La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presenta este informe sobre el perfil político y los cuestionamientos que rodean a Jennifer Arias, congresista del Centro Democrático y próxima presidenta de la Cámara de Representantes para el periodo legislativo que inicia en el Congreso el 20 de julio.

Por: Germán Valencia  Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Este sábado 3 de julio coincidieron en Colombia las celebraciones del día de los economistas y el día del cooperativismo. El primero es un día fijo para nuestro país; el segundo cambia, se conmemora todos los años el primer sábado de julio –así lo estableció la ONU desde 1995–. Para algunas personas, esta doble celebración es una redundancia, pues conciben a la economía como aquella ciencia social que trabaja por la construcción del bienestar social, el mejoramiento de la calidad de vida y el logro de un mundo mejor para todas las personas. Idea que armoniza plenamente con los valores de la ideología cooperativa. Sin embargo, la realidad es que la economía se ha dedicado a estudiar históricamente una cosa muy distinta. Su interés se ha dirigido, casi por completo, a investigar y defender tanto al mercado como al Estado como formas idóneas para responder a la pregunta de cómo conseguir todos aquellos bienes y servicios necesarios para la vida. Durante 250 años –entre los siglo XVI y mediados del XVIII– los primeros estudiosos de la economía se caracterizaron por defender al Estado como el mejor mecanismo para conseguir riqueza y dirigir la economía. Esta visión tuvo como resultado la configuración del Estado absolutista. Y debido a las consecuencias que trajo –como el excesivo uso de la cohesión física, el gasto exagerado de nobleza y el incremento desproporcionado de impuestos y tributos– el modelo estatal sufrió muchas críticas y, con ellas, el aparecimiento del liberalismo económico. Fue a partir de 1776, con la obra la Riqueza de las Naciones de Adam Smith, que se comenzó a generar una defensa a ultranza del mercado. La empresa, los empresarios y el sector privado fueron adulados y defendidos por el liberalismo económico. Con esto, se creó una ciencia encargada de defender o bien al mercado, o bien a la intervención del Estado como opción para el buen funcionamiento del sistema económico. Son quinientos años de historia donde especialistas en economía han trabajado una u otra opción, olvidando el estudio del cooperativismo como la tercera opción. La economía social y solidaria propone una alternativa que va más allá del mundo financiero: cobija a todos aquellos sectores que se requieren para el buen vivir, tales como la educación, los servicios públicos domiciliarios o la producción de bienes. Como movimiento, el cooperativismo nació hace casi doscientos años en Inglaterra como forma de resistencia al modelo económico y político imperante, cuando en medio de los problemas de empleo que estaba generando la naciente industrialización sirvió para proteger a las personas desempleadas y desechadas por el mercado. El cooperativismo sirvió en aquel entonces para proteger a la gente contra la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Fue la mejor opción para defender los valores de la ayuda mutua, la solidaridad y la justicia redistributiva. Y sirvió para que la naciente sociedad civil se responsabilizara a sí misma de su condición desfavorable ante un Estado y un mercado que la rechazaba. Por estas razones, en 1995, en el mundo, ante los problemas que trajo el neoliberalismo, de nuevo se recordó el potencial que tiene esta doctrina para hacerle frente a las necesidades económicas y sociales de las comunidades. A través del Manifiesto de la Identidad Cooperativa se defendieron las bondades que ofrece la economía social y solidaria a través de una propiedad común y democráticamente controlada. Circunstancias que hoy se mantienen. La sociedad está pasando por una situación extrema de pobreza, desempleo y falta de opciones para conseguir lo necesario para vivir. Los ciudadanos y las ciudadanas no tienen dinero para recurrir al mercado, y el Estado no quiere otorgarles una renta básica. De allí que la invitación a la economía y a sus especialistas sea la de explorar y defender al cooperativismo. Esta doctrina ofrece valores como responsabilidad, igualdad, fraternidad y autoayuda, además de los de justicia, bien común, confianza, responsabilidad política y principios de organización económica: principios que sin duda ayudaría mucho en momentos de crisis como estos que atravesamos. En síntesis, el cooperativismo es una opción real que utilizan las personas, las comunidades y los territorios de todo el mundo como forma de organizarse para hacerle frente a las desavenencias del mercado y el desinterés del Estado. Una opción que hoy utilizan más de mil doscientos millones de personas de todo el globo y que sirve para resolver sus problemas colectivos. Un modelo económico social y solidario que bien puede ser una apuesta para la inclusión de sectores marginados, para la distribución de ingresos y para la creación de trabajo decente y la generación de ingresos. El llamado es a considerar al cooperativismo como opción real para solucionar problemas. Una solicitud que es sencillamente un acto de sensatez.

Por: Luis Eduardo Celis  Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares El siguiente artículo fue elaborado para un contenido especial de El Espectador. Lo compartimos desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) con la autorización de su autor y con algunas correcciones de estilo de acuerdo a los lineamientos editoriales de la Fundación: El ELN es la guerrilla más antigua de América Latina y todo apunta a que en lo que resta de este Gobierno la situación seguirá igual, con las dolorosas consecuencias que la guerra trae para Colombia. ¿Hay perspectivas de diálogos con el próximo Gobierno? ¿Qué piensan de la administración Biden? ¿Qué opinan del paro nacional? Responde desde La Habana el jefe de la delegación de diálogos y ahora segundo comandante de esa guerrilla, ‘Pablo Beltrán’. El 4 de julio la guerrilla del ELN cumplió 57 años en armas y, desmovilizada la de las Farc, viene a ser la más antigua del continente americano. Son casi seis décadas de lo que comenzó como un movimiento subversivo típico de la Guerra Fría y que terminó siendo uno de los actores de la guerra en Colombia, conflicto en el cual ha habido guerrillas de distintos tintes, paramilitares, violencia de actores estatales, entre otros. Pese a las declaraciones de distintos gobiernos en la historia de Colombia, al respaldo de países amigos, al empeño de la iglesia católica y a las comunicaciones oficiales de esa guerrilla, el ELN y el Estado colombiano no han alcanzado un acuerdo para firmar la paz. En medio de esa situación, lo único claro es que el ELN sigue vigente en la vida del país y que no hay semana en la que no se le mencione por esto o por aquello. En las dos últimas semanas de junio apareció como una de las organizaciones a las cuales el Gobierno y las FF.MM. señalan como posibles responsables del ataque con carro bomba a la Brigada 30 en Cúcuta, hecho en el que el ELN afirma no tener responsabilidad. Sobre estos dos temas habló también el Nuncio Apostólico, monseñor Luis Mariano Montemayor, quien en entrevista con Noticias Caracol dijo que lo mejor es esperar a ver qué resultado arrojan las investigaciones, pero que, hasta el momento, cuando el ELN es responsable de un hecho lo reconoce. También se les mencionó como autores del ataque con disparos contra el helicóptero que transportaba al presidente Iván Duque entre Sardinata y Cúcuta, el 25 de junio, hecho sobre el cual dicha guerrilla no se ha pronunciado. Y a finales de junio, el ministro de Defensa, Diego Molano, los responsabilizó de ser los dueños de un importante laboratorio de procesamiento de cocaína en el municipio de Samaniego, en Nariño, tema que también niegan. El único militante de esa guerrilla que ha estado en ella durante sus 57 años de existencia es Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, quien recientemente dejó la jefatura máxima de la organización en manos de Antonio García. Como segundo comandante quedó Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’, quien permanece en Cuba como jefe de la delegación de dialogo del ELN. Desde La Habana, ‘Pablo Beltrán’ respondió esta entrevista donde habla de los aprendizajes que han tenido tras tres décadas de intentar la solución negociada, habla de la protesta en curso en Colombia, de la administración del presidente Biden en EEUU, y de los derroteros frente a un proceso de paz. El conflicto del que participa el ELN se mantiene en por lo menos ciento cuarenta municipios de Colombia, que viven una pequeña expansión desde la salida de las FARC de la confrontación armada. El del proceso de paz con los elenos es un asunto pendiente que el presidente Duque no podrá resolver y debe ser asumido en el debate presidencial en curso. El ELN nació hace 57 años. ¿Se mantienen vigentes sus coordenadas o ideales casi seis décadas después? ¿cuáles son? El Ejército de Liberación Nacional fue fundado el 4 de julio de 1964 ante la inexistencia de vías legales para que el pueblo accediera al poder en Colombia, bloqueo que hoy persiste; además desde 1989 agregamos a nuestros lineamientos el propósito de trabajar por una solución política al conflicto interno. Luchamos por la liberación nacional para tener una democracia soberana que no sea sojuzgada por el imperio norteamericano ni por otra potencia, tal gesta independentista solo es posible con el esfuerzo conjunto de los pueblos de América Latina y el Caribe. El norte socialista lo buscamos a partir de la actual lucha por la democratización del país para llegar a ser un real Estado social de derecho, conscientes que la ruina de la democracia representativa la iremos resolviendo con un poder popular que le garantice a la sociedad expresiones de democracia directa y participativa. ¿Qué aprendieron y por qué no fue posible avanzar en un proceso de paz con los Gobiernos colombianos desde 1991? En 2006 en el Cuarto Congreso Nacional del ELN hicimos este resumen de lecciones aprendidas: “hay que manifestar una voluntad sincera de tomar el camino de la Solución Política, opción que significa disposición para dejar la vía de la fuerza violenta, teniendo claro que la oligarquía al no poseer la misma voluntad, bloquea el desarrollo de la solución política, por lo que de entrada no se puede pactar la desmovilización”. Racionalización que hoy completamos diciendo que el camino del diálogo, de firmar y cumplir Acuerdos de paz, la gran mayoría de la sociedad que desea pasar la página de la guerra debe imponérselo a las élites dominantes. De cara a la paz de Colombia, ¿ven algún cambo positivo con la llegada del presidente Biden a la Casa Blanca? ¿Pueden darse cambios en la fracasada guerra contra las drogas? Lo que observamos es la política imperialista de siempre, vean cómo los Estados Unidos en vez de respaldar los Acuerdos firmados con los campesinos sobre sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito siguen imponiendo la fumigación con Glifosato, que implica un doble perjuicio para Colombia: 1) al mantenerla hundida en una fracasada Guerra contra las drogas y 2) es un ataque a los Acuerdos de Paz de 2016. Por fortuna crece el número de fuerzas políticas que abrazan la búsqueda de una solución alternativa para esta maléfica Guerra contra las drogas, que ya nos ha desangrado por medio siglo; es imposible tener una Colombia en paz sin echar por tierra este invento que impuso Nixon desde 1971. ¿Qué perspectivas de cambio ven en una Colombia como la actual, que ha protagonizado la más formidable protesta de toda su vida republicana? Este levantamiento popular protagonizado principalmente por la juventud indica que ella “ha tomado en sus manos los destinos del país” como lo pidió Jaime Garzón, lo que constituye un campanazo de alerta para las élites gobernantes que están al servicio de una minoría de súper ricos, sublevación que las obliga a cambiar o a que se quiten del medio para que otros gobiernen para la mayoría de la sociedad. Uribe y sus seguidores se equivocaron doblemente creyendo que el miedo a la pandemia iba a bloquear las protestas que surgieron ante las reformas antisociales que quisieron imponer; y se equivocan igual que Hitler cuando invadió a la Unión Soviética en 1941 y creyó que el terror provocado con la crueldad paralizaría la resistencia, y lo que se demuestra es que esta se consolida. ¿Es posible volver a una mesa de diálogos y negociaciones con un próximo Gobierno? El senador Gustavo Petro ha dicho que haría un acuerdo de paz con el ELN en tres meses si fuera el futuro presidente. ¿Qué opinión le merece esta afirmación? Petro o el que gane la elección presidencial del año entrante debe acoger el sabio consejo del maestro William Ospina, quien convoca a un cambio de modelo en las negociaciones de paz, según él las élites desmovilizan una guerrilla cada 15 años, nada cambia en Colombia y todas las culpas se las echan a quien se desmoviliza. Colombia es rehén de una Guerra sin fin decretada por EEUU contra las drogas, para liberarnos de ella hay que cambiarle el chip de guerra a la plutocracia que domina en Washington, para que hagan su política exterior de otra forma, parecida a cuando se decidieron a ser un buen vecino de América Latina y el Caribe hace 90 años. Las anteriores premisas son indispensables para que lleguemos a ser una nación en paz, democracia y equidad, propósitos que los va a lograr la gran mayoría del país que quiere dejar atrás 7 décadas de conflicto interno. ¿Qué le puede aportar el ELN a una Colombia en paz? Colombia puede seguir contando con nosotros para que tengamos una paz estable y duradera, para sacar la violencia de la política, para que tengamos un destino común que le dé la dignidad que nos merecemos como pueblo y como nación, para ello estamos dispuestos a una conciliación y esperamos que haya una respuesta recíproca a esta voluntad nuestra; insistimos en la solución política del conflicto pero de seguir bloqueada, el pueblo colombiano sabe que cuenta con nosotros para la resistencia hasta que la presión social logre desbloquearla.

Por: Walter Aldana  Político social alternativo El señor Avishai Margalit fue profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. De ahí se trasladó a Princeton, en Estados Unidos, donde se jubiló y asombra a Europa y al resto del mundo con su libro “la sociedad decente”. Y a propósito de lo que hemos escuchado y visto fundamentalmente por las redes sociales, así a través del cuarto poder de los medios masivos de comunicación en estos tiempos de paro y movilización popular, dice Avishai: “Es más prioritario originar una sociedad decente que una sociedad justa”. Sentencia el escritor que “una sociedad decente, o una sociedad civilizada, es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas sujetas a su autoridad, y cuyos ciudadanos no se humillan unos a otros”. En ese sentido, según Jhon Rawls, filósofo estadounidense, “una sociedad justa o bien ordenada, es aquella cuya estructura básica e instituciones más importantes forman parte de un esquema cooperativo y han sido diseñadas y se encuentran regidas por principios básicos de justicia social”. De tal forma que, desde mi reflexión, la patada en la cara (que todas las personas vimos por internet) propinada por un agente del Esmad a una estudiante, evidencia la necesidad de construir una sociedad decente, que respete y no humille a la ciudadanía desde el ejercicio del poder de las armas y el abuso de “autoridad”. Una sociedad decente es una en la que importan más las más de 74 personas asesinadas en el marco del paro (según cifras de Indepaz), que los pollos desnutridos por la imposibilidad del paso de alimento en los cortes de vías. En una sociedad decente no existe un sector de la “gente de bien”: odiosa categoría con la que se autoidentifican ciertos sectores de la población que, con su dinero (en muchos caso no bien habido) y con salvoconductos para el porte de armas o sin ellos, hacen gala de su pretendida superioridad en espacios territoriales, humillando y dando con ello estratificación al espacio público. Recuperar la decencia es sacar a las mafias enquistadas en el Ejecutivo, en el Legislativo y en las altas dignidades de la justicia y los órganos de control; es reinstitucionalizar el país, construir confianza desde banderas sectoriales y componentes sociales; es reeducarnos como funcionarias y funcionarios públicos, para entendernos como personas servidoras y no propietarias de los presupuestos, los cargos y las posibilidades de inversión estatal. Tiene razón Avishai: hay que construir la sociedad decente, reivindicar el respeto de unas personas a otras. Las mismas redes sociales son muestra del nivel toxico de la discusión: aunque bajamos el 60 por ciento de la eliminación física (gracias a la negociación con los paras y con las FARC, de cuyas estructuras algunas se quedaron para continuar actuando), transitamos de la pistola y el fusil a la metafórica metralleta del estudio de radio, canal de televisión y páginas de periódicos y revistas. Sociedad justa se construirá cuando al ejercicio del Estado, en todas sus ramas, se asuma desde un pensamiento y proyecto social, económico y político, construido desde el humanismo y capaz de enfrentar al modelo neoliberal y aperturista; desde el respeto a la Constitución y la defensa del estado social de derecho, premisas básicas para mirar al prójimo hacia abajo… solo para ayudarle a pararse.

Por: Laura Cano Periodista – Pares Sí, se cumple la tercera década de la promulgación de la Constitución Política de 1991: un texto que sobre la mesa ha servido de ejemplo, y que en la historia representa una apuesta por unas reformas progresistas que se proponían en dicho año, luego de que la configuración política, social, económica y cultural del país hubiera tenido como eje una Constitución que se mantenía vigente desde hace casi un siglo (1886) y que había surgido en un periodo autoritario, centralista y teocrático, bajo el liderazgo de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. La actual Constitución llegó luego de que varios grupos guerrilleros del M-19, que se encontraban en proceso de negociación, propusieran una Asamblea Constituyente que reformara la constitución. Esto, principalmente, con el propósito de promover el nacimiento de partidos políticos diferentes a los que para ese momento eran hegemónicos en el país: el Partido Conservador y el Partido Liberal. No obstante, la propuesta no quiso ser llevada por el Gobierno de ese momento, el de Virgilio Barco, por lo que la propuesta fue retomada e impulsada por un grupo de estudiantes de universidades privadas y públicas llamado “La Séptima Papeleta”. Este movimiento insistió para que, en las elecciones que se llevarían a cabo en marzo de 1990, se incluyera la opción de apoyar u oponerse, a través de un voto, a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta recibió cerca de 2 millones de votos a favor, de un total de 7.6 millones de personas que votaron. Esto llevó a que el 9 de diciembre de 1990 el entrante presidente, César Gaviria, convocara a elecciones para escoger a los 70 miembros de la Asamblea Constituyente: 25 del partido Liberal, 19 de la Alianza Democrática M-19, 11 del Movimiento de Salvación Nacional, 9 del Partido Social Conservador y conservadores independientes, 2 del Movimiento Unión Cristian, 2 de la Unión Patriótica y 2 de los Movimientos Indígenas. Formalmente, la Asamblea Nacional Constituyente se instaló el 5 de febrero de 1991 y quedó presidida por Antonio Navarro Wolf, del M-19, Álvaro Gómez Hurtado, conservador del Movimiento de Salvación Nacional, y Horacio Serpa, del Partido Liberal. Para ese momento, se plantearon 5 ejes para desarrollar a través de comisiones: derechos y reforma constitucional, autonomía regional, reformas al Gobierno y al Congreso, administración de justicia y Ministerio Público y temas económicos, sociales y ecológicos. Esta acción se mantuvo hasta el 4 de julio de ese año. Ese día, los delegatarios constituyentes firmaron la redacción final de la Constitución, que quedó compuesta por 380 artículos definitivos y 60 transitorios, organizados en 14 títulos, uno de ellos con disposiciones transitorias. Este hecho marcó la historia y puso como banderas de la Constitución del 91 la consagración de los derechos fundamentales y de los económicos, sociales y colectivos, así como la libertad de culto, el respeto por las minorías étnicas, la equidad de género y la garantía de participación de las mujeres en la administración pública. Además, se incluyeron nuevos mecanismos de participación, se definieron los estados de excepción y se crearon las figuras de la Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional, y la Defensoría del Pueblo. Esta Constitución se caracterizó por su integridad. Al menos sobre el papel, se trataba de un acuerdo con el que se buscaba avanzar hacia la construcción de un Estado social de derecho y de una democracia plural, representativa y participativa que garantizara la paz. Luego de 30 años, las realidades políticas, económicas, sociales y culturales del país, a nivel nacional y regional, parecen demostrar que el país que proponía construir la Constitución del 91 para ampliar y garantizar derechos, especialmente los de minorías y sectores sociales históricamente marginados, sigue siendo una promesa abierta y por cumplir. Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) hablamos con representantes e integrantes de diversos sectores para intentar responder una misma pregunta: ¿Cuál es el balance de estos 30 años de la Constitución respecto a lo que se había propuesto el 04 de julio 1991? Aquí sus respuestas. Juan Carlos Quintero, directivo de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) – Tema: garantías y calidad de vida para las y los campesinos Primero hay que rescatar que la Constitución fue un hito en la historia de nuestro país desde el punto de vista de derechos; de derechos como la tutela, la salud, derechos de petición, entre otros que permitieron generar nuevas conquistas sociales. No obstante, siempre hemos manifestado desde el sector campesino que la Constitución Política de Colombia tiene una falla de reconocimiento a nosotros como sujetos de derechos. Si uno revisa la Constitución, ahí hay una población específica con unos derechos constitucionales de especial protección muy definidos, como las comunidades indígenas, afro, la niñez y la mujer, pero nosotros no aparecemos diferenciados, y es una de las grandes deudas en estos 30 años que tiene el país y la sociedad con el campesinado colombiano. Esa falta de reconocimiento se ha traducido en que estemos en la marginalidad, en la estigmatización y en un proceso en el que solamente se ve desde afuera a los campesinos como simples accesorios del territorio. Por ejemplo, no tenemos derechos como la consulta previa, y es un derecho fundamental que sería clave que el país algún día lo tuviera. Nosotros hemos dicho y hemos insistido en que nos deben dar un tratamiento especial, pues tenemos dinámicas muy distintas, por ejemplo, con quienes habitan la urbanidad; tenemos nuestras propias formas de ver el territorio. Por eso, esa ausencia de reconocimiento es grave, pues incluso tiene que ver mucho con el conflicto armado: desde lo que tiene que ver con la participación política y las fallas que hay con la democratización del acceso a la tierra, hasta lo relacionado con la reforma agraria en Colombia. Así que esto ha permitido que algunos de los problemas que ha promovido la guerra en Colombia, como la alta concentración de la tierra y la falta de distribución de ella, no sean resueltos. Nataly Triana, asistente de investigación de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares  – Tema: garantías a la participación de mujeres en la política El balance no es alentador. Por ejemplo, la ley de cuotas es una medida que ha sido usada de manera utilitarista y oportunista por los partidos políticos, independientemente de su espectro ideológico. Esto, si bien ha permitido la llegada de mujeres, no ha sido una garantía para que se incluyan agendas de género ni para que los espacios se reconozcan como feministas. Por otro lado, los partidos usan las banderas de género para captar votos, pero internamente son profundamente desiguales y, además, promueven prácticas machistas, que incluso son evidentes en prácticas del Congreso en pleno. De igual forma, no se han atacado las principales barreras que impiden que las mujeres puedan acceder a cargos de representación y que son evidentes en la violencia de género. Por esto, es necesario señalar que aunque la ley de cuotas exige presencia de mujeres en la lista, esto no implica que sean posicionadas como tal para tener oportunidad de llegar al umbral necesario. Lo más entristecedor es que los partidos mayormente “paritarios” son partidos de derecha y no de izquierda, como uno creería. Los partidos que se suponen más alternativos no han permitido la representación paritaria porque el poder y estas organizaciones han sido dominadas por hombres, con unos intereses particulares, que solo recurren a las banderas de género cuando les convienen. Gerardo Jumi, consejero general de la ONIC – Tema: garantías y calidad de vida para los pueblos indígenas En los 30 años de la Constitución Política de Colombia se han visto reflejados muchos derechos importantes que se elevaron a rango constitucional en la Asamblea Nacional Constituyente. Posteriormente, los desarrollos legislativos y normativos han sido muy importantes en materia de leyes, decretos y sentencias de la Corte Constitucional. Sin embargo, las declaratorias de normas y sentencias no han sido suficientes porque a pesar de que hay bastante desarrollo normativo no hay cumplimiento a esto. Es decir, tenemos una importante Constitución Política que no ha sido concretada. Hay que recordar que la Constitución del 91 también fue un pacto de paz, pero al contrario de esto, la paz no se ve reflejada; en ese momento el conflicto se agudizó. Todo esto ha tenido relación con el debilitamiento que históricamente ha habido respecto a la promoción de derechos de los pueblos indígenas. Por años hemos denunciado que hay una política de exterminio sistemático contra los pueblos indígenas. En zonas como el Cauca y Nariño se ve que todos los días están asesinando indígenas, lo que lleva a cuestionar: ¿qué clase de Estado tenemos? Andrés Felipe Mora, docente asociado al departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional y director del Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior – Tema: Educación Pública El balance respecto a la educación pública, después de 30 años, es un balance mixto. Mixto en cuanto que la Constitución consagró la educación como un derecho y un servicio público con función social. Esa ambigüedad ha sido resuelta por distintas sentencias de la Corte Constitucional en términos de entender la educación como un derecho. No obstante, la Constitución solo garantiza el derecho a la educación en términos de educación básica y un año de preescolar. Eso quiere decir que en realidad cuando hablamos de derecho, hablamos de un año de preescolar y nueve de educación básica que deben ser gratuitos y obligatorios, y que por lo tanto se relacionan con la educación pública o con el fortalecimiento de esta. Pero esto ha llevado a un problema: un año de educación preescolar es totalmente insuficiente para las necesidades de desarrollo cognitivo que tienen los niños y las niñas a esa edad. Los estudios muestran que se requieren, al menos, tres años, y lo que ocurre en Colombia es que esto no se logra y solo las familias más adineradas son las que logran tener estos tres años, e incluso más, lo que lleva a que sean estas personas las que tengan mejores resultados educativos a lo largo de sus vidas. Hay que señalar que la cobertura de esta educación solo es del 25%. Por otro lado, encontramos el descuido que se plantea en la educación media y en la educación superior. Hay que decir que, en términos generales, la cobertura de la educación media no supera el 50%, y en la educación superior la cobertura también se acerca al 50%, lo que quiere decir que la juventud colombiana está sometida a la falta de que se considere la educación como un derecho. Con esto, hay que señalar que, si bien se han encontrado avances en términos de cobertura y mejoramiento de ciertos indicadores de eficiencia interna, particularmente en la educación básica quedan enormes desafíos. Esto teniendo en cuenta, además, que los logros que se han obtenido en cuanto a cobertura y eficiencia en la educación básica, son logros que han venido decreciendo. Es importante saber que la educación pública está fortalecida en el nivel de educación básica y media: más o menos el 80% de la educación en estos niveles es pública. Mientras que en la educación superior se reparte la educación pública y privada en un 50%. En gran medida, las movilizaciones que se han realizado por la juventud del país tendrían que ver con esto: con la imposibilidad de garantizar toda la educación en Colombia como un derecho. Quiero adicionar diciendo que de cada 100 niños y/o niñas que ingresan a la educación preescolar, 44 se gradúan de educación media, 22 ingresan a la educación superior y, de esos, solo 11 lograrán graduarse. Con esto voy a que a lo largo de la vida escolar hay un montón de desigualdades, de exclusiones que impiden que todas las personas puedan gozar de este derecho.

Por: Equipo Comunicaciones Fundación Paz & Reconciliación – Pares Han transcurrido dos meses del inicio del paro nacional y desde la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) hacemos un recuento de los hechos más importantes que han dejado estas jornadas continuas de protestas sociales a lo largo del país. Navega en la línea de tiempo interactiva que hemos construido.

Por: Juan Camilo Rodríguez  Investigador Pares Hace unos días terminó el periodo legislativo en el Congreso y, aunque desde mediados del 2020 el Gobierno había enviado mensaje de urgencia para que este proyecto de ley se aprobara, el Acuerdo de Escazú no fue ratificado. En un país que no solo es uno de los más peligrosos del mundo para personas líderes ambientales, sino que registra una gran cantidad de conflictos medioambientales, la ratificación e implementación de un acuerdo como este representaría una oportunidad de avanzar hacia garantías para la defensa de la vida de quienes lideran causas ambientales en sus territorios y para un futuro y un desarrollo sostenible. Desde la Fundación Paz & Reconciliación realizamos un análisis al respecto:

Por: Línea de investigación de Conflicto, Paz y Postconflicto – Pares Desde la Fundación Paz y Reconciliación presentamos el Boletín #5 sobre masacres cometidas en el país entre el 1 y el 30 de junio de este año. De acuerdo a este reporte, durante este periodo se cometieron cinco masacres que dejaron 17 víctimas mortales. Para el mismo lapso de tiempo del 2020 se habían registrado tres masacres que dejaron un total de 11 víctimas mortales. Tanto el número de hechos como el número de víctimas ha incrementado. El panorama que esta realidad traza demuestra que, lejos de detenerse o mantenerse estable, la espiral de violencia en el país sigue creciendo. En lo que va del año, en total, han sido reportadas 41 masacres en todo el país. A continuación, se encuentran las cifras e informaciones detalladas de las masacres perpetradas entre el 1 y el 30 de junio. Asimismo, más adelante presentamos un mapa con información sobre las regiones en las que han ocurrido estos hechos violentos a lo largo del 2021 en Colombia.

Por: Laura Cano Periodista – Pares Los conflictos sobre la tierra han marcado la historia de la violencia en Colombia, y aun cuando se han tratado de dar pasos hacia la salida de estos y la reparación a quienes los han sufrido, la mayoría de estas acciones han quedado en un limbo que sigue extendiendo el problema en el tiempo y que sigue impidiendo su resolución. Esto ha quedado demostrado de nuevo en las últimas semanas. Con el Acuerdo de Paz, y en especial con lo que respecta all punto 1, había quedado establecido que se debía dar viabilidad a la implementación de una jurisdicción agraria como parte de la respuesta a la deuda histórica relacionada con el derecho de propiedad y tenencia de las tierras rurales. Dentro de lo pactado en La Habana se hacía referencia a la necesidad de crear un programa de formalización gratuito, que reconozca los derechos de las personas que sean las legítimas dueñas y poseedoras de los predios, así como la urgencia de una nueva jurisdicción agraria que tenga una adecuada cobertura y capacidad en el territorio. Esto había llevado a que el Gobierno Nacional presentara el proyecto de Ley Estatutaria 134 de 2020, el cual planteaba la creación de una especialidad dentro de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa. Esto llegó al Congreso y durante la semana pasada debía tener sus últimos debates para ser aprobada. No obstante, este proyecto se convirtió en otra jugada del Congreso durante sus últimos días del periodo legislativo, el cual terminó el pasado 20 de junio. Vale la pena señalar que esta era la única iniciativa en el Congreso relacionada con la implementación del Acuerdo de Paz. Este proyecto había sido liderado por el Ministerio de Justicia, que en su momento estaba en cabeza de Margarita Cabello, hoy procuradora general de la Nación. Además, la entonces viceministra, Juanita López, y el consejero para estabilización, Emilio Archila, fueron hasta el año pasado las personas encargadas de mover el proyecto en el Congreso. Y tras esto, desde octubre de 2020, quedó en manos de Wilson Ruíz, actual ministro de Justicia. No obstante, a pesar de estar mediada como una propuesta del Gobierno nacional y de que incluso contó con la ponencia de Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, en la Cámara de Representantes, la propuesta ha recibido una clara oposición del partido de Gobierno. Por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal y su esposo José Félix Lafourie, director de Fedegan, un gremio que por años ha estado salpicado con hechos que han recrudecido la violencia en el país: despojo de tierras, desplazamiento forzado y nexos con paramilitares. “Se puede concluir, señor presidente, que la concepción del proyecto de ley como un producto resultante del Acuerdo Final con las Farc y sujeto a los lineamientos de esa negociación, se convierte en la reedición de la amenaza, recurrente en la historia del país, al derecho a la propiedad legítima de la tierra, a partir de los sesgos que permean todo el articulado”, se leía en una carta enviada por el empresario al presidente Iván Duque el pasado 27 de abril. Adicional, la senadora acusó que no este proyecto crearía “una JEP agraria donde los jueces comenzarán a perseguir la propiedad rural”. Aun así, el 25 de mayo hubo luces de aprobación de la especialidad agraria luego de que en la Comisión Primera del Senado obtuviera 18 votos a favor y 3 en contra. Así las cosas, se debía preparar para ser discutida en plenaria. Pese a ello, desde inicios del mes de junio había indicios de que la iniciativa no quería ser agendada por Arturo Char para que pasara al debate definitivo. Hay que señalar que la oposición de Lafourie y Cabal no pasó desapercibida, pues esta habría llevado a que se hicieran algunas modificaciones en la Ley como la eliminación de artículos que planteaban la democratización de la tierra y la participación de las organizaciones sociales. Modificaciones que fueron aceptadas por quienes eran ponentes. Desde ese momento, lo que resaltó fue la falta de voluntad tanto del Gobierno como de Arturo Char —hasta este período legislativo presidente del Senado— para agendar la sesión de discusión. En relación a esto, se informa en el portal de la Silla Vacía que, frente a la pregunta de Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, respecto a por qué no se agendaba el proyecto, Arturo Char “le contesta que si el gobierno lo prioriza, él lo agenda. Al fin y al cabo, es un proyecto del gobierno. Pero que no logra encontrar al ministro Ruiz o al viceministro encargado, Francisco Chaux”. De acuerdo a lo que Juanita Goebertus, representante a la Cámara, le comentó a la Silla Vacía, Lozano se contactó con el ministro de Justicia y lo comunicó a través de una llamada con Char. Colgaron luego de hablar unos minutos colgaron y Char se comprometió a devolverle la llamada en un rato. Sin embargo, la llamada nunca llegó. Todo esto a pesar de que el presidente Iván Duque había asegurado hace algunos días ante Eamon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea para el Acuerdo de Paz, que la especialidad agraria saldría adelante. No obstante, el proyecto quedó archivado y no pudo ser incluido en el periodo extra del Congreso, el cual permite discutir proyectos posteriormente al cierre formal del periodo legislativo. Esta ley no podía entrar en este espacio, pues se pasó como norma estatutaria. Es decir, se convirtió en otra acción inconclusa y sin éxito para dar viabilidad al problema de tierras y a la reparación y atención a las y los campesinos que por años han sufrido esta problemática. Los intentos fallidos Lo anterior se sumó a una serie de leyes, proyectos e iniciativas que finalmente se quedaron en propuestas y que nunca se tradujeron en transformaciones reales. Esta situación no es nueva, pues se remonta incluso a años muy anteriores a La Violencia en Colombia. Uno de esos otros pasos fue el que se intentó dar con la Ley 200 de 1936, en la que se planteaban las reglas sobre los derechos de propiedad inmobiliaria, la extinción del dominio por incumplimiento de la función social de la propiedad y la caracterización de la posesión agraria, y, además, se estableció la creación de los Jueces de Tierras. Sin embargo, a estos últimos se les negó su participación para resolver los litigios generados en la aplicación de los instrumentos de la reforma agraria, lo que llevó a que, en 1943, a través de la Ley 4 de dicho año, se eliminara la figura de estos jueces. El papel que hubieran desempeñado fue asumido por jueces civiles. Años después, por medio de la la Ley 4 de 1973, se facultó al Ejecutivo para la creación de la sala agraria (de la cual no se hizo uso). Y tras esto vino la Ley 30 de 1987, que de nuevo dio la posibilidad al Gobierno nacional de crear la jurisdicción agraria, por lo que se expidió el Decreto 2303 de 1989, que permitía resolver conflictos en relación con problemas asociados a la tenencia de tierras. Sin embargo, se repitió la historia el proyecto que se tenía con la ley y el decreto no se terminó de dar: solo se crearon 3 juzgados de los 115 que debían funcionar y 2 salas agrarias de las 23 previstas. Esto llevó a que se suspendieran de nuevo estos jueces agrarios y que fueran suplidos por el Consejo Superior de la Judicatura en un plazo de dos años, pero finalmente tampoco por ese medio se dio cumplimiento. Esto finalmente tuvo un punto de conclusión con la Ley 1285 de 2009, a través de la cual se reformó la constitución de la rama judicial y se decidió no incluir la jurisdicción agraria. Más adelante se expidió el Código General del Proceso, que dispuso la derogatoria de los apartados procesales del Decreto 2303 de 1989. Hoy, tras una larga historia de violencia en el país muy ligada a la tenencia de tierra y a los problemas agrarios, donde no se ha terminado de dar —o de iniciar efectiva y eficazmente— una reforma rural integral, en un panorama en el que muchos de los predios del campo carecen de títulos—en especial los de pocas hectáreas— y en el que las propiedades de los llamados “terceros de buena fe” siguen siendo protegidas —incluso cuando sobre estos han caído históricamente muchas denuncias—, la especialidad agraria sigue haciendo parte de una deuda histórica no resuelta con las víctimas del conflicto en las zonas rurales del país.

Por: Laura Cano Periodista – Pares En Perú, recientemente se eligió a Pedro Castillo como nuevo presidente del país. La victoria llegó luego de un reñido conteo de votos, que al final le dio 8.835.579 a Castillo y 8.791.521 a Keiko Fujimori, quien había pasado con el ahora presidente electo a la segunda vuelta. La elección de Castillo vino con un contundente apoyo de las zonas rurales del país, lo que demostró que la decisión en las regiones fue clara, mientras que en las ciudades las balanzas parecían inclinarse más hacia el lado de Fujimori, la candidata del partido derechista Fuerza Popular. Vale la pena señalar que las principales propuestas de Pedro Castillo estuvieron relacionadas con una transformación del modelo económico peruano, con la creación de una nueva Constitución Política a través de una Asamblea Constituyente y, entre otros puntos, con la nacionalización de sectores estratégicos como el minero, gasífero y petrolero. Castillo también ha planteado aumentar el presupuesto para la agricultura y la educación, así como suprimir el sistema actual de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Además, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de reformular los tratados internacionales entre Perú y Estados Unidos. Por otro lado, hay que recordar que durante la época de campaña —que además estuvo atravesada por la pandemia del covid-19—, en Perú hubo una alerta constante a causa de las denuncias por asesinatos de líderes y lideresas ambientales. Solo en la Amazonía peruana fueron asesinadas cinco personas defensoras del medio ambiente durante el 2020. En noviembre de ese mismo año, una crisis política sacudió al Perú cuando, en medio de protestas masivas en todo el país, hasta tres personas llegaron a ocupar la presidencia en una sola semana. Siguiendo la problemática que se ha acentuado en el último año contra lideresas y líderes ambientales en el Perú, vale la pena traer a colación algunos de los casos de violencia que se han registrado en este periodo. El 12 de abril de 2020 se reportó el crimen del líder indígena cacataibo Arbildo Meléndez. Días después, el 26 de abril, se conoció el caso de asesinato del líder Benjamín Ríos Urimishi, de la comunidad Kipachari, en el distrito de Tahuanía, Ucayali. Un nuevo caso ocurrió el 17 de mayo: esta vez la víctima fue Gonzalo Pío Flores, líder indígena de la comunidad Nuevo Amanecer Hawai. El 29 de julio acabaron con la vida de Lorenzo Wampagkit Yamil, guardaparque de la Reserva Comunal Chayu Nain, en Amazonas. Y a pocos meses de terminar el año, el 10 de setiembre, se conoció el asesinato de Roberto Carlos Pacheco Villanueva, defensor ambiental que por años venía denunciando amenazas en su contra. En este contexto, y para hacer un acercamiento sobre lo que significaría la victoria de Pedro Castillo en medio este panorama de amenaza contra líderes y lideresas ambientales en el Perú, Pares habló con Paul Maquet, co-coordinador del programa de investigación e incidencia de CooperAcción, una ONG peruana que trabaja con organizaciones de ese país fortaleciendo el trabajo de estas. Pares: Desde el 2020 se ha venido alertando sobre un panorama crítico contra líderes y lideresas ambientales debido, especialmente, a que se han presentado varias denuncias por asesinatos contra esta población. En este momento, ¿cuál es el estado de esta situación? Paul Maquet: El contexto es terrible. Esto está concentrado, en cuanto a asesinatos, sobre todo en los territorios amazónicos donde hay actividades ilegales que son rechazadas por las organizaciones y las comunidades indígenas. Hay casos en Ucayali y Huánuco, que son lugares de presencia y penetración de actividades como la tala ilegal y el narcotráfico (puntualmente los sembríos de hoja de coca que requieren deforestación en la Amazonía). También hay casos de minería ilegal, entre otras actividades que hay. Hay hostigamientos y amenazas. Los líderes de Ucayali han recibido recientemente amenazas por escrito, las cuales han sido denunciadas. Hace poco, por ejemplo, una administración de una de las organizaciones de base de Ucayali sufrió un atentado con arma de fuego. Es muy delicada la situación. Nosotros en particular trabajamos en Amazonas, donde al momento no ha habido ningún atentado y esperamos que no ocurra, pero los líderes y las lideresas con quienes trabajamos han recibido amenazas por parte de mineros ilegales que han ingresado a la zona. En Amazonas, a diferencia de, por ejemplo, Madre de Dios, todavía el ingreso de la minería es menor, pero está en crecimiento, por lo que los líderes se oponen, pero además hay una situación de división de las comunidades, pues hay algunas que ven esto desde la posibilidad de recibir beneficios económicos, entonces aceptan la actividad, mientras que otras no lo hacen y en ese contexto hay amenazas de muerte a dirigentes. En este contexto se tiene como única herramienta legal la solicitud de garantías ante el Gobierno y el Ministerio del Interior. En muchos casos se han otorgado garantías mediante un documento en el que se reconoce que se debe proteger a estas personas, pero como estamos hablando de territorios alejados, donde no hay presencia del Estado o es mínima, ese papel no significa nada y muchas personas, a pesar de tener este reconocimiento de protección, han sido asesinadas. Esa falta de presencia estatal ha permitido que criminales atenten contra sus vidas. En realidad la capacidad del Estado es mínima. Por último, el Congreso el año pasado decidió archivar el proyecto para la ratificación del Acuerdo de Escazú, y de esta manera hay una herramienta menos para que el Estado cumpla con garantizar la protección de los defensores y las defensoras ambientales. Pares: En ese contexto que explica, ¿qué representa para la protección de los líderes ambientales la elección de Castillo? P.M: Castillo, en términos generales, representa la voz de los sectores que han estado marginados del poder político. En contextos de conflictos sociales por supuesto que representa la voz de las poblaciones que han sido criminalizadas y perseguidas por su oposición a diversos proyectos. De hecho, las poblaciones con las que trabajamos abrumadoramente han votado a favor de Castillo; poblaciones que están en conflicto con empresas mineras, en conflicto con actividades ilegales. Todas estas personas han votado abrumadoramente, con más del 90%, por Castillo. Es decir, definitivamente estas comunidades están expresándose en el voto por Castillo. Ahora, en términos concretos, yo debo decir que es una incógnita la manera en la que Castillo va a abordar estas problemáticas ambientales, pues es claro que no tiene el tema ambiental dentro de su agenda prioritaria. En ningún momento le ha dado el peso que debería tener. En la primera vuelta no tocó el tema. Su plan de gobierno presentado en la primera vuelta es muy pobre en términos ambientales, e incluso el plan Bicentenario que presentó para la campaña de la segunda vuelta tampoco aborda el tema ambiental ni los conflictos socioambientales. De hecho, el plan de gobierno que presenta su partido, que es de izquierda, (y del cual no es militante hace muchos años, sino que recién el año pasado se inscribió para poder postularse), tiene propuestas muy contrarias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto dentro de toda esta visión de izquierda latinoamericana que considera que la CIDH es un organismo al servicio de los intereses de Estados Unidos, lo cual está transcrito tal cual en el programa del partido Perú Libre. Entonces todo esto tiene un vacío y una desvalorización de la Corte. Ahora bien, también es cierto que en primera vuelta Castillo ha sido muy crítico del papel de la Defensoría del Pueblo. Ha hablado incluso de desactivarla. Luego moderó su discurso y ha dicho que necesita hacer mejoras a ese organismo. Por otra parte, ha sido bastante tajante en ponerse del lado de comunidades en conflictos sociales. Por ejemplo, ha dicho que proyectos mineros que han sido rechazados mayoritariamente por la población no irán en su gobierno. En ese sentido es positivo. Así que todavía es una incógnita, pero en definitiva representa la voz de mucha gente que ha estado en resistencia de megaproyectos extractivos. Y esperamos que en este proceso de asumir la presidencia presente propuestas más concretas y que le dé prioridad al tema ambiental que hasta ahora no ha tenido, y que comprenda que la defensa de defensores y defensoras del medio ambiente es fundamental en un país como Perú. Pares: Menciona usted a la Defensoría del Pueblo y lo que Pedro Castillo ha mencionado sobre el organismo. Desde su trabajo, ¿cómo valora el trabajo de la Defensoría? P.M: Para nosotros la Defensoría, si bien puede tener déficits, es una organización fundamental en la defensa de defensores y defensoras. Cumple un papel muy importante en el monitoreo de los conflictos y en ser una voz de defensa de los derechos humanos. Pares: Hay una clara propuesta de Castillo relacionada con el impulso de la economía nacional. ¿Cómo se podría relacionar esto con la situación de lideresas y líderes ambientales y su defensa, por ejemplo, de territorios y recursos naturales? P.M: La visión que tiene Castillo es una visión de poner los recursos naturales al servicio del desarrollo de la economía nacional. Y, en ese sentido, se centra en la recuperación de la renta de los recursos naturales. Su plan de gobierno está muy inspirado en Bolivia y Ecuador; plantea superar un extractivismo que es entendido solo como la extracción y exportación del recurso sin mayor beneficio para la economía nacional. Ahora bien, hay una incógnita sobre esto y sobre la defensa de líderes ambientales en relación con las actividades extractivas y sus dinámicas comerciales. Lo que se podría decir es que seguramente se van a escuchar más las voces de las comunidades donde se llevan a cabo las actividades extractivas; eso es lo que está por verse: cómo va a relacionarse su visión de la economía nacional, los derechos de las comunidades locales y las voces de defensores y defensoras ambientales. Otro tema sobre el que se debe estar pendiente es la minería a gran y pequeña escala, partiendo de las realidades distintas. Por un lado, la de una comunidad que realiza una actividad de muy pequeño impacto ambiental en el territorio, y otra financiada por capitales más grandes que requiere la compra de maquinaría y la movilización de muchas personas, y que además sí tiene impactos ambientales mucho más graves. De hecho, el caso de Madre de Dios en la Amazonia es terrible: hay una situación de deforestación y contaminación con mercurio muy grave. Por eso en los territorios se oponen al ingreso de la minería de este modo, y eso genera mucho conflicto. Hay que resolver contradicciones en ese sentido. Pares: Por último, ¿cuál es el panorama sociopolítico con el que Castillo llega a la presidencia? P.M: Socialmente la elección evidencia una fractura, que no es una novedad en el Perú, pero que se ha mostrado con más nitidez en estas elecciones. Una fractura entre los territorios rurales, las regiones y la capital y los sectores urbanos. En términos de votos, eso ha sido prácticamente mitad y mitad, pero en términos regionales la gran mayoría ha votado a favor de Castillo. La gente en las regiones está muy contenta, muy esperanzada: creen que va a haber un cambio. Mientras que en los sectores urbanos hay más bien temor porque les preocupa mucho el manejo de la economía; en esos sectores ha tenido mucho éxito la campaña contra el comunismo, en la que se ha dicho que Castillo va a hacer comunismo y que va a expropiar las propiedades a la clase media. Esos temores seguramente se van a ir disipando porque probablemente, en la práctica, el plan de Castillo va a ser pragmático en diversos aspectos justamente por la segunda parte de la pregunta, pues el tema de la gobernabilidad es lo clave. El panorama de Castillo en el Congreso es muy difícil: en su partido tiene apenas 37 votos de 130, entonces está muy lejos de lograr la mitad del voto del Congreso. Y su otro partido aliado es Juntos por el Perú, que tiene apenas 5 congresistas. Mientras que las fuerzas conservadoras y de oposición son mayoría. Entonces es muy probable que se vengan unos años de difícil gobernabilidad, de obstrucción por parte del Congreso. En ese contexto, uno se pregunta cuál es la viabilidad de querer hacer muchos cambios al sistema. A mi juicio, eso está muy complicado y va a tener que ser bastante pragmático el gobierno de Castillo. A eso hay que sumarle el hecho de que el fujimorismo está en una actitud de no reconocer los resultados, por lo que han presentado un sinnúmero de impugnaciones a las actas. Están levantando la narrativa de un fraude; cosa que es falsa. Si uno ve las actas son completamente normales, pero el mensaje de fondo es que ellos no van a reconocer los resultados y que van a ser una fuerza activa para desestabilizar al próximo gobierno.

Por: Laura Cano Periodista Pares Esta semana terminó de quedar claro el juego político al que le está apostando Iván Duque, en la actual crisis que enfrenta, ante el malestar e inconformidad que ha llevado a las y los ciudadanos a las calles por más de dos semanas seguidas. La crisis no es nueva, así como tampoco lo es la imagen desfavorable del Presidente. Esto ha quedado evidenciado en encuestas como la publicada en abril por Guarumo-Ecoanalítica, en la que se indicaba que, entre finales de febrero y principios de marzo, la imagen desfavorable de Duque se ubicaba en el 34,5%. Es decir, había caído un poco más de 16 puntos porcentuales en relación con la encuesta correspondiente al periodo anterior. A esto se suma que poco avanzan los diálogos con el Comité del Paro, el cual se reunió hoy de nuevo con el mandatario y, aunque aún no se sabe si se llegará a algún acuerdo, todo parecería indicar que Duque está lejos de ceder y dar viabilidad al pliego de peticiones. Aunque claro, hay que señalar que la presión de la gente en las calles ha permitido lograr cosas como el retiro de la reforma tributaria y, más recientemente, el de la reforma a la salud. Ahora, a este panorama se suma una repartija burocrática que Iván Duque está haciendo para renovar su gabinete: en los últimos días han entrado caras conocidas de su espectro político, demostrando una vez más la negativa en ampliar la coalición de Gobierno. Esto ya había quedado demostrado en ocasiones anteriores cuando, por ejemplo, enfocó sus esfuerzos en entregar la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República a Carlos Camargo, Margarita Cabello y Carlos Felipe Córdoba, respectivamente (todas estas personas afines al Gobierno). Hoy, otra vez, el fortín político parece ser el que mueve las decisiones en la Casa Nariño, pues en los últimos días se han dado cambios como el de Marta Lucía Ramírez, que pasó de la vicepresidencia a la Cancillería, además de la entrada de María Ximena Lombana al Ministerio de Comercio. Por un lado, el nuevo cargo de Ramírez da un giro al panorama electoral de la derecha, pues ella era, quizá, la candidata con más puntos ganados con miras a las elecciones presidenciales de 2022. Esto implica que, de nuevo, el partido Conservador no tendrá un candidato para este cargo, situación que se viene repitiendo, por lo menos, desde 1998 cuando el candidato fue Andrés Pastrana. Además, esta es una señal de que la derecha podría quedar en un escenario poco favorable para lo que será la carrera presidencial. Por otra parte, el nombramiento de María Ximena Lombana en el Ministerio de Comercio, en reemplazo José Manuel Restrepo —quien pasó al Ministerio de Hacienda tras la salida de Alberto Carrasquilla—, sigue demostrando esa la alineación partidista que ha resaltado en la gestión de Iván Duque. Así las cosas, hay que recordar que María Ximena Lombana —quien es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, con maestría en Derecho de Negocios Internacionales del Washington College of Law American University, y otra en Derecho Comercial, de la Universidad de París II— es además hermana de Jaime Lombana, abogado de Álvaro Uribe Vélez y sindicado de manipulación de testigos y fraude procesal. Adicionalmente, hay que recordar que Jaime Lombana, en medio de este proceso que ha enfrentado el expresidente, también ha estado involucrado en una indagación en el Consejo Superior de la Judicatura y ha sido denunciado en la Fiscalía por su presunta participación en la gestión de falsos testigos. Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, señaló que, “a pesar de su hoja de vida, Lombana no tiene mérito para ocupar este cargo. En principio, no se puede esperar ningún cambio positivo en las políticas de comercio en el país. Este nombramiento parece un descarte para premiar a la hermana del abogado de Uribe. Todo indicaría que es una estrategia de Duque el dar esta cartera ministerial para seguir mostrando su respaldo a Uribe”. Pero a esto se agrega otra lectura que, además, daría luces sobre cómo el partido Cambio Radical se está viendo beneficiado con toda la repartija ministerial, pues como explica Ariel Ávila, “Lombana ha trabajado de la mano de Vargas Lleras, y seguramente ese nombramiento estuvo muy mediado por la presión de él”. Asimismo, el analista y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación explica que esta “mermelada” que está repartiendo Iván Duque hace parte de un intento para evitar perder simpatizantes. Y, en ese sentido, Cambio Radical se está favoreciendo, pues además de tener dentro del gabinete a Karen Abudinen, actual ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y a Fernando Ruíz, ministro de Salud, ahora se “les agrega la ministra de Comercio, y es posible que le den el Ministerio del Deporte en las próximas horas a este mismo partido”. Hay que mencionar que, justamente en las últimas horas, se conoció que Ernesto Lucena dejará su cargo como ministro del Deporte luego de estar allí desde septiembre de 2019, tras la disolución de Coldeportes, entidad de la que era presidente. “Cuando esto pasa es porque los funcionarios no encuentran un respaldo por parte del presidente para poder continuar con su labor. Lo que es peor, pues Duque ni siquiera tiene la legitimidad para dar órdenes y mantener un gabinete”, agregó Esteban Salazar. Otro de los partidos que están recibiendo favorablemente esta reconfiguración política es el Partido Conservador, que tiene el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, y que, además, desde hace un par de días también tiene la Cancillería. Este panorama, sumado a lo que podrían ser los cambios de las y los embajadores, resulta preocupante de cara a la posibilidad de solucionar la crisis actual que vive el país. Pareciese que desde el Gobierno se estuviesen dando cargos a través de favores políticos y no como resultado de un estudio juicioso de quiénes son las o los más adecuados y preparados para este tipo de responsabilidades. Las consecuencias de la alineación política de Duque Frente a todo esto, Esteban Salazar menciona que hay un alto riesgo “de fracaso de la política de seguridad, de protección de derechos humanos, de la política social, de justicia y tributaria. Además, muchos de esos nombramientos que se han venido haciendo, en su mayoría, venían de trabajar con Uribe, pero más allá de eso no tienen mayor mérito, trayectoria o trascendencia en los cargos que entran a ocupar”. Adicionalmente, esta alineación política también se puede ver desde otras perspectivas. Como lo señala Ariel Ávila, estas tendrían que ver con la poca intención de negociar de Iván Duque en el contexto actual del país, en donde el estallido social, reflejado en la protesta social, ha hecho visible la poca aprobación de su gestión en la presidencia. Y ahora envía un mensaje claro con estos nombramientos: hacer todo lo contrario a lo que demanda la ciudadanía. Todo esto atravesado por una política represiva y de judicialización a las y los protestantes, lo que genera una nueva tensión estratégica para vender la idea de miedo a quienes salen a las calles, buscando así lo que sería un desgaste del paro nacional. Hoy el mapa político está erosionado y, a su vez, Iván Duque continúa en una seguidilla de acciones que generan más rechazo que aprobación, incluso desde sectores donde tenía apoyo. Ahora, vale la pena cuestionarse: si la repartija política está tan abiertamente dada, ¿cuál será la próxima jugada del presidente?

Por: Germán Valencia  Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El mercado no quiere a la juventud: eso lo ha dejado claro en la actual crisis. Este grupo poblacional es el que sufre las mayores tasas de desempleo (23,9% en el primer trimestre del año). El caso de las mujeres jóvenes es más dramático aún: la cifra duplica el promedio nacional (31,3%). En una columna que publiqué hace un mes sobre el paro nacional mostré cómo a los jóvenes “No se les contrata porque no dominan un oficio, porque carecen de experiencia laboral, porque no saben un segundo idioma o porque no tienen una educación técnica, tecnológica o universitaria”. Las razones de este desinterés del mercado con la juventud se encuentran, entre otras cosas, en el aumento de los niveles de productividad y tecnificación de las empresas. Esto ha provocado que el mercado laboral se ajuste y restructure. Además, ha servido para que los pocos jóvenes que tienen trabajo tengan salarios bajos. Ante este desaire, los y las jóvenes han salido a las calles, han querido mostrar su descontento. Dos meses de paro, marchas y protesta social, demandando trabajo y educación, evidencian el enfado que tienen con el sistema económico y político que les ha tocado vivir. Protestan contra los políticos y contra la economía para que se les tenga en cuenta. El Gobierno, aunque lento, ha entendido que cada vez tiene un mayor número de jóvenes sin trabajo, sin posibilidades de acceso a la educación y sin seguridad social. Lo cual es problemático, sobre todo en momentos como este cuando se aproximan las próximas elecciones populares. El precio que tienen que pagar las y los políticos es muy alto. Además de la impopularidad creciente y del desgobierno a causa de las marchas, tendrán que enfrentar en las próximas elecciones a este nuevo actor que sin duda lo castigará en las urnas. La juventud reclama mayores y mejores oportunidades de trabajo y educación. Y el Gobierno –encargado de mantener el orden público– es consciente de que debe atender esta situación. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué medidas tomar? ¿Cómo hacer que las y los jóvenes reduzcan su molestia y se olviden de esta difícil situación? A mediados de la década de 1990, el nuevo Braintrust Global –reunido en el hotel Fairmont de San Francisco, Estados Unidos– dio la clave para atender a los ejércitos de personas desempleadas que requerían una respuesta. Les dijo a los gobernantes del mundo que la solución sería el Tittytainment. Esta es una palabra inglesa que combina “entretenimiento” (entertainment) con “pechos” (tits), y que la usan las madres lactantes para atender de manera inmediata el llanto de sus hijos o hijas. De forma más gráfica significa: darle leche al bebe que llora como solución momentánea para que dejen de hacer ruido. Esta recomendación, que fue dada a los más de 500 líderes políticos que asistieron al foro en 1995, ha sido tomada al pie de la letra en todo el mundo. Figuras como George Bush, George Schultz y Margaret Thatcher, al igual que los presidentes de grandes compañías como CNN y Ted Turnet, se han esforzado por seguir la recomendación de mantener “el buen humor de la frustrada población del mundo” (Martin y Schumann, 2000, p. 11). En pocas palabras, el mercado le ha dejado el problema del desempleo de las juventudes a los políticos. Y les ha recomendado que la mejor estrategia para mantener la gobernabilidad se construye a partir de “una mezcla de entretenimiento aturdidor y alimentación suficiente” (Martin y Schumann, 2000, p. 11): ser calmados con el Tittytainment. En Colombia, durante muchos años, la estrategia de mantener a las y los jóvenes pegados a una pantalla, viendo una y otra vez series de televisión, reality shows y películas, ha sido de mucha ayuda. Incluso, la llegada de la internet ha servido para fortalecer esta estrategia. Sin embargo, los y las jóvenes han despertado: no quieren seguir frente a las pantallas viendo novelas y series en internet. Están usando las redes sociales para comunicarse y tomar conciencia de las dinámicas del sistema económico y político. No quieren ser golpeados ni por el mercado ni por el Estado. Tampoco quieren estar al servicio de la guerra ni que les utilicen como armas de batalla. No quieren que se les involucre en esta confrontación inútil contra grupos armados. Una guerra que muy bien podría acabar, pero que el Estado insiste en mantener viva y nunca finalizar. Las juventudes reclaman más educación, mayores oportunidades de empleo y más involucramiento en la construcción de lo social. Quieren que se les haga partícipes de la construcción de una nueva sociedad. Como ciudadanos y ciudadanas, quieren que la globalización sea “un éxito en beneficio de todos” (Martin y Schumann, 2000, p. 17). Pero el Gobierno, en lugar de escucharles, de nuevo piensa en cómo mantenerles entretenidos: a quienes tengan la suerte de ser aceptados en instituciones públicas, les ofrece educación técnica y tecnológica gratuita por un año y medio. Además, ofrece mayores oportunidades de enganche en el mercado laboral a través de un nuevo programa de generación de empleo juvenil. Este consiste en un plan de apoyo del 25% en su salario, por 12 meses, a las personas, entre 18 y 28 años, que estén desocupadas. Un apoyo que corresponde tan solo a la obligación que tiene como Estado de aportar al sistema de seguridad social de las y los jóvenes. En definitiva, el Gobierno lo que busca es entretener a las personas jóvenes mientras les pasa su enfado. Busca ocuparlas de manera ocasional, provisional, transitoria o por un período. No está dispuesto a realizar reformas profundas y de largo plazo. Tan solo intenta hacerle frente al alboroto de las y los jóvenes mediante estrategias de entretenimiento que le permitan gobernabilidad y mantenimiento del orden. Hay que recordarle que el camino es otro para resolver problemas sociales. Es necesario desarrollar y ejecutar estrategias serias para la inclusión económica, promover la creación de nuevas empresas y empleos, garantizar mayores y mejores oportunidades en acceso a la educación superior y formación para el trabajo de calidad. Hay que atender con políticas públicas de largo plazo, bien estructuradas y democráticas, una problemática social, política y económica que es mundial. Referencias Martín, Hans-Peter y Harald Schumann (2000). La trampa de la globalización. Madrid, Taurus.