexistencia de las condiciones mencionadas ha llevado a que muchas de mujeres deban improvisar toallas sanitarias con trapos o pedazos de prendas de vestir: alternativas altamente riesgosas para la salud de las migrantes y que las exponen a mayores índices de discrimación por la posible presencia de fugas. Para las migrantes de Puerto Santander, la visibilización de esta dificultad no es sencilla en comparación, por ejemplo, al tema de alimentación, ya que el periodo es considerado una condición biológica que solamente es discutida entre las mujeres que componen el círculo familiar. La menstruación para ellas se ha reforzado como un tabú tras el impedimento de no poder proveer a sus mujeres y así mismas de estos implementos, lo que genera en ellas una condición de vergüenza y silencio al respecto. Estas prácticas a las que deben recurrir las migrantes y mujeres vulnerables en Colombia son riesgosas ya que pueden derivar en un aumento de la presencia de infecciones urogenitales, síndrome de shock tóxico, entre otras complicaciones sanitarias. De igual forma, el desconocimiento del ciclo menstrual propio y la falta de educación en este tema es grave porque, más allá de ser una condición biológica, la menstruación es un signo de alarma de factores determinantes de salud, como la posible presencia de cáncer uterino. A pesar de esto, la relevancia de la salud menstrual no debe reconocerse exclusivamente por su importancia en la salud pública, sino también por su influencia en las dinámicas sociales de las niñas, mujeres y personas menstruantes. Las barreras para esta población, en términos sociales, implican la imposibilidad de reconocimiento y la dificultad de apropiación, por parte de niñas, mujeres y personas menstruantes, de sus derechos sexuales reproductivos. De igual forma, esta situación obstaculiza la participación de esta población en varias esferas como el sector educativo y, en general, el sector público. Asimismo, reproduce los prejuicios sobre la menstruación, promueve la estigmatización y mantiene las prácticas indiferentes al respecto por parte de los Estados (los cuales, por lo general, han relegado estos problemas a la esfera privada). La razón por la cual el Gobierno nacional no ha implementado una ayuda humanitaria, con enfoque de género, en torno a la menstruación se debe a que aún se considera, incluso desde el sector público, un tema tabú, en especial cuando tiene que ver con la población migrante. Esto también se debe a que las organizaciones nacionales e internacionales no han elevado la discusión pública sobre la salud menstrual a la par de la discusión sobre la seguridad alimentaria de las personas migrantes y refugiadas en el país. Mientras esta discusión no se transforme en acciones concretas a favor de esta población, habrá personas menstruantes migrantes, e incluso mujeres vulnerables nacionales, que deberán elegir entre alimentarse a sí mismas y a sus familiares por medio de la informalidad, o comprar productos de cuidado menstrual, perpetuando así las brechas de género y la pobreza menstrual en el país.

Por: León Valencia Director Fundación Paz & Reconciliación La realidad actual del país parece revelar que Colombia avanza hacia una configuración política, social y cultural distinta. Sobre este y otros asuntos cruciales para el futuro del país conversé junto a María Alejandra Villamizar para el programa “Hoja de ruta”, de Caracol televisión.

Por: Juan José Cortés (asistente de investigación) y María José Parra (colaboradora) Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad – Pares La introducción a una clase de historia política colombiana debería tener, como tesis transversal, que el poder político en su etapa republicana nunca ha caído fuera del espectro ideológico de la derecha. Distintas colectividades, de colores diversos —pero de la misma gama—, han sostenido históricamente el poder nacional sin mayores complicaciones. Aun con esto, el momentum político y social que atraviesa el país, sumado a una transformación, quizá sin precedentes, del electorado, puede ser un buen terreno para lo que sería el debut de un gobierno de izquierda. Esto en medio de un contexto que desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) se ha definido como el “posuribismo”. El principal representante de esta opción de oxigenación política, al menos en las encuestas para elección presidencial, es el Pacto Histórico, conformado de manera preliminar por la Colombia Humana, el Polo Democrático Alternativo, el MAIS y el partido Comunes, aglutinados alrededor del líder natural de la oposición al Gobierno de Iván Duque, Gustavo Petro. Según una encuesta liderada por Invamer, en asociación con Caracol y Blu Radio, esta transformación en la afinidad ideológica se traduce en un electorado que empieza a reconocerse cada vez menos de derecha. En un lapso de 5 meses, la afinidad política de votantes por la izquierda aumentó en prácticamente 6 puntos porcentuales, casi la misma proporción en la que cayó la afinidad por la derecha. Esto puede tener varias explicaciones: Por un lado, un crecimiento del voto castigo, que nace de un Gobierno que no parece haber encontrado un rumbo claro a casi un año de su salida y cuya lánguida gobernabilidad se refleja en tres reformas obstruidas en menos de un mes. Una “juvenalización” del electorado participativo (activo políticamente) que lleva una temporada larga de socialización en el marco de la movilización social y que quiere cambios. Una debilidad discursiva y propositiva de lo que muchos se niegan a reconocer como el “centro” político. Con este panorama externo (aparentemente a favor), un análisis útil parece deber concentrarse en los factores intrínsecos de este sector del mundo político que pueden convertirse en su propia piedra en el zapato, y que pasan por asuntos de cohesión interna de los partidos, protagonismos individuales y estrategias de captura de votos de otros sectores (o su ausencia). Este análisis, que contará con varias entregas, consta de un repaso por cada una de las colectividades que conforman este sector de la vida política bajo la pregunta: ¿es este el momentum de la izquierda? A partir de entrevistas y análisis realizados por la Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad de Pares, en esta primera entrega se analiza uno de los partidos que generan mayores tensiones y que no cuenta con tantos votos, pero que se hace necesario: el partido Comunes. Partido Comunes: grietas internas y desinterés en la carrera por el voto Con la creación del Partido FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), en el año 2017, se dio paso al proceso de implementación de uno de los puntos del Acuerdo Final para la Paz (AFP), firmado en 2016 entre las FARC-EP y el Gobierno nacional. Por lo tanto, el partido FARC empezó a ocupar 10 curules (5 en cada Cámara) durante dos periodos legislativos (2018-2026) en los cuales el Estado colombiano se comprometería a garantizar la implementación de los acuerdos y la existencia de condiciones de seguridad para quienes participarían en la vida política como resultado del AFP. No obstante, el proceso de reincorporación política de dicha colectividad se ha visto marcado por multitud de vicisitudes que comprenden tanto elementos de cohesión interna como circunstancias externas que, a manera de hipótesis, dificultarían su mantenimiento como partido una vez su permanencia en la vida política dependa de los resultados obtenidos en las contiendas electorales. Aunque, cabe resaltar, el senador Julián Gallo Cubillos no coincide con esta idea, según una entrevista realizada por Pares. Sobre las tensiones existentes dentro del partido, es importante mencionar, como es conocido públicamente, que algunos de los actores del proceso de negociación política dentro del AFP firmado en 2016 decidieron desistir de la vía institucional y retornar a las armas. Los nombres principales: Iván Márquez y Jesús Santrich, quienes en 2019 decidieron regresar a la lucha armada como disidencias de las extintas FARC. Posterior a esto, ocurren una serie de procesos de conflictividad interna en términos organizativos y de jerarquización en la colectividad política. Como prueba de esta estructura interna debilitada, hacia finales de febrero pasado, en el IX Pleno de la Dirección Nacional del partido, se toma la decisión de expulsar a Jairo Estada, Joaquín Gómez, Liliana Castellanos, Victoria Sandino y Benkos Biohó. Las dos últimas personas, más cercanas a Jesús Santrich que a Rodrigo Londoño, manifestaron no estar de acuerdo con varias decisiones tomadas, como la que implicó la expulsión de la colectividad de Benedicto González, Andrés París y Fabián Ramírez, por parte de la dirección nacional, bajo el argumento de asuntos disciplinarios. Estas conflictividades, de acuerdo con el senador Gallo, también pueden ser consecuencia de un cambio brusco en la forma de liderazgo de un conjunto de personas que fueron entrenadas en el ejercicio de la guerra y cuya transición al escenario político-electoral implica una pronunciada curva de aprendizaje. En este orden de ideas, y como se sostuvo en entrevista con Luis Alberto Albán, representante a la Cámara por el partido, esta serie de confrontaciones internas no surgen de la dinámica electoral per se, sino que se refieren a inconvenientes previos al ejercicio electoral y que se presentan al existir algunas personas militantes que, desde la visión de Albán, pretenden imponer sus posiciones, criterios y opiniones con un sistema característico: el de quejarse de la democracia al no encontrar mayorías para imponer sus criterios. Por su parte, la dirección nacional manifiesta que las decisiones tomadas se fundamentan en el hecho de haber constatado incumplimiento, por parte de las y los exintegrantes, de los estatutos del partido y que, una vez analizadas dichas situaciones por el comité de ética es que se opta por expulsar a estas personas de la organización política. Albán declara que muchas de las divisiones que se presentan dentro del partido son propiciadas por las disidencias (lo que, técnicamente, podría considerarse un factor exógeno), quienes buscan desestabilizar la organización. El representante, así como un sector importante de la colectividad, consideran que darles visibilidad a estas ha sido una estrategia de la extrema derecha para darle sostén al argumento de que el partido está incumpliendo los acuerdos. Donde quiera que esté la razón, es innegable que estos grupos constituyen un elemento que, así sea de manera indirecta, ha lacerado la imagen del partido ante la opinión pública. Cabe señalar que ambos grupos de factores —internos y externos— dificultan la proyección del partido a futuro, más aún cuando este no logra consolidarse todavía en el escenario electoral, lo que, de hecho, tampoco parece ser su interés a corto plazo, según lo que le comentó a Pares el representante Albán. Esto último, pues sus diez curules en el Legislativo están blindadas por el AFP. Sin embargo, es importante cuestionarse qué tanto puede afectarle al partido este “desinterés en la carrera por el voto” en un escenario competitivo en 2026. Y es que, de manera preliminar, pareciese que la apuesta estaría en movilizar sus bases para apoyar la coalición de izquierda con mayor probabilidad de éxito (título que no parece tener mucha competencia en el escenario actual), en lugar de sus listas propias. En 2018, en las elecciones a Senado, el partido obtuvo un casi invisible 0,34% de los votos, con un total de 52.532. Por su parte, para la Cámara de Representantes el partido conquistó un 0,21% del electorado, con un total de 32.636 votos. Dentro de las acciones tomadas para responder a este problema, sumado al ya apuntado —y nada desdeñable— de imagen ante la opinión pública (según la última encuesta de Gallup, el partido goza de un 90% de desfavorabilidad), en enero de 2021 se realizó una Asamblea nacional para determinar un cambio de nombre. Como resultado de dicho proceso, se resolvió que la colectividad pasaría a llamarse partido Comunes, en últimas, para tratar de superar las dificultades que ha encontrado el partido en el proceso electoral dentro de una población colombiana que no está familiarizada con la identidad histórica de la comunidad fariana, en parte, según el senador Gallo, por una estrategia de vieja data de deslegitimación del alzamiento armado (Este artículo de Pares puede interesarte: El futuro del partido FARC, una discusión más allá del nombre). En el momento de la discusión sobre el cambio nombre, el representante Albán defendió la conservación de la sigla FARC pues, según él, esta carga consigo un recorrido histórico y una construcción social que representaba un aporte a la sociedad. En este punto, es pertinente recordar que nuestra región ha visto casos de éxito en los que partidos políticos resultantes de procesos de desmovilización han llegado a ser Gobierno conservando una identidad construida en su pasado beligerante. Tal fue el caso, por ejemplo, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador. Con los ojos puestos en las elecciones de 2022, en febrero de 2021 el partido manifestó su interés por ser parte del Pacto Histórico. Según lo mencionaron a través de diversos canales, el partido Comunes aseguró encontrarse en entera disposición de participar de dicho Pacto, al cual consideran, por un lado, como un imperativo ético y político con los diferentes sectores políticos y sociales que creen en un país en paz con justicia social, y, por el otro, en la misma línea, como el proyecto “para sacar del poder a las élites”, según indica el senador Gallo. Además de lo anterior, añaden que para el periodo 2022-2026 las curules que les corresponden como resultado del AFP harán parte de dicho bloque mayoritario que buscan impulsar los partidos que comprenden el Pacto Histórico. En función de lo anterior, si bien aún dicha coalición no se ha pronunciado frente a lo expuesto por Comunes, el senador Armando Benedetti menciona que no se opone a la participación del partido Comunes en el Pacto Histórico dado que este debe ser inclusivo, y además uno de sus ejes fundamentales es la paz de Colombia. En este punto, el senador Gallo introduce el concepto de la política de doble carril: todos los partidos de oposición en el Congreso buscan apoyo, votos y firmas en el ejercicio parlamentario por parte de quienes representan a Comunes; sin embargo, en el plano electoral “todos les hacen el feo”. Finalmente, no es de olvidar que gran parte del trabajo del partido en el Congreso se ha concentrado fuertemente en denunciar la precaria implementación del AFP, y no ha logrado trascender a representar otros sectores o temas, más en un contexto nacional que demanda propuestas en múltiples frentes. En este sentido, el senador Gallo considera que “se equivocan quienes creen que no lograrán abrirse un espacio en el escenario electoral, es cuestión de tiempo y aprendizaje”. Es más, observa la coyuntura del paro nacional como una oportunidad para diversificar la agenda misma del partido y conectarse de manera más directa con la realidad de la “gente del común”. En síntesis, con todo y sus problemas de cohesión interna, el peso que supone su vinculación con grupos disidentes en el mundo de la opinión pública, sumado a su ánimo de no correr, por ahora, la carrera de los votos (con el argumento de que el electorado prefiere el voto útil), el partido Comunes, su agenda y espacio en el Legislativo representaría un activo político importante para un próximo gobierno, de ser este el momentum de la izquierda.

Por: Laura Cano Periodista – Pares Este ha sido un trimestre particular en Colombia marcado por dos escenarios importantes. Por un lado, un tercer pico de la pandemia de covid-19 que, hasta el 14 de julio, ha cobrado la vida de 113.839 personas (y a través del Ministerio de Salud se han confirmado 4.548.142 casos positivos). Por otra parte, desde el pasado 28 de abril, en el país se ha vivido un estallido social que ha llevado a millones de personas a manifestarse en las calles ante distintas situaciones que se viven en Colombia. En medio de estas complejidades, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas de Colombia, como parte de sus compromisos, publicó su más reciente informe respecto a lo que ha sido la implementación del Acuerdo de Paz en este segundo trimestre del año. Dicho documento hace especial énfasis en lo que, durante este tiempo, estuvo relacionado con la protección y seguridad de las y los excombatientes, las comunidades afectadas por el conflicto, y las personas líderes y defensoras de derechos humanos. Adicionalmente, se prestó atención a lo que ha tenido que ver con la sostenibilidad del proceso de reincorporación, la consolidación de la presencia integrada del Estado en las zonas afectadas por el conflicto, el fortalecimiento del diálogo constructivo entre las partes y el fomento de la reconciliación. Bajo estos enfoques, fueron varios los planteamientos de la Misión. Por eso desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) hacemos un resumen de algunos de los puntos y hechos más relevantes que tuvieron lugar en estos tres meses de acuerdo al informe: En abril, tras la emisión por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de un auto de determinación de hechos y conductas en el caso 01 (el cual está enmarcado a partir de los casos de toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad), exmiembros del secretariado de la otrora guerrilla FARC-EP presentaron sus respuestas al auto e incluyeron información en respuesta a los requerimientos específicos formulados por las víctimas acreditadas en el caso. Además, en este contexto, también reconocieron que había existido una política de secuestros en el antiguo grupo guerrillero y asumieron su responsabilidad por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. En medio de esto, las personas implicadas pidieron perdón y se comprometieron con aportar a la búsqueda de restos de las víctimas de secuestro que fueron asesinadas o murieron en cautiverio. En este mismo sentido, el 17 de junio, los excomandantes aportaron información a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) para iniciar la búsqueda de 55 civiles e integrantes de la fuerza pública secuestrados por las FARC-EP. Tras un ir y venir, en el pasado mes de mayo recibió luz verde una propuesta que desde el 2016 no había podido ser resuelta: las 16 curules para la paz. Durante este trimestre, la Corte Constitucional dictaminó que los 16 escaños adicionales en la Cámara de Representantes se aplicarán en los períodos legislativos 2022-2026 y 2026-2030. También durante el mes de mayo se conoció que Miguel Ceballos había presentado su renuncia como Alto Comisionado para la Paz. En su lugar entraría Juan Camilo Restrepo, quien se venía desempeñando como viceministro de Agricultura. La entrada de este funcionario fue puesta en cuestión, entre otras cosas, porque él se ha desempeñado como presidente de Augura, una agremiación que abiertamente puso sus esfuerzos en la campaña del “No” durante el proceso de los diálogos del Acuerdo de Paz, y que incluso hizo parte de los 37 donantes del comité “La paz es de todos”: la campaña gerenciada por Juan Carlos Vélez. Además, sobre esta agremiación hay que decir que ha tenido un trabajo constante con los sectores bananeros de Urabá, que han estado en desacuerdo con lo que se refiere a la Reforma Rural Integral y, asimismo, con el trabajo de la JEP. También hay que mencionar que, históricamente, varias asociaciones del gremio bananero han sido acusadas de apoyar cooperativas de seguridad privada. Una de las situaciones que mantiene las alarmas encendidas es la violencia contra excombatientes. En estos tres meses, la Misión verificó 16 asesinatos de firmantes de paz (15 hombres y una mujer). Con estas, ya son 278 las personas firmantes asesinadas desde la firma del Acuerdo y, además, al respecto, también se denuncian 63 intentos de homicidio (59 hombres y cuatro mujeres) y 21 desapariciones (todos hombres) desde el 2016. Como se indica en el informe, los asesinatos se han concentrado principalmente en los departamentos de Cauca (48), Nariño (33), Antioquia (29), Caquetá (26), Meta (23), Norte de Santander (22), Valle del Cauca (21), Putumayo (20), Chocó (15), Huila (8) y Guaviare (7). Ante la situación anterior se han activado varias rutas tanto desde la JEP como desde la Policía, y también por parte de la UNP. La Misión informó que, hasta la fecha, se han aprobado 345 órdenes de protección: 43 de ellas para mujeres y 20 para medidas de protección colectiva. Sin embargo, hay 307 solicitudes pendientes de evaluación. La Unidad Nacional de Protección también ha avanzado en la cobertura de las vacantes de escoltas y ha contratado a 383 de los 686 escoltas adicionales ordenados por la JEP. De acuerdo con lo dicho por la Misión, la Unidad Especial de Investigación les había reportado seis nuevas condenas relacionadas a ataques contra excombatientes, con las que se completaron un total de 41 (entre los 320 ataques investigados por la Unidad). Otro hallazgo en este período fue que, a la fecha, cerca de 10.000 firmantes viven fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), por lo que es urgente pensar medidas tanto de protección como de atención a esta población. Se señala que aproximadamente la mitad de los 13.589 excombatientes acreditados participan en proyectos productivos individuales o colectivos, y casi el mismo porcentaje ha recibido el apoyo financiero correspondiente. En este sentido, se menciona que 90 proyectos se han dado de manera colectiva: cuentan con la participación de aproximadamente 3.414 firmantes. Adicionalmente, en el período sobre el que se informa se aprobaron dos proyectos productivos colectivos nuevos. Con este panorama y resumen general en mente, hay que decir que si bien la Misión identifica algunos avances, aún son muchos los pasos que faltan por dar desde muchos enfoques. Uno de los más urgentes tiene que ver con buscar y ejecutar acciones efectivas para frenar la violencia contra las personas firmantes de los acuerdos, quienes desde sus territorios han demostrado voluntad de paz, pero aún así viven con el peligro latente de ser asesinadas ante la desprotección a la que están expuestas. “Esto está principalmente relacionado con las acciones de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales que prosperan en zonas caracterizadas por una presencia limitada del Estado, la pobreza y las economías ilegales. La violencia continuada y la estigmatización contra excombatientes y miembros del partido Comunes es particularmente preocupante, especialmente en la antesala de las elecciones de 2022, cuando esperan participar activamente en el trabajo político a lo largo del país”, aseguró Carlos Ruiz Massieu, representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, durante la presentación del informe. Hay que señalar que el informe hace una mención especial a las negociaciones con el ELN, afirmando que “las comunidades locales de las regiones afectadas por el conflicto, así como las organizaciones de la sociedad civil y los actores políticos, siguen pidiendo al Gobierno y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que reanuden las negociaciones de paz. El Representante Especial y un representante de la Iglesia católica han mantenido contactos con el Gobierno y el ELN para explorar la posibilidad de reanudar las conversaciones de paz y dar seguimiento al llamado del Secretario General a un cese al fuego global”. En medio de esto, se enfatizó en la urgencia de acelerar la implementación del Acuerdo, puesto que la acentuación del conflicto ha hecho que las víctimas de repertorios de violencia sigan aumentando. Por ejemplo, se señala que, solo en el periodo evaluado, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas registró el desplazamiento masivo forzado de más de 7.400 personas en siete departamentos, lo que lleva a decir que desde el organismo se tiene registro de 29.000 personas que han sido desplazadas forzadamente en lo que va del año. Esto solo mencionando una de las tantas victimizaciones a las que se ven enfrentadas las personas que habitan las zonas que se están viendo más afectadas por las pocas acciones encaminadas a la solución del conflicto. La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. Una vez conocido el informe, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se refirió al mismo, afirmando que “cuando se firmó el Acuerdo en 2016, todos los grupos criminales que hoy nos atacan ya existían y a ellos se sumaron las llamadas disidencias de las FARC. No es cierto que la existencia de otras violencias obedezca a un supuesto incumplimiento del Acuerdo. Por el contrario, de manera responsable avanzamos en la implementación, sin escatimar esfuerzos, en la lucha contra grupos armados organizados que se dedican a la explotación de rentas criminales”. Así las cosas, parece urgente que continúe la veeduría nacional e internacional a la implementación del Acuerdo, pues pareciera que institucionalmente se quisiera ir por la vía del negacionismo. Y esto mientras día a día siguen siendo constantes las noticias sobre asesinatos, masacres, atentados y desplazamientos en distintas regiones del país: hechos que agudizan la violencia especialmente contra personas que han puesto sus esfuerzos en la construcción de paz en zonas que por años han tenido que hacerle frente a estas situaciones.

Por: Laura Cano Periodista – Pares Tras la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia quedaron varios asuntos pendientes. Uno de ellos era saber cuáles iban a ser los pasos a seguir una vez la visita ocurriera. Eso finalmente tuvo respuestas la semana pasada luego de conocer el documento emitido por el organismo internacional. En el informe, por un lado, se plasmó la situación que se ha estado viviendo en el país en el marco del paro nacional y, por otro lado, se plantearon una serie de recomendaciones respecto al panorama de derechos humanos que el equipo de personas del comisionado analizaron en su visita (Este artículo de Pares puede interesarte: Respuesta del Estado a protestas sociales ha estado marcada por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza: CIDH). El documento fue construido a partir de varios enfoques y por medio del trabajo realizado entre el 8 y el 10 de junio de 2021 por la Comisión. En ese sentido, se hizo un mapeo de las principales violaciones a los derechos humanos y obstáculos para la garantía del derecho de protesta, haciendo énfasis, principalmente, en lo que ha sido el uso desmedido de la fuerza por agentes de la Policía y el Esmad, así como en los casos de violencia basada en género que han ocurrido en medio de las protestas. También se hizo alusión a las violencias basadas en discriminación étnico-racial, y a las que han sido cometidas contra periodistas y misiones médicas. Todo esto sin dejar de lado lo que ha significado el abuso de la figura de traslado por protección. “El Estado colombiano reportó a la CIDH que, entre el 28 de abril y el 4 de junio, en el marco del paro nacional, se realizaron 12.478 protestas en 862 municipios de los 32 departamentos, que incluyen: 6.328 concentraciones, 2.300 marchas, 3.190 bloqueos, 632 movilizaciones y 28 asambleas. El 89% de las protestas, esto es 11.060, se desarrollaron sin registrar hechos de violencia y contaron con el acompañamiento de las personerías municipales, gestores de convivencia, funcionarios de la defensoría del pueblo y agentes policiales. Adicionalmente, el Estado adujo que en 1.418 protestas, correspondiente al 11%, se presentaron disturbios o acciones violentas que a su juicio afectaron la convivencia ciudadana y para las cuales fue habilitada la intervención del ESMAD”, se lee en el documento que entregó la CIDH. Algunas de las recomendaciones más generales estuvieron relacionadas con la protección del derecho a la protesta, puntualizando en la respuesta que le ha dado la fuerza pública a las movilizaciones sociales, por lo que se instó a no estigmatizar a las personas que participan de las manifestaciones y protestas, en especial jóvenes, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, mujeres, personas LGBTI y personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, se solicitó elaborar y aprobar una ley estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta en Colombia. Por otra parte, la CIDH insiste en la necesidad de que la fuerza pública actúe bajo los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad establecidos en los estándares internacionales, y también en hacer control efectivo del uso de medios no letales. Además, y como se ha venido insistiendo como parte de los puntos que debería tener una reforma policial (este artículo de Pares puede interesarte: Azul o verde: ¿cuál es la diferencia? Algunas reflexiones sobre la reforma policial), también se menciona la necesidad de desarrollar un ejercicio de evaluación y transformación de los procesos de formación, entrenamiento y capacitación de las personas integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado. En este mismo sentido, se señala la importancia de hacer seguimiento a los casos de violencia y de que, además, se puedan “coordinar con urgencia programas de reparación integral a las víctimas, especialmente en aquellos casos en la que agentes de seguridad del Estado incurrieron en actos de violencia sexual como mecanismo de tortura y provocaron traumas oculares con la finalidad de ejercer control sobre las personas manifestantes”, agrega la CIDH. Tras esto el Gobierno nacional respondió a través de un comunicado de la Cancillería, en el que también se expusieron varios puntos. Sin embargo, una aseveración de Iván Duque, en una declaración para la prensa, ha recibido especial atención ya que el primer mandatario se mostró en abierto desacuerdo con la posición de la CIDH: “Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. (…) El país ha sido respetuoso de la protesta pacífica, como una expresión de la ciudadanía, pero los actos de vandalismo, de terrorismo urbano de baja intensidad, los bloqueos que atentan con los derechos de los ciudadanos, están siendo enfrentados con la constitución y la ley”, señaló. A esto, Duque agregó que era inviable separar a la Policía Nacional y al Esmad del Ministerio de Defensa, ya que “prácticamente desde el segundo Gobierno de Alberto Lleras Camargo, Colombia ha mantenido esa estructura de manera estable, corrigiendo lo que por muchos años fue muy cuestionado, y es que durante los años en que la Policía estuvo en el Ministerio de Gobierno (hoy Ministerio del Interior) se politizó, y esa politización llevó a grandes brotes de violencia”. En este sentido, desde la Cancillería se aseguró que “esta discusión se tuvo en la Asamblea Constituyente de 1991, que cumple 30 años, fruto de un acuerdo de paz, y fue la propia Constituyente la que resolvió mantenerla en la estructura del Ministerio de Defensa, como eje axial, sin desdibujar con ello su función esencial en torno a la convivencia y seguridad ciudadana, con una formación concebida y enfocada en esa naturaleza y bajo la columna vertebral de la garantía y respeto de los derechos humanos. Por último, no sobra mencionar que incluso la propia Defensa Civil está adscrita a ese Ministerio. En el proceso de reforma a la Policía Nacional, todo lo explicado se verá reforzado y afinado”. Otro de los puntos que más llamó la atención fue la negativa del Gobierno respecto a la propuesta de crear un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, argumentando que el país “dispone de mecanismos internos para atender las denuncias presentadas por presuntos casos de vulneraciones a los derechos humanos. Sumado a ello, es uno de los países de la región que más participa en el Sistema Interamericano, cumple cabalmente sus compromisos internacionales, y atiende oportunamente las solicitudes de información que se le hacen en el marco de las competencias de la Comisión”, añadió la Cancillería. A esto se sumó que, reiterativamente, desde la posición oficial se legitimó el accionar de la fuerza pública, asegurando que esta actuó bajo los principios de legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, y que además durante las intervenciones en la protesta social no se usaron armas de fuego letales. Lo anterior a pesar de que, por ejemplo, las organizaciones que conforman la Campaña Defender la Libertad hayan denunciado ante la CIDH que 84 personas han fallecido en el marco de las manifestaciones y que “en 28 de estos casos estarían involucrados integrantes de la Policía como posibles responsables, 7 serían atribuibles a personas de civil sin identificar y en 43 casos no se ha identificado a los autores; 14 casos se encontrarían en proceso de verificación”. Con esto queda un cuestionamiento puntual: ¿Cuál va a ser el rumbo que le va a dar el Gobierno Nacional a las recomendaciones de la CIDH? Sobre este punto, Issac Morales, coordinador de la Línea de Investigación de Seguridad y Crimen Organizado de Pares, analizó que “al ser recomendaciones generales, estas no tienen un carácter vinculante. Es decir, no hay ningún tipo de medida cautelar que permita hacer un control a esa recomendaciones, por lo que es muy difícil que pase algo”. Siendo así las cosas se hace evidente que, más allá del peso internacional que supuso la visita y evaluación de la CIDH a la situación de derechos humanos en el país, es urgente la voluntad política del Gobierno nacional para que realmente se puedan plantear rutas para lograr desescalar los niveles de violencia que se han estado viviendo en el marco de la protesta social.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El primero de junio de este año se inició en Colombia la inscripción de listas para la elección de los Consejos Municipales y Locales de Juventud. Este es un proceso que se extenderá hasta el último día de agosto, justo tres meses antes de los comicios que se llevarán a cabo el 28 de noviembre de 2021. La elección de los Consejos de Juventud se ha pensado como un ejercicio democrático en el que las y los colombianos, entre 14 y 28 años de edad, elegirán a los miembros de los 1.097 Consejos Municipales de Juventud y de los 33 Consejos Locales en cinco ciudades –Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta–. La elección de representantes en estos Consejos es un imperativo en el modelo jurídico colombiano. Se encuentra consagrado como derecho en el artículo 40 de la Constitución Política: “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”, y ha sido ratificado con la Ley Estatutaria 1757 que regula la participación democrática. El objetivo de los Consejos es que la juventud sea escuchada por los gobiernos municipales y distritales; que sus miembros tengan la posibilidad de ejercer una voz activa, crítica y comprometida frente a los problemas públicos y las decisiones políticas en sus respectivos niveles territoriales. A través de este mecanismo se intenta construir un relacionamiento bidireccional entre los jóvenes y las administraciones municipales para que aumente la legitimidad en los procesos democráticos y se fortalezca la gestión participativa en el territorio. Lo que hace especial a este proceso electoral es que si las elecciones se hubiesen realizado un par de años atrás –justo cuando se aprobó la Ley Estatutaria 1885 en 2018– no se esperaría mucho, pues los jóvenes estaban acostumbrados a que el Estado agendara los mecanismos de representación, reduciendo la legitimidad de los sistemas de participación y logrando que con unos pocos votos se eligieran a sus representantes. Todo esto generando, finalmente, que las y los jóvenes pierdan interés en la participación y en la pretensión de incidencia. Sin embargo, en un momento como estos –de protesta social y donde la juventud ha logrado posicionarse como un nuevo actor político– la situación cambia. La coyuntura social, política y económica del país ha creado otro escenario para la elección de los Consejos de Juventud. La coyuntura abrió una ventana de oportunidades para reflexionar sobre el impacto que pueden tener las personas jóvenes en la realidad actual del país y la región. De allí que este año nuestra atención se dirija hacia qué pasará con el proceso electoral de estos Consejos. En Colombia, la juventud ha alcanzado la mayoría de edad. Estamos ante una muy buena oportunidad de sembrar las bases para una cultura política distinta: aquella de participación de los y las jóvenes en todos los procesos de la política. En estas elecciones podrán participar todas las personas –entre 14 y 28 años– sin necesidad de tener cédula, y las listas pueden presentarlas, además de los partidos políticos, grupos de jóvenes independientes y aquellas organizaciones juveniles –deportivas, culturales e, incluso, de personas discapacitadas– que tengan personería jurídica. En este escenario especial, el Estado tiene la responsabilidad, a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de cumplir con el calendario electoral: la inscripción de documentos para que las personas jóvenes voten, la entrega de formularios de recolección de apoyos de lista independientes y los programas pedagógicos de acompañamiento, protección, promoción y fortalecimiento del derecho a la participación democrática de los y las jóvenes. En este año, la juventud tendrá la oportunidad de mostrar la madurez política alcanzada. Tendrá que ser muy juiciosa para inscribir sus candidatos y candidatas a partir del 28 de julio. Las listas podrán ser independientes, propuestas por los partidos políticos o movimientos políticos, o por procesos y prácticas de organizaciones juveniles; y, en todo caso, deben estar compuestas por una alternancia de hombre y mujeres. Luego, contarán con tres meses para hacer las campañas políticas presentando sus propuestas. Este será el momento para dar a conocer los nuevos liderazgos –tanto individuales como colectivos– y cautivar a las y los jóvenes electores para que participen, se reduzca la apatía frente a estos procesos y se promueva la participación democrática. En este proceso democrático, la juventud se enfrentará con un sistema político en el que es común que los funcionarios públicos defiendan los intereses del gobernante de turno; en el que los líderes tradicionales buscarán, de manera estratégica, cooptar el proceso; y en el que los grupos de interés lucharán por incidir nuevamente en las decisiones del poder. En este escenario, los sectores juveniles tendrán el reto de blindarse contra la corrupción. Muchas musas les hablarán al oído con el objetivo de que les sirvan en sus fines politiqueros, ofreciéndoles dinero ante el no pago de remuneración por ser consejeros e impidiendo que los jóvenes actúen libremente y de manera informada en la solución de los problemas del territorio. Pero esto no se puede permitir. La juventud deberá evitar que su voz sirva para representar los intereses de las personas mayores de 28 años. No es conveniente que se presente una cooptación de líderes juveniles en beneficio de actores con intereses individuales. Hay que decirles a estas personas que, en efecto, tienen otros lugares para defender sus intereses. La juventud tendrá el deber ético en los territorios locales para que, de manera honesta y crítica, se incida en las decisiones públicas; para que quienes ostentan el poder lo hagan con responsabilidad; para que se tramite y se dé respuesta a sus vulnerabilidades económicas, laborales y educativas. Es tiempo de que se unan con otros actores para trabajar conjuntamente con las comunidades y que incluyan en sus proyectos los procesos de base, creando confianza y mejorando el relacionamiento. Esto contribuiría a garantizar una desescalada de la violencia, exclusión y precariedad a la que ha venido siendo sometida la juventud en el país por tantas décadas. En conclusión, estamos en un año que posibilita tener más cerca el sueño cumplido de que los y las jóvenes construyan su presente; de que los gobiernos municipales y distritales realicen un mandato de manera armoniosa con este sector de la población; de que les reconozcan el conocimiento que tienen de las dinámicas del territorio y su interés en mejorar las condiciones de vida individuales y colectivas. En los meses que vienen, la juventud tendrá la posibilidad de fortalecer las dinámicas de resistencia que hoy viene manifestando en la calle. Ahora tomará aliento para levantar la voz de la esperanza en los escenarios institucionalizados y forjar cambios. Participará activamente de aquellos escenarios creados para incidir en la toma decisiones que contribuyen al desarrollo local. Finalmente, de esta experiencia dependerá la dinámica democrática de las elecciones de 2022, la reducción en la ola de protestas que se vive y el relacionamiento entre el Gobierno y la sociedad civil. Estamos ante un laboratorio político que servirá para que la juventud se adapte a las nuevas condiciones y realice cambios que la sociedad requiere y demanda.

Por: León Valencia Director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Algunos dirigentes del Partido Alianza Verde me pidieron que les diera mi opinión sobre la situación de ese partido y la manera como estaban manejando la coyuntura. Desde mi condición de analista independiente, que no milita en ningún movimiento o partido, les envié estas ideas que ojalá contribuyan a superar el duro momento que vive esta fuerza política tan importante para el país (como quiera que ganó las elecciones locales de 2019 y logró una votación histórica en importantes ciudades del país). Antes de exponer dichas ideas, quisiera hacer algunas claridades. Para el análisis de la actual coyuntura electoral tengo como referencias: los resultados de las elecciones de 2010 en adelante, las actuales encuestas de opinión (tanto las de intención de voto por candidatos como las de favorabilidad) y una apreciación sobre la grave crisis que vive el país. Asimismo, utilizo las siguientes categorías políticas: derecha, centro-derecha, izquierda, centro-izquierda, tal como son utilizadas en Europa. Entonces hablaré de izquierdas y derechas para Colombia. Y también utilizaré la categoría de “clanes políticos”, elaborada por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) para el análisis de la política regional en Colombia. Dicho esto, aquí las 10 ideas que compartí: El arco político colombiano en la actualidad lo veo así: A) Derecha: la actual coalición de gobierno, es decir, el Centro Democrático, el Partido Conservador y algunas iglesias evangélicas. B) Centro Derecha: el Partido Liberal oficialista, Cambio Radical y el Partido de la U. C) Izquierda: las fuerzas que se ubican en el Bloque Histórico, encabezadas por Gustavo Petro. D) Centro Izquierda: las fuerzas que se ubican en la Coalición de la Esperanza. Además, Pares ha documentado 54 clanes políticos, once de los cuales son muy importantes en las definiciones presidenciales. Las elecciones presidenciales tienen tres momentos especiales en el país, podríamos hablar de tres vueltas: A) las elecciones parlamentarias y las consultas de marzo, donde se agrupan las fuerzas y se produce una primera selección de candidatos y candidatas. Se trata de una disputa amplia y abierta donde priman las alianzas sobre las rivalidades: es la antesala de la primera vuelta. B) La primera vuelta, donde priman las rivalidades sobre las alianzas, especialmente entre las personas candidatas más cercanas C) La segunda vuelta, donde se produce de entrada un fenómeno de reagrupamiento de las fuerzas, en perspectiva de un nuevo Gobierno, y después una aguda disputa entre los dos candidatos que quedan en la competencia. Son, en realidad, tres campañas distintas con exigencias específicas. Los sistemas de segunda vuelta ponen a prueba la capacidad para realizar consultas y alianzas. Pongo un ejemplo: en Bogotá (donde no hay segunda vuelta) un candidato o una candidata puede ganar con el 35% del electorado en una disputa donde normalmente se presentan cuatro o cinco candidaturas competitivas; pero en el caso nacional, donde sí hay segunda vuelta, la persona que aspire a ganar tiene la obligación de ir acumulando favorabilidades y alianzas hasta alcanzar más del 50% de las personas votantes. Por eso cada campaña hay que planearla de modo diferente. Si tenemos en cuenta los resultados de las anteriores elecciones y la dispersión del actual espectro político colombiano en partidos, movimientos y clanes, podemos decir que en el 2022 habrá segunda vuelta, es decir, que es improbable que alguna de las personas candidatas gané en primera vuelta. También es imposible que un partido o movimiento se alce con la mayoría del Congreso: como se ha visto, en su mejor momento un partido puede llevarse el 20% de representaciones parlamentarias como máximo. El proceso de paz, la pandemia y la grave crisis económica y social, lo mismo que la caída en las encuestas de Duque y su Gobierno, aunado a las dificultades que atraviesa el Centro Democrático y su máximo líder, el expresidente Uribe, nos dan para decir que estamos en un momento de transición y de incertidumbres. El país entró en la época de post-uribismo y post-FARC. La próxima campaña ya no opera “el que diga Uribe”, y la paz y la seguridad no serán los temas más relevantes. Los partidos de la derecha y la centro-derecha tendrán la libertad para recomponerse de cara a las presidenciales y presentar candidaturas propias o establecer coaliciones diversas. Eso todavía no ha ocurrido, pero va a ocurrir. Seguro que va a ocurrir. En las derechas es muy probable, entonces, que se presenten tres o cuatro agrupamientos y que surjan tres o cuatro candidaturas con posibilidades de competir en primera vuelta: A) Una persona candidata de la derecha en quien se agrupe la actual coalición de gobierno. O puede ocurrir, también, que esta vez el Partido Conservador saque una candidatura, otra el Centro Democrático y otra las iglesias evangélicas B) Que se pongan de acuerdo el liberalismo oficialista, Cambio Radical y la U, o parte de estas fuerzas, para definir una candidatura de la centro-derecha C) Que, además de estas personas candidatas, cuaje la idea de una candidatura de los exalcaldes y los clanes políticos regionales. En este momento, algunas personalidades políticas pintan con más probabilidades de alzarse con la postulación en sus respectivos partidos o agrupamientos, pero pueden surgir otras dada la gran incertidumbre: Oscar Iván Zuluaga o Tomás Uribe en el Centro Democrático; Germán Vargas Lleras o Dilian Francisca Toro en la centro-derecha; Alex Char o ‘Fico’ Gutiérrez, entre los exalcaldes y clanes; Juan Carlos Echeverri o Mauricio Cárdenas en el Partido Conservador; Viviane Morales o Jimmy Chamorro por las iglesias evangélicas. Entre estas fuerzas, las cuentas no están claras aún, a pesar de que el tiempo se agota. En las izquierdas, hasta el momento, se ven dos posibles candidaturas fuertes para competir en primera vuelta: A) Gustavo Petro, que tiene un liderazgo sólido en la coalición del Pacto Histórico, registra el primer lugar en las encuestas. Lo favorece el grave descontento social y no tiene responsabilidades en los gobiernos locales sacudidos por la crisis. Las debilidades de esta coalición y de su consulta son: primero, lo poco competitiva que resulta la consulta porque las candidaturas distintas a Petro no tienen mucho arrastre; y segundo, el alto nivel de resistencia a este candidato que, aunque ha venido cediendo en el último tiempo, todavía es bastante grande B) El candidato o la candidata que salga de la consulta de la Coalición de la Esperanza. Esta coalición tiene a las personas candidatas que sacaron el tercero y el cuarto lugar en la primera vuelta del 2018 (Sergio Fajardo y Humberto de la Calle); tiene al Partido Verde, que ganó las elecciones locales de 2019 y tuvo un arrastre estelar del voto urbano ganando las alcaldías en 10 ciudades; tiene a los líderes del liberalismo que disputaron la consulta de ese partido en 2018 (Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán); tiene a figuras competitivas en la política nacional (Jorge Enrique Robledo, con una alta votación al Congreso y una historia admirable de Senador, y Ángela María Robledo, quien fue fórmula vicepresidencial de Petro en el 2018); y tiene a Sergio Fajardo, que hasta el momento figura segundo en las encuestas. Sin embargo, esta coalición está afectada por las dificultades del Partido Verde y por el desgaste de gobiernos locales en medio de la crisis. Sumado a esto, aún no logra proyectar ante la opinión pública las fortalezas de esta coalición, no logra mostrar su diversidad, no logra hacer ver lo competitiva que resultará su consulta en medio de las elecciones legislativas. Me atrevo a decir una cosa: las izquierdas tienen que cometer muchos errores para perder la presidencia en el 2022. Dada la situación del país y la grave crisis que afronta el uribismo, esta es, desde luego, una afirmación controversial; pero las derechas (si presentan una buena candidatura y se agrupan en segunda vuelta) pueden dañarles la fiesta a las izquierdas. La realidad que nos muestra un análisis detallado del atlas electoral colombiano es que a las izquierdas solas no les alcanza para ganar en segunda vuelta. Incluso si se presentan unidas, aún necesitan de sectores de la centro-derecha para el triunfo. En cinco elecciones consecutivas (las primeras y segundas vueltas de 2014 y 2018, y también en el plebiscito por la paz), la coalición de derechas tuvo un voto consistente, favorable y mayoritario en 500 municipios del país. Así fue que en la segunda vuelta de 2018 le bastó con conseguir el apoyo de los partidos de la centro-derecha, que le pusieron 350 municipios más para ganar. En cambio la fortaleza de las izquierdas es el voto de opinión de las grandes ciudades, y por eso necesita de ese voto tradicional, también consistente, de la Colombia profunda, de la Colombia de los pequeños municipios y las ciudades medianas que aún sigue apostándole a los liberales, a los de cambio radical y a clanes políticos tradicionales. El Partido Verde presenta una grave crisis con estas características: A) Antanas Mockus, su principal símbolo y mayor elector en las elecciones parlamentarias de 2018, no está activo en la política nacional ni al interior del partido. B) Dos de sus figuras, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, están en serías dificultades en medio de la grave situación derivada de la pandemia y el estallido social. C) Las dos principales “cepas” de este partido, la del M19 y la de Claudia López, tienen preferencias presidenciales por fuera del partido (los del M19 se inclinan por Gustavo Petro, mientras Claudia y su gente vacilan entre Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria). Entre tanto, en el seno del partido se presentan varias precandidaturas que no registran nada en las encuestas D) Existe un peligro real de división y de retroceso lamentable de este partido en su bancada del Congreso y en su protagonismo en las elecciones presidenciales. El tiempo ideal de definiciones del Partido Verde ya pasó. Quizás el mejor mes para la escogencia de su candidatura, de cara a una consulta en marzo, era el mes de junio. Ahora es un poco tarde. Ahora se trata solamente de minimizar el daño. Para reducir el impacto negativo tendrían que hacer, por lo menos, cuatro cosas: A) Fijar el mes de agosto como límite para decantar una o dos precandidaturas presidenciales poniendo la condición de que quienes a 31 de agosto persistan en su candidatura presidencial no podrán participar en las listas a Congreso B) Definir en ese mes, de manera clara y transparente, en cuál de las dos consultas participarán (la del Pacto Histórico o la de la Esperanza). En reiteradas oportunidades han dicho oficialmente que su coalición es la de la Esperanza, pero (permítanme este atrevimiento) en esa afirmación muchos de los dirigentes no son sinceros, en realidad tienen en su corazón a Petro y a la coalición del Pacto Histórico, y por eso es necesario tomar una definición democrática al respecto. C) Aclarado esto, es preciso definir, entonces, también democráticamente, cuál es la persona que va a representar al Partido Verde en la consulta de marzo D) Hacer una definición preliminar de las listas a Congreso para aclarar la cabeza de lista al Senado y las candidaturas que pueden arrastrar electorado y empezar su promoción en una estrategia previa a la inscripción definitiva de estas listas en diciembre E) Al mismo tiempo, comprometer a todo el partido en una defensa cerrada de sus alcaldes y alcaldesas. La política, decía André Malraux, es banderiza: se entiende que el papel de los partidos es defender a quienes gobiernan en su nombre pase lo que pase, como el papel de los opositores es criticar, ver los errores y agrandarlos, hacer caso omiso de los aciertos F) El mecanismo ideal para tomar todas estas decisiones es una consulta extraordinaria a las bases del partido, un mecanismo verdaderamente participativo que despeje todas las dudas y le de legitimidad a las decisiones.

#Entrevista Hablamos con Esteban Salazar, coordinador de la línea de investigación Democracia y Gobernabilidad de la Fundación @parescolombia, sobre la participación de las fuerzas militares en el control de la seguridad en las ciudades.

Por: Juan Esteban Garzón López Colaborador – Fundación Paz & Reconciliación (Pares) A raíz de la pandemia por covid-19, desde marzo de 2020 se cerraron los pasos fronterizos colombo-venezolanos de forma permanente. De esta forma, quedó suspendido todo tipo de paso regular y “seguro” por canales migratorios y transportes autorizados, salvo algunos casos especiales1. A pesar de que el escenario fronterizo es apremiante por las perniciosas situaciones en términos humanitarios y de seguridad, el Gobierno nacional ha tenido un comportamiento bipolar y poco serio: anunció que extendía el cierre de las fronteras hasta el 1 de septiembre de este año para, luego de 24 horas, señalar que abría unilateralmente las fronteras2. Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha rechazado esta decisión y, aunque dice llamar al trabajo conjunto para la reapertura, sus acciones al respecto son bastante estériles, al igual que las de Colombia. Las fronteras son la expresión máxima del poder político de un Estado (Colombia) puesto que le permiten diferenciarse de un otro (Venezuela) y mostrar su capacidad de agencia y coordinación para gestionar, de la mejor manera posible, las dinámicas sociales, económicas y políticas que allí suceden. Una de esas realidades que marca las dinámicas de una zona fronteriza tiene que ver con los fenómenos migratorios. Cuando se piensa en las fronteras estatales se vinculan esencialmente dos conceptos: población y territorio. Los Estados como Colombia necesitan siempre de un territorio delimitado donde ejercer su jurisdicción y de una población a la cual controlar y brindar atención. El fenómeno migratorio en la frontera implica retos para Colombia y Venezuela tanto en términos territoriales como poblacionales, sobre todo por la densidad de los flujos migratorios en los últimos años: Colombia pasó de tener 31.471 migrantes de ciudadanía venezolana, en el 2015, a tener 1.742.927 en enero de 2021. La situación presenta todavía un reto mayor cuando 983.343 de estas personas migrantes son irregulares, lo que hace muy difícil un mínimo seguimiento, control y acompañamiento sobre ellas. Con la situación de excepcionalidad, producto de la pandemia y el cierre de las fronteras, la irregularidad en la migración ha experimentado un crecimiento todavía mayor puesto que, como alternativa al cierre de los puestos de control migratorio, las personas migrantes optan por cruzar la frontera a través de pasos irregulares conocidos como trochas, en donde han expuesto su integridad con tal de pasar al otro lado de la frontera. El espacio que comunica el departamento de Norte de Santander con el Estado de Táchira ha sido el caldo de cultivo para los pasos irregulares. A enero de 2021, la Policía metropolitana de Cúcuta ha identificado la existencia de más de 39 pasos irregulares que están distribuidos entre Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander. Sin embargo, se estima que son alrededor de 80 pasos en todo Norte de Santander. Todo esto sumado al hecho de que antes del cierre este ya era uno de los pasos fronterizos más dinámicos de toda Latinoamérica y que, por lo tanto, mantener las fronteras cerradas no puede anular completamente este dinamismo. Allí, las personas migrantes de ciudadanía venezolana intentan pasar la frontera y establecerse en Colombia, hacer movimientos pendulares hacia el país para acceder a servicios esenciales como salud, alimentación, entre otras, o simplemente retornar a su país (movimiento que se ha incrementado por la pandemia y la disolución de los medios informales de subsistencia económica en Colombia). Puntualmente, la zona de Táchira-Norte de Santander se ha caracterizado por su difícil control territorial. En esta zona geográfica hacen presencia organizaciones guerrilleras como ELN y Grupos Armados Organizados (GAO) como Los Pelusos, Los Rastrojos y El Clan del Golfo, quienes han llevado una disputa por el control territorial en los últimos años (Este informe de Pares puede interesarte: Sin dios ni ley: un análisis de la situación de seguridad en la frontera colombo-venezolana). Allí la institucionalidad estatal encuentra muchas más amenazas al monopolio de la violencia física y fiscal. La falta de control territorial permite que exista una territorialidad paralela o superpuesta que facilita la configuración de un sin número de situaciones alarmantes en términos de seguridad. Existe, entonces, una alta presencia de mafias dedicadas al tráfico de drogas, combustibles y alimentos, así como también redes de trata de personas, reclutamiento forzado, entre otras actividades ilegales a las que se ven expuestas las personas migrantes. En lo corrido del año 2021, se han denunciado múltiples situaciones que involucran la falta de control territorial y la precaria situación de seguridad de la frontera. En Táchira existen más de 90 alcabalas o puestos irregulares en los que se cobran “impuestos” a los y las caminantes para poder transitar. Estos lugares han sido utilizados principalmente para la extorsión y el financiamiento de cuerpos armados de seguridad. Según testimonios documentados de FundaRedes (2021), quienes están migrando deben “cancelar alrededor de 10 dólares americanos para poder ingresar o salir del Táchira, de los cuales 5 son para los cuerpos de seguridad (PNB, Politáchira, GNB, Cicpc, Ejército, Policía Municipal, e incluso el Saime), y 5 son para los grupos armados irregulares”. En otros casos, se ha denunciado que grupos guerrilleros invaden fincas, reclutan menores, exigen pago de servicios públicos y caminan armados libremente por el lugar. Incluso se han registrado denuncias por presiones y amenazas a cargo de grupos armados ilegales para la participación de la ciudadanía en los pasados comicios del 6 de diciembre en Venezuela. Junto a estos elementos se encuentra el factor poblacional, que recae precisamente sobre la individualidad y el cuerpo de las y los migrantes, en donde se cruzan principalmente dos factores: la salud pública y la irregularidad. Por un lado, las autoridades aseguran (pese a largos meses de experiencia que dicen lo contrario) que la medida del cierre de frontera se mantiene para reducir los problemas asociados con el virus, los contagios y sus derivadas complicaciones en términos de salud pública: puntualmente, en sostener la capacidad hospitalaria en ciudades como Cúcuta y San Cristóbal, en las que ya se ha reportado un colapso de los hospitales y una ocupación de las UCI del 100% en puntos críticos de los últimos meses. Sin embargo, los problemas de salud pública van más allá de la capacidad hospitalaria y se refieren también a la disponibilidad y calidad del agua potable (falta de plantas de tratamiento y distribución), situaciones de desnutrición, reemergencia de enfermedades y barreras de acceso al sistema de salud, entre otros; todos factores que aumentan los riesgos asociados al contagio por covid-19 en la población migrante. Si se le suman a estos factores que la población migrante irregular (que es aproximadamente un 56%) no hace parte del Plan Nacional de Vacunación en Colombia, y que las personas migrantes que deciden volver a su país han sido acusadas por el Gobierno Venezolano como “bioterroristas” que buscan desestabilizar llevando el virus a Venezuela, se encuentra una situación sumamente grave en términos de crisis humanitaria, derechos a la salud y mantenimiento de la salud pública. Por otro lado, lo que se ha visto en lo corrido del 2021 es una difícil condena para la población migrante a las situaciones de irregularidad en términos de seguridad. Además de que muchas de estas personas no tienen acceso a derechos básicos de atención social (razón por la cual muchas han intentado regresar a Venezuela), la falta de oportunidades y de empleo formal se ha traducido en un 97% de informalidad de personas venezolanas en Colombia. Esta situación ha sido y es aprovechada por estructuras armadas ilegales que persuaden a la población migrante de participar en economías ilícitas, o que en el peor de los casos les convencen de ingresar a sus filas (Puede interesarte este informe de Pares: Situación de seguridad y migración en la frontera Colombia Venezuela). También les someten a extorsiones, trata de personas, entre otras. En últimas, la persona migrante también se sitúa en la frontera como un medio de explotación y utilidad para la criminalidad. Según el Observatorio Venezolano de Violencia (2020), los diferentes grupos armados cohabitan los territorios y hacen un uso instrumental de la violencia a expensas de una cesión de soberanía para el control y utilización de la población en actividades irregulares. Sin lugar a duda, todas estas condiciones tienen una estable relación con el mantenimiento del cierre de las fronteras y la falta de cooperación entre los Gobiernos de Colombia y Venezuela, pues se prolonga una situación de excepcionalidad en la que el accionar normal deja de ser la actividad de los Estados, dentro de los límites y garantías de su ordenamiento jurídico, para convertirse en la revocación persistente de toda intervención legal y administrativa que proteja el derecho a una vida digna y sana de la población migrante, y que realice un control territorial efectivo en contra de la criminalidad. Las estrategias de limitación de flujo migratorio son ineficientes, puesto que no logran detener y excluir el paso de migrantes, sino que, por el contrario, les incluye en el territorio diferencialmente: exponiéndoles a situaciones humanitarias y de seguridad perjudiciales. Aunque está demostrado que la apertura de la frontera reduce el paso irregular por las trochas (y, a su vez, los problemas de seguridad inherentes a esta situación) y que las estrategias coercitivas de control a la pandemia no son, integralmente, las más efectivas, se sigue manteniendo el cierre de las fronteras. Y la aversión por diferencias ideológicas entre Gobiernos no permite darle la prioridad política a buscar soluciones conjuntas para la crisis. Se hace necesario, entonces, que los Gobiernos replanteen esta concepción de la frontera colombo-venezolana como una barrera que los separa y mantiene al margen de sus propias crisis territoriales y poblacionales, y que le apuesten a la cooperación internacional en términos humanitarios y de seguridad para posibilitar su funcionamiento como un punto de contacto entre pueblos donde se respeten y tutelen los derechos humanos, la seguridad plena y la salida asertiva de la crisis. REFERENCIAS 1 Decreto 580 del 31 de mayo de 2021: “Se exceptúan del cierre de frontera, las siguientes actividades: 1. Emergencia humanitaria. 2. El transporte de carga y mercancía. 3. Caso fortuito o fuerza mayor. 4. La salida del territorio nacional de ciudadanos extranjeros de manera coordinada por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, con las autoridades distritales y municipales competentes”. 2 Resolución 0746 de 2021 del Ministerio del Interior, que contrasta con el decreto 580 emitido solo unas pocas horas antes.

Por: Walter Aldana Político social alternativo Si partimos de que, como señala Avishai Margalit, “una sociedad decente, o una sociedad civilizada, es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas sujetas a su autoridad, y cuyos ciudadanos no se humillan unos a otros”, debemos entonces reconocer que es en la micro-ética donde se plasma el tipo de sociedad que queremos construir. La riqueza del Cauca está en su diversidad (reconocida más por las personas externas que por quienes la habitamos). De nuestra fortaleza como sociedad dan cuenta las cosmovisiones que, de variada forma y cantidad, expresan la historia y cotidianidad de indígenas, afredescendientes, campesinado y personas blancas: expresiones culturales y artísticas, identidades y sentidos de pertenencia, religiosidades muchas, territorios geográficos disimiles y de pisos térmicos que, desde el nivel del mar hasta los más de mil ochocientos metros, riegan con exuberante producción de alimentos para el autoconsumo y el mercado regional. La pregunta es entonces: ¿qué nos falta para ser felices? A mi pensar, adolecemos del sentido de reconocimiento del otro, porque una sociedad que ignora al otro, que no le reconoce, no le empodera, no le permite convertirse en alternativa de poder dentro de los cánones de la democracia, es una sociedad enferma. Una sociedad en la que sus sitios de encuentro no son los parques sino los centros comerciales, padece lesiones en su capacidad de gozar el aire, la flora y la fauna. Me surge otra pregunta a partir del postulado de Avishai Margalit: ¿los gobiernos del Cauca han “humillado” a sus gobernados? Quisiera compartir la reflexión a partir de tres sucesos: el primero es el de un video grabado por mujeres del municipio de Padilla, norte del Cauca, donde en su canto le solicitan o piden al gobernador del departamento que vaya a la localidad, visite e informe. Además, le recuerdan que votaron por él. El segundo se refiere a la revictimización que sufren los y las representantes de las víctimas. Acompañé una serie de reuniones de la mesa departamental con participantes del gabinete caucano y, ante la solicitud de estas, los funcionarios respondieron presentando la “oferta” institucional, no teniendo en cuenta para nada el “enfoque diferencial” para este sector de la población. Quedó en el ambiente la desazón de las víctimas de no ser reconocidas, como lo promulga la ley y lo dicen las propagandas institucionales. Y el tercer suceso (entre muchos más) alude a una conversación que tuve con un líder de una subregión del sur del Cauca. Esta persona me decía: “hermano toca votar por… ¿No ves que nos está pavimentando la vía de llegada al pueblo?”. Esto significa que el derecho a gozar de la infraestructura pública se ve como “propiedad” del administrador-político. Permitir que el ministro de Defensa enlodara el nombre de líderes y lideresas sociales (al estigmatizarles en rueda de prensa) y que los gobernantes (que les conocen en su actuar como defensores y defensora comunitarias) no dijeran nada ante el funcionario nacional hace parte del comportamiento basado en el silencio para no perder el “favor” del todo poderoso Gobierno central. Colarse en la fila, abusar del poder que da la llave al portero de la institución cinco minutos antes de iniciar servicio, borrar con pintura blanca o gris los murales artísticos elaborados por jóvenes, vender los elementos que da el gobierno municipal para mejorar viviendas, tener lotes de engorde (por ejemplo la loma de las cometas), no visitar las comunidades a las que se gobierna y olvidar el carácter de servicio a la sociedad son, entre otros, muchos elementos de micro-ética urgentes por cambiar para ser una sociedad decente.

Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares El tango dice que veinte años son nada, pero las dos últimas décadas en Colombia contradicen un poco esta afirmación: el país de hoy y el que se proyecta hacia el 2022 muestra cambios positivos en una sociedad que tiene enormes desafíos para hacer realidad el Estado social de derecho consagrado en la Constitución nacional que acaba de cumplir 30 años. Hay en Colombia un anhelo de cambios y transformaciones. Este deseo se da en el contexto de una sociedad marcada por exclusiones, vulneración sistemática de derechos para amplias capas de la ciudadanía, y por un orden social y político plagado de mafias, autoritarismos y violencias organizadas. Todos estos procesos tienen a Colombia en un lugar destacado como un país donde se violan múltiples derechos, empezando por el derecho a la vida, lo cual ha sido una constante en nuestra historia contemporánea: la cifra de más de mil doscientas personas líderes asesinadas desde la firma del Acuerdo de paz con las FARC (en 2016) es la constatación de que en estas tierras la vida se aniquila sin miras y con amplia impunidad. El signo de los tiempos es anhelo de transformaciones. Hay vientos de cambio y se expresan en la más formidable protesta ciudadana y social de toda nuestra vida republicana. Esa protesta no para y tiene una nueva cita el próximo 20 de julio: en esa fecha veremos nuevamente a miles de personas en las calles, con sus reclamos y demandas, justas y necesarias en una sociedad que se ha cansado de vivir en un orden de exclusiones y profundas inequidades. No es admisible seguir en una sociedad rica en recursos y potenciales humanos y en la que, sin embargo, una tercera parte de las familias pasan hambre y millones de jóvenes no viven un presente digno ni ven posibilidades futuras de un mejoramiento de sus condiciones de vida. Afortunadamente no se resignan a este oprobio y salen a las calles a protestar y a reclamar. La realidad se ha vuelto intolerable y debe cambiar. Lograr transformaciones y avanzar hacia un orden de mayor calidad es una disputa política en curso. Hay quienes se sienten cómodos con esta realidad desigual. Ese sector tiene un nombre propio: el uribismo que hoy desgobierna es la fuerza que defiende y se aferra a este orden de exclusiones y prácticas poco democráticas; el uribismo y sus aliados políticos son los promotores de la defensa de este presente de ignominias y atropellos cotidianos que ahora son más visibles en una sociedad más comunicada. En el 2022 se juega nuevamente la posibilidad de avanzar en las tareas pendientes de una sociedad que viene diciendo “¡Basta ya!”; una sociedad que luego de la promesa incumplida de vivir en un Estado social de derechos para todas las personas, y no solo para una minoría, esta lanzada no solo a las calles, sino a mil formas de expresión ciudadana que han enriquecido el debate político y que están configurando una cultura política deliberativa y de diversas propuestas a concretar en una acción transformadora. Todo esto debe expresarse con contundencia en las elecciones presidenciales: el uribismo no puede seguir con su proyecto de exclusiones y persistir en este orden que ya es caduco y que debe ampliarse, desde un ejercicio ciudadano propositivo, hacia una sociedad de derechos universales, con una base económica que los pueda hacer realidad y con una política fiscal que los soporte. La Colombia del presente está viviendo lo que dijimos con insistencia hace dos décadas y más: cuando se cierre el conflicto armado con las FARC, se verán los verdaderos conflictos que el estruendo de la guerra y el humo de las bombas no deja ver. Hoy, por fin, esos conflictos de dejan ver: desigualdades, precariedad social, violación sistemática de derechos, todo lo que debe ser transformado. En las presidenciales del 2022 y en el debate en curso se juegan las posibilidades de cambios o de continuidad. Las personas estamos advertidas de que este Gobierno no está dispuesto a ningún dialogo serio y de que solo tiene la intención de concertar y negociar cosas mínimas. Solo una derrota política del uribismo permitirá avanzar en paz y hará posible una convivencia de calidad y una democracia real, superando los formalismos y simulaciones que han caracterizado a la Colombia contemporánea, que posa de democrática, pero que está plagada de crímenes y violencias a superar.

Por: Equipo de redacción  Fundación Paz & Reconciliación – Pares  Este martes 7 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público el informe con las observaciones y recomendaciones que dejó su visita de trabajo al país, realizada entre el 8 y el 10 de junio del presente año, en lo que se refiere al seguimiento de la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas sociales iniciadas el 28 de abril en distintas regiones de Colombia (este artículo podría interesarte: La CIDH en Colombia: un paso a las garantías de derechos humanos en la protesta social ). Frente a las causas de las movilizaciones sociales, la CIDH reconoció, a partir de sus encuentros con representantes del Estado y de la sociedad civil, que los motivos de la indignación ciudadana tienen que ver con múltiples razones: la inequidad en la distribución de la riqueza, las condiciones de pobreza y pobreza extrema en la que viven millones de personas, la dificultad de acceso a derechos económicos, sociales y culturales, los altos niveles de violencia e impunidad, condiciones estructurales de discriminación étnico-racial y de género, entre otras. Todas estas realidades se han acentuado y recrudecido, además, por la pandemia de covid-19. En ese sentido, la CIDH manifestó que reconoce las protestas sociales que se han vivido en el país como un vehículo de múltiples voces, reivindicaciones y demandas sociales que de otro modo difícilmente ingresarían al centro del debate público. En esa línea, y haciendo un llamado a respetar la Constitución Política del país, la CIDH ha instado al Gobierno de Colombia a defender los principios constitucionales desde los que se comprende al sistema político del país como un Estado social de derecho que, por lo tanto, debe sostenerse en un ordenamiento democrático sólido, participativo y pluralista. A partir de estas razones, el organismo internacional ha manifestado su preocupación por el alto número de muertes y de personas que han resultado heridas durante las jornadas de protestas sociales en todo el país, y, además, por la gran cantidad de denuncias relacionadas a: desaparición de personas, violencia sexual, uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades, perfilamientos étnico-raciales, detenciones arbitrarias, violencia contra periodistas, violencia conta misiones médicas, entre otras violaciones contra los derechos humanos. Respecto al tratamiento que el Gobierno nacional le ha dado a la protesta social, la CIDH “observa con preocupación la persistencia de lógicas del conflicto armado en la interpretación y respuesta a la actual movilización social”. Precisamente, en ese sentido, le insiste al Estado colombiano sobre la necesidad, no solo de que el uso de la fuerza sea una respuesta excepcional en escenarios de movilización social (y que se halle realmente justificado de acuerdo a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad), sino de que el diálogo con enfoque territorial, amplio e inclusivo (capaz de integrar la diversidad de los sectores sociales que se han movilizado) sea el mecanismo que marque las actuaciones del Estado para dar respuesta a las demandas sociales expresadas en la protesta social. En las observaciones realizadas, la CIDH constató que “en reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones del país, la respuestas del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal”. Por esta razón, la CIDH ha urgido al Estado para que implemente de forma efectiva e inmediata mecanismos que prohiban el uso de la fuerza letal como herramienta para controlar el orden público en el marco de la ocurrencia de protestas sociales en el país. Asimismo, el organismo internacional ha recordado que si bien la protesta no es un derecho absoluto, la protección de derechos de otras personas no debe ser empleado como una excusa para reprimir protestas pacíficas. En ese sentido, Ariel ávila, subdirector de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), manifestó que las observaciones de la CIDH reiteran que, en el marco del paro nacional, es evidente la presencia de un “cuadro sistemático de violación a los derechos humanos realizado por agentes estatales, principalmente por miembros de la Policía”. Entre las 41 recomendaciones que realizó la CIDH al Estado colombiano, con base a sus observaciones de la situación de derechos humanos en el contexto del paro nacional, además de las que ya se han mencionado anteriormente, se encuentran: que los casos relacionados a violaciones de derechos humanos en los que se presume la responsabilidad de la fuerza pública sean conocidos por la justicia ordinaria y no por la justicia penal militar; que se asegure que la figura de la asistencia militar sea excepcional, extraordinaria y temporal; que la Policía Nacional sea separada del Ministerio de Defensa; que en cada caso se constate la gravedad de las afectaciones que produce la protesta social y se asegure que las eventuales restricciones que se le impongan respondan al principio de legalidad, persigan un fin legítimo y sean necesarias y proporcionales; que se tomen medidas para prevenir, reducir y eliminar situaciones de discriminación; que se garantice el respeto y la protección de territorios de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes frente a presencia de actores armafos estatales y no-estatales; que se investigue para identificar y sancionar a personas y grupos responsables de violaciones contra los derechos humanos, y que los resultados de esas indagaciones se compartan de forma abierta y de fácil acceso con la ciudadanía. Finalmente, la CIDH anunció en su informe la creación de un “Mecanismo Especial de Seguimiento de Derechos Humanos para Colombia” con el objetivo de brindar asistencia técnica al Estado en el desarrollo de las acciones sugeridas por la Comisión y de monitorear el desarrollo de las protestas sociales en el país. En un comunicado, el Gobierno colombiano afirmó que recibe de manera constructiva el informe de la CIDH y que coincide con algunas observaciones allí contenidas. Sin embargo, sostuvo que se apartaba de algunas consideraciones de la CIDH, entre ellas, rechazó enfáticamente la creación del “Mecanismo Especial de Seguimiento de Derechos Humanos para Colombia” toda vez que, de acuerdo a la comunicación oficial, “el Estado cuenta con una institucionalidad robusta y sólida (…) por lo que no consideramos necesario un mecanismo de seguimiento”. Asimismo, desde la posición oficial se sostuvo que los eventos en los que se ha presentado uso de la fuerza han sido excepcionales y que la Policía no utiliza armas de fuego letales en el marco de las protestas sociales. Entre otras cosas, también se negó que haya discriminación estructural contra ciertas poblaciones y que eso se traduzca en el uso de la fuerza en contra de sectores sociales específicos, a la vez que se cuestionó que algunas de las cifras publicadas en el informe de la CIDH no se encuentren contrastadas. Por su parte, en declaraciones realizadas por el presidente Iván Duque, el primer mandatario afirmó, respecto al informe de la CIDH, entre otras cosas, que “nadie puede recomendarle a un país tolerar la criminalidad”. Con este panorama, parece incierto si habrá disposición del Gobierno para desarrollar acciones encaminadas al cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la CIDH.